Por Miguel Díaz Román
El polémico empresario Scott M. Favre, presidente de la empresa de ajustadores públicos, Scott M. Favre Public Adjuster (SFPA), que fue imputada de fraude por inflar reclamaciones por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) en 2019, y que enfrenta actualmente numerosos casos por fraude en reclamaciones en los tribunales del país, falleció el pasado 9 de mayo.
El fallecimiento del empresario ocurre en momentos cuando aún no han finalizado algunos de los casos judiciales que enfrenta SFPA en Puerto Rico y cuando la OCS no ha pautado una vista administrativa para ventilar a fondo los señalamientos contra la empresa, cuatro años después de que el regulador determinó que había cometido fraude.
El licenciado Ramón Rosario Cortés, quien pertenece al bufete Puerto Rico Legal Advisers LLC, que es el representante legal del ajustador público SFPA, sostuvo que se le informó del fallecimiento del empresario.
Este periodista le cuestionó a Rosario Cortés si el fallecimiento de Scott M. Favre afectará los casos judiciales o el proceso administrativo ante la OCS.
“Afectará lo que sea en su capacidad individual. Él no tenía casos en su carácter individual en Puerto Rico. La entidad (SFPA) no muere con sus accionistas ¿Qué ellos van a hacer con la entidad? Eso no te lo puedo decir”, indicó Rosario Cortés.
El abogado indicó que la muerte del empresario no debería afectar los casos judiciales que enfrenta SFPA porque no había sido citado a testificar en carácter de testigo.
No obstante, fuentes de la industria de seguros revelaron que al menos los abogados de una de las aseguradoras que mantienen casos judiciales contra SFPA habían intentado sin éxito sentarlo a deponer previo al inicio del juicio.
El licenciado Pedro Ortiz Álvarez, quien representa a determinados asegurados, sostuvo que la muerte de Scott M. Favre no afectará los procesos judiciales en curso.
“Lo lamento como lamento la muerte de cualquier ser humano. Pero él no era perito en ninguno de nuestros casos”, dijo Ortiz Álvarez.
Además del licenciado Rosario Cortés, quien fue exsecretario de Asuntos Públicos y Política Pública de La Fortaleza durante la incumbencia del ex gobernador Ricardo Rosselló, la defensa de SFPA la integra el licenciado Alfonso Orona Amilivia, quien se desempeñó como principal asesor legal del ex gobernador.
El tercer abogado es el licenciado Andrés Guillemard, quien es el esposo de Caridad Pierluisi, hermana del gobernador, Pedro Pierluisi, y quien ocupa la posición de directora de la Oficina del Gobernador.
Más de 60 clientes
Tras el huracán María SFPA fue autorizada hacer negocios en la Isla el 14 de noviembre de 2017, en un proceso expedito en el que la OCS autorizó que 98 ajustadores públicos provenientes de Estados Unidos operaran en la isla para atender la emergencia.
De hecho, muchos de estos ajustadores públicos fueron investigados por la OCS en los pasados años debido a que incurrieron en la inflación de reclamaciones y otras violaciones al Código de Seguros.
En Puerto Rico SFPS logró representar a más de 60 clientes quienes enfrentaron daños causados por el huracán María, entre los que figuran corporaciones públicas, agencias del gobierno, municipios y empresas privadas.
Entre las entidades públicas figuran la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Puertos (AP), el Departamento de la Vivienda, la Administración de los Sistemas de Retiro, el Centro de Convenciones de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras, el Departamento de Corrección, el Departamento de Recreación y Deportes, la Autoridad de Edificios Públicos y los municipios de Cabo Rojo, Guayanilla, Barceloneta Yabucoa, San Germán, Humacao, Vieques, Aguadilla, Sabana Grande, Juana Díaz y Caguas, entre otros.
La Asociación de Empleados del ELA, la Universidad Católica y las empresas Rivera Siaca también fueron clientes de SFPS.
El 23 de mayo de 2019 la OCS emitió una orden de cese y desista contra SFPA por inflar de manera fraudulenta reclamaciones relacionadas con los daños causados por el huracán María en los municipios de Yabucoa y San Germán y en cuatro edificios de las empresas Rivera Siaca.
Multas irrisorias
La OCS le impuso a SFPS dos multas que en conjunto suman $30,000, la cual, según fuentes de la industria de seguros, resultó irrisoria ante la gravedad de las acciones fraudulentas corroboradas por los investigadores de la agencia reguladora.
La orden de la OCS fue firmada por el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, y avalada por el licenciado Alexander Adams Vega, quien es el actual Comisionado de Seguros y quien para entonces ocupaba la posición de comisionado auxiliar de asuntos legales.
