En el aire la clasificación grado A de la industria lechera

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Por Miguel Díaz Román

Las licencias que certifican que la leche producida en Puerto Rico es de clasificación grado A, las cuales cobijan principalmente a las plantas procesadoras y al sector ganadero, han vencido como resultado de una negligencia del Departamento de Salud (DS), que es la agencia responsable de hacer cumplir con los estándares de calidad federales establecidos por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

La negligencia estriba en que el DS no pudo realizar a tiempo la selección de la persona o personas que estarían a cargo de las inspecciones para conceder la certificación de cumplimiento con los requisitos de grado A, según lo establece la con la Ordenanza para la Leche Pasteurizada (mejor conocida por sus siglas en inglés, PMO).

Aunque la leche producida en Puerto Rico continúa en cumplimiento con las regulaciones federales, la falta de inspección de las plantas y de las ganaderías ha causado que en este momento la industria lechera, que es la principal industria agrícola del país, no tenga al día las licencias que certifican que la leche producida es de grado A. Las inspecciones para la renovación de las licencias se deben realizar cada dos años.

De hecho, fuentes de la industria lechera indican que empleados de la división de Salud Ambiental del DA, que es la entidad a cargo de hacer cumplir los requisitos federales para obtener la clasificación de grado A, han estado visitando determinadas vaquerías con el fin de inspeccionarlas.  

No obstante, la inspección de las plantas procesadoras, que por su naturaleza suelen ser inspecciones más complejas, no se han realizado.

Precisamente, el DS se apresta a contratar un inspector privado que tendría la responsabilidad de realizar las inspecciones de las plantas procesadoras.

En secreto falta de certificación 

La situación se ha mantenido en secreto a pesar de la gran insatisfacción que permea en el sector de los ganaderos y de las plantas procesadoras con las acciones negligentes del DS que han causado que actualmente la industria lechera en su conjunto carece de las licencias que certifiquen que la producción de leche es de grado A y cumple a cabalidad con la PMO.

No está claro si el actual secretario de Salud, Carlos Mellado, o sus subalternos, fueron los responsables del atraso en la selección de la persona, cuyo adiestramiento es ofrecido exclusivamente en los Estados Unidos y bajo el control de la FDA.

El adiestramiento se extiende por dos años y requiere que el candidato se traslade a los Estados Unidos durante varios periodos hasta que logre completar los requisitos exigidos por la PMO.

De hecho, el DS estaría contratando un inspector privado ante la realidad de que la persona seleccionada para dirigir la oficina local a cargo de certificar la clasificación grado A entre los diversos integrantes de la industria lechera, el llamado “rating officer”, no han concluido su proceso de adiestramiento.

Inspector privado con aval de FDA

La contratación del inspector privado por parte del DS se habría realizado con la recomendación y consentimiento de la FDA, según reveló la secretaria auxiliar de Salud Ambiental del DS, Mayra Toro, en una entrevista con SN.

La entrevista se efectuó a través del teléfono y tuvo un término de tiempo limitado de 25 minutos, según lo anunció Lisdian Rivera, que es la portavoz de prensa de DS.

En la entrevista, que fue realizada la semana pasada, la funcionaria informó que la contratación del inspector privado estaría en su tramo final en la burocracia interna del DS. Toro dijo que el proceso experimentó contratiempos debido a la celebración de la Semana Santa.

La funcionaria reconoció que las plantas procesadoras no han sido inspeccionadas y caracen en este momento de la certificación grado A. También indicó que solo falta la inspección de las plantas procesadoras porque, alegadamente, las inspecciones de los otros sectores que integran la industria lechera ya fueron realizadas por los técnicos de Salud Ambiental.

Toro sostuvo que, además de que la persona que fue seleccionada para el cargo de “rating officer” no ha concluido su proceso de adiestramiento, el DS también enfrentó la renuncia de otro funcionario que fue designado para el cargo tres años atrás y antes de completar su capacitación presentó su renuncia.  

Salud sin personal sustituto

Toro dijo que la persona adujo “razones personales” para cesar en el cargo.   

No obstante, SN supo de que el DS ha tenido tiempo suficiente para seleccionar y mantener una terna de funcionarios con cualidades para ejercer como “rating officer” y no lo ha hecho.

En 2019 el DS enfrentó la renuncia de James Reyes, que durante muchos años ejerció la función de “rating officer”. Reyes renunció porque se acogió a la jubilación.

En entrevista con SN el ex funcionario reveló que antes de su renuncia ya se tenían seleccionados dos empleados del DS que podrían ejercer como “rating officer”.  

Incluso, Reyes dijo que, como parte del proceso para garantizar las inspecciones, es necesario identificar una o varias personas que puedan ejercer las responsabilidades del cargo cuando ya es un evento inminente la renuncia del “rating officer”.

En la entrevista Reyes dijo que antes de abandonar el cargo ya había adiestrado a los dos empleados en las destrezas y responsabilidades que demanda el puesto y que solo faltaba que tomaran la capacitación requerida por la FDA.

Mellado no responde

Reyes dijo que las dos personas que él adiestró fueron rechazadas o por alguna razón desconocida no ejercieron las responsabilidades para las que fueron adiestradas.

“Las sacaron”, dijo Reyes, quien no pudo ofrecer explicaciones para justificar esa decisión. “Yo no sé qué pasó. Yo no estaba allí”, indicó.

SN envió a la portavoz de prensa del DS, Lisdian Rivera, y al secretario del DS, Carlos Mellado unas preguntas escritas para despejar determinadas interrogantes. Las preguntas fueron enviadas a petición de Rivera, quien no aceptó conceder a SN una nueva entrevista con la subsecretaria de Salud Ambiental.  Ni Rivera ni Mellado respondieron a las preguntas.

Para beneficio de los lectores de SN aquí las preguntas en controversia: ¿quién es la persona designada poner en vigor el PMO y la certificación grado A y cuándo fue nombrada?; ¿cuándo (fecha exacta) salió James Reyes, que es la persona que ejercía esa responsabilidad antes?; ¿por qué cesó Reyes?; ¿Reyes se fue sin entrenar a uno o varios posibles sustitutos?; Si Reyes dejó uno o varios posibles sustitutos entrenados, ¿qué ocurrió con esa persona o con esas personas?; ¿quién es la persona o la empresa que será contratada para realizar las inspecciones en las plantas procesadoras?. Finalmente se le preguntó ¿cuándo deberá finalizar la inspección de esas plantas?.

Técnicamente, sin licencia no se puede operar

La PMO es una ordenanza federal aprobada en 1924 y enmendada en numerosas ocasiones, la cual establece los requisitos que regulan la producción, el procesamiento y el empaque de la leche con el objetivo de garantizar un alimento de calidad y libre de elementos que transmitan enfermedades.

Entre estos requisitos figura la pasteurización, que es la aplicación de calor a los líquidos para eliminar agentes patógenos. Además, exige que antes de la pasteurización, la leche producida por las vaquerías refleje una reducción significativa de bacterias y de determinadas células. También ordena medidas de higiene en las plantas, en las vaquerías y en los camiones que transportan la leche.

Técnicamente, ninguna de las plantas y de las ganaderías que carecen de la licencia que certifica que cumplen con los requisitos de grado A podrían continuar operando, según lo indica el artículo 10 del  reglamento 8332 de DA, que se conoce como reglamento para la adopción de la Ordenanza sobre Leche Pasteurizada Grado “A”, según lo publicado por la FDA.

Este reglamento, que fue promulgado por el DS en 2013, ´prohíbe, incluso, “almacenar, transportar, distribuir, importar, vender, exhibir, ofrecer en venta o donar, leche o productos lácteos para consumo humano, sin licencia emitida por el secretario de Salud”.

No está claro si el DS ha obtenido un permiso de la DFA que permitiría aceptar que los sectores sin licencia continúen operando hasta que se realice la inspección de parte del contratista privado.

SN se comunicó por correo electrónico con la FDA en un intento de obtener más información sobre las dificultades enfrentadas por el DS para completar los requisitos de inspección para la certificación de grado A.

