Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre las dramáticas denuncias de la empresa Suiza Dairy sobre que sustitución económica se ha deteriorado por la inacción del gobierno en aumentar el precio de la leche. Además conversamos sobre el presupuesto del Departamento de Agricultura y sobre la impugnación que ya realizó Suiza Dairy contra dos reglamentos enmendados que facilitan la asignación de productores de leche a la planta de balance Indulac, la cual se pretende tratar como otra planta comercial.
También dialogamos sobre una proyección económica de la Junta de Planificación sobre el presunto crecimiento económico en 2033 y su relacion con la baja en la tasa de desempleo. Además, tocamos el tema sobre la comparación de Puerto Rico con el principado de Andorra.
INFORME SEMANAL-15 de septiembre de 2023
Acosada por deudas millonarias Suiza Dairy advierte colapso de industria lechera por culpa de ORIL
Por Miguel Díaz Román
La empresa Suiza Dairy reveló ayer que enfrenta pérdidas de $100 millones como resultado de que no han sido revisados correctamente los precios de la leche y advirtió que considera tomar “alternativas dramáticas”, que podrían causar el colapso de la industria lechera, debido a que la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) no cumple su propia reglamentación, toma decisiones arbitrarias y continuamente beneficia ilegalmente a la planta de balance Indulac.
La empresa, que tiene 700 empleados, adquiere diariamente la leche que producen 150 vaquerías y produce más del 55 % de la leche fresca que se consume en Puerto Rico, denunció que desde el pasado año han acudido a diversos funcionarios de la administración del gobernador Pedro Pierluisi, incluyendo el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, para exponer la grave situación por la que atraviesa Suiza Dairy y hasta ahora sus señalamientos han sido ignorados.
Las graves denuncias fueron realizadas por la licenciada Janice Ramírez Vélez, quien es asesora legal interna de Suiza Dairy, en una ponencia escrita que fue presentada ayer en la Comisión de Agricultura del Senado.
La Comisión celebró una vista pública sobre la Resolución Conjunta del Senado 333, que le ordena a la ORIL cumplir con su responsabilidad de efectuar cada cuatro años un Estudio Económico Exhaustivo (EEE)de la industria lechera, según lo dispone la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera. La RC 333 fue presentada por el senador Albert Torres Berrios, quien preside la Comisión de Agricultura.
El EEE es un requisito para atemperar los precios de la leche según los incrementos en los costos de producción que hayan experimentado los diversos sectores que integran la industria lechera. Desde 2016 la ORIL no ha publicado el EEE. El administrador interino de la ORIL lo es también González Beiró.
Además de denunciar que la ORIL ha incumplido con su propia reglamentación, Suiza Dairy indicó que el gobierno tampoco ha pagado la compensación multimillonaria que le corresponde tras la sentencia emitida por el Tribunal Federal en 2013.
La citada sentencia fue el resultado del caso contra la ORIL y el Departamento de Agricultura radicado por Suiza Dairy y la procesadora Tres Monjitas en 2004.
Otros factores que han afectado a la empresa es la reducción en el consumo de leche fresca y la inflación sin precedentes a nivel mundial. No obstante, la causa principal de las pérdidas millonarias que enfrenta Suiza Dairy es la ausencia de una revisión correcta del precio de la leche por parte de la ORIL para que la empresa pueda afrontar sus gastos operacionales y obtener una ganancia razonable, según sostuvo Ramírez Vélez en su ponencia.
ORIL no revisa precio desde 2014
De hecho, la abogada explicó que desde el 2014 el precio de la leche no había sido revisado, según lo ordena “el marco regulatorio actual”, que incluye la ley 34 y las disposiciones del reglamento 12, el cual es parte de la sentencia emitida por el Tribunal Federal en 2013.
“Como consecuencia de ello, a la fecha Suiza Dairy está perdiendo dinero con cada cuartillo de leche que vende, lo que hace que la situación económica y financiera de la compañía se vuelva insostenible. Resulta, en consecuencia, fundamental que de manera inmediata y urgente la ORIL actualice los precios de la leche y nos restituya nuestro derecho a obtener un margen de ganancia razonable conforme manda la ley”, sostuvo Ramírez Vélez en la ponencia.
La asesora legal de Suiza Dairy reveló que el incumplimiento del “marco regulatorio actual” por parte de la ORIL ha provocado que la empresa “registre pérdidas sin precedente y busque solventar con capital externo sus operaciones diarias en Puerto Rico”.
Suiza en crisis financiera
De hecho, Ramírez Vélez reveló que actualmente Suiza Dairy atiende sus pérdidas y los gastos de su operación diaria por medio de una serie de préstamos bancarios que han sido gestionados por Grupo Gloria, que es su corporación matriz.
“Estos préstamos bancarios han venido incrementando la deuda y no cuentan con garantía de repago ante la falta de generación de flujo y utilidad operativa. Ello ha resultado en que la capacidad financiera de la empresa a nivel local esté comprometida de tal forma que, de no remediarse y tomar las acciones que dictan la ley y los reglamentos, inevitablemente la empresa se verá obligada a tomar medidas operacionales complejas”, dijo la abogada en la ponencia.
Ramírez Vélez no precisó si Suiza Dairy estaría considerando presentar una petición de quiebra en el Tribunal Federal o si decretaría una reducción sustancial de sus operaciones en la isla. Además de leche fresca, leche UHT y leche de duración extendida, la empresa elabora una amplia variedad de jugos y numerosos productos lácteos.
“Suiza Dairy ha cumplido con su responsabilidad con el mercado produciendo leche fluida de la más alta calidad, a pesar de las pérdidas millonarias que ha acumulado en el tiempo. No obstante, la situación ha llegado a su límite”, declaró la abogada en una ponencia cuyo contenido contradice toda la prédica a favor de la empresa privada y del fomento de la economía esbozado por la administración del gobernador Pierluisi a lo largo del presente cuatrienio.
De hecho, los sorpresivos planteamientos de Suiza Dairy acontecen cinco años después de que la empresa inaugurara una moderna planta procesadora en Aguadilla, cuyo costo ascendió a $40 millones.
Dudas sobre el desempeño de González Beiró
Las denuncias de la licenciada Ramírez Vélez levantan serias dudas sobre las ejecutorias de González Beiró como secretario de Agricultura y como administrador interino de la ORIL. Incluso, la Resolución Conjunta 333 es en realidad un reconocimiento tácito de que González Beiró falló en su responsabilidad de cumplir los requerimientos de la ley 34.
Durante su turno en la vista pública, González Beiró leyó una ponencia de tres páginas en la que se refirió a los ajustes e incentivos que han recibido los ganaderos para elevar el precio de su producción de leche cruda, cuyo precio promedio actual es de 88 centavos por litro. En ningún momento se refirió a la problemática planteada por Suiza Dairy y a los incumplimientos señalados a su gestión para revisar el precio de la leche, según lo ordena la ley 34.
Incluso, el secretario dijo que la ORIL realizó el EEE en 2018 y 2020, a pesar esa dependencia no cumplió con la celebración de vistas públicas para discutir ampliamente los resultados por los diversos sectores de la industria lechera.
De hecho, no está claro si el gobernador Pierluisi y sus asesores en la Fortaleza entienden en toda su extensión, las repercusiones de las acciones y las omisiones realizadas por González Beiró desde que fue nombrado secretario de Agricultura en 2021.
Se desconoce los avances del EEE
Sobre este aspecto, la licenciada Ramírez Vélez sostuvo que la ORIL ha fallado en demostrar que los precios de leche establecidos mediante las últimas órdenes de precios emitidas en el 2021 y 2022 están respaldadas por evidencia y justificadas por el marco regulatorio para considerarlos razonables.
“Peor aún, a pesar del claro lenguaje de la ley 34, la ORIL no realiza responsablemente la revisión de precios anualmente y, en cambio, lo hace de manera caprichosa y arbitraria, y en total enajenación del marco regulatorio”, dijo la abogada.
Ante la grave situación financiera, Suiza Dairy realizó múltiples acercamientos a diversos funcionarios del gobierno, incluyendo a González Beiró, para exigir que se cumpla con la revisión anual de los precios de la leche según lo dispone la ley 34, y con el EEE, pero esos reclamos no fueron escuchados.
