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Puerto Rico
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INFORME SEMANAL-12 de abril de 2024

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Esta semana en Informe Semanal conversamos sobre los reclamos realizados por el gobernador Pedro Pierluisi en un «billboard», en el que alega que el ingreso agrícola ha llegado a $1,000 millones. Esa información no concuerda con con las estadísticas de la Junta de Planificación.

Este tema será discutido por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. También hablaremos sobre nos hablará sobre la inminente importación de leche en el verano y sus implicaciones para la principal industria agrícola, que es la industria lechera.

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Gobernador avala información falsa sobre desempeño agrícola

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Por Miguel Díaz Román

A poco más de dos meses para la celebración de las primarias, la campaña del gobernador Pedro Pierluisi ha difundido información falsa sobre el desempeño de la agricultura al sostener que el ingreso agrícola aumentó a $1,000 millones, una cifra desmentida por las propias estadísticas de la Junta de Planificación, que ha concluido que para el 2023 el ingreso agrícola ascendió a $821.9 millones.

La información falsa apareció en rótulos publicitarios de gran tamaño, mejor conocidos como “billboards”, los cuales suelen estar ubicados en las cercanías de avenidas o expresos densamente transitados.

  El “billboard” reclama de manera escueta un incremento en el ingreso agrícola de $1,000 millones sin ofrecer más información, sin exponer claramente la fuente estadística de dónde surgen los datos y sin identificar el periodo en que se ha registrado ese incremento sin precedentes en el ingreso de los agricultores.

No obstante, los datos de la Junta de Planificación indican que para el 2023 el ingreso neto agrícola alcanzó la cifra de $821.9 millones. Esta cifra fue antecedida por unos modestos incrementos de entre $40 millones y $70 millones entre un año y otro.

Por ejemplo, en 2020 el ingreso neto agrícola fue de $648.8 millones y en 2021 alcanzó $718.9 millones, lo que implica un alza de $70.1 millones.

La comparación entre los $718.9 millones de 2021 y los $760.4 millones del 2022 representa un alza de $41.5 millones, mientras que la diferencia entre los $760.4 millones del 2022 y los $821.9 millones de 2023 implica un alza de $61.5 millones.

El ingreso neto agrícola equivale a dos componentes, la compensación salarial y los ingresos a la propiedad como ganancias, rentas e intereses. Incluso, los incrementos que surgen de las cifras de la Junta de Planificación también se han visto afectadas principalmente por las ayudas federales distribuidas al sector agrícola tras el huracán María y como resultado de la pandemia.

Lejos de realidad los $1,000

Tras el huracán María el sector agrícola recibió una inyección de fondos federales ascendente a más de $240 millones y durante la pandemia, entre 2019 y 2020, se aprobaron fondos federales por más de $30 millones para la adquisición de productos agrícolas del país, que fueron distribuidos en las llamadas “cajas agrícolas” entre la población menos favorecida del país.

A la luz de estas cifras, el reclamo de un incremento de $1,000 millones que realiza la campaña del gobernador Pedro Pierluisi implicaría un aumento de $179 millones, en relación con los $821.9 millones de 2023, el cual resulta inverosímil ante la realidad de que el presupuesto del Departamento de Agricultura ha sufrido reducciones puntuales con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal y de que los principales sectores agrícolas han estado experimentando reducciones significativas en sus registros de producción.

El sector del café ha enfrentado la pérdida de más del 10 % de su cosecha debido a la falta de trabajadores cualificados en la recolección del grano, según ha reconocido el propio secretario de Agricultura, Ramón González Beiró. Incluso, dicha merma ocurre en un sector agrícola que aún no se ha recuperado del severo golpe que representó el paso del huracán María en 2017 y que luego, en 2022, recibió un nuevo azote con el huracán Fiona.

Por su parte, la industria lechera, que es la principal industria agrícola del país, ha experimentado mermas alarmantes en la producción.

Según los propios datos de la Oficina Para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), la producción de leche de las ganaderías ha experimentado una merma 1.4 millón de litros, al comparar la recogida de leche cruda durante la primera quincena de marzo de 2022 con la recogida en la primera quincena de marzo de 2024.

De hecho, sectores de las plantas procesadoras consideran que para el verano será necesario importar leche desde los Estados Unidos debido a la merma significativa en la producción que se ha registrado en las ganaderías del país.

Pierluisi tiene que explicar

El economista José Alameda reconoció que las alzas en las cifras de la Junta de Planificación reflejan el impacto de las ayudas e incentivos federales, pero advirtió que el efecto de esos fondos “nunca llegan a los $1,000 millones”.

“Lo importante es si se ha registrado un aumento en la producción de leche, de plátanos, de guineos, de yuca. Eso es lo que hay que mirar. Los subsidios son para mantener igual la producción o aumentarla. Lo que se han registrado son mermas en los principales renglones agrícolas y si ha habido aumentos son mínimos y no afectan significativamente el ingreso neto agrícola. El gobernador tiene que explicar y probar de dónde vienen esos incrementos. Los políticos en campaña hablan en lenguas”, sostuvo Alameda.

SN obtuvo información sobre que, con toda probabilidad la cifra de los $1,000 millones es una especulación que obedece a las estadísticas que realiza el Departamento de Agricultura (DA), la cuales presentan cifras anuales que no concuerdan con las cifras de la Junta de Planificación.

SN obtuvo copia de una recopilación estadística del ingreso bruto agrícola elaborado por el DA entre los años 2017 y 2021. Es necesario precisar que el ingreso bruto se calcula sumando todos los ingresos antes de impuestos y deducciones.

Estadísticas afectadas por la inflación

 No obstante, las estadísticas elaboradas por el DA concluyeron que el ingreso neto agrícola en 2017 fue de $869.6 millones; en 2018 registró $661.3 millones; en 2019 alcanzó $874.6 millones; en 2020 fue de $915.4 millones y en 2021 ascendió a $939.9 millones.

Una fuente de la agencia indicó que la encuesta para el ingreso bruto agrícola del DA está afectada por la inflación o por el incremento en los precios.

De hecho, existen dos factores que influyen en la inflación de las cifras agrícolas. El primer factor es el alza en los precios de los alimentos y los fertilizantes y el segundo factor es que, por lo general, la oferta de producto agrícola del país es incapaz de satisfacer la demanda, lo que repercute en un aumento en los precios.

Otro elemento que podría explicar las elevadas cifras del ingreso bruto agrícola del DA, según dijo la fuente, es que para elaborar la estadística la agencia recibió la información de 5,700 agricultores.

La fuente explicó que hasta 2012 las estadísticas del DA eran efectuadas por el Servicio Nacional de Estadísticas Agropecuarias (NASS por sus siglas en inglés), que es una dependencia del Departamento de Agricultura Federal. Alegadamente, para elaborar el ingreso bruto agrícola el NASS utilizaba la información de una terna de 1,200 agricultores, lo cual, según dijo la fuente, era muy limitada y no era representativa del sector agrícola.

En espera del censo federal

Sostuvo la fuente que, tras la salida del NSAA del DA, la división de estadísticas de la agencia amplió la base de los agricultores que ofrecen su información por medio de cuestionarios, lo cual tuvo como resultado un incremento en el ingreso agrícola.

Pero el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, indicó que ya el DA había informado de manera incorrecta que el ingreso bruto agrícola había alcanzado los $1,000 millones.

“Durante la administración de Alejandro García Padilla, la ex secretaria de Agricultura, Myrna Comas, se presentó una estadística que aseguraban que habíamos llegado a los $1,000 millones. Y eso fue el resultado de la salida del NASS y el DA no le quedó más remedio que montar un sistema nuevo de estadísticas que aumentó la cantidad de participantes, lo que causó que se sobreestimó la aportación de la agricultura. Y eso es lo que todavía está ocurriendo. Esas cifras no concuerdan con las del NASS. Eso se va aclarar en junio, cuando saldrá el censo agrícola federal” indicó Flores Ortega. 