En respuesta SN recibió el siguiente mensaje: “Los funcionarios de la FDA creen que es más apropiado que te comuniques con las autoridades locales sobre este asunto”, sostuvo la oficial de prensa internacional de la FDA, Gloria Sánchez Contreras.

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One Alliance demanda ajustador independiente

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Por Miguel Díaz Román

One Alliance Insurance Corporation (OAIC) ha demandado al ajustador independiente Benjamín Acosta LLC por, alegadamente, recomendar que la aseguradora pagara a la empresa de inversiones en bienes raíces PR Asset Portfolio 2013-1 International LLC (PAPRI), la cantidad de $834,312.25 como compensación por los daños causados por el huracán María en una propiedad que no fue afectada por el fenómeno meteorológico.

Incluso, OAIC sostiene que el ajustador independiente Benjamín Acosta hizo la recomendación de pago por los daños a la citada propiedad, a pesar de que no inspeccionó la estructura y de que nunca realizó el ajuste de la citada reclamación.

La propiedad en controversia está ubicada en la avenida José Mercado del barrio Cañaboncito, en Caguas.

Las graves imputaciones de OAIC contra el ajustador independiente figuran en una demanda radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan el pasado 15 de marzo por el bufete Morales Boscio Law Offices, quien es el representante legal de OAIC.

“Acosta (el ajustador independiente Benjamín Acosta), en un acto de crasa negligencia e incumplimiento no solo de sus obligaciones contractuales, sino como ajustador independiente, recomendó el pago de $834,312.25, de una propiedad que no sólo no sufrió los daños alegados, sino y peor aún, que no fue inspeccionada y ajustada por éstos en claro y manifiesto incumplimiento contractual con la parte demandante”, alega la demanda.

Reclamaciones “duplicadas”

En la petición judicial OAIC reclama el pago de daños y perjuicios por el alegado incumplimiento de contrato y actuación negligente de parte de Benjamín Acosta. También sostiene que la acciones “negligentes y culposas” del ajustador independiente, al recomendar el pago por daños “sobreestimados e inexistentes” de la propiedad ubicada en Caguas, “provocaron que OAIC haya sido víctima de este cobro indebido, nulo, fraudulento y duplicado por PRAPI”. 

Incluso, la alegación sobre que OAIC fue objeto de una reclamación “duplicada” obedecen, según la demanda, a que Benjamín Acosta recomendó el pago por la cantidad de $834,312.25 por la propiedad en Caguas, a pesar de que esa estructura había recibido una compensación por los mismos daños de parte de la aseguradora Triple S Propiedad.

SN se comunicó con las oficinas del ajustador independiente en busca de una reacción sobre las graves imputaciones señaladas en la demanda, pero al cierre de esa edición no se había recibido reacción alguna de parte de Benjamín Acosta.

En la demanda OAIC reclama una compensación por daños que excede más de $1 millón que incluye una petición de pago de $250,000, que corresponden a los gastos, costas y honorarios de abogado incurridos por la aseguradora.

Además, la demanda sostiene que Benjamín Acosta es responsable de compensar a la aseguradora por la cantidad de $834,312.25, debido a que otra sala del Tribunal de Primera Instancia ya le ordenó a OAIC pagar esa suma a PAPRI.

“OAIC ha realizado múltiples gestiones con Acosta para que asuma su responsabilidad ante el error y negligencia de recomendar para pago los alegados daños de una propiedad que no sufrió los daños alegados, y que no fue inspeccionada por éstos en incumplimiento con sus obligaciones frente a esta parte. No obstante, Acosta se ha negado a cooperar y a asumir su responsabilidad como tampoco ha sometido copia de su póliza de errores y omisiones solicitada por OAIC en múltiples ocasiones. Ante dicho comportamiento, altamente temerario y contumaz por parte de Acosta, OAIC no ha tenido otra alternativa que someter la presente acción judicial por incumplimiento y daños. OAIC no tiene a su alcance otro remedio adecuado en ley para proteger sus intereses”, sostiene el documento.

Demanda con trasfondo 

Las imputaciones de parte de OAIC contra Benjamín Acosta están enmarcadas en una controvertible denuncia que la aseguradora radicó en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) contra PAPRI, el ajustador público Affiliated Adjustment Group y el conocido bufete de abogados O’Neill & Borges.

La denuncia ante la OCS sostiene que estas empresas actuaron en común acuerdo para establecer un patrón de fraude organizado en seguros de propiedad en contra de OAIC.

La denuncia fue presentada el pasado 12 de diciembre del 2023 por el licenciado Jesús Del Valle, quien es el representante legal de OAIC en este caso.

En la querella el licenciado Del Valle imputa a las dos empresas y al bufete de abogados O’Neill & Borges incurrir en acciones compatibles con el delito federal de extorsión (racketeering) que se introdujo en el código penal estadounidense en 1970 para perseguir a las organizaciones mafiosas y que se define como el acto de adquirir un negocio a través de una actividad ilegal o utilizar un negocio para cometer actos ilegales.

La grave denuncia relata diversas instancias en las que OAIC asegura que PAPRI presentó reclamaciones por daños causados por el huracán María en 2017 en determinadas propiedades de las cuales no eran dueños y cuyos pagos no fueron informados ni entregados a los verdaderos propietarios registrales.

 Se trata de unas 300 propiedades residenciales y comerciales que PAPRI adquirió en una transacción con el Banco Popular en 2011. Alegadamente, los préstamos hipotecarios de las propiedades se encontraban en morosidad y una cantidad indeterminada de los dueños de esos préstamos aún estaban residiendo en esas propiedades durante el paso del huracán María.

De hecho, la propiedad incluida en la demanda contra Benjamín Acosta también figura en la denuncia ante la OCS presentada por OAIC.

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INFORME SEMANAL-5 DE ABRIL DE 2024

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Esta semana en Informe Semanal conversamos con el doctor Luis López Rojas, autor del libro La Mafia en Puerto Rico, quien nos hablará sobre si nuestro país es un narco estado o nos estamos acercando a ese escenario catastrófico.

El ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega nos hablará sobre la inminente importación de leche en el verano y sus implicaciones para la principal industria agrícola, que es la industria lechera. Flores Ortega hablará también sobre las presuntas dificultades que enfrentan los agrónomos sin licencia.

Además, hablamos con el economista José Alameda, sobre los propuestos aumentos de salario a los empleados de confianza del gobierno. Alameda también hablará sobre el efecto de la narco economía en el país.

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Déficit de $400 millones en Medicare Advantage afectará beneficiarios y proveedores tras recortes en pagos y alza en costos

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Por Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA) 

Tras un análisis exhaustivo de la regla final de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) sobre las tarifas de Medicare Advantage (MA) que entrarán en vigor para el 2025, los comités técnicos de MMAPA concluyeron que la disparidad en las tarifas base de pago de MA para Puerto Rico empeorará para el 2025, lo cual implica una reducción en los fondos disponibles que impacta a beneficiarios y proveedores.

Los pagos base promedio de todo el programa serán 65% superiores a los aplicables a Puerto Rico ($1,130 promedio, $684 PR), lo cual es más del doble que la distancia que existía para el año 2011, cuando los pagos promedio de todo Estados Unidos eran 32% más que los aplicables a los beneficiarios residentes de la isla ($787en promedio, $595 en PR).

Además, se prevé que la inflación anual de los costos de los servicios de salud será de alrededor del 6%, mientras que los ajustes en las políticas de pago de CMS del 2024 a 2025 impactarán con un recorte estimado para Puerto Rico de negativo -1.55%.

En resumen, entrando al 2025 el programa experimentará un déficit de sobre $400 millones en Puerto Rico como resultado de los recortes en los pagos y la inflación de los costos en los servicios de salud, que incluye aumentos en los precios de los medicamentos.

Por otra parte, para el año 2023 los planes de salud en el segmento de Medicare Advantage de Puerto Rico acaban de reportar una pérdida agregada sin precedentes de más de $500 millones, según reportado en los informes requeridos por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés).