“A la fecha desconocemos los planes concretos que se tienen respecto al avance del EEE. La sostenibilidad de la industria lechera depende de acciones y cambios claves e inmediatos. A esos efectos, es de suma urgencia que se evalúe según requiere nuestro ordenamiento jurídico el tema de la actualización de precios y se nos compense por el incumplimiento con el marco regulatorio que por años se ha efectuado”, reclamó la abogada en su ponencia.
ORIL favorece a Indulac y Tres Monjitas
Los planteamientos de Suiza Dairy acontecen en el contexto de que el pasado 1 de septiembre la empresa impugnó en el Tribunal Apelativo las enmiendas introducidas por la ORIL el pasado mes de julio, a los reglamentos 5 y 10 que regulan el manejo de los excedentes y la calidad de la leche, en entre otras disposiciones.
En la impugnación Suiza Dairy sostiene que las enmiendas avaladas por la ORIL representan un intento de favorecer a la empresa Tres Monjitas y al grupo de ganaderos que controlan la planta de balance Indulac con el fin de convertirla en una planta elaboradora comercial.
Suiza Dairy denunció que bajo la dirección de González Beiró, la ORIL ha tomado una senda desafiante contra una determinación emitida el pasado mes de febrero por el Tribunal Apelativo, que anuló tres órdenes administrativas emitidas en noviembre de 2022 y que tenían como finalidad asignar un suplido sustancial de leche cruda hacia la planta Indulac.
Las tres órdenes administrativas fueron impugnadas por Suiza Dairy porque pretendían tratar a la planta de balance Indulac como si fuera otra planta comercial e ignoraban su función reglamentaria que es procesar exclusivamente los excedentes de leche. Indulac solo produce leche UHT y algunos productos lácteos. La ORIL enmendó los reglamentos para eliminar aquellas disposiciones que impedían la asignación de leche que no fuera excedente a la planta de balance Indulac, según planteó Suiza Dairy en el Apelativo.
Las enmiendas también alteraron el término fijo de 12 días para la expiración de la leche fresca y establecieron un nuevo periodo de expiración que oscila entre 12 y 16 días, lo que, según la impugnación de Suiza Dairy, fue utilizado por la ORIL para favorecer a Tres Monjitas.
Un solo ganadero en la vista pública
El único miembro del sector productor de leche que participó en la vista pública fue el ganadero Carlos Benítez, quien denunció que la ORIL no ha realizado el EEE a pesar de que el estudio es la herramienta para revisar los precios de la leche y compensar al ganadero según aumentan los gastos de producción.
“Se incumple con la ley y esto va en contra de los productores de leche y de los consumidores. El gobernador se hace de la vista larga, el secretario de Agricultura incumple con su responsabilidad, violentan la normativa que atenta contra la propia industria lechera y cuando decimos la verdad se nos persigue y discrimina”, dijo Benítez, quien ha impugnado a nivel administrativo y en los tribunales determinadas acciones de la ORIL.
“Indulac tiene que ser por disposición de ley una planta de balance sin embargo el tratamiento que se le da es otro. Los altos costos de producción, la mano de obra, los elevados costos de energía, jornales altos por empleados y la falta del EEE para poder competir nos han obligado a muchos ganaderos en Puerto Rico a múltiples cierres de vaquerías y a otra vertiente como acogerse a una reorganización bajo la protección de la ley de quiebra para cumplir responsablemente con el pago a los acreedores”, dijo el ganadero, quien se acogió a la ley de quiebra federal para mantener su vaquería ubicada en Aguadilla.
“Lo he dicho y lo repito para récord, las más recientes decisiones del gobierno de PR, por conducto del administrador de la ORIL y a la vez secretario de Agricultura, han sido cambios en el sistema de pago de la leche, cambios en los parámetros de calidad de leche por encima de los parámetros establecidos a nivel federal en claro discrimen del productor nativo, ya que no se aplica a la leche importada. Violan la Ley 34 enmendando reglamentos en claro desafío a las leyes aplicables. Y ello nos ha inducido a la más alta y gravosa crisis histórica sin precedentes en nuestro país”, expuso Benítez.
Torres Berrios cambia por vista ejecutiva
Tras la participación de González Beiró y de una representante del Departamento de Asuntos del Consumidor, la vista pública fue interrumpida de manera inesperada por el presidente Torres Berrios, quien dijo que la vista continuaría en una fecha posterior. Pero el senador dijo que ya no será una vista pública sino una vista ejecutiva, a la que no podrá asistir la prensa.
Una fuente indicó que la determinación de Torres Berrios obedeció a un pedido realizado por González Beiró debido a que no deseaba ser interrogado ante la prensa sobre los explosivos planteamientos de Suiza Dairy.
A pesar de las graves denuncias expuestas por Suiza Dairy en su ponencia y por el revelador testimonio del ganadero Benítez, no hubo un solo senador que mostrara interés y curiosidad por entender la compleja situación de la industria lechera. Tras el anuncio de Torres Berrios los pocos senadores que asistieron a la vista se retiraron para asistir a la vista de confirmación de la designada secretaria de Educación, Yanira Raíces.
Suiza Dairy denuncia que la ORIL favorece a Indulac y Tres Monjitas
Por Miguel Díaz Román
Las enmiendas introducidas por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) a los reglamentos 5 y 10 que regulan el manejo de los excedentes y la calidad de la leche, en entre otras disposiciones, representan un intento de favorecer la empresa Tres Monjitas y al grupo de ganaderos que controlan la planta de balance Indulac con el fin de convertirla en una planta elaboradora comercial, según sostuvo la empresa Suiza Dairy.
Los planteamientos de Suiza Dairy figuran en una impugnación que presentó la empresa en el Tribunal de Apelaciones de San Juan el pasado 1 de septiembre.
En la impugnación la empresa Suiza Dairy denunció que bajo el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, la ORIL ha tomado una senda desafiante contra una determinación emitida el pasado mes de febrero por el Tribunal Apelativo. Además de secretario de Agricultura, González Beiró también ocupa la posición de administrador interino de la ORIL.
En esa decisión el Apelativo anuló tres órdenes administrativas emitidas por la ORIL en noviembre de 2022. Las órdenes tenían como finalidad asignar un suplido sustancial de leche cruda hacia la planta Indulac.
Las tres órdenes administrativas fueron impugnadas por Suiza Dairy porque pretendían tratar a la planta de balance Indulac como si fuera otra planta comercial que compite en el mercado, e ignoraban su función reglamentaria que es procesar exclusivamente los excedentes de leche.
Actualmente Indulac solo produce leche UHT y en cantidades menores algunos productos lácteos como queso y mantequilla.
La determinación del Tribunal Apelativo se fundamentó en que las órdenes de la ORIL violaron la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, y el Reglamento 10 que, entre otras disposiciones, establece la forma en que se debe canalizar el excedente de leche.
Además, el Apelativo determinó que la ORIL incumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme que ordena realizar vistas públicas y tomar en consideración las observaciones de los sectores afectados por las órdenes administrativas.
Pero bajo la administración interina de González Beiró, la ORIL se encaminó a enmendar los reglamentos 10 y 5, los cuales fueron aprobados el pasado 18 julio, para eliminar aquellas disposiciones que impedían la asignación de leche que no fuera excedente a la planta de balance Indulac.
Las enmiendas al reglamento 5 alteraron el término fijo de 12 días para la expiración de la leche fresca y establecieron un nuevo periodo de expiración que oscila entre 12 y 16 días, lo que, según la impugnación de Suiza Dairy, fue utilizado por la ORIL para favorecer a Tres Monjitas.
Tras la aprobación de las enmiendas, el martes 22 de agosto la ORIL emitió una serie de determinaciones que son la causa que motivó la impugnación de Suiza Dairy en el Apelativo el pasado 1 de septiembre.
ORIL desafía al Tribunal Apelativo
La impugnación sostiene que las enmiendas a los reglamentos 10 y 5 constituyen una conducta desafiante de González Beiró ante la realidad de que en los pasados tres años el Apelativo ha anulado cinco órdenes administrativas de la ORIL que obligaban a Suiza Dairy “entregar leche cruda a Indulac independientemente de la necesidad de Suiza para esa leche”.
