Especuladores ganan millones porque sabían que Hamás atacaría Israel

0

Por Miguel Díaz Román

En lo que representa un macabro descubrimiento, dos profesores de derecho de Nueva York sostienen que comerciantes informados sobre el inminente ataque sorpresa de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre, obtuvieron ganancias millonarias en la Bolsa de Valores de Tel Aviv a través de una estudiada operación especulativa que se nutrió de la venta y recompra de acciones de empresas antes y después del ataque.

En síntesis, los profesores sostuvieron que antes del ataque de Hamás se registró una venta inusual de acciones de empresas israelíes y tras el ataque esas acciones fueron adquiridas nuevamente con jugosos descuentos, lo que en realidad generó una ganancia sustancial a los empresarios involucrados.

Los sorprendentes señalamientos, que figuran en un escrito publicado en la revista Social Science Research Network, han generado un gran debate y consternación en la comunidad financiera de Nueva York y de Israel, porque no hay forma de saber si los intercambios financieros con las acciones fueron realizados por comerciantes relacionados con Hamás o por empresarios israelíes con estrechos vínculos con el aparato gubernamental de Israel.

El contenido del artículo fue reseñado por el periodista de negocios Marley Jay de la empresa NBC News Digital el pasado 9 de diciembre.

Según el artículo, el documento publicado es un borrador preliminar que fue escrito por Robert J. Jackson, quien ocupó la posición de Comisionado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del gobierno federal entre 2018 a 2020.

Actualmente Jackson es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Junto a él también participó en la redacción del escrito Joshua Mitts, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, una institución también ubicada en Nueva York.

«Nuestros hallazgos sugieren que los comerciantes informados sobre los próximos ataques se beneficiaron de estos trágicos acontecimientos», escribieron Jackson y Mitts, en relación a los ataques del 7 de octubre.

Caen en 8 % el valor de las acciones

Según indica el escrito de los profesores, el 8 de octubre, un día después de los ataques, la principal bolsa de valores de Israel cayó un 8%.

Según Jackson y Mills, a principios de octubre algunos operadores en la Bolsa de Valores de Israel comenzaron a vender acciones, lo cual, según los profesores, fue una clara apuesta a que ocurriría una inminente caída en el valor de las acciones de las empresas israelíes.

El escrito sostiene que los operadores, quienes representan los intereses de sus clientes, comenzaron a tomar “posiciones cortas”, que es una transacción en la que una persona o empresa toma prestada una acción de otra persona y luego la vende. Si el precio de ese activo cae por debajo del precio de venta, pueden recomprarlo para obtener ganancias.

Jackson y Mitts alegaron en su artículo que el 2 de octubre hubo un aumento inusual en las posiciones cortas tomadas contra el fondo MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF), que agrupa 117 tipos distintos de acciones israelíes que los operadores pueden comprar o vender.

 «Documentamos un aumento significativo en las ventas en corto en los principales ETF de empresas israelíes días antes del ataque de Hamás del 7 de octubre», señalaron Jackson y Mitts en su artículo.

Transacciones inusuales

Según sostienen los profesores, estas apuestas eran inusuales dado el contexto de la economía de Israel en ese momento. Agregaron que los comerciantes desconocidos que iniciaron las ventas de esas acciones estaban asumiendo mayores riesgos en los primeros días de octubre, lo que podría significar que tenían más confianza porque tenían conocimiento de que se avecinaba una gran caída.

La investigación realizada por Mitts y Jackson revela que las ventas de acciones en la modalidad de posiciones a corto en la Bolsa de Tel Aviv y las ventas en corto de acciones de empresas de Israel en Estados Unidos también aumentaron de manera dramática antes del ataque de Hamás el 7 de octubre.

Incluso, los profesores sostienen en su artículo que también se registró un incremento inusual de las ventas de acciones en la modalidad de posiciones a corto en abril, un mes, según ha trascendido públicamente, en el que Hamás, inicialmente, contemplaba atacar a Israel.

 Mitts y Jackson han sostenido que las ventas registradas en abril podrían demostrar “que alguien estaba preparado para implementar la misma estrategia comercial”.

Análisis erróneo

Yaniv Pagot, jefe de operaciones de la Bolsa de Valores de Tel Aviv, dijo que los autores no entendían el mercado israelí.

“Este es un análisis erróneo desde el principio y hay una falta de comprensión de cómo opera el mercado local. Es desafortunado que los investigadores no consultaron con los miembros de la bolsa de valores israelí, podrían haber preguntado cómo funcionan estas cosas en el país”, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a NBC News.

J.J. Kinahan, quien es el director ejecutivo de IG North America, una empresa que ofrece diversas opciones para la venta y compra de acciones, dijo que «no hay suficientes pruebas contundentes para decir definitivamente lo que pasó. Sin pruebas contundentes de una declaración de corretaje o pruebas contundentes de una transacción, es difícil decir ‘esto sucedió”.

Sin evidencia suficiente

Kinahan explicó que el alza en las ventas a corto no era evidencia suficiente para sostener que los comerciantes esperaban una caída del mercado en Israel. “Es difícil saber si eso es realmente lo que esperaban los comerciantes. Una razón es que los operadores suelen utilizar opciones para cubrir sus apuestas de mercado”, indicó.

 El ejecutivo dijo que es igualmente posible que los operadores en realidad estaban apostando por un repunte de la economía israelí y cubrieron esa apuesta poniendo en corto algunas acciones. Alegadamente, se suele utilizar las ventas a corto como una estrategia para mitigar pérdidas potenciales.

«Esta podría ser la otra cara de una operación bursátil», dijo.

Kinahan también le dijo a NBC que aunque algunas acciones se vendieron en corto a niveles mayores de lo habitual en comparación con las operaciones típicas, la mayoría de las acciones en sí se negocian a la ligera. Eso significa que las fluctuaciones en esas acciones pueden parecer mayores de lo que realmente son.

La SEC dijo a NBC News que no comenta sobre la existencia o inexistencia de investigaciones, y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera se negó a hacer comentarios.

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, hubo teorías de que alguien relacionado con Al Qaeda vendió en posiciones a corto acciones de aerolíneas y otras acciones que sufrieron caídas estrepitosas tras la apertura de la bolsa seis días después de los ataques. La SEC investigó el asunto durante tres años y en 2004 concluyó que “no existe evidencia que sugiriera que alguien que tuviera conocimiento previo de los ataques del 11 de septiembre comerciara basándose en esa información”.

Publicidad

El auge de los casinos o la ingeniería de la diversión

0

Por Miguel Díaz Román

Eric Rodríguez es el gerente general del Foxwoods El San Juan Casino, que integra los ofrecimientos del icónico Fairmont El San Juan Hotel, ubicado en Isla Verde. Aunque su obligación profesional es regir las operaciones del casino su verdadera pasión es hacer lo imposible para que los clientes que lo visitan obtengan una experiencia inolvidable.

“La suerte es tuya, pero yo voy hacer que la pases bien”, suele decirle Rodríguez a los numerosos clientes locales y extranjeros que visitan el casino Foxwoods y al salir muestran una sonrisa de satisfacción.

“Todos ganan alguna vez. Pero muchos no vienen a ganar. Vienen a divertirse. Tienen un presupuesto y quieren pasarla bien. Mi trabajo es hacer que la pasen bien y ver en ellos caras de felicidad”, dice Rodríguez con la convicción que le conceden 45 de experiencia en la industria hotelera y de casinos en Puerto Rico y en Latinoamérica.

El acopio de tanta experiencia es lo que le ha permitido abrir de manera exitosa seis casinos en Puerto Rico, de los cuales fue su diseñador y administrador. Estos son el casino del hotel El Conquistador en Fajardo, el Ritz Carlton en San Juan y casinos en hoteles ubicados en Caguas, en el lujoso desarrollo residencial y turístico Palmas del Mar en Humacao, Dorado y Guayanilla. Además, Rodríguez siempre ha estado vinculado al imponente hotel Condado Plaza, ubicado en el Condado en San Juan.

Rodríguez lleva tres meses en la dirección del Foxwoods El San Juan Casino, luego de conducir, simultáneamente, las operaciones de los casinos en Dorado y en Guayanilla.

El Foxwoods El San Juan Casino es operado por una alianza empresarial entre Lion Grove y Mashantucket Pequot Tribal Nation, la cual ya lleva dos años. De hecho, el Foxwoods El San Juan Casino ha estado celebrando con sus clientes su segundo aniversario.

Mashantucket Pequot Tribal Nation es una tribu india americana que son propietarios y operadores de Foxwoods Resort Casino en Connecticut, que es el casino y resort más grande de Estados Unidos.

Rodríguez reveló que los directivos de Mashantucket Pequot Tribal Nation están muy satisfechos con el desempeño del Foxwoods El San Juan Casino, por lo que ya existen planes para una futura expansión. Además, ya existen intercambios de jugadores entre el Foxwoods El San Juan Casino y otros casinos operados Mashantucket Pequot Tribal Nation.

