Por Miguel Díaz Román

Una medida que propone imponer multas de hasta $100,000 diarios por incumplimientos y prácticas deshonestas contra las aseguradoras que ofrecen seguros de salud privados y aquellas que proveen el seguro médico del gobierno recibió el respaldo total de parte del Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.

El funcionario sostuvo que un incremento en las multas podría generar un efecto disuasivo para detener “cualquier tipo de conducta desleal e ilegal” que afectan a los asegurados y a los proveedores de servicios médicos.

La medida recibió el rechazo contundente de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese), que considera que las multas son desproporcionadas y porque se le concede a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) una excesiva discreción para imponer sanciones.

Mientras el Colegio de Médicos Cirujanos (CMC), que ha sido un crítico feroz contra las aseguradoras de salud porque las considera responsables del éxodo de médicos, respaldó la iniciativa.

El Proyecto del Senado 1267, radicado por el senador Ramón Ruiz Nieves por petición, fue examinado el pasado jueves por la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado, que preside el senador José Luis Dalmau, quien también es el presidente del Senado.

Penalidades a granel

Además de imponer multas diarias de hasta $100,000.00, la medida establece que en aquellos casos que involucre el pago de multas y penalidades o una orden de cese y desista, la OCS impondrá una compensación por honorarios de abogado a favor del querellante.

La compensación ascenderá a $100.00 por hora y deberá comprender el total de horas que dedicó el querellante en el trámite de la querella y su abogado en concebir y presentar su defensa.

Según indica el proyecto, el cálculo de la compensación lo realizará la OCS sin necesariamente consultar con la parte querellante.

La medida también dispone que la OCS podrá imponer multas de hasta $10,000.00 por caso, a beneficio del querellante sea paciente o proveedor de servicios de salud.

La OCS podrá penalizar a las aseguradoras con un pago mínimo adicional de $500.00 por cada mañana o tarde en que el proveedor de servicios de salud se vea obligado a interrumpir sus labores para comparecer a una vista personalmente o de manera virtual.

Comisionado podrá triplicar multa

La OCS también podrá imponer una penalidad a las aseguradoras de $1,000.00 por cada día que el proveedor de servicios de salud deba comparecer a una vista personalmente o de manera virtual.

El Proyecto del Senado 1267 prohíbe aquellas prácticas o directrices que dilaten los procesos dirigidos a reconocer los derechos de los querellantes. 

La medida dispone que la OCS triplicará la multa de quien se hubiese utilizado tales prácticas con el objetivo de demorar la presentación de una querella o impedir la evolución de un trámite dirigido a establecer un remedio a favor del querellante.

En el caso de que no se hubiese impuesto una multa, la penalidad mínima que podrá imponer la OCS será una multa de $5,000.00 por caso.

Poder extraordinario a la OCS

La medida establece que la OCS tendrá jurisdicción en el caso de quejas sobre prácticas desleales o ilegales presentadas contra un asegurador de salud y podrá ejercer “el poder de razón de estado en su función disciplinar y punitiva”, conjuntamente con los procesos que haya iniciado la Administración de Seguros de Salud, (ASES).

Incluso, la medida le concede a la OCS el poder extraordinario de ampliar las multas que imponga por violaciones contra las aseguradoras de salud, lo que representa una autorización que no tiene precedentes.

El texto de la medida expresa que la OCS podrá “de manera independiente, ampliar o superar el monto, la manera y el marco de las multas y penalidades que podrá imponer para el caso de los seguros médicos pagados por el Estado, y los seguros médicos que operen en Puerto Rico, incluyendo los comerciales, sin importar el lugar de residencia de cualquier compañía copropietaria o dueña del ente asegurador”.

Además, la medida le permite a la OCS imponer una orden de cese y desista contra determinadas conductas o prácticas de un asegurador de salud y podrá imponer “cualesquiera otras medidas cautelares disuasivas al asegurador ofensor”.

Para imponer esas otras medidas cautelares la medida establece que la OCS tomará en cuenta el número de asegurados afectados y el número de asegurados potencialmente afectados, el número y tipo de proveedores afectados, la recurrencia en la práctica que se ha ordenado cesar o desistir, el grado de contumacia o temeridad del infractor, el desequilibrio o impacto económico entre la parte afectada y el asegurador incurso en violación y la severidad en el riesgo a la salud pública provocado por la práctica.

Sin poder para detener multas

Una disposición de la medida que también resulta extraordinaria es que la OCS no podrá archivar o detener la imposición de multas aún si el asegurador cumplió con los requerimientos de una orden de cese y desista.

Otra nueva disposición que establece la medida es la que ordena a los foros apelativos, incluyendo el Tribunal Apelativo, que consideren el “carácter reparador” como remedio a favor del afectado cuando intervengan en la evaluación de las penalidades impuestas.

Para realizar esa evaluación la medida indica que los foros apelativos deberán considerar con “especial sensibilidad el daño infligido o el que haya sido disuadido de cometerse, a la salud de los pacientes y a la equidad y equilibrio en el trato a los proveedores de salud”.

Además, el proyecto indica que si existieran cláusulas contractuales en los contratos de las aseguradoras con el gobierno que privilegien la función fiscalizadora de ASES sobre la gestión de la OCS quedará anulada.

De hecho, la medida declara que la OCS será la única entidad que gobernará los aspectos disuasivos y punitivos relacionados con violaciones al Código de Seguros de parte de las aseguradoras de salud, en querellas radicadas por pacientes y proveedores.

No obstante, la medida también aclara que ASES, el Departamento de Salud y otras dependencias del gobierno podrán imponer penalidades adicionales contra las aseguradoras.

Multas no se revisan desde 1974

Sobre las propuestas inhabituales del proyecto 1267, Adams Vega sostuvo que “somos del criterio que es necesario que las multas establecidas en el Código de Seguros y Código de Salud se deben atemperar a la realidad actual para que sirvan de verdadero disuasivo a las conductas violatorias”.  