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La liquidación de Integrand y Real Legacy ha costado $26 millones a los consumidores  

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Por Miguel Díaz Román

La liquidación de Integrand Assurance Company y Real Legacy Assurance Company en 2019 generó más de 11,300 reclamos y hasta el pasado 31 de marzo de 2024 se han pagado $78 millones en reclamaciones, de los cuales $26 millones son el producto de dos derramas que han pagado las aseguradoras activas en el mercado y quienes ya fueron autorizadas a recuperar ese dinero a través de las primas de los seguros que venden a los consumidores.

En otras palabras, la liquidación de Integrand y de Real Legacy ya le ha costado $26 millones a los consumidores de seguros del país y no se descarta que en el futuro sea necesario decretar una o más derramas para completar el pago de las reclamaciones generadas por los asegurados de esas dos aseguradoras, según reveló el licenciado Rafael Rocher, quien es el director ejecutivo de la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AGSM).

Los $26 millones se desglosan en $11 millones para el pago de las reclamaciones de Real Legacy y $15 millones para Integrand. 

La AGSM es el organismo creado por la ley 72 de 1991 para identificar, investigar y pagar las reclamaciones generadas por cada asegurador intervenido y liquidado por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

Independientemente de que la cantidad de dinero se haya estimado como una pérdida legítima experimentada por un asegurado, la AGSM está autorizada a pagar hasta $300,000 por cada reclamación.

El límite de $300,000 revela que los asegurados de Integrand o de Real Legacy que presentaron reclamaciones cuyo monto superó esa cantidad en realidad experimentaron una pérdida irrecuperable, la cual es consecuencia directa de la insolvencia de su aseguradora.

Rocher reveló que hasta el pasado 31 de marzo se han logrado resolver más de 9,100 reclamaciones o más del 80% de todos los reclamos producidos por la liquidación simultánea de estas dos aseguradoras.

En síntesis, Integrand y de Real Legacy fueron intervenidas por la OCS luego de que, tras el catastrófico huracán María, aflorara la insolvencia de ambas aseguradoras para afrontar la magnitud de pérdidas generadas por el fenómeno meteorólogico.

La insolvencia sacó a relucir un trasfondo sumamente preocupante que incluyó la insuficiencia de los contratos de reaseguro y los elevados descuentos en las primas para los seguros de propiedad concedidos estas dos aseguradoras.

Tanto el monto de las reclamaciones generadas tras la liquidación de Integrand y de Real Legacy y la cantidad de dinero ya pagado a los asegurados representan un hito histórico para procesos de esta naturaleza en Puerto Rico, según indicó Rocher.

La imposición de derramas por parte de la AGSM comprende que cada asegurador activo aportará una porción del monto total de la derrama, la que finalmente será recuperada por estas empresas a través de aumentos de primas a los asegurados. 

No se descartan más derramas

No obstante, el licenciado Rocher no descartó que en el futuro sea necesario imponer nuevas derramas para completar el pago de las reclamaciones de Integrand y Real Legacy, aunque señaló que en la actualidad es imposible determinar si será necesario tomar esa decisión.

“En este momento, aunque no debe descartarse la posibilidad de que la AGSM imponga derramas en el futuro, no se puede precisar cuándo, ni cuántas o por qué cantidad”, dijo el director ejecutivo de la AGSM.

Rocher mencionó que la imposición de derramas es el producto de un riguroso análisis por parte de la AGSM, debido a que los aseguradores autorizados a hacer negocios en Puerto Rico están facultados a recuperar de sus asegurados aquella cantidad de dinero que hayan desembolsado para cumplir con una derrama.

“La determinación sobre la necesidad de imponer una derrama se fundamenta en varios factores como las reclamaciones pendientes; la reserva de pérdida estimada; los planes para la resolución de reclamaciones que la AGSM; los recursos disponibles de la AGSM; el reembolso de los gastos de manejo y ajuste de las reclamaciones por parte de los aseguradores en liquidación; y la posibilidad de que los aseguradores en liquidación puedan adelantarle recursos económicos adicionales a la AGSM para el pago de reclamaciones y gastos de ajuste”, explicó el ejecutivo. 

La OCS autoriza dos recobros

De hecho, la OCS emitió dos cartas normativas para autorizar el recobro de las derramas por parte de las aseguradoras, la primera, la CN-2021-299-D, fue emitida el 18 de marzo de 2021 para recuperar los $11 millones que las aseguradoras pagaron para ayudar a pagar las reclamaciones de Real Legacy.

La segunda carta normativa, la CN-223-336–D, que fue emitida el 23 de mayo de 2023, tenía como objetivo recuperar los $15 millones pagados para ayudar a pagar las reclamaciones de Integrand. 

Rocher explicó que el total de $78 millones pagados en reclamaciones al 31 de marzo de 2024, se desglosan en $42.9 millones de Real Legacy y $35.1 millones para las reclamaciones relacionadas con Integrand.

 Según reveló Rocher, la reserva de pérdida para estas dos aseguradoras estimada por la AGSM asciende a $65.3 millones, de los cuales $34.2 millones corresponden a las reclamaciones relacionadas con Real Legacy y $31.1 millones para las reclamaciones relacionadas con Integrand. 

La AGSM estableció un sistema de resolución y pago de reclamaciones por fases que, además, se nutre de los recursos económicos propios del organismo, así como del dinero obtenido por medio del establecimiento de derramas.

Venta de activos para pagar reclamaciones

Otra fuente importante de dinero para pagar las reclamaciones es aquella que surge por el adelanto de dinero existente en las cuentas bancarias y en las reservas de los aseguradores en liquidación.

Además, la AGSM puede contar con el dinero que ha logrado recuperar el liquidador nombrado por la OCS para ambas aseguradoras, el cual se vale de la venta de activos de estas empresas para generar fondos con el fin de pagar reclamaciones.

Entre estos activos también figuran la redención de inversiones y la venta de bonos, acciones y otro tipo de inversiones especulativas, edificios, terrenos, autos y obras de arte, entre otros.

De hecho, el liquidador de Real Legacy e Integrand deben presentar ante el Tribunal de Primera Instancia, que figura como Tribunal Supervisor de cada liquidación, un informe sobre el estado de situación de cada asegurador y los reportes sobre ingresos y gastos.  

La liquidación de un asegurador implica un proceso sumamente complejo, que incluye que la AGSM se haga cargo de los casos legales relacionados con la impugnación de reclamaciones o de reclamos del asegurador contra un asegurado, y que figuraban como casos activos en los tribunales en el momento en que el asegurador fue intervenido por la OCS.  

Para estos casos legales la AGSM se ve obligada a incurrir en gastos legales y para la contratación de peritos, los cuales se denominan como gastos de ajuste. Estos gastos también son reembolsados a la AGSM con los fondos que logra recuperar el liquidador del asegurador intervenido.

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En el aire la clasificación grado A de la industria lechera

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Por Miguel Díaz Román

Las licencias que certifican que la leche producida en Puerto Rico es de clasificación grado A, las cuales cobijan principalmente a las plantas procesadoras y al sector ganadero, han vencido como resultado de una negligencia del Departamento de Salud (DS), que es la agencia responsable de hacer cumplir con los estándares de calidad federales establecidos por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

La negligencia estriba en que el DS no pudo realizar a tiempo la selección de la persona o personas que estarían a cargo de las inspecciones para conceder la certificación de cumplimiento con los requisitos de grado A, según lo establece la con la Ordenanza para la Leche Pasteurizada (mejor conocida por sus siglas en inglés, PMO).

Aunque la leche producida en Puerto Rico continúa en cumplimiento con las regulaciones federales, la falta de inspección de las plantas y de las ganaderías ha causado que en este momento la industria lechera, que es la principal industria agrícola del país, no tenga al día las licencias que certifican que la leche producida es de grado A. Las inspecciones para la renovación de las licencias se deben realizar cada dos años.

