Por Miguel Díaz Román

En una decisión que podría ser el inicio de un pleito de clase contra las aseguradoras de automóviles en Puerto Rico, el Tribunal Superior de San Juan determinó que le corresponde a la Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) establecer la legalidad de la aplicación de un descuento por depreciación en las piezas de automóviles relacionada con una reclamación de pérdida parcial y presentar la razonabilidad del método utilizado para calcular la depreciación y los fundamentos para aplicar dicho descuento.

El fallo, emitido el pasado 30 de abril por la jueza Iris Cancio González, surge de una demanda radicada por la ciudadana Lynette Rodríguez Flores contra la CSM por el alegado uso no autorizado de la depreciación para reducir el monto a pagar por una reclamación.

En su resolución la jueza Cancio González instruyó a la parte demandante para “avalarse de los mecanismos de descubrimiento de prueba para obtener aquella evidencia necesaria para poner al Tribunal en condiciones de evaluar si se cumplen los requisitos de la Regla 20.1 para certificar un pleito como uno de clase”.

“Le corresponde a la CSM el peso de establecer la legalidad de la aplicación de un descuento por depreciación en una reclamación de pérdida parcial, la razonabilidad del método utilizado para calcular la depreciación, y la base fáctica para aplicar dicho descuento. Para ello, tendrá su día en la corte”, sostuvo la jueza en su resolución.

Del documento también se desprende que la jueza pautó para el próximo 4 de septiembre de 2024 una conferencia entre las partes para examinar el estado del caso.

Los detalles sobre la determinación de la jueza Cancio González fueron difundidos por un comunicado de prensa que produjo el bufete 1-800-LAW-FIRM, que participa a favor de la parte demandante.

Según los hechos narrados en la decisión del Tribunal, el vehículo de la demandante, que estaba asegurado por su póliza de la CSM, resultó averiado en un accidente en octubre de 2020, tras lo cual la aseguradora estimó los costos de reparación en $4,544.07.

Depreciación de 20 %

Pero del desglose de pagos presentado por la ajustadora de CSM, Ana Bauzá Rosas, surge que al costo neto de piezas necesarias para reparar el vehículo se le aplicó un “descuento” de 25%, una depreciación por 30%, y el deducible de $250, establecido en la póliza, lo redujo el monto a pagar por la reclamación a $3,859.15.

Luego, el esposo de Rodríguez Flores, el señor Richard Dunnam, cuestionó el uso de la depreciación y adujo que era incorrecto. Como resultado de esa queja la CSM determinó que la depreciación aplicable era de 20 % y no 30 %. Finalmente, al aplicar la depreciación de un 20% la CSM restó $681.61 y determinó que el pago neto debía ascender a $4,199.96.

No obstante, según la narración que surge de la decisión de la jueza Cancio González, en la póliza emitida a favor de la demandante por la CSM no se establece que se aplicará una depreciación por el costo de las piezas para reparar el vehículo en caso de un accidente y mucho menos indica cómo se calculará esa depreciación.

Si está establecido en la póliza que se utilizará el mecanismo de la depreciación ante un escenario en que el automóvil se declare pérdida total.

Tribunal rechaza alegatos de la OCS

De la resolución emitida por la jueza Cancio González se desprende que el Tribunal rechazó los argumentos de CSM sobre que las deducciones por depreciación habían sido autorizadas por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), lo que representa un evento singular en este caso.

La OCS es el regulador de la industria de seguros y la entidad del gobierno que tradicionalmente los tribunales le han reconocido discreción absoluta en los asuntos de seguros. En este caso el Tribunal rechazó el alegado aval realizado por la OCS a favor del uso de la depreciación de piezas.

El Tribunal también rechazó las afirmaciones de CSM sobre que la demandante había liberado a la aseguradora de cualquier pago adicional al aceptar el pago reducido o pago en finiquito, que finalmente se emitió por la reclamación.

