Con motivo del Día Mundial Contra el Cambio Climático, que se celebra hoy, MAPFRE reafirma su compromiso para avanzar en la lucha contra el cambio climático y en seguir elevando la exigencia de sostenibilidad de una manera firme y progresiva.
La aseguradora asume este compromiso con numerosas medidas para reducir la huella de su operación directa, así como con objetivos públicos, como ser una compañía neutra en 2030 y Net Zero en 2050, y con compromisos ambiciosos, como no asegurar ni invertir en empresas de carbón, gas o petróleo que no cuenten con un plan de transición energética.
La compañía ha superado todos los objetivos de reducción que se había propuesto para reducir la huella de carbono que genera con su actividad y ha disminuido su huella de carbono global un 25% respecto a 2019, lo que representa 17 puntos y medio por encima del reto marcado para 2023 (7,5 %).
Este descenso se debe a la restricción de combustibles fósiles y electricidad, la utilización de fuentes de energía renovables, como la solar, la sustitución de su flota de vehículos convencionales por híbridos o eléctricos, y la reducción de los viajes de negocio y los desplazamientos de sus empleados a los centros de trabajo.
En este sentido, la aseguradora ha contribuido a que la huella de carbono procedente de los viajes de negocio se haya reducido un 58% (con respecto al año 2019), como resultado de minimizar los desplazamientos de trabajo, impulsar las reuniones virtuales e impulsar el renting de vehículos eléctricos y los puntos de recarga para vehículos ECO, entre otros.
Inversiones responsables y sostenibles
Su plan de sostenibilidad 2024-2026 también incorpora medidas para promover inversiones responsables y sostenibles, y desarrollar productos innovadores que faciliten la transición hacia una economía baja en carbono.
En esta línea, la compañía reducirá un 43% la intensidad de las emisiones (TonCO2e/ millón de euros invertido) de gases de efecto invernadero (alcance 1 y 2) de la cartera de inversiones del Grupo (renta fija corporativa y renta variable) para 2030, empleando como línea base el año 2022.
Incrementará, además, la inversión en soluciones que favorezcan la transición hacia una economía baja en carbono, como por ejemplo el fondo MAPFRE Energías Renovables II, FCR, un proyecto innovador en Europa, lanzado en 2023, que invertirá en biometano y que, además de mitigar el impacto ambiental contribuye a mejorar las condiciones sociales y medioambientales de las comunidades donde invierte.
Economía circular y reducción de huella
El año pasado, MAPFRE gestionó 3.567 toneladas de residuos a nivel global, de los cuales un 92%, 3.200 toneladas, se sometieron a procesos de valorización, es decir de recuperación, reciclado o producción de energía.
Destaca la actividad de Cesvimap, el centro de I+D de MAPFRE, que en 2023 recuperó a través de CESVIrecambios un total de 673 toneladas de piezas de vehículos siniestrados para su reutilización tras el tratamiento de 1.887 vehículos en España.
Este centro tecnológico global está especializado en la reparación y reciclado de vehículos, entre otros servicios, y es una referencia en cómo dar de baja los vehículos de una manera sostenible, alargando la vida de las piezas, facilitando la reutilización de materias primas, como el plástico y el cristal, y reduciendo el consumo de energía. Madrid, 24 de octubre de 2024. Para más información, puedes contactar con Nuria del Olmo, de Comunicación de MAPFRE. Tel: 606537889. Email: ndelolmo@mapfre.com
A pesar de que algunos sectores políticos alegan que a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le queda poco tiempo en Puerto Rico debido a que ya se han aprobado cuatro presupuestos balanceados, la realidad es que la presencia del organismo fiscal impuesto por el Congreso federal continuará hasta que se completen una serie de transformaciones en la administración y control de los recursos públicos, lo cual podría concluir en menos de una década, según sostuvo Juan Carlos Blanco Urrutia, quien es el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Juan Carlos Blanco Urrutia, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Blanco Urrutia sostuvo que la JSF y su ostensible intervención en el más mínimo detalle en la operación del gobierno no cesará y el organismo fiscal no abandonará el país hasta que no se logre la llamada reforma presupuestaria, una ambiciosa agenda que aspira a impartir coherencia en la elaboración y administración del presupuesto del gobierno.
Otra meta de la JSF es acabar de manera definitiva con los atrasos en la elaboración de los estados financieros del gobierno, un lastre de larga data que año tras año impide obtener información fidedigna sobre el estado real de las finanzas públicas.
Además, Blanco Urrutia señaló que la JSF no abandonará el país hasta que finalmente quede establecida una política de sana administración y de control de los recursos públicos, una meta abarcadora porque comprende a todas las agencias del gobierno central, los municipios y las corporaciones públicas.
El funcionario también advirtió que la JSF no concluirá su operación en la isla hasta que no se logre el regreso de los bonos del gobierno a los mercados financieros con el aval de las agencias acreditadoras, lo que propiciará la disponibilidad de los inversionistas a comprar deuda del gobierno local a tasas de interés adecuadas, lo que facilita el repago de esos compromisos por el fondo general.
Los planteamientos del director de OGP fueron realizados durante un conversatorio sobre los retos que encara el gobierno local en el desarrollo y administración de su presupuesto y ante la presencia de la JSF, que la pasada semana celebró la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros (APAF).
El foro fue celebrado en el restaurante Antonio, ubicado en el Condado, a donde compareció una concurrencia selecta de economistas, empresarios, contables, miembros de la comunidad financiera y de la industria de seguros.
“¿Eso tardará una década (la salida de la JSF)?”, cuestionó SN.
“Yo creo que menos (de una década) ”, respondió Blanco Urrutia.
“Ocho años”, sugirió el doctor Juan Villeta Trigo, quien es el presidente de la Junta de Directores de APAF.
Gobierno post Promesa
De hecho, Blanco Urrutia indicó que proceso de transición entre la JSF y el gobierno “ya comenzó”, en el contexto de que la ley federal Promesa exige que ocurran dos requisitos fundamentales para culminar la intervención de la JSF: que el gobierno pueda tener acceso a los mercados de capital a través de intereses razonables y que la JSF certifique la aprobación de cuatro presupuestos balanceados o presupuestos que adjudican un gasto para el que existe un recaudo de ingresos certificado.
Según Blanco Urrutia, los pasados cuatro presupuestos fueron certificados por la JSF, lo que indica que estaban balanceados. El funcionario sostuvo que actualmente el gobierno local no necesita acudir a los mercados de capital a vender sus bonos debido a que las masivas asignaciones del gobierno federal tras los huracanes Irma y María, han llenado sus arcas.
De hecho, el director de OGP señaló que ya el gobierno local tiene acceso a los mercados capital debido a que actualmente los bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se venden en el mercado de bonos de New York. La AAA es la única corporación pública que no figura en el proceso de quiebra que autorizó la ley Promesa.
Fondos federales a raudales
Blanco Urrutia explicó que entre las asignaciones para la reconstrucción del sistema eléctrico avaladas por el Congreso y las asignaciones de FEMA y otros fondos aprobados, el gobierno local tiene recursos económicos suficientes para que en los próximos años pueda realizar obras públicas y de infraestructura sin la necesidad de acudir a los mercados de capital.
No obstante, Blanco Urrutia indicó que será la propia JSF la que determinará si el gobierno local cumplió con los requisitos establecidos por la ley Promesa y cuándo finalizará sus funciones en Puerto Rico.
Falta de claridad en Promesa
Sostuvo que el estatuto federal no es lo suficientemente claro en cuánto a establecer un calendario definido para la salida de la JSF, luego de que el gobierno haya cumplido con los requisitos de lograr cuatro presupuestos balanceados y tener acceso a los mercados de capital.
“De nuevo, ellos (la JSF) son los que decidirán si se cumplió o no se cumplió por la manera como está escrita la ley (Promesa) en estos momentos. Yo preveo que eso será parte de la conversación activa que el gobierno tendrá con la JSF en los próximos cuatro años”, dijo Blanco Urrutia.
El funcionario indicó que el gobierno se ha preocupado en “estar al día” en aquellos elementos que están bajo su control, como lo son los estados financieros, un documento indispensable para que las agencias acreditadoras puedan evaluar las finanzas públicas y emitir una clasificación que le permita al gobierno regresar a los mercados de capital.
Indicó que los estados financieros del gobierno del año fiscal 2022-2023 se publicarán antes del próximo 31 de diciembre, aunque reconoció que ese tipo de documento debe estar accesible luego de que finaliza cada año fiscal.
Gobierno listo para controlar presupuesto
“¿Qué quiere decir esto? Para nosotros el gobierno post promesa ya comenzó. No podemos esperar a que la JSF se vaya para empezar a pensar cómo vamos a hacer esto. Nosotros tenemos que hacer una transición ordenada, lógica, bien pensada. Donde se den las transferencias de conocimiento, donde se pongan los recursos en los sitios correctos porque la JSF no va decir un día “cumplieron con la ley Promesa, nos vamos”. El gobierno tiene que estar listo para asumir el control pleno de todo y particularmente del presupuesto. Desde que se dio el plan de ajuste de la deuda, comenzamos a preparar el gobierno post Promesa”, dijo Blanco Urrutia.