El Comisionado de Seguros reveló que desde 1974 no se revisan los topes de las multas y agregó que la revisión era necesaria porque se “han identificado prácticas que son recurrentes” de parte de las aseguradoras de salud. Explicó que las multas están vinculadas a la solicitud de investigación que realizan los querellantes y con lo que usualmente comienza un ambiente contencioso. 

Adams Vegas avaló que “se provean mayores facultades en las penalidades que el Comisionado pueda imponer a los aseguradores de planes médicos por su incumplimiento con las leyes locales que rigen la industria de seguros en Puerto Rico, como lo es el Código de Seguros y Código de Seguros de Salud”.

La directora ejecutiva de ACODESE, Iraelia Pernas, expresó que la medida “aumenta desproporcionadamente las multas y penalidades e impone carácter reparador a las acciones del asegurador, sin mediar una definición clara de los daños o del mecanismo de valoración de éstos, dejando a la entera discreción del Comisionado de Seguros lo que constituye una sanción adecuada”, expuso Pernas. “Por tanto, ACODESE no endosa la aprobación del Proyecto 1267”, sostuvo.

Por su parte, el doctor Carlos Díaz, quien preside el CMC respaldó el proyecto 1267 y agregó que  “maltrato y falta de respeto es lo que tienen las aseguradoras con el paciente. Todo por la dilatación en los servicios para economizar el dinero”.

Díaz dijo que los márgenes de ganancias de las aseguradoras de salud deben estar estrictamente regulados y recomendó que sus operaciones sean auditadas para garantizar la solidez de sus reservas y minimizar la especulación, la concentración de mercado y los juegos financieros que merman la cubierta efectivamente recibida por los asegurados”.

Señalan atmósfera tóxica

“La mitad de los profesionales de la medicina ha tenido que marcharse del país en la pasada década, mientras que cada profesión de la salud ha visto una emigración, comparablemente alta, de sus miembros. A la emigración forzada por tarifarios virtualmente congelados o recortados, excepto recientemente en el Plan Vital, se suma el «envejecimiento” y consecuente retiro o el retiro prematuro por el ambiente tóxico generado por la manera de hacer negocios, de las aseguradoras de salud”, indicó.

Díaz describió la alegada atmósfera tóxica creada por las aseguradoras como el resultado de cambios unilaterales en los términos de los contratos de los proveedores, lo cual se suma al pago incompleto por los servicios prestados; las acciones de recobro que permiten efectuar ajustes a los pagos por servicios y hacer retenciones.

“En ocasiones, (estas acciones) pueden descarrilar una práctica profesional”, señaló Díaz.

Sobre los alcances del proyecto 1267, el ex Comisionado de Seguros, Fermín Contreras, evitó comentar sobre los aumentos de las multas, pero advirtió que la medida debe coincidir con las normativas vigentes de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).

Recientemente la OCS recuperó la acreditación de la NAIC. “Todo proyecto de ley que enmiende el Código de Seguros hoy día debe atemperarse a la normativa de uniformidad. Es posible que en Puerto Rico haya unas particularidades por la coexistencia de aseguradores domésticos y foráneos, la normativa de la exención sobre primas y las relaciones con sus compañías matrices”, dijo Contreras.

En la vista pública se examinó el Proyecto de la Cámara 1641 que permitiría la negociación colectiva para alcanzar acuerdos sobre las tarifas por servicios entre los proveedores de servicios de salud y las aseguradoras de salud.

La isla como una sola área geográfica

La negociación colectiva figura en el Código de Seguros como un mecanismo para que las aseguradoras y los proveedores acuerden el monto de las tarifas desde 2008, cuando se aprobó la ley 203.

El estatuto añadió el capítulo 31 al Código de Seguros, pero se convirtió en uno inoperante a consecuencia de las excesivas disposiciones de la regla 91, que es el reglamento de la ley, el cual fue establecido por la OCS.

Pero la medida propone enmendar la ley 203 y la regla 91, con el objetivo de convertir la negociación colectiva en un mecanismo viable.

La medida propone considerar a toda la isla como una sola área geográfica, lo que implica la eliminación de las 11 regiones que contempla la regla 91. Además, las aseguradoras y las organizaciones de servicios de salud estarán obligadas a participar en el proceso de negociación colectiva una vez sea solicitado por uno de los grupos organizados.

Los grupos para acceder al proceso de negociación colectiva no excederán el 40% de los proveedores en las diversas especialidades o subespecialidades del servicio de salud. La medida también elimina la Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros y traslada sus responsabilidades a la OCS.

Adams Vega, ha respaldado la medida e incluso contrató al economista Ramón Cao para que efectuara un estudio para analizar el comportamiento de las fuerzas del mercado de salud para posibilitar la negociación colectiva. El estudio confirmó la concentración del mercado en los seguros de salud por parte de varias aseguradoras por primas suscritas y por distribución de suscriptores. 

Todos los médicos en negociación colectiva

El Comisionado sostuvo que “conscientes de la problemática del éxodo de médicos y otros profesionales de la salud, y la crisis por la que pasa el sector hospitalario en Puerto Rico, la OCS entiende que es fundamental buscar soluciones y proveer alternativas viables para garantizar una negociación justa de las tarifas que se paga a los proveedores de servicios de salud del sector comercial en Puerto Rico”.

ACODESE se opuso a la medida porque, según dijo Pernas, “la fuga de talentos en Puerto Rico no está atada única y exclusivamente a los asegurados y a la clase médica. Existen otros elementos que impactan el desarrollo económico de los puertorriqueños en general”. 

Ante la propuesta para eliminar la Junta Revisora de Tarifas Pernas planteó un accidente procesal que surge de la medida y que podría causar dificultades económicas a las aseguradoras

“La presente medida legislativa propone que el Comisionado de Seguros tenga que autorizar cualquier aumento en primas como resultado de las tarifas negociadas. Nos preguntamos qué procederá en el caso de que las primas tengan que aumentar como resultado de las nuevas tarifas negociadas. Sostenemos que las tarifas negociadas no pueden tener vigencia si no se aprueba el aumento en primas. Ese punto debe incorporarse en el proyecto de ley”, indicó Pernas en obvia alusión a un posible escenario en el que la OCS rechace aumentar las primas luego de entrar en vigencia un alza en las tarifas tras una negociación.

