Por Miguel Díaz Román 

El secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, le solicitó al Tribunal Federal que desestime por falta de jurisdicción la petición realizada por la empresa Suiza Dairy para que se encuentre en desacato a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) por violar un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013, que busca garantizar márgenes adecuados de ganancia a las plantas procesadoras, y por incumplir las disposiciones del reglamento 12, el cual fue adoptado como parte del acuerdo.

Rivera Castro hizo la petición junto al administrador Interino de la ORIL, Jorge Campos Merced, en una moción radicada el pasado lunes 10 de marzo, en lo que representa que el nuevo secretario ha avalado la posición asumida por el ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, en contra de la empresa Suiza Dairy en este caso durante el pasado cuatrienio.

SN le planteó a Rivera Castro que al respaldar la posición asumida por González Beiró en el caso, lo coloca en una inevitable ruta de colisión contra la empresa Suiza Dairy.

«Eso no es correcto. No estoy en guerra con Suiza. Esa es una demanda que se realizó en la pasada administración (la heredamos). Lo que se está pidiendo es que desestimen según sugiere el mismo «Informe y Recomendación» de la magistrado. Hay que esperar la decisión del tribunal», sostuvo Rivera Castro.

 El «Informe y Recomendación» mencionado por Rivera Castro se refiere a la recomendación realizada por la magistrado federal Giselle López Soler, para se desestime la petición de desacato de Suiza Dairy por falta de jurisdicción.

La magistrada López Soler también aconsejó a Suiza Dairy acudir a los tribunales locales en busca de un remedio a sus reclamos.

En su recomendación la magistrada sostuvo que el Tribunal Federal no tiene jurisdicción indefinida sobre el acuerdo alcanzado en 2013 y que Suiza no reclamó a tiempo que la ORIL estaba desacatando el acuerdo y que de manera ilegal Indulac estaba reteniendo unos fondos que le corresponden a Suiza.

“La última orden emitida por el Tribunal fue el 1 de abril de 2015. Durante diez años hubo un silencio completo. El caso estuvo inactivo hasta el 3 de mayo de 2024, cuando Suiza llamó a la puerta del Tribunal para obtener una reparación por el supuesto incumplimiento de los términos del acuerdo de conciliación. Suiza ahora alega que las acciones de incumplimiento de la ORIL comenzaron al menos dos años después de la entrada en vigor de la sentencia o en el año 2015, y que las acciones de Indulac se remontan al año 2017. Y que dicho incumplimiento, que sigue vigente, confiere a este Tribunal autoridad sobre el asunto. Pero Suiza no proporciona al Tribunal ninguna justificación de por qué esperó más de una década para solicitar una reparación al Tribunal. El Tribunal se pregunta qué llevó a Suiza a sufrir una década de supuesto incumplimiento sin intentar reivindicar sus derechos en virtud del acuerdo de conciliación y si existe alguna exigencia que requiera la intervención urgente del Tribunal y su poder sancionador ahora”, argumentó la magistrado en su recomendación.

Incluso, el magistrado no sólo señala que Suiza falló en informar al Tribunal sobre los alegados incumplimientos de parte de la ORIL y de Indulac, sino que sostiene que la falta de reclamos sobre la vulneración del acuerdo era una indicación de que las partes estaban cumpliendo lo acordado.

Cierre de plantas

Desde finales del pasado año Suiza Dairy cerró sus dos plantas procesadoras debido a lo que el gerente general de la empresa, Pablo Vallejo, llamó la falta de «seguridad jurídica», en obvia referencia a la alegadas acciones arbitrarias realizadas por González Beiró y la ORIL en contra de la empresa. 

El cierre de las plantas ha causado un grave descalabro en la industria lechera, que se ha enfrentado de manera temporal por un alza en la producción de la planta Tres Monjitas y de la planta Indulac.

De hecho, la industria lechera ya venía registrando el cierre de vaquerías por los altos costos de producción y una considerable baja en el consumo de la leche fresca, lo que representa uno de los graves problemas que Rivera Cortés deberá atender en su gestión como secretario de Agricultura.

