Por Miguel Díaz Román

La resistencia de las aseguradoras de salud a cumplir con la ley de pago puntual hasta el punto de que utilizan de manera temeraria los tribunales para dilatar por años el saldo de sus deudas con los proveedores de servicios médicos, son parte de las principales causas de la crisis financiera que experimentan los hospitales actualmente en Puerto Rico, según sostuvo el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.

Para detener el uso de los tribunales como mecanismo para dilatar el pago de reclamaciones adjudicadas por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), Adams Vega propuso establecer por ley un “procedimiento especial” que obligue a las aseguradoras a pagar.

La ley 104 de 2002 o ley de Pago Puntual, establece los términos de tiempo para presentar y pagar una reclamación y exige que las reclamaciones sin controversia se paguen en 30 días.

El funcionario sostuvo que a pesar de las determinaciones realizadas por la OCS para que se paguen de manera rápida las reclamaciones presentadas por los proveedores de servicios de salud, las aseguradoras impugnan esas decisiones en los tribunales, lo que retrasa que los quejosos obtengan el beneficio del remedio obtenido en el proceso administrativo de esa oficina.

Incluso, Adams Vega señaló que las aseguradoras se valen de múltiples trámites judiciales, revisiones, reconsideraciones y otra avalancha de mociones “que pueden llegar hasta el mismo Tribunal Supremo” con fin de no pagar las reclamaciones de los proveedores de servicios de salud.

“Lamentablemente, el proceso adjudicativo y judicial es utilizado en muchas ocasiones por los aseguradores y organizaciones de servicios de salud para poner trabas y dilatar el efecto de una resolución emitida por nuestra oficina requiriendo el pago debido a los proveedores, acción que dilata por años el remedio que puede dar esta Oficina al proveedor”, dijo Adams Vega durante una vista pública celebrada ayer por la Comisión de Salud del Senado, que presidente el senador Rubén Soto Rivera.

Propone procedimiento especial

Con el fin de evitar que las aseguradoras utilicen los tribunales como mecanismo para dilatar el pago de reclamaciones adjudicadas por la OCS, Adams Vega propuso establecer por ley un “procedimiento especial” que obligue a estas empresas a pagar inmediatamente después que, a través del proceso administrativo, se haya emitido una decisión a favor del proveedor de servicios de salud.

El funcionario no especificó cómo operaría este “procedimiento especial”, cuáles serían las sanciones que podría enfrentar un asegurador si no cumple con la obligación de pagar la reclamación y cómo se concilia ese novel mecanismo con el derecho que tiene las aseguradoras de recurrir las decisiones administrativas en el Tribunal Apelativo.

Adams Vega sostuvo que el “procedimiento especial” se podría incluir como una enmienda en el Proyecto de la Cámara 1641, que propone establecer el mecanismo de negociación colectiva, que le permitirá a los proveedores de servicios de salud y los hospitales alcanzar acuerdos con las aseguradoras sobre el monto de las tarifas por servicios.

El funcionario agregó que las bajas tarifas que pagan las aseguradoras a los proveedores de salud, incluyendo los hospitales, es otro de los factores precipitantes de la crisis hospitalaria, la cual afecta la disponibilidad de servicios médicos en el país.

El senador Soto Rivera respaldó la enmienda y le garantizó a Adams Vega que el Proyecto 1641 será aprobado en el Senado.

De hecho, Adams Vega dijo que la OCS descubrió que la aseguradora Triple S mantenía un procedimiento interno ilegal de apelación de reclamaciones de pago que no está contemplado en la ley de pago puntual. El funcionario reveló que la OCS multó a la aseguradora y le ordenó desistir de ese procedimiento ilegal pero Triple S impugnó la decisión en el Tribunal Apelativo.

«Todavía esa determinación no es final y firme», dijo Adams Vega.

Ausentes las aseguradoras

Las contundentes expresiones de Adams Vega fueron realizadas en una vista pública que se caracterizó por la ausencia de todos sus miembros con excepción de su presidente, el senador Soto Rivera.

En varias ocasiones el senador cuestionó públicamente el compromiso de todos los senadores, al sostener que los 27 senadores se tienen que integrar a esta discusión por los problemas que enfrenta la ciudadanía asegurada ante las determinaciones de las aseguradoras, que según dijo, se niegan a pagar un determinado medicamento a garantizar un tratamiento recomendado por un médico.