De hecho, fuentes de la industria lechera indican que empleados de la división de Salud Ambiental del DA, que es la entidad a cargo de hacer cumplir los requisitos federales para obtener la clasificación de grado A, han estado visitando determinadas vaquerías con el fin de inspeccionarlas.  

No obstante, la inspección de las plantas procesadoras, que por su naturaleza suelen ser inspecciones más complejas, no se han realizado.

Precisamente, el DS se apresta a contratar un inspector privado que tendría la responsabilidad de realizar las inspecciones de las plantas procesadoras.

En secreto falta de certificación 

La situación se ha mantenido en secreto a pesar de la gran insatisfacción que permea en el sector de los ganaderos y de las plantas procesadoras con las acciones negligentes del DS que han causado que actualmente la industria lechera en su conjunto carece de las licencias que certifiquen que la producción de leche es de grado A y cumple a cabalidad con la PMO.

No está claro si el actual secretario de Salud, Carlos Mellado, o sus subalternos, fueron los responsables del atraso en la selección de la persona, cuyo adiestramiento es ofrecido exclusivamente en los Estados Unidos y bajo el control de la FDA.

El adiestramiento se extiende por dos años y requiere que el candidato se traslade a los Estados Unidos durante varios periodos hasta que logre completar los requisitos exigidos por la PMO.

De hecho, el DS estaría contratando un inspector privado ante la realidad de que la persona seleccionada para dirigir la oficina local a cargo de certificar la clasificación grado A entre los diversos integrantes de la industria lechera, el llamado “rating officer”, no han concluido su proceso de adiestramiento.

Inspector privado con aval de FDA

La contratación del inspector privado por parte del DS se habría realizado con la recomendación y consentimiento de la FDA, según reveló la secretaria auxiliar de Salud Ambiental del DS, Mayra Toro, en una entrevista con SN.

La entrevista se efectuó a través del teléfono y tuvo un término de tiempo limitado de 25 minutos, según lo anunció Lisdian Rivera, que es la portavoz de prensa de DS.

En la entrevista, que fue realizada la semana pasada, la funcionaria informó que la contratación del inspector privado estaría en su tramo final en la burocracia interna del DS. Toro dijo que el proceso experimentó contratiempos debido a la celebración de la Semana Santa.

La funcionaria reconoció que las plantas procesadoras no han sido inspeccionadas y caracen en este momento de la certificación grado A. También indicó que solo falta la inspección de las plantas procesadoras porque, alegadamente, las inspecciones de los otros sectores que integran la industria lechera ya fueron realizadas por los técnicos de Salud Ambiental.

Toro sostuvo que, además de que la persona que fue seleccionada para el cargo de “rating officer” no ha concluido su proceso de adiestramiento, el DS también enfrentó la renuncia de otro funcionario que fue designado para el cargo tres años atrás y antes de completar su capacitación presentó su renuncia.  

Salud sin personal sustituto

Toro dijo que la persona adujo “razones personales” para cesar en el cargo.   

No obstante, SN supo de que el DS ha tenido tiempo suficiente para seleccionar y mantener una terna de funcionarios con cualidades para ejercer como “rating officer” y no lo ha hecho.

En 2019 el DS enfrentó la renuncia de James Reyes, que durante muchos años ejerció la función de “rating officer”. Reyes renunció porque se acogió a la jubilación.

En entrevista con SN el ex funcionario reveló que antes de su renuncia ya se tenían seleccionados dos empleados del DS que podrían ejercer como “rating officer”.  

Incluso, Reyes dijo que, como parte del proceso para garantizar las inspecciones, es necesario identificar una o varias personas que puedan ejercer las responsabilidades del cargo cuando ya es un evento inminente la renuncia del “rating officer”.

En la entrevista Reyes dijo que antes de abandonar el cargo ya había adiestrado a los dos empleados en las destrezas y responsabilidades que demanda el puesto y que solo faltaba que tomaran la capacitación requerida por la FDA.

Mellado no responde

Reyes dijo que las dos personas que él adiestró fueron rechazadas o por alguna razón desconocida no ejercieron las responsabilidades para las que fueron adiestradas.

“Las sacaron”, dijo Reyes, quien no pudo ofrecer explicaciones para justificar esa decisión. “Yo no sé qué pasó. Yo no estaba allí”, indicó.

SN envió a la portavoz de prensa del DS, Lisdian Rivera, y al secretario del DS, Carlos Mellado unas preguntas escritas para despejar determinadas interrogantes. Las preguntas fueron enviadas a petición de Rivera, quien no aceptó conceder a SN una nueva entrevista con la subsecretaria de Salud Ambiental.  Ni Rivera ni Mellado respondieron a las preguntas.

Para beneficio de los lectores de SN aquí las preguntas en controversia: ¿quién es la persona designada poner en vigor el PMO y la certificación grado A y cuándo fue nombrada?; ¿cuándo (fecha exacta) salió James Reyes, que es la persona que ejercía esa responsabilidad antes?; ¿por qué cesó Reyes?; ¿Reyes se fue sin entrenar a uno o varios posibles sustitutos?; Si Reyes dejó uno o varios posibles sustitutos entrenados, ¿qué ocurrió con esa persona o con esas personas?; ¿quién es la persona o la empresa que será contratada para realizar las inspecciones en las plantas procesadoras?. Finalmente se le preguntó ¿cuándo deberá finalizar la inspección de esas plantas?.

Técnicamente, sin licencia no se puede operar

La PMO es una ordenanza federal aprobada en 1924 y enmendada en numerosas ocasiones, la cual establece los requisitos que regulan la producción, el procesamiento y el empaque de la leche con el objetivo de garantizar un alimento de calidad y libre de elementos que transmitan enfermedades.

Entre estos requisitos figura la pasteurización, que es la aplicación de calor a los líquidos para eliminar agentes patógenos. Además, exige que antes de la pasteurización, la leche producida por las vaquerías refleje una reducción significativa de bacterias y de determinadas células. También ordena medidas de higiene en las plantas, en las vaquerías y en los camiones que transportan la leche.

Técnicamente, ninguna de las plantas y de las ganaderías que carecen de la licencia que certifica que cumplen con los requisitos de grado A podrían continuar operando, según lo indica el artículo 10 del  reglamento 8332 de DA, que se conoce como reglamento para la adopción de la Ordenanza sobre Leche Pasteurizada Grado “A”, según lo publicado por la FDA.

Este reglamento, que fue promulgado por el DS en 2013, ´prohíbe, incluso, “almacenar, transportar, distribuir, importar, vender, exhibir, ofrecer en venta o donar, leche o productos lácteos para consumo humano, sin licencia emitida por el secretario de Salud”.

No está claro si el DS ha obtenido un permiso de la DFA que permitiría aceptar que los sectores sin licencia continúen operando hasta que se realice la inspección de parte del contratista privado.

SN se comunicó por correo electrónico con la FDA en un intento de obtener más información sobre las dificultades enfrentadas por el DS para completar los requisitos de inspección para la certificación de grado A.

En respuesta SN recibió el siguiente mensaje: “Los funcionarios de la FDA creen que es más apropiado que te comuniques con las autoridades locales sobre este asunto”, sostuvo la oficial de prensa internacional de la FDA, Gloria Sánchez Contreras.

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One Alliance demanda ajustador independiente

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Por Miguel Díaz Román

One Alliance Insurance Corporation (OAIC) ha demandado al ajustador independiente Benjamín Acosta LLC por, alegadamente, recomendar que la aseguradora pagara a la empresa de inversiones en bienes raíces PR Asset Portfolio 2013-1 International LLC (PAPRI), la cantidad de $834,312.25 como compensación por los daños causados por el huracán María en una propiedad que no fue afectada por el fenómeno meteorológico.