El presidente del CMC respaldó el proyecto de ley pero solicitó que sea enmendado para que se establezcan claramente los objetivos que deben seguir las agencias administrativas para reglamentar la negociación colectiva. Otra petición de enmienda de Díaz es que se permita a todos los médicos, incluyendo los generalistas, organizarse en grupos para lograr la negociación colectiva con las aseguradoras de salud.

Por Miguel Díaz Román

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) pagó por adelantado a una empresa $44,2505.00 que correspondían a una cantidad de dinero que había sido retenida a ese contratista como un mecanismo para garantizar que el trabajo para que fue contratado se iba a realizar, según concluyó una auditoría de la Oficina del Contralor.

La auditoría no explica los motivos que tuvo la OCS para incurrir en la extraña conducta o el trato preferencial que constituyó convertir en un pago adelantado parte de los $50,000.00 que la agencia debía retener. Según indica el texto del informe de auditoría emitido el pasado 25 de agosto, la garantía retenida al contratista se aplicaría “contra las facturas finales de los servicios contratados”.

El contrato fue otorgado por el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, a la empresa INSRIS-PR LLC el 28 de noviembre de 2018. 

Según el contrato, la empresa debería auditar y realizar exámenes financieros a las aseguradoras domésticas e internacionales autorizadas a operar en Puerto Rico en cinco meses. Específicamente, la vigencia del contrato comenzó el 8 de febrero de 2019 y debía culminar el 30 de junio del mismo año.

Por efectuar esa tarea la empresa recibiría $1,017,000 millones. La empresa INSRIS PR LLC fue representada en el contrato por su principal oficial de operaciones, Michael Kogut, quien es un contador público certificado que reside en el sector Swedesboro, en Nueva Jersey. El contrato fue concedido por Rivera Ríos en medio de la crisis que provocó en el país el paso del huracán María en 2017.

Del contrato se desprende que la OCS considera que la empresa INSRIS PR LLC tiene el conocimiento y la  experiencia para auditar las operaciones de las aseguradoras, así como la capacidad y los recursos para brindar asistencia y capacitación.

Para hacer la auditoría la Oficina del Contralor seleccionó al azar 10 contratos y tres enmiendas realizadas a estos contratos, con el fin de evaluar los servicios contratados, las facturas y los desembolsos. Los contratos seleccionados pertenecen a una terna de 197 contratos que la OCS otorgó entre el 15 de enero de 2016 y el 29 de diciembre de 2021. El valor de estos contratos ascendió a $10.8 millones.

Los 10 contratos y las tres enmiendas corresponden al periodo entre el 10 de agosto de 2018 y el 25 de noviembre de 2019. El valor de los 10 contratos ascendió a $1.8 millón.

Con efectos el pago adelantado

De hecho, el informe de la auditoría concluyó que el pago adelantado impidió que el regulador contara con un remedio en caso de que no se cumpliera con las labores pactadas. También concluyó que al realizar el pago adelantado la OCS se privó de recursos económicos que pudieron utilizarse para atender gastos operacionales.

Además, la OCS efectuó el pago adelantado sin solicitar autorización del área de contabilidad central del Departamento de Hacienda, que por disposiciones reglamentarias mantiene un estricto control en los desembolsos que realiza el gobierno.

“Nuestro examen reveló que el 28 de enero de 2019 se pagaron $44,2505.00 por adelantado al contratista, correspondiente a la garantía retenida, sin solicitar autorización del área de contabilidad central de gobierno del Departamento de Hacienda”, indica el informe de auditoría

De hecho, el llamado reglamento 31 aplica a la OCS y todas aquellas agencias cuyos fondos son custodiados por el secretario de Hacienda. Este reglamento establece que Hacienda puede autorizar un pago por adelantado o anticipado “de bienes vendidos o servicios prestados, siempre que exista una solicitud de la entidad gubernamental y las necesidades del servicio lo requieran”.

La OCS niega el pago adelantado

En la respuesta al informe, que se hizo bajo la dirección del Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, la OCS insistió en que no se hizo un pago adelantado sino una retención, por lo que rechazó el hallazgo y propuso que la Oficina del Contralor lo eliminara.

Incluso, la OCS indicó que el hallazgo obedece a una interpretación errónea sobre el concepto de “pago adelantado” y advirtió que tampoco es pertinente la aplicación del reglamento 31.

La OCS explicó que el hallazgo surge porque la Oficina del Contralor interpretó que los conceptos «retención» y «pago adelantado» básicamente significan lo mismo. En su interpretación la OCS señaló que los dos conceptos persiguen propósitos distintos y tienen efectos diferentes.

“El desembolso de un pago por adelantado supone que el receptor del mismo se convierta en el poseedor de lo pagado, disponiendo de ello a su conveniencia, En cuyo caso, queda obligado a realizar los servicios o entregar los bienes objetos del pago adelantado. Su propósito es asegurar el servicio o la entrega del bien contratado. Ahora bien, cuando se trata de una «retención», no existe un receptor que pueda disponer del dinero retenido a su conveniencia. Por el contrario, el dinero se queda guardado hasta tanto se cumpla con lo pactado. Su propósito es garantizar el pago, en caso de que se presten los servicios o se entregue el bien contratado”, sostuvo la OCS en su reacción.  

Además, la OCS indicó que el reglamento 31 no contiene una definición para el concepto “pago por adelantado» y solo establece una descripción de las razones que podrían motivar a las agencias a efectuar un pago por adelantado.

Al examinar esas razones la OCS concluyó que el servicio que ofrecería INSRIS PR LLC no está considerado en el reglamento 31 ni se trata de servicios que puedan requerir un pago por adelantado. Es por esa razón, según concluyó la OCS, que no se solicitó la autorización del área de contabilidad central del Departamento de Hacienda.

