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Puerto Rico
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Legislatura respalda el Centro Internacional de Seguros

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Por Miguel Díaz Román

Con el voto casi unánime de todos los legisladores de la Cámara de Representantes se aprobó ayer una medida que era objetada por el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, porque, según había argumentado el funcionario, podría causar que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) perdiera la acreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).

La Cámara aprobó el Proyecto del Senado 1352, el cual propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el Centro Internacional de Seguros (CIS) podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.

La medida recibió 49 votos a favor de los 51 votos que existen en la Cámara de Representantes. Además, hubo una abstención y uno voto en contra, lo que representa un respaldo incuestionable a favor del CIS, que es una entidad que ha estado bajo fuego de parte de Adams Vega desde que asumió el cargo en 2022.

Marimar Pérez Riera, quien es la directora ejecutiva de la Asociación de Aseguradoras Internacionales de Puerto Rico (PRIIA por sus siglas en inglés), sostuvo que los miembros de la entidad están muy contentos porque la aprobación del PS 1352 representa un respaldo al CIS, que es un sector económico en pleno desarrollo y que tiene un impacto favorable para la economía del país y cuyo campo de acción es el mercado internacional. 

“El CIS está floreciendo. Genera más de 300 empleos y su impacto anual es de más de $60 millones. Yo sé que el gobernador, quien conoce profundamente el gobierno, sabe que el CIS es favorable para la economía del país, por eso espero que el gobernador firme esta medida”, dijo Pérez Riera.

Pocas cosas que son “win-win”

La directora ejecutiva de PRIIA sostuvo que a pesar de los beneficios que representa el CIS para el país, Adams Vaga ha hecho todo su alcance para perjudicar el CIS.

“Hay pocas cosas que son “win-win”, y con el CIS todo el mundo gana. La industria local no se perjudica, estamos recibiendo capital internacional y la competencia del CIS son Bahamas, Gran Caimán, Bermudas, esos son los que tienen que estar preocupados. Puerto Rico puede convertirse en un centro más grande de seguros a nivel internacional”, exclamó Pérez Riera.

El 7 de diciembre de 2022 Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007, la cual impuso a las aseguradoras instaladas en el CIS la obligación de cumplir con varios requisitos como si fueran aseguradores tradicionales operando en el mercado local.  

Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, el 12 de diciembre de 2022 la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS.

La acreditación fue suspendida en julio de 2020 tras la NAIC rechazar la aprobación que realizó la OCS de una transacción financiera que se habría realizado desde el CIS y que pudo colocar en peligro a miles de asegurados en los Estados Unidos.

Transacción cuestionable

La citada transacción, avalada en 2018 por el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, involucró una aseguradora que se habían instalado en el CIS en 2017 y que estaba vinculada con otra aseguradora de seguros de vida y seguros de cuidado prolongado en Wisconsin.

La transacción implicó extraer $2,700 millones que garantizaban pólizas de seguros de vida en Estados Unidos, para colocarlos en un fideicomiso, que es un instrumento financiero permitido en el CIS.

Varios Comisionados de Seguros de Estados Unidos objetaron la transacción porque habría colocado en peligro el reaseguro para miles de asegurados en sus estados.

Finalmente, la transacción fue anulada por la OCS y la aseguradora regresó a Wisconsin, donde fue sometida a un proceso de liquidación por el Comisionado de Seguros de ese estado.

Para acreditar nuevamente a la OCS, la NAIC exigió que a las aseguradoras instaladas en el CIS que hicieran negocios en Estados Unidos se le impusieran regulaciones financieras como si fueran aseguradores para el mercado local.

Limitaciones al CIS

La respuesta de Adams Vega fue, precisamente, emitir la carta circular 2022-2007, que dispuso que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por NAIC, deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional”.

En la pasada sesión legislativa el senador Juan Zaragoza Gómez radicó el PS 1352, que fue aprobado en el Senado. La medida pasó a la Cámara de Representantes, pero no fue aprobada en la pasada sesión. Una determinación que satisfizo a Adams Vega, quien realizó un fuerte cabildeo en contra de la aprobación de la medida porque, según sostuvo el funcionario, podría causar que la OCS pierda la acreditación de la NAIC.

Ayer la medida fue aprobada en la Cámara, lo que representa un fuerte varapalo para Adams Vega.

El PS 1325 introduce una enmienda al Código de Seguros, específicamente en las disposiciones relativas al CIS, para establecer que un asegurador internacional no podrá solicitar reciprocidad en otros estados por estar domiciliado en Puerto Rico.

 Además, aclara que los aseguradores internacionales podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en los estados de Estados Unidos, siempre que cumplan con las leyes de esas jurisdicciones. No obstante, ya estas disposiciones existen en la reglamentación del CIS.

Informe imputa fraude a Adams Vega

Un elemento novedoso de la medida es que obliga al Comisionado de Seguros a mantener, proteger y promover el desarrollo del CIS y además establece que el funcionario deberá rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, en o antes del 30 de junio de cada año, sobre los esfuerzos realizados por la OCS para cumplir con el requerimiento de proteger el CIS.

El primer informe parcial de la Resolución del Senado 612, radicada también por el senador Zaragoza Gómez, concluyó que Adams Vega cometió fraude al representar falsamente que había prohibido por la vía administrativa, a través de la carta circular 2022-2007, que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS hicieran negocios en los Estados Unidos.

Según el informe parcial ese tipo de determinación requería una enmienda a la ley matriz CIS, la Ley 399 de 2004. El informe también concluyó que Adams Vega actuó en contravención a la política pública establecida por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en torno al desarrollo del CIS al aprobar la Ley 399.

En la pasada sesión legislativa el Senado aprobó la Resolución del Senado 852, la cual solicita al gobernador Pedro Pierluisi que destituya a Adams Vega, por realizar representaciones falsas ante la NAIC.

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Inminente importación de leche por acciones de la ORIL

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Por Miguel Díaz Román

En los próximos meses el gobierno se verá obligado a importar leche desde los Estados Unidos debido a que los nuevos parámetros de calidad impuestos por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) han alterado las operaciones de las vaquerías del país hasta el punto de que se ha registrado una creciente reducción en el inventario de ganado, lo que anticipa una merma en la producción de leche.

El ganadero Carlos Benítez, quien posee una amplia empresa de ganadería en Isabela, también denunció que el Estudio Económico Exhaustivo (EEE) de la industria lechera, una obligación según lo dispone la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, se encuentra en un limbo debido a los reiterados incumplimientos de la ORIL.

La ley 34 ordena realizar el EEE cada cuatro años, pero desde 2016 la ORIL no realiza el estudio, aunque en 2018 se efectuó una alegada “actualización de datos”.

Benítez exigió que la ORIL culminé el EEE porque los nuevos parámetros de calidad han aumentado sustancialmente los costos de producción de leche. Agregó que los ingresos que reciben las vaquerías por la venta de leche cruda a las plantas procesadoras no alcanzan para satisfacer los costos de producción y obtener una ganancia razonable.

“Por eso es importante que se termine el EEE. Con el estudio se podrá determinar cuánto es la cantidad razonable que se debe pagar a las vaquerías por la leche que producen. En este momento lo que se paga no da”, dijo Benítez.

SN ha estado en comunicación con numerosos ganaderos que respaldan los planteamientos de Benítez pero no se expresan públicamente debido a que temen que la ORIL tome represalias contra ellos.

Anticipan merma en producción local

El ganadero sostuvo que fuentes de las plantas procesadoras de leche le han confiado que anticipan una significativa reducción en la producción de leche para el verano, un periodo en el que el calor suele bajar la capacidad de producción del ganado.

Benítez explicó que, además, de los efectos del calor, las vaquerías experimentarán una reducción en la producción porque han separado de la línea de ordeño aquel ganado cuya leche presenta determinados niveles de células somáticas y de bacterias, los cuales no son aceptables según los nuevos parámetros de calidad de la ORIL.