Sostuvo que la gestión del gobierno post Promesa requiere de tres factores fundamentales: tener los recursos humanos con el talento capacitado y salarios adecuados; ejercer una revisión de los sistemas y procesos del gobierno y poseer los datos correctos para ejercer una adecuada planificación.
Blanco Urrutia reveló que actualmente el gobierno trabaja un ambicioso proyecto que aspira a establecer un nuevo sistema que integre todo el gobierno en una misma fuente de información, la cual incluirá la contabilidad de las agencias, sus finanzas internas, los datos sobre los recursos humanos y las compras.
Sistemas sin integración
“Aquí lo que buscamos es que la información esté en un solo sitio”, dijo el director de OGP, en alusión a que el objetivo del nuevo sistema es que toda la información de las agencias esté disponible y conectado con el sistema de contabilidad del Departamento de Hacienda, que básicamente es la agencia que administra los recursos del gobierno central y maneja la nómina de más de 100,000 empleados públicos.
El funcionario indicó que la falta de integración de los sistemas que operan en las agencias es una plaga que le impide agilidad y eficiencia al gobierno. De hecho, Blanco Urrutia dijo que, en el Departamento de Educación, la agencia más grande del gobierno con un presupuesto de más de $5,000 millones anuales, existen 14 sistemas de información independientes.
“Existen 14 sistemas de información que no se hablan entre sí. El sistema de asistencia no está conectado con el sistema de nómina”, dijo Blanco Urrutia. Incluso, el funcionario avaló la necesidad urgente de que el DE sea reestructurado para que opere según el número de estudiantes que asiste a las aulas, lo que siempre genera resistencia al cambio en la comunidad y en la propia agencia.
Indicó que es necesario ofrecer la información a la comunidad para que la gente sepa que, por ejemplo, el mantenimiento de una escuela cuesta más de $1 millón al año. Señaló que en la propia agencia existen reservas al cambio cuando se establecen los diálogos para establecer el presupuesto.
Sin justificaciones Educación
“El problema principal que ustedes tienen para justificar su presupuesto es que han perdido más del 20 % de su clientela”, dijo Blanco Urrutia que la ha dicho a los funcionarios del DE sobre la reducción dramática de estudiantes que han enfrentado las escuelas públicas mientras el DE recibe la mayor tajada del presupuesto de gobierno central.
Explicó que, aunque los recaudos del gobierno han tenido en un crecimiento sostenido de 10 % anual en los pasados cuatro años, el cual atribuyó a las obras de reconstrucción que han sido financiadas con fondos federales, el funcionario indicó que el país enfrenta el llamado reto demográfico, que es la reducción de la población joven y productiva por el efecto de la migración a los Estados Unidos y la baja tasa de natalidad.
Argumentó que el reto demográfico también ha causado una merma en la tasa de participación laboral, que mide la proporción de la población que está trabajando o buscando empleo.
Blanco Urrutia indicó que es necesario finalizar la reestructuración de la deuda de la AEE para eliminar la incertidumbre que impide el desarrollo de más y nuevos proyectos de generación eléctrica debido a que esas empresas no pueden hacer modelos financieros porque es imposible proyectar cuánta gente estará conectada al sistema eléctrico.
Nueva política de ingresos
Incluso, el director de OGP vaticinó que el mayor peso que tendrá el cargo legado que contempla la reestructuración de la deuda diseñada por la JSF no será el pago a los acreedores, sino la partida para aportar al sistema de retiro de los empleados de la corporación pública.
Blanco Urrutia favoreció lo que llamó una nueva política de ingresos del gobierno, que no obstaculice el desarrollo económico y presentó como ejemplo la necesidad urgente de eliminar el impuesto al inventario, que representa más de $200 millones para los municipios. Sostuvo que ese impuesto representa una mácula contra la evolución económica de la empresa privada.
También se inclinó en la necesidad de reformar las ayudas del gobierno central a los municipios para eliminar el uso discrecional de los alcaldes. Favoreció que esas ayudas sean destinadas a financiar objetivos y obras públicas predeterminadas.
El funcionario favoreció que se apruebe una moratoria en la aprobación de medidas que tienen impacto durante la consideración del presupuesto y sin recursos económicos identificados, lo que obligaría a los legisladores a incluir ese tipo de medida dentro del presupuesto.
Dos años y cinco meses después de que trascendiera que no aparece registrada una actividad de recaudación de fondos para la campaña electoral de Pedro Pierluisi que se celebró en el 2020 en la residencia de un narcotraficante convicto en Dorado, el Contralor Electoral, Walter Vélez Martínez, no ha realizado gestiones para investigar el “fundraising”.
La actividad de recaudación de fondos fue patrocinada por agricultores que favorecían la selección de Ramón González Beiró como secretario de Agricultura.
La historia inicial fue publicada por este periodista en el medio digital EyBoricua.com el jueves 24 de marzo de 2022. En aquel momento se tenía determinados detalles sobre el “fundraising” y se había identificado el periodo de la posible celebración de la actividad entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre del 2020 en una residencia de la exclusiva urbanización Dorado Beach East, en el pueblo de Dorado.
Según los nuevos y relevantes hallazgos de una investigación que ha realizado SN por los pasados casi tres años, la actividad se realizó el martes 20 de octubre del 2020 en la residencia número 271 de la urbanización Dorado Beach East.
La actividad fue organizada para admitir la participación de hasta 35 donantes durante un periodo de tres horas que fue previsto para comenzar a las de 6:00 de la tarde y finalizar a las 9:00 de la noche, según se desprende de la nueva evidencia recopilada por SN.
La residencia 271 en Dorado Beach East era propiedad de la empresa Desarrolladora Playa del Norte Inc., en la que el narcotraficante convicto Jaime Serrano Cardona figura como presidente y tesorero. Alegadamente, tras la celebración de la actividad, Serrano Cardona vendió la residencia 271.
La nueva información incluye numerosas fotos y material escrito sobre los preparativos realizados en la residencia 271 de la urbanización Dorado Beach East, que comprueban pormenores sobre cómo se celebró el cónclave y que permite conocer el grado de organización que precedió a la actividad.
El material escrito obtenido durante la investigación es un organigrama que define las competencias asignadas a un grupo de personas, quienes tuvieron la encomienda de velar por aspectos de seguridad, transportación, áreas de estacionamiento, preparación y limpieza de la residencia y el acopio de comida y bebidas.
Además, el organigrama procura tomar medidas de salubridad para evitar el contagio por el Covid debido a que en octubre del 2020 el país se encontraba en pleno periodo de emergencia por los efectos de la pandemia.
Entre las medidas establecidas en el documento figuran la toma de temperaturas a los invitados, colocar desinfectantes y mascarillas en lugares accesibles, garantizar la separación recomendada entre mesas y exigir que los participantes usen mascarillas.
El organigrama también establece el número de mesas, el alquiler de equipo audiovisual y de carteles y banderines impresos alusivos a Pierluisi y al apoyo del sector agrícola al entonces candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.
Otro aspecto que trata el organigrama es garantizar que los invitados sean transportados en carritos de golf desde el estacionamiento de las áreas deportivas de la urbanización, debido a que el diseño del complejo residencial prescinde de aceras y de espacios para estacionar vehículos frente a las residencias.
El fenecido exsecretario de Agricultura, Fernando Toledo, fue el organizador de las actividades de recaudación de fondos de González Beiró, incluyendo la actividad de 20 de octubre del 2022. El citado organigrama fue obra de Toledo, quien también fue un convicto federal.
No obstante, en las historias publicadas por este periodista sobre la citada actividad en el medio digital EyBoricua.com en 2022, Toledo no negó que hubiese organizado las actividades, sino que en repetidas ocasiones sostuvo que “mi nombre no aparece en ningún informe de ingresos y gastos en el Contralor Electoral”.
Interior de la residencia en la urbanización Dorado Beach East.
Casi tres años sin investigar
En aquel momento Vélez Martínez dijo que no ha recibido una querella o confidencia sobre la celebración del evento, pero reveló que se enteró del evento por el reportaje publicado por EyBoricua.com. Explicó que refirió el reportaje a los auditores de la OCE para corroborar la celebración de la actividad.
No obstante, dos años y cinco meses después de que la información sobre la citada actividad fuera publicada, la OCE no ha realizado su trabajo de indagar sobre la celebración del evento.
SN ha confirmado que algunas de las personas identificadas en la historia publicada por el sitio digital Ey Boricua.com no fueron abordadas por los investigadores de la OCE, lo que levanta serias dudas sobre el compromiso de Vélez Martínez de hacer cumplir las responsabilidades de esa entidad entre las que figura la importante función de fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico.
No está claro qué razones han incidido para que Vélez Martínez no persiguiera investigar a profundidad la citada actividad de recaudación de fondos para la campaña del entonces candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi en 2020.
De hecho, una pesquisa a fondo podría revelar si en esa actividad, que fue diseñada exclusivamente para aquellos agricultores que favorecían la designación de González Beiró como secretario de Agricultura si Pierluisi resultaba vencedor en las elecciones generales de 2020, también participó un grupo de desarrolladores.
Carteles ubicados en las puertas de acceso a la piscina con las propuestas de González Beiró.