Reabren el Tropicoro

Sin duda, la amplia experiencia y conocimiento de Rodríguez ya ha comenzado a dejar frutos y es que bajo su tutela será reabierto como plaza para espectáculos el histórico Tropicoro Theater, que es parte de la oferta del Fairmont El San Juan Hotel.

Figuras de la talla de Sammy Davis Jr, Nat King Cole, Frank Sinatra, Eddie Fisher, Louis Armstrong y Liza Minelli pasaron por el escenario del Tropicoro Theater.

“Ahora el Tropicoro Theater es parte del Foxwoods El San Juan Casino y ya he comenzado a colocar en calendario los próximos artistas que estarán en el Tropicoro. Aquí lo importante es que el casino estará abierto para el público que visite el Tropicoro y cuando terminen los conciertos se pueden quedar en el casino”, dijo Rodríguez, quien es un experto en crear experiencias de entretenimiento para satisfacer el hambre de distracción y diversión de los puertorriqueños y de los turistas que visitan el país.

“Yo hago las promociones para crear emociones y para que nuestros clientes las pasen bien”, reiteró Rodríguez, quien ha creado juegos de bingo que combinan el uso de letras de piezas musicales conocidas, las cuales se deben cantar en sustitución de la palabra “bingo”, lo que genera una atmósfera de sana diversión y complicidad entre los asiduos jugadores del Foxwoods El San Juan Casino.

Incluso, Rodríguez ya llegó a un acuerdo con el conocido ex jugador de béisbol profesional David Américo Ortiz Arias, apodado «Big Papi», quien traerá al casino y al Fairmont El San Juan Hotel, grandes figuras del béisbol profesional, quienes compartirán con clientes VIP de casino en los restaurantes del hotel.

El Covid como causante del auge 

“Esto no es un trabajo para mí. Yo no he trabajado un día porque hago lo que me gusta”, sostiene Rodríguez, quien advierte que el éxito de su gestión en la industria hotelera y de casinos no es producto únicamente de su dedicación, sino el resultado del trabajo del equipo de profesionales que lo acompañan en sus diversos proyectos.

Rodríguez reveló que los casinos experimentan un periodo de auge y expansión sin precedentes que es el resultado directo del encierro ordenado por el gobierno durante la pandemia causada por el Covid.

“La gente se tuvo que encerrar por el Covid. Yo mismo estuve tres semanas encerrado. Eso causó que mucha gente quisiera salir a divertirse y cuando se le permitió a los casinos abrir sus puertas con fuertes medidas para evitar el contagio, la gente comenzó a llegar y no se quieren ir. Ahora vienen a los casinos y ya no van a restaurantes”, sostuvo.

Explicó que el auge experimentado en la demanda por los casinos ha provocado una renacer en el sector que se manifiesta con la apertura de casinos en Ponce y en Guayanilla, y que numerosos casinos hayan incursionado en ampliaciones de espacio y en la panificación para aumentar la oferta de juegos y actividades de entretenimiento.

Para responder a ese crecimiento en la demanda se abrió una puerta especial en el Foxwoods El San Juan Casino que permite acceso rápido al área de estacionamiento, que posee 44 espacios. De esta manera los clientes pueden llegar al estacionamiento y entrar al casino sin tener que pasar por el vestíbulo principal del hotel.

“Estamos respondiendo a que los clientes quieren tener acceso rápido al casino. Así ha funcionado en otros casinos”, dijo Rodríguez.

Más jugadores locales que turistas

El gerente general del Foxwoods sostuvo que entre el 80 % y el 85 % de los clientes del casino son puertorriqueños o personas residentes en Puerto Rico, mientras que entre 20 % y 15 % son turistas. Los jugadores más jóvenes tienen 50 años o más y la edad promedio de los clientes son personas de 60 años o más.

“Aquí se divierten, hacen amigos, se enamoran y alargan su vida”, dijo Rodríguez.

Explicó que debido a su dilatada experiencia ha podido identificar varios tipos de clientes que llenan la agenda de un día en el casino: los clientes que llegan temprano en la mañana y se van al medio día (porque deben atender a su pareja o a un familiar); los que se retiran luego de la 1:00 de la tarde (porque tiene     que atender a sus nietos); los que llegan luego de las 2: 00 de la tarde y se retiran al filo de las 7:00 de la noche y por último, el grupo de que arriba al casino entre 4 y 5 de la tarde y se retiran pasadas las 8:00 de la noche.

“Este último grupo es el de mayor ingreso”, dijo Rodríguez.

Agregó que entre su grupo de trabajo existe una gran preocupación porque aquellos clientes que muestran síntomas de adicción al juego. Indicó que se les aconseja tan pronto se notan determinadas conductas o cuando los familiares acuden al casino a revelar los problemas que esas personas enfrentan.

“La jurisdicción de Puerto Rico es una de las más estrictas y podemos prohibir la entrada de un jugador en problemas (de adicción) y para entrar nuevamente debe recibir una evaluación”, explicó.

 Para Rodríguez la legalización de las llamadas máquinas de entretenimiento para adultos, ordenado por el gobierno, no representa en realidad una competencia para los casinos establecidos en la isla. “No es una competencia, yo con eso estoy tranquilo. Aquí buscamos darle una experiencia a nuestros clientes para que la pasen bien y se diviertan”, concluyó.

Publicidad

Proveedores de servicios de Salud piden al gobernador que revise el CIS porque no beneficia al país

0

Por Miguel Díaz Román

En medio de la agria controversia que ha enfrentado el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, con el senador Juan Zaragoza Gómez, quien es el autor de una resolución que expresa el repudio del Senado contra el funcionario y exige su destitución, un grupo de médicos y proveedores de Salud le solicitaron al gobernador Pedro Pierluisi que revise la ley matriz del Centro Internacional de Seguros (CIS).

En una carta enviada al Primer Ejecutivo el pasado 17 de noviembre, los médicos y proveedores de Salud sostuvieron que el CIS no ofrece beneficios al país sino a las aseguradoras que allí operan, pues están exentas de pagar contribuciones por las ganancias que obtienen.    

En la carta, los médicos y proveedores de Salud expresaron su apoyo a Adams Vega y rechazaron la Resolución del Senado 852, que ese cuerpo aprobó al final de la pasada sesión legislativa el 14 de noviembre.

La resolución 852 fue avalada por la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, que es presidida por Zaragoza Gómez. La medida expresa el repudio del Senado contra Adams Vega, y le solicita al gobernador que lo destituya de inmediato.

La resolución condena las acciones de Adams Vega por representar falsamente ante la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) que poseía la autoridad en ley para prohibir, por la vía administrativa, que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS pudiesen suscribir riesgos en los Estados Unidos.

La resolución 852 sostiene que Adams Vega hizo esa falsa representación con el fin de lograr que la NAIC aceptara acreditar nuevamente a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el 12 de diciembre de 2022. La acreditación fue suspendida en julio de 2020.

El único comisionado honesto

La comunicación de los médicos y los proveedores de servicios de Salud sostiene que la resolución 852 “pretende eliminar al único comisionado de seguros honesto que Puerto Rico ha tenido en décadas”.

Además, alega que el licenciado Adams Vega “representa la primera oportunidad de tener un Comisionado que aplique el Código de Seguros y la Ley de Pago Puntual a los planes médicos como se requiere y en favor de los proveedores de servicios de salud, y a la vez salvar lo que nos queda del sistema de salud”.

Según la comunicación, la exigua mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado fue la responsable de aprobar la resolución 852 y también declara que los miembros de ese partido son los principales defensores de la Ley 399 de 22 de septiembre de 2004, que es la ley matriz del CIS.

No obstante, la resolución 852 fue aprobada con el voto a favor del senador Willian Villafañe, quien competirá en una primaria en el Partido Nuevo Progresista por la posición de candidato a Comisionado Residente.

La resolución también fue respaldada por la senadora Ana Irma Rivera Lassén, de Victoria Ciudadana, y la senadora Joanne Rodríguez Veve, quien pertenece a Proyecto Dignidad.

La carta asegura que la ley 399 y el CIS “en nada beneficia al pueblo, pero si a los grandes intereses de las aseguradoras, al permitirles operar en PR sin pagar un solo centavo en contribuciones”.

La comunicación agrega que la resolución 852 de alguna manera beneficia los intereses personales del senador intereses del Senador Zaragoza, los cuales no son identificados en la escueta carta de una página.

El CIS favorece economía local

“No podemos permitir que sus intereses personales (de Zaragoza) ni los del PPD prevalezcan. Contamos con su buen juicio y haga caso omiso a la Resolución del Senado 852 y en su lugar endose las acciones del licenciado Adams y anuncie su intención de revisar Ley 399 para evaluar su aportación al pueblo de Puerto Rico”, concluye la comunicación, la cual, alegadamente, fue firmada por numerosos médicos y proveedores de servicios de Salud como propietarios de laboratorios clínicos, farmacias y médicos especialistas.

