Por Miguel Díaz Román

Una medida avalada por miembros del Partido Demócrata y del Partido Republicano podría establecer control a las restricciones en el uso de determinados medicamentos que las aseguradoras de salud imponen a los pacientes con el fin de frenar costos, atropellando incluso el juicio de los médicos que han recomendado estos tratamientos.

La llamada medida “De los Pasos Seguros 2023”, el Proyecto de la Cámara Federal 2163 y en el Senado, el Proyecto 464, establecería una excepción al protocolo de la llamada “terapia escalonada”, que es un mecanismo de control de medicamentos que utilizan las aseguradoras para los grupos de asegurados patrocinados por patronos, a través de la modalidad de administración de servicios conocido como cuidado dirigido.   

La terapia escalonada puede hacer que los pacientes pasen por varios meses de retraso en la obtención del medicamento que fue recetado por su médico, con el objetivo que se usen otros medicamentos más baratos en casos específicos.

En síntesis, la terapia escalonada establece un proceso mediante el cual un plan de salud requiere que un paciente pruebe uno o más medicamentos u opciones de tratamiento alternativos, que suelen tener un costo menor, antes de poder acceder a la receta que su médico ha identificado como la opción de tratamiento óptima para su diagnóstico.

Por ejemplo, siguiendo la terapia escalonada las aseguradoras favorecen que un paciente recién diagnosticado con diabetes tipo 2 utilice el medicamento conocido como metformina, que tiene un costo de $10 para un mes de uso, antes de recetar el medicamento denominado como semaglutida, que puede costar más de $1,000 al mes.

En otras palabras, la terapia escalonada avala el concepto de “fallar primero”, el cual se refiere al efecto nulo que puede ocasionar en los pacientes los medicamentos de menor precio, como requisito previo para acceder a alternativas más costosas.  

No obstante, las organizaciones médicas que respaldan la medida sostienen que “no puedes darte el lujo de fracasar porque puede significar poner a los pacientes en peligro de vida o muerte”.

Puerto Rico contra la escalonada

Si se aprueba, la ley de Pasos Seguros de 2023, según fue radicada en la Cámara y el Senado en el Capitolio Federal, requeriría que los planes de salud establezcan un proceso claro para solicitar una exención a la terapia escalonada.

En Puerto Rico las restricciones a los medicamentos recetados por los médicos ha sido fuente de numerosas controversias tanto en la Legislatura como en los medios de comunicación, debido a los atrasos que experimentan algunos pacientes para recibir el tratamiento que le fue prescrito.

La cardióloga Norma Devarie, quien es la presidenta La Coalición Nueva Visión de Salud (CNVS), sostuvo que la terapia escalonada es la causante de los numerosos contratiempos que enfrentan los pacientes por obtener un tratamiento adecuado para sus problemas de salud, pues las aseguradoras objetan los medicamentos de alto costo sin importar el impacto adverso que tendrían en los pacientes.

Devarie presentó el ejemplo del medicamento para fallo cardiaco conocido como Entresto, cuyo precio supera los $500 por dosis. “Ellos (las aseguradoras) quieren le des al paciente otros medicamentos que cuyo precio es más barato, pero Entresto es la primera línea que le puedes dar para fallo cardiaco a un paciente, pero es caro”, dijo Devarie.

Indicó que las aseguradoras no aprueban dos medicamentos nuevos para tratar la obesidad por su alto precio.

La diarrea como efecto casi obligatorio

Los tratamientos para la diabetes es otro renglón médico que enfrenta retos con la terapia escalonada según explicó la doctora Devarie.

“Con la diabetes hay que empezar con un medicamento que causa diarrea pero es barato y para salir de ese medicamento hay que escribir una carta indicando que el medicamento le causó diarrea al paciente y no llevó la azúcar al nivel adecuado. Hay que seguir escribiendo y escribiendo hasta que se haga el cambio. Pero siempre hay que empezar con el medicamento que causa diarrea. Hay pacientes que lo soportan, pero otros no” dijo la doctora.

Hasta la fecha, 36 estados han implementado algún tipo de regulación contra la terapia escalonada en seguros de salud avalados por patronos, en planes individuales y en seguros para grupos pequeños.

El doctor Carlos Díaz, quien es el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, indicó que había solicitado una copia de las medidas para explorar la posibilidad de radicar aquí una medida similar.  