La presencia de determinados niveles de células somáticas indica la incidencia de una infección bacteriana en la glándula mamaria de la vaca, lo que disminuye la calidad de la leche.

De hecho, diariamente la ORIL ordena el decomiso de leche a numerosas vaquerías tras detectar incumplimientos con los nuevos parámetros a través de análisis de laboratorio de las muestras que se toman de los camiones que transportan la leche. 

La ORIL permite que la leche descartada se venda a las empresas productoras de queso. De acuerdo con fuentes de la industria, con frecuencia la ORIL ordena el decomiso de la leche producida por hasta 20 vaquerías que suplen su producto a una sola planta procesadora.

Menos ganado de leche

No obstante, Benítez aclaró que la leche que no cumple con los nuevos parámetros de calidad de la ORIL es apta para consumo porque cumple a cabalidad con los parámetros federales de leche grado A.

“Los nuevos parámetros han sacado de la línea de ordeño a cientos de vacas y eso va a tener consecuencias porque las vaquerías están produciendo menos leche”, señaló.

 Según Benítez, los nuevos parámetros de calidad de la ORIL requieren de una vigilancia constante en el ganado para evitar la incidencia de células somáticas, lo que ha incrementado los gastos en medicamentos y servicios veterinarios.

Sostuvo que en numerosos casos los ganaderos deciden sacrificar el ganado reincidente, lo que obliga a introducir nuevo ganado a la línea de ordeño para mantener el nivel de producción de las vaquerías. Pero debido a las dificultades económicas muchas vaquerías no pueden pagar por el ganado de reemplazo.

Pérdidas millonarias

Además, desde la entrada de Ramón González Beiró a la secretaría del Departamento de Agricultura, la ORIL eliminó los incentivos para adquirir ganado de reemplazo importado de Estados Unidos, lo que ha contribuido a reducir la producción de numerosas vaquerías y, como resultado, una disminución significativa en sus ingresos.

Los continuos decomisos de leche han causado cuantiosas pérdidas a las vaquerías afectadas hasta el extremo de que durante 2023 las ganaderías de leche ocupan el segundo lugar en las quiebras del país por el monto de deuda acumulada con $27 millones. En primer lugar, figuran los hospitales con una deuda acumulada de $472.3 millones. 

Cerca de 20 ganaderías se han acogido a la quiebra en 2023, mientras que existe otro creciente grupo de ganaderos que considera acudir al Tribunal Federal de Quiebras en 2024, según han indicado abogados que representan a estos empresarios.

Los nuevos parámetros inicialmente se establecieron en 2016 por medio de enmiendas al llamado reglamento 5 de Calidad de Leche de la ORIL. En 2020 el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, se opuso a la puesta en vigor de las enmiendas al reglamento 5 aprobadas en 2016, porque podrían perjudicar al sector de los ganaderos.

Dudas sobre objetivos de nuevos parámetros

El pasado 18 de julio entraron en vigencia nuevas enmiendas al reglamento 5 patrocinadas por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, las cuales establecen nuevas normas para tomar las muestras de leche y permiten que la muestra que tome el chofer del camión de recogida de leche se tome como muestra oficial. El reglamento también dispone un calendario en tres fases para elevar el nivel de grasa en la leche de 3 % a 3.25 % en marzo de 2025.

Los opositores de los nuevos parámetros sostienen que su objetivo no es elevar la calidad de la leche, sino provocar el cierre de las pequeñas vaquerías para favorecer a los ganaderos que poseen vastas operaciones de ganado.  Otros opositores catalogan como “infundado” el presunto objetivo de mejorar la calidad de la leche para impedir la importación desde Estados Unidos, según lo han defendido determinados miembros de la Asociación de Agricultores.  

Benítez indicó que el EEE se encuentra en un limbo debido a que algunas ganaderías seleccionadas para integrar la muestra para el estudio económico no han sido abordadas por los funcionarios de la ORIL para obtener su información financiera.

Ayer González Beiró sostuvo que el EEE enfrenta un atraso porque el sector de los ganaderos no ha entregado su información financiera. El funcionario reaccionó a las denuncias de Benítez a través de una expresiones escritas y enviadas a un noticiario del canal 11.

Pero Benítez cuestionó la veracidad de esas expresiones al sostener que el secretario, quien es el administrador interino de la ORIL, puede tomar medidas para provocar la entrega de la información suspendiendo la licencia de los ganaderos que hayan incumplido.

Industria Lechera no es prioridad para PPD

Incluso, Benítez dijo que la administración de González Beiró no ha hecho un esfuerzo serio para obtener la información y terminar el EEE, debido a que la ORIL no ha tomado medidas para obligar a los ganaderos a entregar la información, a pesar de que desde 2022 han solicitado a este sector de la industria lechera que cumpla con ese requisito.

De hecho, la mayoría del Partido Popular Democrático en la legislatura ha rechazado investigar a profundidad el incumplimiento de la administración González Beiró en terminar el EEE. En el Senado, la Comisión de Agricultura que preside el senador Albert Torres Berrios, realizó el pasado mes de septiembre una vista ejecutiva para la Resolución Conjunta del Senado 333, que ordena investigar por qué no se ha concluido el EEE.  

En esa vista González Beiró sostuvo que el estudio estaría terminado para finales de 2023, lo cual no ha ocurrido. La Comisión de Agricultura ha mantenido un rotundo silencio sobre el resultado de la investigación y el senador Torres Berrios no responde a las llamadas de SN para conocer la determinación que tomará por el incumplimiento en terminar el citado informe.

El pasado mes de junio el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez,  radicó la Resolución Conjunta de la Cámara 530, la cual ordena a la ORIL efectuar “de inmediato” el EEE. 

No obstante, la RCC 530 se ha mantenido detenida en ese cuerpo sin que se hayan realizado vistas públicas. 

SN le solicitó al presidente del PPD, el representante Jesús Manuel Ortiz, una reacción sobre la inacción de la mayoría popular en la Cámara y en el Senado para obligar ala ORIL a culminar el EEE, pero el representante no ha respondido al pedido. El líder del PPD tampoco ha ofrecido una explicación sobre cuál es la posición de esa formación política en relación con los graves problemas que enfrenta la industria lechera, que es la principal industria agrícola del país.

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NAIC visita en secreto la Fortaleza tras Senado solicitar destitución del Comisionado de Seguros

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Por Miguel Díaz Román

Dos meses después de que el Senado aprobó la Resolución del Senado 852, la cual solicita al gobernador Pedro Pierluisi que destituya al Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, por realizar representaciones falsas ante la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), el Comité Ejecutivo de esa organización realizó una sorpresiva reunión de dos días en la Isla que fue mantenida en secreto.

La reunión fue celebrada los pasados días 12 y 13 de enero, según surge de un texto informativo difundido por Adams Vega en las redes sociales.

Ni la Fortaleza ni la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) emitieron un comunicado de prensa para informar al país sobre la inesperada visita del Comité Ejecutivo de la NAIC.

De hecho, el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), Jaime González Portilla, sostuvo que “nadie en ACODESE sabía o fue informado de ese evento”.

Incluso, González Portilla reconoció que los miembros de la Junta de Directores de ACODESE habrían tenido interés en sostener un cambio de impresiones con el Comité Ejecutivo de la NAIC.

“Los miembros de la Junta de ACODESE no sabíamos nada (de la visita de los ejecutivos de la NAIC)”, dijo González Portilla.

No está claro por qué Adams Vega, quien figuró como anfitrión del cónclave, prefirió mantener en secreto la visita.

En el mensaje distribuido en las redes sociales Adams Vega expresó que la reunión del Comité Ejecutivo de la NAIC tuvo como objetivo “la discusión de la agenda 2024”.

