Por Miguel Díaz Román
El senador Juan Zaragoza Gómez radicó ayer una resolución que solicita al gobernador Pedro Pierluisi que destituya al Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, por unas controvertibles expresiones en las que el funcionario acusó a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado (CHS) de haber presentado una resolución para proteger una determinada aseguradora internacional que no identificó.
Las expresiones del Adams Vega, publicadas el pasado miércoles 18 de octubre por el periódico El Vocero, elevaron la temperatura y la hostilidad entre el funcionario y el senador Zaragoza Gómez, quien preside la CHS.
En sus expresiones Adams Vega reaccionó al contenido de un informe parcial emitido por la CHS, el cual acusa al funcionario de cometer fraude y de actuar de manera ilegal para lograr que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) obtuviera la reacreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).
El informe, difundido el pasado 6 de octubre, fue el resultado de la Resolución del Senado 612, la cual fue radicada por Zaragoza Gómez para investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS.
En reacción al informe de la RS 612 Adams Vega sostuvo, según reseña un artículo de la periodista Ileanexis Vera Rosado, que “esta resolución lo que persigue es proteger un caso particular de una aseguradora internacional que busca establecerse en la Isla, cuyo esquema de negocio no cumple con los criterios uniformes aplicables de las aseguradoras tradicionales. Esta resolución, hecha a la medida, lo que busca es darle carta abierta para que las aseguradoras que están aquí hagan negocio en los Estados Unidos, lo que no es permitido. No pueden (las aseguradoras internacionales) tener negocios en varias jurisdicciones”.
Indignado por las expresiones de Adams Vega, Zaragoza Gómez presentó ayer la Resolución del Senado 852, que propone una manifestación de repudio de parte del Senado contra “las expresiones falsas y difamatorias” de Adams Vega. La resolución 852 propone también que el Senado le requiera al gobernador Pedro Pierluisi “la destitución inmediata de Alexander S. Adams Vega del puesto de Comisionado de Seguros”.
La aprobación de la resolución 852 por el Senado, lo cual podría ocurrir en los próximos días, colocaría al gobernador en la disyuntiva de acatar el perdido senatorial o rechazarlo, lo que podría generar otras acciones de parte del Senado contra el Comisionado de Seguros.
El informe de la RS 612 acusó a Adams Vega de prohibir por la vía administrativa que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el Centro Internacional de Seguros (CIS) hicieran negocios en los Estados Unidos.
Según el informe, con esta prohibición artificial Adams Vega logró que la NAIC aceptara acreditar nuevamente a la OCS el 12 de diciembre de 2022. La acreditación fue suspendida en julio de 2020.
La reacreditación fue el resultado directo de una carta circular emitida por Adams Vega en diciembre de 2022, la cual impuso una serie de restricciones y obligaciones que aplican a las aseguradoras locales, a los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS para hacer negocios desde Puerto Rico con otros estados de los Estados Unidos.
Comisionado no favorece el CIS
El informe concluyó que Adams Vega no tenía autoridad para enmendar por la vía administrativa la ley 399 del 2004, que es ley matriz del CIS, y las disposiciones de la regla 80, que agrupa los normas que regulan a los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS.
Según el informe, las enmiendas a la regla 80 no prohíben a los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS hacer negocios con otros estados de los Estados Unidos. Pero Adams Vega ha interpretado que sí lo prohíbe y así lo comunicó a los Comisionados de Seguros de Estados Unidos, lo que ha sido catalogado como una falsa representación del funcionario.
De hecho, en el artículo publicado en El Vocero se desprende claramente que Adams Vega no favorece la flexibilidad regulatoria y financiera del CIS, que pretende estimular la actividad económica al promover que se ubiquen Puerto Rico aseguradoras y reaseguradoras internacionales para hacer negocios con otros países y con estados de los Estados Unidos.
Según el artículo, Adams Vega sostuvo “que la pérdida de la acreditación de la Isla respondió en parte al esquema legal establecido por la Asamblea Legislativa en el proyecto de Ley 399 de 2004, denominada como la Ley de Aseguradora y Reaseguradoras, la cual contenía unas disposiciones que las excluían (a las aseguradoras y reaseguradoras internacionales) de contar con un fondo de garantía que pueda responder ante una insolvencia, tampoco les aplica la presentación de informes financieros, siguiendo parámetros uniformes, ni les aplica criterios de contabilidad tradicionales para este tipo de negocio, como los “statutory accounting principles”, que son los principios contables obligatorios, entre otros criterios”.