“MMAPA tenía la esperanza de que los CMS tomaran medidas administrativas para mitigar la creciente brecha de pago para los beneficiarios que viven en Puerto Rico, tal como lo hicieron en 2011, especialmente después de que el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) solicitara información adicional el 14 de marzo, dando a los planes un plazo hasta el 22 de marzo, justo antes de la fecha programada para la publicación de las tarifas del programa de MA para 2025. En un esfuerzo sin precedentes, la asociación y un gran grupo de partes interesadas -más de 60 funcionarios gubernamentales y organizaciones comunitarias privadas y de salud- destacaron las circunstancias especiales que rodean al programa en Puerto Rico y suministraron nuevos datos y análisis concretos para respaldar una acción afirmativa de parte de HHS. Causa decepción en toda la comunidad que, luego de presentar nuevos datos contundentes sobre la inequidad de fondos y las anomalías históricas en las fórmulas de pago que nos aplican a Puerto Rico, el Departamento de Salud federal y CMS no hayan hecho los ajustes administrativos justos y necesarios para todos los ciudadanos estadounidenses de la tercera edad que viven bajo el nivel federal de pobreza en nuestra isla”, dijo el presidente de MMAPA, Roberto Pando.

Los componentes importantes que distinguen la situación de Puerto Rico son los siguientes:

Con el 24% de la población mayor de 65 años, Puerto Rico tiene el mayor porcentaje de adultos mayores en los EE. UU., y el 38% de sus residentes viven por debajo del nivel federal de pobreza federal, que es cuatro veces más alta que el promedio nacional en los Estados Unidos.

De los 657,000 beneficiarios en la isla cubiertos por Medicare Advantage, más de 300,000 son beneficiarios con doble elegibilidad que reciben cubierta de Medicaid por vía del programa integrado, Medicare Platino.

Solo el 5% de todos los beneficiarios elegibles continúan recibiendo sus beneficios de Medicare Tradicional de las Partes A y B, mientras que el 95% restante ha seleccionado Medicare Advantage.

En Puerto Rico, solo el 9% de los participantes del Medicare Tradicional pagan y se inscriben en un plan independiente de farmacia (Parte D), en contraste con el 70% de los beneficiarios en todos los Estados Unidos.

Los beneficiarios de Medicare de bajos ingresos en Puerto Rico no son elegibles para recibir más de $2,100 en beneficios y asistencia mensual debido a exclusiones de los programas de Medicare, Medicaid y del Seguro Social que aplican exclusivamente a ciudadanos que residen en Puerto Rico. MA ha estado subsidiando estas brechas.

En resumen, los elementos únicos en la situación del beneficiario de Medicare Advantage en Puerto Rico incluyen estos dos factores claves, según presentados a HHS y CMS:

Medicare Original FFS No Funciona Igual en PR – Las fórmulas de pago estándar en Medicare, incluida la de MA, han producido resultados atípicos debido a anomalías en los datos y diferencias reglamentarias durante décadas.

El Departamento de Salud federal y los CMS tienen autoridad administrativa para rectificar anomalías, dado este historial, y elevar las tasas de MA para Puerto Rico como mínimo al mismo nivel que se le paga a las Islas Vírgenes Americanas (USVI).

Las tarifas de MA en las USVI son 26% más altas que las de Puerto Rico, pero las tarifas de la Parte A y la Parte B están en niveles similares en Puerto Rico, en comparación con las USVI y Florida, que tienen parámetros de MA de un 65% por encima de Puerto Rico.

Nivel de Pobreza y Exclusiones de Beneficios Únicamente en PR – Puerto Rico tiene una combinación irreplicable de exclusiones en Medicare, Medicaid y otros programas federales de asistencia, pobreza y alto costo de vida.

En respuesta a estas circunstancias, el programa MA está ofreciendo mayores beneficios suplementarios en Puerto Rico, ya que está cubriendo beneficios esenciales que la población de bajos ingresos recibe mediante otros programas en los estados.

 La mayor parte del dinero de los beneficios suplementarios de MA se utiliza para ayudar a las personas a cubrir sus primas de la Parte B y la Parte D, así como sus deducibles y coaseguros de las Partes A y B.

El alto costo de los beneficios suplementarios de MA en Puerto Rico refleja necesidades únicas existentes y son la razón por la que muchos beneficiarios tienen acceso a los beneficios esenciales de Medicare, no lo contrario.

Por otra parte, cabe destacar que el programa MA ofrece beneficios que atienden los determinantes sociales de la salud en todo los Estados Unidos. Estos beneficios son parte de la política pública del Departamento de Salud federal y la Casa Blanca para atender de manera prioritaria las necesidades sociales relacionadas a la salud de la persona.

En el programa MA el gobierno los ha implantado por vía de dos iniciativas específicas establecidas por los CMS: Beneficios Suplementarios Especiales para Enfermos Crónicos (SSBCI, por sus siglas en inglés) y Diseño de Seguros Basados en Valor (VBID, por sus siglas en inglés).

Los planes en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos incluyen beneficios como alimentos y compra de comestibles, reparaciones en el hogar, asistencia en el hogar, entre otros que forman parte de guías específicas y de listas de beneficios publicadas por CMS.

Además, existe un proceso formal por el cual CMS siempre revisa y aprueba estos beneficios que se ofrecen en Puerto Rico y en otros lugares de acuerdo con la política pública federal.

Pando agregó que “todos los planes de MA en Puerto Rico respondieron a la solicitud de información adicional del Secretario del HHS. MMAPA también presentó una carta en la que se resumían algunos de los principales aspectos a base de un análisis a nivel de segmento realizado por una empresa técnica externa.  Lamentablemente, las circunstancias particulares de pobreza de Puerto Rico y la política pública que guía a MA a cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios parecen estar obstaculizando los esfuerzos para eliminar las disparidades en los pagos básicos”.

El presidente de MMAPA sostuvo que “instamos a la Administración Biden, así como a los líderes de la Administración y del Congreso, a buscar una manera de tomar medidas significativas. En Puerto Rico, todos los participantes están inscritos en planes de cuatro (4) estrellas o más. Los proveedores y los sistemas de servicios de salud han aumentado progresivamente la calidad, pero ninguna comunidad o mercado en los EE. UU. Puede mantener la incongruencia que hay en Puerto Rico: tarifas a proveedores de Medicare Original al mismo nivel que Florida (Parte B), mientras que los pagos base de Medicare Advantage son al otro extremo, equivalente a solo 61% del nivel de pagos de MA aplicables en Florida. Tener un mínimo en los pagos base de MA, al menos al nivel de las Islas Vírgenes, es crucial para el desarrollo balanceado del programa entre cubrir necesidades críticas de nuestros adultos mayores, y seguir apoyando avances en la compensación a proveedores.”

¿Qué es lo próximo?

“Estamos comprometidos con toda la comunidad para seguir trabajando por una oportunidad justa a los beneficiarios y a los programas Medicare Advantage, Parte D y Medicaid de Puerto Rico. Esperamos con mucho interés la oportunidad de continuar comunicaciones activas con el Departamento de Salud federal, para buscar e implantar soluciones a corto plazo. También continuaremos los esfuerzos para educar y buscar el apoyo de los congresistas a fin de encontrar el proceso que logre aprobar propuestas que atiendan la inequidad de fondos para los beneficiarios de Medicare Advantage. Agradecemos a todos los funcionarios gubernamentales y organizaciones que continúan involucrados en este llamado. Estamos convencidos de que se tomarán medidas para cerrar estas disparidades porque creemos que es el curso de acción moral y humanamente correcto para los beneficiarios de Medicare, y también la mejor decisión para el programa Medicare Advantage desde la perspectiva nacional.” concluyó el presidente de MMAPA.

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Crisis inminente en el Centro Cardiovascular

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Por Enrique Vázquez Quintana, MD

 En el Recinto de Ciencias Médicas existen más de  38 programas de residencias médicas, algunas de ellas únicas en el país. Según envejece la población los cirujanos cardiovasculares también van envejeciendo. La edad promedio de los cirujanos cardiovasculares de nuestro país fluctúa entre 63 a 67 años.

