Por Miguel Díaz Román
Como todos los principios de cuatrienio, los legisladores comienzan a radicar medidas para lograr aumentar los ingresos del gobierno y esta nueva legislatura no ha sido la excepción, pues se ha radicado un proyecto de ley que pretende imponer un cargo de 10 % a los ingresos de los corredores que manejan los seguros del gobierno.
La medida, el Proyecto de la Cámara 341, que fue radicado por el representante George Navarro Suárez, busca generar recaudos para beneficiar a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y a los municipios del país a razón de un cargo de 5% tanto para la agencia reguladora de la industria de seguros como para las alcaldías.
Navarro Suárez es el nuevo presidente de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes.
Específicamente, la medida propone enmendar el Código de Seguros para establecer que cuando se utilicen los servicios profesionales de los corredores de seguros públicos, objeto de un proceso de selección abierta, se hará una retención por concepto de aportación adicional equivalente al 5% de la comisión pagada al corredor de acuerdo con el volumen total de primas asignadas.
La medida exime de la citada retención a las comisiones ganadas por corredores de seguros seleccionados a través de un proceso de subasta pública, tanto en Seguros Públicos como en los municipios.
Sobre el cargo de 5% que podrían imponer los municipios, la medida dispone enmendar la ley 107 de 2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, para que los municipios o los consorcios de municipios puedan imponer un cargo de hasta 5% a la compensación pagada al corredor de seguros públicos contratado por el municipio para mejorar la salud fiscal de los municipios.
El Proyecto 341 propone que la OCS pueda adquirir e invertir en tecnología para optimizar los servicios a favor de los productores de seguros con los recaudos generados por el cargo de 5%.
Supervisión de transacciones complejas
Esos nuevos equipos tecnológicos son descritos como un sistema digital para solicitar, renovar y gestionar licencias de productores y ajustadores de seguros. Además, menciona un sistema de datos que verifique automáticamente los requisitos cumplidos.
Otra propuesta establece que la OCS deberá adquirir un sistema de inteligencia artificial capaz de revisar la documentación presentada y validar el cumplimiento de normas automáticamente.
También menciona que el nuevo cargo pretende darle «cumplimiento» al capítulo 61 del Código de Seguros, que atiende exclusivamente las disposiciones relacionadas con el Centro Internacional de Seguros (CIS), que incluye aseguradores y reaseguradores de seguros Internacionales que operan desde Puerto Rico.
Según la medida, con los recaudos del cargo de 5% la OCS deberá contratar los servicios profesionales necesarios para aumentar la capacidad de supervisión de transacciones complejas que involucren asegurados en múltiples estados de los Estados Unidos.
Los fondos se utilizarán, además, para adiestrar a los funcionarios de la OCS para «comunicarse adecuadamente con los comisionados de seguros de otros estados».
Rivera Ríos en escena
La pérdida de la acreditación de la OCS por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) ocurrió en julio de 2020. La determinación respondió a que la NAIC rechazó la aprobación que realizó la OCS en 2018 de una transacción financiera a favor de unas aseguradoras instaladas en el CIS, que pudo colocar en peligro a miles de asegurados en los Estados Unidos.
La citada transacción fue avalada por el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos. En aquel momento el actual comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, fungía como comisionado auxiliar de Asuntos Legales de la OCS.
De hecho, varios corredores entrevistados por SN, quienes prefirieron mantener su anonimato, señalaron que el originador de la medida lo es Rivera Ríos.
Sobre el cargo de 5% que podrían imponer los municipios, la medida dispone enmendar la ley 107 de 2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, para que los municipios o los consorcios de municipios puedan imponer un cargo de hasta 5% a la compensación pagada al corredor de seguros públicos contratado por el municipio para mejorar la salud fiscal de los municipios.
Alegan más ingreso en licencias
El Proyecto 341 no menciona a los agentes generales, que son contratados por los corredores para identificar un asegurador que cubra los riesgos de la agencias del gobierno central, de las corporaciones públicas o los municipios. La agencia general suele colocar el reaseguro facultativo fuera de tratados de reaseguro.