“La demandante argumenta que la CSM no puede impedirle de cuestionar la legalidad del descuento por alegada depreciación bajo una alegada defensa de pago en finiquito, sin primero se adjudique si el descuento era lícito o no. Le asiste la razón. Si el Tribunal en su día concluye que el descuento por alegada depreciación que le practicó a la reclamación de la demandante no es lícito, ello necesariamente significaría que la CSM violó el citado artículo 4(b) de la Regla 47 y las secciones pertinentes del Código de Seguros. De ser así, CSM carecería de manos limpias para invocar la defensa de pago en finiquito (y además la conclusión hipotética significaría que no hubo disputa de buena fue u oferta de pago de buena fe, lo cual también impide aplicar la doctrina)”, sostuvo la jueza como argumento previo para luego rechazar una moción de sentencia sumaria presentada por la CSM para lograr el fin del pleito.

CSM pide reconsideración

Ayer el presidente de la CSM, Yamil García Díaz, emitió un breve comunicado de prensa en el que reveló que los abogados de la aseguradora presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una moción de reconsideración.

“Durante el día de hoy (ayer) se publicó noticia expresando que el 30 de abril de 2024 el Tribunal determinó que la CSM debe explicar la razonabilidad del método utilizado para calcular la depreciación en piezas de autos. Es importante aclarar que esta expresión se toma de una resolución emitida por el tribunal como parte del trámite procesal del caso, el cual todavía está en sus etapas iniciales. Ayer, la CSM radicó una moción de reconsideración presentando al tribunal nuestra posición al respecto. Estamos a la espera de la decisión del Tribunal”, indicó García Díaz.

“En la CSM nos hemos distinguido por llevar a cabo el proceso de ajuste de reclamaciones enmarcado en pagos justos y razonables a nuestros asegurados y reclamantes, cumpliendo con la ley y los términos de la póliza de seguros. Como empresa de ley y orden comprometida con nuestros asegurados, nuestra prioridad es hacer las cosas correctamente, como siempre lo hemos hecho. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la seriedad en la atención de este asunto”, señaló el principal ejecutivo de la CSM.

Abogado alega esquema fraudulento

En el comunicado de prensa emitido por el bufete 1-800-LAW-FIRM, se indica que el abogado Ari Kresch señaló que “numerosos proveedores de seguros en Puerto Rico ejercitan prácticas comerciales similares, las cuales son ilegales y engañosas con respecto a sus asegurados de automóviles”.

Según el comunicado de prensa, los bufetes 1-800-LAW-FIRM, Colón Ramírez LLC y DiCello Levitt LLP, tienen la intención de litigar casos contra la CSM y contra “cualquier otra compañía de seguros que participe en este presunto esquema fraudulento”.

“Este tipo de conducta escandalosa debe eliminarse de cualquier proceso de reclamación de seguros en Puerto Rico. Las reclamaciones en la jurisdicción de los Estados Unidos no están sujetas a depreciación reducida a menos que el automóvil se declare pérdida total. Si bien las reglamentaciones de seguros en Puerto Rico son similares y solo permiten una deducción por depreciación cuando el vehículo se declara pérdida total, la mayoría de las aseguradoras no se ajustan a esas”, concluyó Kresch.

Por Miguel Díaz Román

El cambio climático en el entorno mundial y su efecto en las pérdidas de las aseguradoras, los inevitables incrementos en las primas, el impacto de la inflación incipiente, la necesaria revisión de determinadas tarifas y la incertidumbre que generan los cambios que se proponen a la reglamentación que rige la industria de seguros fueron los temas dominantes durante un foro patrocinado por la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE).

De hecho, la variedad de temas discutidos en el foro Retos de la Industria de Seguros de Propiedad y Contingencia 2024, que fue celebrado el pasado martes en el hotel Vanderbilt en San Juan, apuntan a que aún los reaseguradores enfrentan en el mercado local una serie de retos que se deberán superar para garantizar que las aseguradoras que operan en Puerto Rico continúen teniendo acceso al indispensable reaseguro.

