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Truncadas las medidas que avalan negociación colectiva de tarifas y que aumentan multas a las aseguradoras  

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Por Miguel Díaz Román

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La medida que propiciaría la negociación colectiva de tarifas entre las aseguradoras y los proveedores de salud, que sin duda es el proyecto legislativo con posibilidades de causar grandes repercusiones en la industria de seguros de salud del país si fuera aprobado, y que era rechazado por las aseguradoras mientras que los proveedores y el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, ambicionaban su aprobación, quedó truncado en la pasada sesión legislativa.

El Proyecto del Senado 1641, que propone posibilitar la negociación colectiva para propiciar un alza en las tarifas de los proveedores de servicios de salud y evitar el éxodo de médicos, se quedó estancado en un comité de conferencia luego de que a última hora se la introdujeron enmiendas en el Senado, las cuales no fueron aceptadas por los proponentes de la medida en la Cámara de Representantes.

 En gran medida, el cursó de tomó el PS 1641 revela el férreo cabildeo en contra de la medida realizado por las aseguradoras del país, quienes se habían opuesto de manera tenaz porque, entre otras razones, habían advertido que podría amenazar la estabilidad de la industria de seguros de salud.

De hecho, la medida no fue aprobada a pesar de que fue radicada en conjunto por dos legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) y dos del Partido Nuevo Progresista (PNP).  

El proyecto fue radicado por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y la representante Sol Higgins Cuadrado, ambos del PPD, y los representantes, Carlos Méndez Núñez y José Hernández Concepción, quienes pertenecen al PNP.

Se estanca en conferencia 

La medida fue patrocinada desde su origen por el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, doctor Carlos Díaz, y por el Comisionado de Seguros, Adams Vega.

“El proyecto se quedó en conferencia por las aseguradoras. Le arrancaron una página a la medida porque no estaban de acuerdo y eso impidió que se aprobara”, dijo el doctor Díaz.

La doctora Norma Devarie, presidente de la Coalición Nueva Visión de Salud, indicó que las diferencias surgieron en torno a una disposición relacionada con el proceso de supervisión de la negociación colectiva por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

 El doctor Díaz dijo que los esfuerzos para lograr la aprobación del proyecto se reanudarán en enero del 2024. “Vamos nuevamente a buscar la aprobación de esa medida, no nos detenemos”, dijo Díaz.

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 Negociación colectiva sería obligatoria 

El PS 1641 considera a toda la isla como una sola área geográfica, lo que eliminaría las once áreas geográficas reconocidas por la regla 91 de la OCS. La medida dispone que el proceso de negociación colectiva sea obligatorio y además, propone aumentar de un 20% a 40% el número de proveedores que se pueden unir para negociar con las aseguradoras.

La negociación colectiva figura como un mecanismo para que las aseguradoras y los proveedores acuerden el monto de las tarifas desde 2008, cuando se aprobó la ley 203.

El estatuto añadió el capítulo 31 al Código de Seguros, pero se convirtió en uno inoperante a consecuencia de las excesivas disposiciones de la regla 91. Pero la medida propone enmendar la ley 203 y la regla 91, con el objetivo de convertir la negociación colectiva en un mecanismo viable.

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) ha sostenido que la negociación colectiva podría crear un monopolio en la negociación de tarifas a nivel de toda la Isla, integrado por los proveedores, que aumentará las primas de los seguros de salud privados y los públicos y podría causar un aumento en el número de personas no aseguradas.

Acodese sostuvo que los médicos que no participen de las negociaciones colectivas reclamarán trato igual, según las tarifas acordadas por aquellos grupos que negociaron con las aseguradoras, lo que causaría que las tarifas negociadas quedarían vigentes en toda la isla.

Multas de hasta $100,000

Otra medida que no fue aprobada en la pasada sesión es la que propone imponer multas de hasta $100,000 diarios por incumplimientos y prácticas deshonestas contra las aseguradoras que ofrecen seguros de salud privados y aquellas que proveen el seguro médico del gobierno.

El proyecto fue aprobado en el Senado, pero en la Cámara de Representantes fue referido a la Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, lo que implica que durante el próximo año podría ser examinado en vistas públicas.

El Proyecto del Senado 1267, radicado por el senador Ramón Ruiz Nieves, también recibió el respaldo total de parte del Comisionado de Seguros, Adams Vega.

El funcionario sostuvo que un incremento en las multas podría generar un efecto disuasivo para detener “cualquier tipo de conducta desleal e ilegal” que afectan a los asegurados y a los proveedores de servicios médicos.

La medida establece que en aquellos casos que involucre el pago de multas y penalidades o una orden de cese y desista, la OCS impondrá una compensación por honorarios de abogado a favor del querellante, que ascenderá a $100.00 por hora y deberá comprender el total de horas que dedicó el querellante en el trámite de la querella y su abogado en concebir y presentar su defensa.

Industria de Seguros rechaza medida

La medida también dispone que la OCS podrá imponer multas de hasta $10,000.00 por caso, a beneficio del querellante sea paciente o proveedor de servicios de salud.

La OCS podrá penalizar a las aseguradoras con un pago mínimo adicional de $500.00 por cada mañana o tarde en que el proveedor de servicios de salud se vea obligado a interrumpir sus labores para comparecer a una vista personalmente o de manera virtual.

La OCS también podrá imponer una penalidad a las aseguradoras de $1,000.00 por cada día que el proveedor de servicios de salud deba comparecer a una vista personalmente o de manera virtual.

La medida recibió el rechazo contundente de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese), que considera que las multas son desproporcionadas y porque se le concede a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) una excesiva discreción para imponer sanciones.

El CMC respaldó la iniciativa debido a que considera que las aseguradoras de salud son responsables del éxodo de médicos.

Temen la OCS pierda acreditación

Otra medida que no prosperó fue el Proyecto del Senado 1352, radicado por el senador Juan Zaragoza Gómez, el cual propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el Centro Internacional de Seguros podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.

La medida fue aprobada en el Senado, pero en la Cámara de Representantes no tuvo éxito porque fue enviada a la Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, lo que implica que será examinada en la próxima sesión legislativa.

El Comisionado de Seguros, Adams Vega, realizó un fuerte cabildeo en contra de la aprobación de la medida porque, según sostuvo el funcionario, podría causar que la OCS pierda la acreditación de la Asociación Nacional de Comisionado de Seguros.

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