El programa de Cirugía Cardiovascular comenzó en el Hospital Municipal de la Capital en el 1955 bajo el liderato del doctor Francisco L. Raffucci Arce. Aunque los doctores David Rodríguez Pérez, Jaime L. costas Diurex y Luis Vallecillo ya habían realizado operaciones cardíacas fue el doctor Raffucci quien inició formalmente un programa de cirugía cardíaca.

Al comienzo, la máquina de circulación extracorpórea la manejaba el doctor Rafael Sorrentino, adiestrado en la Universidad de Minnesota al igual que el doctor Raffucci. Al comienzo la tasa de mortalidad era alta. En el 1960, la sección clínica de la Escuela de Medicina se mudó al Hospital Universitario de Río Piedras y en el 1962, la cirugía cardíaca comenzó a realizarse en el Centro Médico de Puerto Rico.

Para esa época ya trabajaba en el Centro Médico el doctor Luis Soltero Harrington, primer cirujano especializado en Cirugía Cardiovascular Pediátrica, adiestrado por Denton Cooley.

El Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe fue inaugurado en agosto de 1992. El primer trasplante de corazón se realizó el 27 de junio de 1999. Al presente solo tenemos un cirujano cardiovascular pediátrico y no hay ningún otro cirujano en adiestramiento cardiovascular de adultos o pediátrico en Estados Unidos.

Los dos cirujanos que hacen los trasplantes de corazón planifican retirarse en 3-4 años. Tampoco tenemos quién los sustituya, lo que significa que la Unidad de Trasplante Cardíaco del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe desaparecerá.

Al presente tenemos diez cirujanos cardiovasculares distribuidos en los siguientes hospitales: dos en el Centro Cardiovascular, uno en Pavía Santurce, uno en el Auxilio Mutuo, uno en el Hospital Bayamón Medical Center, uno en San Lucas en Ponce, otro en el Hospital Damas de Ponce y dos en el Centro Médico de Mayagüez; para un total de nueve cirujanos cardiovasculares.

Ese número pudiera ser suficiente para la población de Puerto Rico, el problema es que algunos hacen cirugía cardíaca pero no hacen aneurismas de la aorta o cirugía del tórax, están sub-especializados. El problema más serio es la falta de cirujanos pediátricos cardiovasculares y cirujanos de trasplantes de corazón. Algunos cirujanos preseleccionan sus casos y rehúsan operar a los que consideran ser un riesgo mayor.

Aunque ya en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe se puede utilizar el reemplazo de la válvula aórtica percutáneamente, sigue rezagado en los siguientes aspectos:

No se realizan trasplantes de pulmón.

El uso de asistencia ventricular es muy limitado, prácticamente ausente. No se realizan trasplantes de corazón pediátrico. Muy pocos cirujanos reparan endovascularmente los aneurismas de la aorta y sus ramas.

No existe ECMO (extracorporeal membrane oxygenator) Este es un sistema para oxigenar la sangre para permitir que el corazón y pulmón recobren su función. Se puede utilizar solamente por 3-7 días.

Un dato positivo es que la Escuela de Medicina Central y del Caribe comenzará en el Hospital Auxilio Mutuo, posiblemente en julio de 2024 un programa de adiestramiento en Cirugía Cardiovascular. Será un programa de dos años y comenzará con un solo candidato.

Las conversaciones con ACGME (Accreditation Council on Graduate Medical Education), la entidad que acredita las residencias médicas, han progresado satisfactoriamente. La solución es reclutar a algunos cirujanos cardiovasculares exitosos que se han marchado a practicar a Estados Unidos, haciéndole ofertas atractivas para que regresen.

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MMAPA alega paga medicinas y servicios médicos con fondos de beneficios suplementarios

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Por Miguel Díaz Román

La mayoría de los fondos de los llamados beneficios suplementarios que ofrecen las aseguradoras de plan de salud Medicare Advantage, que incluyen servicios de transportación, pago de la energía eléctrica y hasta ayuda para la compra de alimentos, van dirigidos a pagar servicios médicos y de farmacia para los asegurados de esa cubierta de seguros de salud, según reveló Roberto Pando Cintrón, que es el presidente de la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA).

Pando Cintrón sostuvo que, si el gobierno federal decidiera no aprobar la continuidad de los beneficios suplementarios en la isla, las dificultades que padece la cubierta del seguro de salud Medicare Advantage, que va dirigida a los ciudadanos mayores de 65 años, no terminarían debido a que su principal problema es la desigualdad existente entre los fondos que se reciben en Puerto Rico en relación con los fondos asignados a los estados de Estados Unidos.

“Los beneficios suplementarios, que también se conocen como determinantes sociales de la salud (servicios de transportación, pago de la energía eléctrica, servicios de asistencia en el hogar y ayuda para la compra de alimentos), en realidad representan una décima parte de los fondos que se reciben. La mayoría de los fondos se usan para pagar servicios médicos y de farmacia. Si el gobierno federal decidiera no cubrir los determinantes sociales, el problema de Puerto Rico no se resolverá porque su principal problema es la inequidad”, dijo Pando Cintrón, quien también es el presidente de la aseguradora MCS Advantage & MCS Life.

Los determinantes sociales de la salud son condiciones de vida que tienen un efecto significativo en la salud y el bienestar de las personas. Abarcan desde circunstancias económicas, laborales y sociales y también comprende el impacto de determinados entornos culturales, políticos, ambientales y biológicos.

La inequidad es el problema

El ejecutivo sostuvo que los pagos de prima y otros beneficios de Medicare Advantage para los asegurados que residen en Puerto Rico es un 39 % menor al promedio que se paga en los Estados Unidos y 21% menor al pago que recibe las Islas Vírgenes.

“El problema base de Puerto Rico está íntimamente ligado al disloque económico que hay. Tener unos pagos tan bajitos y tener que pagar por las medicinas los mismos precios que se pagan en Florida, en New York o en Texas es insostenible. En el 2011 la desigualdad en los pagos (de Medicare Advantage) era de 24 % y en 2024 es de 39 %, lo que es un reflejo obvio de que la inequidad aumenta todos los años y que la fórmula estándar (para establecer los pagos) que se aplica está perpetuando la inequidad en Puerto Rico”, expresó Pando Cintrón.

Agregó que parte fundamental de la alegada inequidad es que los asegurados por la cubierta de Medicare Advantage en Puerto Rico pagan una prima de $174.70 mensuales, que es similar a la prima que pagan los estadounidenses, pero no reciben los mismos beneficios.

Antes de acogerse al Medicare, los trabajadores en Puerto Rico también pagan el mismo impuesto de nómina que se paga en los Estados Unidos y que se impone a través del Seguro Social.

De esta manera el presidente de MMAPA reaccionó al contenido de una reveladora carta enviada el 14 de marzo por el secretario de Salud federal, Xavier Becerra, a las aseguradoras que ofrecen la cubierta Medicare Advantage en Puerto Rico.

En la misiva Becerra señaló que las aseguradoras han dirigido “recursos sustanciales” para engordar la oferta de beneficios suplementarios, mostró preocupación por la fuga de médicos del país y cuestionó las bajas tarifas que reciben los proveedores de servicios de salud, a pesar de los aumentos la prima aprobados por el gobierno federal.

Determinantes sociales definidos y fomentados por CMS

En la carta Becerra solicitó a las aseguradoras información sobre los pagos a médicos, hospitales y otros proveedores de salud. Además, exigió datos puntuales sobre los gastos en beneficios suplementarios y la experiencia en la utilización de esos beneficios por los asegurados. 

La solicitud de información ocurre en el contexto de que los Centros de Medicare y Medicaid (CMS), que es la entidad que fiscaliza los servicios de salud ofrecidos a través de los programas Medicaid y Medicare, anunciará el próximo 1 de abril las nuevas primas para estos programas en 2025.

Además, la carta de Becerra revela que las aseguradoras locales que ofrecen la cubierta Medicare Advantage gastan en promedio $345.49 al mes en los beneficios suplementarios por cada asegurado, mientras que las aseguradoras que promueven esa cubierta en Estados Unidos dedican $206.34 por cada asegurado al mes, lo que representa una diferencia de $139.15 a favor de las aseguradoras locales.