“Indulac nunca ha retenido leche cruda, pues esta no constituye excedente hasta que las procesadoras de leche den por satisfecha su demanda por dicho producto”, sostiene la impugnación.
El meollo de la impugnación es la conducta contumaz y temeraria de la ORIL para subvertir el orden legal creado a través de la ley 34 y sus reglamentos y convertir, a través de órdenes administrativas, a Indulac en una planta comercial capaz de recibir leche cruda diariamente y no leche excedente.
El documento indica que desde 1980 y con la anuencia de la ORIL, Indulac comenzó una competencia desleal contra la leche fresca que producían Suiza y Tres Monjitas, al utilizar los excedentes de leche que recibía para elaborar leche UHT.
Según el documento, la Junta de Directores de Indulac estaba integrada por ganaderos, quienes determinaban el precio a pagar por los excedentes y el precio en el mercado de la leche UHT, mientras que el precio de la leche fresca estaba regulado por la ORIL.
“Así el mercado de leche fresca fue disminuyendo debido a que la leche UHT vendida por Indulac y los importadores se ofrecía a un precio considerablemente menor al precio regulado de la leche fresca. Esto resultó en una disminución de la venta de leche fresca y, en consecuencia, en un aumento del excedente entregado a Indulac”.
Competencia desleal de leche UHT
La demanda sostiene que la crisis causada por la competencia desleal de la leche UHT contra la fresca elaborada por Suiza Dairy y Tres Monjitas, entre otras razones, propició el pleito radicado en 2004 en el Tribunal Federal por ambas empresas contra la ORIL y el secretario de Agricultura.
En el pleito radicado en el Tribunal Federal se logró demostrar, según alega la demanda, “que el esquema regulatorio de la ORIL favorecía de manera ilegal la producción de leche UHT por Indulac, en violación de las cláusulas constitucionales federales sobre la confiscación, el debido proceso de ley, la igual protección de las leyes y la cláusula de comercio”.
De hecho, la demanda de Suiza Dairy indica que las acciones de la ORIL para favorecer a Indulac han violado el Acuerdo Entre las Partes alcanzado en el Tribunal Federal en 2013 y el reglamento 12, el cual es parte de la sentencia emitida en ese caso.
Incluso, Suiza Dairy sostiene que al asignar leche cruda a Indulac la ORIL violó las disposiciones del Acuerdo Entre las Partes debido a que en ese documento establece que la leche cruda se repartirá “en función de la participación en el mercado correspondiente a cada planta de procesamiento de leche fresca”.
“Puesto que Indulac no es una procesadora de leche fresca, es evidente que queda excluida por la sentencia federal de participar en la distribución de leche cruda”, señala la demanda.
El documento indica que las enmiendas al reglamento 10 aprobadas por la ORIL el pasado mes de julio pretenden permitir que la ORIL puede asignar leche cruda a Indulac, porque se incluyó la producción de leche UHT como criterio en la participación en el mercado, además de la de leche fresca.
Esto se logró por medio de incluir la leche fluida como un criterio adicional. La leche fluida es “leche pasteurizada, cruda o leche UHT, que mantiene su estado líquido y se vende en diversas categorías”
“Así, la ORIL equipara la posición de la planta de balance, que produce leche fluida pero no leche fresca, con las procesadoras de leche fresca. Esto le permite adjudicar el recogido de leche cruda a Indulac a base de su participación en el mercado, independientemente de si esa leche es producida en exceso de las necesidades del mercado de leche fresca”, sostiene la demanda.
Elimina requisito de elaborar leche fresca
La demanda también indica que la ORIL emitió la orden 2023-31 que introdujo por primera vez el criterio de las proyecciones de producción de leche de las vaquerías asignadas a Suiza Dairy y Tres Monjitas, para determinar la cantidad de leche cruda que se le asignará a Indulac.
Según los alegatos de Suiza Dairy, la ley 34 no contempla el uso de proyecciones y, además, la ORIL no puede determinar a base de proyecciones la cantidad de leche que se le asignará a Indulac, porque como planta de balance sólo tiene derecho a recibir leche excedente. La demanda alega que la leche cruda se convierte en leche excedente sólo después de que las plantas procesadoras han suplido su demanda de leche fresca.
Otro subterfugio utilizado por la ORIL para favorecer a Indulac fue enmendar la definición de leche retenida que figura en el reglamento 10, la cual establecía que la leche retenida es aquella que “retienen los elaboradores para procesarla como leche fresca”.
En la nueva definición, luego de la enmienda, la leche retenida es aquella que “retienen los elaboradores para su elaboración”. Es decir, la enmienda eliminó el requisito de usar la leche retenida para elaborar leche fresca, lo que le implica que Indulac no deberá esperar por los excedentes de leche, sino que podrá recibir y retener una cantidad de leche cruda según lo determine la ORIL.
Desaparece definición de Indulac
Otra medida utilizada por la ORIL para favorecer a Indulac fue eliminar la definición de Indulac como planta de balance que figuraba en el reglamento 10. Esa definición establecía que el fin primordial de Indulac “es servir como planta de balance del excedente de leche y elaborar productos lácteos con dicho excedente”, según sostiene la demanda.
Incluso, el documento indica que se eliminó esa definición a pesar de que la ley 72 de 1962 eximió a Indulac de pagar contribuciones sobre ingresos y de propiedad “por su rol vital de planta de balance”.
Otro reclamo de la demanda es que la ORIL emitió la orden administrativa 2023 -29 es la que dispone una ventaja competitiva a favor de la planta Tres Monjitas, al permitir que la leche fresca pasteurizada producida por esa empresa pueda tener hasta 16 días de expiración, mientras que la leche fresca producida por Suiza Dairy mantiene la fecha de expiración en hasta 12 días.
La ventaja competitiva se logró a través de enmiendas al reglamento 5 con el fin de determinar la durabilidad de la leche pasteurizada por medio de los resultados de las pruebas químicas realizadas en el laboratorio de ORIL.
La enmienda establece que la durabilidad de la leche pasteurizada será determinada por el administrador. No obstante, Suiza Dairy alega que la nueva disposición para establecer la durabilidad carece de criterios que limiten la amplia discreción que se le concede al administrador.
Sin inversión Coople adquiere Indulac
La demanda indica que las acciones de la ORIL impiden que Suiza Dairy recobre sus costos de producción y ganancias razonables que justifiquen la inversión financiera realizada en sus operaciones, que es uno de elementos del reglamento 12, que fue acordado como parte de la sentencia del caso federal emitida en 2013.
La demanda alega que mientras Suiza Dairy invirtió más de $40 millones en su planta de Aguadilla, la Cooperativa de Productores de Leche (Coople), integrada por un grupo de ganaderos, adquirió la planta Indulac en 2016 a través de un acuerdo con Indulac de pagar $34 millones en 40 años y sin realizar inversión alguna.
De hecho, la única inversión constatable fue un pago inicial de $750,000 que realizó Coople, una cantidad de dinero que la entidad obtuvo por medio de un préstamo que le concedió la propia Indulac. Finalmente, Suiza Dairy solicitó al Apelativo que declare nulas las enmiendas a los reglamentos 10 y 5 y ordene a la ORIL a pagar las costas de abogado de Suiza Dairy. Además, solicitó que se le imponga a la ORIL sanciones económicas por sus acciones temerarias debido a que las enmiendas introducidas a los reglamentos ya eran cosa juzgada por ese tribunal.
Hacienda oculta boquete de $837 millones en los recaudos del pasado año fiscal
Por Miguel Díaz Román
Los recaudos procedentes de las Corporaciones Foráneas Controladas (CFC), que en el pasado eran responsables del 20 % de los ingresos del Fondo General, solo pagaron $741.8 millones al cierre del pasado año fiscal 2022-2023, lo que representa una alarmante erosión de 46.9 % o $837 millones menos que lo recaudado durante el Año Fiscal 2021-2022, cuando esas empresas pagaron $1,578,808 millones.
La escandalosa merma en los pagos contributivos de las CFC ha sido ocultada por el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, quien no lo ha mencionado en las últimas dos comparecencias que ha realizado en los medios de comunicación para informar sobre los recaudos totales del pasado año fiscal.