Devarie dijo que en la legislatura local se radicó una medida que propone se respete el criterio médico, lo cual es un objetivo parecido a las propuestas de los Proyecto de la Cámara 2163 y el Proyecto del Senado 464. «Yo respaldaría una medida para limitar la terapia escalonada», indicó la doctora.

No obstante, el dcotor Díaz dijo que, si el Congreso aprueba las medidas, la misma tendría aplicación inmediata en los pacientes locales de MA.

SN solicitó una reacción sobre las medidas radicadas en el Congreso a la Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA), que integra las aseguradoras de salud que proveen la cubierta del Plan Vital, para personas de escasos recursos, y las cubiertas MA y Medicare Tradicional. MMAPA sostuvo, a través de su portavoz, que próximamente estarían emitiendo una reacción.

Nuevo protocolo

La Ley de Pasos Seguros de 2023 propone una enmienda a la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados (conocida como ley ERISA) para exigir a las aseguradoras que los planes de salud grupales establezcan excepciones a los protocolos de terapia escalonada.

Entre estas excepciones figura disponer que el atraso de un tratamiento podría tener «consecuencias graves o irreversibles» al paciente.

La medida también establecería que, para dar paso a la excepción, las aseguradoras estarían obligadas a considerar las “características físicas o mentales documentadas” de los pacientes.

Para conceder una solicitud de excepción a la terapia escalonada se propone un protocolo de seis puntos : (1) un tratamiento requerido ha sido ineficaz, (2) se espera que dicho tratamiento sea ineficaz y retrasar el tratamiento eficaz conduciría a consecuencias irreversibles, (3) dicho tratamiento causa o es probable que cause una reacción adversa en el paciente, (4) se espera que dicho tratamiento impida que el individuo realice actividades diarias o responsabilidades ocupacionales, (5) el individuo está estable según los medicamentos recetados ya seleccionados, o (6 ) existen otras circunstancias determinadas por la Administración de Seguridad de Beneficios de los Empleados.

Terapia es buena para controlar costos

La terapia escalonada, insisten los planes de salud, ayuda a mantener la prescripción médica en condiciones económicamente rentables. Para demostrar su potencial, citan un estudio en el que un programa de terapia escalonada para la prescripción de medicamentos para la presión arterial permitió ahorrar un 13 % en gastos.

Una revisión de 2021 de datos de 17 planes de salud encontró que la terapia escalonada se aplicaba en el 38.9 % de las pólizas de cobertura de medicamentos. El alcance y la frecuencia de su uso varían según los planes, las enfermedades y, por supuesto, los medicamentos. La terapia escalonada ha sido identificada como el método más común empleado por los planes para restringir el acceso a medicamentos especializados, que han sido identificados como un factor clave del aumento del gasto en los seguros de salud.

Originalmente la terapia escalonada era un elemento exclusivo de los seguros de salud comerciales, pero posteriormente fue adoptada por algunos programas de Medicaid. Hasta 2018, su uso generalmente no estaba permitido en Medicare.

En 2012, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) emitieron un memorando que prohíbe la imposición de terapia escalonada obligatoria para el acceso a medicamentos y servicios de la Parte B en organizaciones Medicare Advantage (MA), a menos que también se requiera a través de Medicare Original.

Esta política fue rescindida en 2018 cuando, al reconocer la terapia escalonada como una “herramienta de gestión de utilización reconocida”, los CMS establecieron que los planes MA podrían utilizarla para los medicamentos de la Parte B, a partir de 2019, como parte “de una coordinación de atención centrada en el paciente”.

Con el apoyo bipartidista y el respaldo de la Asociación Médica Estadounidense y docenas de organizaciones de especialidades médicas, la Ley Paso Seguro podría aprobarse en ambas cámaras en 2024.

Por Miguel Díaz Román

La presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios (ATC), licenciada Marimar Pérez Riera, reclamó al Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, la celebración de una reunión urgente con los representantes de los titulares de condominios y con la industria de seguros para buscar una solución a la grave crisis que enfrentan los residentes de condominios debido al incremento en el reaseguro.

 Pérez Riera señaló que numerosas juntas de titulares no consiguen una aseguradora que acepte asegurar sus condominios o que las alternativas de seguro que ofrece el mercado contienen primas tan elevadas que son imposibles de pagar para los titulares.

Pérez Riera dijo que es imperioso que Adams Vega intervenga para evitar que numerosos condominios se expongan a enfrentar una catástrofe por terremoto o huracán sin estar asegurados.

