Por Miguel Díaz Román
En los próximos meses el gobierno se verá obligado a importar leche desde los Estados Unidos debido a que los nuevos parámetros de calidad impuestos por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) han alterado las operaciones de las vaquerías del país hasta el punto de que se ha registrado una creciente reducción en el inventario de ganado, lo que anticipa una merma en la producción de leche.
El ganadero Carlos Benítez, quien posee una amplia empresa de ganadería en Isabela, también denunció que el Estudio Económico Exhaustivo (EEE) de la industria lechera, una obligación según lo dispone la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, se encuentra en un limbo debido a los reiterados incumplimientos de la ORIL.
La ley 34 ordena realizar el EEE cada cuatro años, pero desde 2016 la ORIL no realiza el estudio, aunque en 2018 se efectuó una alegada “actualización de datos”.
Benítez exigió que la ORIL culminé el EEE porque los nuevos parámetros de calidad han aumentado sustancialmente los costos de producción de leche. Agregó que los ingresos que reciben las vaquerías por la venta de leche cruda a las plantas procesadoras no alcanzan para satisfacer los costos de producción y obtener una ganancia razonable.
“Por eso es importante que se termine el EEE. Con el estudio se podrá determinar cuánto es la cantidad razonable que se debe pagar a las vaquerías por la leche que producen. En este momento lo que se paga no da”, dijo Benítez.
SN ha estado en comunicación con numerosos ganaderos que respaldan los planteamientos de Benítez pero no se expresan públicamente debido a que temen que la ORIL tome represalias contra ellos.
Anticipan merma en producción local
El ganadero sostuvo que fuentes de las plantas procesadoras de leche le han confiado que anticipan una significativa reducción en la producción de leche para el verano, un periodo en el que el calor suele bajar la capacidad de producción del ganado.
Benítez explicó que, además, de los efectos del calor, las vaquerías experimentarán una reducción en la producción porque han separado de la línea de ordeño aquel ganado cuya leche presenta determinados niveles de células somáticas y de bacterias, los cuales no son aceptables según los nuevos parámetros de calidad de la ORIL.
La presencia de determinados niveles de células somáticas indica la incidencia de una infección bacteriana en la glándula mamaria de la vaca, lo que disminuye la calidad de la leche.
De hecho, diariamente la ORIL ordena el decomiso de leche a numerosas vaquerías tras detectar incumplimientos con los nuevos parámetros a través de análisis de laboratorio de las muestras que se toman de los camiones que transportan la leche.
La ORIL permite que la leche descartada se venda a las empresas productoras de queso. De acuerdo con fuentes de la industria, con frecuencia la ORIL ordena el decomiso de la leche producida por hasta 20 vaquerías que suplen su producto a una sola planta procesadora.
Menos ganado de leche
No obstante, Benítez aclaró que la leche que no cumple con los nuevos parámetros de calidad de la ORIL es apta para consumo porque cumple a cabalidad con los parámetros federales de leche grado A.
“Los nuevos parámetros han sacado de la línea de ordeño a cientos de vacas y eso va a tener consecuencias porque las vaquerías están produciendo menos leche”, señaló.
Según Benítez, los nuevos parámetros de calidad de la ORIL requieren de una vigilancia constante en el ganado para evitar la incidencia de células somáticas, lo que ha incrementado los gastos en medicamentos y servicios veterinarios.
Sostuvo que en numerosos casos los ganaderos deciden sacrificar el ganado reincidente, lo que obliga a introducir nuevo ganado a la línea de ordeño para mantener el nivel de producción de las vaquerías. Pero debido a las dificultades económicas muchas vaquerías no pueden pagar por el ganado de reemplazo.
Pérdidas millonarias
Además, desde la entrada de Ramón González Beiró a la secretaría del Departamento de Agricultura, la ORIL eliminó los incentivos para adquirir ganado de reemplazo importado de Estados Unidos, lo que ha contribuido a reducir la producción de numerosas vaquerías y, como resultado, una disminución significativa en sus ingresos.
Los continuos decomisos de leche han causado cuantiosas pérdidas a las vaquerías afectadas hasta el extremo de que durante 2023 las ganaderías de leche ocupan el segundo lugar en las quiebras del país por el monto de deuda acumulada con $27 millones. En primer lugar, figuran los hospitales con una deuda acumulada de $472.3 millones.