La posición del gobierno

En síntesis, la posición del gobierno en el el caso es que  la jurisdicción del Tribunal Federal sobre el acuerdo alcanzado en 2013 se extendió durante cuatro años hasta el 31 de diciembre de 2017 y que  Suiza nunca buscó un remedio afirmativo por el incumplimiento del acuerdo y mucho menos solicitó sanciones por desacato contra la ORIL por ningún alegado incumplimiento del acuerdo.

EL gobierno también ha planteado que el acuerdo en sí no proporciona una jurisdicción federal adicional y que de las acusaciones por desacato radicadas por Suiza no surge una jurisdicción inequívoca del Tribunal Federal más allá de la jurisdicción limitada ya mencionada, por lo que concluye » que el Tribunal de Distrito no tiene jurisdicción».

Suiza responde

Por su parte, la planta procesadora Suiza Dairy presentó una moción en la que insistió en su petición para que  se encuentre en desacato a González Beiró, a la ORIL y a la empresa Indulac y reclamó que se les obligue a cumplir con un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013.

La empresa también sostuvo que la recomendación de la magistrada López Soler se fundamentó en una interpretación errónea del expediente del caso y de la ley aplicable. También advirtió que la empresa realizó numerosos planteamientos relativos al incumplimiento del acuerdo de parte de la ORIL, lo que desmiente las afirmaciones de la magistrada López Soler.

«El expediente demuestra inequívocamente que este Tribunal ha ejercido activamente su jurisdicción para lograr el cumplimiento, contradiciendo la afirmación del magistrado de que ahora se debe renunciar a la jurisdicción de ejecución. La solicitud de Suiza no es un intento de extender el litigio indefinidamente, sino más bien una acción de ejecución necesaria para garantizar el cumplimiento de una sentencia vinculante. Dada la mala conducta continua de ORIL e Indulac y la clara autoridad y obligación del Tribunal de hacer cumplir sus propias órdenes, Suiza solicita respetuosamente que este Tribunal rechace las conclusiones del magistrado y conceda la moción de desacato de Suiza», sostuvo la moción radicada por Suiza Dairy.

Entre los planteamientos para justificar el desacato Suiza sostuvo que la ORIL ha utilizado datos obsoletos del año 2016 para emitir órdenes de precios en 2021, 2022 y 2023 y que ha rechazado inapropiadamente el cálculo de algunos de los costos operativos de Suiza.

También alega que las estructuras de precios avaladas por la ORIL desde 2022 favorecen la leche UHT de Indulac a expensas de la leche fresca producida localmente.

Otro planteamiento es que la planta Indulac ha retenido ilegalmente los $3.1 millones, recaudados bajo el esquema de acumulación regulatoria implementado en el Reglamento 12 y que esto comenzó ya en el año 2017, cuando la primera orden de precio bajo el acuerdo de conciliación entró en vigencia.

Pérdida millonaria

Suiza también reclama que la ORIL ha estado utilizando una versión traducida no oficial del Reglamento 12 que omite definiciones importantes y esto ha causado interpretaciones y aplicaciones erróneas del Reglamento 12.

La empresa sostuvo en su petición de desacato que ha enfrentado una pérdida financiera de aproximadamente $172 millones debido a que la ORIL no ha establecido márgenes de ganancia adecuados, según lo determinó el Tribunal Federal en su sentencia emitida el 6 de noviembre de 2013.

La recomendación de la magistrada López Soler, que fue emitida el pasado 10 de febrero, obedeció a una petición de la jueza María Antongiorgi Jordán, quien tiene a cargo el caso de Suiza Dairy. 

Se espera que próximamente la jueza Antongiorgi Jordán tome una decisión con relación a la recomendación de López Soler.

Por Miguel Díaz Román

La Federación de Asociaciones Pecuarias de Puerto Rico (FAPPR), un importante suplidor de alimentos para diversas industrias agrícolas del país, enfrenta graves dificultades económicas luego de que la compañía Tetrad Enterprises LLC, su principal socio de negocios, radicó en los pasados días una petición de quiebra en el Tribunal Federal de Quiebras en San Juan.