Alegadamente, los desarrolladores se habrían reunido en un lugar de la residencia que se encontraba distante del salón donde compartían los agricultores.
Existe el testimonio del ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, quien ha sostenido que un testigo presencial de la actividad le reveló que en el “fundraising” participó un grupo de desarrolladores. Ese testigo presencial es Juan Luis Rodríguez, quien el pasado cuatrienio era director ejecutivo de la Autoridad de Tierras.
“Yo no voy a hablar sobre eso. Yo he ido a muchas actividades y sobre eso no voy a hablar”, dijo Rodríguez cuando este periodista lo abordó en 2022.
De hecho, ese testimonio requiere de una rigurosa corroboración porque su confirmación demostraría que la actividad celebrada en la urbanización Dorado Beach East fue una de mayor rango que se quiso ocultar, lo que sin duda apunta a un escándalo mayúsculo.
Preguntas pertinentes
Es decir, si la actividad celebrada en Dorado Beach East no aparece registrada como ha sostenido Vélez Martínez, ¿a dónde fue a parar las sumas de dinero que se pudieron recaudar en un “fundraising” celebrado a las sombras de las normas que regulan las campañas políticas de Puerto Rico?, ¿cuál fue el monto de las aportaciones realizadas por cada donante de manera individual?, ¿cumplieron esas aportaciones con las reglas que rigen las aportaciones lícitas?, ¿el dinero aportado es de procedencia legal o proviene de actividades ilegales?, ¿por qué no aparece registrado un “fundraising” organizado de manera tan rigurosa hasta el más mínimo detalle?, ¿por qué el Contralor Electoral Walter Vélez Martínez no ha investigado este asunto?
De hecho, una de las fotos que constituyen parte de la nueva evidencia recopilada por la investigación de SN muestra dos carteles ubicados en las puertas de acceso a la piscina de la casa donde figuran las propuestas de González Beiró para impulsar la agricultura.
La presencia de los dos carteles estaba prevista en el organigrama como parte del material gráfico que se ventilaría para beneficio de los asistentes, lo que demuestra, una vez más, el grado de estructura y orden que rigió la actividad.
En otra de las fotos aparece Pedro Pierluisi junto a Pedro Rodríguez Bayón, quien tuvo a cargo labores relacionadas con la higiene y adecuada presentación de la residencia. Para entonces Rodríguez Bayón era un empleado de la Autoridad de Tierras que ocupaba una plaza de confianza como ayudante especial a cargo de servicios generales.
Pedro Pierluisi junto a Pedro Rodríguez Bayón.
La ex directora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, sostuvo que, luego de que González Beiró fuera nombrado a la secretaría de Agricultura, la designó a ella al puesto de directora ejecutiva de la AT al inicio del 2021.
Según Rivera Martínez, González Beiró le solicitó que no cambiará de posición a Rodríguez Bayón porque había cortado la grama en la residencia durante los preparativos de la actividad de recaudación de fondos para la campaña política de Pierluisi.
En una llamada telefónica entre este periodista y Vélez Martínez, realizada tras la publicación de la historia en el medio digital EyBoricua.com, el funcionario negó con vehemencia que el “fundraising” se hubiese celebrado en la urbanización Dorado Beach East.
Contralor Electoral pide evidencia
En un instante de la conversación Vélez Martínez concedió la posibilidad de que en la citada urbanización se pudo reunir un grupo de simpatizantes de Pierluisi de manera informal y sin rasgos de una organización premeditada, lo cual no constituía una actividad de recaudación de fondos sujeta al escrutinio de la OCE.
Incluso, Vélez Martínez exhortó a este periodista a indagar para obtener al menos una prueba que confirmara la celebración del “fundraising”, como una taquilla o una hoja de promoción de la actividad, tras lo cual, pareció insinuar, la OCE entraría de lleno a investigar.
El 16 de septiembre de 2024 SN le envió un correo electrónico a Vélez Martínez para “conocer las gestiones que realizó su oficina o usted personalmente para indagar sobre una actividad de recaudación de fondos que se realizó en la urbanización Dorado Beach East entre septiembre y octubre de 2020 a favor del entonces candidato Pedro Pierluisi”.
El pasado 23 de septiembre de 2024 Vélez Martínez respondió a la petición de SN en un escueto mensaje en el que se limitó a hacer referencia a un correo electrónico que el funcionario envió a este periodista el 3 de junio de 2022.
Pedro Rodríguez Bayón se toma un «selfie» con la actividad al fondo.
Es decir, que la OCE y Vélez Martínez no han investigado la celebración del citado “fundraising” porque en la comunicación del 3 de junio de 2022, el funcionario invitó a este periodista a radicar una querella en la OCE. Esto a pesar de la multitud de detalles y nombres que ofrecía la historia publicada en EyBoricua.com.
Vélez Martínez también indicó que la actividad en Dorado Beach “no aparece registrada” y que el “fundraising” fue celebrado “en un local de San Juan”.
En ese correo Vélez Martínez reaccionó a las interrogantes contenidas en otro correo electrónico que este periodista le envió el 12 de abril de 2022, luego de que se publicara en el medio digital EyBoricua.com la historia que reveló por primera vez la celebración de un “fundraising” para la campaña de Pierluisi.
En un local de San Juan…..
En el correo electrónico enviado el 12 de abril de 2022 este periodista ofreció una información obtenida en los archivos públicos de la OCE que contenía una lista de nombres de un grupo de donantes que asistieron a una actividad celebrada el 9 de septiembre de 2020 por el Comité de Pedro Pierluisi en 2020.
Otro ángulo del área de acceso a la piscina.
Con la información disponible en aquel momento se le indicó a Vélez Martínez que existía la posibilidad de que la actividad celebrada en Dorado Beach East tuvo lugar el 9 de septiembre de 2020. También se le informó al funcionario sobre un gasto para la referida actividad por la cantidad de $500.00 que realizó una persona.
En la comunicación del 3 de junio de 2022 Vélez Martínez se limitó a indicar que la actividad en Dorado Beach “no aparece registrada”. Más adelante la comunicación sostiene que el listado provisto por este periodista se trata en realidad de los donantes que asistieron a una actividad celebrada el 9 de septiembre de 2020 por el Comité de Pedro Pierluisi en 2020 “en un local de San Juan”.
“Los auditores de la OCE evaluaron la información suministrada por usted y pudieron constatar que todas las personas que contenía la lista estaban registradas en los informes de ingresos y gastos como donantes de una actividad del Comité de Pedro Pierluisi celebrada en un local en San Juan el 9 de septiembre de 2020. De igual manera, constataron que el gasto en especie (el gasto de $500.00) al cual se hace referencia estaba registrado en los informes radicados ante la OCE”, indicó Vélez Martínez.
El “local” que menciona Vélez Martínez es el restaurante Ladi’s Place, que está ubicado en la avenida Muñoz Rivera en Puerta de Tierra, muy cerca del Capitolio. El citado restaurante pertenece al hermano de González Beiró, Juan González Beiró.
Otro ángulo del interior de la residencia.
Según la OCE, en la actividad del 9 de septiembre se logró recaudar más de $30,000. Además, al hermano del secretario se le pagó $500 por los alimentos servidos en esa actividad.
Nutrida asistencia a “fundraising”
De hecho, según varias fuentes, la actividad celebrada en el restaurante Ladi’s Place, fue uno de los múltiples “fundraisings” celebrados por González Beiró para la campaña de Pedro Pierluisi. Entre esas actividades también figura el “fundraising” celebrado el martes 20 de octubre del 2020 en la residencia número 271 de la exclusiva urbanización Dorado Beach East, en Dorado, según revela la nueva información obtenida por SN.
De acuerdo con fuentes de SN, entre los presentes en la actividad celebrada en Dorado Beach East figuran González Beiró, Javier Lugo Rullán, ex administrador de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera y actual director de Seguros Agrícolas; Jorge Campos, subsecretario de Agricultura y director interino de la Autoridad de Tierras (AT); Héctor Cordero, presidente de la Asociación de Agricultores; Julio César Meléndez, director ejecutivo de la Cooperativa Productores Leche, y Juan Luis Rodríguez, ex administrador de la Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias y de la Autoridad de Tierras.
Luego de que se publicara la historia sobre el “fundraising” que no aparece registrado la Fortaleza no negó ni confirmó la celebración de la actividad de recaudación de fondos en la casa de Serrano Cardona.
El 3 de abril de 2017 Serrano Cardona firmó un acuerdo de culpabilidad en el Tribunal Federal de San Juan por dos cargos graves de narcotráfico y lavado de dinero.
El acuerdo fue firmado por Serrano Cardona y su abogado, Juan R. Acevedo, y los fiscales federales José Capó Iriarte, Miriam Fernández González y Eugenio Lomba Ortiz.
Tras el acuerdo, Serrano Cardona se mantuvo en la libre comunidad administrando sus múltiples negocios agrícolas de venta de heno, importación de ganado y establecimientos de venta de vehículos y de piezas usadas.
De hecho, Serrano Cardona mantiene en alquiler varias fincas de la Autoridad de Tierras. Además, el ex secretario de Agricultura, Fernando Toledo, participó junto a Serrano Cardona en una empresa que se dedica a importar ganado de reemplazo.