El texto difundido por Adams Vega ayer 14 de enero está acompañado de una foto que muestra a los integrantes del Comité Ejecutivo de la NAIC en un salón de la Fortaleza.

En la foto no figura el gobernador Pieluisi junto a los miembros del Comité, pero sí aparece un sonriente Adams Vega.

Comisionado no explica visita secreta de la NAIC

El mensaje no hace alusión alguna a la RS 852, que fue aprobada el pasado 14 de noviembre de 2023 y que condena las acciones del Adams Vega por representar falsamente ante la NAIC que poseía la autoridad en ley para prohibir, por la vía administrativa, que los aseguradores y reaseguradores internacionales pudiesen suscribir riesgos en los Estados Unidos.

La RS 852 indica que Adams Vega hizo esa falsa representación con el fin de lograr que la NAIC aceptara acreditar nuevamente a la OCS el 12 de diciembre de 2022.

La acreditación fue suspendida en julio de 2020 tras la NAIC rechazar la aprobación que realizó la OCS de una transacción financiera que se habría realizado desde el Centro Internacional de Seguros (CIS) y que pudo colocar en peligro a miles de asegurados en los Estados Unidos.

El texto íntegro del mensaje de Adams Vega sostiene: “Fue un honor ser sede en nuestra isla de la reunión del Comité Ejecutivo de la NAIC para la discusión de la agenda 2024. Mi más cálida gratitud y aprecio a Andrew Mais, presidente de la NAIC y comisionado de seguros de Connecticut, por brindarnos la posibilidad de albergar esta importante reunión los días 12 y 13 de enero de 2024. La agenda para los próximos 12 meses ya está fijada para uno de los años más importantes para la NAIC. La misión muy importante de la NAIC es garantizar mercados de seguros saludables, competitivos y justos para proteger a los consumidores. Fue un absoluto placer para mí conocer a todos los participantes estos dos días”.

En el mensaje el funcionario no explica por qué el Comité Ejecutivo de la NAIC decidió realizar en Puerto Rico la alegada reunión para determinar la agenda de esa entidad en 2024. Tampoco señala si los miembros del Comité de la NAIC se reunieron con el gobernador y si el contenido de la RS 852 fue motivo de discusión en la alegada reunión de la NAIC.

El mensaje de Adams Vega no menciona, además, el informe parcial de la Resolución del Senado 612, la cual propuso investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS.

Resoluciones imputan fraude a Adams Vega

La RS 852 y la RS 612 fueron radicadas por el senador Juan Zaragoza Gómez, quien preside la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado (CHS).

La CHS envió a la NAIC copia de la RS 852 y copia del primer informe parcial de la RS 612, traducidas al inglés, antes de que concluyera el 2023.

La resolución 852 también condena a Adams Vega por unas controvertibles expresiones en las que el funcionario acusó a la CHS de haber presentado la RS 612 para proteger una determinada aseguradora internacional que no identificó.

Las expresiones del Adams Vega fueron publicadas el miércoles 18 de octubre del 2023 por el periódico El Vocero.

El primer informe parcial de la resolución 612 concluyó que, además de las representaciones falsas ante la NAIC, Adams Vega cometió fraude, actuó de manera ilegal y en abierta contravención a la política pública establecida por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en torno al desarrollo del CIS y su ley matriz, la Ley 399 de 2004.

Zaragosa ajeno a visita de la NAIC

El senador Zaragoza Gómez expresó que desconocía sobre la visita del Comité Ejecutivo de la NAIC y confirmó que la CHS envió copia de las citadas resoluciones y del Proyecto del Senado 1352, que propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el CIS podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.  

 “El primer informe parcial fue enviado a la NAIC, así como también el Proyecto del Senado 1352 que pretende detener las acciones ultra vires del Comisionado de Seguros Alexander Adams. Más allá de los acuses de recibo, no hemos recibido respuesta alguna. Nosotros continuamos trabajando para lograr la aprobación de la medida y presentar el informe final antes de que culmine esta sesión legislativa”, dijo el senador.

En la pasada sesión el Senado aprobó el Proyecto del Senado 1352, radicado también por Zaragoza Gómez. La medida pasó a la Cámara de Representantes sin mayores resultados porque fue enviada a la Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, lo que implica que será examinada en la presente sesión legislativa.

De acuerdo con fuentes de la Legislatura, Adams Vega realizó un fuerte cabildeo en contra de la aprobación de la medida porque, alegadamente, podría causar que la OCS pierda la acreditación de la NAIC.

Acreditación en peligro, según Adams Vega

En su gestión de cabildeo Adams Vega logró convencer al senador Tomás Rivera Schatz sobre los alegados daños que causaría la aprobación del PS 1352 a la acreditación de la OCS.

En una carta enviada a Zaragoza Gómez el pasado 7 de noviembre de 2023, Rivera Schatz insistió en que el PS 1352 causará la pérdida de la acreditación y provocará que 11,000 agentes de seguros registrados en la OCS no puedan realizar negocios en Estados Unidos por la presunta falta de reciprocidad.

No obstante, fuentes de la industria de seguros indicaron que la alegación de Rivera Schatz no es correcta debido a que la reciprocidad no responde estrictamente a la existencia de una acreditación de la NAIC, sino a la similitud de las leyes, reglamentos y requerimientos sobre la industria de seguros, aprobados en Puerto Rico y en los estados de Estados Unidos.

Este periodista presentó hoy una solicitud formal ante la NAIC para obtener una reacción a las interrogantes que han rodeado la visita secreta del Comité Ejecutivo de esa organización.  

En la petición se le solicitó a la NAIC que reaccione al contenido de la RS 852, sobre el contenido del informe parcial de la Resolución del Senado 612 y sobre el Proyecto del Senado 1352.

Además, este periodista solicitó que se aclare si el Comité Ejecutivo de la NAIC se reunió con el gobernador y si fue motivo de discusión las conclusiones de las citadas resoluciones.

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INFORME SEMANAL 12 DE ENERO DE 2024

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Esta semana en Informe Semanal conversamos con la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios, Marimar Pérez Riera, y con varios ejecutivos de la industria de seguros, sobre los efectos en el costo del reaseguro en los condominios. La discusión viene precipitada por el anuncio de la aseguradora USIC de que no continuará asegurando propiedades comerciales y condominios por el alto costo del reaseguro.

También dialogamos con el licenciado Omar Saadé Yordán sobre una apelación presentada ante el Tribunal Apelativo contra la intención del gobierno de ubicar em terrenos agrícolas proyectos de energía renovable. Con el secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, también hablaremos sobre los reclamos de caficultores y beneficiados de café para un alza en el precio del grano y otros beneficios.

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2023 dejó $93,000 millones en pérdidas por desastres en Estados Unidos

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Por Miguel Díaz Román

Estados Unidos experimentó 28 desastres climáticos en 2023 que causaron $93,000 millones en pérdidas, lo que ha provocado destronar al 2020 como el año de mayor número de desastres y pérdidas registrados en esa nación con 22 desastres climáticos.

La información surge de un comunicado de prensa emitido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) el pasado 9 de enero del 2024.

“Estados Unidos sufrió más desastres de miles de millones de dólares en 2023 que cualquier otro año registrado, lo que pone de relieve los crecientes riesgos de nuestro cambio climático”, dijo Deke Arndt, quien es el director de los Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOAA.

 De hecho, la cifra de $93,000 millones podría aumentar en varios miles de millones de dólares cuando se contabilicen en su totalidad los costos de la tormenta y las inundaciones ocurridos en la costa este de Estados Unidos entre el 16 al 18 de diciembre de 2023.

Además, el 2023 se perfila ya como un año notablemente caluroso, el cual concluyó con un mes de diciembre que pasará a la historia como el quinto año más cálido del país en los 129 años, según los registros climáticos de la NOAA.