La petición de quiebra de la compañía Tetrad Enterprises LLC acontece luego de que el pasado 14 de enero el banco Banesco USA presentó una demanda en cobro de dinero en contra de FAPPR en el Tribunal Federal de San Juan.

La demanda pretende recuperar $6.6 millones concedidos en préstamos comerciales a FAPPR, lo que representa una seria amenaza para la empresa y para el mercado de alimentos dirigido a los animales de uso agrícola.

La petición de quiebra de Tetrad se radicó bajo el capítulo 11 de la ley federal de quiebras, que permite la reorganización de las empresas con el fin de que el deudor mantenga el control de sus propiedades y pueda pagar a sus  acreedores.  

Quiebra afecta a FAPPR

La grave situación económica de FAPPR está íntimamente relacionada con las dificultades financieras del empresario Luis Hernández Vázquez, quien es el propietario de la empresa Tetrad. 

La empresa  proveía bombas de agua de emergencia y bombas de agua permanentes al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a través de dos contratos que le generaban ingresos multimillonarios. 

El DRNA canceló los contratos en octubre de 2024 tras numerosos incumplimientos de parte de Tetrad.  A partir de ese momento las dificultades enfrentadas por Tetrad se sintieron también en FAPPR. Hernández Vázquez posee el 70 % de las acciones de FAPPR. 

Fuentes conocedoras de la industria de alimentos agrícolas sostienen que parte de los ingresos que generaba Tetrad a través de los contratos con el DNRA le permitieron a Hernández Vázquez realizar significativas inversiones en la FAPPR, cuyo molino y centro de operaciones está ubicado en el puerto de Mayaguez. 

De hecho, el pasado año la empresa entró en el mercado de alimentos a granel, que es muy utilizado por las ganaderías, por la empresas de ganado de carne y otras operaciones de animales de consumo como gallinas, ovejas y cabritos.

Sale un competidor

Estos alimentos también suplen las necesidades del lucrativo negocio de caballos de competencia que lo integran los establos del hipódromo Camarero y las múltiples fincas de caballos de paso fino que existen en el país.

No obstante, entre octubre y noviembre de 2024 FAPPR enfrentó dificultades para continuar su meta de suplir el negocio de ventas de alimentos a granel. Actualmente  la empresa mantiene una operación muy limitada  y no está claro cómo se han afectado las tiendas agrícolas que opera en diversos pueblos de la isla.

Aunque en el mercado de alimentos agrícolas continúan suplidores como Pan American Grain, Master Mix y Molinos de Puerto Rico, que vende los ingredientes para los agricultores que operan sus propios molinos, la salida del mercado de un competidor significa una alternativa de compra menos para los agricultores.

SN intentó sin éxito establecer comunicación con Hernández Vázquez.

Piden subasta pública

La demanda en cobro de dinero del banco Banesco USA, que fue presentada por el licenciado Luis Parrilla Hernández, del bufete Ferraiuoli, reclama la venta en subasta pública de cuatro propiedades de la empresa que fueron utilizadas como garantía para los préstamos bancarios concedidos por la institución bancaria a partir de 2017.

La disputa con Banesco USA surge por dos préstamos morosos concedidos a FAPPR en agosto de 2017: un préstamo de $7 millones y un préstamo de $1.3 millones. Ambos tenían una tasa de interés anual del 6%, con disposiciones para imponer intereses adicionales en caso de morosidad.

Los préstamos inicialmente tenían vencimiento en agosto de 2022 pero tras varias enmiendas se estableció el vencimiento para agosto de 2024, el cual fue incumplido por FAPPR.

Para diciembre de 2024 la empresa adeudaba en el primer préstamo $5.5 millones y $369,079 en intereses. En el segundo préstamo la deuda ascendía a $75,080 y $5,487 en intereses . La reclamación total  de Banesco USA supera los $6.5 millones.

