Por Miguel Díaz Román
Los recaudos procedentes de las Corporaciones Foráneas Controladas (CFC), que en el pasado eran responsables del 20 % de los ingresos del Fondo General, solo pagaron $741.8 millones al cierre del pasado año fiscal 2022-2023, lo que representa una alarmante erosión de 46.9 % o $837 millones menos que lo recaudado durante el Año Fiscal 2021-2022, cuando esas empresas pagaron $1,578,808 millones.
La escandalosa merma en los pagos contributivos de las CFC ha sido ocultada por el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, quien no lo ha mencionado en las últimas dos comparecencias que ha realizado en los medios de comunicación para informar sobre los recaudos totales del pasado año fiscal.
La prensa tampoco ha realizado su función fiscalizadora hasta el punto que la reducción más significativa en una fuente de ingresos del Fondo General en las pasadas décadas ha pasado desapercibida en los medios escritos y audiovisuales, mientras se suceden abundantes historias sobre las controversias intrascendentes en el Partido Popular Democrático o la posible primaria en el Partido Nuevo Progresista.
La primera comparecencia pública de Parés Alicea para atender el tema de los recaudos del pasado año fiscal fue en el periódico El Nuevo Día varias semanas atrás, cuando la periodista Jonisabel González le hizo una lamentable entrevista de relaciones públicas.
En la entrevista Parés Alicea reconoció que el cambio del arbitrio del 4%, que antes pagaban las CFC por las compras que hacen a sus subsidiarias en la isla, al nuevo esquema contributivo que impuso la Ley 52 de 2022 tuvo un efecto en los recaudos del pasado año fiscal 2022-2023.
En el reportaje Parés Alicea menciona que la ley 52 entró en vigencia a mitad del año fiscal 2022-2023, lo que incidió en el “ritmo de los recaudos”, una frase que funciona como un eufemismo para no mencionar la cuantiosa pérdida que representó la aplicación de la nueva estructura contributiva.
Secretario hace mutis sobre boquete en recaudos
De hecho, en la entrevista Parés Alicea jamás mencionó que las CFC habían dejado de pagar $837 millones en el año fiscal 2023, en comparación con el año fiscal 2022, y se limitó a minimizar el impacto económico real evitando ofrecer cifras y en cambio recurrió a los porcentajes para establecer las diferencias de ingreso. “El Fondo General recibió entre 2% y 3% menos que hace un año”, dijo Parés Alicea en la entrevista.
Del escrito se desprende que a la periodista tampoco le importó precisar en cifras el efecto de la nueva ley en los recaudos de las CFC.
El artículo menciona que el régimen del 4% sigue vigente para las empresas que interesen aplicarlo, pero la gran mayoría de las CFC se han inclinado por la Ley 52, que ofrece una combinación de impuestos contra los ingresos, contra los ingresos de los contribuyentes no residentes y contra las regalías por la venta de medicamentos a nivel mundial.
Además, los pagos contributivos que realicen las CFC en Puerto Rico bajo la ley 52 se pueden reclamar como un crédito ante el Servicio de Rentas Internas federal.
Según Parés Alicea, 21 corporaciones CFC se acogieron a la ley 52 de un universo de aproximadamente 30 empresas.
Con esperanzas de cambio
No obstante, en su primer año la ley 52 no ha generado el nivel de ingresos que alcanzó el arbitrio del 4%, aunque el funcionario ha alimentado la esperanza de que en el futuro los recaudos a través de la nueva estructura contributiva sean similares a los generados por el arbitrio del 4%.
En el artículo de ENDI Parés Alicea no explica en qué elementos fundamenta esa esperanza y la periodista se abstuvo de abordar esa gran incógnita.
El funcionario indicó que en el futuro las CFC estarían produciendo en la isla nuevos medicamentos, lo cual debería generar efectos favorables en los recaudos luego de un periodo de expiración de patentes de medicamentos. Pero Parés Alicea no precisó qué garantías han ofrecido las CFC sobre que esos nuevos medicamentos serían elaborados en Puerto Rico.
De hecho, en el reportaje el secretario de Hacienda expresa que los esfuerzos para mejorar la fiscalización IVU y de otras fuentes de ingresos han aportado balance a los recaudos, lo que sin duda es una alusión directa a la alarmante reducción de $837millones en los pagos contributivos de las CFC.
Comunicado no menciona la merma
Incluso, Parés Alicea aseguró que la ley 52 coloca al gobierno en mejor posición para vender a Puerto Rico como una jurisdicción, “donde se puede hacer negocios a un costo asequible para este tipo de entidades (CFC)”, pero no abunda sobre cómo el nuevo régimen contributivo logra ese resultado.