“En Puerto Rico, nosotros hemos visto históricamente el mercadeo bajo plan de beneficios que incluye cuidado de mascotas, asistencia en carretera y servicios de reparación de hogares. Como ustedes saben, las aseguradoras—no el programa Medicare—deciden qué tipos y niveles de beneficios suplementarios incluir en sus ofertas de planes”, sostuvo Becerra en la misiva.

Sobre estos señalamientos Pando Cintrón explicó que los determinantes sociales de la salud son ampliamente definidos y fomentados por los CMS y son las aseguradoras las que deciden los determinantes sociales que promoverán en la cubierta.

Pero aclaró que las decisiones de las aseguradoras “tienen que ser aprobadas anualmente por los CMS”.

Puerto Rico no ve cinco beneficios

Sostuvo que existen dos factores principales que destacan la precariedad de los asegurados de Medicare Advantage en Puerto Rico y que justifican que Becerra y los CMS autoricen un alza en los pagos.

Indicó que el primer factor es el alto nivel de pobreza de las personas con 65 años o más, que es el sector poblacional que nutre la cubierta Medicare Advantage.  

“Según el censo federal el 38.8 % de la población de 65 años o más en Puerto Rico se encuentran por debajo del nivel de pobreza federal. En Estados Unidos ese sector con 65 años o más es solo el 9.6%. La pobreza entre los adultos mayores es cuatro veces más en Puerto Rico que el promedio de Estados Unidos”, dijo Pando Cintrón.

El segundo factor es que los asegurados de Medicare Advantage que viven en Puerto Rico están excluidos de cinco beneficios básicos federales. Estos son:

-Medicare Savings Program o el Programa de Ahorros de Medicare, que cubre la prima de la Parte B, la cual asciende a $174.70 al mes. La ayuda totaliza sobre sobre $2,000 al año. 

-Part D Low Income Subsidy o el programa del subsidio de farmacia para las personas de bajos ingresos por la Parte D de Medicare. Este programa garantiza en promedio $442 mensuales para pagar cubrir el beneficio de farmacia de las personas de bajos ingresos de hasta 150% nivel de pobreza Federal.

MMAPA considera que si este beneficio se extendiera a Puerto Rico más de 400,000 personas serían elegibles.

-Ingreso Suplementario del Seguro Social (Supplemental Security Income). Se estima que este beneficio aumentaría por más de $600 mensuales el cheque de seguro social. MMAPA considera que más de 300,000 beneficiarios de bajos ingresos en Puerto Rico serían elegibles para este beneficio.

-Cuidado Prolongado (Long Term Services and Supports). Este beneficio significa cerca de $700 mensuales para los beneficiarios de Medicare y Medicaid.

-Programa de Asistencia Nutricional Estatal (State Nutritional Assistance Program) concedería a los beneficiarios elegibles en Puerto Rico alrededor de $120 menos mensuales para alimentos por individuo. 

MMAPA no prevé cambios

“La mayoría de los $345.49 al mes en beneficios suplementarios que menciona la carta (de Becerra) se usan para pagar huecos de la parte B y D de Medicare, que son beneficios que no se reciben en Puerto Rico. La parte B es para servicios médicos y la parte D es para medicamentos”, dijo Pando Cintrón.

Sostuvo que sólo una “ínfima parte” de los fondos se utilizan para pagar los beneficios suplementarios. “Nuestro estimado es menos de la mitad de 1 % (0.50 %) se utilizan para pagar los beneficios suplementarios que menciona la carta (de Becerra) y que tanto llaman la atención de la gente”, agregó.

Incluso, Pando Cintrón señaló que ya no se ofrecen en Puerto Rico los beneficios para el “grooming” de las mascotas.

Indicó que a pesar de los comentarios sobre el manejo de los beneficios suplementarios en Puerto Rico que surgen de la carta de Becerra, MMAPA no espera que se introduzcan modificaciones a esos beneficios.

“No se han aprobado alteraciones a las reglas de los beneficios suplementarios y los determinantes sociales de la salud son muy importantes para CMS”, indicó.

No obstante, el ejecutivo sostuvo que, si finalmente el gobierno federal decidiera modificar los determinantes sociales, la situación en Puerto Rico no se resolverá “porque su principal problema es la inequidad”.

Favorable pagos similares a Islas Vírgenes

“La población de 65 años o más es el 24 % del total de la población de Puerto Rico y es la más pobre de los Estados Unidos. Y esa población está excluida de muchos beneficios de Medicare y los pagos que se reciben aquí son 39 % más bajos al promedio que se paga en los Estados Unidos y 21% más bajos al pago que recibe las Islas Vírgenes. El problema es la inequidad”, insistió.

Pando Cintrón sostuvo que si los CMS aumentan los pagos para Puerto Rico inevitablemente se deberá registrar un alza en las tarifas que reciben los proveedores de servicios de salud. Sostuvo que MMAPA espera “buenas noticias” la próxima semana de parte de CMS y advirtió que sería justo y razonable llevar a Puerto Rico al nivel de pago que reciben las Islas Vírgenes.

“Todavía es pagar a los ciudadanos norteamericanos de Puerto Rico menos que cualquier estado, pero sería un respiro y un impulso de oxígeno para que Medicare Advantage fluya y se desarrolle”, concluyó.

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En jaque el cuidado de la grama y el grooming para mascotas que ofrecen las Medicare Advantage

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Por Miguel Díaz Román

Los llamados beneficios suplementarios que ofrecen las aseguradoras del plan de salud Medicare Advantage y que incluyen servicios de transportación, pago de la energía eléctrica, para el cuidado de la grama y hasta el recorte del pelo de las mascotas, podrían experimentar modificaciones ante la realidad de que el secretario de Salud Federal, Xavier Becerra, está examinando la situación real de los asegurados y de los proveedores de servicios de salud.

En una reveladora misiva enviada el 14 de marzo por Becerra a las aseguradoras que ofrecen la cubierta Medicare Advantage en Puerto Rico, el funcionario cuestionó que las autoridades federales han aumentado la prima que reciben esas empresas sin que tales incrementos hayan causado un alza en las tarifas que reciben los médicos y los proveedores de servicios de salud.

En la carta Becerra mostró preocupación por la fuga de médicos del país, por las alegadas tarifas inadecuadas que reciben los proveedores y por la manera cómo se manejan los servicios a los pacientes.

Incluso, la carta señala que las aseguradoras han dirigido “recursos sustanciales” para engordar la oferta de beneficios suplementarios, lo cuales son una decisión exclusiva de las aseguradoras y no una exigencia de los Centros de Medicare y Medicaid (CMS), que es la entidad que fiscaliza los servicios de salud ofrecidos a través de los programas Medicaid y Medicare.

El contenido de la carta fue revelado el 15 de marzo en un reportaje escrito por la periodista Marielis Acevedo Irizarry y publicado por el periódico El Diario NY. El periódico se publica en español en la ciudad de Nueva York y va dirigido a la comunidad hispana en los Estados Unidos.

En la carta Becerra solicitó a las aseguradoras información sobre los pagos a médicos, hospitales y otros proveedores de salud; los gastos en beneficios suplementarios y la experiencia de la utilización de esos beneficios por los pacientes. 

El Departamento de Salud federal concedió hasta el 22 de marzo a las aseguradoras para que contesten al requerimiento de información.

El pedido de información fue dirigido a las cuatro entidades que manejan la cubierta Medicare Advantage en Puerto Rico: la aseguradora Guidewell Florida Blue, que adquirió Triple S, Humana, Elevance Health’s, que es la matriz de MMM y MHH Healthcare LLC, que es la empresa matriz de la aseguradora MCS.

Becerra cuestiona beneficios suplementarios

La solicitud de información de Becerra responde, según surge de la nota publicada por El Diario NY, “a las denuncias cada vez más frecuentes de falta de acceso adecuado de los pacientes a médicos primarios, servicios de cuidado de salud preventivos y tratamiento básico para enfermedades comunes. La carta también menciona el problema del alto número de médicos que continúan abandonando la isla en gran parte porque no reciben sus pagos a tiempo”.

