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González Beiró impuso multa de $2,500 a ganadero que lo cuestionó en el Senado

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Por Miguel Díaz Román

Fiel a su conducta de permanecer involucrado en controversias que levantan dudas sobre su gestión pública, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, le impuso una multa de $2,500 a un ganadero que denunció en una vista ejecutiva en el Senado los presuntos falsos testimonios del funcionario, sus incumplimientos a la reglamentación, las decisiones arbitrarias y la toma de represalias contra los que sectores que se quejan contra sus decisiones.

González Beiró, en su función como administrador interino de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), impuso la multa contra el ganadero Carlos Benítez el mismo día que el agricultor compareció a una vista ejecutiva celebrada por la Comisión de Agricultura del Senado. En la vista Benítez denunció numerosas irregularidades cometidas, alegadamente, por la ORIL y González Beiró.

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La multa obedeció a unas presuntas violaciones a la reglamentación de la ORIL cometidas por la vaquería Empresas Benítez Toledo Inc, de la cual Benítez es presidente. Las alegadas violaciones acontecieron tres años atrás, específicamente en mayo de 2020.

La vista ejecutiva en el Senado fue celebrada el pasado 27 de septiembre del 2023, mientras que la multa fue firmada por González Beiró ese mismo día, según se desprende de una copia de la determinación.

La vista ejecutiva fue celebrada por el senador Albert Torres, quien preside la Comisión de Agricultura del Senado, para examinar la Resolución Conjunta del Senado 333, que ordena a la ORIL cumplir con su responsabilidad de efectuar un Estudio Económico Exhaustivo (EEE) de la industria lechera, según lo dispone la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera.

La RC 333, que fue presentada por Torres Berrios, sostiene que el último estudio EEE se realizó en 2016 y luego fue actualizado al 2018. La vista tenía como objetivo conocer por qué no se ha realizado el estudio a pesar de que la ley 34 ordena que se haga cada cuatro años con el fin de revisar los precios de la leche y aumentar el ingreso de los diversos integrantes de la industria lechera si es necesario.

Multa por alegada adulteración

La orden emitida por González Beiró le impuso una multa de $2,500 contra Benítez debido a que en mayo de 2020 se tomaron muestras de leche cruda de la vaquería Empresas Benítez Toledo Inc, y los análisis concluyeron que la leche no cumplió con el nivel de temperatura aceptable y tampoco pudo aprobar la prueba de crioscopía, que mide la presencia de agua. Un nivel inaceptable en la prueba de crioscopía es equivalente a que la leche cruda fue adulterada con agua.

Según la determinación, la leche cruda recogida en la vaquería los días 30 y 31 de mayo de 2020 incumplió con la temperatura querida de 45 grados Fahrenheit y además, el producto fue adulterado con agua por lo que fue decomisado.  Además, la orden desestimó una querella radicada por Benítez contra la ORIL por irregularidades en los decomisos de leche ejecutados el 30 y 31 de mayo de 2020. 

Ganadero alega discrimen

Pero el ganadero Benítez dijo que no aceptó la imputación sobre la alegada adulteración de la leche con agua y adelantó que solicitará una reconsideración ante la ORIL. Indicó que si la reconsideración no prospera acudirá en alzada al Tribunal Apelativo. “Aquí vamos hasta las últimas consecuencias. Vamos a detener estas acciones abusivas del secretario”, dijo Benítez.

El ganadero explicó que la determinación de González Beiró es discriminatoria porque la ORIL ha permitido que numerosas vaquerías incumplan con la prueba de crioscopía y “no los multan ni le decomisan la leche”.   

“Esta multa responde a mis expresiones en la vista ejecutiva. Es una medida de represalia como acostumbran hacer en la ORIL para que los ganaderos no se quejen y no denuncien los abusos. Hoy (ayer) le han botado la leche a 15 ganaderos y nadie se queja. Es leche grado A la que están botando y nadie se queja”, dijo Benítez, quien en la vista ejecutiva denunció que sin estudio alguno la ORIL ha adoptado una iniciativa para mejorar la calidad de la leche más allá de los parámetros que la leche grado A que exige el gobierno federal, lo que implica reducir la cantidad de bacterias y de las llamadas células somáticas.

Cambios sin estudio y sin justificación 

El ganadero sostuvo que tales cambios han implicado un incremento en los costos de operación de las vaquerías y señaló que se han establecido sin que la ORIL haya evaluado los efectos para la industria en el contexto que se ha reducido el consumo de leche fresca. Benítez dijo que, al amparo de tales parámetros, la ORIL continuamente rechaza leche cruda de las vaquerías, lo que representa graves pérdidas para esas operaciones agrícolas.