Se disuelve negocio de bombas de agua

La información que ha trascendido en la prensa es que Tetrad logró obtener ingresos de cerca de $180 millones a través de sus contratos para proveer las bombas de emergencia y bombas permanentes al DRNA. 

Tretad proveía arrendamiento, operación y mantenimiento de 44 bombas de agua ubicadas en diversas estaciones. En septiembre del pasado año 2024, MWI Corp., el principal suplidor de equipo de Tetrad, confirmó al DRNA que había cancelado su acuerdo con la empresa porque le adeudaba $12 millones. 

El DRNA informó que desde principios de enero de 2025 logró un acuerdo con MWI Corp. para el manejo de bombas de emergencia y para la instalación de las bombas permanentes. 

El periódico El Nuevo Día ha publicado que las deudas de  Tetrad exceden los $20.14 millones, según informó el Boletín de Puerto Rico, que recoge los datos de las quiebras radicadas en Puerto Rico.

Entre los acreedores de Tetrad figuran JLG Consulting Engineering con una deuda de $2.4 millones, Autos Vega Inc. con $258,969, American Petroleum con $161,678, el Departamento de Hacienda, el Servicio de Rentas Internas Federal, Firstbank, Popular Auto, Luma Energy, Anderson CPA Group, y el municipio de Guaynabo. La empresa MWI Corp posee la deuda más voluminosa, la cual asciende a $17.27 millones.

Por Miguel Díaz Román

Cinco organizaciones comunitarias y de protección ambiental presentaron durante el día de hoy en Tribunal de Primera Instancia de San Juan una petición para que se le ordena a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG)a proveer copia del expediente de la querella radicada por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, contra el ahora exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró, por un alegado conflicto de intereses y otras violaciones éticas.

El conflicto y las violaciones éticas están relacionadas con la aprobación por parte del Departamento de Agricultura (DA) de una propuesta para la ubicación de un parque de placas fotovoltaicas en unos terrenos que pertenecen a la empresa Agriart LLC, en la que el secretario y su hijo, Ramón González Bennazar, son socios.

La querella fue presentada el 22 de noviembre de 2022 y hasta el momento presente, tras pasar 28 meses luego de que Flores Ortega solicitó investigar a González Beiró, la OEG no ha emitido los resultados de la investigación.

Los estatutos de la agencia la obligan a culminar una investigación en un término de 30 meses. En el caso específico de la querella de Flores Ortega contra González Beiró, el término de 30 meses se cumplen al finalizar el próximo mes de abril.

La moción que solicita acceso al expediente, la cual fue presentada por el licenciado Omar Saadé Yordán, señala que el pasado 21 de enero de 2025, los demandantes enviaron una carta por correo electrónico a los oficiales de información de la OEG,, en la que solicitaron la entrega de una copia del citado expediente.

De acuerdo con el documento, el 31 de enero de 2025, la OEG denegó la petición porque, alegadamente, «se estaba solicitando información confidencial que es parte de una investigación en curso». Para denegar la petición la OEG invocó la ley 1 de 2012, conocida como el Código Anticorrupción.

Información es pública

«Sin embargo, la OEG no ofreció una explicación detallada. La mera invocación de una ley como fundamento para restringir el acceso a la información no es suficiente para avalar la existencia de una de las excepciones a dicho derecho. Del texto de la ley debe surgir la clara intención del legislador de mantener ciertos documentos bajo el palio de la confidencialidad» , argumentó el Saadé Yordán en la moción.

«La información solicitada es originada, conservada y recibida por la OEG. Por lo tanto, es información pública, a la cual cualquier persona puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita. Toda la información solicitada es información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico. Además, no se están solicitando expresiones de un funcionario de la Oficina de Ética, sino copia del expediente”, explica la moción.

“Finalmente, el interés público en acceder a la información solicitada supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto», sostiene el documento, que fundamentó su petición en la ley 141 de 2019 o Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.

Las entidades demandantes son la Organización Boricuá De Agricultura Eco Orgánica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa Del Valle De Lajas, Inc., El Puente De Williamsburg, Inc., Comité Diálogo Ambiental Inc., y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad De Vida Inc.

