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Proveedores de servicios de Salud piden al gobernador que revise el CIS porque no beneficia al país

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Por Miguel Díaz Román

En medio de la agria controversia que ha enfrentado el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, con el senador Juan Zaragoza Gómez, quien es el autor de una resolución que expresa el repudio del Senado contra el funcionario y exige su destitución, un grupo de médicos y proveedores de Salud le solicitaron al gobernador Pedro Pierluisi que revise la ley matriz del Centro Internacional de Seguros (CIS).

En una carta enviada al Primer Ejecutivo el pasado 17 de noviembre, los médicos y proveedores de Salud sostuvieron que el CIS no ofrece beneficios al país sino a las aseguradoras que allí operan, pues están exentas de pagar contribuciones por las ganancias que obtienen.    

En la carta, los médicos y proveedores de Salud expresaron su apoyo a Adams Vega y rechazaron la Resolución del Senado 852, que ese cuerpo aprobó al final de la pasada sesión legislativa el 14 de noviembre.

La resolución 852 fue avalada por la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, que es presidida por Zaragoza Gómez. La medida expresa el repudio del Senado contra Adams Vega, y le solicita al gobernador que lo destituya de inmediato.

La resolución condena las acciones de Adams Vega por representar falsamente ante la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) que poseía la autoridad en ley para prohibir, por la vía administrativa, que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS pudiesen suscribir riesgos en los Estados Unidos.

La resolución 852 sostiene que Adams Vega hizo esa falsa representación con el fin de lograr que la NAIC aceptara acreditar nuevamente a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el 12 de diciembre de 2022. La acreditación fue suspendida en julio de 2020.

El único comisionado honesto

La comunicación de los médicos y los proveedores de servicios de Salud sostiene que la resolución 852 “pretende eliminar al único comisionado de seguros honesto que Puerto Rico ha tenido en décadas”.

Además, alega que el licenciado Adams Vega “representa la primera oportunidad de tener un Comisionado que aplique el Código de Seguros y la Ley de Pago Puntual a los planes médicos como se requiere y en favor de los proveedores de servicios de salud, y a la vez salvar lo que nos queda del sistema de salud”.

Según la comunicación, la exigua mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado fue la responsable de aprobar la resolución 852 y también declara que los miembros de ese partido son los principales defensores de la Ley 399 de 22 de septiembre de 2004, que es la ley matriz del CIS.

No obstante, la resolución 852 fue aprobada con el voto a favor del senador Willian Villafañe, quien competirá en una primaria en el Partido Nuevo Progresista por la posición de candidato a Comisionado Residente.

La resolución también fue respaldada por la senadora Ana Irma Rivera Lassén, de Victoria Ciudadana, y la senadora Joanne Rodríguez Veve, quien pertenece a Proyecto Dignidad.

La carta asegura que la ley 399 y el CIS “en nada beneficia al pueblo, pero si a los grandes intereses de las aseguradoras, al permitirles operar en PR sin pagar un solo centavo en contribuciones”.

La comunicación agrega que la resolución 852 de alguna manera beneficia los intereses personales del senador intereses del Senador Zaragoza, los cuales no son identificados en la escueta carta de una página.

El CIS favorece economía local

“No podemos permitir que sus intereses personales (de Zaragoza) ni los del PPD prevalezcan. Contamos con su buen juicio y haga caso omiso a la Resolución del Senado 852 y en su lugar endose las acciones del licenciado Adams y anuncie su intención de revisar Ley 399 para evaluar su aportación al pueblo de Puerto Rico”, concluye la comunicación, la cual, alegadamente, fue firmada por numerosos médicos y proveedores de servicios de Salud como propietarios de laboratorios clínicos, farmacias y médicos especialistas.

La exposición de motivos de la ley 399 indica que el establecimiento en Puerto Rico de las aseguradoras y reaseguradoras internacionales en el CIS posibilitará a las aseguradoras locales más acceso a reaseguro, en particular para fortalecer los seguros de propiedad para riesgos catastróficos.

También señala que el CIS tendrá un impacto positivo en la industria financiera en general, principalmente por el aumento en la liquidez del mercado de capital. Además, la exposición de motivos expresa que el CIS promoverá la creación de empleos directos e indirectos en el área de servicios financieros, los cuales son plazas especializadas y altamente remuneradas.