Insiste en que se hizo una retención

“Cónsono con todo lo anterior, es forzoso concluir que el reglamento 31 no es de aplicación al caso de autos en la medida en que no se efectuó un «pago por adelantado». Aquí se hizo una retención para garantizar el pago de un servicio. El mismo fue aplicado a las últimas facturas del contrato. No fue hasta entonces, que el contratista pudo recibir y disponer del dinero”, sostuvo la OCS.

El regulador de la industria de seguros indicó que actuó dentro del marco de la ley y que el contrato nunca se quedó sin fondos, nunca se rescindió o canceló, y los servicios fueron brindados dentro de su vigencia.

No obstante, la Oficina del Contralor indicó que prevalece el hallazgo señalado sobre que la OCS pagó por adelantado a una empresa $44,2505.00 sin pedir permiso en Hacienda.

El informe también le imputó a la OCS haber pagado $6,625 indebidamente por servicios prestados a otro contratista. Según señala el informe, la OCS autorizó el pago de los servicios de manera retroactiva, los cuales fueron prestados del 11 al 27 de junio de 2019. En su reacción al señalamiento la OCS indicó que se actuó dentro del marco de la ley, porque el contrato estaba vigente, nunca se quedó sin fondos, nunca se rescindió o canceló, y los servicios fueron brindados.

Contralor no analiza la pérdida de acreditación

En un comentario especial la Oficina del Contralor abordó la pérdida de la acreditación de la OCS por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) el 27 de julio de 2020.

La suspensión de la acreditación obedeció, según indicó el informe, a la comunicación inadecuada de la OCS con los departamentos de seguros de otros estados y “a la inadvertencia de la reglamentación de la OCS de las transacciones complejas de compañías de seguros, específicamente transacciones que involucraron a una aseguradora internacional multiestatal”.

No obstante, el informe no analizó los detalles de la transacción que involucró la incorporación de un nuevo asegurador en el Centro Internacional de Seguros que tenía vínculos con una aseguradora registrada en otro estado, la cual logró transferir a un fideicomiso una cantidad sustancial de fondos que respaldan pólizas de seguros en otros estados. La saga de eventos relacionados con la pérdida de la acreditación comenzó en 2017 y culminó en 2020.

El informe de la Oficina del Contralor no abordó las fallas en que incurrió la OCS al aprobar la citada transacción sin prever los efectos que tendría en otros estados.

Sin comentarios Rivera Ríos

El informe sostiene que “la suspensión de la acreditación de la NAIC excluyó a la OCS de participar de los beneficios que ofrece esta organización por 631 días, en cuanto a la confianza de sus procesos regulatorios y fiscalizadores, y el marco regulatorio para las compañías de seguros que operan en Puerto Rico. La OCS perdió la paridad ante las demás jurisdicciones miembros acreditados de la NAIC, lo que la restringió de un proceso estandarizado de información financiera, servicios a sus asegurados, reglamentación y fiscalización”.

 El 22 de diciembre de 2022 la NAIC acreditó nuevamente a la OCS por los próximos cinco años.

A través de un correo electrónico emitido el 1 de mayo, el ex comisionado Rivera Ríos indicó que “en estos momentos no me encuentro laborando en la OCS. Luego de leer los hallazgos y observaciones que el borrador presenta, solo me resta indicarles que no estoy en posición de comentarles al respecto, pues no tengo la data que salvaguarda la OCS sobre estos eventos. Tengo que responsablemente descansar en lo que la OCS y el Comisionado de Seguros puedan remitir al respecto, pues son los que tienen la información completa para responder, aclarar o comentar sobre los hallazgos mencionados. Adopto por referencia que la OCS tiene toda la capacidad en sus empleados y así puedan responder y comentar sobre el particular”.

Según el informe, el 28 de abril y el 3 de mayo de 2023 la Oficina del Contralor intentó comunicarse con el ex comisionado Mariano Mier Romeu sin obtener respuesta.

MAPFRE contribuye activamente a los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas mediante un ambicioso Plan de Sostenibilidad 22-24, que abarca no solo al negocio sino también a las acciones que realiza con la sociedad, siempre con compromisos exigentes en materia social, ambiental y de gobierno corporativo, y a través de productos aseguradores y de inversión responsable, alineados a las nuevas necesidades.

Así lo ha subrayado hoy con motivo de la celebración de la campaña #ODSporbandera lanzada por Pacto Mundial de ONU España, que forma parte de la iniciativa internacional #Togetherforthesdgs con el objetivo de que diferentes actores mundiales muestren su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la fecha en que se cumplen ocho años de la puesta en marcha de la Agenda 2030.

Muchos de los empleados de MAPFRE se han alzado hoy con la bandera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que representa el compromiso hacia un futuro sostenible y próspero para todos, que busca sincronizar esfuerzos y metas, y que anima a toda la sociedad a avanzar juntos.

Ayuda a familias, empresas e instituciones

La contribución de MAPFRE a la Agenda 2030 se materializa, principalmente, a través de la cobertura de riesgos, mediante las indemnizaciones o la prestación de servicios, y en este sentido, ayuda a familias, empresas e instituciones a reponerse de los efectos de un siniestro. En 2022, la compañía destinó un total de 16.362 millones de euros al pago de prestaciones.

También suma al bienestar social y a la protección de la ciudadanía a través de su compromiso con la diversidad, la igualdad y la inclusión, las oportunidades laborales para todas las generaciones, la gestión sostenible de sus operaciones, especialmente entre sus proveedores y su red comercial; la promoción de negocio sostenible; y las actividades de voluntariado corporativo que impulsa en los más de 30 países en los que está presente.

Actualmente, la compañía pone el foco en siete ODS, entre ellos, Fin de la pobreza (ODS 1), fomentando la resiliencia de 29,8 millones de personas y de sus familias a través de la reducción de su exposición y vulnerabilidad ante siniestros comunes y fenómenos extremos.