Además de solicitar que la OEG entregue la totalidad de expediente de la investigación contra González Beiró, los demandantes le piden al tribunal que garantice que la agencia cumplirá con la futura entrega de información sobre el caso cuando le sea solicitada. También solicitan que se le imponga a OEG el pago de las costas y gastos de litigio en que hayan incurrido los demandantes.

En su querella Flores Ortega solicitó que se investigue el endoso otorgado por el Comité de Energía del DA al proyecto de placas fotovoltaicas propuesto por la empresa Clean Flexible Energy, el cual se construiría en terrenos agrícolas ubicados en Salinas que pertenecen a Agriart LCC. Clean Flexible Energy es una subsidiaria de la cogeneradora AES, ubicada en Guayama.

Terrenos protegidos

Flores Ortega señala que AES logró que la Junta de Supervisión Fiscal aprobara un acuerdo de compra y operación de energía con la Autoridad de Energía Eléctrica, que consta de cuatro proyectos de parques solares que serían construidos en Salinas, Guayama, Naguabo y Las Piedras.

Según la querella, a través de Clean Flexible Energy, AES logró un acuerdo para alquilar 1,029.63 cuerdas de terreno que pertenecen a la empresa Agriart LLC, para construir un enorme parque solar con un sistema de baterías e infraestructura eléctrica, que generaría 240 megavatios.

Los terrenos tienen la doble calificación de “Agrícola Productivo” (AP), la cual fue asignada por la Junta de Planificación, y de “Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola” (SREP-A), según consta en el Plan de Uso de Terrenos. 

Otro aspecto relevante de la querella es que los terrenos de Agriart LLC son parte del Corredor Agrícola de la Costa Sur, una reserva agrícola decretada por la Ley 242 de 2008, conocida como Ley de Reservas Agrícolas. En la querella Flores Ortega sostiene que, durante su gestión como director de la Comisión de Agricultura del Senado en esos años, se aprobó la ley 242, la cual, entre otras disposiciones, prohíbe usos que no sean compatibles con el desarrollo agrícola.

 Según el ex secretario, el propuesto parque de placas fotovoltaicas en los terrenos de Agriart LLC constituye una violación a ley 242. “Con esta ley vigente, jamás pasó por mi mente que fuera precisamente un secretario de Agricultura el que tratara de burlar esta ley para un proyecto de su beneficio”, sostiene el ex secretario en la querella.

Endosan propuesta

Advierte la querella que el Comité de Energía del DA concedió un endoso a la propuesta de Clean Flexible Energy, pese a que se violan las clasificaciones de protección para suelo rústico y productivo agrícola y porque en esos terrenos discurren importantes fuentes fluviales como el canal de riego de Patillas, la quebrada Amorós y el canal de riego Guamaní Oeste, que alimentan otros predios agrícolas de la zona sur.

También destaca que la acción del Comité de Energía contradice los parámetros para considerar proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas establecidas por el secretario González Beiró.

De acuerdo con la querella, esos parámetros prohíben que proyectos de energía renovable sean aprobados en terrenos con la clasificación SREP-A y AP, lo cual es una de las más alarmantes irregularidades en que pudo incurrir el Comité de Energía durante la aprobación de la propuesta de Clean Flexible Energy.

Flores Ortega sostiene que resulta inexplicable que el Comité de Energía endosó dos proyectos de energía renovable de AES, uno en Salinas y el otro en Naguabo, pero denegó su endoso a otros dos proyectos de energía renovable, uno en Naguabo y otro en Cabo Rojo, con el alegado objetivo de detener “el uso de terrenos agrícolas para otros propósitos”.

El proyecto de Naguabo, que se ubicaría cerca del proyecto aprobado a Clean Flexible Energy, lo propuso la empresa Naguabo Photovoltaic Power Plant. El proyecto de Cabo Rojo se establecería en el barrio Llanos Costa de ese pueblo y lo propuso la empresa Cabo Rojo Solar Farm.