Otro factor a favor de establecer el CIS es que la isla posee la infraestructura de servicios experimentados y un sistema reglamentario que le permite competir con otros CIS desarrollados en Bermudas, Barbados y las Islas Caymán. No obstante, las entidades que se ubiquen aquí tendrán pleno acceso al mercado internacional y al mercado de Estados Unidos, lo cual es un atractivo importante.

Aseguradoras del CIS exentas de contribuciones

Pero el expresidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, José Sánchez, dijo que firmó la comunicación porque “la ley 399 solo beneficia a las aseguradoras del CIS, que no pagan ningún tipo de contribuciones. Es solo un paraíso fiscal para estas aseguradoras. Los costos de los seguros han seguido aumentando; para que las aseguradoras paguen los daños de un huracán sigue siendo un serio problema.  Aunque pongan todo su capital y reservas en la banca local, no impacta la disponibilidad de préstamos a un interés razonable que ayude al desarrollo económico. Es una ley que solo beneficia a estas compañías”.

Sánchez también señaló que el pueblo no puede olvidar que el senador Zaragoza, quien es actualmente competirá en una primaria en el PPD por la candidatura para la posición de gobernador por ese partido, “es el exsecretario de Hacienda que más impuestos abusivos nos impuso y tuvo a Ángela Wayne como Comisionada de Seguros. Esto a pesar de los serios conflictos de interés que se publicaron en los medios. El hoy senador Zaragoza la mantuvo en su posición y todavía se atreve a cuestionar el excelente trabajo de Adams Vega”.

El pasado 6 de octubre la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal emitió un informe parcial de la Resolución del Senado 612, la cual fue radicada en junio del 2022 por Zaragoza Gómez, para investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS.

Adams Vega actuó de manera ilegal

 Según el informe parcial, Adams Vega tomó unas medidas administrativas sin tener la autoridad en ley para hacerlo, y en abierta contradicción con la ley 399 del 2004, que es ley matriz del CIS, y con las disposiciones de la regla 80, que agrupa los normas que regulan a los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS.

El 7 de diciembre de 2022 Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007, la cual sostiene, entre otros planteamientos, que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por NAIC, deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional.

Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, el 12 de diciembre de 2022 la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS. El informe señala que la NAIC aprobó la reacreditación fundamentada en la representación promovida por Adams Vega sobre que la OCS había implantado medidas administrativas que prohibía a los aseguradores y reaseguradores internacionales suscribir riesgos en los Estados Unidos.

PRIIA rechaza acciones de la OCS

En una ponencia ante el Senado, Hugo Córdova, presidente de la Asociación de Aseguradoras Internacionales de Puerto Rico (PRIIA por sus siglas en inglés) sostuvo que en 2020 la OCS introdujo enmiendas a la Regla 80 que impedían que los aseguradores internacionales suscribieran riesgos en el mercado de seguros de Estados Unidos, una prohibición que resultó contradictoria pues la Ley 399 lo permite.

Córdova indicó que finalmente la OCS acogió la mayoría de los cambios que PRIIA propuso a las enmiendas a la Regla 80.

“Sin embargo, dos años después, en diciembre de 2022, y coincidiendo en tiempo con la reacreditación de la OCS por parte de la NAIC, el Comisionado de Seguros decidió emitir la Carta Circular 2022-2007de la OCS sobre Negocios en Estados Unidos. En la misma y, nuevamente, en abierta contravención a las disposiciones de la Ley 399 y de su clara política pública, el Comisionado de Seguros determinó que, a partir de ese momento, ningún asegurador internacional podía realizar negocios en Estados Unidos a menos que cumpliera con los mismos requisitos de ley con los que debía cumplir todo asegurador doméstico tradicional para hacer negocios en Puerto Rico bajo las disposiciones aplicables del Código de Seguros.

Por exactamente las mismas razones que se había opuesto en el año 2020 a las enmiendas propuestas por la OCS a la Regla 80, PRIIA se opuso a la Carta Circular de la OCS sobre Negocios en Estados Unidos”, indicó Córdova.

La NAIC suspendió la acreditación de la OCS el 27 de julio de 2020, durante la incumbencia del ex Comisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui, debido a que, en 2018 el entonces Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, avaló una transacción de que involucró una aseguradora instalada en el CIS, cuya repercusión financiera pudo afectar a miles de asegurados en múltiples estados de Estados Unidos.

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