Un tema reiterado por los representantes de los principales reaseguradores que atienden el mercado de seguros puertorriqueño, quienes participaron en el foro, es que el capital del mercado reasegurador se mueve hacia aquellos lugares que garanticen un retorno adecuado a los inversionistas de estas empresas.

Una advertencia que no solo comprende la necesidad de mantener en el país una economía estable y en crecimiento, sino que advierte sobre los peligros que implica trastocar la reglamentación que rige la industria de seguros.

“¡Es un suicidio!”, exclamó en el foro Walter Chaname, quien es el vicepresidente y gerente general para América Latina y el Caribe de la empresa de reaseguro Allied World Re, sobre la posibilidad de que la reglamentación de la industria local de seguros sea intervenida hasta producir una atmósfera de incertidumbre que impida a los reaseguradores obtener en Puerto Rico los retornos esperados.

De hecho, las expresiones de Chaname constituyen una advertencia explícita sobre la determinación de los reaseguradores de abandonar aquellos mercados que no garanticen ganancias adecuadas.

Además, las expresiones de Chaname fueron realizadas en obvia referencia al Proyecto de la Cámara 1533, el cual concede a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), el poder adjudicar el monto de una reclamación de propiedad en controversia.

Reaseguro es el sostén del sistema financiero

Aunque el PC 1533 se encuentra neutralizado, actualmente la legislatura considera el Proyecto del Senado 1349, que otorga a la OCS el poder adjudicar el monto de las reclamaciones presentadas por los proveedores de salud, lo que demuestra que sigue latente la inclinación a favor de modificar la reglamentación de seguros para que el regulador pueda ordenar el monto que una aseguradora debe pagar por una reclamación.

Tanto el PC 1533 como el PS 1349 han sido respaldados por el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.

“Esto es bien preocupante porque el sector reasegurador es el sostén del sistema financiero y sin una póliza no hay un financiamiento y sin financiamiento no hay actividad económica”, dijo Alexis Sánchez Géigel, quien es el presidente de la aseguradora Mapfre y quien integró un panel de presidentes de aseguradoras que reaccionó a los planteamientos de los reaseguradores.

El ejecutivo favoreció mantener dominio sobre aquellos elementos que “nosotros podemos controlar y que pueden crear incertidumbre”.

Se protegen más a los asegurados

“Lo que podemos hacer es tratar de evitar las cosas que crean incertidumbre que están en el control nuestro y una regulación que promueva certeza y que las pólizas de interpreten de manera clara y precisa para evitar actos ilegales innecesarios y también decisiones que no van cónsono con lo que originalmente se pactó. El capital reasegurador se mueve. Puerto Rico depende altamente del capital del reaseguro y si mañana la economía no tiene la capacidad de pagar el retorno que están buscando los reaseguradores, ese capital se moverá fuera de Puerto Rico”, dijo Sánchez Géigel.

De hecho, el presidente de Mapfre sostuvo que las medidas y la reglamentación aprobada en los pasados años ha tenido como objetivo proteger más a los asegurados, mientras que la realidad es que las insolvencias de las aseguradoras Integrand y Real Legacy ha sido el evento que más ha afectado a los asegurados del país.

“La insolvencia de las aseguradoras Integrand y Real Legacy ha costado $370 millones a los asegurados. Señores, las regulaciones que se hicieron no van a ayudar en eso. Y si la reglamentación no protege al sector financiero, las aseguradoras vamos a tener problemas en un evento de mayor capacidad de lo que fue (el huracán) María”, sentenció Sánchez Géigel ante una concurrencia que se mantuvo expectante y en tenso silencio.  

Insolvencias con repercusiones

Sostuvo que la insolvencia de Integrand y Real Legacy no solo ha afectado a sus asegurados, sino que la Asociación de Garantía obligó a las aseguradoras a realizar una derrama de $26 millones, la cual han pagado todos los consumidores de seguros a través de las primas que pagan para sus seguros.