Incluso, OAIC sostiene que el ajustador independiente Benjamín Acosta hizo la recomendación de pago por los daños a la citada propiedad, a pesar de que no inspeccionó la estructura y de que nunca realizó el ajuste de la citada reclamación.

La propiedad en controversia está ubicada en la avenida José Mercado del barrio Cañaboncito, en Caguas.

Las graves imputaciones de OAIC contra el ajustador independiente figuran en una demanda radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan el pasado 15 de marzo por el bufete Morales Boscio Law Offices, quien es el representante legal de OAIC.

“Acosta (el ajustador independiente Benjamín Acosta), en un acto de crasa negligencia e incumplimiento no solo de sus obligaciones contractuales, sino como ajustador independiente, recomendó el pago de $834,312.25, de una propiedad que no sólo no sufrió los daños alegados, sino y peor aún, que no fue inspeccionada y ajustada por éstos en claro y manifiesto incumplimiento contractual con la parte demandante”, alega la demanda.

Reclamaciones “duplicadas”

En la petición judicial OAIC reclama el pago de daños y perjuicios por el alegado incumplimiento de contrato y actuación negligente de parte de Benjamín Acosta. También sostiene que la acciones “negligentes y culposas” del ajustador independiente, al recomendar el pago por daños “sobreestimados e inexistentes” de la propiedad ubicada en Caguas, “provocaron que OAIC haya sido víctima de este cobro indebido, nulo, fraudulento y duplicado por PRAPI”. 

Incluso, la alegación sobre que OAIC fue objeto de una reclamación “duplicada” obedecen, según la demanda, a que Benjamín Acosta recomendó el pago por la cantidad de $834,312.25 por la propiedad en Caguas, a pesar de que esa estructura había recibido una compensación por los mismos daños de parte de la aseguradora Triple S Propiedad.

SN se comunicó con las oficinas del ajustador independiente en busca de una reacción sobre las graves imputaciones señaladas en la demanda, pero al cierre de esa edición no se había recibido reacción alguna de parte de Benjamín Acosta.

En la demanda OAIC reclama una compensación por daños que excede más de $1 millón que incluye una petición de pago de $250,000, que corresponden a los gastos, costas y honorarios de abogado incurridos por la aseguradora.

Además, la demanda sostiene que Benjamín Acosta es responsable de compensar a la aseguradora por la cantidad de $834,312.25, debido a que otra sala del Tribunal de Primera Instancia ya le ordenó a OAIC pagar esa suma a PAPRI.

“OAIC ha realizado múltiples gestiones con Acosta para que asuma su responsabilidad ante el error y negligencia de recomendar para pago los alegados daños de una propiedad que no sufrió los daños alegados, y que no fue inspeccionada por éstos en incumplimiento con sus obligaciones frente a esta parte. No obstante, Acosta se ha negado a cooperar y a asumir su responsabilidad como tampoco ha sometido copia de su póliza de errores y omisiones solicitada por OAIC en múltiples ocasiones. Ante dicho comportamiento, altamente temerario y contumaz por parte de Acosta, OAIC no ha tenido otra alternativa que someter la presente acción judicial por incumplimiento y daños. OAIC no tiene a su alcance otro remedio adecuado en ley para proteger sus intereses”, sostiene el documento.

Demanda con trasfondo 

Las imputaciones de parte de OAIC contra Benjamín Acosta están enmarcadas en una controvertible denuncia que la aseguradora radicó en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) contra PAPRI, el ajustador público Affiliated Adjustment Group y el conocido bufete de abogados O’Neill & Borges.

La denuncia ante la OCS sostiene que estas empresas actuaron en común acuerdo para establecer un patrón de fraude organizado en seguros de propiedad en contra de OAIC.

La denuncia fue presentada el pasado 12 de diciembre del 2023 por el licenciado Jesús Del Valle, quien es el representante legal de OAIC en este caso.

En la querella el licenciado Del Valle imputa a las dos empresas y al bufete de abogados O’Neill & Borges incurrir en acciones compatibles con el delito federal de extorsión (racketeering) que se introdujo en el código penal estadounidense en 1970 para perseguir a las organizaciones mafiosas y que se define como el acto de adquirir un negocio a través de una actividad ilegal o utilizar un negocio para cometer actos ilegales.

La grave denuncia relata diversas instancias en las que OAIC asegura que PAPRI presentó reclamaciones por daños causados por el huracán María en 2017 en determinadas propiedades de las cuales no eran dueños y cuyos pagos no fueron informados ni entregados a los verdaderos propietarios registrales.

 Se trata de unas 300 propiedades residenciales y comerciales que PAPRI adquirió en una transacción con el Banco Popular en 2011. Alegadamente, los préstamos hipotecarios de las propiedades se encontraban en morosidad y una cantidad indeterminada de los dueños de esos préstamos aún estaban residiendo en esas propiedades durante el paso del huracán María.

De hecho, la propiedad incluida en la demanda contra Benjamín Acosta también figura en la denuncia ante la OCS presentada por OAIC.

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INFORME SEMANAL-5 DE ABRIL DE 2024

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Esta semana en Informe Semanal conversamos con el doctor Luis López Rojas, autor del libro La Mafia en Puerto Rico, quien nos hablará sobre si nuestro país es un narco estado o nos estamos acercando a ese escenario catastrófico.

El ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega nos hablará sobre la inminente importación de leche en el verano y sus implicaciones para la principal industria agrícola, que es la industria lechera. Flores Ortega hablará también sobre las presuntas dificultades que enfrentan los agrónomos sin licencia.

Además, hablamos con el economista José Alameda, sobre los propuestos aumentos de salario a los empleados de confianza del gobierno. Alameda también hablará sobre el efecto de la narco economía en el país.

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Déficit de $400 millones en Medicare Advantage afectará beneficiarios y proveedores tras recortes en pagos y alza en costos

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Por Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA) 

Tras un análisis exhaustivo de la regla final de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) sobre las tarifas de Medicare Advantage (MA) que entrarán en vigor para el 2025, los comités técnicos de MMAPA concluyeron que la disparidad en las tarifas base de pago de MA para Puerto Rico empeorará para el 2025, lo cual implica una reducción en los fondos disponibles que impacta a beneficiarios y proveedores.

Los pagos base promedio de todo el programa serán 65% superiores a los aplicables a Puerto Rico ($1,130 promedio, $684 PR), lo cual es más del doble que la distancia que existía para el año 2011, cuando los pagos promedio de todo Estados Unidos eran 32% más que los aplicables a los beneficiarios residentes de la isla ($787en promedio, $595 en PR).

Además, se prevé que la inflación anual de los costos de los servicios de salud será de alrededor del 6%, mientras que los ajustes en las políticas de pago de CMS del 2024 a 2025 impactarán con un recorte estimado para Puerto Rico de negativo -1.55%.

En resumen, entrando al 2025 el programa experimentará un déficit de sobre $400 millones en Puerto Rico como resultado de los recortes en los pagos y la inflación de los costos en los servicios de salud, que incluye aumentos en los precios de los medicamentos.

Por otra parte, para el año 2023 los planes de salud en el segmento de Medicare Advantage de Puerto Rico acaban de reportar una pérdida agregada sin precedentes de más de $500 millones, según reportado en los informes requeridos por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés).

“MMAPA tenía la esperanza de que los CMS tomaran medidas administrativas para mitigar la creciente brecha de pago para los beneficiarios que viven en Puerto Rico, tal como lo hicieron en 2011, especialmente después de que el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) solicitara información adicional el 14 de marzo, dando a los planes un plazo hasta el 22 de marzo, justo antes de la fecha programada para la publicación de las tarifas del programa de MA para 2025. En un esfuerzo sin precedentes, la asociación y un gran grupo de partes interesadas -más de 60 funcionarios gubernamentales y organizaciones comunitarias privadas y de salud- destacaron las circunstancias especiales que rodean al programa en Puerto Rico y suministraron nuevos datos y análisis concretos para respaldar una acción afirmativa de parte de HHS. Causa decepción en toda la comunidad que, luego de presentar nuevos datos contundentes sobre la inequidad de fondos y las anomalías históricas en las fórmulas de pago que nos aplican a Puerto Rico, el Departamento de Salud federal y CMS no hayan hecho los ajustes administrativos justos y necesarios para todos los ciudadanos estadounidenses de la tercera edad que viven bajo el nivel federal de pobreza en nuestra isla”, dijo el presidente de MMAPA, Roberto Pando.