De hecho, los senadores no fueron los únicos ausentes, sino que los representantes de varias aseguradoras no asistieron a la vista a pesar de que fueron citadas. “Serán citadas otra vez so pena de desacato”, dijo el senador.

La única aseguradora que estuvo representada en la vista fue Triple S, que durante su ponencia rechazó de manera categórica que incurra en atrasos en el pago de reclamaciones y destacó que el 9.5 de cada 10 reclamaciones es pagada en 30 días.

La licenciada Wildaly Serra, quien es asesora legal de Triples S, destacó los retos que enfrentan las aseguradoras de salud locales para proveer unas tarifas adecuadas a los proveedores de servicios de salud, debido a los limitados fondos federales que se reciben en Puerto Rico.

 Indicó que para el plan Medicare Advantage, que ofrece un seguro de salud a los trabajadores que pagaron el Seguro Social – cuyos fondos provienen del programa Medicare – las tarifas son hasta 41 % más bajas que lo que se paga en otros estados. Para el plan Vital, cuyos fondos provienen del programa federal Medicaid, las tarifas de los proveedores son hasta un 61 % más bajas que las reconocidas en otros estados.

Normal la tasa de denegaciones

La abogada planteó que en el pago de reclamaciones Triple Se se rige por el marco regulatorio federal y las normas establecidas por las leyes locales. Sostuvo que para reconocer un alza en las tarifas de los proveedores era necesario aumentar las primas.

La vicepresidenta senior de tecnología y plan de administración de Triple-S, Carmen González, indicó que la denegación de reclamaciones en Triple S oscila entre 10% y 11.5% durante los últimos años. La ejecutiva indicó que esa tasa de denegación está dentro del punto de referencia de las aseguradoras en los Estados Unidos, que fluctúa entre 7% y 13%.

Las razones para esas denegaciones son servicios no cubiertos en la póliza, servicios no contratados, reclamaciones duplicadas, incumplimiento con políticas médicas o de pago establecidas por los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS), por la OCS o por la Administración de Seguros de Salud.

Precipitantes sociales de la salud

El senador Soto Rivera cuestionó que, como parte de la póliza de Medicare Advantage, las aseguradoraslos ofrecen pagar el corte de pelo de mascotas, la compra de alimentos y hasta las facturas de energía eléctrica, mientras niegan a determinados asegurados pagar algunos medicamientos o tratamientos médicos recetados.

La licenciada Serra indicó que tales ofrecimeintos responden al concepto «precipitantes sociales de la salud», patrocinado por los CMS, que consideran que la falta de una adecuada alimentación o la ansiedad que genera el estado de las mascotas o la posibilidad de una interrupción del servicio eléctrico por falta de pago, inciden en la salud de los asegurados jubilados.

Serra dijo que los fondos para esos beneficios adicionales de la póliza Medicare Advantage son financiados con parte de los fondos federales contemplados en la prima para servicios médicos.

Investigación en curso

En la vista pública trascendió que la OCS realiza actualmente una investigación sobre la supuesta negociación de deudas que se realiza entre funcionarios del gobierno y las aseguradoras de salud, por los servicios médicos ofrecidos en los hospitales gubernamentales ubicados en el Centro Médico de Río Piedras.

 El senador Soto Rivera se mostró muy interesado en los resultados de esa investigación de la OCS y no descartó iniciar pesquisa a través de la Comisión de Salud. “¿Cómo es posible que se negocie una deuda de una aseguradora de apenas un año? Sí lo que hay que hacer es pagar esa deuda, no negociarla”, cuestionó el senador.

Comisionado pide acción legislativa

Adams Vega también reclamó acción legislativa para garantizar el poder de la OCS para regular la compra del equipo de protección personal (EPP) en las oficinas dentales. La OCS estableció tres años atrás una decisión para que las organizaciones de servicios de salud y aseguradoras cubrieran el costo del EPP y otros gastos relacionados en las oficinas dentales. Pero el pasado mes de septiembre el Tribunal de Apelaciones anuló la determinación luego de una impugnación presentada por la aseguradora Delta Dental.

Adams Vega también dijo en la vista pública que la OCS mantiene activa una auditoría en dos fases con el propósito de investigar las reclamaciones pendientes de pagos a los proveedores de servicios de salud, que incluye a los hospitales.