Por Miguel Díaz Román

El caso del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. ya se perfila como un escándalo de proporciones mayúsculas con posibilidades de estremecer a la asamblea legislativa pues llegó a recibir asignaciones legislativas por el monto de $5 millones y existe la posibilidad de que la entidad sin fines de lucro se haya convertido en un centro de lavado de dinero público para unos fines que en este momento no están definidos.

No obstante, lo que sí se sabe es que tales asignaciones ya constituyen una línea de investigación en la pesquisa que realiza la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) con la ayuda de la Oficina del Contralor.

De acuerdo con fuentes de SN, las asignaciones de fondos públicos para el Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc se sucedieron a través de resoluciones conjuntas aprobadas mucho tiempo antes de que en diciembre de 2020 la Autoridad de Tierras recibiera la encomienda de manejar el Fondo de Mejoras Municipales (FMM).

La entidad sin fines de lucro es dirigida por Humberto Andújar Otero, quien, alegadamente es pastor, y por Raúl Berríos Ferrer.

De hecho, el gran enigma que ha funcionado como combustible para los investigadores de la Oficina del Contralor, es identificar las razones por las cuales determinados legisladores asignaron cantidades sustanciales de fondos públicos a una entidad anodina sin previa experiencia en obras masivas de construcción, que no cuenta con un personal técnico y profesional capaz de encaminar proyectos complejos.

Destino desconocido

De hecho, el destino de los $5 millones es otro asunto crucial de la pesquisa y para los que será una herramienta determinante los estados bancarios del Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc, los cuales son parte de los materiales que la Oficina del Contralor ha logrado obtener y que ha compartido con los fiscales de la OPFEI.

La información que ha trascendido apunta al ex representante del Partido Nuevo Progresista, Antonio “Tony” Soto Torres, como genio y artífice del escándalo que ya representan las irregularidades del FMM, especialmente porque el ex legislador asignó dinero público al Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc. para la alegada canalización de la quebrada Margarita en Guaynabo.

Para dicha encomienda la entidad recibió $1.5 millones y los trabajos nunca se realizaron. Pero la realidad es que a través de los años el Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc. recibió otras asignaciones de fondos públicos que en conjunto suman $5 millones.

Sin duda, la figura del ex funcionario legislativo, José Miguel Huertas Torres, emerge como un protagonista de esta trama, pues laboró en la oficina del ex representante Soto Torres cuando se preparaba el Proyecto de la Cámara 2619, que proponía enmendar el Código de Rentas Internas para que el control del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que estaba bajo el dominio del Departamento de Hacienda, pasara a manos del Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la Autoridad de Tierras (AT).

La gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en la ley 173 el Proyecto Cámara 2619 el 30 de diciembre del 2020, lo que dió paso a que el PIR, que ya manejaba las resoluciones conjuntas de los legisladores para obras en la zona rural, fuera responsable de distribuir los fondos públicos del FMM.

Demanda en cobro de dinero

De hecho, Huertas Torres también laboró en la AT tras el traslado del FFM a esa dependencia del Departamento de Agricultura.

Como resultado de la ley 173, los legisladores de distrito podrían asignar los fondos directamente sin la necesidad de la aprobación de una resolución conjunta. El trámite requería la aprobación de la división de finanzas de la AT. El FMM se nutre de una porción del IVU que pertenece a los municipios y al año el fondo recibe cerca de $30 millones.

Hasta el presente la AT ha radicado una demanda en cobro de dinero en contra del Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc, para recobrar los $1.5 millones asignados a los trabajos en la quebrada Margarita.

El pasado 14 de enero de 2025 la licenciada Bárbara Cruz Muñiz, del bufete Dennis L. Seilhamer, que es el representante legal de la AT, le informó al Tribunal de Primera Instancia en Bayamón en una moción informativa sobre la incapacidad de recobrar los fondos públicos.

De hecho, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia había radicado una solicitud de quiebra en el Tribunal Federal de Quiebras el 24 de junio de 2024, bajo el capítulo 7 de liquidación, que permite a los deudores, con determinadas condiciones, no pagar las deudas a sus acreedores.