Otro de los siete ODS es la Salud y bienestar (ODS 3), ámbito en el que el año pasado invirtió 1,5 millones de euros en acciones para promocionar la salud física y psicológica de sus trabajadores y se afianza como la primera compañía generalista de seguros de salud en España, con más de un millón de clientes en este ámbito; Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), desde el que contribuye a que haya 30.327 empleados con contrato fijo (98%), más de 115.000 personas trabajen directa o indirectamente para la empresa y cerca de 145.000 proveedores presten servicios a MAPFRE.

Desde su plan de sostenibilidad 20-22, la compañía también contribuye directamente a Acción por el Clima (ODS 13), desde el que ha disminuido su huella de carbono global un 26% con respecto al año 2019, ha logrado que sus operaciones en España y Portugal sean neutros en carbono y ha permitido que el 77% de sus clientes empresariales estén calificados con criterios ESG.

Uno de los renglones a los que ha contribuido la empresa es a la Igualdad de Género (ODS 5), que le ha permitido que el 42% de los puestos de responsabilidad están desempeñados por mujeres; y a  los 17 en su conjunto, gracias a su programa de voluntariado corporativo, que en 2022 movilizó a 4.109 voluntarios, entre empleados y familiares, quienes desarrollaron 1.488 actividades en todo el mundo relacionadas con la educación, nutrición, salud y ayuda en emergencias.

Un plan con más de 20 objetivos

La compañía trabaja para que la sostenibilidad no sea un concepto, sino una hoja de ruta para toda su actividad. Su Plan de Sostenibilidad 22-24 es una estrategia completamente integrada en el negocio y en la toma de decisiones de las áreas de la compañía, que pone a las personas en el centro de todo y responde a las necesidades de todos los grupos de interés.

Se trata de un plan ambicioso, con más de 20 objetivos, medibles, alcanzables y realistas, con plazos concretos, para, entre otros retos, alcanzar la neutralidad en carbono en 2030, reforzar su transparencia y elevar su cumplimiento con la Agenda 2030.

Por Miguel Díaz Román

La existencia de dos grupos de fallas sísmicas activas que apenas han sido investigadas, revelan la tenebrosa realidad de que en cualquier momento la isla puede ser víctima de un terremoto de mayor magnitud cuyos efectos pueden catastróficos debido a que miles de propiedades con más de 30 años desde que fueron construidas no han sido rehabilitadas porque no existen leyes ni reglamentos que impongan esa obligación.

La información surgió durante la celebración del foro ¿Colapsan condominios y edificios?, celebrado la pasada semana en San Juan por la Cámara de Comercio.

La revelación sobre la existencia de las fallas sísmicas la realizó el doctor José A. Martínez Cruzado, profesor del Departamento de Ingeniería Civil, especializado en ingeniería estructural sísmica, en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

La isla está ubicada en una zona de en el Caribe de alta actividad sísmica, pero la existencia de las fallas recientemente descubiertas ha disparado las alarmas porque los sismos se originan en las fallas y fue necesario revisar los espectros de energía sísmica que debe considerar un ingeniero a la hora de diseñar una estructura, según explicó Martínez Cruzado.

El foro, que fue coordinado por la corredora de seguros Edna Vázquez Bonnet, es parte de un esfuerzo para establecer en Puerto Rico un Código de Mantenimiento que obligue a los dueños de propiedades a rehabilitar sus estructuras. La actividad tuvo como marco de referencia los sismos acontecidos en el suroeste de la isla en 2020 y 2021 y el colapso del edificio Champlain Towers South, ocurrida en 2021 en el sector Surfside en Florida, y en el que fallecieron trágicamente 98 residentes del condominio.

El caso del edificio Champlain Towers South es de singular significado para la iniciativa de establecer en el país un Código de Mantenimiento porque el colapso obedeció a la renuencia de la Junta de Directores para realizar unas obras de rehabilitación urgentes en los cimientos del edificio.

No obstante, en el sector Surfside las inspecciones reglamentarias demostraron graves deficiencias porque se debían efectuar cada 10 años después de que las estructuras cumplieran 40 años desde que fueron construidas. El edificio Champlain Towers South, construido en 1981, iba a alcanzar la edad de 40 años en 2021. De hecho, las únicas inspecciones requeridas antes de que los edificios cumplieran 40 años, iban dirigidas a garantizar que los propietarios cumplieran con los permisos individuales.

Dos grupos de fallas

Aunque los dos grupos de fallas sísmicas han estado en la isla por una cantidad indeterminada de años, para los estudiosos constituyen en realidad fenómenos relativamente nuevos, sostuvo Martínez Cruzado.

El primero de ellos es una falla sísmica que se extiende por más de veintena de pueblos, en un surco diagonal que comienza en Guayama y Salinas y alcanza municipios como Añasco y posiblemente Aguada, Aguadilla y Adjuntas. De hecho, Martínez Cruzado sostuvo que esa falla tiene tres ramificaciones a partir de Adjuntas. La primera de ellas alcanza los pueblos de Aguada y Aguadilla; la segunda los pueblos de Lares, Las Marías y Añasco y la tercera se extiende hacía Mayagüez y discurre hasta Cabo Rojo.

El segundo grupo de fallas se comienza a registrar en la bahía de Boquerón y discurre hacía la bahía de Guánica y la de Guayanilla. 

 “En abril delineamos ocho sitios y de esos seleccionamos cuatro para investigar y descubrimos que son segmentos de fallas sísmicas. Que no es una sola falla que entra por la bahía de Boquerón sino muchas pequeñas fracturas que están activas porque registramos sismos en esa zona continuamente. Esas fallas llevan muchos años allí, pero son nuevas para nosotros porque no se habían descubierto y no han sido investigadas a profundidad”, dijo Martínez Cruzado.

Indicó que otra falla que no ha sido investigada es la conocida como Falla de Punta Montalva, ubicada en la región de Montalva en Guánica y que discurre desde Bahía Montalva, hasta Ensenada Las Pardas y luego dividiendo el Bosque Seco de Guánica.

