Por Miguel Díaz Román

La muerte de Yevgeni Prighozin pudo causar júbilo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, luego de su fanfarronada militar de intentar tomar Moscú el pasado mes de junio, y algo de euforia a la camarilla de militares rusos que recibieron los duros insultos del jefe del Grupo Wagner desde el campo de batalla en Ucrania.

Pero los efectos a largo plazo de esa muerte pueden llegar a ser catastróficos para Rusia, Europa y para el conjunto de naciones donde los mercenarios de Prighozin tienen entrada, de acuerdo con analistas de la geopolítica europea.

Estos analistas sostienen que tras la muerte de Prigozhin, muchos de los mercenarios del Grupo Wagner, que ascienden a 50,000 soldados, podrían dividirse en grupos paramilitares para dedicarse a la actividad criminal.  

Un comportamiento que ya se ha registrado en países como El Salvador y Siria, donde los militares desmovilizados se han trasladado a la actividad criminal ante la ausencia de mecanismos estatales para utilizar esos recursos.

El miércoles de la pasada semana el mundo pudo observar un video que mostraba el avión privado de Prigozhin precipitarse en territorio ruso luego de despegar desde un aeropuerto en Moscú en un viaje que lo llevaría a San Petersburgo.

En la nave viajaba la plana mayor del Grupo Wagner, incluyendo a Prigozhin, quien adquirió fama por sus vídeos insultantes contra el ministro de defensa ruso, Serguéi Shoigú, porque su ejército mercenario no recibía suficientes municiones del gobierno para su campaña militar en Ucrania.

Luego, Prigozhin llenó titulares alrededor del planeta al liderar un espectacular levantamiento militar contra el Kremlin el pasado mes de junio, en el que logró tomar la ciudad rusa de Rostov del Don.

El levantamiento provocó un reagrupamiento del ejército ruso cerca en el Kremlin y en la periferia de Moscú, que anticipaba una inminente derrota para la columna de mercenarios del Grupo Wagner que se dirigía a la capital rusa en un escuálido convoy de tanques y camiones. 

Muy rápida la muerte de Prigozhin

A millas de Moscú, Prigozhin desistió de su fanfarronada y aceptó reubicarse junto a sus mercenarios en Bielorrusia. 

De inmediato, Putin catalogó la acción de Grupo Wagner como una traición, lo que generó especulaciones sobre la inminente muerte de Prigozhin de la misma manera como fueron asesinados otros opositores del presidente ruso.

A modo de ejemplo es preciso recordar que en 2006 fueron asesinados Alexander Litvinenko y Anna Politkovskaya, quienes criticaron la embestida rusa en Chechenia a principios de los años 2,000.

 Sobre Prigozhin Putin llegó a decir que «era un hombre con un destino difícil y cometió graves errores en la vida».

De hecho, lo que ha llamado la atención es la rápida muerte de Prigozhin, apenas dos meses después del intento de golpe en Moscú.  

Unas hipótesis apuntan que el asesinato obedeció a dos misiles lanzados desde la tierra que derribaron la aeronave, mientras que funcionarios estadounidenses sospechan que el aparato voló en pedazos a causa de un artefacto explosivo colocado en su interior.

El principal asesor de la presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha afirmado que la muerte de Prighozin es obra de Putin. También ha dicho que el asesinato del líder del Grupo Wagner es un intento de enviar un mensaje a las élites rusas que podrían oponerse a la guerra en Ucrania y a otras decisiones del presidente ruso, ante la celebración de las elecciones del próximo año.

Un saludo a la actividad criminal 

Por su parte, el historiador británico Orlando Figes, dijo que Putin «necesitaba demostrar que hay un solo poder en Rusia».

Figes argumentó que el motín que encabezó Prigozhin demostró que el régimen ruso está «muy enraizado en el poder» y que no se erosiona por «rebeliones o protestas populares».

«Como era de esperar, Putin ha utilizado el motín para hacer una limpieza en los mandos militares y probablemente veamos también una purga en las fuerzas de seguridad», analizó el historiador.

En declaraciones a la cadena de radio española SER, Mariano Aguirre, quien es investigador asociado del Instituto Chatham House, dijo que el escenario con mayores posibilidades es que los mercenarios del Grupo Wagner se integren a la actividad criminal.  