La prensa tampoco ha realizado su función fiscalizadora hasta el punto que la reducción más significativa en una fuente de ingresos del Fondo General en las pasadas décadas ha pasado desapercibida en los medios escritos y audiovisuales, mientras se suceden abundantes historias sobre las controversias intrascendentes en el Partido Popular Democrático o la posible primaria en el Partido Nuevo Progresista.
La primera comparecencia pública de Parés Alicea para atender el tema de los recaudos del pasado año fiscal fue en el periódico El Nuevo Día varias semanas atrás, cuando la periodista Jonisabel González le hizo una lamentable entrevista de relaciones públicas.
En la entrevista Parés Alicea reconoció que el cambio del arbitrio del 4%, que antes pagaban las CFC por las compras que hacen a sus subsidiarias en la isla, al nuevo esquema contributivo que impuso la Ley 52 de 2022 tuvo un efecto en los recaudos del pasado año fiscal 2022-2023.
En el reportaje Parés Alicea menciona que la ley 52 entró en vigencia a mitad del año fiscal 2022-2023, lo que incidió en el “ritmo de los recaudos”, una frase que funciona como un eufemismo para no mencionar la cuantiosa pérdida que representó la aplicación de la nueva estructura contributiva.
Secretario hace mutis sobre boquete en recaudos
De hecho, en la entrevista Parés Alicea jamás mencionó que las CFC habían dejado de pagar $837 millones en el año fiscal 2023, en comparación con el año fiscal 2022, y se limitó a minimizar el impacto económico real evitando ofrecer cifras y en cambio recurrió a los porcentajes para establecer las diferencias de ingreso. “El Fondo General recibió entre 2% y 3% menos que hace un año”, dijo Parés Alicea en la entrevista.
Del escrito se desprende que a la periodista tampoco le importó precisar en cifras el efecto de la nueva ley en los recaudos de las CFC.
El artículo menciona que el régimen del 4% sigue vigente para las empresas que interesen aplicarlo, pero la gran mayoría de las CFC se han inclinado por la Ley 52, que ofrece una combinación de impuestos contra los ingresos, contra los ingresos de los contribuyentes no residentes y contra las regalías por la venta de medicamentos a nivel mundial.
Además, los pagos contributivos que realicen las CFC en Puerto Rico bajo la ley 52 se pueden reclamar como un crédito ante el Servicio de Rentas Internas federal.
Según Parés Alicea, 21 corporaciones CFC se acogieron a la ley 52 de un universo de aproximadamente 30 empresas.
Con esperanzas de cambio
No obstante, en su primer año la ley 52 no ha generado el nivel de ingresos que alcanzó el arbitrio del 4%, aunque el funcionario ha alimentado la esperanza de que en el futuro los recaudos a través de la nueva estructura contributiva sean similares a los generados por el arbitrio del 4%.
En el artículo de ENDI Parés Alicea no explica en qué elementos fundamenta esa esperanza y la periodista se abstuvo de abordar esa gran incógnita.
El funcionario indicó que en el futuro las CFC estarían produciendo en la isla nuevos medicamentos, lo cual debería generar efectos favorables en los recaudos luego de un periodo de expiración de patentes de medicamentos. Pero Parés Alicea no precisó qué garantías han ofrecido las CFC sobre que esos nuevos medicamentos serían elaborados en Puerto Rico.
De hecho, en el reportaje el secretario de Hacienda expresa que los esfuerzos para mejorar la fiscalización IVU y de otras fuentes de ingresos han aportado balance a los recaudos, lo que sin duda es una alusión directa a la alarmante reducción de $837millones en los pagos contributivos de las CFC.
Comunicado no menciona la merma
Incluso, Parés Alicea aseguró que la ley 52 coloca al gobierno en mejor posición para vender a Puerto Rico como una jurisdicción, “donde se puede hacer negocios a un costo asequible para este tipo de entidades (CFC)”, pero no abunda sobre cómo el nuevo régimen contributivo logra ese resultado.
La segunda comparecencia pública de Parés Alicea para atender el tema de los recaudos del pasado año fiscal fue a través de un extenso comunicado de prensa que el Departamento de Hacienda emitió el pasado viernes 8 de septiembre.
El comunicado pretendía informar que los recaudos totales para el pasado año fiscal ascendieron a $12,572.6 millones, lo que representó una merma de $203.4 millones en relación con los ingresos netos del año fiscal 2022.
El comunicado elude mencionar como un dato de relevancia que el pasado año fiscal las CFC solo pagaron $741.8 millones, lo que representa una erosión de 46.9 % en relación con lo recaudado durante el año fiscal 2021-2022.
La información sobre la reducción de $837 millones aparece mencionada en una oración incrustada en un párrafo dedicado a las CFC sin mayores argumentaciones.
Incluso, en un párrafo posterior el comunicado destaca como un rasgo positivo que la importación de materia prima por el sector de la manufactura experimentó un alza de 45% el pasado año fiscal y que las CFC que se acogieron a la ley 52 fueron responsables del 67% del incremento.
Reestructuración con efecto nulo
El economista José Alameda describió como un “boquete” la reducción de $837millones en los pagos de las CFC pasado año fiscal y advirtió que el verdadero problema es que las proyecciones sobre el desempeño futuro de la economía local no la colocan en una situación tan sólida como para garantizar un incremento en los recaudos que operen como un sustituto de la merma en los pagos de las CFC.
Alameda dijo que los recaudos de la CFC junto con el renglón de las contribuciones sobre ingresos y los recaudos del IVU constituyen el 60 % de los ingresos del Fondo General, lo cual podría colocar a los ingresos del gobierno en una posición de incertidumbre “si una de esas tres fuentes de ingreso se tambalea”.
Oscilan las foráneas
“Y eso es lo ha ocurrido. La fuente de ingresos de las foráneas (CFC) se ha tambaleado y ahora tenemos un problema de recaudos”, dijo Alameda.
El economista advirtió que la merma de recaudos de la CFC se debe evaluar en el contexto de los retos financieros que enfrenta el Fondo General.
Explicó que, aunque el servicio de la deuda se redujo de $3,500 millones a $1,150 millones, como resultado de la reestructuración de la deuda lograda por la Junta de Supervisión Fiscal, aún el Fondo General es responsable de aportar por los próximo 15 años $1,000 millones anuales para el fideicomiso de las pensiones.
El citado fideicomiso garantizará que los pensionados del gobierno continúen recibiendo sus pagos mensuales, en caso de que surgiera alguna situación en los próximos años que impida al Fondo General cumplir con esas obligaciones.
Además, el Fondo General es responsable de pagar $2,200 millones anuales en el llamado sistema Pay Go, que son los pagos para los pensionados del gobierno, luego de la quiebra de los sistemas de retiro de los empleados públicos.
“La reestructuración del servicio de la deuda de $3,500 millones a $1,150 millones se ha celebrado con bombos y platillos, pero con esos compromisos de aportar $1,000 millones al fideicomiso de las pensiones y $2,200 millones el Pay Go, la situación del Fondo General es igual a la que teníamos. Entonces entre vela, fósforos y gastos, como decía mi abuelo, eso suma más de $3,500 millones ($4,350 millones) que es una cantidad mayor de la que teníamos que pagar por el servicio de la deuda. En términos del impacto en el Fondo General, esta reestructuración es nula”, dijo Alameda.
Una cuestión de “timing”
Por su parte, el senador Juan Zaragoza Gómez, quien preside la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado, dijo que era “preocupante” la dramática merma de ingresos en el reglón de las CFC luego de aprobada la ley 52.
De acuerdo con Zaragoza, quien también es un ex secretario de Hacienda, Parés Alicea había sostenido que los recaudos bajo la ley 52 irían aumentando paulatinamente como resultado de un proceso de sincronización en la medida que estas empresas CFC estabilizan su producción mientras se ajustan al nuevo régimen contributivo.
“El secretario dijo que el issue era uno de «timing», que se corregiría más adelante. Pero hay que preguntarle si esa es una impresión o, ya que son tan pocas las empresas, si él tiene información de ellas que validan esa teoría. De todas formas, es preocupante”, dijo Zaragoza.
