Unos 1,700 empleados públicos se encuentran en un limbo administrativo desde agosto del 2022, cuando el gobierno local avaló que se acogieran al retiro con una pensión equivalente al 50 % de su salario, pero a solo un mes de cumplirse un año de esa decisión, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aún no ha aprobado la transacción a pesar de que promovió y avaló el acuerdo de jubilación.
“Llevamos once meses sin poder jubilarnos, a pesar de que nuestro retiro fue aprobado el 22 de julio de 2022. Y hasta ahora no tenemos una fecha de salida. No sabemos por qué la JSF no ha dado el visto bueno”, dijo Ángel Maldonado, quien ha sido el portavoz de los empleados públicos que aspiraban al retiro a través de la ley 80 de 2020 o Ley del Programa de Retiro Incentivado.
Maldonado dijo que ha realizado gestiones en la Fortaleza y en la Junta de Retiro del Gobierno para conocer por qué la JSF aún no ha avalado que los 1,700 empleados finalmente se acojan al retiro y no ha obtenido una respuesta satisfactoria.
“Cada vez que pregunto la respuesta siempre es la misma, un disco rayado, estamos esperando que la JSF dé el visto bueno”, expresó.
Agregó que se ha comunicado con la JSF para conocer de primera mano las razones para la dilación del organismo federal y no ha podido obtener una respuesta.
Maldonado explicó que la ley 80 es beneficiosa para el gobierno debido a que la pensión de los jubilados será el 50 % del salario, lo que implica que el restante 50 % del salario es un ahorro para las agencias.
“El ahorro está claro. Yo no entiendo qué está pasando”, sostuvo Maldonado.
Este periodista solicitó a la JSF una explicación sobre la inacción ante la aprobación por el gobierno local para la jubilación de los 1,700 empleados. Al cierre de esta edición aún la JSF no había atendido la petición.
Llama la atención la inacción de la JSF en este asunto porque el acuerdo para viabilizar la jubilación de los 1,700 empleados públicos fue logrado con la administración del gobernador Pedro Pierluissi a instancias del organismo federal ante la jueza federal Laura Taylor Swain.
Objeciones de la JSF
De hecho, el acuerdo fue el resultado de las objeciones de la JSF a las disposiciones de la ley 80 de 2020, que estableció una ventana de retiro para los empleados públicos con una pensión vitalicia equivalente al 50 % del salario más alto devengado en los últimos tres años y otros beneficios como una aportación de $100 para plan médico.
El estatuto entró en vigor en agosto del 2020, luego de que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced lo firmó, tras la aprobación unánime en la Cámara y en el Senado.
En ese momento determinados sectores del gobierno argumentaban que el beneficio de jubilación de la Ley 80 estaría accesible para 11,000 empleados públicos en casi 150 agencias y municipios.
Desde la aprobación de la ley 80 la JSF sostuvo que el estatuto fue aprobado de manera irresponsable porque ni la legislatura ni el Ejecutivo identificaron su impacto fiscal.
La ley 80 fue invalidada por el Tribunal Federal el 28 de diciembre de 2021, cuando la jueza Taylor Swain emitió una orden en la que pospuso la puesta en vigor de la anulación, en espera de que la JSF y el gobierno lograran un acuerdo para ofrecer algunos de los beneficios de la ley sin que le cueste un centavo al fisco.
Tras la orden del Tribunal Federal la JSF y el gobierno enfrentaron numerosos desencuentros, especialmente porque la administración no podía ofrecer toda la información que exigía el organismo federal.
Acuerdo con implementación parcial
Finalmente, el acuerdo entre el gobierno y la JSF se alcanzó al inicio del verano de 2022.
En un comunicado emitido el 22 de julio de 2022 la JSF anunció la implementación parcial de la propuesta de retiro de la Ley 80, la cual estaría disponible para los empleados no esenciales y las agencias no podrán realizar nuevos reclutamientos para llenar las plazas de los empleados que se jubilen.
Además, el beneficio de los $100 para plan médico solo estará accesible para los empleados que se retiren a los 62 años.
Originalmente se indicó que el acuerdo podría beneficiar a 3,989 empleados públicos denominados como no esenciales, pero la Fortaleza informó que los beneficiados serán 1,700 empleados no esenciales.
Fracaso para el gobierno
Conocedores de las negociaciones sostuvieron que el acuerdo representa en realidad el fracaso de la administración de Pedro Pierluisi, porque el objetivo original pretendía lograr el retiro de 6,564 empleados públicos denominados como esenciales.
La administración Pierluisi había sostenido que los empleados esenciales que se acogieran al retiro por ley 80 serían sustituidos por empleados públicos transferidos de otras agencias.
La iniciativa no se había logrado concretar por las numerosas dificultades burocráticas que conlleva trasladar empleados de una agencia a otra y porque no fue fácil identificar a los funcionarios con las calificaciones adecuadas para sustituir a un empleado esencial.
Otro factor, alegadamente, fue la renuencia de los secretarios de las agencias a perder empleados indispensables.
Además, la JSF había objetado la iniciativa debido a que los empleados esenciales debían ser reemplazados exclusivamente por funcionarios con el conocimiento y las habilidades que requiere la posición denominada como esencial.
La JSF también había exigido identificar la identidad de los funcionarios que sustituirán a un empleado esencial, su nivel salarial y los beneficios acumulados con el fin de proyectar de manera confiable los ahorros netos de los puestos eliminados propuestos.