Iniciativa de ayuda a los ingenieros

Esta falla se considera como una posible ramificación de la Falla de Lajas, la cual sí fue investigada y los resultados fueron incorporados en el mapa de peligrosidad sísmica que patrocina el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Gran parte de los sismos acontecidos en 2020 y 2021 en el suroeste de la isla están relacionados con la Falla de Lajas y la Falla de Punta Montalva. De hecho, la Falla de Punta Montalva será investigada a principios del 2024.

 La última actualización de los mapas de peligrosidad sísmica ocurrió en 2003.  Por mandato del Congreso los mapas se deben actualizar en 2025, lo que implica que estas fallas deben ser investigadas por medio de excavaciones y de análisis de carbono 14 para determinar si están activas y la edad de la falla. No obstante, al no estar en los mapas de peligrosidad sísmica implica que la planificación de construcciones en esas zonas no considera la capacidad destructiva de las fallas.

Martínez Cruzado indicó ante esa realidad y debido al proceso tedioso que exige el Servicio Geológico para incluir las fallas en los mapas de peligrosidad sísmica, en el recinto de la UPR en Mayagüez se decidió hacer los cálculos sobre la capacidad destructiva de las fallas y ofrecerla a los ingenieros.

Ponce, el pueblo  más afectado

“Los ingenieros no son sismólogos. Por esa razón en el recinto de Mayagüez desarrollamos en 2021 la metodología para establecer los espectros que consideran el efecto de esas fallas para que los ingenieros los puedan incorporar en sus diseños, porque sabemos que esas fallas están activas. En Ponce, que está más cerca de las fallas, se duplican las cargas. Si antes se debía diseñar para 10,000 libras ahora se debe diseñar para 20,000 libras. Ponce es el caso más grave que tenemos. En San Juan el aumento es como un 47 %”, explicó.

En 2022 la información fue compartida con el Colegio de Ingenieros, pero Martínez Cruzado dijo desconocer si se estaba utilizando.

El ingeniero sostuvo que durante la investigación de una falla se identifica su extensión y los diversos giros que toma, ya sea en la superficie o en la profundidad de la corteza terrestre.

También se determina la llamada razón de deslizamiento, que es la velocidad en que una placa tectónica se mueve en relación con otra, en la profundidad terrestre, y cuyo efecto en la superficie es precisamente una falla.

Además, es necesario determinar la aceleración, que comprende aquellos factores geológicos y de composición del terreno que facilitan el movimiento sísmico y afectan las estructuras.

Explicó que una de las características de las estructuras es la inercia, es decir, la resistencia de los cuerpos para cambiar su estado de reposo frente a una fuerza externa.

Estos términos también fueron abordados por los ex secretarios de Transportación y Obras Públicas, Carlos Pesquera y José M, Izquierdo, quienes tuvieron una destacada participación en el foro.

Desde 1987 se requiere ductilidad

 De hecho, Pesquera marcó un antes y un después en 1987, cuando ya los códigos de construcción habían incorporado nuevas disposiciones para lograr que las estructuras fueran dúctiles, es decir, que ante un sismo los edificios fueran capaces de experimentar grandes deformaciones sin colapsar.

Martínez Cruzado indicó que para construir una estructura es necesario conocer la magnitud de velocidad que puede generar una falla, la distancia en que se encuentra la falla con respecto a la ubicación de la estructura y los factores de aceleración, tales como un suelo arenoso o atestados de rocas.

Otro aspecto revelador es que los lugares distantes al epicentro de un terremoto no están exentos de sufrir daños. Incluso, Martínez Cruzado indicó que, por el fenómeno de la aceleración y el efecto vibracional en los edificios, los residentes de San Juan no están del todo seguros si el epicentro de un sismo ocurre en un lugar muy distante.

Estar lejos del epicentro no garantiza nada

“En el terremoto de México de 1985 fue a 400 kilómetros de Ciudad de México y en allí se cayeron edificios que mataron 10,000 personas. Las aceleraciones en Ciudad México eran muy bajas, un 10 %, pero las ondas hicieron vibrar los edificios con su propio periodo de vibración y colapsaron un motón de ellos con un saldo de 10,000 muertos. Entonces, no porque el terremoto ocurra lejos implica que no habrá daño. De hecho, esos terremotos a cierta distancia pueden ser más severos. Los terremotos más cercanos afectan más a edificios de dos y tres plantas y si son lejanos les hacen daños a estructuras más altas. Básicamente es por el contenido de la frecuencia, el terreno se mueve de una manera diferente a medida que se va alejando del epicentro del terremoto”, dijo Martínez Cruzado.

“Sabemos que, si tenemos más aceleración debemos diseñar paredes más anchas, considerando el tipo de acero de las varillas y el tipo de hormigón para lograr mayor resistencia en la estructura”, agregó el ingeniero, quien advirtió sobre los efectos letales que tiene la modificación y eliminación de paredes de carga en condominios para lograr más espacio o por razones estéticas.

En el foro surgió que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) solicitó una prórroga en la Legislatura para cumplir con las disposiciones de la de la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 201 (RCC 201), que ordena a la agencia acoger un código internacional de mantenimiento de estructuras y atemperarlo a las condiciones del país.

Los costos de la trajedia

Carlos Oquendo, quien es sub secretario auxiliar de OGPe y dirige el comité que tiene a cargo desarrollar el nuevo código de mantenimiento y su reglamento, indicó que aún falta por realizar una vista técnica y una vista pública, una encomienda que se deberá cumplir en los primeros meses del 2024. OGPe solicitó una prórroga luego de que no pudo culminar con todo lo dispuesto en la RCC 201 el pasado 7 de junio, cuando se cumplió un año desde que la medida fue firmada por el gobernador Pedro Pierluisi.