“Olas de calor récord, sequías, incendios forestales e inundaciones son un recordatorio aleccionador de las consecuencias de la tendencia de calentamiento a largo plazo que estamos viendo en todo nuestro país. Estos hallazgos subrayan la necesidad de que los productos y servicios de datos proporcionados por la NOAA, como este informe anual, ayuden a crear una nación más informada y preparada para el clima”, sostuvo Arndt.

En 2023 la temperatura promedio anual en los Estados Unidos alcanzó 54.4 grados F, lo cual es 2.4 grados por encima del promedio del pasado siglo.

En diciembre de 2023 ya es el mes más cálido del país con una temperatura promedio de 39.97 grados F, la cual es una temperatura de 7.29 grados por encima de lo normal y superando al diciembre de 2021 como el mes más caluroso.

Luisiana, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire y Texas tuvieron cada uno el año más cálido registrado, mientras que Connecticut, Florida, Maine, Maryland, Vermont y Virginia tuvieron el segundo año más cálido. Otros 24 estados experimentaron uno de los 10 años más cálidos registrados.

De acuerdo con los registros de la NOAA los 28 desastres provocados por el clima en 2023 son:

17 eventos climáticos severos con granizo.

4 eventos de inundación.

2 ciclones tropicales (Idalia en Florida y tifón Mawar en Guam).

2 brotes de tornados.

1 evento de tormenta invernal y ola de frío.

1 evento de incendio forestal (isla Maui de Hawaii).

1 evento de sequía y ola de calor.

“Para millones de estadounidenses afectados por una avalancha aparentemente interminable de desastres meteorológicos y climáticos, 2023 ha alcanzado un nuevo récord para muchos extremos”, dijo Sarah Kapnick, quien es la científica jefa de la NOAA.

“Las temperaturas cálidas récord en Estados Unidos en diciembre, un número récord de desastres por miles de millones de dólares en 2023 y potencialmente el año más cálido registrado para el planeta son sólo los últimos ejemplos de los extremos que enfrentamos ahora y que seguirán empeorando debido al a los cambios en el clima», agregó Kapnick.

La precipitación anual en los Estados Unidos contiguos ascendió a 29.46 pulgadas (0.48 pulgadas por debajo del promedio), lo que colocó a 2023 en el tercio más seco del récord climático.

 Luisiana tuvo su octavo año más seco registrado, mientras que Maine ocupó el quinto lugar más húmedo y Vermont y Connecticut ocuparon el sexto lugar más húmedo. Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island tuvieron uno de los 10 años más lluviosos.

La sequía alcanzó una cobertura máxima del 46.3 % del territorio de los Estados Unidos a principios de 2023. La cobertura de la sequía en todo el país se redujo a medida que ocurrieron dos fenómenos climatológicos conocidos: los llamados “ríos atmosféricos”, que son bandas de humedad concentrada en la atmósfera que provocan lluvias en determinados lugares, y el conocido “monzón de verano”, que es un cambio estacional en los patrones de viento que hace llover en una gran zona o continente, lo que suele causar inviernos secos y veranos húmedos.

Ambos fenómenos trajeron precipitaciones superiores a lo normal en gran parte del oeste de Estados Unidos, recargando algunos de los principales embalses que cayeron a sus niveles más bajos en 2022. La sequía se redujo a un mínimo del 19% el 30 de mayo, la huella más pequeña para los Estados Unidos desde mediados de 2020.

Los eventos más costosos en 2023 fueron la sequía y la ola de calor del sur y el medio oeste, con un costo de $14,500 millones, y el evento climático severo del suroeste a principios de marzo, con un costo de $6,000 millones.

Sumando los acontecimientos de 2023 al historial de desastres de mil millones de dólares de la NOAA que se remonta a 1980, Estados Unidos ha sufrido 376 desastres meteorológicos y climáticos distintos. El costo acumulado de estos 376 eventos supera los $2,660 billones de dólares.

El calor extremo quemó partes de Estados Unidos y algunos de estos eventos incluyen:

20 de junio: Del Rio, Texas y Río Grande, Texas, alcanzaron 113 grados F y San Ángelo, Texas, reportó un máximo de 114 grados, estableciendo el récord de calor de todos los tiempos en cada lugar.

Julio: Phoenix, Arizona, tuvo una temperatura promedio de 102.8 grados F durante el mes de julio, el mes más caluroso registrado en cualquier ciudad de Estados Unidos.

16 de julio: El Valle de la Muerte, California, se disparó a 128 grados F, estableciendo un récord de temperatura diaria, y reportó su temperatura de medianoche más alta registrada a 120 grados el 17 de julio.

24 de agosto: Las temperaturas en Chicago se dispararon a 100 grados F, la primera temperatura de 100 grados desde el 6 de julio de 2012. El índice de calor alcanzó los 120 grados, el más alto jamás registrado en el sitio oficial de observación climática de Chicago.

Septiembre: San Juan, Puerto Rico, reportó una temperatura promedio mensual de 85.8 grados F durante el mes de septiembre, el que ha sido catalogado como el mes más caluroso registrado en San Juan.

Un año de tornados superior al promedio: el recuento de tornados para 2023 estuvo por encima del promedio con 1,197 tornados reportados y 97 tornados preliminares adicionales aún bajo verificación para el período del 1 de octubre al 31 de diciembre.

Algunos eventos de tornados importantes a partir de 2023 incluyen:

16 de enero: El Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA confirmó dos tornados en Iowa: los primeros tornados en enero en el estado desde 1967.

22 de marzo: Un tornado EF-1 aterrizó en el área de Los Ángeles, convirtiéndose en el tornado más fuerte que azotó el área desde 1983.

31 de marzo: Casi 28 millones de personas estaban bajo vigilancia de tornados cuando se produjo un brote de tornado generalizado y mortal en partes del Medio Oeste y el sur de los EE. UU. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó más de 110 tornados, incluidos un EF-4 y ocho EF-3. – el brote más grande en un período de 24 horas durante el mes de marzo.

1 de abril: Un tornado EF-3 de 700 yardas de ancho aterrizó en Delaware, el tornado más ancho en la historia del estado y empatado como el más fuerte.

Un número casi normal de incendios forestales: el número de incendios forestales en 2023 estuvo cerca del promedio, con más de 55,500 incendios forestales reportados durante el año. El total de acres quemados por estos incendios forestales (2.6 millones de acres) estuvo muy por debajo del promedio de diez años de 7.1 millones de acres. En Alaska, se quemaron casi 300,000 acres durante la temporada de incendios de 2023, menos de la mitad del promedio estacional del estado.

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5,961.16 cuerdas afectadas por proyectos de energía renovable en reservas agrícolas

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Seis organizaciones de carácter comunitario, municipal, ambiental y agroecológico presentaron un recurso ante el Tribunal Apelativo de San Juan para que se prohíba el establecimiento de unos 17 proyectos industriales de energía renovable en terrenos de reservas agrícolas, que son áreas ecológicamente sensibles.

El escrito de apelación presentado ayer fue acompañado con un estudio, el cual fue presentado ante el proceso judicial en el Tribunal de Primera Instancia, que concluyó que los 17 proyectos tienen un impacto combinado sobre 5,961.16 cuerdas de terreno, de las cuales el 85% se encuentran en terrenos de protegidos identificados por el Plan de Uso de Terrenos.

Las organizaciones argumentaron que es “irracional e incorrecta” la determinación del juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien desestimó el recurso de “mandamus” presentado por las organizaciones demandantes, aludiendo que el Negociado de Energía tiene jurisdicción exclusiva para identificar si deben establecerse los proyectos industriales de energía renovable en la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico.