Los componentes importantes que distinguen la situación de Puerto Rico son los siguientes:

Con el 24% de la población mayor de 65 años, Puerto Rico tiene el mayor porcentaje de adultos mayores en los EE. UU., y el 38% de sus residentes viven por debajo del nivel federal de pobreza federal, que es cuatro veces más alta que el promedio nacional en los Estados Unidos.

De los 657,000 beneficiarios en la isla cubiertos por Medicare Advantage, más de 300,000 son beneficiarios con doble elegibilidad que reciben cubierta de Medicaid por vía del programa integrado, Medicare Platino.

Solo el 5% de todos los beneficiarios elegibles continúan recibiendo sus beneficios de Medicare Tradicional de las Partes A y B, mientras que el 95% restante ha seleccionado Medicare Advantage.

En Puerto Rico, solo el 9% de los participantes del Medicare Tradicional pagan y se inscriben en un plan independiente de farmacia (Parte D), en contraste con el 70% de los beneficiarios en todos los Estados Unidos.

Los beneficiarios de Medicare de bajos ingresos en Puerto Rico no son elegibles para recibir más de $2,100 en beneficios y asistencia mensual debido a exclusiones de los programas de Medicare, Medicaid y del Seguro Social que aplican exclusivamente a ciudadanos que residen en Puerto Rico. MA ha estado subsidiando estas brechas.

En resumen, los elementos únicos en la situación del beneficiario de Medicare Advantage en Puerto Rico incluyen estos dos factores claves, según presentados a HHS y CMS:

Medicare Original FFS No Funciona Igual en PR – Las fórmulas de pago estándar en Medicare, incluida la de MA, han producido resultados atípicos debido a anomalías en los datos y diferencias reglamentarias durante décadas.

El Departamento de Salud federal y los CMS tienen autoridad administrativa para rectificar anomalías, dado este historial, y elevar las tasas de MA para Puerto Rico como mínimo al mismo nivel que se le paga a las Islas Vírgenes Americanas (USVI).

Las tarifas de MA en las USVI son 26% más altas que las de Puerto Rico, pero las tarifas de la Parte A y la Parte B están en niveles similares en Puerto Rico, en comparación con las USVI y Florida, que tienen parámetros de MA de un 65% por encima de Puerto Rico.

Nivel de Pobreza y Exclusiones de Beneficios Únicamente en PR – Puerto Rico tiene una combinación irreplicable de exclusiones en Medicare, Medicaid y otros programas federales de asistencia, pobreza y alto costo de vida.

En respuesta a estas circunstancias, el programa MA está ofreciendo mayores beneficios suplementarios en Puerto Rico, ya que está cubriendo beneficios esenciales que la población de bajos ingresos recibe mediante otros programas en los estados.

 La mayor parte del dinero de los beneficios suplementarios de MA se utiliza para ayudar a las personas a cubrir sus primas de la Parte B y la Parte D, así como sus deducibles y coaseguros de las Partes A y B.

El alto costo de los beneficios suplementarios de MA en Puerto Rico refleja necesidades únicas existentes y son la razón por la que muchos beneficiarios tienen acceso a los beneficios esenciales de Medicare, no lo contrario.

Por otra parte, cabe destacar que el programa MA ofrece beneficios que atienden los determinantes sociales de la salud en todo los Estados Unidos. Estos beneficios son parte de la política pública del Departamento de Salud federal y la Casa Blanca para atender de manera prioritaria las necesidades sociales relacionadas a la salud de la persona.

En el programa MA el gobierno los ha implantado por vía de dos iniciativas específicas establecidas por los CMS: Beneficios Suplementarios Especiales para Enfermos Crónicos (SSBCI, por sus siglas en inglés) y Diseño de Seguros Basados en Valor (VBID, por sus siglas en inglés).

Los planes en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos incluyen beneficios como alimentos y compra de comestibles, reparaciones en el hogar, asistencia en el hogar, entre otros que forman parte de guías específicas y de listas de beneficios publicadas por CMS.

Además, existe un proceso formal por el cual CMS siempre revisa y aprueba estos beneficios que se ofrecen en Puerto Rico y en otros lugares de acuerdo con la política pública federal.

Pando agregó que “todos los planes de MA en Puerto Rico respondieron a la solicitud de información adicional del Secretario del HHS. MMAPA también presentó una carta en la que se resumían algunos de los principales aspectos a base de un análisis a nivel de segmento realizado por una empresa técnica externa.  Lamentablemente, las circunstancias particulares de pobreza de Puerto Rico y la política pública que guía a MA a cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios parecen estar obstaculizando los esfuerzos para eliminar las disparidades en los pagos básicos”.

El presidente de MMAPA sostuvo que “instamos a la Administración Biden, así como a los líderes de la Administración y del Congreso, a buscar una manera de tomar medidas significativas. En Puerto Rico, todos los participantes están inscritos en planes de cuatro (4) estrellas o más. Los proveedores y los sistemas de servicios de salud han aumentado progresivamente la calidad, pero ninguna comunidad o mercado en los EE. UU. Puede mantener la incongruencia que hay en Puerto Rico: tarifas a proveedores de Medicare Original al mismo nivel que Florida (Parte B), mientras que los pagos base de Medicare Advantage son al otro extremo, equivalente a solo 61% del nivel de pagos de MA aplicables en Florida. Tener un mínimo en los pagos base de MA, al menos al nivel de las Islas Vírgenes, es crucial para el desarrollo balanceado del programa entre cubrir necesidades críticas de nuestros adultos mayores, y seguir apoyando avances en la compensación a proveedores.”

¿Qué es lo próximo?

“Estamos comprometidos con toda la comunidad para seguir trabajando por una oportunidad justa a los beneficiarios y a los programas Medicare Advantage, Parte D y Medicaid de Puerto Rico. Esperamos con mucho interés la oportunidad de continuar comunicaciones activas con el Departamento de Salud federal, para buscar e implantar soluciones a corto plazo. También continuaremos los esfuerzos para educar y buscar el apoyo de los congresistas a fin de encontrar el proceso que logre aprobar propuestas que atiendan la inequidad de fondos para los beneficiarios de Medicare Advantage. Agradecemos a todos los funcionarios gubernamentales y organizaciones que continúan involucrados en este llamado. Estamos convencidos de que se tomarán medidas para cerrar estas disparidades porque creemos que es el curso de acción moral y humanamente correcto para los beneficiarios de Medicare, y también la mejor decisión para el programa Medicare Advantage desde la perspectiva nacional.” concluyó el presidente de MMAPA.

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Crisis inminente en el Centro Cardiovascular

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Por Enrique Vázquez Quintana, MD

 En el Recinto de Ciencias Médicas existen más de  38 programas de residencias médicas, algunas de ellas únicas en el país. Según envejece la población los cirujanos cardiovasculares también van envejeciendo. La edad promedio de los cirujanos cardiovasculares de nuestro país fluctúa entre 63 a 67 años.

El programa de Cirugía Cardiovascular comenzó en el Hospital Municipal de la Capital en el 1955 bajo el liderato del doctor Francisco L. Raffucci Arce. Aunque los doctores David Rodríguez Pérez, Jaime L. costas Diurex y Luis Vallecillo ya habían realizado operaciones cardíacas fue el doctor Raffucci quien inició formalmente un programa de cirugía cardíaca.