Este periodista solicitó a Parés Alicea, a través de su portavoz de prensa, Vilmar Trinta Negrón, una entrevista con el funcionario para responder a la interrogante sobre el efecto de la ley 52 en los recaudos y qué proyecciones tiene Hacienda sobre la aportación que realizan las CFC al fisco. Trinta Negrón nunca respondió nuestra solicitud.
Acusados por ataque del 9/11 evitarían pena de muerte por acuerdo de culpabilidad respaldado por el Pentágono
Por Miguel Díaz Román
En momentos cuando ayer se conmemoraban los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 que provocaron el colapso de las torres gemelas del World Trade Center en New York y la muerte de casi 3.000 personas, ha trascendido que el Pentágono considera avalar un acuerdo de culpabilidad que beneficiaría al presunto autor intelectual del ataque y a cuatro de sus compinches.
El acuerdo de culpabilidad implica que los cinco acusados podrían escapar a la pena de muerte.
La información, que fue difundida por el noticiario televisivo estadounidense CBS News, indica que el presunto autor intelectual del colapso de las torres gemelas, Khalid Sheikh Mohammed, escaparía de la pena de muerte a cambio de que él y los otros cuatro coacusados cumplan una larga condena de cárcel.
Dudas sobre confesiones obtenidas por tortura
Según la información difundida por CBS News, la posibilidad del acuerdo acontece en medio de la gran incertidumbre que existe entre los fiscales del tribunal militar estadounidense, donde se ventila el caso contra los acusados por el ataque del 9/11, sobre si será admisible en la corte las confesiones extraídas por agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en interrogatorios que han sido descritos como procesos de tortura por los abogados de los acusados.
Fuentes del noticiario televisivo de CBS News sostienen que, como resultado del acuerdo, tras la condena de cárcel, los cinco reclusos permanecerían en las celdas habilitadas en la base militar de Guantánamo en Cuba, en la que, alegadamente, recibirán tratamiento médico permanente para atender las heridas y traumas causados por los interrogatorios.
El juicio contra los cinco acusados se llevaría a cabo en la base militar de Guantánamo. El proceso judicial en el tribunal militar de Guantánamo se ha retrasado durante años debido a las dudas que alberga la fiscalía militar sobre si podrían prevalecer con una evidencia obtenida a través de los agresivos interrogatorios capitaneados por agentes de la CIA.
De hecho, ha trascendido que los cinco acusados del 9/11 fueron retenidos por la CIA antes de ser trasladados a la Bahía de Guantánamo, Cuba, en 2006.
Pentágono envía carta
Según la información difundida por CBS News, el Pentágono envió una carta esta semana a las familias de las víctimas del 9/11 que revela que se están considerando acuerdos de culpabilidad en los que los cinco acusados, incluido el presunto autor intelectual Khalid Sheikh Mohammed.
«Aceptarían la responsabilidad penal por sus acciones y se declararían culpables… a cambio por no recibir la pena de muerte», sostiene la carta.
La misiva generó una gran indignación en Kristen Breitweiser, cuyo esposo murió en la Torre Sur del World Trade Center, y quien ha esperado años para presenciar el proceso judicial y la esperada condena de los cinco acusados. «Estoy desconsolada. Pensé que vivía en los Estados Unidos de América. Pensé que éramos una nación basada en el estado de derecho. Y obviamente, ese resultó no ser el caso». dijo Breitweiser a CBS News.
Rechazan acuerdo de culpabilidad
La propuesta del Pentágono no satisface a Brad Blakeman, quien perdió a su sobrino, Tommy Jurgen, en el World Trade Center. “Nos dijeron, y nos prometieron, que llevaríamos a estas personas responsables ante la justicia y esperamos que eso suceda”, dijo Blakeman.
El abogado defensor de Ammar al-Baluchi, quien es uno de los conspiradores acusados junto a Khalid Sheikh Mohammed , sostuvo el pasado año que un acuerdo de culpabilidad terminaría con el estancamiento que padece el proceso judicial militar en Guantánamo.
El abogado defensor James Connell indicó, “mi cliente está dispuesto a declararse culpable, cumplir una larga condena en Guantánamo, a cambio de atención médica por su tortura, y quitar la pena de muerte de la mesa”.
Según CBS News, la propuesta para trasladar los juicios a los tribunales civiles ha enfrentado una fuerte resistencia en el Congreso, debido a los altos costos que consumiría trasladar a los acusados a Estados Unidos y garantizar su seguridad.
Alegadamente, si finalmente se logra el acuerdo de culpabilidad y los acusados son sentenciados a cumplir largas penas, no podrían ser transferidos a territorio estadounidense para que sean custodiados por el gobierno federal, lo que implica que la prisión de Guantánamo podría permanecer abierta indefinidamente.
INFORME SEMANAL-8 de septiembre de 2023
Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre la violencia machista en el Departamento de Agricultura. También conversamos sobre la impugnación que ya realizó Suiza Dairy contra dos reglamentos enmendados que facilitan la asignación de productores de leche a la planta de balance Indulac, la cual se pretende tratar como otra planta comercial. También dialogamos sobre el estado de nuestro sistema de Salud y cómo la expectativa de vida en Estados Unidos se ha reducido y los efectos que esto puede tener en Puerto Rico.
Denuncia de represalias por quejarse de hostigamiento en la Autoridad de Tierras
Por Miguel Díaz Román
Un ejemplo dramático que revela el proceder abusivo y machista de los directivos del Departamento de Agricultura (DA) contra las mujeres profesionales que laboran en esa agencia es el caso de la agrónoma Jessica Ruiz Olavarría, quien en 2021 se quejó por actos de hostigamiento laboral en su contra, las cuales generaron una investigación que respaldó sus reclamos y provocó el descabezamiento de cúpula directiva de la Autoridad de Tierras, pero luego la mujer fue transferida, un acción que ella considera como una represalia.
Ruiz Olavarría se desempeñaba como coordinadora de área en la región agrícola de Toa Alta, Toa Baja, Dorado y Vega Alta.
La agrónoma presentó una queja por un patrón agresivo de hostigamiento laboral contra la agrónoma Sonji Ortiz, quien dirigía la división de Bienes Raíces de la AT. La querella también incluyó imputaciones de negligencia contra las tres ejecutivas de la agencia debido a que, alegadamente, conocían los señalamientos de hostigamiento desde 2020 y no habían tomado medidas para atender sus quejas.
Las tres funcionarias imputadas fueron la subdirectora de la AT, Lynnete Díaz Meléndez; la directora de Recursos Humanos, Jesenia Cruz y la directora ejecutiva, Dorally Rivera Martínez.
La querella de hostigamiento laboral fue investigada por la licenciada Bárbara Cruz Muñiz, quien concluyó que la agrónoma Ortiz incurrió en un patrón de acoso contra Ruiz Olavarría. También determinó que las tres funcionarias fueron negligentes.
El 14 de febrero de 2022 el secretario González Beiró envió una misiva oficial a Rivera Martínez y las otras tres funcionarias de la AT, que contenía una amonestación por la presunta inacción ante la queja de acoso laboral.
Luego, el 17 de febrero la Junta de Gobierno de la AT determinó de manera fulminante el despido de Rivera Martínez y de las otras tres funcionarias, lo que implicó que regresaran a sus puestos de carrera. Rivera Martínez, que dirigió el Comité de Transición de González Beiró tras su designación, sostuvo que la investigación realizada estaba incompleta porque ella y los otros directivos nunca fueron entrevistados por la licenciada Cruz Muñiz.
Traslado como represalia
Además, argumentó que a pesar de que la empleada nunca presentó una querella se siguió el protocolo y el empleado fue aislado para evitar las tensiones.
El despido tuvo lugar en momentos cuando las irregularidades del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), alcanzaron la luz pública y provocaron la designación de Fiscal Especial Independiente.
No obstante, el 25 de abril de 2022 Ruiz Olavarría recibió una carta de parte del director ejecutivo de la AT, Irving Rodríguez Torres, en la que anunció su traslado a la región de Río Grande a partir del 2 de mayo. El traslado fue catalogado como “una acción de represalia” por el abogado Federico Freytes, quien representa a Ruiz Olavarría.