Otro tema recurrente en el foro es que los recientes incrementos en el reaseguro, que eventualmente repercuten en un alza de las primas a nivel del consumidor, es el resultado del aumento en las pérdidas en el ámbito mundial causadas, en gran parte de los casos, por los efectos del cambio climático.

Aunque se trabaja para crear herramientas que permitan predecir con mayor certeza y rapidez los efectos del cambio climático, lo que sí se sabe es que los efectos catastróficos de este fenómeno son impredecibles y continuarán generando pérdidas y posibles alzas en el reaseguro.

El pasado año en Puerto Rico se registraron alzas de hasta 40 % y aunque este año los aumentos oscilaron entre 5 % y 10 %, no se descartan nuevos incrementos en el futuro.

En ese contexto, los reaseguradores exhortaron a la industria local de seguros a mejorar las tarifas y “cobrar lo que se tiene que cobrar”, realizar una adecuada suscripción de los riesgos y atender los términos y condiciones que se establecen en los contratos de seguro para garantizar la viabilidad económica del negocio.

Persisten las tasas bajas

De hecho, Chaname clamó por una revisión de las tasas o tarifas, especialmente aquellas que rigen el mercado de seguros de viviendas en Puerto Rico, las cuales no han sido revisadas durante décadas.

Sobre este aspecto, Jaime González Portilla, presidente de la Junta de Directores de ACODESE y presidente de la aseguradora Antilles Insurance Company, indicó que aunque se ha realizado un aumento en las tasas comerciales después de huracán María, aún persisten tasas bajas que requieren revisión como lo son las tasas de líneas personales para residencias y para los condominios no costeros. González Portilla dijo que ambas tasas están reguladas y no han sido revisadas durante 25 años.

El ejecutivo favoreció que estas tarifas sean desreguladas, de la misma manera como ya fueron desreguladas las tarifas de los condominios costeros.

“Son tasas de los años 80, que no dan para pagar el reaseguro catastrófico. Ya tenemos compañías fuera de Puerto Rico que están cobrando unas tasas mucho más altas que las tasas de manual de condominios no costeros, me refiero a las compañías de líneas excedentes. Nosotros no podemos hacerlo porque estamos regulados por esas tasas de manual de condominios no costeros. Esos condominios acaban buscando seguro fuera de Puerto Rico. Ese tema hay que atenderlo”, dijo González Portilla.

Sobre este aspecto, Sánchez Géigel sostuvo que es necesario aumentar las tasas para que las aseguradoras puedan pagar sus contratos de reaseguro y garantizar una ganancia adecuada. Pero advirtió que ante un escenario que no considere un incremento de las tasas, será necesario reducir la comisión de los agentes y productores.

“Tiene que haber una situación en donde suben las tasas o bajen las comisiones. Pero no puede haber una situación donde el costo del reaseguro siga subiendo y nosotros seamos incapaces de trasladar ese costo al consumidor”, indicó el ejecutivo.

Otro tema discutido en el foro fue el impacto que podrían tener la ocurrencia de un evento catastrófico mayor que provoque severas pérdidas en propiedades cuyos valores no han sido revisados.

Penalidad por falta de valorización 

Según planteó Ricardo Benítez, quien es el vicepresidente de One Alliance Insurance Corporation, esta situación podría causar la imposición de penalidades como pagar esas reclamaciones en la modalidad de valor real en efectivo y no en la modalidad de costo de reemplazo, porque las pólizas de esas propiedades no tenían los límites adecuados. La modalidad de valor real en efectivo supone definir el costo de reemplazo de la propiedad y aplicar una depreciación.

“Es necesaria una revisión de valores en líneas personales. En los pasados tres años los costos de construcción han aumentado en un 30 %. La pregunta básica que nos hacemos es si los valores de mi cartera de líneas personales han aumentado un 20 %, 25 % o 30 %”, planteó Benítez.