Los demandantes plantearon que el Tribunal Supremo no ha emitido jurisprudencia que reconoce jurisdicción exclusiva a una agencia y tampoco ha reconocido un recurso adecuado en ley ante una agencia que niega tener jurisdicción y peritaje sobre ese aspecto.

Según los demandantes, el recurso de “mandamus” es el único remedio disponible para requerir al Negociado de Energía que cumpla con su deber ministerial e identifique los lugares aptos para viabilizar la integración de la energía renovable y aplicar el Plan de Uso de Terrenos (PUT).

“El Negociado ha insistido y ha determinado consistentemente que no tiene jurisdicción ni peritaje sobre la materia, es decir, que no tiene peritaje ni jurisdicción para aplicar la política de uso de suelos, el ambiente, ni la agricultura al integrar la energía renovable. La sentencia es irrazonable porque desestimó el “mandamus” sin mencionar ni discutir la postura del Negociado, ni sus resoluciones anteriores declarándose sin jurisdicción ni peritaje sobre la materia”, sostuvieron los demandantes en su planteamiento ante el Tribunal Apelativo.

“La sentencia constituye un fracaso de la justicia. Tiene el efecto de dejar a las aquí comparecientes (partes demandantes) sin un foro, impedir una adjudicación en los méritos, y también, permitir la violación continua con el Plan de Uso de Terrenos y la pérdida de miles de tierras agrícolas catalogadas por ley como “imprescindibles”, advierten los demandantes en su escrito.

Los demandantes añadieron que el incumplimiento continuo con la Ley 6-2014 del Plan de Uso de Terrenos, la magnitud de sus efectos, y a través de casi todos los proyectos ante el Negociado, implica una violación reiterada al Plan de Uso de Terrenos y a la Constitución de Puerto Rico sobre la cual el Tribunal tiene jurisdicción.

Dijeron que está pendiente la consideración por el Negociado de los proyectos a proponerse en los siguientes cinco tramos o “tranches” requeridos por el Plan Integrado de Recursos, y por ende, la consideración de probablemente más de 80 proyectos industriales de energía renovable, sin que antes se identifique para estos la ubicación y los lugares aptos. Ello pese a que la Política Pública Energética establece que los lugares aptos son los sistemas de relleno sanitario (vertederos) no operacionales y aquellos terrenos previamente contaminados.

Detallaron que durante el proceso judicial presentaron el “Informe de Análisis de la Ubicación de 17 Proyectos de Generación y Almacenamiento de Energía y sus Posibles Impactos en Suelos con Distintos Niveles de Protección y Riesgo” suscrito por el planificador profesional licenciado, Pedro M. Cardona Roig con fecha de 11 de agosto de 2023.

En el estudio Cardona Roig concluyó que los proyectos afectan 5,961.16 cuerdas de terreno, de las cuales el 85% se encuentran en terrenos de protección identificados por el Plan de Uso de Terrenos.

“El incumplimiento reiterado con el deber ministerial, el PUT, y la consecuente pérdida de miles de cuerdas de tierras agrícolas destinadas a su preservación y conservación y que son ‘imprescindibles en una isla como la nuestra que depende casi exclusivamente de la importación de productos para podernos alimentar’, constituye una violacion de derechos constitucionales”, reza la apelación.

Mencionaron que el incumplimiento agrava la vulnerabilidad de la vida y propiedad de las personas en Puerto Rico ante el cambio climático, las emergencias, inundaciones y huracanes. Identificar los lugares aptos para integrar la energía renovable es además es necesario para mitigar los efectos del cambio climático y las emergencias. 

Destacaron, además, la contradicción del Negociado de Energía, que ha reconocido que la ubicación de los proyectos de energía renovable cerca del lugar de consumo es un elemento fundamental para lograr un sistema eléctrico resiliente. Pero, al mismo tiempo, continúa negándose a considerar la ubicación de los proyectos para integrar la energía renovable.

Según los demandantes, las agencias tienen que cumplir con la Política Pública Ambiental que requiere considerar alternativas seguras y resilientes en proyectos con conflictos dudosos relativos a los usos alternos de los recursos disponibles.

 “Ninguno de los proyectos industriales propuestos a ubicarse en la Reserva Especial Agrícola aporta al componente fundamental y crítico para un sistema eléctrico resiliente y seguro, ni mitiga los daños ante emergencias”, argumentaron.

El grupo de organizaciones demandantes se compone de la Liga de Ciudades de PR Inc., la Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, Inc., El Puente de Williamsburg, Inc., el Comité Diálogo Ambiental, Inc., Sierra Club Puerto Rico y cuentan con el apoyo legal de Earthjustice.

Las partes demandadas son el Negociado de Energía, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPE), la Junta de Planificación (JP) y el Estado Libre Asociado.

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La deuda del gobierno de Estados Unidos alcanza $ 34 trillones

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Por Miguel Díaz Román                  

La deuda del gobierno de Estados Unidos superó los 34 trillones de dólares por primera vez, el pasado 29 de diciembre, según los datos publicados por el Departamento del Tesoro.

El aumento de la carga de la deuda pública en Estados Unidos se ha convertido en un motivo creciente de preocupación debido al reciente y rápido aumento de las tasas de interés, que ha encarecido mucho el servicio de esa deuda. 

Los costos netos por intereses se dispararon un 39% en el año fiscal 2023, que finalizó el 30 de septiembre, en comparación con el año anterior, según el Departamento del Tesoro. Y es casi el doble de lo que era en el año fiscal 2020. 

El meteórico aumento de los pagos de intereses –que se deriva tanto del aumento de la deuda de la nación como de las repetidas subidas de tipos de la Reserva Federal– también hace que sea más difícil para los legisladores demócratas y republicanos lograr sus prioridades fiscales en el Capitolio. 

Según la Fundación Peter G. Peterson, un grupo bipartidista estadounidense que aboga por la responsabilidad fiscal, el gobierno de Estados Unidos gasta $2,000 millones de dólares al día sólo en pagos de intereses de la deuda. 

De hecho, el Tesoro espera pedir prestado casi 1 trillón de dólares más para finales de marzo, lo que elevará la deuda a más de $35 trillones. Un trillón es equivalente a un millón de billones.

«La elevada y creciente deuda de Estados Unidos es importante porque amenaza nuestro futuro económico», dijo la fundación en un comunicado la semana pasada. 

Preocupa aumento de la deuda

Señaló que, dentro de 10 años, el gobierno federal gastará más en pagos de intereses de lo que tradicionalmente ha gastado en investigación y desarrollo, infraestructura y educación, combinados.

Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un organismo de control fiscal, calificó la cifra récord como «un logro verdaderamente deprimente».

«Si bien nuestro nivel de deuda es peligroso tanto para nuestra economía como para la seguridad nacional, Estados Unidos simplemente no puede dejar de endeudarse», dijo en un comunicado la organización tras conocerse el anuncio del Tesoro Federal.

MacGuineas planteó que también es preocupante que la deuda del gobierno estadounidense está aumentando en una época en la que la economía es relativamente fuerte y el desempleo es bajo, lo que se considera un buen momento para controlar el déficit federal.

El gobierno a menudo aumenta el gasto durante períodos económicos débiles y alto desempleo en un esfuerzo por estimular el crecimiento. La deuda nacional de Estados Unidos se ha convertido en un importante punto de discordia entre republicanos y demócratas, agravando los enfrentamientos sobre el presupuesto federal que amenazan con cerrar periódicamente el gobierno.

Pandemia incrementó el gasto

La deuda se ha disparado bajo ambos partidos en los últimos años. Los republicanos dicen que los programas de gasto federal defendidos por la administración Biden son demasiado caros, y los demócratas dicen que los recortes de impuestos respaldados por el Partido Republicano en 2017, durante el periodo de Donald Trump, han aplastado los ingresos.