El señalamiento figura en un alegato ante la Junta de Apelaciones en el que se impugna la decisión tomada por Rodríguez Torres. Alegadamente, el traslado atenta contra la seguridad personal de Ruiz Olavarría porque ella ya había trabajado en esa región y tomó determinadas decisiones que provocaron amenazas de muerte en su contra.
Además, según el alegato, el traslado es extremadamente oneroso para Ruiz Olavarría porque conlleva tres horas de viaje diarias, lo que implica el consumo del 80 % de ingreso en gastos de gasolina y mantenimiento para el automóvil.
Alegan decisión no fue arbitraria
En reacción a los señalamientos del licenciado Freytes, Rodríguez Torres sostuvo que “en ese momento Jorge Campos era el director ejecutivo interino de la AT y yo el director ejecutivo auxiliar. Jorge (Campos), ordenó cambiar a todos los agrónomos de (la división de) bienes raíces que hacían oficina en el edificio central a las oficinas de área para que estuvieran más cerca de las áreas y fincas que atienden. No solo fue a Jessica (Ruiz Olavarría) fue a los siete agrónomos del área. Ella (Ruiz Olavarría) tenía querella radicada a la agrónoma Sonyi Ortiz, su pasada supervisora y yo no estaba en AT cuando ocurrieron los incidentes sobre esa querella”
Rodriguez Torres insistió en que “se movió a los agrónomos para el mejor servicio en el área de bienes raíces. Jamás he tomado una decisión arbitrariamente”.
Pero según se desprende del alegato de Ruiz Olavarría ante la Junta de Apelaciones “acciones como ésta, después de la querella por acoso laboral que ella había radicado y que había sido resuelta a su favor, pueden entenderse como una acción de represalia”. Hasta el momento la situación de Ruiz Olavarría no ha cambiado y aún la Junta de Apelaciones no ha tomado una determinación.
Otro escenario que muestra el cuestionable comportamiento de González Beiró fue una tormentosa reunión celebrada el pasado 14 de julio, en la que el secretario, alegadamente, maltrató con palabras soeces a los agrónomos que dirigían determinadas regiones agrícolas y ordenó una serie de traslados unilaterales.
Certificados a los que no cumplen
González Beiró justificó los traslados porque los agrónomos estaban efectuando acciones contrarias a la ley al conceder los Certificados de Agricultor Bonafide (CAB).
Alegadamente, el secretario se ampara en una interpretación de la ley 51 de 2021, que establece que los CAB serán concedidos a cuatro años si los solicitantes obtienen el 51 % de su ingreso de una actividad agrícola, según conste en su planilla de contribución sobre ingresos, o el 51% del valor de la producción o inversión de un negocio agroindustrial como operador, dueño o arrendatario.
Este periodista conversó con algunas de las personas que estuvieron en esa reunión y la realidad es que el secretario promueve que los directores regionales aprueben los CAB por cuatro años de todos los solicitantes aun cuando no posean una actividad agrícola corroborable.
Las fuentes indicaron que algunas de las personas que han solicitado CAB poseen terrenos baldíos sin cultivos y la fuente principal de sus ingresos no provienen de actividades agrícolas.
También se han presentado personas que aspiran a realizar cultivos hidropónicos en vagones acondicionados para ese tipo de siembra, pero al momento de solicitar el CAB no posee el vagón ni presentan evidencia de que cumplen con los requisitos de ingreso. Incluso, las fuentes alegan que algunos de los solicitantes de los CAB son amigos del secretario.
Subsecretario tomará la decisión
De hecho, en una carta circular emitida el pasado 24 de agosto, González Beiró indicó que una recomendación negativa de parte de un agrónomo no es razón suficiente para negar una CAB. La carta circular sostiene que aquellas solicitudes que sean rechazadas por los agrónomos pasarán a la oficina del subsecretario para su evaluación, lo que ha activado las alarmas entre los agrónomos debido a la posibilidad de que se aprueban CAB de manera indebida.
Aquí el asunto medular es que al obtener la CAB el agricultor tiene derecho a una exención contributiva de 90 % y una exención total en el pago de patentes municipales, contribuciones sobre la propiedad y determinados arbitrios. Además, los CAB están acompañados por la firma del agrónomo y de su sello profesional, lo que compromete de manera especial a estos profesionales.
Los funcionarios que estuvieron presentes en la reunión del 14 de julio señalaron que el secretario utilizó palabras soeces, gritos, improperios y amenazas con el fin de hacer cumplir sus objetivos con los CAB.
Tras la reunión los agrónomos Ana Esther Maldonado, de Naranjito, Maricarmen Martínez, de Arecibo, y Elmer Pérez, de Utuado, renunciaron a sus posiciones como directores regionales y regresaron a sus puestos de carrera en el DA.
A raíz de los incidentes ocurridos en la reunión del 14 de julio, el Colegio de Agrónomos aprobó ayer una resolución para investigar las actuaciones del secretario de Agricultura en relación con los agrónomos y su insistencia en la aprobación de los CAB.
Si la investigación concluye que los hechos denunciados se cometieron y causaron determinados daños a los agrónomos, el informe se deberá enviar a varias agencias investigativas del gobierno, incluyendo el Departamento de Justicia.
Fortaleza avala la violencia machista
Por Miguel Díaz Román
Un aspecto importante en la controversia sobre las mujeres profesionales que han sufrido violencia machista en el Departamento de Agricultura (DA), es que en la Fortaleza sus quejas han sido tomadas con liviandad, tal como si se tratara de faltas menores realizadas por un adolescente incorregible o carentes de importancia, lo que ha redundado en el fortalecimiento de una atmósfera de impunidad que arropa la conducta del secretario, Ramón González Beiró, y sus subalternos.
Según explicaron las fuentes, el secretario y su séquito se sienten protegidos por el gobernador Pedro Pierluisi y por algunos funcionarios claves de su administración entre los que figuran la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales; la directora de la oficina del gobernador y hermana del Primer Ejecutivo, Caridad Pierluisi y su esposo, el licenciado Andy Guillemard, quien no ocupa una posición en la administración pero se le considera una figura de gran influencia en la Fortaleza.
De acuerdo con las fuentes, ese grupo constituye una barrera de protección a favor de González Beiró y sus subalternos, hasta el punto de que en la Fortaleza no existen oídos para las quejas originadas en el DA por decisiones arbitrarias, atropellos, hostigamiento sexual, humillaciones y lenguaje soez.
Una queja frecuente es que el secretario ha integrado el lenguaje soez a la retórica administrativa cotidiana, por lo que es común que el funcionario intercale palabrotas durante un intercambio con empleados del DA y que, incluso, llame a sus subalternos con palabras soeces para impartir una dirección o para hacer un cuestionamiento.
Algunas de las perjudicadas revelaron que la mujer más maltratada en el DA es la secretaria personal de González Beiró, Isoli Colom, a quien, alegadamente, “el secretario trata con malas palabras y eso lo sabe todo el mundo en el departamento”.
Este periodista ha sido testigo del uso de lenguaje soez por el secretario en sus intercambios con la señora Colom, desde que ella era secretaria de la Asociación de Agricultores. También he sido testigo del uso frecuente del lenguaje soez por parte del secretario.
De hecho, las agrónomas Ana Esther Maldonado, ex directora de la región agrícola de Naranjito, y Maricarmen Martínez, ex directora de la región agrícola de Arecibo, se quejaron sin éxito alguno en la Fortaleza por los atropellos y el uso de lenguaje soez por parte del secretario González Beiró en una explosiva reunión con los agrónomos regionales de DA, realizada el pasado 14 de julio.
Tras la inacción de la Fortaleza, las funcionarias y el director de la región agrícola de Utuado, Elmer Pérez, renunciaron a sus posiciones como directores regionales y regresaron a sus puestos de carrera en el DA.
El doble discurso del gobernador
Para las féminas profesionales perjudicadas por los atropellos machistas en el DA, el aval de la Fortaleza a las conductas de González Beiró y sus subalternos manifiesta de manera cruda el doble discurso en que incurre el gobernador Pierluisi, debido a que su administración ha respaldado las políticas para enfrentar la violencia contra la mujer mientras que al interior de su propio gabinete esas políticas carecen de validez.