“Estamos en una situación en la que los condominios de Puerto Rico están teniendo problemas enormes en conseguir aseguradoras que los quieran asegurar. El problema principal es que estas aseguradoras no tienen el reaseguro, pero eso no tiene que ver con Puerto Rico, es un asunto global el problema de reaseguro. No obstante, tenemos un problema para acceder a las líneas excedentes. A nombre de la ATC yo le solicito al Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, una reunión urgente, que hasta ahora yo no he visto que se haya reunido con la industria de seguros o con (los representantes) de los titulares para ayudar a los condominios”, sostuvo Pérez Riera, durante una entrevista en el programa Informe Semanal.

El mercado de líneas excedentes se refiere a aseguradoras y reaseguradoras que no son reguladas por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) pero que pueden asegurar riesgos en Puerto Rico, cuando no existen aseguradoras en la isla dispuestas a asumir determinados riesgos como, por ejemplo, los seguros de propiedad para comercios y condominios.

Han trascendido quejas por el alto costo de las primas en el mercado de líneas excedentes y porque en caso de controversias con el asegurador, los asegurados no podrán solicitar el amparo de la OCS.  

La presidente de la ATC hizo las expresiones tras el sorpresivo anuncio sobre la salida del mercado de seguros de propiedad comercial y de condominios de la aseguradora United Surety & Indemnity Company (USIC) como resultado del incremento en los costos del reaseguro.

Terrible noticia

El presidente de USIC, Frederick Millán, hizo el anuncio la pasada semana por medio de una comunicación que envió a sus productores y agencias generales. En la comunicación Millán indicó que desde el pasado viernes 15 de diciembre USIC “ha tomado la decisión de descontinuar la suscripción de la póliza de Propiedad Monolineal, Paquete Comercial y Seguros de Condominio Residencial”.

Pérez Riera dijo que la salida del mercado de USIC es una “terrible noticia” debido a que más de 300 condominios integraban la cartera de la aseguradora, lo que implica que las juntas de directores de esos condominios deberán buscar un seguro en otras aseguradoras en momentos cuando el costo del reaseguro ha reducido la disponibilidad de estas empresas a asumir nuevos riesgos y ha elevado el costo de las primas.

Además, los reaseguradores también han reducido su capacidad para reasegurar riesgos en los diversos mercados internacionales en los que hacen negocios, lo que ha causado que muchas aseguradoras no pueden ofrecer seguro de propiedad a nuevos clientes.

De hecho, Pérez Riera dijo que las juntas de directores de algunos condominios han recibido notificaciones de no renovación de sus pólizas de seguros de propiedad de parte de la aseguradora Multinational.

“El problema va más allá de USIC, porque nos hemos enterado de que la aseguradora Multinacional, aunque no ha tomado una postura tan fuerte (como USIC) ha enviado a condominios, a los que tenemos acceso, mensajes de no renovación. Y estimamos que Multinational debe tener 1,000 condominios en su cartera”, dijo Pérez Riera. La ATC estima que en Puerto Rico existen 5,000 condominios.

Graves interrogantes

“Es imperativo que él (Adams Vega) realice que los mismos consejos de titulares no están pudiendo avalar la ley (de Condominios). Tenemos un problema, si un consejo de titulares decide decir no a una aseguradora que le ha subido la prima tres y hasta cinco veces lo que cobraban antes ¿qué se supone que haga una junta (de directores del condominio)? ¿Y si no hace nada? ¿A quién atacará el banco, a su cliente o al consejo de titulares?”, expuso Pérez Riera al develar las interrogantes que surgen en el escenario presente sobre la reacción de los bancos que han financiado con préstamos hipotecarios apartamentos en condominios, cuyo consejo de titulares pueda rechazar contratar el seguro de propiedad que, ofrece protección contra daños catastróficos por terremoto o huracán, debido al alto costo de las primas.

Los bancos exigen a sus clientes de préstamos hipotecarios en condominios que mantengan el seguro de propiedad para proteger la estructura hasta que el préstamo sea pagado en su totalidad.

Pérez Riera reveló que numerosas titulares y juntas de condominios la han solicitado a la ATC que les informe sobre las ventajas y desventajas del autoseguro, una alternativa de seguro que descarta la participación de las aseguradoras pero que requiere garantizar la existencia de un fondo robusto que facilite rehabilitar la estructura en caso de daños por eventos catastróficos.