Peticionan quiebra

La presentación de la solicitud de quiebra detuvo los trabajos en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, que aún no ha tomado una determinación en la demanda de la AT, la cual imputa al Centro Comunitario de Servicios a la Familia incumplimiento de contrato y cobro de dinero.

No obstante, el 4 de septiembre de 2024 la entidad radicó en el Tribunal Federal de Quiebras de San Juan una moción para desistir voluntariamente del caso. La moción fue radicada por el licenciado Jesús Enrique Batista Sánchez.

Tras esa determinación, el caso regresó a la sala de la jueza Wanda Cintrón Valentín en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón.

En una nota emitida el 10 de septiembre de 2024, en el registro digital del Tribunal de Quiebras Federal se informó que de los activos del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, solo se logró recaudar $252.99. La información fue ofrecida por Wigberto Lugo Mender, quien fue el fideicomisario designado al caso.

“Informo que este caso fue desestimado. Recaudé fondos por un total de $252.99. Todos los fondos han sido devueltos o transferidos al fideicomisario sucesor. Todos los extractos bancarios y cheques cancelados han sido enviados al fideicomisario de los Estados Unidos. Los extractos bancarios reflejan un saldo final de cero y ningún otro fondo o activo del patrimonio permanece bajo mi custodia. Por la presente certifico que el patrimonio del capítulo 7 del deudor(es) mencionado(s) ha sido completamente administrado hasta la fecha de conversión o desestimación. Solicito que se me libere de cualquier otra obligación como fideicomisario”, sostuvo Lugo Mender en la citada nota que figura en el registro digital del Tribunal de Quiebras Federal.

Posibles delitos criminales

El pasado mes de diciembre la contralora, Yesmín Valdivieso, reveló que un día después de que su oficina publicara un informe sobre el FMM, los auditores que trabajaron en la indagación habían sostenido conversaciones con personal del Departamento de Justicia.

En entrevista con SN Valdivieso sostuvo que en los informes de investigación no se ofrecen todos los detalles y hallazgos que ha producido una investigación.

Valdivieso también indicó que parte de la discusión con Justicia giró en torno a la posibilidad de que parte de los hallazgos impliquen posibles delitos criminales.

“En unos casos nosotros entendemos que sí, que hay delito (criminal). Pero eso lo determinan ellos (Justicia), si hay suficiente evidencia o si es más fácil por el lado administrativo y no es necesario esperar hasta cuatro años por una decisión o por un jurado. Justicia es la entidad que determina si existen delitos criminales. Si nos dijera que son (casos) administrativos y que ellos no van a hacer nada, los referiría entonces a la entidad que sea necesaria”, explicó la funcionaria.

Valdivieso insistió en que el hallazgo más importante de la investigación es que el FMM es inconstitucional porque son los legisladores quienes determinan la manera cómo se emplearán los fondos públicos, la cual es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.

Sin transparencia

Destacó que la manera “poco transparente” de cómo los legisladores asignan los fondos es el aspecto más preocupante del FMM.

“Si nosotros queremos recobrar la confianza del pueblo en el servicio público se tiene que ser transparente. En la medida que estas haciendo asignaciones de dinero público sin saber a quién, ¿qué es lo que se va a pensar?, que estás haciendo un chanchullo. Eso para mí es lo más importante. Si el Tribunal Supremo encontró que el barrilito era inconstitucional, y esos eran fondos que se asignaban por resoluciones, ¿cómo no va a encontrar inconstitucional un fondo que no tiene transparencia?”, dijo Valdivieso.

Explicó que las deficiencias del FMM son más parecidas a los señalamientos que la Oficina del Contralor ha imputado a la Comisión de Donativos Legislativos, la cual no corroboraba el uso realizado por la entidades que recibían los fondos públicos asignados.

Hasta el momento los únicos funcionarios señalados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI) por, alegadamente, haber cometido malversación de fondos públicos relacionados con el FMM, son la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (AT), Dorally Rivera Martínez, la ex directora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el director del Programa de Infraestructura Rural (PIR), Miguel Santiago Irizarry.