Los corredores entrevistados señalaron que los cargos que en conjunto suman 10 % propuestos por el Proyecto 341 apenas podrían generar $1.2 millones, pues, alegadamente, los cerca de 35 corredores del gobierno reciben en comisiones anuales cerca de $12 millones. De acuerdo con los corredores entrevistados el ingreso que obtendría la OCS se limitaría a $600,000 anuales y de igual manera, los municipios recibirán una partida similar.
Los detractores han señalado que los autores de la medida no han contemplado otras fuentes de ingreso para lograr sus objetivos como, por ejemplo, aumentar entre $500 y $800 a la tarifa de $1,000 que actualmente cobra la OCS cada año para proveer y renovar las licencias de los productores de seguros. Alegadamente, los cerca de 5,000 agentes de seguros que existen en el mercado podrían generar entre $2.5 millones y $4 millones anuales.
Sostuvieron que si las agencias generales de seguros fueran incluidas en la medida el monto de los recaudos aumentaría favorablemente.
Cambio de paradigma
Algunos de los corredores entrevistados señalaron que la medida es confusa porque, alegadamente, en ocasiones el texto menciona la comisión de los corredores y en otras señala la «compensación».
Los corredores temen que al mencionar la «compensación» se interprete que la base para imponer el cargo propuesto sea la totalidad de la prima que maneja el corredor, lo cual podría ser más oneroso para estos profesionales
Otros entrevistados entendieron que la medida no afectaría adversamente a los corredores del gobierno.
No está claro si la medida radicada por el legislador Navarro Suárez ha sido avalada por el Partido Nuevo Progresista, pues en realidad representa un cambio de paradigma, debido a que los corredores que manejan los seguros del gobierno constituyen un vehículo para nutrir de fondos a las campañas electorales de los partidos políticos.
Esta información surge de las numerosas denuncias realizadas a lo largo de los años por determinadas figuras de la industria de seguros, quienes han revelado esquemas de presunta corrupción en la selección de los corredores de seguros de gobierno, tanto por administraciones del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista.
Señalado Andrés Guillemard
La más reciente denuncia la realizó la conocida corredora de seguros Edna Vázquez Bonnet, quien el pasado cuatrienio llegó a presentar en el Departamento de Hacienda un flujo grama de influencias indebidas y corrupción en la división de Seguros Públicos por miembros del PNP.
Entre las personas mencionadas por flujograma figuró el abogado Andrés Guillemard, quien es el esposo de la hermana del ex gobernador Pedro Pierluisi, Caridad Pierluisi, quien fue la directora de la Oficina del Gobernador y durante el pasado cuatrienio.
El 22 de febrero de 2016 en la Oficina de Contralor Electoral (OCE) recibió una querella de parte de una entidad denominada como Ciudadanos Pro Campañas Libres de Corrupción, cuyos integrantes no estaban identificados en el documento.
La querella anónima denunció siete esquemas de presuntas violaciones en la recaudación de donativos de parte del Comité de Campaña del entonces Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, quien competía con Ricardo Rosselló por la posición de candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.
El esquema 4, caso 2, de la querella anónima, sostiene que “el empresario Andrés Guillemard Noble, solicitó y recibió donativos en efectivo a favor de la campaña de Pedro Pierluisi proveniente de múltiples comerciantes de la industria de los seguros. Esto, bajo la promesa de asistirlos a asegurar una participación de los negocios que ofrece para esta industria al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Sr. Guillemard recolectó los fondos, algunos en cheque y otros en efectivo, algunos informados conforme con la ley y otros informados y utilizados de forma fraudulenta en beneficio de la Campaña de Pierluisi”.
Sobre esta denuncia, la determinación de la OCE indica que la División de Auditoría de Donativos y Gastos “no pudo corroborar en los informes radicados a la OCE, las personas involucradas en este alegado esquema dado a que no proveyeron los nombres o alguna otra información corroborable”.