“Auto asegurarse no es ahorrarte el no pagar. Hay que ver cuáles son los “guidelines” que tiene la OCS, pero auto asegurarse pudiere requerir tener un porciento significativo de lo que cuesta el reemplazo del inmueble. Pudiese implicar hacer una derrama bastante onerosa, con la promesa de que si no ocurre un evento catastrófico entonces ese dinero si te lo vas ahorrar prospectivamente”, indicó Pérez Riera.

Necesidad Apremiante

La presidenta de la ATC sostuvo que Adams Vega ha actuado en contra del Centro Internacional de Seguros a pesar de allí están ubicados numerosas reaseguradoras que pudieran constituir una alternativa para lidiar con el alto costo del reaseguro.

“El Comisionado no tan solo tiene que trabajar con los titulares que están pagando cantidades exorbitantes, sino que tiene que trabajar en qué necesitan las aseguradoras para que sientan que quieren proveer parte de sus riesgos en los condominios. Existe una necesidad apremiante de que el Comisionado de Seguros intervenga y hasta sea necesario acción legislativa”, dijo la presidenta de la ATC.

El presidente de la aseguradora Antilles Insurance Company, Jaime González Portilla, se manifestó a favor de que el Comisionado de Seguros sostenga una reunión con la ATC y con las aseguradoras.

Sobre el tema del CIS, González Portilla dijo que no conoce reaseguradoras instaladas en el CIS que suscriban reaseguro para riesgos en Puerto Rico. 

“Estas reaseguradoras se establecieron aquí solo para beneficiarse de un tema contributivo. No vinieron para hacer negocios de reaseguro en Puerto Rico. Nosotros, las aseguradoras del país compramos reaseguro con reaseguradoras mundiales establecidas fuera de Puerto Rico. Las principales son europeas y otras están en Bermuda”

González Portilla sostuvo que el Ejecutivo y la Legislatura podrían tomar varias decisiones que podrían mejorar la oferta de seguros de las aseguradoras locales para atender la difícil situación que enfrentan los condominios.

El ejecutivo recomendó prohibir la póliza de seguro Full Value, que ofrece protección a la estructura (las áreas comunes) de los condominios y las áreas privativas, que son aquellas instalaciones que tienen los apartamentos como puertas, ventanas y muebles de cocina y baños.

La póliza Full Value fue fuente de agrias disputas entre aseguradoras y condóminos asegurados tras el paso catastrófico del huracán María, debido a la alegada incidencia de fraude en las reclamaciones.  

Desregular y reducir gastos

El presidente de Antilles Insurance también propuso desregular las tarifas de los condominios no costeros debido a que son inadecuadas. González Portilla dijo que la desregulación de tarifas propicia que exista una mayor oferta de seguros. La OCS desreguló las tarifas de los condominios costeros tras el paso del huracán María.  

El ejecutivo se manifestó a favor de reducir los gastos de las aseguradoras que obedecen a obligaciones contributivas y específicamente recomendó eliminar la patente nacional de un 1% que actualmente el Departamento de Hacienda impone a la prima neta generada por un asegurador en un año contributivo. “Que yo sepa somos la única industria que paga la patente nacional”, dijo González Portilla.  

Otra contribución que González Portilla recomendó revisar es aquella que impone un 3% sobre las primas de las pólizas de seguro de incendio y líneas aliadas, la cual se estableció varios años atrás para recaudar fondos con el fin de aumentar el salario de los bomberos.

El ejecutivo también abogó por que se establezca un periodo de aproximadamente 6 meses para que los consumidores logren acceso al mercado de líneas excedentes, sin que sea un requisito no conseguir seguro en las aseguradoras locales. Además, propuso reducir la contribución de 9 % que se le impone a las primas que obtienen las aseguradoras de líneas excedentes.

La OCS atenta contra la industria de seguros

“Los consejos de titulares deben estar conscientes de que si te aseguras en líneas excedentes no habrá intervención de la OCS ni tampoco la Asociación de Garantía en caso de una insolvencia”, dijo González Portilla.

“El problema en Puerto Rico es que en vez de crear un “friendly business environment” para atraer más reaseguradoras a que apoyen al sector de aseguradoras, la OCS se pasa redactando y apoyando proyectos de ley que no benefician al sector asegurador y reasegurador. Después de María fueron por lo menos cinco proyectos de ley que fueron nefastos para la industria relacionados con el pago de las reclamaciones”, expresó González Portilla.