A principios de marzo de 2022 el juez federal Daniel Domínguez sentenció a Serrano Cardona. No obstante, la sentencia y varias mociones presentadas ante el juez están selladas, lo que implica que el contenido de estos documentos está vedado al acceso público.
Interesado en subarrendar
Tras la revelación de la actividad celebrada en la residencia de Serrano Cardona, por EyBoricua.com, la ex directora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, denunció que González Beiró avaló que Serrano Cardona pudiera subarrendar las fincas que una de sus empresas, Rosmar Dairy Inc, alquiló en la AT.
Según Rivera Martínez, Serrano Cardona deseaba subarrendar dos fincas ubicadas en Arecibo a la empresa Pattern Energy, para establecer una planta de generación eléctrica con paneles solares.
Rivera Martínez se opuso al subarrendamiento de fincas agrícolas porque es una modalidad de contratación que está expresamente prohibida por la ley matriz de la agencia. Rivera Martínez fue despedida de su cargo por la Junta de Gobierno de la AT, luego de que González Beiró solicitara su destitución.
González Beiró también refirió al Departamento de Justicia a Rivera Martínez y a otros funcionarios por alegadas irregularidades en el Fondo de Mejoras Municipales (FMM). Antes de su despido Rivera Martínez también refirió a la Oficina del Contralor y al Inspector General las alegadas irregularidades en el FMM.
La actividad de recaudación de fondos para la campaña electoral de Pedro Pierluisi que se celebró en el 2020 en la residencia de un narcotraficante convicto en Dorado y que no aparece registrada en la Oficina de Contralor Electoral, fue precedida por una rigurosa organización que procuró atar todos los detalles para que unos 35 invitados realizaran sus aportaciones económicas en una atmósfera controlada que contó con música de fondo, mozos y una amplia oferta de entremeses, comida y bebida.
Foto del área cercana a la piscina en la residencia 271 en Dorado Beach East.
El fenecido exsecretario de Agricultura, Fernando Toledo, fue el organizador de la actividad que se realizó el martes 20 de octubre del 2020 en la residencia número 271 de la exclusiva urbanización Dorado Beach East, en Dorado, según se desprende de la nueva evidencia recopilada por SN.
La residencia 271 en Dorado Beach East era propiedad de la empresa Desarrolladora Playa del Norte Inc., en la que el narcotraficante convicto Jaime Serrano Cardona figura como presidente y tesorero.
Organigrama del “fundraising” a favor de Pierluisi fue un acto organizado de manera rigurosa.
La historia inicial sobre la actividad fue publicada por este periodista en el medio digital EyBoricua.com el jueves 24 de marzo de 2022.
No obstante, dos años y cinco meses después de que trascendiera la historia en otros medios de comunicación y de que se confirmara que la actividad de recaudación de fondos no está registrada en la Oficina del Contralor Electoral, no existen indicios de que el Contralor Electoral, Walter Vélez Martínez, ordenara investigar a profundidad el “fundraising”.
Actividad fue organizada al detalle
De hecho, el organigrama es una evidencia más para confirmar que la celebración del “fundraising” a favor de Pierluisi no fue un acto improvisado, sino una actividad organizada de manera rigurosa en sus más ínfimos detalles.
La actividad de recaudación de fondos fue patrocinada por agricultores que favorecían la selección de Ramón González Beiró como secretario de Agricultura.
Alegadamente, en el “fundraising” también participó un grupo de desarrolladores de la industria de la construcción quienes apoyaban a Pedro Pierluisi como candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.
La actividad, que se celebró durante un periodo de tres horas, entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, está definida en un organigrama redactado por Toledo que estableció las prioridades para el éxito del cónclave, que incluyó los aspectos de seguridad, transportación, áreas de estacionamiento, preparación y limpieza de la residencia.
Paellas y entremeses en el menú
De hecho, el organigrama dispone que el ofrecimiento de comida y bebidas incluyó paellas de mariscos y paellas de carne, entremeses y vinos. El organigrama dispone que las paellas y los entremeses serán servidos en platos y cubiertos desechables, mientras que para servir el vino se planificó tener disponibles 25 copas de cristal.
El documento también indica que la distribución de la comida y los entremeses sería atendida por dos mozos.
Además, el organigrama indica que dos mozos adicionales atenderán el servicio de las bebidas, para el que era necesario acopiar hielo y vasos.
El documento indica que el propio Toledo sería el responsable de las bebidas mientras que una persona llamada Juan Santiago estaría encargado de traer los dos mozos para el servicio de las bebidas y los dos mozos para el servicio de la comida. Santiago también sería responsable de contratar el suplidor que prepararía las paellas y los entremeses.
La persona identificada como Juan Santiago figura en el organigrama como responsable de otras tareas como cotizar 10 mesas altas en aluminio y 20 sillas, las cuales serían colocadas en el área de la piscina.
Música de fondo y carteles
Además, Santiago fue responsable de la contratación de los servicios relacionados con el sistema de sonido y de garantizar la música de fondo que se escucharía durante la actividad.
Santiago tuvo la encomienda de identificar un artista gráfico para que diseñara dos carteles que contendrían las propuestas agrícolas de González Beiró y de contratar la empresa que imprimiría los dos carteles.
De hecho, el organigrama dispuso que la persona responsable del texto que definiría las propuestas agrícolas de González Beiró es “J Meléndez”. SN se comunicó en reiteradas ocasiones con Julio César Meléndez, quien es el director ejecutivo de la Cooperativa Productores Leche, y no respondió.
Otra encomienda asignada a Santiago fue mantener el suplido adecuado de hielo y vasos para la barra donde se dispensarían las bebidas.
El organigrama también le impuso a Santiago la responsabilidad de establecer un punto de cotejo o “check point” dirigido a garantizar que a su llegada a la residencia los invitados cumplieran con las medidas de control del Covid, incluyendo la toma de temperaturas.
Esa tarea comprendía ubicar en determinados lugares en el interior de la casa desinfectantes de manos, desinfectantes de superficies y mascarillas.
“Check point” contra el Covid
La selección de la persona que tendría a cargo el “check point” fue una responsabilidad delegada a González Beiró, según se desprende del documento.
SN le preguntó al conocido agrónomo Juan Santiago, si él es la persona que en el organigrama lleva su nombre. Santiago negó de manera reiterada que tuviera alguna relación con la citada actividad. El agrónomo insistió que se trata de “otro Juan Santiago”.
El agrónomo Santiago fue un ferviente seguidor de Toledo durante su fallida gestión como secretario de Agricultura de dos años, la cual finalizó abruptamente debido a que la gobernadora Sila Calderón lo despidió tras detectarse la concesión de créditos contributivos a empresas que no figuraban registradas en el Departamento de Estado.
Santiago también se destacó en los pasados meses por defender al actual secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, durante una investigación que realizó el Colegio de Agrónomos por unos alegados malos tratos y palabras soeces que el funcionario pronunció contra determinados agrónomos.
Carritos de golf a la orden
Un aspecto que atiende el organigrama es que procura que los invitados sean transportados en carritos de golf desde el estacionamiento de las áreas deportivas de la urbanización, debido a que el diseño del complejo residencial prescinde de aceras y de espacios para estacionar vehículos frente a las residencias.
La coordinación para el uso del carrito de golf con un conductor dedicado exclusivamente recayó en Toledo, según indica el documento.
Toledo también tuvo a cargo la responsabilidad de orientar a los invitados sobre cómo llegar a la urbanización Dorado Beach East, en Dorado y luego lograr entrar al complejo residencial, tras pasar el control de acceso, y finalmente llegar a la residencia número 271.
El organigrama reconoce que la ruta puede causar confusión y dispone que Toledo debería orientar a los invitados en el uso de GPS “para que puedan llegar sin problemas”.
Otra responsabilidad asignada a Toledo en el organigrama es contratar a una persona que realizaría tareas de vigilancia y seguridad en el área destinada para el estacionamiento de los vehículos y en otras áreas en el interior de la residencia.
Puerto Rico ha sido colonia durante toda su existencia menos bajo el dominio de los taínos. Hasta el 19 de noviembre de 1493 Boriquén era un país libre. Los indios taínos gozaban de entera libertad, tenían un gobierno propio, defendían su territorio si eran atacados por otras tribus del Caribe y tenían sus dioses.
Cuando Cristóbal Colón descubrió a Puerto Rico comenzamos a ser una colonia de España que culminó con la invasión de Puerto Rico por Estados Unidos el 25 de julio de 1898 por la Bahía de Guánica. Es curioso que los norteamericanos celebran el 12 de octubre de 1492 no como el Descubrimiento de América sino como el “Indigenous People’s Day”.
Bajo el artículo 9 del Tratado de París el Congreso de Estados Unidos obtuvo poderes absolutos sobre el territorio de Puerto Rico. El primer atropello a Puerto Rico ocurrió cuando los abogados norteamericanos maltrataron y humillaron a los abogados españoles y los obligaron a entregar a Puerto Rico como botín de guerra a Estados Unidos. Durante el dominio español Puerto Rico se regía por el sistema legal Napoleónico.