La inflación fue otro tema recurrente y preocupante que salió a relucir en el foro, debido a que el alza en los costos de reconstrucción puede tener un efecto adverso en los asegurados que no han revisado el valor de sus propiedades. 

Inflación afecta costo de reconstrucción

De hecho, Janine Seifert Espinosa, quien es la directora de suscripción para Latinoamérica y el Caribe y jefa de mercado de la reaseguradora Swiss R, indicó que, aunque se realicen esfuerzos para controlar la inflación, los precios seguirán subiendo, lo que surtirá efecto en los esfuerzos de reconstrucción luego de una catástrofe.

Sobre este ángulo Sánchez Géigel advirtió que, si ocurriera un evento similar al huracán María, el monto de pérdidas a pagar por las aseguradoras sería superior a los pagado tras María debido al efecto inflacionario en el costo de reconstrucción y a la falta del mano de obra, por lo que era necesario aumentar las primas.

“Lo que antes costaba $1 ahora cuesta $1.50 y si es que se consigue el personal para hacer la construcción, y eso crea un problema de manejo de reclamaciones en caso de otra catástrofe”, sostuvo.

González Portilla alertó que los modelos que establecen la llamada “pérdida máxima probable”, no estiman los peligros que encara una aseguradora con numerosos condominios en su cartera. El ejecutivo señaló que una aseguradora local que no identificó, tiene 1,200 condominios en su cartera, lo cual podría causar otra insolvencia si ocurriera un evento catastrófico grave.

El panel de presidentes de aseguradoras también coincidió en que la OCS debe flexibilizar el uso de la Reserva Catastrófica con el fin de que las aseguradoras la pueden utilizar de manera rápida para cumplir sus compromisos con los asegurados. La Reserva Catastrófica se creó para reducir la dependencia del reaseguro y evitar los aumentos de prima luego de un evento catastrófico.

Por Miguel Díaz Román

La industria de seguros ha hecho sonar las alarmas ante un proyecto de ley que le concede a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el poder de adjudicar de manera sumaria y expedita el pago de facturas a los proveedores de servicios de salud que no hayan logrado superar con una determinación final, el periodo de reconciliación de diferencias relacionada con una reclamación.  

Una de las disposiciones más polémicas de la medida es que la OCS podrá determinar el monto a pagar por una reclamación mientras conserva su posición privilegiada de regulador, lo que convierte a esa oficina en juez y parte en una controversia, según ha sostenido la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE).

La medida, el Proyecto del Senado 1349, fue radicada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y por el senador Ramón Ruiz Nieves, el 13 de octubre de 2023.

El PS 1349 dispone que la OCS deberá adjudicar una controversia sobre una cuantía de pago por medio de un procedimiento sumario, que es un proceso rápido que debería prescindir de algunas formalidades del juicio ordinario.

Otro aspecto controvertible de la medida es que establece que la parte insatisfecha con una decisión de la OCS tendrán 10 días para solicitar una revisión ante el Tribunal de Primera Instancia. La medida también establece que en 10 días se podrá solicitar en el Tribunal Apelativo una revisión de las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia.

Además, el proyecto ordena al Tribunal Apelativo y al Tribunal Supremo resolver en 10 días los recursos de revisión que presente alguna de las partes.

El mecanismo sumario y expedito que la medida reconoce a la OCS para resolver controversias cobija a las aseguradoras de servicios de salud, a los administradores de beneficios de farmacias (PBM por sus siglas en inglés), y las organizaciones de servicios de salud como las organizaciones de servicios primarios mejor conocidos como los centros 330.

El PS 1349 fue examinado por la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado, que también preside el senador José Luis Dalmau. El pasado 29 de abril la medida fue aprobada por el pleno del Senado, lo que implica que el PS 1349 pasó a la Cámara de Representantes para su consideración. 