De un extracto de la carta divulgado por El Diario NY se desprende claramente que Becerra cuestionó el interés de las aseguradoras por aumentar los beneficios suplementarios mientras las tarifas a los médicos y los proveedores de salud no registran incrementos a pesar de los incrementos de prima avalados por las autoridades federales para la cubierta Medicare Advantage:

“Las políticas de CMS han aumentado continuamente el pago que las compañías aseguradoras bajo Medicare Advantage reciben por beneficiario inscrito en Puerto Rico. Sin embargo, CMS ha notado que sus continuos incrementos en pagos a aseguradoras aparentemente no se han traducido en que las compañías proporcionalmente incrementen los pagos a doctores y proveedores médicos. En su lugar, parece ser que las aseguradoras de MA han dirigido recursos sustanciales para hacer crecer los beneficios ofrecidos en sus planes MA”.

Aunque en la carta Becerra reconoce que los beneficios suplementarios son aparte de los beneficios esenciales requeridos por Medicare, la misiva aclara que son las aseguradoras las que deciden qué tipos y niveles de beneficios suplementarios serán incluidos en sus ofertas de la cubierta Medicare Advantage.

“En Puerto Rico, nosotros hemos visto históricamente el mercadeo bajo plan de beneficios que incluye cuidado de mascotas, asistencia en carretera y servicios de reparación de hogares. Como ustedes saben, las aseguradoras—no el programa Medicare—deciden qué tipos y niveles de beneficios suplementarios incluir en sus ofertas de planes”, sostuvo Becerra.

MMAPA justifica los beneficios

Además, la carta revela que las aseguradoras locales que ofrecen la cubierta Medicare Advantage gastan en promedio $345.49 al mes en los beneficios suplementarios por cada asegurado, mientras que las aseguradoras que promueven esa cubierta en Estados Unidos dedican $206.34 por cada asegurado al mes, lo que representa una diferencia de $139.15 a favor de las aseguradoras locales.

Los medios de comunicación en Puerto Rico no han publicado el contenido de la carta en toda su extensión. Incluso, la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA), que integra a las aseguradoras que ofrecen la cubierta Medicare Advantage, no han divulgado el contenido de la carta y sus portavoces han evitado discutir a profundidad sus implicaciones en los medios de comunicación.

De hecho, cuando han comparecido a los medios los representantes de MMAPA han justificado los beneficios suplementarios como una alternativa para eliminar la ansiedad de los pacientes, ayudar en sus padecimientos de salud y, alegadamente, compensar la falta de acceso que tienen los asegurados a otros programas de salud federales.

Los beneficios suplementarios incluyen servicios de transporte, ayuda para el pago de agua y luz, para el pago de servicios para las mascotas, asistencia para la compra de alimentos y para los servicios de visión y audición, entre otros. 

Aseguradoras cabildean alza en prima

El presidente de MMAPA, Roberto Pando Cintrón, evitó ser entrevistado por SN, a pesar de que la portavoz de prensa de la entidad, Gladys Arce, aseguró que el ejecutivo estaría disponible para una entrevista con este medio.

Los duros planteamientos que realiza Becerra en la carta acontecen en momentos cuando las aseguradoras que ofrecen la cubierta Medicare Advantage en Puerto Rico realizan actualmente un férreo cabildeo a favor de un aumento significativo en la prima. Se espera que los CMS revelen las nuevas primas para 2025 el próximo 1 de abril.

En un comunicado de prensa emitido por el 20 de marzo, MMAPA ocultó el contenido real de la carta de Becerra al describir la comunicación como “otra oportunidad crucial para presentar más información sobre la disparidad de fondos del programa de MA y la situación única de los beneficiarios que residen en Puerto Rico”.

En el comunicado de prensa Pando Cintrón sostuvo que la petición de información realizada por Becerra es una “oportunidad de ofrecer más datos e información de gran ayuda para educar y apoyar decisiones que busquen mayor equidad en la salud y dar una oportunidad justa a los beneficiarios, proveedores y el sistema de salud en Puerto Rico”.

MMAPA y el gobierno de Puerto Rico han sostenido que las primas que se pagan en la Isla son 39 % más bajas que la que reciben los estados, y 21% más bajas que las que reciben las Islas Vírgenes.

Advierten contradicción 

No obstante, el secretario de Salud, Carlos Mellado, ha defendido aumentar los pagos a los médicos y a los proveedores de servicios de salud, lo que ha catalogado como una “prioridad”. Además, Mellado ha dicho que el aumento en las primas de la cubierta Medicare Advantage es un compromiso de campaña del presidente Joe Biden.

Para el ex administrador de la Administración de Seguros de Salud (ASES), el licenciado Jorge Galva, las aseguradoras que ofrecen la cubierta Medicare Advantage padecen una gran contradicción que requiere una explicación. 

“Cuando planteas que Puerto Rico recibe primas un 40 % más bajas que en los Estados Unidos y al mismo tiempo los beneficios suplementarios que se ofrecen el Puerto Rico son más altos que en los Estados Unidos tú tienes que preguntar ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico?”, dijo el ex administrador de ASES.

“Cuando escuchas anécdotas de pacientes que no pueden tener sus medicamentos, o que tienen problemas para recibir un procedimiento médico o que no consiguen una preautorización tiene que aparecer la pregunta: Explícame: ¿cómo es que tú no tienes chavos para pagar el procedimiento que necesitan los pacientes y sí tienes chavos para pagar el grooming de las mascotas? Es una contradicción que las aseguradoras van a tener que explicar”, expresó Galva.

Posibles modificaciones

El ex administrador de ASES sostuvo que la carta de Becerra podría significar que el Departamento de Salud federal se propone recomendar modificaciones en los beneficios suplementarios que se ofrecen en Puerto Rico.

“Podrían modificarse esos beneficios en la medida que el contratista de Medicare no está cumpliendo adecuadamente con su obligación con el gobierno federal. Claro que sí que se podrían modificar….podría provocar una intervención y decir: sabes qué, aquí hay gente que no está recibiendo sus medicamentos y tenemos que decidir si le damos el grooming a los perros o los medicamentos a la gente que los necesita”, agregó.

 “Si tomamos como cierto que el presidente Biden se propone darle paridad a Puerto Rico en los fondos Medicare, debemos pensar que Becerra deberá tomar esa decisión. Pero antes de tomar esa decisión se debe asegurar que los chavos se están usando bien en Puerto Rico y para eso el secretario tiene que recibir toda la información sobre los pagos a los médicos, a los proveedores y a los hospitales y sobre los gastos de los beneficios suplementarios. Confluye con el proceso que estará haciendo Becerra quejas de que las cubiertas son inadecuadas, que le pagan poco a los proveedores mientras que aquí se le está pagando el grooming a los perros”, dijo Galva.

Becerra está claro

La doctora Norma Devarie, quien es cardióloga y  es la presidenta La Coalición Nueva Visión de Salud (CNVS), sostuvo que “me llena de esperanza que un secretario de Salud federal  está tan claro y tan al tanto de lo que está ocurriendo en Puerto Rico y que le haya pedido a las (aseguradoras) Medicare Advantage esa documentación para saber por qué en Puerto Rico se le está pagando menos a los hospitales, a los proveedores, a los médicos y porqué se gasta tanto dinero en esa cubierta de beneficios suplementarios, en comparación con los demás estados”.

“Yo creo que Becerra va por la ruta correcta. Sí Becerra va a subir la ayuda, que en realidad se asegure que la ayuda llegue a los pacientes y a los proveedores”, expresó la cardióloga.

“Si las aseguradoras entregaron la información el 22 de marzo y Becerra la está evaluando, yo creo que ese dinero de los beneficios suplementarios bien podría ayudar a los pacientes, a los proveedores y a los hospitales, que están quebrando”, agregó Devarie. 

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INFORME SEMANAL-22 DE MARZO DE 2024

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Esta semana en Informe Semanal conversamos con el ex administrador de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Jorge Galva, quien nos hablará sobre si el sistema de Salud del país ha colapsado y si es necesario introducir cambios. Galva también se expresará sobre los sistemas de Salud que otros países han establecido con éxito.

También hablamos con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega sobre nuevas revelaciones de un esquema de fraude y soborno en los Mercados Familiares. Flores Ortega hablará también sobre el presupuesto del Departamento de Agricultura. El ganadero Carlos Benítez conversará sobre el estado actual de la Industria Lechera.