Al establecerse el gobierno civil el gobernador Brooke leyó en el 1900 la Ley Foraker bajo la cual se eliminó el sistema legal Napoleónico y se estableció el sistema anglosajón. Se establecieron, además, las cortes federales en la colonia de Puerto Rico. En el sistema legal anglosajón los jueces por decisiones en casos estatutarios (casos decididos para ellos mismos) alegan poseer inmunidad, impunidad e infalibilidad.
Por tal razón los abogados de la colonia de Puerto Rico tienen temor en aceptar representación legal en casos en contra de los jueces. Los abogados les tienen terror a los jueces. Esa actitud redunda en una pobre representación legal de los ciudadanos. Eso ha dado lugar a un aumento en representación por derecho propio (Pro se litigants) de los ciudadanos.
El 18 de diciembre de 2015 este servidor recibió una sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en votación de 5 a 4 concluyendo que le causé demencia a una paciente luego de una operación de tiroides y paratiroides que resultó con calcio bajo. Es una sentencia, no una opinión.
La sentencia solo se aplica a mí y no acumula jurisprudencia. Ningún otro cirujano será acusado de causar demencia a un paciente. Es una aberración judicial pues las causas de las demencias se desconocen. Los jueces del tribunal supremo meramente me castigaron porque le gané una demanda a una abogada que me demandó frívolamente.
Los jueces y abogados no toleran que un médico prevalezca en una demanda contra un abogado. Esa sentencia del Tribunal Supremo es una maquiavélica, equivalente a prevaricación judicial en el sistema legal Napoleónico.
La prevaricación judicial es un delito y ocurre cuando un tribunal emite una decisión a sabiendas que es falsa, que no puede corroborarse bajo ningunas otras circunstancias, que no puede replicarse y que se hace con la sola intención de castigar a un ciudadano.
El 8 de diciembre de 2016 demandé a siete jueces del sistema judicial local y al perito norteamericano en la Corte Federal de San Juan. El perito norteamericano tuvo que negociar conmigo y pagarme una cantidad confidencial para salirse del caso. La Corte Federal exonera de culpa a los siete jueces por lo acudí al Tribunal de Apelaciones de Boston.
Ese tribunal con una sola palabra, “AFFIRMED”, ratificó a la Corte Federal de San Juan. Acudí al Tribunal Supremo Federal, pero el 10 de agosto de 2022 me informaron que declinaron aceptar mi caso. En 2023 la Junta de Licenciatura y Disciplinas Médicas evaluó mi caso y emitió una resolución exonerándome de toda culpa en el caso de la demencia.
Con esa nueva evidencia presenté una nueva demanda. La misma fue desestimada por el Tribunal de Instancia y por el Tribunal Apelativo. El Tribunal Supremo declaró No Ha Lugar a mi petición.
El 22 de julio de 2024 presenté un “certiorari” (recurso de revisión) por derecho propio en el Tribunal Supremo Federal, pero el 7 de septiembre de 2024 me informaron que declinaban ver mi caso. Con una sola oración, “The petition for a writ of certiorari is denied”, rechazaron mi caso.
Ningún tribunal, ni el de Apelaciones ni el Supremo explican nada. Se creen ciudadanos superiores, inmunes, impunes e infalibles. No le responden al pueblo ya que no son electos por el pueblo votante. Rechazan la supuesta inmunidad otorgada al expresidente Donald Trump, e indican que Trump no es un
monarca, pero los jueces ejercen esa misma inmunidad que la constitución no les otorga y se comportan en Puerto Rico y Estados Unidos como los dioses del Olimpo griego.
Al rechazar ver mi caso están marginando y atropellando a la Junta de Licenciatura y Disciplinas Médicas, una rama del ejecutivo que es la que otorga las licencias a los médicos, los evalúa, los disciplina y los remueve de la práctica de su profesión.
En efecto, están vilipendiando a la colonia de Puerto Rico. Durante toda su existencia Puerto Rico ha sido colonia, primero de España, luego de Estados Unidos y ahora somos colonia simultáneamente de ambos imperios.
A nivel internacional somos el país más masoquista del mundo, nadie nos gana esa medalla. Pero a nivel local no tenemos una solución viable como país. Los abogados y jueces se protegen entre sí, son extremadamente solidarios. Se comportan como una cofradía.
Recuerden a El Padrino de Mario Puzo. Nadie sobrevive a una cofradía. Me indica un amigo, “La cosa nostra, mafia, hampa o camorra existen en forma de concepto de trabajo…solidaridad en la clase judicial, ejecutiva o legislativa…es un gran club…pero usted fue removido un día de ese club y ellos no lo perdonan”.
La cofradía, a la hora de defender sus intereses, actúa de manera inescrupulosa. Prevalecí en una demanda en contra de una abogada, pero lo he pagado con creces en pérdida económica y daños emocionales y la abogada no ha pagado ni un centavo de la deuda impuesta por el tribunal.
La abogada aparenta no creer en los propios tribunales donde ejerce su profesión. Luego del rechazo del Tribunal Supremo Federal, solo me queda la Corte Celestial, pero esa fecha no ha sido establecida y no la establezco yo.
Estoy convencido que le he servido bien al pueblo de Puerto Rico desde la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, enseñando a estudiantes de medicina y adiestrando a cirujanos generales y operando a más de 15,000 pacientes incluyendo 10,000 de tiroides y sobre 750 pacientes de paratiroides.
Serví en el ejército de Estados Unidos, soy veterano de Vietnam. Algunos jueces o políticos no han sido ni cobitos. En realidad, creo que no me merezco ese atropello judicial. Opine usted, amigo lector.
Breve comentario:
La primera esposa del doctor Enrique Vázquez Quintana y madre de seis hijos falleció de la enfermedad de Alzheimer por once años. El doctor la cuidó en su casa. La segunda esposa padece también de Alzheimer. Se casó con ella el 27 de diciembre de 2008. El doctor Vázquez Quintana escribió un libro titulado, ¿Quién eres tú? sobre la enfermedad de Alzheimer y en el 2018 realizó una película del mismo nombre. El 18 de diciembre de 2015 el Tribunal Supremo de PR emitió una sentencia que concluyó el doctor le causó demencia a una paciente. Esta decisión le causó una depresión y en febrero de 2016 fue admitido al Hospital Panamericano de Cidra por una semana. Además, fue desarmado por su psiquiatra y familia. Luego se recuperó y actualmente no recibe medicamentos para su salud mental. Está totalmente repuesto de ese atropello judicial, pero no ha logrado que se anule esa sentencia y que se le restituya su prestigio y dignidad ante sus pacientes y colegas.
La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) presentó hoy los resultados del Estudio ASORE Tendencias (EAT) 2024, realizado por The Research Office. Los consumidores continúan mostrando una alta lealtad con los restaurantes, incluyendo los niveles de uso y el gasto promedio, manteniendo los resultados históricos que se observaron en el 2023.
“Este estudio de ASORE vuelve a confirmar, de manera aún más contundente que los anteriores, que los consumidores aman y necesitan a los restaurantes en sus estilos de vida. Uno de los datos más impresionantes es ver que el 88% de todos los usuarios están de acuerdo con que salir a un restaurante con su familia o amistades les brinda una oportunidad inigualable para socializar y representa el mejor uso de su tiempo libre”, afirmó José Alfonso de The Research Office.
Fast food on old wooden background. Concept of junk eating.
Por su parte, el presidente de ASORE, Carlos Budet, destacó que “los resultados del estudio EAT 2024 reafirman que los consumidores en Puerto Rico no solo son leales a los restaurantes por elección, sino porque estos se han convertido en una parte esencial de su día a día. La realidad del país ha transformado la visita a los restaurantes en una necesidad que ofrece conveniencia, seguridad y la posibilidad de disfrutar experiencias en un entorno adecuado para socializar y desconectarse de los retos cotidianos”.
El estudio también muestra que los consumidores valoran la experiencia de acudir a restaurantes como un espacio para compartir con familiares y amigos, y como un medio para relajarse y olvidarse de las preocupaciones diarias.
De hecho, el 80% de los encuestados señaló que prefiere invertir en experiencias en restaurantes antes que cocinar en casa, reforzando así la importancia que tiene la industria en la vida social de los puertorriqueños.
Entre otros hallazgos clave del estudio EAT 2024 se destacan:
Uso por tipo de restaurante:
Restaurantes de servicio rápido (QSR): Lideran en uso con un 90% de los consumidores visitándolos, un aumento de 4 puntos porcentuales respecto al 2023. En promedio, los consumidores visitan estos restaurantes 7.4 veces al mes y gastan $24 por ocasión.
Restaurantes casuales: Son el segundo tipo de restaurante más frecuentado, con cerca del 50% de los consumidores usándolos. El promedio de visitas ha aumentado de 2.8 veces al mes en 2023 a 3.7 en 2024, con un gasto promedio de $52 por visita.
Restaurantes familiares: Utilizados por el 33% de los consumidores, con un gasto promedio de $56 por ocasión.
Pizzerías: Un 27% de los consumidores visitan pizzerías regularmente.
Restaurantes “fine dining”: Estos restaurantes han visto un aumento en su uso, con una frecuencia promedio de 4.5 veces al mes, y un gasto promedio por visita de $102.