Timothy Fletcher, quien es vicepresidente de la empresa de reaseguro Gen Re Berkshire Hathaway Company y tuvo una participación estelar en el foro, reveló los astronómicos costos que en realidad causó la tragedia del condominio Champlain Towers, que en 2018 un informe de ingeniería identificó oxidación, hormigón deteriorado y un diseño defectuoso de la plataforma de la piscina cuyas reparaciones costarían $15 millones de dólares.

Tras el colapso, residentes y familiares de los 98 fallecidos radicaron una demanda en un tribunal de Florida, el cual logró un acuerdo de $1,020 millones para compensar a las personas que perdieron a familiares en el derrumbe del edificio. Alrededor de $100 millones irán a honorarios legales y $96 millones a los propietarios que perdieron una de las 136 unidades del edificio.

El dinero proviene de 37 fuentes diferentes, incluidas compañías de seguros, empresas de ingeniería y un condominio de lujo cuya reciente construcción al lado se sospecha que contribuyó al daño estructural de Champlain Towers South. 

De hecho, el sustancial acuerdo alcanzado en el tribunal es uno de los eventos que han contribuido a elevar las pérdidas de determinadas aseguradoras, lo cual ha causado un alza en el costo del reaseguro. Como resultado del aumento en el reaseguro se ha registrado un incremento notable en las primas, restricciones en la cobertura de riesgos y la salida de algunas aseguradoras del estado de Florida.

Nuevas exigencias de inspección en Florida

Aún no existe una determinación oficial sobre qué causó el colapso del edificio y será para 2025 cuando el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) culminé su investigación de la tragedia.

La investigación dirigida por (NIST) trabaja en diversos escenarios diferentes que podrían explicar por qué el edificio de 12 pisos se derrumbó abruptamente la madrugada del 24 de junio de 2021. Aunque ya ha trascendido que la corrosión en las barras de refuerzo, la construcción deficiente y las graves fallas de la terraza de la piscina del edificio provocaron el colapso de la estructura.

Por su parte, el senador estatal Jason Pizzo, quien representa al sector Surfside y participó en el foro, promovió la aprobación de proyectos de ley que establecieron nuevos requisitos para las inspecciones de edificios y condominios.

Una de las medidas exige inspecciones para estructuras de tres pisos o más cada 30 años. Los edificios dentro de un radio de tres millas de la costa requerirían inspecciones 25 años después de su ocupación. También se ordenan inspecciones detalladas para atender problemas estructurales detectados por ingenieros o arquitectos. Además, las asociaciones de residentes de condominios deberán tener reservas financieras adecuadas para realizar las reparaciones y realizar estudios para determinar cuánto dinero se debe reservar.

Reaseguradoras avalan mantenimiento de estructuras

En Florida se aprobaron leyes para establecer restricciones a las llamadas demandas de “mala fe” contra aseguradoras y la creación de un fondo de $2,000 millones para proporcionar un reaseguro adicional a las aseguradoras de propiedad con dificultades para obtener cobertura en el mercado privado. Además, la legislación permitirá que las pólizas de seguro incluyan nuevos deducibles por daños en los techos.

Durante su participación en el foro Federick Millán, presidente de la aseguradora USIC Group, destacó la importancia de establecer un código de mantenimiento ante la realidad de que el mercado de reaseguro transita un período de alza en las primas causado por las pérdidas masivas a nivel mundial que enfrentado las reaseguradoras, las cuales ha sido provocadas principalmente por el cambio climático y el aumento en el costo de las propiedades.

Indicó que establecer un código de mantenimiento es un factor favorable que considerarán  las reaseguradoras.

Lamentan ausencia del tema de erosión costera

El presidente de la aseguradora Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, lamentó que el foro no hubiese atendido a profundidad el tema de la erosión costera, un problema que afecta de manera dramática los condominios costeros, especialmente aquellos ubicados en la zona turística que se extiende desde el Condado, en San Juan, hasta el sector Isla Verde en Carolina.  

Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company, insistió en la necesidad de que las juntas de condómines establezcan un fondo para lidiar con los inevitables deterioros que sufren las propiedades, el cual se deberá nutrir con una porción de los pagos mensuales de mantenimiento.

Luis Negrón, quien es vicepresidente de suscripción y reclamaciones de Mapfre, se pronunció a favor de atender el problema de la erosión costera y el efecto en las estructuras que tienen los distintos tipos de suelo. Negrón también destacó la conveniencia de las pólizas Bare Wall para condominios, en comparación con la póliza Full Value, que según dijo, convierte a los titulares “en rehenes” de las juntas de directores. 

Destacan importancia de los deberes de fiducia

Marimar Pérez-Riera quien preside la Asociación de Titulares de Condominios, recordó que aunque no se radicaron cargos por negligencia contra los miembros de la junta de directores del condominio Champlain Towers por no atender a tiempo el problema en los cimientos de la estructura que habían sido señalados desde 2018, indicó que cada miembro de estos organismos tiene un deber de fiducia, lo cual los convierte en responsables de lo que ocurra en su condominio.

El ingeniero Emilio Colón, quien preside la empresa ECZ Group, trajo a discusión las diversas lagunas que aún perviven en la iniciativa de establecer el Código de Mantenimiento sobre cómo financiar las obras de rehabilitación, especialmente cuando son costosas y los residentes de la estructura carecen de los ingresos para atender esa responsabilidad.

De hecho, diversas voces clamaron durante el foro por la aprobación de un crédito en las contribuciones a la propiedad para los titulares cuyo condominio afronte obras de rehabilitación. Colón indicó que una alternativa es proveer préstamos de rehabilitación sin intereses a los consejos de titulares.

“¿Si el Consejo de Titulares de un condominio no aprueba una derrama para una obra de rehabilitación qué hacemos? ¿Los desalojamos?”, preguntó de manera retórica Colón ante un público que se mantuvo atento y silencioso, quizás una señal de que para los presentes aún faltan muchos asuntos fundamentales por atender en la iniciativa de establecer el Código de Mantenimiento para estructuras.