Agregó que el más reciente intento de afectar la atmósfera de hacer negocios en la industria de seguros fue el Proyecto de la Cámara 1533, que concede a la OCS el poder de ajustar reclamaciones. La medida, que está detenida en la Comisión de Reglas y Calendario de la Cámara, recibió el rechazo unánime de las aseguradoras locales y de los reaseguradores que atienden el mercado local. 

 El presidente de la aseguradora Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, avaló las recomendaciones propuestas por González Portilla relacionadas con flexibilizar el trato contributivo del gobierno hacia las aseguradoras.

Nefasto reglamento de “appraisal”

Pero Sánchez Géigel advirtió que si los métodos de resolución de disputas no proveen herramientas para garantizar su imparcialidad, los reaseguradores descartarán participar en el mercado o aumentarán más las primas de reaseguro, lo que afectará aún más a los consumidores y podría causar trastornos en el ambiente comercial y perjudicar la economía del país.

Sobre este aspecto, el ejecutivo indicó que el reglamento para el proceso de “appraisal” o valoración de la pérdida en reclamaciones de propiedad en disputa, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2024, será “nefasto” para la atmósfera de imparcialidad que requieren los mecanismos para resolver controversias y que podría ahuyentar a los reaseguradores o en encarecer más las primas de reaseguro.

Explicó que el reglamento, que es producto de la Ley 242 de 2018, la cual, entre otros asuntos, estableció el marco legal que viabiliza el proceso de valoración o «appraisal», dispuso que los árbitros que dilucidarán las disputas serán ajustadores públicos, lo que va a traer una situación no favorable para las compañías de seguros y a su vez, va a tener un efecto negativo ante los reaseguradores. La OCS regirá el proceso de «appraisal» según las disposiciones del citado reglamento.

“Si deseamos un proceso justo de ajuste, los árbitros no pueden ser ajustadores públicos, ni ajustadores independientes, ni empleados de los reaseguradores, ni de las aseguradoras, ni tasadores de propiedad. Estas personas van a ajustar cuantías de dinero. Tienen que ser arquitectos o ingenieros que conozcan los precios de reconstrucción de estructuras y de los materiales de construcción en Puerto Rico”, dijo Sánchez Géigel.

Indicó que tampoco es aceptable que, para ajustar reclamaciones, se utilicen programas de computadora que puedan llegar a conclusiones erróneas. Insistió en que el proceso debe ser justo e imparcial y que propicie una reducción del fraude. Sostuvo que la incidencia de fraude obliga a las aseguradoras a incurrir en costosos procesos legales en los tribunales, donde han logrado evidenciar la incidencia de fraude en determinadas reclamaciones.

“Vamos al tribunal para que en una deposición salgan las mentiras y aflore la verdad. Ese proceso cuesta mucho dinero. ¿por qué hacerlo de esa manera?”, concluyó Sánchez Géigel.

Por Miguel Díaz Román

El alza en costos de reaseguro continúa generando efectos adversos para los consumidores en Puerto Rico y en esta ocasión le ha tocado a la aseguradora United Surety & Indemnity Company (USIC), que como resultado del incremento en los costos del reaseguro ha anunciado que dejará de suscribir pólizas de seguro de propiedad comercial y condominios.

El presidente de USIC, Frederick Millán, hizo el anuncio por medio de una comunicación que envió a sus productores y agencias generales el pasado miércoles 13 de diciembre. En la comunicación Millán indicó que a partir de hoy viernes 15 de diciembre USIC “ha tomado la decisión de descontinuar la suscripción de la póliza de Propiedad Monolineal, Paquete Comercial y Seguros de Condominio Residencial”.

Millán indicó en la comunicación que USIC dejará no tan solo de suscribir nuevas pólizas de propiedad comercial y condominios, sino que a partir de hoy viernes 15 de diciembre USIC también suspenderá la renovación de aquellas pólizas de propiedad comercial y condominios que se encuentren vigentes, lo cual ocurrirá según vayan madurando esos contratos hasta su fecha de expiración.

De hecho, según fuentes de la industria, los clientes de USIC cuyas pólizas no serán renovadas podrían enfrentar problemas para conseguir una aseguradora, por lo que no se descarta que se vean obligados a recurrir al mercado de líneas excedentes.