 La Fase 1, cuyo resultado ya fue revelado por el Comisionado de Seguros en una entrevista en la prensa el pasado mes de agosto, está compuesta por seis aseguradores y organizaciones de servicios de salud. Según la auditoría, el total de reclamaciones pendientes de pago al 31 de julio de 2022, fue de $226.3 millones. De esta cantidad $101.9 millones eran reclamaciones pendientes de pagos a los hospitales. Adams Vega dijo que la totalidad del dinero ya fue pagado a los proveedores de salud.

Hospitales pierden $1,000 millones

Actualmente en la fase 2 se están auditando siete aseguradores y organizaciones de servicios de salud que al 31 de diciembre de 2022, tenían $16.3 millones en reclamaciones pendientes de pago, de los cuales $5.4 millones eran reclamaciones de hospitales. Hasta ahora la empresa Hima San Pablo y San Jorge Children ‘s and Women’s Hospital en San Juan se han acogido a la protección de la Ley federal de Quiebras. No obstante, existen otros hospitales, como el Hospital del Maestro, podrían tomar pasos similares. 

En una ponencia escrita la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese) sostuvo que las quiebras y las dificultades financieras de los hospitales no se puede atribuir a las aseguradoras. 

Acodese planteó que durante la pandemia los hospitales experimentaron una reducción significativa de pacientes y las pérdidas fueron estimadas en  más de $1,000 millones en ingresos. Además, la entidad mencionó los efectos de la inflación, la disparidad de fondos federales y el alza en las facturas de energía eléctrica como factores que han contribuido a la difícil situación del sector hospitalario.

Por Miguel Díaz Román

En medio de la creciente inflación experimentada este año, el costo anual de las pólizas del seguro de salud familiar para trabajadores que reciben una aportación de sus patronos, reflejó un aumento de 7 % en relación con el costo de las primas el año pasado, lo que implica que el costo promedio anual de las pólizas alcanzó los $23,968 este año, según concluyó una encuesta sobre los beneficios de salud respaldados por los patronos.

La encuesta, que obtuvo información de 2,100 empresas grandes y pequeñas en los Estados Unidos, ofrece una imagen detallada de las tendencias que afectan a los seguros de salud para los trabajadores.

La encuesta fue realizada por la organización Kaiser Family Foundation (FKK), que es una entidad independiente que realiza investigaciones, encuestas y artículos periodísticos sobre políticas y temas de salud.

Según la encuesta, el aumento de 7 % en el costo de las primas de las pólizas de salud para trabajadores es el más alto de los últimos 10 años, el cual ha ocurrido en momentos cuando el incremento promedio de la inflación en 2023 ascendió a 5.8 %.

Simultáneamente, los salarios solo han reflejado un alza de apenas 5.2 % este año, lo que permite obtener una perspectiva de la situación financiera real para el 2023 de los 153 millones de trabajadores estadounidenses que tienen una póliza de salud respaldada por sus patronos.

«El aumento de las primas de atención médica de los patronos ha vuelto a ser desagradable, un recordatorio de que, si bien la nación ha logrado grandes avances en la ampliación de la cobertura, la gente continúa luchando con las facturas médicas y, en general, la nación no tiene una estrategia sobre los costos de salud», Drew Atman, presidente y director ejecutivo de KFF.

Trabajadores pagan $500 más por sus pólizas

De hecho, la encuesta de FKK menciona que, en los últimos cinco años, el alza en los salarios fue de 27%, las primas aumentaron un 22%, mientras la inflación registró un aumento de 21%.

La encuesta también concluyó que este año los trabajadores aportaron en promedio $6,575 para completar el costo de la prima de su póliza de salud familiar, lo que representa casi $500 más que el pago que realizaron en 2022. Los patronos de los trabajadores pagan el resto de la prima.

Para las pólizas individuales, la prima anual promedio aumentó a $8,435, también un 7% más que el año pasado. Los trabajadores están pagando poco más de $1,400 de la prima individual, lo que representa $75 más que el año pasado.

“Tenemos un enorme aumento de primas este año. Simplemente no hay otra manera de solucionarlo. Hay muchos desafíos de asequibilidad para la cobertura de los patronos”, dijo Matthew Rae, coautor de la encuesta, a la cadena de noticias CNN.