Los costosos paquetes de ayuda federal para el Covid-19, aprobados durante las administraciones de Trump y Biden, también contribuyeron al aumento de la deuda.

El portavoz de la Casa Blanca, Michael Kikukawa, dijo que la creciente deuda fue «impulsada abrumadoramente por repetidas donaciones republicanas sesgadas hacia las grandes corporaciones y los ricos». Kikukawa dijo que estas acciones causaron recortes a la Seguro Social, Medicare y Medicaid que perjudicaron a los estadounidenses comunes y corrientes.

Sostuvo que el presidente Joe Biden tenía un plan para reducir el déficit en $2.5 trillones de dólares “haciendo que las grandes y ricas corporaciones paguen su parte justa y recortando el gasto innecesario en intereses especiales”, incluidas las grandes empresas farmacéuticas y petroleras.

No obstante, ya sea culpa de los republicanos o de los demócratas, la creciente deuda y las arriesgadas políticas han pasado factura a la calificación crediticia de Estados Unidos.

Fitch rebajó en agosto pasado la calificación de la deuda soberana estadounidense de AAA a AA +; En noviembre, Moody ‘s advirtió que también podría eliminar la última calificación AAA perfecta de Estados Unidos.

O suben impuestos a reducen gastos

«Seguimos teniendo la esperanza de que las autoridades tomen más medidas para reducir nuestro endeudamiento, ya sea aumentando los impuestos, reduciendo el gasto o creando una comisión fiscal, o idealmente haciendo todo lo anterior», dijo MacGuineas. 

Según el Tesoro, el techo de deuda, que establece el límite sobre cuánto puede pedir prestado el gobierno, aumentó a $34 trillones de dólares a finales de diciembre. 

«Hasta ahora, Washington ha estado gastando dinero como si tuviéramos recursos ilimitados. La conclusión es que no hay nada gratis y creo que el panorama es bastante sombrío», dijo Sung Won Sohn, profesor de economía en la Universidad Loyola Marymount.

La deuda bruta de Estados Unidos incluye dinero que el gobierno se debe a sí mismo, por lo que la mayoría de las autoridades dependen de la deuda total en poder del público para evaluar las finanzas del gobierno.

En junio pasado, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en su perspectiva a 30 años que la deuda pública equivaldrá a un récord del 181% de la actividad económica estadounidense para 2053.

Alza de $2 trillones anuales

El reputado gurú financiero John Mauldin, quien es el presidente de Mauldin Economics, una editorial especializada en economía y finanzas, ha insistido de manera reiterada en los peligros que encara el gobierno de Estados Unidos y su economía si no se ejerce control sobre el crecimiento del presupuesto y, por supuesto, de la deuda.

 Mauldin defiende la conveniencia a largo plazo de establecer límites en el presupuesto y el monto de la deuda ya sea mediante recortes del gasto o aumentos de impuestos.

Actualmente la “deuda federal bruta”, que es el monto total, incluido el dinero que el Tesoro debe a fondos fiduciarios gubernamentales, etc. es de alrededor de $34 trillones y las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso suponen que alcance los $52 trillones para 2033.  

Esto significa que la deuda aumentará en un promedio de alrededor de 2 trillones de dólares anuales durante la próxima década.

Malduin sostiene que la gran cantidad de dinero que eleva el gasto y la deuda la originan los vastos programas de prestaciones sociales como el Medicare, Medicaid y el Seguro Social.

Según el economista, los gastos para estos programas “están en piloto automático ilimitado, más los intereses que pagamos para financiarlos. Nunca encontraremos la determinación para solucionar estos problemas mucho peores y políticamente más difíciles, cuando ni siquiera podemos llegar a un acuerdo sobre el presupuesto del próximo año”.

Según Ley Federal de Contribuciones al Seguro (FICA), que es la ley federal que exige contribuciones de nómina para financiar los programas de Seguridad Social y Medicare, si los ingresos por el pago a la contribución a la nómina no son insuficientes para cubrir los beneficios actuales, entonces los beneficios se deben reducir en la cantidad que sea necesaria.

Congreso vislumbra reducciones

La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que el recorte sería de alrededor del 25% en 2034 y aumentaría al 28% en 2053. Eso será un serio problema para millones de personas en Estados Unidos y en Puerto Rico.

De hecho, a pesar de la importancia que para la economía de Puerto Rico representa los pagos del Seguro Social y los gastos federales en el plan de salud del gobierno, conocido como Vital, y los programas federales de salud Medicare Advantage y Medicare Tradicional, la clase política local es renuente a discutir la posibilidad de que un día esos ingresos de reduzcan sustancialmente como resultado de una crisis en la economía de Estados Unidos.

Incluso, tras las graves repercusiones que causó la quiebra del gobierno de Puerto Rico, que aún se encuentra bajo la fuerte fiscalización de la Junta de Supervisión Fiscal- un organismo impuesto por el Congreso para garantizar el pago a los acreedores y para recuperar la viabilidad financiera del gobierno, aún la clase política puertorriqueña no ha comprendido la importancia de responsabilidad fiscal.

Continuamente la legislatura local aprueba medidas sin identificar fuentes financieras para garantizar el pago del gasto público, lo que provoca agrias disputas con la Junta de Supervisión Fiscal.

Además, la clase política puertorriqueña está muy distante de la madurez para discutir a fondo la necesidad de identificar una fuente de ingresos para sustituir a largo plazo los fondos federales.

Para esta historia el periodista se nutrió de informaciones publicadas por CNN, Prensa Asociada y otros medios estadounidenses.

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INFORME SEMANAL 5 de enero de 2024

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Esta semana en Informe Semanal conversamos con el José Rodríguez, quien es el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, sobre un caso de discrimen contra un dominicano realizado por el Departamento de Hacienda y dos agentes de rentas internas.

También dialogamos con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, sobre los efectos de los nuevos parámetros de calidad de leche en los ganaderos y la incapacidad de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera para terminar el informe económico exhaustivo de la industria lechera.

Finalmente, conversamos con José Alameda sobre unas declaraciones de la Junta de Supervisión Fiscal sobre que apartir del 2025 el gobierno enfrentará nuevos déficits presupuestarios. Además, dialogamos sobre el efecto del cargo legado en la reestructuración de la deuda de Energía Eléctricas.

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Demócratas y Republicanos contra la restricción de medicamentos por aseguradoras de salud

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Por Miguel Díaz Román

Una medida avalada por miembros del Partido Demócrata y del Partido Republicano podría establecer control a las restricciones en el uso de determinados medicamentos que las aseguradoras de salud imponen a los pacientes con el fin de frenar costos, atropellando incluso el juicio de los médicos que han recomendado estos tratamientos.

La llamada medida “De los Pasos Seguros 2023”, el Proyecto de la Cámara Federal 2163 y en el Senado, el Proyecto 464, establecería una excepción al protocolo de la llamada “terapia escalonada”, que es un mecanismo de control de medicamentos que utilizan las aseguradoras para los grupos de asegurados patrocinados por patronos, a través de la modalidad de administración de servicios conocido como cuidado dirigido.   

La terapia escalonada puede hacer que los pacientes pasen por varios meses de retraso en la obtención del medicamento que fue recetado por su médico, con el objetivo que se usen otros medicamentos más baratos en casos específicos.

En síntesis, la terapia escalonada establece un proceso mediante el cual un plan de salud requiere que un paciente pruebe uno o más medicamentos u opciones de tratamiento alternativos, que suelen tener un costo menor, antes de poder acceder a la receta que su médico ha identificado como la opción de tratamiento óptima para su diagnóstico.

Por ejemplo, siguiendo la terapia escalonada las aseguradoras favorecen que un paciente recién diagnosticado con diabetes tipo 2 utilice el medicamento conocido como metformina, que tiene un costo de $10 para un mes de uso, antes de recetar el medicamento denominado como semaglutida, que puede costar más de $1,000 al mes.