La exposición de motivos de la ley 399 indica que el establecimiento en Puerto Rico de las aseguradoras y reaseguradoras internacionales en el CIS posibilitará a las aseguradoras locales más acceso a reaseguro, en particular para fortalecer los seguros de propiedad para riesgos catastróficos.

También señala que el CIS tendrá un impacto positivo en la industria financiera en general, principalmente por el aumento en la liquidez del mercado de capital. Además, la exposición de motivos expresa que el CIS promoverá la creación de empleos directos e indirectos en el área de servicios financieros, los cuales son plazas especializadas y altamente remuneradas.

Otro factor a favor de establecer el CIS es que la isla posee la infraestructura de servicios experimentados y un sistema reglamentario que le permite competir con otros CIS desarrollados en Bermudas, Barbados y las Islas Caymán. No obstante, las entidades que se ubiquen aquí tendrán pleno acceso al mercado internacional y al mercado de Estados Unidos, lo cual es un atractivo importante.

Aseguradoras del CIS exentas de contribuciones

Pero el expresidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, José Sánchez, dijo que firmó la comunicación porque “la ley 399 solo beneficia a las aseguradoras del CIS, que no pagan ningún tipo de contribuciones. Es solo un paraíso fiscal para estas aseguradoras. Los costos de los seguros han seguido aumentando; para que las aseguradoras paguen los daños de un huracán sigue siendo un serio problema.  Aunque pongan todo su capital y reservas en la banca local, no impacta la disponibilidad de préstamos a un interés razonable que ayude al desarrollo económico. Es una ley que solo beneficia a estas compañías”.

Sánchez también señaló que el pueblo no puede olvidar que el senador Zaragoza, quien es actualmente competirá en una primaria en el PPD por la candidatura para la posición de gobernador por ese partido, “es el exsecretario de Hacienda que más impuestos abusivos nos impuso y tuvo a Ángela Wayne como Comisionada de Seguros. Esto a pesar de los serios conflictos de interés que se publicaron en los medios. El hoy senador Zaragoza la mantuvo en su posición y todavía se atreve a cuestionar el excelente trabajo de Adams Vega”.

El pasado 6 de octubre la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal emitió un informe parcial de la Resolución del Senado 612, la cual fue radicada en junio del 2022 por Zaragoza Gómez, para investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS.

Adams Vega actuó de manera ilegal

 Según el informe parcial, Adams Vega tomó unas medidas administrativas sin tener la autoridad en ley para hacerlo, y en abierta contradicción con la ley 399 del 2004, que es ley matriz del CIS, y con las disposiciones de la regla 80, que agrupa los normas que regulan a los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS.

El 7 de diciembre de 2022 Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007, la cual sostiene, entre otros planteamientos, que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por NAIC, deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional.

Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, el 12 de diciembre de 2022 la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS. El informe señala que la NAIC aprobó la reacreditación fundamentada en la representación promovida por Adams Vega sobre que la OCS había implantado medidas administrativas que prohibía a los aseguradores y reaseguradores internacionales suscribir riesgos en los Estados Unidos.

PRIIA rechaza acciones de la OCS

En una ponencia ante el Senado, Hugo Córdova, presidente de la Asociación de Aseguradoras Internacionales de Puerto Rico (PRIIA por sus siglas en inglés) sostuvo que en 2020 la OCS introdujo enmiendas a la Regla 80 que impedían que los aseguradores internacionales suscribieran riesgos en el mercado de seguros de Estados Unidos, una prohibición que resultó contradictoria pues la Ley 399 lo permite.

Córdova indicó que finalmente la OCS acogió la mayoría de los cambios que PRIIA propuso a las enmiendas a la Regla 80.

“Sin embargo, dos años después, en diciembre de 2022, y coincidiendo en tiempo con la reacreditación de la OCS por parte de la NAIC, el Comisionado de Seguros decidió emitir la Carta Circular 2022-2007de la OCS sobre Negocios en Estados Unidos. En la misma y, nuevamente, en abierta contravención a las disposiciones de la Ley 399 y de su clara política pública, el Comisionado de Seguros determinó que, a partir de ese momento, ningún asegurador internacional podía realizar negocios en Estados Unidos a menos que cumpliera con los mismos requisitos de ley con los que debía cumplir todo asegurador doméstico tradicional para hacer negocios en Puerto Rico bajo las disposiciones aplicables del Código de Seguros.

Por exactamente las mismas razones que se había opuesto en el año 2020 a las enmiendas propuestas por la OCS a la Regla 80, PRIIA se opuso a la Carta Circular de la OCS sobre Negocios en Estados Unidos”, indicó Córdova.

La NAIC suspendió la acreditación de la OCS el 27 de julio de 2020, durante la incumbencia del ex Comisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui, debido a que, en 2018 el entonces Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, avaló una transacción de que involucró una aseguradora instalada en el CIS, cuya repercusión financiera pudo afectar a miles de asegurados en múltiples estados de Estados Unidos.

Publicidad

Edificio MAPFRE renueva certificado ENERGY STAR

0

Por Mapfre

Con enorme satisfacción y conscientes de que nos queda mucho por hacer, anunciamos que el edificio principal de MAPFRE en San Juan ha obtenido la certificación ENERGY STAR® de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) por su rendimiento energético superior.

 Este es el sexto año que el edificio ha obtenido el ENERGY STAR, lo que refleja un legado de ahorro energético continuo y compromiso real con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Este éxito se atribuye a la sustitución de luminaria, el rediseño del sistema de distribución de aire, la sustitución de elevadores por unos más eficientes en términos energéticos, así como el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de nuestro sistema eléctrico y la colaboración de todos nuestros compañeros en el mejoramiento y mantenimiento de nuestro sistema de gestión medioambiental y energético.

Anímate y aporta tu grano de arena en favor de la protección del medioambiente. #LaParteQueNosToca

Publicidad

Sin oídos la Asociación de Agricultores al malestar de ganaderos con parámetros de calidad de leche

0

Por Miguel Díaz Román

En la medida que crece el rechazo contra los nuevos parámetros de calidad de leche impuestos por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), la Asociación de Agricultores (AA) ha optado por ignorar el decomiso de miles de litros de leche cruda que no cumplen con los nuevos requisitos pero que satisfacen las exigencias federales de grado A, lo que ha causado un grave diferendo casi generalizado entre los productores de leche quienes se quejan de pérdidas financieras y de ingresos insuficientes.

La situación amenaza con crear una crisis sin precedentes en la principal industria agrícola del país, porque los nuevos parámetros aumentan los costos de producción mientras el consumo de leche experimenta una merma considerable.

Como elemento agravante figura que la ORIL aún no ha concluido el Estudio Económico Exhaustivo (EEE) de la industria lechera, el cual es un requisito de la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera. El estudio pretende determinar la ganancia justa para todos los integrantes de la industria lechera y se debe realizar cada cuatro años, pero no se ha efectuado por más de ocho años.

El presidente del Sector de Leche de la AA, Manuel Martínez Arbona, quien ha pregonado públicamente que la industria lechera experimenta una presunta estabilización, evitó responder a SN sobre el rechazo creciente entre el sector ganadero contra los nuevos parámetros de calidad impuestos por la ORIL.

Martínez Arbona respondió muy amablemente el teléfono cuando este periodista lo llamó, pero cuando se le pidió que opine sobre las pérdidas económicas que enfrentan los ganaderos por los decomisos de leche colgó el teléfono. Cuando se le llamó nuevamente optó por no responder el teléfono. Se espera que el Sector de Leche de la AA defienda exclusivamente los intereses de los ganaderos.

De hecho, fuentes de la industria sostienen que se está gestando un movimiento entre los ganaderos para sustituir a Martínez Arbona por una figura de liderato que defienda los intereses de los ganaderos.

Por su parte, el presidente de la AA, Héctor Cordero, quien con frecuencia oculta los graves problemas que enfrenta el sector ganadero en sus comparecencias ante los medios de comunicación, sostuvo que la posición de la AA sobre la crisis causada por los nuevos parámetros de calidad “es la que tome el Sector de Leche de la AA. Cuando el Sector de Leche diga algo pues yo lo diré”.

Más adelante Cordero incurrió en una contradicción, pues, a pesar de declarar que su posición sería la que tome el Sector de Leche de la AA, se pronunció a favor de los nuevos parámetros de calidad y declaró que los ganaderos son responsables de llevar a cumplimiento sus vaquerías.  

Que hagan sus ajustes

“Yo como ganadero llevo 10 años bregando con ellos (los parámetros) y si hay ganaderos que han seguido pateando la lata es problema de ellos. Si hay ganaderos que no pueden cumplir pues que hagan los ajustes. Si hay descontento pues que hagan sus ajustes”, indicó.

El presidente de la AA reconoció que el cumplimiento con los nuevos parámetros representa más gastos para las vaquerías en atención veterinaria, en medicamentos y en programas de computadora para registrar el desempeño de cada una de sus vacas. “Yo pago $500 mensuales por ese programa y $150 a un veterinario para que me examine las vacas. Pagar eso es mejor que te boten un tanque de leche”, dijo Cordero.