Según la encuesta, es posible que se registren más aumentos en el futuro, por lo que el 23% de los patronos, una cuarta parte del universo total, sostienen que aumentarán las contribuciones de los trabajadores en los próximos dos años.

Trabajadores de empresas pequeñas pagan más

La encuesta también señala que los trabajadores de empresas con menos de 200 empleados aportaron, en promedio, casi $2,500 más a las primas de las pólizas de salud familiares, en relación con la aportación que realizan los trabajadores de las empresas más grandes.

La diferencia – $8,334 versus $5,889 – responde que las empresas más grandes tienen más empleados y pueden diluir el riesgo – el costo de la atención médica de aquellos trabajadores que se enfermen– entre una recaudación por concepto de prima sustancialmente mayor.  

De hecho, una cuarta parte de los trabajadores de pequeñas empresas pagan al menos $12,000 al año en primas por la póliza de salud familiar. Para muchas pequeñas empresas es casi imposible absorber una cantidad significativa de los costos de las pólizas de salud familiar de sus empleados porque sencillamente sus márgenes de beneficio no se lo permiten.

Pólizas de salud como cebo

No obstante, las dificultades de reclutamiento de trabajadores que enfrentan las empresas, ha provocado que los patronos consideren a las pólizas de salud como una herramienta de retención de trabajadores y como un cebo para atraer nuevos candidatos y llenar las plazas vacantes.

La encuesta de KFF también arrojó que los deducibles se mantuvieron esencialmente estables este año, lo que puede reflejar las preocupaciones de los patronos sobre cuánto tienen que desembolsar los trabajadores cuando necesitan atención médica. El deducible anual promedio, según la encuesta, es de aproximadamente $1,735 entre los trabajadores.

El monto promedio del deducible ha aumentado un 10% en los últimos cinco años y un 53% en los últimos diez años. Los trabajadores de empresas pequeñas con menos de 200 trabajadores, enfrentan en promedio deducibles mucho mayores que los trabajadores de empresas más grandes. Según la encuesta, esa diferencia permite deducibles en promedio de hasta $2,434 en empresas pequeñas y $1,478 en empresas más grandes.

Modesta alza en deducibles

El modesto aumento de los deducibles puede reflejar las percepciones de los empleadores sobre la carga que supone el reparto de costos para los trabajadores. De acuerdo con la encuesta, el 58 % de los patronos – más de la mitad del universo total – entienden que sus trabajadores tienen un nivel moderado de preocupación en relación con el acceso a los servicios médicos por el costo del deducible.

 «Los empleadores quieren seguir ofreciendo buenos beneficios para retener a las buenas personas», dijo Rae.

Otro elemento revelado por la encuesta es que las grandes empresas que posee sucursales en más de un estado pueden enfrentar desafíos para ofrecer una cubierta de aborto a sus trabajadores, después de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 2022, que puso fin al derecho constitucional federal al aborto.

Medidas para lidiar con restricción al aborto

Varios estados han adoptado leyes que prohíben o restringen el acceso al aborto. Según la encuesta de KFF, una de cada 10 empresas con al menos 200 empleados dijo que la póliza más amplia que ofrecen a sus trabajadores no cubre los abortos legales. El 18% de las empresas indicó que sólo cubren el aborto en circunstancias limitadas, como violación, incesto o peligro para la salud o la vida.

Casi un tercio de las grandes empresas dijeron que cubren el aborto en la mayoría o en todas las circunstancias, mientras que el 40% dijo que no estaban seguros de su política de cobertura, posiblemente porque estaba cambiando o desconocían los detalles. 

Después del fallo del Tribunal Supremo, varias empresas dijeron que ofrecerían asistencia financiera o un reembolso a las empleadas que tuvieran que viajar a otros estados para abortar. Alrededor del 7% de los grandes empleadores y el 19% de las empresas con al menos 5.000 trabajadores, ofrecen o planean ofrecer dicho beneficio.

Por Miguel Díaz Román

El senador Juan Zaragoza Gómez radicó ayer una resolución que solicita al gobernador Pedro Pierluisi que destituya al Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, por unas controvertibles expresiones en las que el funcionario acusó a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado (CHS) de haber presentado una resolución para proteger una determinada aseguradora internacional que no identificó.