El Instituto Chatham House es uno de los bancos de ideas más prestigiosos del mundo dedicados al estudio de la geopolítica y las relaciones internacionales.

Aguirre dijo que desde el intento de golpe de estado del Grupo Wagner ha habido cientos de análisis que «aseguraban que ese desafío tan público era un símbolo claro de la debilidad de Vladimir Putin”, por lo que el presidente ruso necesitaba hacer una demostración de control y poder. 

Los mercenarios no favorecen el ejército ruso

Aguirre dijo que con el asesinato de Prighozin “Putin ha mostrado fuerza y total impunidad».

Agregó que actualmente existe incertidumbre sobre el futuro que le espera al Grupo Wagner tras la muerte de su líder. El analista recordó que Grupo Wagner no es solo un grupo de mercenarios, sino un conglomerado empresarial «ilícito», en el que «hay empresas dedicadas a la desinformación en redes sociales para difundir información falsa, y hay grupos armados diversos».

Según un estudio del diario francés Le Monde, existen alrededor de 400 empresas reales o ficticias, controladas directa o indirectamente por el gobierno ruso, entre las que se encuentra Grupo Wagner.

Aguirre dijo que, aunque el Kremlin haya ordenado a los miembros de Wagner inscribirse en el ejército ruso, eso no ocurrirá. El analista advirtió que el dilema para el gobierno ruso es «cómo integrar a muchos miles de mercenarios que han sido y son criminales que estaban en las cárceles rusas». Actualmente hay mercenarios de Wagner en África, Rusia y Bielorrusia.

Aguirre considera que en el futuro inmediato el escenario con mayores posibilidades es que los mercenarios podrían padecer de lo que llamó la «sirianización».

«De la misma manera que ha ocurrido en Siria, desde el Grupo Wagner van a formarse diferentes grupos armados que van a operar fundamentalmente en el terreno del crimen, aunque usarán alguna justificación política para sus actos. Y eso es enormemente peligroso para todos los países que tienen frontera con Rusia», advirtió.

El politólogo Andrei Kolesnikov, de la Fundación del Carnegie para la Paz Internacional, sostuvo que las unidades de Wagner “desaparecerán, en parte contratados por el ejército regular ruso». No obstante, en declaraciones al diario español El Independiente, Kolesnikov coincidió con Aguirre al señalar que una parte de los mercenarios «se convertirán en grupos criminales fuera de control y con armas”.

Para este reportaje el periodista se nutrió de diversos artículos publicados en la prensa estadounidense y en periódicos internacionales.

Por Miguel Díaz Román

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) seleccionó hoy en la tarde a la doctora Ilka Ríos Reyes como nueva rectora en propiedad del Recinto de Ciencias Médicas (RCM).

La selección, que se realizó por medio de una votación en la que la doctora Ríos Reyes recibió ocho votos a favor y cinco en contra, culmina un período tumultuoso en el RCM causado la esperada selección del rector en propiedad y el enfrentamiento dialéctico entre los que apoyaban a los distintos candidatos que competían por la posición.

Además de la doctora Ríos Reyes, para el cargo competían el oftalmólogo Natalio Izquierdo Encarnación y el actual rector interno del RCM, Carlos Ortiz Reyes.

La contienda había generado una enconada controversia en la UPR, entre los sectores liberales que apoyan la permanencia del rector interino Ortiz Reyes, y los sectores más conservadores y preocupados por el prestigio institucional, que habían favorecido a la selección de la doctora Ríos Reyes, quien ya había ocupado la posición de rectora del RCM. Ríos Reyes ocupó el cargo desde diciembre de 2021 hasta su renuncia en agosto del 2022.

Con esta determinación la Junta de Gobierno avaló la recomendación del presidente de la UPR, Luis Ferrao. El regreso de Ríos Reyes no fue fácil pues su candidatura enfrentó dificultades en el RCM hasta el punto de que no se le permitió aspirar al cargo con excusas procesales. La doctora Ríos Reyes presentó un interdicto en el Tribunal y los abogados de la UPR se allanaron a su pedido para que su candidatura fuera aceptada.

La candidatura de Ortiz Reyes generó serios cuestionamientos debido a las dudas insistentes sobre sus credenciales académicas y porque no es doctor en medicina.