Satisfacción general: Nueve de cada diez consumidores se sienten satisfechos con múltiples aspectos de la industria, como el tiempo de entrega, la calidad del servicio, la limpieza de los restaurantes y la cortesía del personal.
Aumento en el gasto total: El gasto promedio mensual en restaurantes ha aumentado a $622 en 2024, lo que representa un incremento de $27 en comparación con el año anterior, impulsado principalmente por un mayor número de visitas a ciertos tipos de restaurantes.
Competencia en la industria: Los consumidores han mostrado ser cuidadosos con sus gastos, pero se benefician de la competencia en la industria, que les ofrece mejores opciones en términos de valor por su dinero.
El estudio EAT 2024 se llevó a cabo mediante 1,000 entrevistas presenciales realizadas en todo Puerto Rico, dirigidas a usuarios que han frecuentado restaurantes de servicio limitado (como los de servicio rápido) en los últimos tres meses, o restaurantes de servicio completo en los últimos seis meses.
El trabajo de campo se desarrolló entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre de 2024. El margen de error estimado para la muestra total de 1,000 participantes es de ± 3%.
La regla propuesta por los Centros de Servicios a Medicaid y Medicare (CMS, por sus siglas en inglés) para el Sistema de Pago Prospectivo de Salud en el Hogar (HHPPS) de 2025 reduce significativamente el factor del índice salarial para los proveedores en Puerto Rico, lo que aumenta las anomalías en las fórmulas de pago y empeora la disparidad en comparación con el programa Medicare en el resto de los Estados Unidos.
La Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones, han instado a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid a mantener niveles mínimos de pago diseñados para mitigar las disparidades de pago aplicables a las áreas geográficas más pobres del país.
La regla propuesta presenta varios cambios significativos, entre los que se destaca una nueva metodología para calcular los valores del índice salarial para los municipios rurales de Puerto Rico.
En concreto, los valores del índice salarial se reducirían un promedio de 25%, de 0.40 a 0.30 una vez que se implementen por completo.
“Este es otro reflejo de las anomalías en el funcionamiento del Medicare Tradicional en Puerto Rico. El índice salarial para los pagos de la Parte A y el ajuste geográfico promedio de Medicare Advantage (MA) también son significativamente más bajos que en cualquier otro lugar de los EE. UU., incluyendo a las Islas Vírgenes Americanas. MMAPA ha trabajado múltiples propuestas para abordar el problema de la disparidad, pero hasta el momento no se han implementado por parte del gobierno federal. No dar paso a un índice salarial mínimo razonable para los servicios de atención médica domiciliaria, ampliará aún más las disparidades en la atención médica entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Los residentes de la isla ya enfrentan importantes desafíos de salud, incluyendo tasas más altas de enfermedades crónicas como diabetes y enfermedades cardíacas”, afirmó el presidente de MMAPA, Ricardo Rivera Cardona.
Por su parte, La Lcda. Isuanet Castillo, directora ejecutiva operacional de Hospicio & Home Care San Lucas, declaró que “La norma propuesta tiene como objetivo reducir los valores del índice salarial que impactan el reembolso de los servicios en gran parte de los municipios de Puerto Rico, a pesar de la legislación local de los últimos tres años que ha aumentado significativamente los salarios en el sector del cuidado de la salud. Estas reducciones en reembolso tendrán un impacto desproporcionado en nuestra población de adultos mayores, que dependen en gran medida de las agencias de servicios de salud en el hogar para su cuidado, y es probable que aceleren la migración de trabajadores de la salud de Puerto Rico”.
De otra parte, la Lcda. Judith Mark, directora ejecutiva de Best Option Healthcare, expresó que “Los adultos mayores en Puerto Rico dependen más de los servicios de atención médica en el hogar en comparación con otros estados y territorios de los EE. UU. Debido a la falta de servicios de reducción gradual, los pacientes a menudo son dados de alta directamente de los hospitales a las agencias de atención médica domiciliaria. Los médicos de atención primaria, que trabajan bajo modelos de pago capitado, refieren a los pacientes a servicios de salud en el hogar para evitar hospitalizaciones innecesarias. El sector servicios de salud domiciliario en Puerto Rico jugó un papel vital en la atención de los pacientes después del huracán María y durante la pandemia de COVID-19, administrando más de 5,000 dosis de anticuerpos monoclonales en los hogares de los pacientes. Estos recortes propuestos afectarán significativamente la capacidad de estos servicios para continuar brindando atención esencial”.
Solo el 2% de los adultos mayores en Puerto Rico residen en viviendas para personas mayores o centros comunitarios administrados por los municipios. La mayoría está envejeciendo en sus propios hogares, principalmente en áreas urbanas cerca de San Juan, que no han sido adaptados para satisfacer las cambiantes necesidades climáticas y de salud.
Los factores socioeconómicos limitan aún más la capacidad de los beneficiarios para acceder a servicios o seguir los tratamientos fuera de sus hogares. Las personas mayores dependen en gran medida de los programas de transporte de MA y de los servicios a domicilio que brindan las agencias locales. Si se aplican estos recortes, las poblaciones vulnerables, incluidas las personas mayores y las personas con movilidad limitada, se enfrentarán a graves dificultades para acceder a los servicios de salud esenciales.
El presidente de MMAPA, enfatizó que “Otro agravante es que Puerto Rico también está excluido de Servicios y Apoyos a Largo Plazo (LTSS) en Medicaid. Esto hace que el beneficio de atención de salud médica en el hogar de Medicare cobre mayor relevancia. LTSS es el 30% del presupuesto de Medicaid a nivel nacional, pero los ciudadanos que residen en Puerto Rico obtienen 0%, nada, en esta categoría de beneficio, al igual que en varios otros renglones del programa”.
El programa Medicare Advantage, que presta servicios a más del 84% de los beneficiarios elegibles de Medicare en Puerto Rico y al 95% de aquellos que tienen tanto la Parte A como la Parte B de Medicare, tiene una financiación significativamente menor que el promedio nacional. Puerto Rico brinda atención a más de 660,000 personas mayores a través de MA, incluidos más de 300,000 que tienen doble elegibilidad para Medicare y Medicaid.
Históricamente, las tarifas de MA en Puerto Rico han sido inequitativas e insuficientes debido a diversas anomalías estatutarias, incrementando la disparidad entre las tarifas de MA de Puerto Rico y el promedio nacional. En 2011, las tasas de MA de Puerto Rico estaban un 24% por debajo del promedio nacional; hoy, en pleno 2024, esta brecha se ha ampliado al 41%.
“MMAPA continúa uniendo fuerzas con el sector de salud en la isla para abogar por los beneficios de los cientos de miles de ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y que no reciben todos los beneficios de MA. Esperamos que el reclamo comunitario que hacemos hoy para prevenir estos recortes sea escuchado”, concluyó el presidente de MMAPA, Ricardo Rivera Cardona.
Aunque ya se considera que el huracán Milton es el tercer huracán más costoso de la historia de Estados Unidos, es poco probable que se produzcan aumentos considerables en el reaseguro, pero debido a que la estimación de pérdidas aseguradas oscilará entre $30,000 y $5,000 millones, los presupuestos de catástrofes de 2024 de las aseguradoras de propiedad se podrían agotar y afectar sus márgenes de suscripción y ganancias, según los análisis de las agencias calificadoras Fitch Ratings y S&P Global Ratings
De acuerdo con un artículo publicado por la revista digital Insurance Journal la pasada semana, la agencia calificadora Fitch Ratings considera que Milton ya es el tercer huracán más costoso de la historia, por debajo de los huracanes Katrina e Ian.
Aun asi, Fitch dijo que no espera que Milton afecte el crédito de las aseguradoras y reaseguradoras de propiedad, pero sí advirtió que las aseguradoras especializadas de Florida, un estado que resultó severamente afectado por el embate de Milton, podrían ser vulnerables si las pérdidas exceden los límites de reaseguro.
No obstante, Fitch dijo que es poco probable que se produzcan aumentos considerables en el reaseguro para seguros de propiedad debido a que los precios actuales son más adecuados.
Fitch sostuvo que el huracán Milton causará entre $30,000 y $50,000 millones en pérdidas aseguradas, lo que elevará las pérdidas totales de la industria de seguros en 2024 por encima de los $100, 000 millones por quinto año consecutivo.
Aumento en pérdidas por falta de mano de obra
Incluso, Fitch Ratings advirtió que las pérdidas podrían experimentar un alza debido a la falta de mano de obra para las tareas de reconstrucción.
“Debido a que dos semanas antes de Milton se produjo el huracán Helene, se puede registrar una mayor demanda de mano de obra y materiales de construcción, lo que puede aumentar las pérdidas aseguradas en un 20% o más”, indicó la agencia calificadora.
El pasado jueves Fitch agregó que las aseguradoras pueden trasladar una cantidad significativa de sus pérdidas al mercado de reaseguros, en particular las compañías especializadas de Florida con retenciones más bajas. También señaló que no espera que las pérdidas agoten el reaseguro de catástrofes para la mayoría de las aseguradoras con una gran presencia en Florida.