La OCS pierde credibilidad ante la NAIC
La determinación de la NAIC de despojar a la OCS de la acreditación respondió a una serie de transacciones relacionadas una aseguradora de Wisconsin que se registró en el CIS en 2017.
En 2019 la OCS avaló que la citada aseguradora registrada en el CIS anulara los contratos de reaseguro relacionados con las pólizas suscritas en Wisconsin y en otros estados, para recuperar $2,700 millones, los cuales serían invertidos en los llamados “planes de activos segregados” (fideicomisos de inversión), un tipo de inversión permitida en el CIS. La transacción incluía un dividendo extraordinario por $203 millones.
La transacción fue rechazada por los Comisionados de Seguro de los estados, porque afectaría a los asegurados que residían en esas jurisdicciones.
El 27 de julio de 2020 la NAIC suspendió la acreditación de la OCS por su incapacidad de anticipar los graves efectos que la aprobación de la transacción representaría para miles de asegurados en múltiples estados.
Además, según concluyó la NAIC, la OCS no tuvo una adecuada comunicación con las oficinas de los comisionados de seguros de las jurisdicciones en los Estados Unidos que podrían experimentar los efectos de la transacción aprobada en Puerto Rico.
De acuerdo con el informe de la RS 612, el 7 de diciembre de 2022 Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007, la cual sostiene, entre otros planteamientos, que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por NAIC, deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional”.
Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, el 12 de diciembre de 2022 la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS.
El caso de Converge RE
Adams Vega no identificó la alegada aseguradora que la CHS pretende proteger a través de su trabajo legislativo. No obstante, la única entidad sancionada por la OCS por hacer negocios en los Estados Unidos desde Puerto Rico es el reasegurador internacional Converge RE, instalado en el CIS en 2017y contra la cual la OCS emitió una orden de cese y desista el 11 de octubre de 2022.
Es decir, un mes y medio antes de que se produjera la carta circular 2022-2007.
La orden de cese y desista obedeció a una alegada violación de Converge RE a la Regla 80, la cual consistió en suscribir riesgos en reaseguro de asegurados en los Estados Unidos.
Según la orden, el reasegurador había suscrito contratos de reaseguro para anualidades y seguros de vida en dos aseguradores domiciliados en Carolina del Sur y en Utah.
La orden la OCS le advierte a Converge RE que “no podrá continuar suscribiendo riesgos en reaseguro de asegurados domiciliados o residentes en jurisdicciones de cualquier otro estado o territorio de Estados Unidos”.
La orden exigió terminar con los contratos de reaseguro en los dos aseguradores domiciliados en Carolina del Sur y en Utah y además, pidió a Converge RE presentar un plan de transición.
A la sorpresiva decisión de la OCS, Converge RE respondió con un alegato no menos sorpresivo: la Regla 80 no prohíbe la suscripción de riesgos de Estados Unidos.
Entra en escena PRIIA
La controvertible decisión contra Converge RE se ventiló en un proceso administrativo en la OCS, en la cual solicitó participación la Asociación de Aseguradores Internacionales de Puerto Rico (PRIIA por sus siglas en inglés), que integra a los aseguradores y reaseguradores instalados en el CIS. La petición de intervención fue presentada el 18 de noviembre de 2022.
PRIIA alegó que su participación en el caso estaba justificada por su conocimiento de las operaciones en el CIS y porque ya la OCS había aceptado el valor del peritaje de la organización, durante la redacción de la enmienda a la Regla 80, introducida en noviembre de 2020.
En su petición PRIIA sostuvo que la orden contra Converge RE tendría efectos adversos sobre las políticas y prácticas de todos los aseguradores internacionales, que podría representar pérdidas millonarias y alterar la viabilidad de sus operaciones en el CIS.
Cuando aún la OCS no había respondido a la petición de intervención de PRIIA, Adams Vega emitió la carta circular el 7 de diciembre, donde figura por primera vez que los aseguradores instalados en el CIS que realicen negocio en los Estados Unidos deberán cumplir con las disposiciones de los capítulos 3, 28 y 29 del Código de Seguros.
El 11 de enero de 2023 la OCS emitió una resolución en la que rechazó la intervención de PRIIA. Posteriormente, la OCS no se pronunció sobre una solicitud de reconsideración presentada por PRIIA.
El pasado 17 de marzo la organización acudió al Tribunal Apelativo para solicitar la revocación de la resolución de la OCS. PRIIA también impugnó ante la OCS la carta circular 2022-2007.