 El “curriculum vitae” de Ortiz Reyes indica que posee un bachillerato del RCM obtenido en 1986, una maestría de Phoenix University en el año 2,000 y estudios conducentes a grado doctoral en Nova Southeastern University.

También hubo denuncias sobre irregularidades en la contratación de una empresa de su propiedad por el Centro Comprensivo de Cáncer. El pasado 16 de agosto se radicaron dos querellas en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina del Contralor (OC). Las querellas le imputan actos de corrupción a Ortiz Reyes.

Por Miguel Díaz Román

El pasado lunes el expresidente Donald Trump fue acusado de participar activamente en una asociación con fines criminales para revocar los resultados electorales de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.

El pliego acusatorio de 41 cargos, invoca la ley estatal contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (Rico, por sus siglas en inglés) como herramienta legal para imputar lo que sin duda es el delito principal: que Trump y sus allegados integraban una asociación con fines criminales para subvertir las elecciones en Georgia.

De hecho, sería la primera vez que un expresidente de Estados Unidos enfrenta cargos por la Ley RICO, un estatuto que en el pasado ha sido utilizado contra jefes mafiosos como John Gotti y Vincent Gigante, porque permite a las fiscalías atar los cabos para llegar a los autores intelectuales de las actividades criminales.

Más de 30 estados han implementado sus propias versiones de la ley federal RICO y el modelo adoptado en Georgia tiene un alcance especialmente amplio.

La Ley RICO federal señala 35 crímenes relacionados con el acto de extorsión, pero la Ley RICO de Georgia contempla 65 crímenes.

La acusación contra el ex presidente Trump y otros 18 acusados incluye los delitos graves de conspiración, extorsión y chantaje. El expresidente también fue acusado de emitir declaraciones y escritos falsos, conspiración para cometer falsificación, solicitar a funcionarios públicos que violen sus juramentos, presentación de documentos falsos, influir en testigos, robo informático y perjurio.

La acusación revela la alegada conspiración para presionar a los funcionarios locales de Georgia, hacer declaraciones falsas sobre fraude electoral a las legislaturas estatales, hostigar a los trabajadores electorales y solicitar favores a funcionarios del Departamento de Justicia y al entonces vicepresidente Mike Pence.

También incluye una lista de acciones realizadas por Trump y sus asociados para promover la conspiración y violar las normas electorales en Georgia.

La acusación, aprobada el mismo lunes por un gran jurado, fue presentada en el tribunal estatal de la ciudad de Atlanta, que es la capital del estado de Georgia.

Imputados los allegados de Trump

Los cargos fueron radicados por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, quien le imputa a Trump y a otros 18 acusados que conspiraron deliberadamente para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones en Georgia a favor del expresidente, luego de que él y sus allegados se negaran a aceptar la derrota electoral.

«Los acusados participaron en una empresa criminal de chantaje para anular los resultados electorales de Georgia», dijo Willis.

Entre los acusados figuran el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows, el ex funcionario del Departamento de Justicia Jeffrey Clark y los abogados John Eastman, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis y Ray Smith.

Otro de los acusados es la abogada Sidney Powell, quien ganó notoriedad por difundir acusaciones infundadas sobre que las máquinas electorales suplidas por la empresa Dominion estaban manipuladas para favorecer las aspiraciones del entonces candidato a la presidencia Joe Biden en los estados de Georgia y Pensilvania. 

De hecho, las teorías conspiratorias de Powell resultaron tan increíbles que la Casa Blanca decidió prescindir de los servicios de la abogada como asesora de Trump. La acusación también incluye a David Shafer, quien es el ex presidente del partido republicano de Georgia.

Escenario mediático para el ex presidente

Además, la fiscal Willis sostiene en la acusación que la empresa criminal de Trump y sus allegados se extendía a los otros estados disputados como Arizona, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pennsylvania, Wisconsin y Washington, DC.

Según ha trascendido en la prensa, la fiscal Willis comenzó a investigar a Trump poco después de que salieran a la luz la llamada telefónica que el entonces presidente Trump le hizo al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, el 2 de enero de 2021, exigiendo que «encontrara 11.780 votos».