El ganadero hizo los señalamientos luego de que González Beiró dijo en la vista ejecutiva que los decomisos de leche se habían detenido.

“Ellos dicen que no hay decomisos, pero le botan la leche a los ganaderos todos los días”, reveló Benítez en la vista ejecutiva.

Ayer Benítez dijo que su abogado, el licenciado Homel Mercado, está evaluando la ley 2 de 2018 o ley del llamado Código Anticorrupción, con el fin de invocar su artículo 4.2 C, el cual prohíbe que se tomen represalias contra personas que realicen denuncias ante la legislatura, entre otras disposiciones.

Mutis de senadores ante represalia contra deponente

El senador Torres y la senadora Ada García, quien es la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura, no respondieron a las solicitudes de este periodista para que ofrecieran una  reacción a la multa impuesta por González Beiró contra el ganadero Benítez.

A pesar de que ambos senadores son los directivos de la Comisión de Agricultura, hasta el momento no se han expresado sobre lo que podría constituir como un acto de represalia contra un deponente invitado por la Comisión a expresar su opinión en una vista ejecutiva celebrada en el marco de una investigación senatorial.  

De hecho, no está claro si las expresiones de un deponente en una vista ejecutiva están protegidas por la reglamentación del Senado y si la Comisión de Agricultura o el Senado podrían tomar una acción legal para evitar las represalias contra los ciudadanos que ofrecen información durante una investigación realizada por ese cuerpo legislativo.

La gran interrogante que surge de la acción tomada por González Beiró es por qué la ORIL estuvo tres años sin tomar una decisión sobre los decomisos ordenados contra Benítez, los cuales sucedieron en mayo de 2020. 

Coincidencia fatal

Incluso, llama la atención que el secretario de Agricultura decidiera firmar la orden para multar a Benítez el mismo día que se celebró vista ejecutiva en la que el ganadero cuestionó sus ejecutorias como administrador interino de la ORIL.

Ante estas interrogantes este periodista le envió el siguiente mensaje de texto al secretario: “Hola secretario. El 27 de septiembre usted impuso una multa contra el ganadero Carlos Benítez por hechos ocurridos tres años atrás. Usted impuso la multa el mismo día que Benítez compareció ante la Comisión de Agricultura del Senado y denunció los incumplimientos de la ORIL y de su parte, como administrador interino. Benítez alega que la multa fue en represalia por sus denuncias ante la Comisión.  Es inescapable pensar que la multa responde a un acto de represalia. ¿Cuál es su explicación para esta multa impuesta el mismo día en que fue celebrada la vista ejecutiva en el Senado?”.

Minutos después de enviar el mensaje González Beiró respondió con la siguiente expresión: “Eres una rata. No me escribas jamás”.

¿Criminal o secretario constitucional?

Ciertamente es justo cuestionar si este tipo de respuesta es la que esperamos de un secretario del gabinete constitucional del gobernador Pedro Pierluisi o de un lugarteniente del bajo mundo. González Beiró se ha caracterizado por mostrar un talante montaraz incontrolable que aflora rápidamente frente al más inofensivo cuestionamiento.

 Incluso, el secretario ha creado fama de maltratar con palabras soeces e invectivas a los empleados del Departamento de Agricultura, incluyendo sus subalternos inmediatos y funcionarios de confianza.

De hecho, en la vista ejecutiva Benítez sostuvo que el sector ganadero no se atreve a hablar porque la ORIL y González Beiró han establecido un patrón de tomar represalias contra los que se quejan.

Penalizan para lograr silencio

“Penalizan y le quitan la licencia a los ganaderos. A mí me la han quitado y me la han tenido que devolver”, dijo el ganadero, quien reveló que mantiene hasta cinco querellas radicadas ante la ORIL por los incumplimientos a la reglamentación vigente. Benítez reveló que está en espera de que la ORIL resuelva sus querellas para acudir en alzada a los tribunales si es necesario.

El ganadero indicó que hasta el momento 35 vaquerías se han declarado en quiebra en el Tribunal Federal de San Juan debido a que sus costos de producción exceden las ganancias que obtienen a través de la venta de leche cruda porque la ORIL no ha realizado el EEE.

“Lo que estamos pidiendo es que se cumpla con la ley. Estamos pidiendo justicia y que el secretario y la ORIL dejen de improvisar y hagan el EEE. Estamos pidiendo una ganancia razonable”, dijo Benítez con voz sonora en el pequeño salón donde se celebró la vista ejecutiva en el llamado anexo del senado.

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