Además, hablamos con el economista José Alameda, sobre los 25,000 millones en beneficios contributivos, incentivos y deducciones que el Departamento de Hacienda concede a corporaciones individuos y si es efectivo que el gobierno conceda ese tipo de privilegios.

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Galva niega colapso del sistema de salud, pero advierte puede ocurrir pronto

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Por Miguel Díaz Román

Exista una tendencia que apunta al deterioro del sistema de salud del país y si la tendencia continúa el sistema colapsará irremediablemente porque en la actualidad la ciudadanía no recibe los servicios de salud con la premura y la calidad que merecen, sostuvo el ex administrador de la Administración de Servicios de Salud (ASES), Jorge Galva.

De esta forma Galva contradijo parcialmente la afirmación de la economista Heidi Calero, quien señaló que el sistema de salud del país ha colapsado como resultado, entre otros problemas, de que el aumento multimillonario de fondos para gastos relacionados con la salud no ha servido para atajar la alta prevalencia de padecimientos crónicos y catastróficos, lo que evidencian que el estado de salud del país padece un grave deterioro.

En respuesta, Galva señaló que “es un poco hiperbólico” afirmar que el sistema de salud ha colapsado. No obstante, el ex funcionario indicó que existe una tendencia al deterioro de los servicios de salud y reconoció que en la actualidad la ciudadanía no recibe los servicios de salud con la premura y la calidad que merecen.

“Si esa tendencia sigue como va vamos a tener un colapso, que ya se ve venir en el futuro. Por eso el momento de actuar es ahora. No podemos esperar a que el sistema colapse para entonces movernos”, dijo Galva, quien en la actualidad se desempeña como asesor en asuntos relacionados con la industria de seguros y los servicios de salud.

“Sí, tenemos una carencia significativa por la ausencia de proveedores (médicos) especialistas y por los problemas económicos de los hospitales que provocan un deterioro en la calidad de los servicios de los hospitales. Pero hablar de un colapso es un poco distante de la realidad porque los servicios se están prestando”, insistió el ex administrador de ASES.

Calero y Galva hicieron los comentarios como parte de su participación en el foro Perspectiva y Desafíos de la Salud en Puerto Rico, realizado recientemente en la escuela de derecho de la Universidad de Puerto Rico. El foro fue parte del programa de Educación Jurídica Continua que esa institución universitaria ofrece a sus egresados.

Necesarios los cambios

La economista y el ex administrador de ASES coincidieron en que ha llegado el momento de encaminar  cambios profundos al sistema de salud del país y a la Reforma de Salud de gobierno, que provee una cubierta de seguro de salud para 1.5 millón de ciudadanos de escasos recursos económicos.

De hecho, Galva señaló que está convencido de que es incompatible el fin de lucro de las aseguradoras de salud con la aspiración de ofrecer un verdadero sistema de acceso a los servicios de salud a la ciudadanía.

Indicó que el alto costo de los servicios de salud y las ineficiencias de los servicios obedecen al fin de lucro que mueve a las aseguradoras de salud y a otros proveedores que participan en la cadena de servicios.

La experiencia de Suiza y Canadá

Sostuvo que en la experiencia de otros países para ofrecer a los ciudadanos acceso a los servicios de salud se ha establecido una cubierta de salud universal y el llamado “pagador único”, en la que el gobierno paga directamente a los proveedores de salud por los servicios que ofrecen a los ciudadanos asegurados.

Galva dijo que esa modalidad existe en Canadá y allí el gobierno ejerce esa función “de la manera más equilibrada posible” y permite la existencia de una póliza de seguro de salud complementaria que ofrece el sector privado, para las necesidades de servicios de salud que la póliza universal no garantiza.

Argumentó que otro modelo que se puede explorar es el que funciona en Suiza, en el que existe una cubierta básica de salud universal que se provee a través de entidades sin fines de lucro y por medio de organizaciones mutuales. Indicó que el objetivo de este modelo es que los ciudadanos obtengan los servicios y que el fin de lucro no sea la ambición principal de los proveedores.

Explicó que la cubierta básica está predicada bajo los principios de equidad, solidaridad y de acceso máximo a los servicios.

Aseguradoras “no son ni buenas ni malas»

Agregó que en Suiza también existe un seguro complementario que lo venden las aseguradoras privadas y donde operan médicos privados, proveedores de salud privados y hospitales privados. Explicó que ese seguro complementario ha sido estructurado de una manera que el sector privado es conducido por principios que no contemplan el fin de lucro.

 De hecho, Galva planteó que las aseguradoras “no son ni buenas ni malas”, sino que requieren una fiscalización “cercana y cuidadosa de sus operaciones” para evitar que “viren las reglas de juego a su favor”.

Incluso, el ex administrador de ASES reconoció que las aseguradoras no persiguen como objetivo principal la prevención de enfermedades, los hábitos saludables en la alimentación para que sus asegurados logren una buena salud.

No obstante, el desempeño de las aseguradoras es evaluado continuamente según los resultados que produzcan los indicadores de salud de la ciudadanía.

Sostuvo que una población de asegurados en buen estado de salud favorece económicamente a las aseguradoras porque se generan limitadas reclamaciones que reducen en poca cuantía los ingresos por la prima.

“Yo no sé exactamente dónde ocurre este accidente conceptual, pero a las aseguradoras les conviene que exista una población bien manejada porque no gasten la prima. Desde toda dimensión una población bien manejada, ellas (las aseguradoras) van a tener la capacidad de ajustar el riesgo de una manera más predecible de un año para otro”, explicó.

“Además, la clasificación de riesgo va a bajar. La clasificación de una asegurado completamente sano es “1” y tan pronto comienza a tener enfermedades causa que la clasificación de riesgo aumente a “1.2”, “1.3” y por ahí para arriba.  En la medida que tú población se acerque a la clasificación “1” tú tienes una población que no va a generar gastos extraordinarios de una forma indebida y tu proyección económica a largo plazo es más segura y esto a todo el mundo le sirve. Existen otros incentivos negativos en el sistema que han conspirado contra esa finalidad y las aseguradoras no son las únicas responsables”, dijo Galva.

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Economista afirma sistema de salud colapsó

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Por Miguel Díaz Román

El sistema de salud del país ha colapsado y actualmente se encuentra en una franca crisis como resultado de que el incremento multimillonario de fondos para gastos relacionados con la salud de parte del gobierno federal, del gobierno local, de los trabajadores y las empresas no han servido para atajar la alta prevalencia de padecimientos crónicos y catastróficos que evidencian un grave deterioro en el estado de salud de la ciudadanía, según sostuvo la economista Heidi Calero.

Calero agregó que, en medio de ese escenario desalentador, en el que la salud de la ciudadanía no muestra señales de mejoría a pesar de la enorme inversión en servicios de salud, las aseguradoras continúan obteniendo ganancias multimillonarias, lo que representa prueba contundente de que el sistema de salud del país se encuentra en crisis y requiere atención urgente.

La economista hizo el grave diagnóstico durante su participación en el foro Perspectiva y Desafíos de la Salud en Puerto Rico, realizado recientemente en la escuela de derecho de la Universidad de Puerto Rico. El foro fue parte del programa de Educación Jurídica Continua que esa institución universitaria ofrece a sus egresados.

Para comprobar sus argumentos Calero, quien realizó su presentación junto a la licenciada Iris Monrouzeau, presentó una serie de estadísticas que revelan señales inequívocas del grave estado en que se encuentra la salud del país.

Una de las estadísticas muestra incrementos notables en las dos principales causas de muerte en el país, que son los padecimientos de corazón y los estragos producidos por la temida enfermedad del cáncer.

Según los datos ofrecidos por la economista, las muertes por padecimientos del corazón experimentaron un aumento de 32.2 % en cinco años, debido a que las muertes por esa causa ascendieron de 139.7 % en 2009 a 171.9 % en 2021.

En el mismo periodo, las muertes causadas por el cáncer demostraron un aumento de 27.3 % en cinco años, debido a que las muertes por esa causa ascendieron de 136.0 % en 2009 a 163.3 % en 2021.