En una conferencia de prensa celebrada el lunes en la noche, la fiscal Willis solicitó a los 19 acusados que se entreguen antes del 25 de agosto. Dijo que tiene la intención de juzgar a todos acusados en un solo caso, y se propone celebrar el juicio en los próximos 6 meses.

La solicitud de la fiscal Willis al ex presidente y a los otros 18 acusados prepara el escenario para un nuevo evento mediático en el que Trump comparecerá ante los medios de comunicación a repetir su arenga sobre que los cargos obedecen a la presunta persecución en su contra orquestada por el Departamento de Justica y los demócratas, con el fin de evitar que logre la nominación para la candidatura a la presidencia por el Partido Republicano en el 2024.

Por supuesto, se espera que Trump se declare inocente. Los 41 cargos radicados en Georgia elevan a 91 el número total de cargos que enfrenta Trump en cuatro casos penales, los cuales han creado las condiciones para que el ex presidente se enfrente a un apretado embudo judicial y electoral en 2024 cuyo desenlace es muy difícil de anticipar en este momento.

Acusaciones alimentan respaldo electoral

En dos de los otros tres casos que enfrenta Trump ha sido acusado por el fiscal especial Jack Smith por el presunto intento de conspirar para alterar el resultado de las elecciones de 2020, una causa que será ventilada en el tribunal federal en Washington, y por negligencia en el manejo de documentos confidenciales, un caso que se verá en un tribunal federal de Florida.

Además, Trump deberá responder por los alegados pagos ilegales que realizó en 2016 a una actriz porno para comprar su silencio, un pleito que se dilucida en un tribunal federal en Nueva York.

Pero es fácil prever que la cuarta acusación contra Trump en Georgia podría aumentar el apoyo del candidato entre los millones de incondicionales republicanos, quienes consideran que las múltiples acusaciones que enfrenta son prueba de sus afirmaciones de que el gobierno federal, promovido por los demócratas, lo persigue para evitar su regreso a la Casa Blanca.

Los estadounidenses nunca han visto el procesamiento por fiscales federales de un posible candidato a la presidencia en el año que serán celebradas las elecciones generales.

No hay duda que Trump sacará provecho de la compleja agenda que le depara acudir a numerosos cónclaves políticos en diversos estados del país, mientras, simultáneamente, comparece a vistas judiciales en Washington, Florida, New York y Georgia.

Obviamente, todo ese intrincado escenario de vistas judiciales, discursos políticos y los efectos de la campaña política publicitaria causarán un flujo interminable de imágenes de Trump en los medios de comunicación que deberían causar una cosecha favorable en las encuestas.

Evento inédito

Ya las encuestas favorecen a Trump por una ventaja considerable en relación con la puntuación que logran sus contrincantes en la inminente primaria republicana y no existen señales claras de que la gravedad de los cargos radicados contra el ex presidente y sus allegados en Georgia hayan causado al menos una merma en el apoyo de sus huestes.

La gravedad y las repercusiones de los cargos radicados en Georgia superan cualquier escándalo político estadounidense moderno, incluyendo el caso Watergate que causó la caída del ex presidente Richard Nixon, y el intento de destitución del ex presidente Bill Clinton.

De hecho, cada vez con más frecuencia se escuchan voces en el escenario mediático estadounidense que anticipan reverberaciones violentas si los graves cargos contra Trump culminan en veredictos de culpabilidad y posibles condenas de cárcel. Algunos de los cargos radicados en Georgia contemplan penas de hasta 20 años de cárcel.

Sin duda alguna un veredicto de culpabilidad antes de las elecciones provocará un evento inédito en la historia estadounidense en el que el sistema judicial deberá sentenciar a un ex presidente y posible candidato a la presidencia que es protegido por el servicio secreto.  

Para echar más leña al fuego es preciso recordar que el proceso judicial en Georgia estará en las ondas televisivas en todo Estados Unidos debido a que las normas estatales establecen que los casos judiciales se deben difundir en televisión.

Otro factor importante es que, si Trump ganara la nominación republicana y luego las elecciones presidenciales de 2024, no podría emitir un indulto a su favor, si fuera encontrado culpable en Georgia, porque es un proceso estatal en el que el gobierno federal no posee jurisdicción.

