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Persisten los retos para los reaseguradores en Puerto Rico

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Por Miguel Díaz Román

El cambio climático en el entorno mundial y su efecto en las pérdidas de las aseguradoras, los inevitables incrementos en las primas, el impacto de la inflación incipiente, la necesaria revisión de determinadas tarifas y la incertidumbre que generan los cambios que se proponen a la reglamentación que rige la industria de seguros fueron los temas dominantes durante un foro patrocinado por la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE).

De hecho, la variedad de temas discutidos en el foro Retos de la Industria de Seguros de Propiedad y Contingencia 2024, que fue celebrado el pasado martes en el hotel Vanderbilt en San Juan, apuntan a que aún los reaseguradores enfrentan en el mercado local una serie de retos que se deberán superar para garantizar que las aseguradoras que operan en Puerto Rico continúen teniendo acceso al indispensable reaseguro.

Un tema reiterado por los representantes de los principales reaseguradores que atienden el mercado de seguros puertorriqueño, quienes participaron en el foro, es que el capital del mercado reasegurador se mueve hacia aquellos lugares que garanticen un retorno adecuado a los inversionistas de estas empresas.

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Una advertencia que no solo comprende la necesidad de mantener en el país una economía estable y en crecimiento, sino que advierte sobre los peligros que implica trastocar la reglamentación que rige la industria de seguros.

“¡Es un suicidio!”, exclamó en el foro Walter Chaname, quien es el vicepresidente y gerente general para América Latina y el Caribe de la empresa de reaseguro Allied World Re, sobre la posibilidad de que la reglamentación de la industria local de seguros sea intervenida hasta producir una atmósfera de incertidumbre que impida a los reaseguradores obtener en Puerto Rico los retornos esperados.

De hecho, las expresiones de Chaname constituyen una advertencia explícita sobre la determinación de los reaseguradores de abandonar aquellos mercados que no garanticen ganancias adecuadas.

Además, las expresiones de Chaname fueron realizadas en obvia referencia al Proyecto de la Cámara 1533, el cual concede a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), el poder adjudicar el monto de una reclamación de propiedad en controversia.

Reaseguro es el sostén del sistema financiero

Aunque el PC 1533 se encuentra neutralizado, actualmente la legislatura considera el Proyecto del Senado 1349, que otorga a la OCS el poder adjudicar el monto de las reclamaciones presentadas por los proveedores de salud, lo que demuestra que sigue latente la inclinación a favor de modificar la reglamentación de seguros para que el regulador pueda ordenar el monto que una aseguradora debe pagar por una reclamación.

Tanto el PC 1533 como el PS 1349 han sido respaldados por el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.

“Esto es bien preocupante porque el sector reasegurador es el sostén del sistema financiero y sin una póliza no hay un financiamiento y sin financiamiento no hay actividad económica”, dijo Alexis Sánchez Géigel, quien es el presidente de la aseguradora Mapfre y quien integró un panel de presidentes de aseguradoras que reaccionó a los planteamientos de los reaseguradores.

El ejecutivo favoreció mantener dominio sobre aquellos elementos que “nosotros podemos controlar y que pueden crear incertidumbre”.

Se protegen más a los asegurados

“Lo que podemos hacer es tratar de evitar las cosas que crean incertidumbre que están en el control nuestro y una regulación que promueva certeza y que las pólizas de interpreten de manera clara y precisa para evitar actos ilegales innecesarios y también decisiones que no van cónsono con lo que originalmente se pactó. El capital reasegurador se mueve. Puerto Rico depende altamente del capital del reaseguro y si mañana la economía no tiene la capacidad de pagar el retorno que están buscando los reaseguradores, ese capital se moverá fuera de Puerto Rico”, dijo Sánchez Géigel.

De hecho, el presidente de Mapfre sostuvo que las medidas y la reglamentación aprobada en los pasados años ha tenido como objetivo proteger más a los asegurados, mientras que la realidad es que las insolvencias de las aseguradoras Integrand y Real Legacy ha sido el evento que más ha afectado a los asegurados del país.

“La insolvencia de las aseguradoras Integrand y Real Legacy ha costado $370 millones a los asegurados. Señores, las regulaciones que se hicieron no van a ayudar en eso. Y si la reglamentación no protege al sector financiero, las aseguradoras vamos a tener problemas en un evento de mayor capacidad de lo que fue (el huracán) María”, sentenció Sánchez Géigel ante una concurrencia que se mantuvo expectante y en tenso silencio.  

Insolvencias con repercusiones

Sostuvo que la insolvencia de Integrand y Real Legacy no solo ha afectado a sus asegurados, sino que la Asociación de Garantía obligó a las aseguradoras a realizar una derrama de $26 millones, la cual han pagado todos los consumidores de seguros a través de las primas que pagan para sus seguros.

Otro tema recurrente en el foro es que los recientes incrementos en el reaseguro, que eventualmente repercuten en un alza de las primas a nivel del consumidor, es el resultado del aumento en las pérdidas en el ámbito mundial causadas, en gran parte de los casos, por los efectos del cambio climático.

Aunque se trabaja para crear herramientas que permitan predecir con mayor certeza y rapidez los efectos del cambio climático, lo que sí se sabe es que los efectos catastróficos de este fenómeno son impredecibles y continuarán generando pérdidas y posibles alzas en el reaseguro.