En otras palabras, la terapia escalonada avala el concepto de “fallar primero”, el cual se refiere al efecto nulo que puede ocasionar en los pacientes los medicamentos de menor precio, como requisito previo para acceder a alternativas más costosas.  

No obstante, las organizaciones médicas que respaldan la medida sostienen que “no puedes darte el lujo de fracasar porque puede significar poner a los pacientes en peligro de vida o muerte”.

Puerto Rico contra la escalonada

Si se aprueba, la ley de Pasos Seguros de 2023, según fue radicada en la Cámara y el Senado en el Capitolio Federal, requeriría que los planes de salud establezcan un proceso claro para solicitar una exención a la terapia escalonada.

En Puerto Rico las restricciones a los medicamentos recetados por los médicos ha sido fuente de numerosas controversias tanto en la Legislatura como en los medios de comunicación, debido a los atrasos que experimentan algunos pacientes para recibir el tratamiento que le fue prescrito.

La cardióloga Norma Devarie, quien es la presidenta La Coalición Nueva Visión de Salud (CNVS), sostuvo que la terapia escalonada es la causante de los numerosos contratiempos que enfrentan los pacientes por obtener un tratamiento adecuado para sus problemas de salud, pues las aseguradoras objetan los medicamentos de alto costo sin importar el impacto adverso que tendrían en los pacientes.

Devarie presentó el ejemplo del medicamento para fallo cardiaco conocido como Entresto, cuyo precio supera los $500 por dosis. “Ellos (las aseguradoras) quieren le des al paciente otros medicamentos que cuyo precio es más barato, pero Entresto es la primera línea que le puedes dar para fallo cardiaco a un paciente, pero es caro”, dijo Devarie.

Indicó que las aseguradoras no aprueban dos medicamentos nuevos para tratar la obesidad por su alto precio.

La diarrea como efecto casi obligatorio

Los tratamientos para la diabetes es otro renglón médico que enfrenta retos con la terapia escalonada según explicó la doctora Devarie.

“Con la diabetes hay que empezar con un medicamento que causa diarrea pero es barato y para salir de ese medicamento hay que escribir una carta indicando que el medicamento le causó diarrea al paciente y no llevó la azúcar al nivel adecuado. Hay que seguir escribiendo y escribiendo hasta que se haga el cambio. Pero siempre hay que empezar con el medicamento que causa diarrea. Hay pacientes que lo soportan, pero otros no” dijo la doctora.

Hasta la fecha, 36 estados han implementado algún tipo de regulación contra la terapia escalonada en seguros de salud avalados por patronos, en planes individuales y en seguros para grupos pequeños.

El doctor Carlos Díaz, quien es el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, indicó que había solicitado una copia de las medidas para explorar la posibilidad de radicar aquí una medida similar.  

Devarie dijo que en la legislatura local se radicó una medida que propone se respete el criterio médico, lo cual es un objetivo parecido a las propuestas de los Proyecto de la Cámara 2163 y el Proyecto del Senado 464. «Yo respaldaría una medida para limitar la terapia escalonada», indicó la doctora.

No obstante, el dcotor Díaz dijo que, si el Congreso aprueba las medidas, la misma tendría aplicación inmediata en los pacientes locales de MA.

SN solicitó una reacción sobre las medidas radicadas en el Congreso a la Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA), que integra las aseguradoras de salud que proveen la cubierta del Plan Vital, para personas de escasos recursos, y las cubiertas MA y Medicare Tradicional. MMAPA sostuvo, a través de su portavoz, que próximamente estarían emitiendo una reacción.

Nuevo protocolo

La Ley de Pasos Seguros de 2023 propone una enmienda a la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados (conocida como ley ERISA) para exigir a las aseguradoras que los planes de salud grupales establezcan excepciones a los protocolos de terapia escalonada.

Entre estas excepciones figura disponer que el atraso de un tratamiento podría tener «consecuencias graves o irreversibles» al paciente.

La medida también establecería que, para dar paso a la excepción, las aseguradoras estarían obligadas a considerar las “características físicas o mentales documentadas” de los pacientes.

Para conceder una solicitud de excepción a la terapia escalonada se propone un protocolo de seis puntos : (1) un tratamiento requerido ha sido ineficaz, (2) se espera que dicho tratamiento sea ineficaz y retrasar el tratamiento eficaz conduciría a consecuencias irreversibles, (3) dicho tratamiento causa o es probable que cause una reacción adversa en el paciente, (4) se espera que dicho tratamiento impida que el individuo realice actividades diarias o responsabilidades ocupacionales, (5) el individuo está estable según los medicamentos recetados ya seleccionados, o (6 ) existen otras circunstancias determinadas por la Administración de Seguridad de Beneficios de los Empleados.

Terapia es buena para controlar costos

La terapia escalonada, insisten los planes de salud, ayuda a mantener la prescripción médica en condiciones económicamente rentables. Para demostrar su potencial, citan un estudio en el que un programa de terapia escalonada para la prescripción de medicamentos para la presión arterial permitió ahorrar un 13 % en gastos.

Una revisión de 2021 de datos de 17 planes de salud encontró que la terapia escalonada se aplicaba en el 38.9 % de las pólizas de cobertura de medicamentos. El alcance y la frecuencia de su uso varían según los planes, las enfermedades y, por supuesto, los medicamentos. La terapia escalonada ha sido identificada como el método más común empleado por los planes para restringir el acceso a medicamentos especializados, que han sido identificados como un factor clave del aumento del gasto en los seguros de salud.

Originalmente la terapia escalonada era un elemento exclusivo de los seguros de salud comerciales, pero posteriormente fue adoptada por algunos programas de Medicaid. Hasta 2018, su uso generalmente no estaba permitido en Medicare.

En 2012, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) emitieron un memorando que prohíbe la imposición de terapia escalonada obligatoria para el acceso a medicamentos y servicios de la Parte B en organizaciones Medicare Advantage (MA), a menos que también se requiera a través de Medicare Original.

Esta política fue rescindida en 2018 cuando, al reconocer la terapia escalonada como una “herramienta de gestión de utilización reconocida”, los CMS establecieron que los planes MA podrían utilizarla para los medicamentos de la Parte B, a partir de 2019, como parte “de una coordinación de atención centrada en el paciente”.

Con el apoyo bipartidista y el respaldo de la Asociación Médica Estadounidense y docenas de organizaciones de especialidades médicas, la Ley Paso Seguro podría aprobarse en ambas cámaras en 2024.

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Departamento de Hacienda discrimina contra vendedor de Hot Dogs por ser dominicano

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Por Miguel Díaz Román

Un insólito y aterrador caso de discrimen que involucra al Departamento de Hacienda (DH) fue resuelto por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que determinó que la agencia y dos agentes de rentas internas actuaron de manera abusiva, negligente y discriminatoria contra un vendedor de Hot Dogs porque era dominicano.

En una sentencia emitida el pasado 15 de diciembre, la jueza María Cabrera Torres, avaló los reclamos del comerciante dominicano Pedro Duarte Rosario, quien alegó que fue tratado de manera discriminatoria y negligente por las agentes de rentas internas Raquel Nieves González y Ana María Nieves Franco, debido a que su terminal para cobrar el IVU era incapaz de ofrecer un recibo a sus clientes.

El comerciante señaló que como resultado directo de las acciones de las agentes y del DH, le fue denegada una solicitud para obtener la ciudadanía americana debido a una multa de $40,000 que le impusieron Nieves González y Nieves Franco, la cual, eventualmente, fue desestimada por el DH.

Duarte Rosario sostuvo que todas las penurias y sufrimientos que generaron las acciones de las agentes de rentas internas del DH le causaron un trastorno depresivo recurrente por el que recibe tratamiento actualmente.