Además, Trump tampoco podrá ejercer presión para que la fiscalía retirara los cargos, porque se trata de un caso gestionado por la fiscalía del estado de Georgia, sobre el cual el extraordinario poder de la presidencia carece de autoridad. 

Para este reportaje el periodista se nutrió de diversos artículos publicados en la prensa estadounidense y en periódicos internacionales.

Por Miguel Díaz Román

En una desarticulada reacción a una historia publicada el sábado por este medio, el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico emitió ayer un comunicado que pretende convertir a este periodista en protagonista de la controversia sobre la selección en propiedad de un rector para esa institución, cuando en realidad el asunto reseñado trata de dos querellas contra el rector interino de la institución, Carlos Ortiz Reyes.

Las querellas fueron radicadas en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina del Contralor (OC), y le imputan actos de corrupción Ortiz Reyes, quien es uno de los tres candidatos que compiten para la posición de rector del RCM.

A pesar de que la historia publicada el sábado reseña ampliamente el contenido de las querellas, en el comunicado del RCM no hace alusión a ellas.

En cambio, el comunicado del RCM y la licenciada Rosa Martínez, quien se identifica como ayudante de Ortiz Reyes, dirigen sus ataques contra este periodista mientras ignoran los señalamientos que surgen de las querellas.

Luego, en un claro intento de intimidar a este periodista con acciones legales y de suprimir el trabajo periodístico de investigación, la licenciada Martínez advierte que “podrían considerarse acciones legales por difamación”.

No obstante, la abogada no aclara quién es el objetivo de esa difamación y no explica en qué consiste la información que ella considera que es difamatoria. 

De hecho, desde que he prestado atención a la controversia sobre la selección de un rector para el RCM,  ni el señor Ortiz Reyes ni la licenciada Martínez se han comunicado con este periodista para aclarar o refutar alguna información publicada.

Todos mis escritos sobre esta controversia están accesibles en SN. Invitó a los lectores a indagar en esos artículos para que de forma directa y sin intermediarios, puedan formar una opinión responsable sobre mi trabajo periodístico y el esfuerzo realizado para que todas las partes involucradas expresen su particular punto de vista.

Con el fin de ayudar a la licenciada Martínez a cumplir con el código de ética que regula la profesión de los abogados en Puerto Rico, la invitó también a leer esos escritos. De hecho, esta publicación estará acompañada de una copia digital de una de las dos querellas radicadas, debido a que el contenido de ambos documentos son similares. Las querellas fueron presentadas el 16 de agosto por el ciudadano Benjamín Betancourt.

Serios cuestionamientos

La candidatura de Ortiz Reyes a la posición de rector del RCM ha provocado serios cuestionamientos porque el funcionario no es doctor en medicina. He atendido esta controversia en mis escritos con puntuales cuestionamientos.

Además, las credenciales académicas de Ortiz Reyes han sido tema de señalamientos públicos de parte del doctor Hermán Cestero, quien es especialista en cirugía y miembro de la Junta de Gobierno de la UPR, y por el conocido cardiólogo Iván González Cancel.

De hecho, ambos doctores están convencidos de que Ortiz Reyes no es un candidato idóneo para ocupar la posición de rector en propiedad del RCM. Incluso, el presidente de la UPR, el doctor Luis A. Ferrao, mantuvo silencio cuando este periodista solicitó que revelara las credenciales académicas de Ortiz Reyes.

Los legítimos cuestionamientos sobre los contratos de una empresa de Ortiz Reyes, IT Group Solutions Puerto Rico Inc (ITGS), con el Centro Comprensivo de Cáncer (CCC) durante los años 2019 y 2020, es otra de las controversias que he investigado y sobre las que los lectores encontrarán escritos en SN.

Querellas alegan no hubo dispensa

Precisamente, esta controversia es el motivo principal de las querellas radicadas en la OEG y en la OC. 

Las querellas sostienen que Ortiz Reyes no presentó ni obtuvo una dispensa para gestionar los contratos con el CCC. Según las querellas, la dispensa, que debía emitir la OEG, era necesaria debido a que, al momento en que fueron concedidos los contratos, Ortiz Reyes era un empleado del RCM mientras que el CCC es una unidad hospitalaria adscrita a la UPR.