La decisión de la OCS respondió a las querellas presentadas por las aseguradoras Integrand Assurance Company, QBE Seguros y Mapfre Praico Insurance Company.
Por ejemplo, por los daños de los cuatro edificios de la empresa Rivera Siaca, SFPA presentó una reclamación ante Integrand Assurance Company por valor de $55.5 millones, mientras los daños estimados y certificados por un ingeniero ascendían a $3.4 millones.
En el caso del municipio de Yabucoa, SFPS presentó ante QBE Seguros un estimado de daños que ascendió a $22.4 millones en 25 propiedades municipales.
Pero una empresa que antes había contratado el municipio de Yabucoa estimó los daños en $6.8 millones. En el caso del municipio de San Germán SFPA presentó ante Mapfre una reclamación por la cantidad de $22.5 millones.
Posteriormente el alcalde Isidro Negrón envió una comunicación a la aseguradora informando que SFPA había inducido a error al municipio y anunciando que la reclamación presentada por el ajustador público “no procede”. El alcalde solicitó 90 días para someter una reclamación enmendada.
En el caso del municipio de Caguas SFPA radicó un estimado de daños ascendente a $94.6 millones, mientras la aseguradora Integrand Assurance Company había estimado sólo $19.7 millones.
Uno de los casos más dramáticos es el de la Asociación de Empleados del ELA, pues en representación de la entidad SFPS presentó ante Integrand Assurance Company una reclamación por valor de $53.4 millones, a pesar de que la aseguradora entendió que la asociación no había enfrentado daños, según indicó el licenciado Rafael Vázquez González, representante legal de la desaparecida aseguradora Integrand Assurance.
Guillemard: ¿socio o abogado de SFPA?
Otro caso emblemático es el del municipio de Cabo Rojo, pues SFPA presentó una reclamación ascendente a $62.1 millones ante la aseguradora Mapfre, mientras que los daños estimados por ingenieros se limitaron a $1.2 millones, lo que implica que la reclamación fue inflada por una diferencia de $60.9 millones.
Incluso, en una moción informativa ante la OCS, luego de radicar una querella contra SFPA, Mapfre sostuvo que el municipio despidió al ajustador público y contrató un ajustador local familiarizado con los costos de construcción del país, tras lo cual las partes acordaron que el monto a pagar por la reclamación sería $1.9 millones, que representa el 5.6 % de la cantidad ajustada por SFPS.
Otro aspecto es el controvertible papel desempeñado por el licenciado Guillemard, quien además de abogado de SFPA figura simultáneamente como socio de negocios del ajustador público.
Contra Guillemard se radicó una moción de desacato el Tribunal Federal de San Juan en junio del 2022 por negarse a entregar documentos y comparecer a deponer sobre los negocios del ajustador público en Puerto Rico.
La moción de desacato fue radicada ante la juez federal Aida Delgado por los abogados David Baria y Christopher Van Cleave, quienes son los representantes legales del señor Rolando Rodríguez y su empresa The Bridge Consulting Firm LLC (BCF), ubicada en el estado de Florida.
No obstante, los reclamos de Rodríguez y BCF se están ventilando en el Tribunal Federal de Mississippi, donde están ubicadas las oficinas principales de SFPA.
Tras el huracán María, SFPA contrató a BCF para que se trasladara a la isla y refiera al ajustador público clientes que sufrieron pérdidas a causa del fenómeno meteorológico.
BCF acusa a SFPA de incumplimiento de contrato y le reclaman el pago de más de $8 millones en comisiones, debido a que el ajustador público acordó pagarle una comisión el 10 % por las reclamaciones ajustadas en Puerto Rico.
También alegó que SFPA obtuvo ingresos por más de $80 millones a través de sus contratos para ajustar reclamaciones en Puerto Rico.
Dos de los principales clientes del ajustador público en el gobierno local fueron la AP y la AAA.
De acuerdo con la demanda radicada por BCF en Mississippi, la AP pagó en 2019 a SFPA $30 millones y entre 2018 y 2019, la AAA le pagó $21 millones, lo que totalizan $51 millones. Alegadamente, dichos desembolsos debieron generar una comisión de $5.1 para BCF, que SFPA no pagó.
Pagos por referir clientes
El 16 de mayo de 2022 el licenciado Baria radicó en Mississippi una moción para que Guillemard presentara documentos y correos electrónicos relacionados con SFPA.