La OCS como juez y parte

La directora ejecutiva de ACODESE, licenciada Iraelia Pernas, se opuso a la medida porque, entre otras razones, convierte a la OCS en juez y parte debido a que esa oficina posee información financiera privilegiada de sus regulados, un conocimiento que los jueces del sistema judicial por lo general no poseen.

De hecho, Pernas sostuvo que resulta preocupante que la medida le conceda poderes absolutos a la OCS, que es el regulador de la industria de seguros y cuya función es garantizar la solvencia financiera de las aseguradoras bajo su jurisdicción.

Explicó que la medida coloca a la OCS en la disyuntiva de cumplir con una “dualidad incompatible”, la cual se tornará en una realidad cuando la OCS tome determinaciones que afecten la solvencia de un asegurador. Sostuvo que la responsabilidad del regulador es proteger la solvencia de las aseguradoras  “en beneficio del asegurado”.

Pernas advirtió que la aprobación del PS 1349 convertirá a la OCS en juez y parte en las reclamaciones de proveedores que están adscritos al gobierno, a través del Plan de Salud Vital y por medio de las reclamaciones que puedan surgir de los hospitales que aún opera el Departamento de Salud.

Cuestionado el proceso sumario

También expresó preocupación por el procedimiento sumario que impone la medida.

“Las controversias sobre el pago de reclamaciones y la determinación del monto a pagar es un asunto que corresponde al Poder Judicial resolver. Por la diversidad y complejidad de las reclamaciones que pueden envolver estos casos, no se trata de asuntos susceptibles de una adjudicación sumaria. Se trata de controversias que deben juzgarse por un tribunal, no por el regulador de la industria de seguros. De esa manera, se resuelven los casos, salvaguardando el debido proceso de ley de ambas partes”, dijo Pernas.

Incluso, la directora ejecutiva de ACODESE planteó que reconocer a la OCS la facultad de adjudicar de manera sumaria controversias entre los aseguradores y los proveedores atenta contra la revisión judicial, debido a que el regulador maneja información privilegiada de sus regulados.

“Es de notar que, los procedimientos administrativos, son menos formales que los procedimientos ante un tribunal. En ese sentido, un procedimiento ante el Poder Judicial cuenta con garantías de debido proceso de ley, lo que incluye un amplio descubrimiento de prueba, la utilización de peritos, deposiciones y otros remedios dispuestos por ley. En el caso de lo propuesto en este proyecto de ley, al adjudicar obligaciones de los aseguradores, el Comisionado de Seguros, se convierte en un juzgador que tiene información privilegiada de sus regulados, aspectos que no tiene un juez”, indicó Pernas.

Un asunto de importancia notable es que el PS 1349 establece un proceso de reconciliación que, según ACODESE, no tiene relación alguna con el proceso de reconciliación que ya dispone el Capítulo 30 del Código de Seguros, el cual surge de la Ley de Pago Puntual o la Ley 104 de 2002.

En el aire el Capítulo 30 

Para la ACODESE es materia de preocupación que nada se dispone en la medida en cuanto a si el procedimiento de reconciliación expedita que propone se activaría después de agotar los remedios establecidos en el Capítulo 30.

Por otra parte, comentó que la OCS carece del capital humano y la competencia para entrar en la revisión del pago de reclamaciones de servicios de salud, siendo necesario que este personal domine códigos de Current Procedural Terminology (CPT).

En la exposición de motivos de la medida se insinúa que la tardanza en la resolución de reclamos de pago presentados por los proveedores de salud es responsable del cierre de hospitales y del éxodo de médicos y enfermeras.

No obstante, tal conclusión no es objeto de un análisis cuidadoso y certero que revele los nexos entre ambos fenómenos como para invocar la necesidad de aprobar la medida, sino que estos señalamientos permanecen en el proyecto como un eslabón inconcluso.