Las expresiones del Adams Vega, publicadas el pasado miércoles 18 de octubre por el periódico El Vocero, elevaron la temperatura y la hostilidad entre el funcionario y el senador Zaragoza Gómez, quien preside la CHS.  

En sus expresiones Adams Vega reaccionó al contenido de un informe parcial emitido por la CHS, el cual acusa al funcionario de cometer fraude y de actuar de manera ilegal para lograr que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) obtuviera la reacreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).

 El informe, difundido el pasado 6 de octubre, fue el resultado de la Resolución del Senado 612, la cual fue radicada por Zaragoza Gómez para investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS.

En reacción al informe de la RS 612 Adams Vega sostuvo, según reseña un artículo de la periodista Ileanexis Vera Rosado, que “esta resolución lo que persigue es proteger un caso particular de una aseguradora internacional que busca establecerse en la Isla, cuyo esquema de negocio no cumple con los criterios uniformes aplicables de las aseguradoras tradicionales. Esta resolución, hecha a la medida, lo que busca es darle carta abierta para que las aseguradoras que están aquí hagan negocio en los Estados Unidos, lo que no es permitido. No pueden (las aseguradoras internacionales) tener negocios en varias jurisdicciones”.

Indignado por las expresiones de Adams Vega, Zaragoza Gómez presentó ayer la Resolución del Senado 852, que propone una manifestación de repudio de parte del Senado contra “las expresiones falsas y difamatorias” de Adams Vega. La resolución 852 propone también que el Senado le requiera al gobernador Pedro Pierluisi “la destitución inmediata de Alexander S. Adams Vega del puesto de Comisionado de Seguros”.

La aprobación de la resolución 852 por el Senado, lo cual podría ocurrir en los próximos días, colocaría al gobernador en la disyuntiva de acatar el perdido senatorial o rechazarlo, lo que podría generar otras acciones de parte del Senado contra el Comisionado de Seguros.

El informe de la RS 612 acusó a Adams Vega de prohibir por la vía administrativa que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el Centro Internacional de Seguros (CIS) hicieran negocios en los Estados Unidos.

Según el informe, con esta prohibición artificial Adams Vega logró que la NAIC aceptara acreditar nuevamente a la OCS el 12 de diciembre de 2022. La acreditación fue suspendida en julio de 2020.

La reacreditación fue el resultado directo de una carta circular emitida por Adams Vega en diciembre de 2022, la cual impuso una serie de restricciones y obligaciones que aplican a las aseguradoras locales, a los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS para hacer negocios desde Puerto Rico con otros estados de los Estados Unidos.

Comisionado no favorece el CIS

El informe concluyó que Adams Vega no tenía autoridad para enmendar por la vía administrativa la ley 399 del 2004, que es ley matriz del CIS, y las disposiciones de la regla 80, que agrupa los normas que regulan a los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS.

Según el informe, las enmiendas a la regla 80 no prohíben a los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS hacer negocios con otros estados de los Estados Unidos. Pero Adams Vega ha interpretado que sí lo prohíbe y así lo comunicó a los Comisionados de Seguros de Estados Unidos, lo que ha sido catalogado como una falsa representación del funcionario.

De hecho, en el artículo publicado en El Vocero se desprende claramente que Adams Vega no favorece la flexibilidad regulatoria y financiera del CIS, que pretende estimular la actividad económica al promover que se ubiquen Puerto Rico aseguradoras y reaseguradoras internacionales para hacer negocios con otros países y con estados de los Estados Unidos.

Según el artículo, Adams Vega sostuvo “que la pérdida de la acreditación de la Isla respondió en parte al esquema legal establecido por la Asamblea Legislativa en el proyecto de Ley 399 de 2004, denominada como la Ley de Aseguradora y Reaseguradoras, la cual contenía unas disposiciones que las excluían (a las aseguradoras y reaseguradoras internacionales) de contar con un fondo de garantía que pueda responder ante una insolvencia, tampoco les aplica la presentación de informes financieros, siguiendo parámetros uniformes, ni les aplica criterios de contabilidad tradicionales para este tipo de negocio, como los “statutory accounting principles”, que son los principios contables obligatorios, entre otros criterios”.

La OCS pierde credibilidad ante la NAIC

La determinación de la NAIC de despojar a la OCS de la acreditación respondió a una serie de transacciones relacionadas una aseguradora de Wisconsin que se registró en el CIS en 2017.