También señalan las querellas que tanto Ortiz Reyes como el CCC violentaron una disposición que figura en ambos contratos, la cláusula 23.2, la cual exige que al momento de la contratación ni la parte contratante y sus empleados tienen posiciones regulares o de confianza en el gobierno.

En esos años Ortiz Reyes se desempeñaba como director de la oficina de Informática y recursos educativos de la escuela de profesiones de la salud del RCM, mientras simultáneamente ocupaba la posición de presidente de ITGS. Además, en el certificado de incorporación de ITGS figura como vicepresidente Eliel Melón, quien para los años 2019 y 2020, laboraba en la escuela de profesiones de la salud del RCM.

Para ese reportaje Ángel Hoyos, portavoz de Ortiz Reyes, no respondió a los reiterados pedidos de este periodista para que explicara las interrogantes relacionadas con los contratos.

Hoyos es fiel representante de una nueva generación de relacionistas públicos que gestionan a toda fuerza que su “jefe” quede bien en los medios de comunicación y que suelen no responder a las preguntas controversiales, una conducta que contraviene los objetivos fundamentales de las relaciones públicas.

Obligados a decir la verdad 

Puedo entender que al sentir el calor de la fiscalización periodística los directivos del RCM se hayan sentido conturbados, pues históricamente esa institución del sistema universitario público ha gozado de una privilegiada posición, tal como si fuera un satélite adorado e inalcanzable.

Pero lo cierto es que los funcionarios públicos están obligados a ofrecer explicaciones de su gestión, a esclarecer dudas y discutir abiertamente y con la verdad y documentos, las controversias que pueden surgir durante su incumbencia.

La transparencia y el acceso a la información en el servicio público es un deber inquebrantable para conservar la confianza de la ciudadanía y jamás, estas prioridades de la buena gobernanza pueden estar condicionadas por los caprichos de figuras transitorias y de poco calado.   

La OEG, a través de su portavoz para la prensa, Jennifer Rodríguez, indicó que la contratación de la empresa ITGS por parte de CCC, es completamente legal. Rodríguez indicó que Ortiz Reyes no necesitaba solicitar una dispensa de la OEG para tener responsabilidades adicionales.

Ley 100 no tiene jurisdicción

Pero la funcionaria también dijo que la entidad para la cual trabajaba Ortiz Reyes, en este caso el RCM, le correspondía dar ese consentimiento sobre responsabilidades adicionales, según lo establece la Ley de Contrataciones de Empleados Públicos de la Universidad de Puerto Rico, mejor conocida como la ley 100 de 1956.

Sobre la aplicabilidad de la cláusula 23.2 que contienen los contratos, Rodríguez señaló que Ortiz Reyes debía obtener el consentimiento del RCM de acuerdo como lo dispone la Ley 100.

Del comunicado del RCM y de unas expresiones que envió Hoyos, se desprende que la Ley 100 no tiene jurisdicción porque, alegadamente, Ortiz Reyes no fue contratado por el CCC en su carácter personal, sino que el contrato fue con ITGS.

Sobre la aplicabilidad de la cláusula 23.2, tanto el comunicado del RCM como las expresiones enviadas por Hoyos, sostienen que la empresa ITGS estaba exenta de cumplir con esa disposición.

Esta conclusión obedece a que el artículo 5 de la Ley 237 del 2004 o ley de Parámetros Uniformes en los Procesos de Contrataciones de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales, establece que en los contratos con individuos se debe incluir una cláusula donde se indique que el contratista no recibe pago o compensación alguna por servicios regulares prestados bajo nombramiento en otra entidad pública, excepto los autorizados por Ley.

Por lo cual, tanto la licenciada Martínez como Hoyos concluyen que la cláusula 23.2 se refiere a individuos y no es un requisito que debía cumplir la empresa ITGS. En el escrito enviado por Hoyos se establece que correspondía al CCC hacer valer la cláusula 23.2 para verificar que los contratistas cumplan con todos los requisitos estipulados en los contratos.

No obstante, según ese escrito, ITGS también estaba exento de cumplir con el requisito de dispensa, debido a que el contratista fue una corporación.

Sobre estos argumentos la OEG y la OC deberán expresarse si las querellas radicadas son investigadas debidamente por estas dependencias.