Los documentos se debieron entregar el pasado 3 de junio, en las oficinas del bufete DMRA LLC en Guaynabo, y en el que participa como abogada la ex fiscal federal María Domínguez Victoriano. Debido a que Guillemard no compareció a la citación los abogados de BCF presentaron el pasado mes de junio la moción de desacato en el Tribunal Federal de San Juan.
En la citación se solicitan documentos relativos a la potencial contratación de SFPA por la AAA, que Guillemard haya intercambiado con 25 personas entre las que figuran el gobernador Pedro Pierluisi; la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales; el ya fallecido ex director de finanzas de la AAA, Efraín Acosta, y la ex senadora y ex secretaria de la gobernación, Zoe Laboy.
En esa moción se indica que la representante legal de Guillemard, la licenciada Monique Guillemard, argumentó que la información sobre SFPA en posesión de Guillemard están protegidos por el llamado “privilegio abogado y cliente”, que impide a los abogados divulgar los secretos de sus clientes.
Pero los abogados de BCF sostuvieron que Guillemard recibió pagos de parte SFBS por referir clientes para el ajuste de reclamaciones y no por servicios legales.
$5 millones por la AAA
El 23 de septiembre de 2022 el licenciado Christopher Van Cleave presentó en el tribunal de Mississippi una declaración jurada en oposición a una moción de desestimación presentada por los abogados de SFPA.
En la declaración jurada Van Cleave relata que sostuvo una reunión con Scott Favre en las oficinas de SFPA en Mississippi, en la que el empresario identificó a Guillemard y al licenciado Jan Maduro como las personas a las que pagó $5 millones por su ayuda para garantizar que la AAA contratara a SFPS como su ajustador público.
Según ha trascendido, BCF y SFPA alcanzaron un acuerdo confidencial que ha finalizado sus controversias legales. El pasado 18 de mayo la licenciada Monique Guillemard radicó una moción para que se desestime con prejuicio en el caso de BCF contra Guillemard.
En Mississippi también se radicó otra demanda contra SFPA por la empresa de asesoría gerencial Zemi Group, radicada en el estado de Texas, en la que reclama el pago de $30.4 millones.
Transferencias ilegales
La demanda sostiene que SFPA contrató a Zemi Group en 2018 para que ofreciera asesoría gerencial y capacitación de personal a las operaciones del ajustador público en Puerto Rico.
El acuerdo implicaba que SFPA pagaría a Zemi Group el 5 % de las reclamaciones ajustadas y $15 por hora por los servicios de asesoría en el manejo de los trámites que realizarían sus clientes para obtener las ayudas que concede FEMA.
Pero Zemi Group sostuvo que tan pronto comenzó a presentar sus facturas por servicios ofrecidos en Puerto Rico, SFPS comenzó a efectuar unas transferencias de dinero, alegadamente ilegales, a la cuenta bancaria de una empresa que luego emitía pagos por “dividendos” a Scott M Favre.
Las transferencias ilegales también iban dirigidas al licenciado Guillemard, las cuales se justificaban por el pago por servicios legales y servicios públicos de ajuste “que en realidad no proporcionó”.
La demanda, radicada por el licenciado Edward Gibson en junio del 2021, sostiene que SFPA pudo “transferir fraudulentamente grandes sumas de dinero a Guillemard bajo el engaño que SFPA estaba dividiendo honorarios con otro ajustador público por el trabajo realizado. Sin embargo, Guillemard no realizó ningún trabajo de ajuste público para SFPA ni para ningún otro cliente. La licencia de tasador público de Guillemard no era más que una tapadera para las grandes sumas de dinero SFPA transfirió a Guillemard de forma regular”.
En la demanda Zemi Group alegó que Guillemard depositó los fondos transferidos bajo su propio nombre en Puerto Rico.
“El dinero transferido a Guillemard tuvo el efecto de reducir los ingresos netos declarados de SFPA y también redujo los activos disponibles para satisfacer los reclamos de los acreedores de SFPA”, sostiene la demanda.
Este periodista se comunicó a través de internet con el licenciado Gibson el pasado mes de enero para cuestionar si las autoridades federales en Puerto Rico establecieron contacto para investigar las transferencias ilegales de dinero al señor Guillemard. También se le preguntó si entiende que las actuaciones de SFPA y al señor Guillemard deben ser investigadas por el Ministerio Público.
“La confidencialidad del cliente me prohíbe hablar en cualquier aspecto. Sin comentarios. Por favor, no intente ponerse en contacto con mis clientes”, respondió el licenciado Gibson.
Este periodista envió al licenciado Guillemard una solicitud para que reaccionara a los señalamientos de la demanda de Zemi Group y no hubo respuesta.