La jueza Cabrera Torres sostuvo que “el tribunal está convencido de que, tal y como alegado por Duarte Rosario, Nieves González incurrió en conducta discriminatoria en su contra”. Sobre Nieves Franco, la jueza señaló que fue negligente al no impedir que Duarte Rosario mostrara la evidencia que tenía sobre las múltiples gestiones que realizó para solucionar el problema del terminal dañado.

El 16 de julio de 2019 Duarte Rosario radicó una demanda por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado, el DH y a las agentes de rentas internas en la que reclamó una compensación de $1 millón como resultado de la violación de sus derechos civiles.

Los hechos contenidos en la demanda ocurrieron entre 2015 y 2019. Duarte Rosario incluyó al agente de rentas internas Ramón Maldonado Torres como demandado pero la jueza Cabrera Torres desestimó los cargos contra el funcionario.

El comerciante sostuvo en su demanda que Nieves González y Nieves Franco conspiraron para iniciar una acción administrativa en su contra, “por el mero hecho de ser de nacionalidad dominicana, en violación a la carta de derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo II, Secciones 1,7 y 8”.

Jueza avala demandante

La jueza Cabrera Torres concluyó que las alegaciones planteadas por Duarte Rosario en su demanda resultaron probadas en el juicio y emitió una sentencia que obliga al Estado Libre Asociado, el DH y a las agentes, de manera solidaria, a pagar $60,000 por concepto de daños y perjuicios a favor de Duarte Rosario.

Además, los demandados deberán pagar las costas del litigio y los honorarios de abogados, estimados en $5,000, más los intereses a razón de 5.50 % anual desde que la demanda fue radicada.

Según alegó Duarte Rosario, quien opera un carrito de Hot Dogs en la parada 22 de Santurce, el 8 de octubre de 2015, la agente Nieves González le compró un Hot Dog y un refresco y al pagar le preguntó si estaba cobrando el IVU. El comerciante respondió en la afirmativa. Luego la agente de rentas internas reclamó el recibo y Duarte Rosario le explicó que no podía darle el recibo porque la máquina estaba dañada.

Ante la respuesta del comerciante, Nieves González se negó a pagar $3.50 que fue el precio del Hot Dog y el refresco. Luego, la agente de rentas internas le dijo a Duarte Rosario que lo iba a “joder”, “porque los dominicanos lo que vienen es a robar”, según alegó el comerciante en su demanda.

Las expresiones de Nieves González ocurrieron a pesar de que Duarte Rosario le mostró los documentos relacionados con las numerosas gestiones que efectuó en Hacienda para que la máquina fuera reparada.

El 13 de octubre de 2015, Duarte Rosario regresó al DH en un nuevo intento de resolver la situación del terminal dañado, inesperadamente, allí le explicaron que recogerían el terminal porque no era necesario que él cobrara el IVU debido a que sus ventas anuales eran menores a $125,000.

Multas por $40,000

Pero el 14 de octubre de 2015 Nieves González junto a los agentes Nieves Franco y Maldonado Torres realizaron otra intervención en el carrito de Hot Dogs de Duarte Rosario. En esa intervención Nieves González anunció que impondría multas por la incapacidad del comerciante de proveer el recibo a sus clientes.

Dos días después, el 16 de octubre de 2015, el comerciante recibió una notificación del área de Rentas Internas del DH denominada como “Notificación de Penalidades Relacionadas a IVU-LOTO”, que le imponía dos multas por $20,000, lo que sumaba $40,000.

De hecho, Duarte Rosario fue multado por Nieves González y Nieves Franco a pesar de que el comerciante dominicano había presentado evidencia de las múltiples gestiones que realizó en Hacienda y en la empresa Evertec para que el terminal fuera reparado.

Incluso, en la intervención del 14 de octubre Duarte Rosario entregó a las agentes el terminal dañado y la agente Nieves González repitió al comerciante que lo iba “a joder”, mientras que la agente Nieves Franco escribió en el formulario de inspección que el terminal fiscal estaba descargado.

Desaparecen documentos en Hacienda

Según la narración de los hechos realizada por el comerciante, los agentes de rentas internas lo coaccionaron para que firmara el informe y rechazaron recibir los números de querellas que tramitó en Hacienda para que el terminal fuera reparado.

El 23 de octubre de 2015, Duarte Rosario presentó personalmente una carta al secretario de Hacienda indicando que, durante la inspección del 14 de octubre de 2015, las agentes de rentas internas ignoraron las pruebas que presentó sobre las gestiones realizadas desde el mes de marzo 2015 para demostrar que el terminal estaba dañado.

Además, en la carta al secretario, Duarte Rosario solicitó que se dejara sin efecto la imposición de las multas y agregó que el técnico Jorge Jiménez de DH, había certificado que el terminal estaba dañado y que no había otro para sustituirlo.

Luego, durante la ventilación del caso en el Tribunal, Jiménez alegó que no recordaba a Duarte Rosario y tampoco recordaba haberle entregado un documento en el que advertía que el equipo estaba dañado.  La jueza Cabrera Torres sostiene en su sentencia que no reconoció credibilidad al testimonio de Jiménez.

Duarte Rosario acompañó la carta al secretario con las copias de los documentos evidenciando las gestiones que había realizado y los números de las querellas.  Inexplicablemente, esos documentos desaparecieron en el DH y la agencia no pudo ofrecer una explicación sobre el incidente.

Daños emocionales

Duarte Rosario sostuvo en la demanda que, como resultado de las multas, la solicitud de ciudadanía americana que había presentado ante el gobierno federal fue denegada debido a la deuda de $40,000.

Además, el comerciante sostuvo que atravesó un extenso proceso administrativo de impugnación que generó un gran sufrimiento y daño emocional al recordar los episodios discriminatorios y abusivos de que fue objeto por parte de las agentes y por recibir mensualmente notificaciones del DH para que pagara la multa por $40,000.

Incluso, Duarte Rosario, recibió terapia psicológica en APS Clinic Carolina, en donde se le diagnosticó “un desorden depresivo mayor, recurrente y severo”.

El 17 de abril de 2019 Duarte Rosario presentó una moción en el proceso administrativo de su caso en el DH, la cual fue acompañada, una vez más, con la evidencia relacionada a las gestiones realizadas por él para reportar que el terminal fiscal confrontaba problemas.

Finalmente, el 30 de abril de 2019, el Negociado del Impuesto al Consumo admitió que las alegaciones de Duarte Rosario eran ciertas, por lo que la multa de $40,000 no procedía. Esa decisión permitió que las autoridades federales le concedieran la ciudadanía estadounidense a Duarte Rosario, según surge de la sentencia.

Sin credibilidad los funcionarios de Hacienda

La jueza Cabrera Torres rechazó conceder credibilidad a los funcionarios de DH, una inclinación judicial que ha aflorado en otros recientes casos contra presuntos evasores contributivos en los tribunales, en los que la agencia no ha logrado prevalecer, incluso, presentando como perito al ex secretario de Hacienda, Manuel Díaz Saldaña.

De hecho, la sentencia revela de manera sorpresiva que la jueza Cabrera Torres reconoció total credibilidad al comerciante dominicano Duarte Rosario, a quien en la sentencia describe en dos ocasiones como una persona de baja escolaridad porque sólo estudió hasta el décimo grado.

No obstante, de manera continua la jueza sostiene en la sentencia que no reconoce credibilidad a los funcionarios de Hacienda, una determinación judicial que resulta aterradora porque confirma que el tribunal entendió que los agentes de rentas internas y otros empleados de la agencia, utilizaron el poder y las herramientas administrativas que provee el Código de Rentas Internas para discriminar, perseguir y perjudicar a un ciudadano. Una conclusión que, sin duda, debería encender las alarmas en el Ejecutivo, en la Legislatura y en la opinión pública en general.

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