Tardanza en reconciliación justifica medida

En la exposición de motivos también denuncia que en ocasiones los procedimientos de reconciliación pueden tardar meses y hasta años, lo que justifica la aprobación del P S 1349 porque “establece una política pública clara a los fines de poner fin a la incertidumbre que experimentan los proveedores de servicios de salud, una vez aceptan iniciar estos procedimientos (de conciliación)”.

De hecho, el informe positivo que emitió la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado el pasado 23 de abril establece que la División de Investigaciones de Servicios al Consumidor de la OCS, resolvió en 2022 alrededor 325 investigaciones de pago puntual, la cuales constituyen “una cantidad minúscula de reclamaciones”, según señaló el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.

El informe sostiene que Adams Vega aseguró que la poca cantidad de reclamaciones obedece a que los proveedores tienen temor a represalias y han optado por no impugnar las dilaciones en el proceso de pago puntual. Como resultado de esa conducta “quedan inmersos en un proceso de reconciliación de cuentas”.

Adams Vega favorece la aprobación del PS 1349.

El informe alega que “hasta la aprobación de esta medida, no existen términos precisos para que los aseguradores y proveedores puedan dilucidar permanentemente las discrepancias surgidas en una factura que llevaron a las partes a iniciar un proceso de reconciliación”.

En ese contexto, la medida establece un periodo de 30 días desde que la aseguradora, el PBM o la organización de servicios de salud certifique a la OCS que se encuentra en un proceso contable activo de reconciliación de facturas y pagos. 

La citada certificación será enviada a la OCS en los primeros 5 días de cada mes e incluirá todos los procesos de reconciliación de facturas y pagos iniciados el mes anterior por la aseguradora, el PBM o la organización de servicios de salud.

Por acuerdo entre las partes, el periodo de reconciliación podrá extenderse en otros 20 días adicionales para la resolución y determinación de pago de la factura.

Comisionado impondrá intereses

El PS 1349 dispone que, si en el periodo de conciliación establecido las partes no logran llegar a un acuerdo, la OCS podrá intervenir para adjudicar en 30 días y de manera sumaria la controversia y establecer el monto de la deuda, la cual será líquida y exigible de inmediato.

Además, a la deuda se le impondrán intereses legales, los cuales serán determinados por la OCS y pagaderos a favor de los proveedores de servicios de salud.

El informe indica que el Colegio de Médicos Cirujanos no se expresó sobre la propuesta de PS 1349, pero el doctor Carlos Díaz, quien es el presidente de esa entidad, indicó que apoya la medida.

Fuentes de la industria de seguros que prefieren mantener su anonimato señalaron que el PS 1349 es casi una réplica de otra medida, el Proyecto de la Cámara 1533, el cual concedía a la OCS el poder adjudicar el monto de una reclamación de propiedad en controversia.

Rama Judicial en silencio

“El PS 1349 tiene el mismo objetivo del PC 1533, pero en reclamaciones de servicios de salud”, dijo la fuente.

¿Qué posición tendrá el Comisionado cuando tiene información privilegiada sobre la condición financiera de un asegurador, y a la vez adjudica reclamaciones?  Un juez en el Poder Judicial, adjudica con independencia, pues carece de la información sobre la capacidad de pago.  El Comisionado sería un juzgador con información privilegiada. ¿Qué haría cuando sabe que un asegurador está al borde de la insolvencia?  ¿Lo llevará a la insolvencia para pagar reclamaciones o no?”, cuestionó la fuente.

Otro aspecto intrigante es que la Rama Judicial no se ha expresado en torno a los estrechos términos que impone la medida para que el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal Apelativo y el Tribunal Supremo emitan decisiones.

“Me parece incomprensible que la Rama Judicial no se expresara cuando la Asamblea Legislativa le otorga un plazo para resolver una reclamación judicial en 10 días.   Se me hace difícil pensar en que se obligue a un tribunal resolver en un plazo determinado. ¿Qué pasaría si el juez no resuelve?   Deja un vacío, y el derecho bien hecho, rechaza ese tipo de situación”, advirtió la fuente.