Fundamentalmente, los nuevos parámetros buscan reducir los niveles de las llamadas células somáticas, cuya presencia en la leche indica la incidencia de una infección bacteriana en la glándula mamaria de la vaca, lo que disminuye la calidad de la leche.

 Los nuevos parámetros inicialmente se establecieron en 2016 por medio de enmiendas al llamado reglamento 5 de Calidad de Leche de la ORIL. En 2020 el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, se opuso a la puesta en vigor de las enmiendas al reglamento 5 aprobadas en 2016, porque podrían ser perjudiciales a los ganaderos.

Alteradas las vaquerías con nuevos parámetros

El pasado 18 de julio entraron en vigencia nuevas enmiendas al reglamento 5 patrocinadas por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, las cuales establecen nuevas normas para tomar las muestras de leche y permiten que la muestra que tome el chofer del camión de recogida de leche se tome como muestra oficial. El reglamento también dispone un calendario en tres fases para elevar el nivel de grasa en la leche de 3 % a 3.25 % en marzo de 2025.

Los nuevos parámetros han alterado las operaciones de todas las vaquerías del país porque requiere una vigilancia constante en el ganado para evitar la presencia de células somáticas y determinado nivel de bacterias, lo que ha incrementado los gastos en medicamentos y servicios veterinarios, mientras se han eliminado los incentivos para adquirir ganado de reemplazo, lo que provoca una merma en la producción y en los ingresos.

Cordero sostuvo que los nuevos parámetros surgen de una tendencia en la industria lechera mundial que pretende elevar la calidad de la leche y señaló que la regulación federal de leche grado A está obsoleta, porque permite altos niveles de células somáticas.

No obstante, se le planteó al presidente de la AA que el consumidor local desconoce que a la leche producida en Puerto Rico se le aplican criterios que exceden la regulación de grado A, lo cual podría constituir un aliciente para elevar el consumo.

Reglamento 5 es un dolor de cabeza

Sorpresivamente, Cordero sostuvo que “esas no son cosas que le incumben al consumidor. Estos son parámetros de calidad de la industria, pero eso no lo entiende el consumidor”, dijo.

La ganadera Patricia Galíndez, quien es la presidenta de la Asociación de Productores de Leche de San Sebastián, indicó que los problemas se incrementaron tras la aprobación de las enmiendas al reglamento 5 de Calidad de Leche, que el Departamento de Estado avaló su promulgación el pasado 18 de julio.

“En la versión anterior del reglamento 5 te daban más oportunidad para reaccionar al problema si en la muestra de leche salía que estabas alto en bacterias y células somáticas. Pero en la nueva versión del reglamento 5 con la muestra del chofer del camión te pueden llamar para decomisar la leche. Antes te daban más tiempo para reaccionar”, dijo Galíndez, en referencia a que en la versión anterior del reglamento 5 se realizaban análisis de leche y si la muestra era alta en células somáticas el ganadero tenía tiempo para identificar las vacas enfermas y retirarla de la línea de ordeño.

“Ahora con la muestra del chofer te pueden llamar a las 6:00 de la tarde para decirte que no te van recoger la leche del tanque, aunque tengas allí tres ordeños. Ya no tienes tiempo para reaccionar”, dijo Galíndez.

La ganadera indicó que desde que se introdujeron los nuevos parámetros se había planteado que al mejorar la calidad de la leche se podrían producir mejores subproductos como queso, mantequilla y mantecado y yogur.

Plantas procesadoras no solicitaron nuevos parámetros

“Yo no he visto esos subproductos y para hacer más queso no había que cambiar los parámetros”, dijo Galíndez.

La ganadera sostuvo que los nuevos parámetros obligan a darle atención al ganado con altos niveles de células somáticas o retirarlo de la línea de ordeño y enviarlo para el mercado de carne. “O lo atiendes y le das medicinas, y eso vale caro, o lo envías al matadero, donde te pagan $400 por vaca, dependiendo lo que pese, y eso no es mucho. En Estados Unidos pagan más”, sostuvo.

Explicó que el ganado de reemplazo por ser más joven, no produce la misma cantidad de leche que las vacas maduras, y para alcanzar la producción normal debes introducir un mayor número de ganado de reemplazo, lo que implica una mayor inversión en esos nuevos ejemplares y un aumento en los costos de alimentos.

Este periodista se comunicó Orlando González, gerente general de Tres Monjitas; con la licenciada Janice Ramírez Vélez, asesor legal de Suiza Dairy Corp y con Francisco Orama, presidente ejecutivo de Indulac, quienes indicaron que los nuevos parámetros fue una iniciativa de la ORIL.

De hecho, tras la aprobación de las enmiendas al reglamento 5 de los decomisos de leche ordenados por la ORIL que no cumplen con los nuevos parámetros han experimentado un aumento notable, según fuentes del sector ganadero.

La situación alcanzó un punto álgido a finales del pasado mes de octubre cuando el ex presidente del Sector de Leche de la AA, Luis “Tata” Cordero, se expresó alarmado por la cantidad de vaquerías afectadas por los decomisos de leche cruda debido a que no cumplen con los nuevos parámetros de calidad establecidos por la ORIL.

Mayor calidad no debe causar la quiebra

Cordero sostuvo que el objetivo de mejorar la calidad de la leche fresca no puede provocar la quiebra de determinados ganaderos, por lo que le solicitó una reunión urgente con González Beiró.

La reunión se llevó a cabo y como resultado González Beiró se comprometió a canalizar la leche descartada para la elaboración de subproductos agrícolas y leche UHT en Indulac y garantizar un pago de entre 70 y 80 centavos por litro, según indicó Cordero.

No obstante, fuentes de la industria indican que los decomisos han continuado y no está claro si lo acordado entre el secretario y Cordero se ha estado cumpliendo.

“Creo que hay que mirar las estadísticas de la ORIL pues entiendo que la mayoría de los ganaderos no han tenido problemas con cumplir con el Reglamento 5”, dijo Francisco Orama, presidente ejecutivo de Indulac.

Muchos gastos y poca ganancia

De hecho, ni la ORIL, que es el organismo regulador, ni el Fondo Fomento de la Industria Lechera (FFIL), que tienen la función de fiscalizar, proveen de manera pública información estadística sobre los decomisos por incumplimiento a los parámetros y sobre la leche que se orienta para la elaboración de subproductos y la que termina en las charcas de contención de las vaquerías.

La ganadera Mara Semidey, quien es la presidenta de la Asociación de Productores de Leche del Suroeste, indicó que la cantidad de ganaderos afectados y que están en contra de los nuevos parámetros es sustancial. “Hay mucha molestia. Yo entiendo que es la gran mayoría. Es que cumplir con estos parámetros cuesta mucho dinero y la ganancia es muy poca”, dijo la ganadera.

Semidey sostuvo que los nuevos parámetros fueron establecidos de manera unilateral por la ORIL y sin que se realizara una consulta de los ganaderos en una asamblea.

La ganadera coincidió con Galíndez en que las enmiendas al reglamento 5 limitan el tiempo para que los ganaderos puedan reaccionar y separar de la línea de ordeño al ganado que puede registrar altas tasas de células somáticas. Semidey también cuestionó si los choferes de los camiones que recogen la leche en las vaquerías han recibido el adiestramiento adecuado para manejar las muestras de leche sin contaminarlas.  

“’¿Qué es lo que buscamos con todo esto? Porque ya producimos una leche grado A y con estos parámetros producimos una leche de extremada calidad. El consumidor no sabe que estamos produciendo una leche de calidad. Y si al consumidor se le daña la leche no es por culpa del ganadero”, insistió.

Explicó que la situación de los ganaderos es más compleja debido a que la ORIL aún no ha concluido el EEE, el cual se debe realizar cada cuatro años. “Hace más de ocho años que no se hace ese estudio y es importante para que el ganadero tenga una ganancia equitativa y justa y que se sepa por dónde se pierde el dinero”, dijo Semidey.

No es imposible

El conocido ganadero Antonio López, quien es el mayor productor de leche del país, reconoció que es difícil y costoso cumplir con los nuevos parámetros, especialmente para las pequeñas vaquerías. No obstante, López apoyó los nuevos parámetros y respaldó que la leche descartada se oriente para la elaboración de subproductos lácteos.

López también respaldó una mayor asistencia y adiestramiento al ganadero para que pueda alcanzar la etapa de cumplimiento pleno.

“No es imposible. Hay que meterse en la vaquería, pero se puede hacer”, dijo.

El ganadero Juan Félix Barreto, indicó que, aunque su vaquería, ubicada en el pueblo de Hatillo, cumple a cabalidad con los nuevos parámetros, se pronunció en contra de las nuevas disposiciones del reglamento 5 “porque están afectando a muchos ganaderos, amigos míos, gente trabajadora. Lo veo cómo se afectan sus negocios y esto no es justo”, dijo Barreto.

¿Para qué todo esto?