 En 2019 la OCS avaló que la citada aseguradora registrada en el CIS anulara los contratos de reaseguro relacionados con las pólizas suscritas en Wisconsin y en otros estados, para recuperar $2,700 millones, los cuales serían invertidos en los llamados “planes de activos segregados” (fideicomisos de inversión), un tipo de inversión permitida en el CIS. La transacción incluía un dividendo extraordinario por $203 millones.

La transacción fue rechazada por los Comisionados de Seguro de los estados, porque afectaría a los asegurados que residían en esas jurisdicciones.

El 27 de julio de 2020 la NAIC suspendió la acreditación de la OCS por su incapacidad de anticipar los graves efectos que la aprobación de la transacción representaría para miles de asegurados en múltiples estados. 

Además, según concluyó la NAIC, la OCS no tuvo una adecuada comunicación con las oficinas de los comisionados de seguros de las jurisdicciones en los Estados Unidos que podrían experimentar los efectos de la transacción aprobada en Puerto Rico.

De acuerdo con el informe de la RS 612, el 7 de diciembre de 2022 Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007, la cual sostiene, entre otros planteamientos, que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por NAIC, deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional”.

Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, el 12 de diciembre de 2022 la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS.

El caso de Converge RE

Adams Vega no identificó la alegada aseguradora que la CHS pretende proteger a través de su trabajo legislativo. No obstante, la única entidad sancionada por la OCS por hacer negocios en los Estados Unidos desde Puerto Rico es el reasegurador internacional Converge RE, instalado en el CIS en 2017y contra la cual la OCS emitió una orden de cese y desista el 11 de octubre de 2022.

Es decir, un mes y medio antes de que se produjera la carta circular 2022-2007.

La orden de cese y desista obedeció a una alegada violación de Converge RE a la Regla 80, la cual consistió en suscribir riesgos en reaseguro de asegurados en los Estados Unidos.

Según la orden, el reasegurador había suscrito contratos de reaseguro para anualidades y seguros de vida en dos aseguradores domiciliados en Carolina del Sur y en Utah.

La orden la OCS le advierte a Converge RE que “no podrá continuar suscribiendo riesgos en reaseguro de asegurados domiciliados o residentes en jurisdicciones de cualquier otro estado o territorio de Estados Unidos”.

La orden exigió terminar con los contratos de reaseguro en los dos aseguradores domiciliados en Carolina del Sur y en Utah y además, pidió a Converge RE presentar un plan de transición.

A la sorpresiva decisión de la OCS, Converge RE respondió con un alegato no menos sorpresivo: la Regla 80 no prohíbe la suscripción de riesgos de Estados Unidos.

Entra en escena PRIIA

La controvertible decisión contra Converge RE se ventiló en un proceso administrativo en la OCS, en la cual solicitó participación la Asociación de Aseguradores Internacionales de Puerto Rico (PRIIA por sus siglas en inglés), que integra a los aseguradores y reaseguradores instalados en el CIS. La petición de intervención fue presentada el 18 de noviembre de 2022.

PRIIA alegó que su participación en el caso estaba justificada por su conocimiento de las operaciones en el CIS y porque ya la OCS había aceptado el valor del peritaje de la organización, durante la redacción de la enmienda a la Regla 80, introducida en noviembre de 2020.

En su petición PRIIA sostuvo que la orden contra Converge RE tendría efectos adversos sobre las políticas y prácticas de todos los aseguradores internacionales, que podría representar pérdidas millonarias y alterar la viabilidad de sus operaciones en el CIS.

Cuando aún la OCS no había respondido a la petición de intervención de PRIIA, Adams Vega emitió la carta circular el 7 de diciembre, donde figura por primera vez que los aseguradores instalados en el CIS que realicen negocio en los Estados Unidos deberán cumplir con las disposiciones de los capítulos 3, 28 y 29 del Código de Seguros.

El 11 de enero de 2023 la OCS emitió una resolución en la que rechazó la intervención de PRIIA. Posteriormente, la OCS no se pronunció sobre una solicitud de reconsideración presentada por PRIIA.

El pasado 17 de marzo la organización acudió al Tribunal Apelativo para solicitar la revocación de la resolución de la OCS. PRIIA también impugnó ante la OCS la carta circular 2022-2007.