Cerca de 20 ganaderías se han acogido a la quiebra en 2023, mientras que existe otro creciente grupo de ganaderos que considera acudir al Tribunal Federal de Quiebras en 2024, según han indicado abogados que representan a estos empresarios.
Los nuevos parámetros inicialmente se establecieron en 2016 por medio de enmiendas al llamado reglamento 5 de Calidad de Leche de la ORIL. En 2020 el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, se opuso a la puesta en vigor de las enmiendas al reglamento 5 aprobadas en 2016, porque podrían perjudicar al sector de los ganaderos.
Dudas sobre objetivos de nuevos parámetros
El pasado 18 de julio entraron en vigencia nuevas enmiendas al reglamento 5 patrocinadas por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, las cuales establecen nuevas normas para tomar las muestras de leche y permiten que la muestra que tome el chofer del camión de recogida de leche se tome como muestra oficial. El reglamento también dispone un calendario en tres fases para elevar el nivel de grasa en la leche de 3 % a 3.25 % en marzo de 2025.
Los opositores de los nuevos parámetros sostienen que su objetivo no es elevar la calidad de la leche, sino provocar el cierre de las pequeñas vaquerías para favorecer a los ganaderos que poseen vastas operaciones de ganado. Otros opositores catalogan como “infundado” el presunto objetivo de mejorar la calidad de la leche para impedir la importación desde Estados Unidos, según lo han defendido determinados miembros de la Asociación de Agricultores.
Benítez indicó que el EEE se encuentra en un limbo debido a que algunas ganaderías seleccionadas para integrar la muestra para el estudio económico no han sido abordadas por los funcionarios de la ORIL para obtener su información financiera.
Ayer González Beiró sostuvo que el EEE enfrenta un atraso porque el sector de los ganaderos no ha entregado su información financiera. El funcionario reaccionó a las denuncias de Benítez a través de una expresiones escritas y enviadas a un noticiario del canal 11.
Pero Benítez cuestionó la veracidad de esas expresiones al sostener que el secretario, quien es el administrador interino de la ORIL, puede tomar medidas para provocar la entrega de la información suspendiendo la licencia de los ganaderos que hayan incumplido.
Industria Lechera no es prioridad para PPD
Incluso, Benítez dijo que la administración de González Beiró no ha hecho un esfuerzo serio para obtener la información y terminar el EEE, debido a que la ORIL no ha tomado medidas para obligar a los ganaderos a entregar la información, a pesar de que desde 2022 han solicitado a este sector de la industria lechera que cumpla con ese requisito.
De hecho, la mayoría del Partido Popular Democrático en la legislatura ha rechazado investigar a profundidad el incumplimiento de la administración González Beiró en terminar el EEE. En el Senado, la Comisión de Agricultura que preside el senador Albert Torres Berrios, realizó el pasado mes de septiembre una vista ejecutiva para la Resolución Conjunta del Senado 333, que ordena investigar por qué no se ha concluido el EEE.
En esa vista González Beiró sostuvo que el estudio estaría terminado para finales de 2023, lo cual no ha ocurrido. La Comisión de Agricultura ha mantenido un rotundo silencio sobre el resultado de la investigación y el senador Torres Berrios no responde a las llamadas de SN para conocer la determinación que tomará por el incumplimiento en terminar el citado informe.
El pasado mes de junio el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, radicó la Resolución Conjunta de la Cámara 530, la cual ordena a la ORIL efectuar “de inmediato” el EEE.
No obstante, la RCC 530 se ha mantenido detenida en ese cuerpo sin que se hayan realizado vistas públicas.
SN le solicitó al presidente del PPD, el representante Jesús Manuel Ortiz, una reacción sobre la inacción de la mayoría popular en la Cámara y en el Senado para obligar ala ORIL a culminar el EEE, pero el representante no ha respondido al pedido. El líder del PPD tampoco ha ofrecido una explicación sobre cuál es la posición de esa formación política en relación con los graves problemas que enfrenta la industria lechera, que es la principal industria agrícola del país.