Por Miguel Díaz Román

La utilización de una malla de fibra de carbón para corregir las columnas cortas en las escuelas públicas que realiza el gobierno no evitará el colapso de escuelas y la muerte de estudiantes y maestros ante un terremoto de alta intensidad, denunció el doctor José A. Martínez Cruzado, profesor del Departamento de Ingeniería Civil, especializado en ingeniería estructural sísmica, en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

“La malla de fibra de carbón no atiende ese problema, esa malla no va a aguantar ante un sismo “, dijo Martínez Cruzado durante la celebración del foro ¿Colapsan condominios y edificios?, celebrado la semana pasada por la Cámara de Comercio en San Juan.

El foro fue parte de un esfuerzo que involucra al Colegio de Ingenieros, la Legislatura y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para establecer en Puerto Rico un Código de Mantenimiento que obligue a los dueños de propiedades de más de 30 años desde que fueron construidas a rehabilitar sus estructuras.

El ingeniero, quien es el director del programa de movimiento fuerte de la Red Sísmica de Puerto Rico, dijo que para corregir el problema de la columna corta es necesario construir paredes de hormigón a ambos lados de la columna para hacerla más rígida y evitar el movimiento lateral.

La llamada “columna corta” es una columna que carece de los elementos estructurales necesarios para garantizar la fortaleza de una estructura y evitar su colapso durante un sismo.  

“Le hemos dicho (al Departamento de Educación) que eso no resuelve el problema. Ellos nos dicen que esa es nuestra opinión. Pero no es un asunto de opinión … .como si esto fuera arte y esto es ciencia y en la ciencia hay que probar las cosas”, dijo Martínez Cruzado.

En el foro el ingeniero Félix Rivera Arroyo, presidente del Comité de Terremotos del Colegio de Ingenieros (CTCI), avaló las denuncias de Martínez Cruzado.

En reacción a los planteamientos de Martínez Cruzado y de Rivera Arroyo, el ingeniero Carlos Oquendo, quien es subsecretario auxiliar de la OGPe, indicó que convocará a los integrantes del comité que tiene a cargo desarrollar el nuevo código de mantenimiento para discutir la denuncias y examinar alternativas.

OGPe podría tomar acción

Oquendo sostuvo que el comité le hará recomendaciones al secretario auxiliar de la OGPe, el licenciado Félix Rivera, sobre las medidas que se deberían tomar en relación con la precariedad de la malla de fibra de carbón.

Según expresó Oquendo, el licenciado Félix Rivera es el regidor de los códigos de construcción y posee competencias para hacer cumplir sus disposiciones, incluyendo aquellas relacionadas con el fortalecimiento de las estructuras para resistir terremotos.

No obstante, el ingeniero Oquendo no indicó que acciones podría tomar Felix Rivera para evitar el uso de la malla de fibra de carbón en las escuelas.

La fibra de carbón es material resistente que, al concebirlo en una malla, puede robustecer una columna porque aporta una rigidez similar a un entramado de varillas. A la columna se le remueve el empañetado y luego se le aplica una capa de pegamento. Finalmente, la malla se incorpora sobre el pegamento. Tras verificar que la malla ha quedado adherida a la columna, se cubre nuevamente con cemento.

Dudan efectividad de fibra de carbón

 Martínez Cruzado y Rivera Arroyo indicó que la rigidez que agrega la fibra de carbón no es suficiente para garantizar que una estructura como una escuela resista un sismo de alta magnitud.  

El uso de la “columna corta” en la construcción de cientos de escuelas públicas fue denunciado reiteradamente por el CTCI, pero no fue hasta que ocurrió el colapso de la escuela Agripina Seda en Guánica el 7 de enero del 2020, luego de que un terremoto de magnitud 6.4 golpeara la zona suroeste de la isla, que la controversia ha tomado relevancia en el debate público en Puerto Rico.

Tras una evaluación se determinó que la escuela Agripina Seda, construida antes de 1987, colapsó por el efecto de la columna corta.

“Aquí la suerte fue que ese terremoto ocurrió en la madrugada cuando la escuela estaba vacía. Eso fue a las 4.24 de la madrugada. Si no eso hubiera sido una tragedia en este país”, advirtió Rivera Arroyo.

Mecanismo costoso

Los ingenieros sostuvieron que el uso de la malla de fibra de carbón es un mecanismo costoso e ineficiente para garantizar que las “columnas cortas” de un plantel escolar no cedan frente a los estremecimientos generados por un sismo de alta intensidad.

Indicó que una manera efectiva para aumentar la resistencia de las escuelas a los sismos es utilizar unos amplios marcos de metal que se colocan en determinados lugares del edificio.

“Esos marcos le dan rigidez a la estructura”, dijo el ingeniero.

 Otra medida es levantar las llamadas paredes decortantes, que son paredes de doble camada de varillas, que son ubicadas en secuencia a determinada distancia (cada dos o cuatro salones de clase en una escuela), con el fin de aumentar la capacidad de la estructura para resistir y evitar el colapso.

“Son alternativas mucho mejores que la fibra de carbón porque impiden un colapso, que es lo que queremos evitar. Una escuela con fibra de carbón está en riesgo de colapso, no necesariamente total porque puede ser parcial. Pero la fibra no evita el colapso”, reiteró Rivera Arroyo.

$276 millones por la borda

“Están botando el dinero, se lo hemos dicho”, dijo Martínez Cruzado.

En una primera etapa la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) tuvo a cargo atender el problema de la columna corta en las escuelas, para los que se invirtieron $276 millones. En una segunda etapa, que comenzó en 2021, la reconstrucción de escuelas estará a cargo de la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción del Departamento de Educación.

“Ya han botado $276 millones con unas reparaciones que técnicamente no resuelven el problema porque no evitan el colapso. El gobernador es el primero que no hace caso a lo que hemos dicho y es una irresponsabilidad que un gobernante no vele por la seguridad de su gente porque Puerto Rico está ubicado en una zona sísmica bien activa y la seguridad debe ser lo más importante”, dijo Rivera Arroyo.