Al comienzo, la máquina de circulación extracorpórea la manejaba el doctor Rafael Sorrentino, adiestrado en la Universidad de Minnesota al igual que el doctor Raffucci. Al comienzo la tasa de mortalidad era alta. En el 1960, la sección clínica de la Escuela de Medicina se mudó al Hospital Universitario de Río Piedras y en el 1962, la cirugía cardíaca comenzó a realizarse en el Centro Médico de Puerto Rico.

Para esa época ya trabajaba en el Centro Médico el doctor Luis Soltero Harrington, primer cirujano especializado en Cirugía Cardiovascular Pediátrica, adiestrado por Denton Cooley.

El Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe fue inaugurado en agosto de 1992. El primer trasplante de corazón se realizó el 27 de junio de 1999. Al presente solo tenemos un cirujano cardiovascular pediátrico y no hay ningún otro cirujano en adiestramiento cardiovascular de adultos o pediátrico en Estados Unidos.

Los dos cirujanos que hacen los trasplantes de corazón planifican retirarse en 3-4 años. Tampoco tenemos quién los sustituya, lo que significa que la Unidad de Trasplante Cardíaco del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe desaparecerá.

Al presente tenemos diez cirujanos cardiovasculares distribuidos en los siguientes hospitales: dos en el Centro Cardiovascular, uno en Pavía Santurce, uno en el Auxilio Mutuo, uno en el Hospital Bayamón Medical Center, uno en San Lucas en Ponce, otro en el Hospital Damas de Ponce y dos en el Centro Médico de Mayagüez; para un total de nueve cirujanos cardiovasculares.

Ese número pudiera ser suficiente para la población de Puerto Rico, el problema es que algunos hacen cirugía cardíaca pero no hacen aneurismas de la aorta o cirugía del tórax, están sub-especializados. El problema más serio es la falta de cirujanos pediátricos cardiovasculares y cirujanos de trasplantes de corazón. Algunos cirujanos preseleccionan sus casos y rehúsan operar a los que consideran ser un riesgo mayor.

Aunque ya en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe se puede utilizar el reemplazo de la válvula aórtica percutáneamente, sigue rezagado en los siguientes aspectos:

No se realizan trasplantes de pulmón.

El uso de asistencia ventricular es muy limitado, prácticamente ausente. No se realizan trasplantes de corazón pediátrico. Muy pocos cirujanos reparan endovascularmente los aneurismas de la aorta y sus ramas.

No existe ECMO (extracorporeal membrane oxygenator) Este es un sistema para oxigenar la sangre para permitir que el corazón y pulmón recobren su función. Se puede utilizar solamente por 3-7 días.

Un dato positivo es que la Escuela de Medicina Central y del Caribe comenzará en el Hospital Auxilio Mutuo, posiblemente en julio de 2024 un programa de adiestramiento en Cirugía Cardiovascular. Será un programa de dos años y comenzará con un solo candidato.

Las conversaciones con ACGME (Accreditation Council on Graduate Medical Education), la entidad que acredita las residencias médicas, han progresado satisfactoriamente. La solución es reclutar a algunos cirujanos cardiovasculares exitosos que se han marchado a practicar a Estados Unidos, haciéndole ofertas atractivas para que regresen.

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MMAPA alega paga medicinas y servicios médicos con fondos de beneficios suplementarios

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Por Miguel Díaz Román

La mayoría de los fondos de los llamados beneficios suplementarios que ofrecen las aseguradoras de plan de salud Medicare Advantage, que incluyen servicios de transportación, pago de la energía eléctrica y hasta ayuda para la compra de alimentos, van dirigidos a pagar servicios médicos y de farmacia para los asegurados de esa cubierta de seguros de salud, según reveló Roberto Pando Cintrón, que es el presidente de la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA).

Pando Cintrón sostuvo que, si el gobierno federal decidiera no aprobar la continuidad de los beneficios suplementarios en la isla, las dificultades que padece la cubierta del seguro de salud Medicare Advantage, que va dirigida a los ciudadanos mayores de 65 años, no terminarían debido a que su principal problema es la desigualdad existente entre los fondos que se reciben en Puerto Rico en relación con los fondos asignados a los estados de Estados Unidos.

“Los beneficios suplementarios, que también se conocen como determinantes sociales de la salud (servicios de transportación, pago de la energía eléctrica, servicios de asistencia en el hogar y ayuda para la compra de alimentos), en realidad representan una décima parte de los fondos que se reciben. La mayoría de los fondos se usan para pagar servicios médicos y de farmacia. Si el gobierno federal decidiera no cubrir los determinantes sociales, el problema de Puerto Rico no se resolverá porque su principal problema es la inequidad”, dijo Pando Cintrón, quien también es el presidente de la aseguradora MCS Advantage & MCS Life.

Los determinantes sociales de la salud son condiciones de vida que tienen un efecto significativo en la salud y el bienestar de las personas. Abarcan desde circunstancias económicas, laborales y sociales y también comprende el impacto de determinados entornos culturales, políticos, ambientales y biológicos.

La inequidad es el problema

El ejecutivo sostuvo que los pagos de prima y otros beneficios de Medicare Advantage para los asegurados que residen en Puerto Rico es un 39 % menor al promedio que se paga en los Estados Unidos y 21% menor al pago que recibe las Islas Vírgenes.

“El problema base de Puerto Rico está íntimamente ligado al disloque económico que hay. Tener unos pagos tan bajitos y tener que pagar por las medicinas los mismos precios que se pagan en Florida, en New York o en Texas es insostenible. En el 2011 la desigualdad en los pagos (de Medicare Advantage) era de 24 % y en 2024 es de 39 %, lo que es un reflejo obvio de que la inequidad aumenta todos los años y que la fórmula estándar (para establecer los pagos) que se aplica está perpetuando la inequidad en Puerto Rico”, expresó Pando Cintrón.

Agregó que parte fundamental de la alegada inequidad es que los asegurados por la cubierta de Medicare Advantage en Puerto Rico pagan una prima de $174.70 mensuales, que es similar a la prima que pagan los estadounidenses, pero no reciben los mismos beneficios.

Antes de acogerse al Medicare, los trabajadores en Puerto Rico también pagan el mismo impuesto de nómina que se paga en los Estados Unidos y que se impone a través del Seguro Social.

De esta manera el presidente de MMAPA reaccionó al contenido de una reveladora carta enviada el 14 de marzo por el secretario de Salud federal, Xavier Becerra, a las aseguradoras que ofrecen la cubierta Medicare Advantage en Puerto Rico.

En la misiva Becerra señaló que las aseguradoras han dirigido “recursos sustanciales” para engordar la oferta de beneficios suplementarios, mostró preocupación por la fuga de médicos del país y cuestionó las bajas tarifas que reciben los proveedores de servicios de salud, a pesar de los aumentos la prima aprobados por el gobierno federal.

Determinantes sociales definidos y fomentados por CMS

En la carta Becerra solicitó a las aseguradoras información sobre los pagos a médicos, hospitales y otros proveedores de salud. Además, exigió datos puntuales sobre los gastos en beneficios suplementarios y la experiencia en la utilización de esos beneficios por los asegurados. 

La solicitud de información ocurre en el contexto de que los Centros de Medicare y Medicaid (CMS), que es la entidad que fiscaliza los servicios de salud ofrecidos a través de los programas Medicaid y Medicare, anunciará el próximo 1 de abril las nuevas primas para estos programas en 2025.

Además, la carta de Becerra revela que las aseguradoras locales que ofrecen la cubierta Medicare Advantage gastan en promedio $345.49 al mes en los beneficios suplementarios por cada asegurado, mientras que las aseguradoras que promueven esa cubierta en Estados Unidos dedican $206.34 por cada asegurado al mes, lo que representa una diferencia de $139.15 a favor de las aseguradoras locales.