La segunda comparecencia pública de Parés Alicea para atender el tema de los recaudos del pasado año fiscal fue a través de un extenso comunicado de prensa que el Departamento de Hacienda emitió el pasado viernes 8 de septiembre.
El comunicado pretendía informar que los recaudos totales para el pasado año fiscal ascendieron a $12,572.6 millones, lo que representó una merma de $203.4 millones en relación con los ingresos netos del año fiscal 2022.
El comunicado elude mencionar como un dato de relevancia que el pasado año fiscal las CFC solo pagaron $741.8 millones, lo que representa una erosión de 46.9 % en relación con lo recaudado durante el año fiscal 2021-2022.
La información sobre la reducción de $837 millones aparece mencionada en una oración incrustada en un párrafo dedicado a las CFC sin mayores argumentaciones.
Incluso, en un párrafo posterior el comunicado destaca como un rasgo positivo que la importación de materia prima por el sector de la manufactura experimentó un alza de 45% el pasado año fiscal y que las CFC que se acogieron a la ley 52 fueron responsables del 67% del incremento.
Reestructuración con efecto nulo
El economista José Alameda describió como un “boquete” la reducción de $837millones en los pagos de las CFC pasado año fiscal y advirtió que el verdadero problema es que las proyecciones sobre el desempeño futuro de la economía local no la colocan en una situación tan sólida como para garantizar un incremento en los recaudos que operen como un sustituto de la merma en los pagos de las CFC.
Alameda dijo que los recaudos de la CFC junto con el renglón de las contribuciones sobre ingresos y los recaudos del IVU constituyen el 60 % de los ingresos del Fondo General, lo cual podría colocar a los ingresos del gobierno en una posición de incertidumbre “si una de esas tres fuentes de ingreso se tambalea”.
Oscilan las foráneas
“Y eso es lo ha ocurrido. La fuente de ingresos de las foráneas (CFC) se ha tambaleado y ahora tenemos un problema de recaudos”, dijo Alameda.
El economista advirtió que la merma de recaudos de la CFC se debe evaluar en el contexto de los retos financieros que enfrenta el Fondo General.
Explicó que, aunque el servicio de la deuda se redujo de $3,500 millones a $1,150 millones, como resultado de la reestructuración de la deuda lograda por la Junta de Supervisión Fiscal, aún el Fondo General es responsable de aportar por los próximo 15 años $1,000 millones anuales para el fideicomiso de las pensiones.
El citado fideicomiso garantizará que los pensionados del gobierno continúen recibiendo sus pagos mensuales, en caso de que surgiera alguna situación en los próximos años que impida al Fondo General cumplir con esas obligaciones.
Además, el Fondo General es responsable de pagar $2,200 millones anuales en el llamado sistema Pay Go, que son los pagos para los pensionados del gobierno, luego de la quiebra de los sistemas de retiro de los empleados públicos.
“La reestructuración del servicio de la deuda de $3,500 millones a $1,150 millones se ha celebrado con bombos y platillos, pero con esos compromisos de aportar $1,000 millones al fideicomiso de las pensiones y $2,200 millones el Pay Go, la situación del Fondo General es igual a la que teníamos. Entonces entre vela, fósforos y gastos, como decía mi abuelo, eso suma más de $3,500 millones ($4,350 millones) que es una cantidad mayor de la que teníamos que pagar por el servicio de la deuda. En términos del impacto en el Fondo General, esta reestructuración es nula”, dijo Alameda.
Una cuestión de “timing”
Por su parte, el senador Juan Zaragoza Gómez, quien preside la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado, dijo que era “preocupante” la dramática merma de ingresos en el reglón de las CFC luego de aprobada la ley 52.
De acuerdo con Zaragoza, quien también es un ex secretario de Hacienda, Parés Alicea había sostenido que los recaudos bajo la ley 52 irían aumentando paulatinamente como resultado de un proceso de sincronización en la medida que estas empresas CFC estabilizan su producción mientras se ajustan al nuevo régimen contributivo.
“El secretario dijo que el issue era uno de «timing», que se corregiría más adelante. Pero hay que preguntarle si esa es una impresión o, ya que son tan pocas las empresas, si él tiene información de ellas que validan esa teoría. De todas formas, es preocupante”, dijo Zaragoza.
Este periodista solicitó a Parés Alicea, a través de su portavoz de prensa, Vilmar Trinta Negrón, una entrevista con el funcionario para responder a la interrogante sobre el efecto de la ley 52 en los recaudos y qué proyecciones tiene Hacienda sobre la aportación que realizan las CFC al fisco. Trinta Negrón nunca respondió nuestra solicitud.
