Por Miguel Díaz Román
El caso del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. ya se perfila como un escándalo de proporciones mayúsculas con posibilidades de estremecer a la asamblea legislativa pues llegó a recibir asignaciones legislativas por el monto de $5 millones y existe la posibilidad de que la entidad sin fines de lucro se haya convertido en un centro de lavado de dinero público para unos fines que en este momento no están definidos.
No obstante, lo que sí se sabe es que tales asignaciones ya constituyen una línea de investigación en la pesquisa que realiza la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) con la ayuda de la Oficina del Contralor.
De acuerdo con fuentes de SN, las asignaciones de fondos públicos para el Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc se sucedieron a través de resoluciones conjuntas aprobadas mucho tiempo antes de que en diciembre de 2020 la Autoridad de Tierras recibiera la encomienda de manejar el Fondo de Mejoras Municipales (FMM).
La entidad sin fines de lucro es dirigida por Humberto Andújar Otero, quien, alegadamente es pastor, y por Raúl Berríos Ferrer.
De hecho, el gran enigma que ha funcionado como combustible para los investigadores de la Oficina del Contralor, es identificar las razones por las cuales determinados legisladores asignaron cantidades sustanciales de fondos públicos a una entidad anodina sin previa experiencia en obras masivas de construcción, que no cuenta con un personal técnico y profesional capaz de encaminar proyectos complejos.
Destino desconocido
De hecho, el destino de los $5 millones es otro asunto crucial de la pesquisa y para los que será una herramienta determinante los estados bancarios del Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc, los cuales son parte de los materiales que la Oficina del Contralor ha logrado obtener y que ha compartido con los fiscales de la OPFEI.
La información que ha trascendido apunta al ex representante del Partido Nuevo Progresista, Antonio “Tony” Soto Torres, como genio y artífice del escándalo que ya representan las irregularidades del FMM, especialmente porque el ex legislador asignó dinero público al Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc. para la alegada canalización de la quebrada Margarita en Guaynabo.
Para dicha encomienda la entidad recibió $1.5 millones y los trabajos nunca se realizaron. Pero la realidad es que a través de los años el Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc. recibió otras asignaciones de fondos públicos que en conjunto suman $5 millones.
Sin duda, la figura del ex funcionario legislativo, José Miguel Huertas Torres, emerge como un protagonista de esta trama, pues laboró en la oficina del ex representante Soto Torres cuando se preparaba el Proyecto de la Cámara 2619, que proponía enmendar el Código de Rentas Internas para que el control del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que estaba bajo el dominio del Departamento de Hacienda, pasara a manos del Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la Autoridad de Tierras (AT).
La gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en la ley 173 el Proyecto Cámara 2619 el 30 de diciembre del 2020, lo que dió paso a que el PIR, que ya manejaba las resoluciones conjuntas de los legisladores para obras en la zona rural, fuera responsable de distribuir los fondos públicos del FMM.
Demanda en cobro de dinero
De hecho, Huertas Torres también laboró en la AT tras el traslado del FFM a esa dependencia del Departamento de Agricultura.
Como resultado de la ley 173, los legisladores de distrito podrían asignar los fondos directamente sin la necesidad de la aprobación de una resolución conjunta. El trámite requería la aprobación de la división de finanzas de la AT. El FMM se nutre de una porción del IVU que pertenece a los municipios y al año el fondo recibe cerca de $30 millones.
Hasta el presente la AT ha radicado una demanda en cobro de dinero en contra del Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc, para recobrar los $1.5 millones asignados a los trabajos en la quebrada Margarita.
El pasado 14 de enero de 2025 la licenciada Bárbara Cruz Muñiz, del bufete Dennis L. Seilhamer, que es el representante legal de la AT, le informó al Tribunal de Primera Instancia en Bayamón en una moción informativa sobre la incapacidad de recobrar los fondos públicos.
De hecho, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia había radicado una solicitud de quiebra en el Tribunal Federal de Quiebras el 24 de junio de 2024, bajo el capítulo 7 de liquidación, que permite a los deudores, con determinadas condiciones, no pagar las deudas a sus acreedores.