“En Puerto Rico, nosotros hemos visto históricamente el mercadeo bajo plan de beneficios que incluye cuidado de mascotas, asistencia en carretera y servicios de reparación de hogares. Como ustedes saben, las aseguradoras—no el programa Medicare—deciden qué tipos y niveles de beneficios suplementarios incluir en sus ofertas de planes”, sostuvo Becerra en la misiva.

Sobre estos señalamientos Pando Cintrón explicó que los determinantes sociales de la salud son ampliamente definidos y fomentados por los CMS y son las aseguradoras las que deciden los determinantes sociales que promoverán en la cubierta.

Pero aclaró que las decisiones de las aseguradoras “tienen que ser aprobadas anualmente por los CMS”.

Puerto Rico no ve cinco beneficios

Sostuvo que existen dos factores principales que destacan la precariedad de los asegurados de Medicare Advantage en Puerto Rico y que justifican que Becerra y los CMS autoricen un alza en los pagos.

Indicó que el primer factor es el alto nivel de pobreza de las personas con 65 años o más, que es el sector poblacional que nutre la cubierta Medicare Advantage.  

“Según el censo federal el 38.8 % de la población de 65 años o más en Puerto Rico se encuentran por debajo del nivel de pobreza federal. En Estados Unidos ese sector con 65 años o más es solo el 9.6%. La pobreza entre los adultos mayores es cuatro veces más en Puerto Rico que el promedio de Estados Unidos”, dijo Pando Cintrón.

El segundo factor es que los asegurados de Medicare Advantage que viven en Puerto Rico están excluidos de cinco beneficios básicos federales. Estos son:

-Medicare Savings Program o el Programa de Ahorros de Medicare, que cubre la prima de la Parte B, la cual asciende a $174.70 al mes. La ayuda totaliza sobre sobre $2,000 al año. 

-Part D Low Income Subsidy o el programa del subsidio de farmacia para las personas de bajos ingresos por la Parte D de Medicare. Este programa garantiza en promedio $442 mensuales para pagar cubrir el beneficio de farmacia de las personas de bajos ingresos de hasta 150% nivel de pobreza Federal.

MMAPA considera que si este beneficio se extendiera a Puerto Rico más de 400,000 personas serían elegibles.

-Ingreso Suplementario del Seguro Social (Supplemental Security Income). Se estima que este beneficio aumentaría por más de $600 mensuales el cheque de seguro social. MMAPA considera que más de 300,000 beneficiarios de bajos ingresos en Puerto Rico serían elegibles para este beneficio.

-Cuidado Prolongado (Long Term Services and Supports). Este beneficio significa cerca de $700 mensuales para los beneficiarios de Medicare y Medicaid.

-Programa de Asistencia Nutricional Estatal (State Nutritional Assistance Program) concedería a los beneficiarios elegibles en Puerto Rico alrededor de $120 menos mensuales para alimentos por individuo. 

MMAPA no prevé cambios

“La mayoría de los $345.49 al mes en beneficios suplementarios que menciona la carta (de Becerra) se usan para pagar huecos de la parte B y D de Medicare, que son beneficios que no se reciben en Puerto Rico. La parte B es para servicios médicos y la parte D es para medicamentos”, dijo Pando Cintrón.

Sostuvo que sólo una “ínfima parte” de los fondos se utilizan para pagar los beneficios suplementarios. “Nuestro estimado es menos de la mitad de 1 % (0.50 %) se utilizan para pagar los beneficios suplementarios que menciona la carta (de Becerra) y que tanto llaman la atención de la gente”, agregó.

Incluso, Pando Cintrón señaló que ya no se ofrecen en Puerto Rico los beneficios para el “grooming” de las mascotas.

Indicó que a pesar de los comentarios sobre el manejo de los beneficios suplementarios en Puerto Rico que surgen de la carta de Becerra, MMAPA no espera que se introduzcan modificaciones a esos beneficios.

“No se han aprobado alteraciones a las reglas de los beneficios suplementarios y los determinantes sociales de la salud son muy importantes para CMS”, indicó.

No obstante, el ejecutivo sostuvo que, si finalmente el gobierno federal decidiera modificar los determinantes sociales, la situación en Puerto Rico no se resolverá “porque su principal problema es la inequidad”.

Favorable pagos similares a Islas Vírgenes

“La población de 65 años o más es el 24 % del total de la población de Puerto Rico y es la más pobre de los Estados Unidos. Y esa población está excluida de muchos beneficios de Medicare y los pagos que se reciben aquí son 39 % más bajos al promedio que se paga en los Estados Unidos y 21% más bajos al pago que recibe las Islas Vírgenes. El problema es la inequidad”, insistió.

Pando Cintrón sostuvo que si los CMS aumentan los pagos para Puerto Rico inevitablemente se deberá registrar un alza en las tarifas que reciben los proveedores de servicios de salud. Sostuvo que MMAPA espera “buenas noticias” la próxima semana de parte de CMS y advirtió que sería justo y razonable llevar a Puerto Rico al nivel de pago que reciben las Islas Vírgenes.

“Todavía es pagar a los ciudadanos norteamericanos de Puerto Rico menos que cualquier estado, pero sería un respiro y un impulso de oxígeno para que Medicare Advantage fluya y se desarrolle”, concluyó.

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En jaque el cuidado de la grama y el grooming para mascotas que ofrecen las Medicare Advantage

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Por Miguel Díaz Román

Los llamados beneficios suplementarios que ofrecen las aseguradoras del plan de salud Medicare Advantage y que incluyen servicios de transportación, pago de la energía eléctrica, para el cuidado de la grama y hasta el recorte del pelo de las mascotas, podrían experimentar modificaciones ante la realidad de que el secretario de Salud Federal, Xavier Becerra, está examinando la situación real de los asegurados y de los proveedores de servicios de salud.

En una reveladora misiva enviada el 14 de marzo por Becerra a las aseguradoras que ofrecen la cubierta Medicare Advantage en Puerto Rico, el funcionario cuestionó que las autoridades federales han aumentado la prima que reciben esas empresas sin que tales incrementos hayan causado un alza en las tarifas que reciben los médicos y los proveedores de servicios de salud.

En la carta Becerra mostró preocupación por la fuga de médicos del país, por las alegadas tarifas inadecuadas que reciben los proveedores y por la manera cómo se manejan los servicios a los pacientes.

Incluso, la carta señala que las aseguradoras han dirigido “recursos sustanciales” para engordar la oferta de beneficios suplementarios, lo cuales son una decisión exclusiva de las aseguradoras y no una exigencia de los Centros de Medicare y Medicaid (CMS), que es la entidad que fiscaliza los servicios de salud ofrecidos a través de los programas Medicaid y Medicare.

El contenido de la carta fue revelado el 15 de marzo en un reportaje escrito por la periodista Marielis Acevedo Irizarry y publicado por el periódico El Diario NY. El periódico se publica en español en la ciudad de Nueva York y va dirigido a la comunidad hispana en los Estados Unidos.

En la carta Becerra solicitó a las aseguradoras información sobre los pagos a médicos, hospitales y otros proveedores de salud; los gastos en beneficios suplementarios y la experiencia de la utilización de esos beneficios por los pacientes. 

El Departamento de Salud federal concedió hasta el 22 de marzo a las aseguradoras para que contesten al requerimiento de información.

El pedido de información fue dirigido a las cuatro entidades que manejan la cubierta Medicare Advantage en Puerto Rico: la aseguradora Guidewell Florida Blue, que adquirió Triple S, Humana, Elevance Health’s, que es la matriz de MMM y MHH Healthcare LLC, que es la empresa matriz de la aseguradora MCS.

Becerra cuestiona beneficios suplementarios

La solicitud de información de Becerra responde, según surge de la nota publicada por El Diario NY, “a las denuncias cada vez más frecuentes de falta de acceso adecuado de los pacientes a médicos primarios, servicios de cuidado de salud preventivos y tratamiento básico para enfermedades comunes. La carta también menciona el problema del alto número de médicos que continúan abandonando la isla en gran parte porque no reciben sus pagos a tiempo”.