No obstante, la mayoría de las compañías nacionales no poseen una participación sustancial en el mercado de Florida debido a las medidas que tomaron en los últimos años para manejar su exposición en ese estado.
Posible endurecimiento del mercado
Fitch agregó que dependiendo del monto de pérdidas que finalmente se le atribuyen al huracán Milton y debido a las pérdidas catastróficas adicionales experimentadas este año, el mercado de seguros para propiedades podría endurecerse, pero advirtió que es poco probable que se produzcan aumentos considerables en el reaseguro de propiedades “dado el entorno de precios actual más adecuado”.
Según un segundo artículo publicado la pasada semana por la revista digital Insurance Journal, la agencia calificadora S&P Global Ratings advirtió que las pérdidas potenciales del huracán Milton podrían agotar por completo los presupuestos de catástrofes naturales de 2024 para las aseguradoras de propiedad en los Estados Unidos, lo que afectaría los márgenes de suscripción y las ganancias.
La revista Insurance Journal citó un informe que la agencia S&P Global Ratings publicó horas antes de que el huracán tocara tierra, el cual se titula: «El huracán Milton: implicaciones para las aseguradoras estadounidenses calificadas y las reaseguradoras globales».
Presupuesto de catástrofes agotado
En el informe la agencia de calificación estimó que los presupuestos de catástrofes de 16 aseguradoras de propiedad ascienden a aproximadamente $40,000 millones, mientras que las pérdidas por catástrofes en lo que va del año ya han alcanzado los $26,000 millones.
«Dado que muchas aseguradoras primarias ya están cerca de los presupuestos de catástrofes de 2024 en función de las pérdidas por catástrofes del primer semestre, creemos que las pérdidas potenciales del huracán Milton, combinadas con otras pérdidas relacionadas con el clima hasta el momento, podrían agotar por completo sus presupuestos de catástrofes de 2024. Esto afectará los márgenes de suscripción y las ganancias, pero no la capitalización”, afirma el informe de S&P.
Según el Insurance Journal, el informe coloca las ganancias en este año de las aseguradoras antes del pago de impuestos en alrededor de $69,000 millones.
Intactas las ganancias
“Si bien la magnitud de las pérdidas aseguradas sigue siendo desconocida, la mayoría de las aseguradoras primarias de Estados Unidos ingresaron en 2024 importantes reservas de capital en el nivel de confianza del 99.99 % según nuestro modelo de suficiencia de capital basado en el riesgo”, afirmó S&P, indicando que se espera que la capitalización se mantenga estable.
En contraste con las presiones de ganancias de las aseguradoras primarias, S&P afirmó que hay un amplio margen en los presupuestos de catástrofes de las reaseguradoras para mantener intactas las ganancias.
“Las ganancias combinadas previstas para el sector de reaseguros en 2024 de $44,800 millones y su presupuesto para catástrofes de $19,200 millones proporcionan un colchón sustancial de unos $64,000 millones antes de que las pérdidas por catástrofes afecten a su capital”, afirmó S&P, según los resultados informados por 19 reaseguradoras calificadas.
“Si bien los niveles de capital y la tolerancia al riesgo pueden variar entre las reaseguradoras individuales, la resiliencia general del sector ha aumentado notablemente en los últimos años”, sostuvo el informe de S&P.
El mundo se prepara para presenciar un ataque de represalia de Israel contra Irán que el ministro de defensa israelí, Yoav Gallant, ha descrito como “letal, preciso y sorprendente”, mientras los funcionarios estadounidenses, frustrados por las sorpresivas acciones militares de Israel en Gaza y en el Líbano, intentan evitar una mayor escalada.
Ministro de defensa israelí, Yoav Gallant.
La prensa estadounidense ha destacado que un ataque con consecuencias catastróficas en Irán podría causar un recrudecimiento del conflicto que enfrenta a Israel contra otras naciones en el Medio Oriente y generar serias reverberaciones en la economía mundial.
Incluso, de acuerdo con fuentes periodísticas de varios diarios estadounidenses, la Casa Blanca del presidente Joe Biden teme que un ataque devastador en la industria petrolera iraní y en sus instalaciones nucleares subterráneas podría causar un aumento sustancial en los precios del petróleo, lo que causaría repercusiones adversas en la aspiración de la vicepresidenta Kamala Harris a ganar la presidencia de los Estados Unidos.
Además, un ataque de proporciones catastróficas por parte del estado judío podría provocar una respuesta militar de Irán en zonas civiles de Israel que generaría un súbito agravamiento de las hostilidades entre las dos naciones y cuyas repercusiones son impredecibles en este momento.
Ebrahim Rezaei, portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán, dijo que Irán limitó su ataque del 1 de octubre a objetivos militares, pero que esa supuesta restricción se levantaría si Israel “intensifica el conflicto”.
«Hay otros objetivos que podríamos atacar y tenemos la capacidad para hacerlo. Nuestra respuesta será contundente y dura», dijo Rezaei al canal de televisión especializado en noticias CNN.
Rezaei ha solicitado públicamente que Estados Unidos controle a Israel y presione para que se decrete un alto el fuego en Gaza y para que finalicen otros conflictos en la región.
Pero el ministro de defensa israelí ha sostenido de manera desafiante que “cualquiera que nos ataque será herido y pagará un precio”. Unas expresiones de Gallant que coinciden plenamente con otras manifestaciones del primer ministro, Benjamín Netanyahu.
Recientemente en Naciones Unidas Netanyahu advirtió sobre la determinación de su gobierno de continuar su agresiva escalada militar que comenzó tras el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.
“El régimen de Irán no entiende nuestra determinación de defendernos. Lo entenderán. Nos mantendremos fieles a la regla que establecimos: quien ataque, lo atacaremos”, dijo Netanyahu.
Ese tipo de expresiones han alentado los temores sobre la posibilidad de una guerra total en Medio Oriente entre Israel e Irán es inevitable.
Además, la prensa estadounidense ha presentado a la administración Biden como una incapaz de contener las acciones cada vez más audaces y mortíferas de parte del aparato militar israelí.
De hecho, el gobierno de los Estados Unidos no ha podido convencer a Netanyahu para que acceda a un cese al fuego en Gaza y en el Líbano, a pesar de la intensa gestión diplomática en Israel y en el Medio Oriente de numerosas figuras del gabinete del presidente Biden.
Tras ese sonado fracaso de la diplomacia estadounidense, la Casa Blanca se encuentra en este momento entregada de lleno en lograr que la respuesta israelí sea proporcional al ataque realizado por Irán el 1 de octubre.
Alegadamente, después de una llamada telefónica entre el presidente Joe Biden, la vice presidenta Harris y Netanyahu el pasado miércoles, los funcionarios militares y de la inteligencia estadounidense están “más tranquilos” porque han obtenido detalles más precisos del alcance del ataque que realizaría el estado judío.
Alegadamente, los funcionarios estadounidenses han respirado un tanto aliviados a pesar de que el plan de ataque israelí “es un poco más agresivo de lo que le gustaría a la Casa Blanca”, dijo un alto funcionario israelí.
Antes de la llamada entre Biden y Netanyahu el miércoles, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan sostuvo una comunicación con el ministro israelí de asuntos estratégicos, Ron Dermer, la cual fue una discusión más detallada sobre los planes de la represalia militar contra Irán.
Según funcionarios estadounidenses e israelíes, la llamada entre Biden y Netanyahu se concentró en reafirmar algunos de los entendimientos a los que llegaron Sullivan y Dermer.
Los funcionarios estadounidenses e israelíes revelaron que el pasado jueves continuaron las consultas entre Estados Unidos e Israel sobre el alcance de la represalia. Se espera que a principios de la próxima semana Gallant viaje a Washington para continuar las conversaciones con Sullivan y el secretario de defensa Lloyd Austin.
De acuerdo con la prensa estadounidense, el reto al que se enfrenta el gobierno de Israel es sumamente complejo debido a que están obligados a realizar un ataque de gran envergadura porque una respuesta débil no tendría el efecto de disuadir al gobierno de Irán en su objetivo de continuar con las agresiones contra Israel.
Pero un ataque contra la infraestructura petrolera de Irán causaría un alza en los precios del petróleo a nivel mundial, mientras que atacar las instalaciones del programa nuclear iraní podría generar una nube radiactiva que causaría graves repercusiones en toda la región.
No obstante, el factor decisivo para encaminar la represalia de Israel contra Irán, según alegan determinados sectores de la prensa estadounidense, es la convicción cada vez mayor entre los analistas israelíes de que las capacidades científicas iraníes están muy cerca de construir una bomba nuclear.
Según esa perspectiva de análisis, después de los contundentes ataques de Israel contra Hamás en Gaza y contra la cúpula militar de Hezbolá en Líbano, el liderazgo de Irán estaría más inclinado a que finalmente todos los esfuerzos del programa nuclear deben ir dirigidos a que se construya rápidamente una bomba atómica.
Para este artículo el periodista se ha nutrido de numerosos artículos y análisis del conflicto entre Israel e Irán publicados en la prensa estadounidense.
Mientras numerosos ganaderos sostienen que la alarmante escasez de leche fresca que experimenta el país obedece a la merma en el número de cabezas de ganado en las líneas de ordeño, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, insiste en que la merma en la producción es el resultado de las altas temperaturas.