El pasado año en Puerto Rico se registraron alzas de hasta 40 % y aunque este año los aumentos oscilaron entre 5 % y 10 %, no se descartan nuevos incrementos en el futuro.

En ese contexto, los reaseguradores exhortaron a la industria local de seguros a mejorar las tarifas y “cobrar lo que se tiene que cobrar”, realizar una adecuada suscripción de los riesgos y atender los términos y condiciones que se establecen en los contratos de seguro para garantizar la viabilidad económica del negocio.

Persisten las tasas bajas

De hecho, Chaname clamó por una revisión de las tasas o tarifas, especialmente aquellas que rigen el mercado de seguros de viviendas en Puerto Rico, las cuales no han sido revisadas durante décadas.

Sobre este aspecto, Jaime González Portilla, presidente de la Junta de Directores de ACODESE y presidente de la aseguradora Antilles Insurance Company, indicó que aunque se ha realizado un aumento en las tasas comerciales después de huracán María, aún persisten tasas bajas que requieren revisión como lo son las tasas de líneas personales para residencias y para los condominios no costeros. González Portilla dijo que ambas tasas están reguladas y no han sido revisadas durante 25 años.

El ejecutivo favoreció que estas tarifas sean desreguladas, de la misma manera como ya fueron desreguladas las tarifas de los condominios costeros.

“Son tasas de los años 80, que no dan para pagar el reaseguro catastrófico. Ya tenemos compañías fuera de Puerto Rico que están cobrando unas tasas mucho más altas que las tasas de manual de condominios no costeros, me refiero a las compañías de líneas excedentes. Nosotros no podemos hacerlo porque estamos regulados por esas tasas de manual de condominios no costeros. Esos condominios acaban buscando seguro fuera de Puerto Rico. Ese tema hay que atenderlo”, dijo González Portilla.

Sobre este aspecto, Sánchez Géigel sostuvo que es necesario aumentar las tasas para que las aseguradoras puedan pagar sus contratos de reaseguro y garantizar una ganancia adecuada. Pero advirtió que ante un escenario que no considere un incremento de las tasas, será necesario reducir la comisión de los agentes y productores.

“Tiene que haber una situación en donde suben las tasas o bajen las comisiones. Pero no puede haber una situación donde el costo del reaseguro siga subiendo y nosotros seamos incapaces de trasladar ese costo al consumidor”, indicó el ejecutivo.

Otro tema discutido en el foro fue el impacto que podrían tener la ocurrencia de un evento catastrófico mayor que provoque severas pérdidas en propiedades cuyos valores no han sido revisados.

Penalidad por falta de valorización 

Según planteó Ricardo Benítez, quien es el vicepresidente de One Alliance Insurance Corporation, esta situación podría causar la imposición de penalidades como pagar esas reclamaciones en la modalidad de valor real en efectivo y no en la modalidad de costo de reemplazo, porque las pólizas de esas propiedades no tenían los límites adecuados. La modalidad de valor real en efectivo supone definir el costo de reemplazo de la propiedad y aplicar una depreciación.

“Es necesaria una revisión de valores en líneas personales. En los pasados tres años los costos de construcción han aumentado en un 30 %. La pregunta básica que nos hacemos es si los valores de mi cartera de líneas personales han aumentado un 20 %, 25 % o 30 %”, planteó Benítez.

La inflación fue otro tema recurrente y preocupante que salió a relucir en el foro, debido a que el alza en los costos de reconstrucción puede tener un efecto adverso en los asegurados que no han revisado el valor de sus propiedades. 

Inflación afecta costo de reconstrucción

De hecho, Janine Seifert Espinosa, quien es la directora de suscripción para Latinoamérica y el Caribe y jefa de mercado de la reaseguradora Swiss R, indicó que, aunque se realicen esfuerzos para controlar la inflación, los precios seguirán subiendo, lo que surtirá efecto en los esfuerzos de reconstrucción luego de una catástrofe.

Sobre este ángulo Sánchez Géigel advirtió que, si ocurriera un evento similar al huracán María, el monto de pérdidas a pagar por las aseguradoras sería superior a los pagado tras María debido al efecto inflacionario en el costo de reconstrucción y a la falta del mano de obra, por lo que era necesario aumentar las primas.

“Lo que antes costaba $1 ahora cuesta $1.50 y si es que se consigue el personal para hacer la construcción, y eso crea un problema de manejo de reclamaciones en caso de otra catástrofe”, sostuvo.

González Portilla alertó que los modelos que establecen la llamada “pérdida máxima probable”, no estiman los peligros que encara una aseguradora con numerosos condominios en su cartera. El ejecutivo señaló que una aseguradora local que no identificó, tiene 1,200 condominios en su cartera, lo cual podría causar otra insolvencia si ocurriera un evento catastrófico grave.

El panel de presidentes de aseguradoras también coincidió en que la OCS debe flexibilizar el uso de la Reserva Catastrófica con el fin de que las aseguradoras la pueden utilizar de manera rápida para cumplir sus compromisos con los asegurados. La Reserva Catastrófica se creó para reducir la dependencia del reaseguro y evitar los aumentos de prima luego de un evento catastrófico.

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