De un extracto de la carta divulgado por El Diario NY se desprende claramente que Becerra cuestionó el interés de las aseguradoras por aumentar los beneficios suplementarios mientras las tarifas a los médicos y los proveedores de salud no registran incrementos a pesar de los incrementos de prima avalados por las autoridades federales para la cubierta Medicare Advantage:

“Las políticas de CMS han aumentado continuamente el pago que las compañías aseguradoras bajo Medicare Advantage reciben por beneficiario inscrito en Puerto Rico. Sin embargo, CMS ha notado que sus continuos incrementos en pagos a aseguradoras aparentemente no se han traducido en que las compañías proporcionalmente incrementen los pagos a doctores y proveedores médicos. En su lugar, parece ser que las aseguradoras de MA han dirigido recursos sustanciales para hacer crecer los beneficios ofrecidos en sus planes MA”.

Aunque en la carta Becerra reconoce que los beneficios suplementarios son aparte de los beneficios esenciales requeridos por Medicare, la misiva aclara que son las aseguradoras las que deciden qué tipos y niveles de beneficios suplementarios serán incluidos en sus ofertas de la cubierta Medicare Advantage.

“En Puerto Rico, nosotros hemos visto históricamente el mercadeo bajo plan de beneficios que incluye cuidado de mascotas, asistencia en carretera y servicios de reparación de hogares. Como ustedes saben, las aseguradoras—no el programa Medicare—deciden qué tipos y niveles de beneficios suplementarios incluir en sus ofertas de planes”, sostuvo Becerra.

MMAPA justifica los beneficios

Además, la carta revela que las aseguradoras locales que ofrecen la cubierta Medicare Advantage gastan en promedio $345.49 al mes en los beneficios suplementarios por cada asegurado, mientras que las aseguradoras que promueven esa cubierta en Estados Unidos dedican $206.34 por cada asegurado al mes, lo que representa una diferencia de $139.15 a favor de las aseguradoras locales.

Los medios de comunicación en Puerto Rico no han publicado el contenido de la carta en toda su extensión. Incluso, la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA), que integra a las aseguradoras que ofrecen la cubierta Medicare Advantage, no han divulgado el contenido de la carta y sus portavoces han evitado discutir a profundidad sus implicaciones en los medios de comunicación.

De hecho, cuando han comparecido a los medios los representantes de MMAPA han justificado los beneficios suplementarios como una alternativa para eliminar la ansiedad de los pacientes, ayudar en sus padecimientos de salud y, alegadamente, compensar la falta de acceso que tienen los asegurados a otros programas de salud federales.

Los beneficios suplementarios incluyen servicios de transporte, ayuda para el pago de agua y luz, para el pago de servicios para las mascotas, asistencia para la compra de alimentos y para los servicios de visión y audición, entre otros. 

Aseguradoras cabildean alza en prima

El presidente de MMAPA, Roberto Pando Cintrón, evitó ser entrevistado por SN, a pesar de que la portavoz de prensa de la entidad, Gladys Arce, aseguró que el ejecutivo estaría disponible para una entrevista con este medio.

Los duros planteamientos que realiza Becerra en la carta acontecen en momentos cuando las aseguradoras que ofrecen la cubierta Medicare Advantage en Puerto Rico realizan actualmente un férreo cabildeo a favor de un aumento significativo en la prima. Se espera que los CMS revelen las nuevas primas para 2025 el próximo 1 de abril.

En un comunicado de prensa emitido por el 20 de marzo, MMAPA ocultó el contenido real de la carta de Becerra al describir la comunicación como “otra oportunidad crucial para presentar más información sobre la disparidad de fondos del programa de MA y la situación única de los beneficiarios que residen en Puerto Rico”.

En el comunicado de prensa Pando Cintrón sostuvo que la petición de información realizada por Becerra es una “oportunidad de ofrecer más datos e información de gran ayuda para educar y apoyar decisiones que busquen mayor equidad en la salud y dar una oportunidad justa a los beneficiarios, proveedores y el sistema de salud en Puerto Rico”.

MMAPA y el gobierno de Puerto Rico han sostenido que las primas que se pagan en la Isla son 39 % más bajas que la que reciben los estados, y 21% más bajas que las que reciben las Islas Vírgenes.

Advierten contradicción 

No obstante, el secretario de Salud, Carlos Mellado, ha defendido aumentar los pagos a los médicos y a los proveedores de servicios de salud, lo que ha catalogado como una “prioridad”. Además, Mellado ha dicho que el aumento en las primas de la cubierta Medicare Advantage es un compromiso de campaña del presidente Joe Biden.

Para el ex administrador de la Administración de Seguros de Salud (ASES), el licenciado Jorge Galva, las aseguradoras que ofrecen la cubierta Medicare Advantage padecen una gran contradicción que requiere una explicación. 

“Cuando planteas que Puerto Rico recibe primas un 40 % más bajas que en los Estados Unidos y al mismo tiempo los beneficios suplementarios que se ofrecen el Puerto Rico son más altos que en los Estados Unidos tú tienes que preguntar ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico?”, dijo el ex administrador de ASES.

“Cuando escuchas anécdotas de pacientes que no pueden tener sus medicamentos, o que tienen problemas para recibir un procedimiento médico o que no consiguen una preautorización tiene que aparecer la pregunta: Explícame: ¿cómo es que tú no tienes chavos para pagar el procedimiento que necesitan los pacientes y sí tienes chavos para pagar el grooming de las mascotas? Es una contradicción que las aseguradoras van a tener que explicar”, expresó Galva.

Posibles modificaciones

El ex administrador de ASES sostuvo que la carta de Becerra podría significar que el Departamento de Salud federal se propone recomendar modificaciones en los beneficios suplementarios que se ofrecen en Puerto Rico.

“Podrían modificarse esos beneficios en la medida que el contratista de Medicare no está cumpliendo adecuadamente con su obligación con el gobierno federal. Claro que sí que se podrían modificar….podría provocar una intervención y decir: sabes qué, aquí hay gente que no está recibiendo sus medicamentos y tenemos que decidir si le damos el grooming a los perros o los medicamentos a la gente que los necesita”, agregó.

 “Si tomamos como cierto que el presidente Biden se propone darle paridad a Puerto Rico en los fondos Medicare, debemos pensar que Becerra deberá tomar esa decisión. Pero antes de tomar esa decisión se debe asegurar que los chavos se están usando bien en Puerto Rico y para eso el secretario tiene que recibir toda la información sobre los pagos a los médicos, a los proveedores y a los hospitales y sobre los gastos de los beneficios suplementarios. Confluye con el proceso que estará haciendo Becerra quejas de que las cubiertas son inadecuadas, que le pagan poco a los proveedores mientras que aquí se le está pagando el grooming a los perros”, dijo Galva.

Becerra está claro

La doctora Norma Devarie, quien es cardióloga y  es la presidenta La Coalición Nueva Visión de Salud (CNVS), sostuvo que “me llena de esperanza que un secretario de Salud federal  está tan claro y tan al tanto de lo que está ocurriendo en Puerto Rico y que le haya pedido a las (aseguradoras) Medicare Advantage esa documentación para saber por qué en Puerto Rico se le está pagando menos a los hospitales, a los proveedores, a los médicos y porqué se gasta tanto dinero en esa cubierta de beneficios suplementarios, en comparación con los demás estados”.

“Yo creo que Becerra va por la ruta correcta. Sí Becerra va a subir la ayuda, que en realidad se asegure que la ayuda llegue a los pacientes y a los proveedores”, expresó la cardióloga.

“Si las aseguradoras entregaron la información el 22 de marzo y Becerra la está evaluando, yo creo que ese dinero de los beneficios suplementarios bien podría ayudar a los pacientes, a los proveedores y a los hospitales, que están quebrando”, agregó Devarie. 

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