Por Miguel Díaz Román
El pleno del Senado aceptó ayer sin objeciones un informe que concluyó que el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, cometió fraude y actuó de manera ilegal para lograr que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) obtuviera la reacreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).
Tras la aprobación del informe por el Senado, miembros de la industria de seguros repudiaron las acciones de Adams Vega y, además, manifestaron su preocupación sobre que la NAIC decida retirar nuevamente la acreditación de la OCS, luego de conocer el contenido del informe, y el efecto que esta decisión puede tener en la credibilidad de la OCS y de la industria local en general.
El informe, que fue realizado por la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado, señala que Adams Vega cometió fraude al representar falsamente que había prohibido por la vía administrativa que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el Centro Internacional de Seguros (CIS) hicieran negocios en los Estados Unidos.
Con esta prohibición artificial Adams Vega logró que la NAIC aceptara reacreditar a la OCS el 12 de diciembre de 2022, según concluyó el informe. La acreditación fue suspendida el 27 de julio de 2020.
La reacreditación fue el resultado directo de una carta circular emitida por Adams Vega en diciembre de 2022, la cual impuso a los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS una serie de restricciones y obligaciones que aplican a las aseguradoras locales.
El informe concluyó que Adams Vega no tenía autoridad en ley para enmendar por la vía administrativa la política pública y la ley que permitió establecer el CIS.
El senador Juan Zaragoza Gómez, quien preside la Comisión, reveló que se propone enviar una carta al gobernador Pedro Pierluisi para informar las conclusiones del informe y para que el Primer Ejecutivo tome acción contra las acciones “ultra vires” de Adams Vega.
Zaragoza Gómez también reveló que se propone enviar una copia del informe a la NAIC
Informe llegará a la NAIC
“Estaremos evaluando cómo y cuándo comunicarle este informe a la NAIC. De igual forma, estaré cursándole una misiva al Gobernador emplazándolo a que tome acción ante las ejecuciones ultra vires de la Oficina del Comisionado de Seguros”, indicó Zaragoza Gómez en unas declaraciones escritas divulgadas tras la votación de ayer en el Senado.
“La aceptación del informe a la RS 612 producido por la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal que presido sin objeciones válida los hallazgos en el contenido. Tenemos un Comisionado de Seguros actuando de manera contraria a derecho y afectando la industria de Seguros del país”, agregó el senador.
Sectores de la industria de seguros repudiaron las acciones de Adams Vega y, además, manifestaron su preocupación sobre las posibles decisiones que tome la NAIC luego de conocer el contenido del informe.
Una de esas posibilidades es que la NAIC decida retirar nuevamente la acreditación de la OCS, según comentaron miembros de la industria de seguros que prefieren conservar el anonimato. No obstante, destacaron que las acciones de Adams Vega representan un golpe grave a la credibilidad de la OCS, la cual puede afectar a la industria local en general, incluyendo el CIS.
Nueva medida para aclarar el CIS
“El informe presentado es uno parcial. Continuaremos nuestro proceso de investigación solicitando expresiones de la Asociación de Aseguradores Internacionales de Puerto Rico y documentos adicionales a la OCS. No obstante, los hallazgos de este informe parcial quedan tan claramente evidenciados que quedarnos cruzados de brazo no es opción. Ya presenté legislación para eliminar cualquier duda en cuanto a que las aseguradoras internacionales pueden hacer negocios en Estado Unidos), dijo Zaragoza Gómez en alusión al Proyecto del Senado 1352, radicado por el senador el pasado 6 de octubre.
La medida aclara los términos bajo los cuales “un asegurador o reasegurador internacional podrá suscribir o reasegurar riesgos residentes, localizados o ejecutarse en Estados Unidos”.
El informe parcial de la Resolución del Senado 612 emitido el pasado 6 de octubre, fue el resultado de la Resolución del Senado 612, la cual fue radicada en junio del 2022 por Zaragoza Gómez, para investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS.
Según el informe parcial, Adams Vega tomó unas medidas administrativas sin tener la autoridad en ley para hacerlo, y en abierta contradicción con la ley 399 del 2004, que es ley matriz del CIS, y con las disposiciones de la regla 80, que agrupa los normas que regulan a los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS.
El 7 de diciembre de 2022 Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007, la cual sostiene, entre otros planteamientos, que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por NAIC, deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional”.
Dudosa reacreditación
Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, el 12 de diciembre de 2022 la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS. El informe señala que la NAIC aprobó la reacreditación fundamentada en la representación promovida por Adams Vega sobre que la OCS había implantado medidas administrativas que prohibía a los aseguradores y reaseguradores internacionales suscribir riesgos en los Estados Unidos.
Sobre estas acciones el informe parcial de la RS 612 señala que “en vista de lo anterior, la actuación del Comisionado de Seguros al representar a la NAIC que había implantado, por vía administrativa, una prohibición de que los aseguradores y reaseguradores internacionales pudiesen hacer negocios en los Estados Unidos representa un peligroso acto de fraude cometido ante una importante entidad acreditadora. La ilegalidad de tal actuación y el grave daño reputacional para la OCS y para Puerto Rico son más que evidentes”.
El 27 de julio de 2020 la NAIC suspendió la acreditación de la OCS durante la incumbencia del ex Comisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui.
La determinación de la NAIC obedeció a que, en 2018 el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, avaló una transacción de que involucró una aseguradora de Wisconsin dedicada a los seguros de vida y seguros de cuidado prolongado con más de 200,000 asegurados en ese estado y otra cantidad indefinida de asegurados en otros estados.
En 2017 las aseguradoras Haven Insurance Company II y su empresa matriz, Haven Holdings Inc fueron registradas en el CIS. El 5 de diciembre de 2018 Rivera Ríos avaló que Haven Insurance Company II adquiriera y se fusionara con Time Insurance Company, una aseguradora domiciliada en Wisconsin.
El producto de la fusión fue registrado en el CIS como Time Insurance Company II, en la categoría de aseguradora y reaseguradora de la Clase 5, dedicada a asegurar y reasegurar riesgos relacionados con seguros de vida e incapacidad.
En 2019, Time Insurance le propuso a la OCS anular los contratos de reaseguro firmados por la extinta Time Insurance de Wisconsin, para recuperar $2,700 millones, los cuales serían invertidos en los llamados “planes de activos segregados” (fideicomisos de inversión), un tipo de inversión permitida en el CIS. La transacción incluía un dividendo extraordinario por $203 millones.
La intención de Time Insurance disparó las alarmas de los Comisionados de Seguro de los estados, porque afectaría a los asegurados que residían en esas jurisdicciones.
Incapaz la OCS de prever repercusiones
Los comisionados de seguros de los estados reclamaron a la OCS que impusiera a Time Insurance regulaciones tal como si fuera un asegurador doméstico que opera en una jurisdicción acreditada por la NAIC.
En 2020 la OCS revirtió la aprobación de Time Insurance, lo que permitió que la aseguradora regresara a Wisconsin, donde fue finalmente sometida a un proceso de liquidación.
Según la NAIC, la OCS fue incapaz de anticipar los graves efectos que la aprobación de la transacción representaría para múltiples estados, lo que también demostró que el regulador local carecía de los recursos para atender transacciones complejas que podrían causar implicaciones en otras jurisdicciones.
Además, la NAIC concluyó que la OCS no tuvo una adecuada comunicación con las oficinas de los comisionados de seguros de las jurisdicciones en los Estados Unidos que podrían experimentar los efectos de la transacción aprobada en Puerto Rico.