Los ganaderos, que han preferido permanecer en el anonimato, alegan que aunque las altas temperaturas reducen la producción de leche, señalaron que la merma en el número de cabezas de ganado es el factor que explica la masiva escasez de leche en el mercado.
Alegadamente, una gran cantidad de vacas productoras han sido sacrificadas en el mercado de carne de res, debido a que producían leche que no cumplía con los nuevos parámetros impuestos por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL).
Las expresiones parciales del secretario, que no recogen la realidad de los hechos para explicar la escasez de leche fresca, fueron realizadas en una entrevista grabada en video que ayer publicó el periódico El Vocero.
El funcionario, que también funge como administrador interino de la ORIL, fue entrevistado por la periodista Ileanexis Vera Rosado.
La merma en la producción por las altas temperaturas suele ocurrir todos los años, pero nunca se había registrado una escasez de leche fresca en la góndola de los comercios como la que se registra actualmente.
Incluso, la escasez es de tal magnitud que la empresa Tres Monjitas se verá obligada a importar entre 100,000 y 125,000 cuartillos de leche semanales para satisfacer el consumo local, según la información ofrecida por el secretario en la entrevista.
Entre los nuevos parámetros que contienen el reglamento 5 de la ORIL, que es más exigente que los requerimientos para leche grado A que impone el gobierno federal, figura el parámetro de células somáticas, que exige contajes por debajo de 550,000 células por mililitro.
El rango aceptado para leche grado A por el gobierno federal es de hasta 750,000 células por mililitro.
La presencia de células somáticas está relacionada con infecciones y enfermedades en la ubre de las vacas y los técnicos de la ORIL ordenan el decomiso de aquella leche que no cumple con el contaje por debajo de 550,000 células por mililitro.
Déficit en cabezas de ganado
Para evitar los decomisos, los ganaderos se han visto obligados a incurrir en altos costos para pagar servicios veterinarios y para adquirir medicamentos.
Además, el parámetro para células somáticas ha contribuido a la reducción de producción de leche debido a que las ganaderías han tenido que disponer del ganado que registra alta incidencia de células somáticas para evitar los decomisos.
“Hay un déficit de cabezas de ganado por culpa de los nuevos parámetros de la ORIL. La escasez de leche es porque hay menos vacas produciendo leche”, indicó el ganadero Carlos Benítez.
En la entrevista González Beiró sostuvo que la merma por altas temperaturas es un evento cíclico y planteó que en 2020 también fue necesario importar leche.
En relación a ese planteamiento, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, aclaró que “en 2020 no se importó leche para el mercado de leche fresca sino para que la planta Indulac elaborara leche UHT y las cantidades fueron inferiores a los montos que se importarán en las próximas semanas”.
Además, Flores Ortega explicó que en 2020 fue el momento cuando la industria lechera comenzó a salir a flote luego de los daños catastróficos causados por los huracanes Irma y María en 2017.
El ex secretario dijo que ambos fenómenos causaron más de $2.21 billones en pérdidas en la infraestructura agrícola mientras en el sector de leche provocaron la muerte de ganado y la destrucción de numerosas vaquerías.
Aparece la fiebre aviar como excusa
En el pasado la merma de leche por las altas temperaturas se había enfrentado importando ganado con el fin de aumentar el caudal de leche. En la entrevista realizada por El Vocero, González Beiró indicó que este año no se había importado ganado porque se ha detectado que determinado ganado en los Estados Unidos se ha contagiado con la fiebre aviar.
No obstante, la realidad es que desde inicios de este cuatrienio González Beiró eliminó los incentivos para la importación de ganado de reemplazo.
Según indicó el ganadero Benítez, esta decisión contribuyó notablemente a la reducción en el número de cabezas de ganado en las vaquerías porque sin los incentivos del gobierno resulta muy costosa para los ganaderos la importación de ganado de reemplazo.
“Traer una vaca a Puerto Rico cuesta más de $4,500 y los ganaderos están pelaos, no tienen dinero para asumir un costo como ese”, indicó Benítez.
“Durante tres años el secretario suspendió los incentivos para traer novillas de reemplazo, mucho antes de los problemas de fiebre aviar en los estados del norte. Durante tres años el secretario no aprobó ni continuó las iniciativas de transición a vaquerías robóticas y de apoyarlas con la aprobación de placas solares”, dijo Flores Ortega.
Los nuevos parámetros que impone el reglamento 5 de la ORIL también han elevado los costos de producir leche hasta el punto muchos ganaderos se han declarado en quiebra en el Tribunal Federal mientras que otros, sencillamente, han cerrado sus operaciones, lo que también han contribuido a la reducción en la producción de leche.
Sin identificar si parámetros aumentan calidad
En la entrevista la periodista Vera Rosado no cuestionó y el secretario no explicó en qué consiste la alegada calidad que persiguen los nuevos parámetros de la ORIL.
De hecho, se desconoce si la leche elaborada con los nuevos parámetros es más nutritiva que la leche que cumple con los parámetros de leche grado A que impone el gobierno federal. Y si es así ¿por qué no se ha realizado una campaña educativa para que se enteren los consumidores?
Sobre este aspecto Flores Ortega señaló que González Beiró ha patrocinado los nuevos parámetros de la ORIL como un mecanismo para eliminar ganaderos.
“El secretario impulsó un plan para sacar productores del negocio aumentando parámetros de calidad por encima de la reglamentación federal y de Grado A logrando millones de cuartillos decomisados sin razón y que no se le pagaron al productor”, dijo el ex secretario.
“Este secretario es el responsable de que más de 45 vaquerías hayan cerrado operaciones en los pasados tres años. De hecho, para el 2023 las vaquerías ocuparon la segunda posición en negocios en Puerto Rico acogiéndose a la ley de quiebras. No ha sido una sola razón sino más bien una serie de decisiones improvisadas y arbitrarias las que han obligado a otros más a cerrar operaciones, vender su ganado para carne bajando sustancialmente el inventario de vacas en producción y cerrando vaquerías”, agregó Flores Ortega.
En el olvido estudio exhaustivo
Otro factor que ha afectado el desempeño económico del sector ganadero es que la ORIL no ha realizado el estudio económico exhaustivo que ordena la ley 34 de 1957 o ley para Reglamentar la Industria Lechera, según sostuvieron Benítez y Flores Ortega.
“Llevan ocho años sin hacer el estudio económico exhaustivo y se supone que se haga cada cuatro años. Y sin ese estudio no se sabe cuánto es el precio justo por la leche para el ganadero y para las plantas procesadoras”, dijo Benítez.
Las Comisiones de Agricultura de la Cámara de Representantes y del Senado han iniciado investigaciones sobre este asunto y hasta el momento esas indagaciones permanecen inconclusas, mientras la ORIL aún no ha podido presentar el estudio.
“Esto se complica con la obstinación del secretario para no cumplir la ley 34 y realizar los estudios de costos y márgenes de ganancia razonable tanto para el ganadero, las plantas elaboradoras y los comercios que venden leche al consumidor”, indicó Flores Ortega.
Entrevista no atiende demanda de Suiza Dairy
Incluso el secretario no abordó y la periodista Vera Rosado no le cuestionó sobre las graves acusaciones que contiene la demanda radicada por Suiza Dairy en el Tribunal Federal de San Juan, en la que solicita se encuentre en desacato a González Beiró y a la ORIL.
La demanda sostiene que González Beiró y la ORIL han incumplido un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013, que incluye el reglamento 12, el cual fue anexado a una sentencia emitida por el juez federal Daniel Dominguez.
El citado acuerdo obliga a la ORIL a garantizar una ganancia adecuada a los integrantes de la industria lechera, especialmente a las plantas procesadoras, tras realizar evaluaciones económicas anuales y un amplio estudio cada cuatro años.
Suiza Dairy sostiene en la demanda que ha perdido $172 millones por los incumplimientos de la ORIL. Incluso, tras radicar el pleito Suiza Dairy abandonó el mercado de leche fresca, que dominaba con más del 60 % de las ventas, debido a que, alegadamente, las decisiones de la ORIL lo habían convertido en una operación perdidosa.
ORIL desalienta nuevas inversiones
“Este secretario fue el responsable de la salida de producción de Suiza Dairy en la elaboración de leche fresca y por eso está demandado en el tribunal federal por desacato. Este secretario ha perdido todos los casos que los ganaderos han tenido que radicar en los tribunales entre ellos más de ocho órdenes administrativas dejadas sin efecto pero que le han costado millones en pérdidas a los productores. De una industria que producía toda su materia prima, gracias a este secretario hoy tenemos que importar leche de los estados lo cual es la carga mayor que tendrá que cargar en su espalda cuando en los próximos días abandone su cargo de mal secretario”, expresó Flores Ortega.
De hecho, una de las repercusiones del pleito contra la ORIL es que podría desalentar la entrada de nuevos jugadores a participar de la industria lechera local debido a que Suiza Dairy ha invertido millones de dólares en abogados en un pleito que ya lleva 18 años para contrarrestar las arbitrariedades de la entidad reguladora del gobierno.
Según la empresa, la ORIL y González Beiró han favorecido a las plantas Indulac y Tres Monjitas.