Por su parte, el ex Secretario Agricultura y director ejecutivo de FFIL, Orlando Fabre indicó que los nuevos parámetros tienen como objetivo mejorar la calidad de la leche, lo cual, según dijo, beneficia a las plantas elaboradoras porque reciben un producto de mayor calidad, de más grasa y que tiene una mayor durabilidad en las neveras de los consumidores.

”Lo que tienen que hacer los ganaderos es adaptarse y cumplir con los nuevos parámetros”, dijo Fabre.

 Ante los señalamientos de no existe una campaña publicitaria para que los consumidores sepan que la leche local ofrece una calidad superior a los requisitos de leche grado A, Fabre dijo que propondrá en la próxima reunión de la junta de directores del FFIL que se tomen las medidas para impulsar una campaña publicitaria. No obstante, Fabre reconoció que ya el FFIL no posee fondos para financiar esfuerzos publicitarios y de mercadeo.

“Yo me pregunto si el consumo va a aumentar con estos nuevos parámetros. Yo creo que bajan más las células somáticas y no se venderá más leche. Entonces ¿para que todo esto?”, cuestionó la ganadera Galíndez.

Publicidad

INFORME SEMANAL- 8 de DICIEMBRE de 2023

0

Esta semana en Informe Semanal conversamos con Doctor Shoper sobre las ofertas navideñas y los esqueje fraude al consumidor. También dialogamos con el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico,sobre una nueva política establecida por una aseguradora en relación con determinados medicamentos. Además, hablamos sobre los nuevos parámetros de calidad de leche, los cuales están provocando graves efectos en las finanzas de numerosas vaquerías. También hablamos sobre una decisión del Tribunal Apelativo en contra de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera. Finalmente, conversamos sobre la migración hacia Estados Unidos en Puerto Rico y sobre el Índice de Miseria y los efectos del cargo legado de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Publicidad

INFORME SEMANAL-1 de diciembre de 2023

0

Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre los efectos del cambio climático y la política que establecerá el gobierno para lidiar con esta emergencia ambiental. Sobre este tema hablará con nosotros el ingeniero Carl Soderberg. Además, hablamos sobre los deseos de muchos ganaderos de que se revisen los nuevos parámetros de calidad de leche, los cuales están provocando graves efectos en las finanzas de numerosas vaquerías.

Publicidad

Middle States cuestiona gobernanza en RCM tras destitución de rectora Ilka Ríos

0

Por Miguel Díaz Román

Tras la crisis que enfrentó el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, luego de que la Junta de Gobierno destituyó a la rectora, la doctora Ilka Ríos Reyes, el pasado mes de septiembre, la Middle States Commission on Higher Education (MSC), ha emitido un señalamiento relacionado con la gobernanza en la institución.

 En una comunicación emitida el pasado 16 de noviembre la MSC solicitó al RCM un informe “que proporcione evidencia adicional de una estructura de gobernanza claramente articulada y transparente que describa roles, responsabilidades y rendición de cuentas”.

La comunicación, que está accesible en la página de internet de la MSC, también indica que el informe debe abordar temas relacionados con “la toma de decisiones inclusivas por parte de cada grupo, incluyendo el órgano de gobierno legalmente constituido de la institución, la administración, el cuerpo docente, el personal y los estudiantes, así como cualquier entidad relacionada”.

El informe deberá estar listo para el 1 de marzo de 2024. Luego de que se reciba el informe, una delegación de la MSC realizará una visita a RCM.

La comunicación también le recordó al RCM que las comunicaciones con el MEC se deben realizar en el idioma inglés, lo que implica que el organismo acreditador recibió en algún momento documentos en español.

 “Recordamos a la institución que debe comunicarse con la Comisión en inglés, tanto oralmente como por escrito, incluyendo todos los materiales de acreditación para apoyar el proceso de toma de decisiones de acreditación multinivel”, advierte la comunicación.

El doctor Hermán Cestero Aguilar, quien es miembro de la Junta de Gobierno de la UPR y apoyó a la doctora Ríos Reyes, sostuvo que, aunque el RCM tenía señalamientos anteriores relacionados con la gobernanza, la comunicación de la MSC está directamente relacionada con el proceso de destitución de la doctora Ríos Reyes.

El detonante

“El detonante fue la destitución de la doctora Ríos Reyes”, dijo Cestero Aguilar. La doctora Ríos Reyes fue nombrada el pasado 22 de agosto por la Junta de Gobierno en medio de críticas y protestas relacionadas con acusaciones sobre que, alegadamente, intervino en una evaluación académica para favorecer a un estudiante del recinto tras la supuesta petición de sus padres. A pesar de esas denuncias, la Junta de Gobierno avaló el nombramiento de la doctora Ríos, quien ha sostenido que no hizo nada ilegal.

No obstante, un informe concluyó que violó normas de la institución en relación con la intervención en el caso de la estudiante, pero otra evaluación determinó que las acciones de Ríos fueron correctas.

En rechazo al nombramiento de Ríos Reyes el Consejo General de Estudiantes de Río Piedras, la Junta Universitaria de la UPR y la facultad de la Escuela de Medicina decretaron una huelga que no logró del todo paralizar las labores en el RCM.

El pasado 25 de septiembre la Junta de Gobierno acogió una solicitud realizada por el presidente de la UPR, el doctor Luis A. Ferrao, para destituir a Ríos Reyes del cargo de rectora debido a que la funcionaria se había negado a dimitir. Ríos Reyes ha sostenido públicamente que no hizo nada ilegal y que los señalamientos en su contra son falsos.

 “Lo que ha sucedido, ellos entienden que amerita una acción correctiva. Nos la hemos ganado. Y esa acción la siguen posponiendo y eso me tiene preocupado porque temo que la acción que van a tomar puede ser demasiado dolorosa para nosotros. No creo que llegue a perderse la acreditación, pero que nos pongan en una probatoria directa es posible. Eso nos pone en peligro de una desacreditación porque no se podría cometer ni el más mínimo error.”, dijo Cestero Aguilar.

Seguimos con el cambia cambia

 “Me preocupa que venga algo muy fuerte. Yo creo que están documentando una acción dura por las preguntas y comentarios que han hecho. Los comentarios que han hecho, como que las explicaciones sean claras y corroborables, indica que ellos nos están diciendo: “no me vengas con embustes”. Hay algo malo aquí, hay algo que les desagrada mucho”, indicó el miembro de la Junta de Gobierno de la UPR.

 “Ellos nos han dicho “no sigan con el cambia cambia y nosotros seguimos con el cambia cambia”, dijo Cestero Aguilar en referencia a las frecuentes alteraciones que ha padecido el RCM como resultado de las destituciones o renuncias de rectores en los pasados años.

En diciembre de 2021 la Junta de Gobierno nombró a la doctora Ilka Ríos como rectora del RCM y en agosto del 2022 la rectora renunció al cargo luego de que Ferrao lo solicitara ante los señalamientos de dos decanos de la Escuela de Medicina sobre su presunta intervención en una evaluación académica para favorecer a un estudiante. 

Luego, Ferrao designó como rector interino del RCM al doctor William Méndez Latalladi, quien era director del Departamento de Cirugía, mientras se realizaba el proceso de acreditación del RCM por parte de la MSC.

“Latalladi destituyó a 20 decanos mientras era rector interino y todavía no había sido confirmado. La MSC sabe todo eso”, advirtió Cestero Aguilar.

Dos semanas después de la designación de Méndez Latalladi, Ferrao retiró el nombramiento como resultado de que, alegadamente, cometió faltas éticas en el proceso de evaluación de un estudiante residente que demandó al RCM.

Preocupa la política en la UPR

Méndez Latalladi admitió en una deposición de esa demanda que alteró el expediente académico del estudiante para que la agencia responsable de acreditar el programa de cirugía general entendiera que la salida del estudiante se hizo correctamente.

En sustitución de Latalladi, en agosto de 2022 Ferrao nombró al profesor Carlos Ortiz Reyes como nuevo rector interino del RCM.

De inmediato el nombramiento de Ortiz Reyes fue motivo de cuestionamientos por que el funcionario no era médico y su especialidad estaba relacionada con la ciencia de la computación. “El nombramiento de Ortiz Reyes fue otro asunto que ellos (la MSC) están conscientes porque su área de saber no era cónsona con la misión del RCM”, señaló.

Cestero Aguilar dijo que la advertencia del MSC sobre que las comunicaciones se deben realizar en el idioma inglés, fue el resultado de que, tras la destitución de Ríos Reyes, el organismo envió una serie de interrogantes sobre el proceso que culminó con la salida forzada de la funcionaria, las cuales fueron respondidas en español. 

“Ahora tienen que enviar esas respuestas en inglés. Yo no sé cómo se les ocurrió enviar ese reporte en español”, dijo Cestero Aguilar, quien reveló que entre las interrogantes de la MSC figuró la participación de políticos en las protestas contra la doctora Ríos Reyes.