De hecho, contra el director ejecutivo de la AT, Irving Rodríguez Torres, existe un planteamiento sobre que incurrió en “discrimen por género y abuso de poder” al reprender a la supervisora de la división de Tesorería de la AT, Glorimar Ocasio Rivera, quien estaba defendiendo su responsabilidad de cuestionar y detener pagos que no cumplían el debido proceso de ley o que resulten irregulares.
En una carta enviada el pasado 18 de agosto al director de finanzas de la AT, Fernando Fumero, Ocasio Rivera indicó que en una reciente reunión Rodríguez Torres le dijo “encarecidamente te voy a pedir que hables cuando yo te lo indique”.
Según la denuncia de Ocasio Rivera, el director ejecutivo de la AT hizo la expresión en una reunión en su oficina y luego de que la funcionaria reafirmó su autoridad para cuestionar pagos. “Evidentemente sus expresiones denotan abuso de poder, discrimen por género al ser yo la única mujer”, dijo Ocasio Rivera en la misiva.
En la carta la funcionaria le informa Fumero que no estampará su firma en cheques que vayan dirigidos a cuatro entidades sin fines de lucro que son investigadas actualmente por un Fiscal Especial Independiente en relación con el escándalo del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que es administrado por el Programa de Infraestructura Rural de la AT.
“Te lo chupaste o te comiste el cupcake”
Otro funcionario contra el que se ha realizado planteamientos relacionados con el discrimen contra la mujer, hostigamiento laboral y el pronunciamiento de insinuaciones sexuales en el lugar de trabajo, es el secretario auxiliar de Recursos Humanos en el DA, Noel Toro Zambrana.
La denuncia se desprende de una querella radicada el 24 de septiembre de 2021 por Sixta Rivera Collazo, quien se desempeña como analista en la administración de los recursos humanos en la AT. En la querella Rivera Collazo sostuvo que había tenido unas diferencias con el administrador auxiliar de Mercadeo de la ADEA, Andrés Rosado, las cuales estaban relacionadas con una petición para obtener información sobre unos empleados.
La querella indica que Rosado utilizó numerosas palabras soeces y expresiones injuriosas contra Rivera Collazo para rechazar sus requerimientos de información sobre los empleados, las cuales figuran en una breve transcripción de los mensajes de texto y de voz realizados por el funcionario en sus intercambios con Rivera Collazo.
Según la querella, Toro Zambrana se reunió en su oficina con Rivera Collazo el 1 de julio del 2021 para dialogar sobre el incidente con Rosado. El relato que contiene la querella indica que Toro Zambrana le imputa a Rivera Collazo tener una relación de “confianza” con Rosado.
Luego la querella describe una serie de insinuaciones sexuales emitidas por Toro Zambrana que son sencillamente escandalosas: “si hay esa confianza es porque pasó algo entre ustedes, cuéntame, te lo lambiste, estamos en confianza, te lo chupaste o te comiste el cupcake”.
Según la querella, la sorpresiva reacción del secretario auxiliar de Recursos Humanos en el DA dejó atónita a Rivera Collazo, quien confiesa en el documento que “me sonreí incrédula y no podía creer lo que él me decía”.
Imputados niegan todo
El documento también indica que los dos imputados en la querella, Toro Zambrana y Rosado, se reunieron para decidir una serie de sanciones contra la querellante y sin su participación.
De hecho, la querella indica que fue removida de sus responsabilidades y sufrió restricciones en su área de trabajo, pero nunca fue informada sobre las razones que justificaron esa determinación disciplinaria, lo cual Rivera Collazo denuncia como una clara acción de discrimen contra la mujer.
La querellante alegó, además, que Toro Zambrana realizó descalificaciones humillantes sobre la calidad de su trabajo e incurrió en hostigamiento laboral al asignar deberes ajenos a sus obligaciones laborales
Tanto Toro Zambrana como Rosado negaron las denuncias de la querella.
Además, la querellante le imputó a la administradora auxiliar en administración de DA, Noelia López Rivera, haber incurrido en hostigamiento laboral al realizar expresiones injuriosas, humillantes y descalificatorias de su calidad profesional, en conversaciones con otros compañeros de trabajo. López Rivera negó los señalamientos en su contra contenidos en la querella.
La querellante plantea que las acciones de Toro Zambrana, Rosado y López Rivera ayudaron a crear una atmósfera de trabajo hostil y represiva que la afectó emocionalmente. De hecho, en conversaciones con algunas de las mujeres perjudicadas este periodista constató que López Rivera es señalada por incurrir en reiteradas acciones de hostigamiento laboral con otras empleadas del DA.
Desestima por falta de testigos
Finalmente, la licenciada Bábara Cruz Muñiz, quien efectuó una investigación sobre la querella, recomendó desestimar los señalamientos sobre las insinuaciones sexuales que Rivera Collazo le imputa a Toro Zambrana “por falta de testigos”. La información surge del informe que realizó Cruz Muñiz, al que tuvo acceso este periodista y que tiene fecha del 4 de noviembre del 2021.
Cruz Muñiz también desestimó las denuncias sobre que Toro Zambrana quitó responsabilidades a Rivera Collazo, le impuso restricciones en su área de trabajo, realizó descalificaciones humillantes sobre la calidad de su trabajo e incurrió en hostigamiento laboral al asignar deberes ajenos a sus obligaciones laborales. La abogada recomendó no imponer sanciones contra Toro Zambrana porque “no encontramos que existe causa suficiente para iniciar el proceso”.
Además, la investigadora sostuvo que las compañeras de Rivera Collazo negaron que hayan ocurrido esas imputaciones contra Toro Zambrana y que el funcionario “le haya retirado funciones como reprimenda”.
Recomienda regaño oral
Luego la investigadora concluye que “fueron actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que le corresponde como superior”, lo cual podría indicar que, para la investigadora los actos imputados si ocurrieron pero que la interpretación realizada por la querellante de esos actos es incorrecta.
No obstante, aunque la investigadora pudo comprobar que sí ocurrieron las imputaciones contra Rosado y López Rivera sobre que cometieron hostigamiento laboral y discrimen contra la mujer, según sostuvo Rivera Collazo, solo recomendó una “medida correctiva de advertencia oral” contra ambos.
La investigadora justificó la leve sanción contra los dos funcionarios debido a que la conducta conducente al hostigamiento laboral y el discrimen no fue repetitiva o “reiterada”, que es uno de los criterios establecidos por la ley 90 de 2020, o Ley Para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral.
Acciones para obligar la renuncia
Para el 2021 el DA carecía de un protocolo para atender las querellas relacionadas con hostigamiento laboral o sexual, según señaló López Rivera en una contestación a la querella de Rivera Collazo que tiene fecha del 25 de octubre del 2021.
De hecho, para las féminas profesionales perjudicadas por los atropellos machistas en el DA, las acciones cometidas por los directivos de la agencia para imponer restricciones en su área de trabajo, efectuar descalificaciones humillantes sobre la calidad de su trabajo y asignar deberes ajenos a sus obligaciones laborales son actos compatibles con lo que se conoce como “despido constructivo o tácito”, según lo describe la ley 80 de 1976 o ley sobre Despidos Injustificados, la cual solo aplica a los patronos privados.
Según el estatuto, el llamado despido constructivo, que se considera una modalidad de despido injustificado, ocurre cuando un patrono induce al empleado a renunciar de forma involuntaria a través de imponer condiciones opresivas de trabajo, despojar al empleado de sus funciones, crear un ambiente de trabajo hostil e intimidante y establecer un trato irrespetuoso que atenta contra la dignidad del empleado.
“A algunas de nosotras nos sacaron de nuestros puestos y a otras nos obligaron a renunciar y nadie nos escucha”, se lamentó una de las perjudicadas.
Sin tregua el abuso machista en el Departamento de Agricultura
Por Miguel Díaz Román
Unas 20 mujeres profesionales han sido objeto de la violencia machista en el Departamento de Agricultura, a través de un patrón alarmante de abusos ejercido por los directivos de la agencia que incluye decisiones arbitrarias, atropellos, hostigamiento sexual, humillaciones y lenguaje soez.
En algunos casos se señala al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien es descrito por algunas de las perjudicadas como una persona que suele usar lenguaje soez y expresiones ofensivas en su desempeño cotidiano en la agencia.