Además, los factores de riesgo para la salud y que conducen a padecimientos más comprometedores de la salud como la alta presión arterial, la obesidad y la presencia de colesterol en la sangre, registraron alzas sustanciales en un periodo de 24 años.

Por ejemplo, en 1997 el 19.9 % de la población mostraba señales claras de obesidad y en 2021, es el 36.0 %, lo que representa un aumento de 17 %.

La alta presión arterial estaba presente en el 20.9 % de la población en 1997, pero en 2021 el padecimiento se detectó en el 41.8 % de la población, lo que representa un aumento de 20.9%.

Por su parte, el colesterol estaba presente en el 24.4 % de la población en 1997 y para el 2021, su presencia se registró en el 41.4 % de la población, lo que significa un alza de 17 %.

A dios al Modelo Arbona

En su análisis, Calero se concentró en el costo de la Reforma de Salud (RS) establecida por el ex gobernador Pedro Rosselló a partir de 1993, la cual ha ido dirigida a ofrecer una cubierta de salud para los sectores más desventajados económicamente del país.

El establecimiento de la RS implicó la eliminación del sistema de salud vigente en aquel momento, el llamado Modelo Arbona, que consistía de una red de hospitales de área, hospitales regionales, centros de diagnóstico y tratamiento, distribuidos en siete regiones de salud. Estas instalaciones de servicios de salud eran operadas y financiadas en su totalidad por el gobierno. Junto a esa amplia red existía el Centro Médico de Río Piedras que ofrecía y ofrece servicios médicos especializados.

La RS provocó la venta de las instalaciones de salud del gobierno al sector privado y convirtió a los beneficiarios del antiguo sistema de salud en asegurados de una cubierta de seguro de salud única, la cual es provista por una red de aseguradoras contratadas por el gobierno.

La RS, que actualmente se conoce como el Plan de Salud Vital, ha registrado un aumento sustancial en su costo mientras, simultáneamente, la cantidad de asegurados también aumentó.

En un periodo de 25 años, de 1999 a 2024, la RS experimentó un alza de 676,316 asegurados. Según los datos ofrecidos por Calero, en 1999 había 856,637 asegurados y en el 2024 esa cifra aumentó a 1,532,953.  

En el mismo periodo la RF experimentó un alza en su costo anual en fondos públicos, pues en 1999 la RS consumió $1,121,286 billón en fondos públicos y en 2024 su costo ascendió a $4,552, 851 billones, lo que representa un aumento de $3,431565 billones al comparar el costo de 1999 con el costo de 2024.

De hecho, Calero indicó que entre 1999 y 2024 la RS ha representado un costo de $55 billones en fondos públicos federales y del gobierno local.   

El incremento en costo y en asegurados aconteció en un escenario nacional tétrico, pues en 2007 comenzó la recesión económica, tras finalizar la vigencia en Puerto Rico de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, lo que provocó la pérdida de más de 80,000 empleos en el país.

Además, a partir de 2007 comenzó una reducción sostenida de la población, la cual representó una merma de -4 % en 2019. De hecho, en 2002 la población nacional ascendió a 3.8 millones de habitantes y para el 2022 la población decreció hasta alcanzar la cifra de 3.2 millones de habitantes.

La tormenta perfecta

 A este escenario crítico que vincula deterioro económico y merma poblacional también se ve afectado por otro evento poblacional con serias implicaciones económicas y es el aumento de las personas de más de 60 años. A este fenómeno demográfico, denominado como el envejecimiento de la población, junto con el deterioro económico y la merma poblacional, la economista lo describe como la “tormenta perfecta”.  

En esencia, la RS transfirió al sector privado la oferta de servicios de salud que antes garantizaba el gobierno y estableció un sistema de control de gastos a través de las aseguradoras, conocido como “cuidado dirigido”, que ha sido motivo de gran controversia.  

Los pacientes han denunciado que las aseguradoras restringen los servicios y los medicamentos, mientras que los proveedores de salud acusan a esas empresas de imponer tarifas insuficientes, atrasar los pagos y de establecer el mecanismo de pre-autorizaciones para los servicios médicos y los medicamentos, que, alegadamente, ha resultado en detrimento de la estabilidad económica de los proveedores, entre otras denuncias.

Sistema con desigualdades

La economista Calero sostuvo que uno de los principales reclamos contra la RS es que instauró un sistema de desigualdad en los servicios de salud, donde los sectores sociales con mayor capacidad económica reciben mejores servicios de salud que los asegurados de la RS.

Más aún, la economista planteó que, a través de la RS, las aseguradoras han obtenido ganancias multimillonarias mientras emergen dudas sobre la calidad de los servicios de salud que reciben los asegurados.

Según los datos presentados por Calero, lo cuales surgen de los informes de la Oficina del Comisionado de Seguros, las seis aseguradoras contratadas por la Administración de Servicios de Salud (ASES), que es la entidad administrativa de la RS, obtuvieron ingresos en conjunto ascendentes a $222.40 millones entre 2020 y 2021.

Para agravar aún más la situación, el gobierno de Puerto Rico se declaró en quiebra en 2016, lo que implicó la aprobación por el Congreso de la ley Promesa y el establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal, que ha renegociado la deuda con los acreedores y mantiene un férreo control del gasto público.

Y como una gota final, en el país se ha registrado una alarmante fuga de médicos hacia los Estados Unidos.

Llegó la hora de las decisiones

Calero sostuvo que el grave estado en que se encuentra la salud del país, según la información estadística, el crecimiento de la población de 60 años o más y el elevado gasto de la RS en medio de un gobierno en quiebra, requiere tomar decisiones para mejorar el sistema de salud.

Incluso, la economista agregó que la política pública de salud opera con fondos federales que el gobierno local no controla.

En entrevista con SN, Calero indicó que ASES no ha cumplido su función fiscalizadora de las aseguradoras y que ha llegado el momento de cambiar el rumbo de los servicios de salud del país.

De hecho, durante el foro el ex administrador de ASES, Jorge Galva, sostuvo que “es que por diseño ASES se hizo para que fracasara”, en obvia referencia a la ausencia de fiscalización de parte de la entidad que, alegadamente, administra la RS.

“Ahora con más dinero hacemos menos y estamos siempre como los niños tutelados. Al buen entendedor pocas palabras bastan. Por eso es que tiene que fiscalizar y ese fue uno de los objetivos de ASES. Lo peor de todo es que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero no hay la voluntad de hacerlo porque le vas a pisar los callos a distintas personas”, dijo Calero.

No obstante, la economista rehusó favorecer la alternativa del llamado pagador único. 

“Hay que estudiar los sistemas que ya existen en Europa que son sistemas que funcionan. Además, aquí hay creatividad. Yo rehúso pensar que somos unos eunucos. Hay otros sistemas que funcionan como España, Inglaterra y Canadá. En Suecia hay un sistema que funciona, pero ese es un país desarrollado con una economía fuerte. No es como nosotros, que tenemos una economía totalmente dependiente a la de Estados Unidos. Además, otro factor es que son sistemas (de Salud Universal) que van contra la tradición en los Estados Unidos. Hay que estudiar esos sistemas y yo te aseguro que alguien ya hizo aquí un estudio que trae una alternativa y está engavetado en algún lugar. Y los médicos tienen que cooperar porque siempre vienen con el cuco de la medicina socializada”, dijo Calero.

Seguro Social en problemas

La economista también recordó que el sistema de Seguro Social que opera el gobierno federal, enfrenta graves retos económicos y advirtió que en la próxima década el gobierno de los Estados Unidos deberá atender la necesidad de más ingresos que padece.  

“Se buscará que los que están recibiendo el Seguro Social lo continúen recibiendo. Pero de manera prospectiva, en los próximos 10 años el Seguro Social tendrá que cambiar. Para los nuevos (trabajadores) tendrán que aumentar la aportación y posiblemente aumentar la fecha del retiro. Algo van a hacer allá y la gente en Puerto Rico tienen que prepararse haciendo sus ahorros porque eso va a pasar”, concluyó la economista.

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