Nueva estocada al consumidor

La decisión de USIC se enmarca en la realidad actual del mercado de seguros en Puerto Rico, en el que las aseguradoras han padecido un incremento significativo en sus costos de reaseguro y como resultado, los consumidores han enfrentado un alza en las primas de los seguros, especialmente de propiedad.  

Además, la salida de USIC del mercado de propiedad comercial y condominios representa una nueva estocada al consumidor, que ha presenciado una reducción en la oferta tras la salida de varios jugadores importantes como las aseguradoras Integrand y Real Legacy, en 2019.

Otras aseguradoras como Triple S Propiedad enfrentan un desafío significativo como resultado de reclamaciones originadas por el huracán María y que siete años después se aproximan a una decisión final en los tribunales que podría involucrar el pago de más de $78 millones a unas 31 juntas de condómines.

Además, a este escenario hay que añadir la intención explícita de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) de intervenir y establecer el monto que deberá pagar un asegurador en reclamaciones impugnadas, una iniciativa que se concretó en el Proyecto de la Cámara 1533, el cual está detenido en la Cámara de Representantes.

 De hecho, esta medida levantó una oposición cerrada de parte de los reaseguradores que atienden el mercado local, quienes se expresaron alarmados de que el regulador actuara también como ajustador de reclamaciones.

Preocupa la intervención de la OCS

El presidente de la aseguradora Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, expresó preocupación por el efecto combinado que podría tener en la economía local el alza en el costo del reaseguro y las acciones que pueda tomar la OCS y que provoquen el rechazo de los reaseguradores internacionales.

“Los reaseguradores simplemente llevan su capacidad a otros mercados. Lo que me preocupa es que no se están analizando las repercusiones de estas acciones porque sin reaseguro no hay pólizas de seguros para propiedad y sin eso los bancos no van a financiar proyectos de construcción. Todo esto es una cadena”, dijo Sánchez Géigel.

El ejecutivo explicó que el reaseguro es un mecanismo financiero que permite a las aseguradoras transferir parte de sus riesgos a otras compañías, con el fin de proteger su solvencia y estabilidad.

“Puerto Rico, como territorio insular propenso a huracanes, terremotos e inundaciones, tiene una alta demanda de reaseguro, que compite con otros países con mejor economía y mayor capacidad de compra”, sostuvo.

“El reaseguro también beneficia a los consumidores, ya que les garantiza que las aseguradoras tendrán los recursos suficientes para pagar sus reclamaciones en caso de que ocurra un evento catastrófico”, dijo el ejecutivo.

Reaseguro en periodo duro

Recientemente el mercado de reaseguro ha experimentado un aumento drástico en los precios y una reducción en la capacidad, debido a la ocurrencia de eventos catastróficos en diferentes partes del mundo.

En ese escenario Puerto Rico ha sufrido el impacto de varios eventos catastróficos, como el huracán María e Irma en 2017, los terremotos de 2020, y el huracán Fiona en 2022. Estos eventos han generado una gran cantidad de reclamaciones a las aseguradoras, que han tenido que recurrir al reaseguro para hacer frente a sus obligaciones. 

A su vez, esta situación ha afectado a las aseguradoras porque han tenido que asumir mayores costos y restricciones para acceder al reaseguro. Esto, a su vez, ha impactado en las primas que cobran a los consumidores.

“El problema es que el reaseguro no es un recurso ilimitado ni barato, y que Puerto Rico no opera en un vacío, sino que compite con otros países por acceder al mismo. El mercado de reaseguro ha entrado en un ciclo duro, caracterizado por el aumento de los precios y la disminución de la capacidad, debido al aumento en el pago de eventos catastróficos en diferentes partes del mundo”, indicó Sánchez Géigel.

El gobierno de Puerto Rico, sostuvo el presidente de Mapfre, ha intentado regular el mercado de seguros, con el propósito de proteger a los consumidores y evitar abusos por parte de las aseguradoras.  

“Algunas de las medidas regulatorias que se han propuesto o implementado podrían tener efectos contraproducentes, al desincentivar la inversión y la competencia en la industria, y al poner en riesgo la solvencia y la capacidad de respuesta de las aseguradoras ante futuros eventos catastróficos. Tenemos que buscar un equilibrio entre los intereses de los consumidores, las aseguradoras y el país”, concluyó Sánchez Géigel.