Los señalamientos contra González Beiró y sus subalternos se retrotraen al inicio de su gestión en el DA a partir de 2021, cuando la agencia se estremeció por una serie de cambios en el ámbito administrativo y en varias de sus dependencias, que incluyó la remoción de las mujeres de sus puestos sin razón alguna, según alegan las perjudicadas.
De hecho, la mayoría de estas mujeres solicitaron mantenerse en el anonimato porque aún trabajan en el DA y anticipan una nueva oleada de represalias de parte de González Beiró y la cúpula administrativa que lo rodea, si ellas aparecen citadas en un reportaje periodístico.
Como se verá en otra historia que integra esta serie, algunas de los atropellos han eclosionado en querellas que revelan en detalle los atropellos, pero la gran mayoría de las decisiones arbitrarias, el hostigamiento laboral y las humillaciones permanecen impunes debido a que las perjudicadas han optado por mantener silencio para no afectar su trabajo o para evitar nuevas represalias.
Extenso el listado de perjudicadas
Las funcionarias afectadas son: Sonji Ortriz, quien ocupó la posición de directora de Bienes Raíces de la AT; Lynnete Díaz Meléndez, quien era la subdirectora de la AT y secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno de esa dependencia; Jezenia Cruz, quien era la directora de Recursos Humanos de la AT y la licenciada Dorally Rivera, quien fue la directora ejecutiva de la AT.
También figura Mónica Reyes, quien tenía a cargo los Mercados Familiares en la ADEA; Mayra Martínez, quien era la directora de la división de Servicios Generales en la ADEA; Mercedes Seín, quien tenía a cargo la promoción del Fondo Integral para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y la marca Del País; Edna Valle, quien era directora de Servicios Generales y del programa de Inversiones de la ADEA; Idelisa Acevedo, quien fue la directora de la división de Mercados Institucionales de la ADEA.
Otras de las afectadas son Anaishka Legrand, quien tuvo a cargo el Centro de Cómputos y la Oficina de Sistemas del DA; Ivelisse Santaliz, quien fue supervisora de Tesorería de la ADEA; Jeanette Zea, quien tuvo a cargo el programa de Fincas Familiares de la AT; Sixta Rivera Collazo, quien es analista de Recursos Humanos en el DA; Astrid Rivera, supervisora de la división de Tesorería de la AT; Maricarmen Martínez, directora de la región agrícola de Arecibo y Ana Esther Maldonado, quien dirigió la región agrícola de Naranjito .
La agrónoma de la AT, Jessica Ruiz Olavarría, quien se desempeña como coordinadora de área y Glorimar Ocasio Rivera, quien es supervisora de la división de Tesorería de la AT.
Yesimar Rivera Reyes, técnica programa infraestructura rural de la AT, y quien es la esposa del administrador de la ADEA, Juan Rodríguez Reyes, y quien tuvo problemas con el subsecretario, Jorge Campos, y con el director ejecutivo de la AT, Irving Rodríguez, y fue trasladada de manera arbitraria a la oficina de Arecibo.
Además, en esta lista debe figurar la agrónoma Noelia Torres González, quien en el 2019 demandó por discrimen por edad, laboral y político en el Tribunal de Primera Instancia de Quebradillas al entonces director de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera, Jorge Campos, quien actualmente es el subsecretario del DA.
Atropellos como denuncia unánime
Otra mujer que debe integrar la lista es la agricultora Jenoveva Lozada, quien fue la presidente de la entidad Mujeres Agroempresarias de Puerto Rico, una agrupación de mujeres agricultoras que han sido ignoradas por González Beiró y sus subalternos.
Este periodista ha sostenido innumerables entrevistas con la mayoría de las mujeres afectadas, quienes poseen diplomas universitarios en agronomía, contabilidad, finanzas y leyes, y la denuncia unánime es el modo atropellado e irrespetuoso y en algunos casos humillante e injusto, que se empleó para removerlas de sus posiciones.
Algunas de ellas sufrieron la reasignación de responsabilidades que en realidad resultó en una degradación de su posición administrativa, a pesar de que hasta ese momento su desempeño era sobresaliente y nunca habían recibido señalamientos adversos.
Algunas de ellas fueron privadas de recursos y materiales para hacer su trabajo y se les negó el uso de vehículos aún cuando el acceso a un automóvil era necesario para desempeñar sus tareas diarias. Incluso, mientras algunas de estas mujeres no tenían acceso a un vehículo, los directivos gozaban de la asignación de vehículos nuevos.
Quejas sin oídos
Algunas de estas mujeres profesionales se han quejado sin obtener resultados en la Fortaleza y en la Procuraduría de la Mujer por el proceder abusivo, destemplado, arrogante y distante de las más elementales normas de urbanidad de González Beiró y sus subalternos.
Algunas de ellas han denunciado lo que han llamado la violencia machista de parte del secretario y sus subalternos, la cual se revela en expresiones discriminatorias contra la mujer y en ocasiones cargadas de contenido sexual.
Según el testimonio de varias de las perjudicadas, las funcionarias de la Procuraduría de la Mujer consideraron que las denuncias presentaban las características de una disputa laboral y no cumplían con el perfil de un caso de violencia contra la mujer.
Las fuentes explicaron que algunas de las perjudicadas denunciaron en la Fortaleza la violencia machista que González Beiró y sus subalternos descargaron sobre ellas a través de palabras soeces, expresiones discriminatorias contra la mujer, traslados injustificados y cambios en sus funciones administrativas, las cuales no eran compatibles con su experiencia y preparación académica y que carecían de justificación.
Represalias como motivo
Incluso, algunas de estas profesionales denunciaron que las decisiones unilaterales de González Beiró y sus subalternos obedecían en realidad a acciones de represalia contra las funcionarias porque se habían negado a tomar decisiones en contra de las leyes y la reglamentación vigente.
Quizás el mejor ejemplo es la insistencia del secretario a la aprobación de Certificados de Agricultor Bonafide (CAB) a personas que no cumplen con los requisitos vigentes, según indicaron algunas fuentes a este periodista.
Entre los subalternos señalados por las mujeres victimizadas por los atropellos figuran el secretario auxiliar de Recursos Humanos en el DA, Noel Toro Zambrana; el administrador de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), Juan Rodríguez Reyes; el director ejecutivo de la Autoridad de Tierras (AT), Irving Rodríguez Torres; la ayudante ejecutiva del secretario, Noelia López Santiago; y el subsecretario de Agricultura, Jorge Campos.
Los cambios introducidos por el secretario al DA y sus subalternos han ocurrido de manera paulatina desde el 2021 hasta el 2023 y han trastocado las operaciones de ADEA, de la AT y de las oficinas agrícolas regionales.
Afectados los programas agrícolas
La mayoría de los programas agrícolas del DA y sus dependencias fueron afectados por la remoción de las funcionarias, quienes poseen una amplia experiencia en los procesos burocráticos, en el manejo de los detalles administrativos y en la logística de los recursos públicos.
Un ejemplo dramático de esta realidad es que, tras la remoción de las funcionarias, el DA enfrentó graves dificultades para cumplir con los requisitos que propician la venta de productos agrícolas en los Comedores Escolares.
De hecho, Comedores Escolares no adquirió productos agrícolas del país a través del DA durante los años 2021 y 2022. Después de numerosos tropiezos, en 2023 el DA comenzó a vender algunos productos del país al Departamento de Educación.
Otro ejemplo revelador es la reducción dramática en la celebración de los Mercados Familiares en diversos puntos del país, lo que ha limitado las plazas de venta para que los agricultores locales ofrezcan a la venta productos del país.
Además, el programa ha enfrentado denuncias públicas relacionadas con los precios abusivos que se le cobra a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional, lo cual revela la falta de inspectores o la pobre calidad de esas inspecciones. De hecho, las fuentes sostienen que, por alguna razón aún no precisada, en los Mercados Familiares se ha registrado la presencia de personas que no son agricultores, quienes, alegadamente, pueden obtener un beneficio diario de hasta $75,000.
Mañana: Fortaleza avala la violencia machista en el DA
INVESTIGACIÓN ESPECIAL
La Violencia Machista en el Departamento de Agricultura en SN
Desde mañana miércoles 6 de agosto.