 “Si hay algo que ellos (MSC) rechazan es la política. Y ellos saben la participación de los políticos y de doctores que ocuparon posiciones en el gobierno, que también estaban en las protestas. La MSC no quiere la política en la universidad para nada. Aquí fue, como dice el refrán, que la puerca entorchó el rabo”, concluyó el doctor Cestero Aguilar.

Publicidad

Tribunal falla en contra de 31 juntas de titulares que reclaman $77.6 millones a Triple S Propiedad

0

Por Miguel Díaz Román

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan desestimó por falta de jurisdicción una solicitud de confirmación sumaria de laudos de arbitraje que ascienden a $77.6 millones, la cual fue presentada por 31 juntas de titulares de condominios contra la aseguradora Triple S Propiedad.

Los laudos de arbitraje están relacionados con reclamaciones por daños causados en los 31 condominios por el huracán María, cuyo paso por el país se registró siete años atrás.

La determinación, que fue emitida el pasado lunes 27 de noviembre por el juez superior Raúl Candelario López, concluyó que la solicitud de confirmación de los laudos de arbitraje es nula debido a que las 31 juntas de titulares presentaron sus reclamaciones en una petición en conjunto, cuando el procedimiento correcto era tramitarlas por separado y pagar los correspondientes sellos de rentas internas por cada una de las peticiones.

El juez Candelario López sostuvo que la solicitud de confirmación de laudos era defectuosa y por lo tanto nula, tras lo cual decidió desestimar el caso por falta de jurisdicción.

Los 31 consejos de titulares son representados por el bufete O Neill & Borges LLC, mientras Triple S Propiedad es representada por los bufetes Frank Torres Viada, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, Vicente & Cuevas y Román Negrón Law.

Los 31 condominios que figuran en la solicitud de confirmación de los laudos de arbitraje son Park West, Mansiones de Garden Hills, Ashford 1360, Balcones de Santa María, Balmoral, Borinquen Towers II, Bosque Real, Casa del Valle, Altos del Escorial, Ávila, Condado Le Cours, Hato Rey, Cuevillas Court, El Legado, Estancias de Chalets, Executive Tower, Galería Fase I, Granada, Grand Bay Beach, Haciendas Las Ceibas, La Arboleda, Le Rivage, Parque de la Vista I, Piazza Luchetti, The Crowne Plaza, Mar de Isla Verde, Cima de la Villa, Torre del Mar, Luquillo Manors, Parque de Terralinda, y Aquátika.

El pasado 26 de septiembre los 31 consejos de titulares presentaron la solicitud de confirmación de laudos con el argumento de que no existían circunstancias que le permitieran al Tribunal revocar o modificar las determinaciones de los árbitros.

Solicitan el pago de $77.6 millones

Ante esa realidad, las 31 juntas de titulares solicitaron que el Tribunal confirme todos los laudos y ordene el pago de las cuantías concedidas antes del pasado 25 de octubre. La suma de los 31 laudos asciende a $77.6 millones.

También reclamaron la imposición de sanciones contra la aseguradora si incumplía los laudos, tales como una penalidad por temeridad, pagar los honorarios de abogados, más los intereses correspondientes a razón de 9.25%.

Pero el 22 de octubre Triple S Propiedad presentó 31 demandas individuales en contra de cada uno de los consejos de titulares en sus respectivas regiones judiciales.

En las demandas la aseguradora solicitó la revocación de los laudos y su revisión judicial por que, alegadamente, los árbitros incumplieron con las obligaciones establecidas en un memorando de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés), que propició el proceso de arbitraje y que fue avalado entre la aseguradora y los 31 consejos de titulares.

En otra moción presentada el pasado 23 de octubre Triple S Propiedad sostuvo que la solicitud de confirmación de los laudos es un recurso prematuro debido a que en los tribunales existen 31 demandas que piden la anulación o revisión judicial de los laudos.

“Hasta tanto las acciones sobre anulación o revisión judicial de los laudos no sean adjudicadas de manera final y firme por los tribunales, este Honorable Foro no debe actuar sobre el asunto de su confirmación. Dicho de otro modo, sería un contrasentido y error jurídico, de un lado, confirmar 31 laudos arbitrales, mientras de otro, se litiga la nulidad o revisión judicial de estos. Pues la madurez de la acción confirmatoria depende del resultado de la acción de nulidad o revisión judicial”, indicó la moción.

Juntas alegan es legal la consolidación

Por su parte, las juntas de titulares argumentaron que la jurisprudencia en la cual Triple-S fundamenta su defensa de falta de jurisdicción no es aplicable a los hechos de este caso. Sostienen, además, que la Regla 17.1 de Procedimiento Civil, permite a las juntas de titulares consolidar en una sola solicitud de confirmación de laudos las reclamaciones de los 31 condominios.

El juez Candelario López avaló los planteamientos de Triple S Propiedad y señaló que las juntas de los condominios no poseían la autoridad para consolidar los casos en una sola petición. Sostuvo que al consolidar los casos en una petición las juntas de titulares evadieron cumplir con el requisito de pagar aranceles al estado por cada una de las 31 reclamaciones.  

“¿Puede una parte consolidar de manera unilateral y presentar de manera conjunta una solicitud de confirmación de 31 laudos arbitrales dictados por separado y pagar aranceles correspondientes a una sola solicitud? Respondemos en la negativa. En consecuencia, deben ser los 31 laudos objeto de demandas o solicitudes de confirmación individuales, tramitadas caso a caso, con el pago de los aranceles correspondientes”, sostuvo el juez.

Sin autoridad para consolidar los casos

Luego, en una explicación más abundante, el juez determinó que “cada uno de los consejos debió haber perfeccionado su propia solicitud de confirmación, conforme a los requisitos arancelarios antes expuesto, pues las partes no poseían autoridad para consolidar casos a su mero arbitrio o criterio. Nos encontramos, pues, ante un claro escenario de falta de jurisdicción ante los defectos observados por los consejos en la presentación de su solicitud”.

El juez señaló que cada junta de titulares debía solicitar la confirmación de los laudos de manera independiente y pagar los sellos de rentas internas, ante el hecho de que los 31 laudos arbitrales fueron dictados por separado.

Incluso, el juez sostuvo que los consejos están impedidos de eludir el requisito de ley de pagar los aranceles por el monto de $90.00 para cada reclamación contenciosa de carácter civil tramitadas ante las salas superiores del Tribunal de Primera Instancia, a través del uso indebido de la figura procesal de consolidar los casos en una petición unificada.

Partes suscriben el MOU

Tras el paso del huracán María, los 31 consejos de condominios acudieron a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) luego de rechazar los ajustes realizados por Triple S Propiedad. En la OCS no obtuvieron resultados satisfactorios para sus reclamos por lo que presentaron por separado impugnaciones en el Tribunal de Primera Instancia con el fin de dilucidar las controversias relacionadas con sus reclamaciones.

El 20 de abril de 2021 y bajo la tutela del Tribunal, la aseguradora y los consejos suscribieron el MOU, en el que acordaron someter las controversias a un proceso de arbitraje vinculante.

Así las cosas, cada una de las 31 reclamaciones fue referida a un procedimiento de arbitraje por separado ante cuatro árbitros, uno de los cuales fue impugnado y separado de esa responsabilidad en abril de 2023.

Laudos finales y enmendados

Finalmente, los árbitros aceptados fueron Francisco G. Bruno Rovira, a quien se le asignaron 10 casos; Eugene F. Hestres Vélez, quien atendió 10 casos y Carlos Rodríguez Vidal, quien tuvo a su cargo 11 casos.

El 15 de agosto de 2023, los árbitros emitieron laudos finales según las disposiciones del MOU, los cuales fueron cuestionados por Triple S Propiedad en una moción de reconsideración.

El 25 de septiembre de 2023, los árbitros resolvieron la moción de reconsideración y acogieron algunos argumentos sobre errores matemáticos y emitieron laudos finales enmendados.

El pasado 26 de septiembre los 31 consejos de condominios presentaron la solicitud de confirmación de laudos. Luego, el 22 de octubre Triple S Propiedad presentó 31 demandas individuales en contra de cada uno de los consejos en las que solicitaron la revocación de los laudos y su revisión judicial.

Fondos buitres en escena

Jorge Marchand, portavoz de Triple S Propiedad, sostuvo que los reclamos de los 31 consejos de titulares en realidad obedecen a los dictados de los fondos buitres o Hedge funds, que ha llegado a determinados acuerdos con los consejos de titulares para promover la lucha legal contra las aseguradoras, porque esas entidades devengan un beneficio económico sustancial en el cobro de reclamaciones.

Marchand dijo que Triple S Propiedad y las aseguradoras Mapfre y Multinational Insurance Company (MIC) enfrentan pleitos legales de parte de consejos de titulares que son promovidos por fondos buitres o Hedge funds.

“Estamos en el mismo bote. Lo que pasa es sencillo, mientras más chavos ellos piden, a ver que se cuela, porque ellos cobran el 33 %. Eso es todo”, dijo Marchand.

Una fuente indicó que Mapfre no se acogió al proceso de arbitraje y optó por combatir las reclamaciones en los tribunales.