Peticionan quiebra
La presentación de la solicitud de quiebra detuvo los trabajos en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, que aún no ha tomado una determinación en la demanda de la AT, la cual imputa al Centro Comunitario de Servicios a la Familia incumplimiento de contrato y cobro de dinero.
No obstante, el 4 de septiembre de 2024 la entidad radicó en el Tribunal Federal de Quiebras de San Juan una moción para desistir voluntariamente del caso. La moción fue radicada por el licenciado Jesús Enrique Batista Sánchez.
Tras esa determinación, el caso regresó a la sala de la jueza Wanda Cintrón Valentín en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón.
En una nota emitida el 10 de septiembre de 2024, en el registro digital del Tribunal de Quiebras Federal se informó que de los activos del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, solo se logró recaudar $252.99. La información fue ofrecida por Wigberto Lugo Mender, quien fue el fideicomisario designado al caso.
“Informo que este caso fue desestimado. Recaudé fondos por un total de $252.99. Todos los fondos han sido devueltos o transferidos al fideicomisario sucesor. Todos los extractos bancarios y cheques cancelados han sido enviados al fideicomisario de los Estados Unidos. Los extractos bancarios reflejan un saldo final de cero y ningún otro fondo o activo del patrimonio permanece bajo mi custodia. Por la presente certifico que el patrimonio del capítulo 7 del deudor(es) mencionado(s) ha sido completamente administrado hasta la fecha de conversión o desestimación. Solicito que se me libere de cualquier otra obligación como fideicomisario”, sostuvo Lugo Mender en la citada nota que figura en el registro digital del Tribunal de Quiebras Federal.
Posibles delitos criminales
El pasado mes de diciembre la contralora, Yesmín Valdivieso, reveló que un día después de que su oficina publicara un informe sobre el FMM, los auditores que trabajaron en la indagación habían sostenido conversaciones con personal del Departamento de Justicia.
En entrevista con SN Valdivieso sostuvo que en los informes de investigación no se ofrecen todos los detalles y hallazgos que ha producido una investigación.
Valdivieso también indicó que parte de la discusión con Justicia giró en torno a la posibilidad de que parte de los hallazgos impliquen posibles delitos criminales.
“En unos casos nosotros entendemos que sí, que hay delito (criminal). Pero eso lo determinan ellos (Justicia), si hay suficiente evidencia o si es más fácil por el lado administrativo y no es necesario esperar hasta cuatro años por una decisión o por un jurado. Justicia es la entidad que determina si existen delitos criminales. Si nos dijera que son (casos) administrativos y que ellos no van a hacer nada, los referiría entonces a la entidad que sea necesaria”, explicó la funcionaria.
Valdivieso insistió en que el hallazgo más importante de la investigación es que el FMM es inconstitucional porque son los legisladores quienes determinan la manera cómo se emplearán los fondos públicos, la cual es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.
Sin transparencia
Destacó que la manera “poco transparente” de cómo los legisladores asignan los fondos es el aspecto más preocupante del FMM.
“Si nosotros queremos recobrar la confianza del pueblo en el servicio público se tiene que ser transparente. En la medida que estas haciendo asignaciones de dinero público sin saber a quién, ¿qué es lo que se va a pensar?, que estás haciendo un chanchullo. Eso para mí es lo más importante. Si el Tribunal Supremo encontró que el barrilito era inconstitucional, y esos eran fondos que se asignaban por resoluciones, ¿cómo no va a encontrar inconstitucional un fondo que no tiene transparencia?”, dijo Valdivieso.
Explicó que las deficiencias del FMM son más parecidas a los señalamientos que la Oficina del Contralor ha imputado a la Comisión de Donativos Legislativos, la cual no corroboraba el uso realizado por la entidades que recibían los fondos públicos asignados.
Hasta el momento los únicos funcionarios señalados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI) por, alegadamente, haber cometido malversación de fondos públicos relacionados con el FMM, son la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (AT), Dorally Rivera Martínez, la ex directora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el director del Programa de Infraestructura Rural (PIR), Miguel Santiago Irizarry.