Dos esquemas de fraude

De hecho, el pasado mes de agosto MIC radicó una demanda en la que acusó a los consejos de titulares de ocho condominios exclusivos de la zona metropolitana de San Juan y a un grupo de empresas de peritaje, consultores e ingenieros, de crear un esquema de fraude para inflar el monto de las reclamaciones por daños causados por el huracán María.

La demanda identifica dos esquemas de fraude principales. En el primero de ellos participó el bufete de abogados Raizner Lee LLC, que tiene oficinas en Texas y se estableció en Puerto Rico tras el paso del huracán María.  Según la demanda, Raizner Lee LLC y otras empresas ofrecieron sus servicios legales y de peritaje a los consejos de titulares para ayudarlos a obtener resultados favorables en sus reclamaciones contra las aseguradoras.

Alegadamente, para sufragar los gastos totales del litigio y obtener, además, una ganancia, fue necesario sobrevalorar los daños del asegurado inflando el monto de las reclamaciones.

En el segundo esquema de fraude participó la empresa Attenure Group, la cual lograba acuerdos con los consejos de titulares que consistían en tomar control total de las reclamaciones a cambio de adelantar una cantidad de dinero para que comenzaran los trabajos de rehabilitación.

 Las empresas Attenure Holding Trust y HRH tenían el control de las acciones civiles contra las aseguradoras en los tribunales y junto a ellas también participaron varias firmas de ingenieros y de contratistas, quienes inflaron la valorizaron las reclamaciones y realizaron nuevas inspecciones, lo que causó la aparición de pérdidas que no integraban la reclamación original.

Advierten aseguradora puede pagar

En la solicitud de confirmación de laudos radicada el 26 de septiembre los 31 consejos de titulares anticiparon que Triple S Propiedad argumentaría que el Tribunal debe examinar los laudos con detenimiento porque las cantidades de dinero a pagar pueden poner en riesgo su estabilidad y la de la industria de seguros.

No obstante, el portavoz de Triple S Propiedad dijo que la situación financiera de la aseguradora era muy favorable y señaló que tras el paso del huracán María solo requirió de una inyección de capital de $10 millones.

El documento también indica que de los estados financieros de la aseguradora surge que tiene la capacidad financiera para pagar a los consejos de titulares.

También advierte que, de los estados financieros de Triple S Propiedad radicados ante la OCS entre los años 2017 y 2022, surge que la aseguradora ha tenido en sus arcas entre $275 millones y $368 millones en efectivo e inversiones. Además, para finales del 2022 tenía un exceso de capital de aproximadamente $134 millones, mientras sus inversiones han rendido sobre $54 millones en intereses y dividendos y los contratos de reaseguros garantizaban cubrir entre $50 millones y $76.5 millones.

Publicidad

El embrutecimiento del debate público

0

Por Miguel Díaz Román

Lo menos que quisiera es figurar como defensor de los postulados anacrónicos de Proyecto Dignidad y su prole de fundamentalistas religiosos. Pero el reciente entuerto que causó su presidente, el doctor César Vázquez, merecen una observación, pues en medio de la avalancha de críticas y objeciones que cayó sobre él, emergieron unas disparatadas conclusiones esgrimidas por determinados analistas políticos y abogados, las cuales dibujan de manera nítida la paradoja que ahoga el debate público en Puerto Rico.

El doctor Vázquez cuestionó si el sonado embarazo de la Comisionada Residente, Jennifer González, es un hecho cierto o si la preñez en realidad se hallaba en un vientre de alquiler y todo el feliz drama era una fabricación publicitaria.

Tras ese legítimo cuestionamiento planteado por el doctor Vázquez, se abrió el telón para que entrara a escena la corrección política, esa suerte de hipocresía no escrita que pregona los pautas de comportamiento que debe regir a los políticos en la escena pública y ante los medios de comunicación y a la que se adhieren los grupos de presión, quienes aprovechan el más diminuto resquicio para colar su visión de mundo, sus valores, sus consignas tal como si fueran verdades categóricas, incuestionables, absolutas.

Por lo general, la entrada a escena de la corrección política representa un desafío intelectual con ribetes morales que, para los políticos diestros con facultades reales para el liderato político, puede resultar en una oportunidad única para brillar en el debate y desmitificar las columnas de humo que sostienen algunos edificios ideológicos y ciertas catedrales morales.

Para figuras de zapata endeble la intromisión de la corrección política puede representar su asesinato público y ese fue, precisamente, el caso del doctor Vázquez, quien tras ocurrido el entuerto se convirtió en el último cadáver insepulto de la política puertorriqueña que, como tantos otros, transitan sus estertores finales reapareciendo en programas de televisión y de radio hasta que se disipan sin dejar rastro, como le ocurre al vapor de agua.

Sucumbió el pobre doctor Vázquez al embate inclemente de la corrección política y pocas horas después de haber planteado cuestionamientos legítimos sobre el embarazo de la Comisionada Residente, se disculpó igual que los habría hecho un adolescente imprudente a quien sus padres azuzan con un cinturón.

El cuestionamiento del doctor Vázquez también provocó que desde la garita de la estación radial WKAQ 580, los abogados y analistas políticos Luis Pabón Roca y Carlos Díaz Olivo despotricaran contra el presidente de Proyecto Dignidad, argumentando la improcedencia de sus preguntas.  

El licenciado Díaz Olivo marcó fronteras entre los asuntos públicos y la vida privada de los políticos. Catalogó en la cúspide de lo importante todo aquello relativo al territorio político, a las visiones particulares del político sobre el derrotero del gobierno, el uso de los fondos públicos y las estrategias para enfrentar los problemas.

Díaz Olivo, quien en ocasiones adquiere el tono y calibre de un juez de la Inquisición que impone a sangre y fuego la ortodoxia, designó como superfluo e irrelevante los asuntos de la vida privada de los políticos.

El abogado y profesor universitario sentó cátedra sobre cómo utilizar el recurso indagatorio de preguntar, y como buen juez de las Inquisición Matutina que desde “WKAQ Analiza” los abogados imparten, deslindó los territorios de las preguntas adecuadas y las imprudentes. En síntesis, el licenciado Díaz Olivo concluyó, muy a la francesa, que en la culta civilidad contemporánea no cabe preguntar sobre la vida privada de los políticos.

Se equivoca el destacado abogado y profesor. En el debate público y por extensión, en la gestión que realicen los políticos, los portavoces de determinadas organizaciones o intereses y, por supuesto, la prensa, es legítimo indagar en la vida privada de las figuras políticas. 

No se trata de hacer una novelilla amarilla sobre detalles íntimos de los políticos, sino de evitar el error de descartar determinados ángulos porque habitan en la sombra privada y que, luego, podrían repercutir en el ámbito público o en la gestión del gobierno.

En el caso particular de la Comisionada Residente es inevitable advertir que tras el anuncio de su embarazo surgió de manera espontánea en el país la interrogante sobre si ella encara algún peligro de salud por ser una mujer obesa de más de 47 años.

En varias instancias fui sorprendido con la expresión “embarazo de alto riesgo”, cuando afloraba el embarazo de la Comisionada Residente como tema de sobre mesa.

Desde la población femenina también hubo cuestionamientos legítimos sobre si la Comisionada Residente estaba en realidad embarazada o, si debido a su obesidad y edad, había alquilado un vientre.

El alquiler de vientres no es un mecanismo extraño en Puerto Rico para lograr la maternidad, aunque es usado con poca frecuencia y solo por parejas que tienen los recursos económicos para enfrentar su costo.

De manera que el doctor Vázquez repitió interrogantes que ya albergaban determinados sectores del país. Y es que la salud de las figuras públicas, sean políticos, artistas o deportistas, siempre será un asunto de relevancia.

Ahora bien, si el doctor Vázquez levantó el cuestionamiento inspirado en el credo de la politiquería de las cunetas, por el resorte de algún prejuicio o amparado en un cálculo electorero, eso solo lo sabrá él.  

Mi planteamiento fundamental es que el doctor levantó una interrogante legítima y por la que jamás debió pedir disculpas.

El doctor Vázquez no propuso que la Comisionada Residente fuera el blanco de preguntas capciosas, insultantes o que de alguna manera insinuaran que la funcionaria o su marido pudo incurrir en un comportamiento indecoroso o detestable.

Siempre será importante conocer si la aspiración de una figura política a la gobernación no se verá afectada por el estado de su salud.

En el caso particular de la Comisionada Residente es aún más importante porque se trata de una mujer obesa de 47 años que está embarazada de gemelos y quien pretende disputar la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista en unas primarias contra el gobernador incumbente.

En este momento se desconoce si la salud de la Comisionada enfrenta retos que eventualmente podrían complicar su embarazo, su participación en las primarias o su propia vida.

Ella no ha revelado información sobre su estado de salud y creo que la prensa no ha indagado sobre ese aspecto tan importante.

Para fortalecer su campaña primarista la Comisionada Residente se apresta a recabar el apoyo económico de los ciudadanos, lo que implica que muchas personas realizarán aportaciones confiadas en que la candidata se encuentra en buenas condiciones de salud para afrontar los desafíos y los esfuerzos físicos que conllevan una campaña política.

Ciertamente, las aportaciones económicas a la campaña de la Comisionada Residente experimentarían un estancamiento si surgiera públicamente información oficial sobre que la candidata no se encuentra bien de salud y su embarazo podría enfrentar complicaciones.

Por lo tanto, aunque el estado de salud de la candidata es un asunto privado, sus implicaciones en el ámbito público lo convierten en un asunto expuesto al escrutinio de la prensa y de los diversos participantes en el debate público.

Otro aspecto importante es que numerosos empleados públicos han perdido sus empleos o sus nombramientos como empleados de confianza, por favorecer la candidatura de la Comisionada Residente.

Estas personas esperan ansiosamente que sean reivindicadas si la candidata tiene éxito en sus aspiraciones políticas y muchos de ellos continúan ayudándola en la campaña.

Lo anterior demuestra de manera diáfana los efectos que pueden causar en la ciudadanía apoyar las aspiraciones de determinados líderes políticos y las posibles implicaciones adversas que suelen tener las campañas políticas en Puerto Rico, en las que siempre los perdedores, si son empleados públicos, deben aceptar de manera estoica por cuatro años todo tipo de humillaciones y vejámenes. Así de edificante es nuestra cultura política.

Se equivoca estrepitosamente el señor Díaz Olivo y todo aquel que piense como él, sobre que el embarazo de la Comisionada Residente es un asunto de su vida privada que no tiene tangencia alguna con sus actuaciones como funcionaria del gobierno o como candidata en primarias.

De hecho, la reacción pública de la Comisionada Residente tras conocer la interrogante del doctor Vázquez, en la que argumentó que se sentía indignada y atacada, fue en realidad un exabrupto injustificado.

Incluso, Jenniffer González llegó al extremo de describir el cuestionamiento del doctor Vázquez como un ataque a la mujer puertorriqueña. ¿Cómo puede la Comisionada Residente alcanzar semejante conclusión?

¿Por qué los periodistas que la abordaron no exigieron una explicación sobre esa absurda asociación?

Jamás entendí por qué la Comisionada Residente se tornó iracunda y por qué los periodistas que la entrevistaron no cuestionaron las razones de su molestia.

¿Por qué no se cuestionó el giro melodramático que dio la funcionaria a la situación, que tenía más de ficticio enfado que de tribulación real?

¿No habría sido necesario indagar, ante la nimiedad del evento protagonizado por el doctor Vázquez, en los límites de tolerancia de una funcionaria que aspira a gobernar el país?

¿Sucumbió la prensa a la bufonada armada por Comisionada Residente con el fin de figurar como víctima?

¿Sucumbieron los periodistas de los diversos programas y medios de comunicación a la bufonada armada por la Comisionada Residente para mantener o ganar respaldo de sus audiencias?

¿Perdió la prensa la capacidad de hacer preguntas incómodas y necesarias?

¿Han olvidado o nunca han tenido los periodistas la capacidad de ganar distancia y contemplar el escenario político con suspicacia e incredulidad?

¿Actúan motivados por la connivencia determinados periodistas y analistas?

¿Coopera la prensa y los analistas con los espectáculos que suelen articular los políticos para adelantar sus objetivos mediáticos y proselitistas?

Estas interrogantes nos pueden ayudar a entender qué en realidad ocurrió tras las legítimas preguntas del doctor Vázquez.

Si a la Comisionada Residente le hubiese interesado desarmar las intenciones inarticuladas del doctor Vázquez simplemente con presentar la prueba de embarazo habría bastado.

Fue tan evidente que ese debió ser el proceder de la Comisionada Residente que, horas después del incidente, ella publicó en su cuenta de Twitter un certificado médico que confirmó que se encontraba embarazada de gemelos y que el doctor Juan Carlos Castañer la atiende.

Lo que surge con claridad es que a la Comisionada Residente le interesó más explotar las posibilidades políticas de la controversia que desmentir las especulaciones sobre su embarazo.

Los que trabajamos en la prensa sabemos que las especulaciones suelen crecer ante la falta de información veraz. Aunque existe la llamada especulación informada, que es aquella que visualiza posibles escenarios según información corroborable, la especulación desinformada puede ser útil para determinados fines políticos.

En otras palabras, la estrategia mediática de tres puntos suspensivos que ha desplegado la campaña de la Comisionada Residente, en la que faltan las afirmaciones concluyentes con el fin de alimentar la expectación de la audiencia que sigue el drama político en la provincia, es la raíz del entuerto en que se vio involucrado el doctor Vázquez y de las disparatadas conclusiones que le siguieron.

Quizás en un intento de trascender nuestra cultura política, atestada de provincialismo y mediocridad, el profesor y analista Díaz Olivo se ha inclinado por admirar la legendaria vocación de los franceses y de su prensa de ignorar la vida privada de los políticos.

Quizás, en un ejercicio de buena fé (y por qué no de cursilería también), Díaz Olivo ha concluido, al igual que la prensa francesa, que lo privado no es un material político ni periodístico idóneo.

La nobleza de esa postura quedó en el ridículo con el arresto del depravado Dominique Strauss-Kahn en Nueva York en 2011, cuyo insaciable apetito sexual era ampliamente conocido por la prensa francesa, pero jamás figuró en sus periódicos reseña alguna sobre los numerosos episodios en los que entonces inminente candidato a la presidencia de Francia por la izquierda, se dejó guiar por los impulsos de su pinga y no por la razón.

Se podrían presentar más ejemplos sobre lo absurdo que ha significado para los franceses aislar en un departamento de asuntos privados determinadas realidades de los políticos, pero ese no és el asunto de este escrito.

Para mi sorpresa, tras la arenga en contra de atender la vida privada de los políticos en el debate público, numerosos abogados que figuran en los medios de comunicación como analistas políticos (una de las epidemias que no ha dejado la modernidad) coincidieron abrumadoramente con Díaz Olivo.

Tal como si fueran ganado en la línea de ordeño, uno tras otro, a lo largo del día, se inscribió con nombre y apellido en la lista de endosos a la corrección política, condenaron al pobre doctor Vázquez y decretaron como espacio sacrosanto la vida privada de los políticos.

¿Cómo fue posible que todos esos cerebros no advirtieron la grieta que aflige la disparatada pretensión de limitar el escrutinio de la prensa y de los actores que participan en el debate público?

¿Cómo fue posible que ninguno de ellos advirtiera la importancia de hacer las preguntas incómodas, incluyendo aquellas que escudriñan la zona privada de los actores políticos?

¿Cómo fue posible que todas esas criaturas diplomadas y muy elocuentes en ocasiones, apoyaran el embrutecimiento del debate público?

A no ser que, ya embrutecido el debate, era predecible que entre estos abogados (y algunos profesores e historiadores también) no surgiera una voz disidente.

Una novedad, por cierto, muy preocupante porque la ausencia de voces disidentes acusa a un dominio cada vez más acuciante de la mediocridad.

Ya hemos presenciado el alcance de la mediocridad en el llamado periodismo de opinión, donde muchos periodistas sin las herramientas intelectuales para alumbrar en la oscuridad, para descubrir un ángulo insospechado que nos ayude a entender la realidad, ocupan páginas y páginas de puro aburrimiento y chatura.

De hecho, las páginas de opinión sobreviven gracias a las voces que habitan fuera de las mesas de redacción, muchas de las cuales provienen de la academia como es el caso del señor Díaz Olivo, quien es un buen polemista.

Quizás el tema de fondo de este escrito es la mediocridad dominante que embrutece el debate público.

 Y para no dejar de hablar de Francia, que falta hace en Puerto Rico la existencia de un dramaturgo que, al igual que lo hizo Moliere con los médicos en Francia, aproveche las fanfarronadas y prepotencias en la que incurren muchos analistas y abogados en su lectura de la realidad, para hacer una comedia que nos castigue a carcajadas.

Por último, creo que tanto el berrinche de Jenniffer González como el réspice radiofónico de Díaz Olivo y de Pabón Roca puede ser también el resultado de cómo los medios de comunicación influyen en los analistas y en los políticos, ante la realidad inescapable de que existe un auditorio que espera de cada uno de ellos una reacción frente a determinada controversia, la cual debe ser clara y contundente de se debe producir en segundos.

Es, qué duda cabe, el fenómeno que el estudioso de los medios de comunicación, Marshall McLuhan, describió en la enigmática frase “el medio es el mensaje”.

Porque el reto de fondo, en realidad, es que para realizar una reflexión verdaderamente profunda y honesta es necesario consumir mucho tiempo para desatar los amarres y los encadenamientos que albergan las controversias.

Y quizás, la urgencia de satisfacer el ímpetu alcista de las encuestas y no desalentar la expectativa de la audiencia por nuevas puestas en escena que los deslumbren, actúan como ingredientes silenciosos que alimentan el embrutecimiento del debate público.

Publicidad