Por Miguel Díaz Román
El acuerdo alcanzado para que se devuelvan $35.1 millones a miles de asegurados por la aplicación ilegal de un descuento por depreciación podría colocar a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) en una coyuntura de insolvencia, pues entre capital y sobrante la aseguradora tiene $31.9 millones, lo que implica que aún faltarían $3.2 millones para cumplir con la estipulación presentada en el caso de clase ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
La información surge de una evaluación sencilla realizada por SN al informe financiero del 2023 entregado por ASC en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) junto con el contenido de la estipulación radicada el pasado 17 de julio en el Tribunal de Primera Instancia.
El caso de clase involucra reclamaciones por accidentes de tránsito efectuadas por conductores cuyos autos fueron impactados por vehículos asegurados con el Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), dentro del período entre el 21 de agosto de 2011 y el 1 de agosto de 2019.
El universo de la clase demandante comprende aquellos conductores a los que se les aplicó el descuento por depreciación en las piezas nuevas y que para reparar sus autos tuvieron que desembolsar dinero de su bolsillo.
Una fuente vinculada al círculo que toma las decisiones en la ASC indicó que el escenario de insolvencia no se transformará en una realidad porque se espera que una parte importante de los afectados por la aplicación ilegal de la depreciación no cumplirán con los requisitos establecidos para recibir la compensación acordada o no les interesará acometer el trámite para obtener la citada compensación, lo que implica una reducción en el monto final que se pagará.
El informe financiero de la ASC, el cual es un documento público disponible en el sitio de internet de la OCS, indica que para el 31 de diciembre de 2023 la aseguradora poseía entre capital y sobrante $31.9 millones. Además, el informe sostiene que para la citada fecha los activos ascendían a $109.3 millones, mientras que las deudas alcanzan los $75.1 millones.
Por otro lado, la estipulación contempla la devolución de $35.1 millones a un total de 227,081 reclamaciones que resultaron afectadas por la depreciación ilegal. El pago por reclamación asciende a $155.00, pero debido a que del acuerdo incluye el desembolso de un 25 % a los abogados de la parte demandante, el monto final que se pagará por reclamación será de $116.25.
Según la estipulación, los abogados de la parte demandante recibirán un desembolso de $8.7 millones por concepto de honorarios de abogado, el cual se efectuará en dos pagos de $4,399,694.38 millones.
Como resultado de ese acuerdo, la cifra final relacionada con la devolución asciende a $26.4 millones.
La parte demandante es representada por el conocido licenciado José Andréu Fuentes, del bufete Andreu & Sagardía y por los abogados Nelson Córdova Morales, Ricardo Prieto García, Angel Collazo Santiago y Emilio Vilá Carreras.
La ASC es representada por la licenciada Moraima Ríos Robles, del bufete Arroyo & Ríos Law Offices, y por la licenciada Rosa Irizarry Millán.
Insolvencia a la vista
A la luz de los datos que surgen del informe financiero y de los compromisos acordados en la estipulación, es de fácil conclusión que la ASC se aproxima a una insolvencia tácita si finalmente los asegurados de las 227,081 reclamaciones cumplen con los requisitos para que se concrete la devolución de los $116.25.
De hecho, ante el hipotético escenario en el que todos los asegurados de las 227,081 reclamaciones reclamen su compensación, la ASC necesitaría $3.2 millones adicionales para cumplir con lo acordado, pues entre capital y sobrante la aseguradora tiene $31.9 millones y el monto total establecido en la estipulación es $35.1 millones.
La estipulación dispone que luego de que el Tribunal autorice el acuerdo se publicará un aviso de notificación dirigido a los miembros de la clase demandante, el cual difundirá los términos y condiciones acordadas por las partes.
El aviso de notificación establecerá un término de 60 días para cumplimentar y enviar un formulario de reclamación que estará accesible en una página en internet que se establecerá para mantener informados a los miembros de la clase. El formulario de reclamación exigirá una serie de información obligatoria como nombre completo del reclamante y su dirección de correo electrónico y dirección postal.
Otra información requerida será el número de tablilla del vehículo para el cual se hizo la reclamación ante la ASC y el número de licencia de conducir del reclamante.
Denuncian altos gastos publicitarios
Se le exigirá, además, una afirmación en la que el reclamante confirmará que, como resultado de su reclamación a la ASC, “reparó el vehículo accidentado y que para realizar dicha reparación tuvo que pagar de su propio peculio más de lo que le correspondía por motivo de la aplicación y retención por parte de la ASC de la deducción por depreciación a las piezas originales o nuevas, objeto del ajuste de los daños a su vehículo resultantes del accidente de tránsito con un vehículo asegurado por la ASC”.
Tal afirmación, según dispone la estipulación, estaría sujeta a un señalamiento de perjurio si la información es falsa. A los reclamantes también se les solicitará una información opcional relacionada con el vehículo involucrado en el accidente.
El presidente de la aseguradora Antilles Insurance Company, Jaime González Portilla, se mostró contrariado porque la entidad continúa incurriendo en altos gastos publicitarios en los medios de comunicación a pesar de que enfrenta una posible insolvencia.
González Portilla es un fuerte crítico de la ASC y se ha pronunciado en contra de su pertinencia en el mercado local, porque además de recibir y distribuir las primas de SRO a las aseguradoras miembros, la entidad opera como otra aseguradora que compite abiertamente y con recursos sustanciales en contra de sus propios miembros.
“¿Cómo es posible que la ASC continúe con los anuncios en los medios de comunicación en medio de todo esto, de una posible insolvencia? En este momento la ASC está en menoscabo. Yo no entiendo cómo es que no le han puesto un alto al tema de los gastos cuando esta aseguradora está pasando por esta situación. ¿Dónde está el Comisionado de Seguros? y ¿qué le pasa a la Junta de Directores de la ASC?, cuestionó González Portilla.
La pasada semana SN solicitó del Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, una reacción sobre la situación de la ASC ante las reveladoras informaciones que surgen del informe financiero del 2023 y de las implicaciones de lo acordado en la estipulación. Un portavoz de la OSC informó que Adams Vega estaría emitiendo una reacción entre mañana lunes o el martes.
Anuncios engañosos
De hecho, el presidente de Antilles Insurance sostuvo que se le ha informado que el cuerpo directivo de la ASC confía en la posibilidad de que un sector sustancial de los afectados por la aplicación ilegal de la depreciación, no reclamen su parte quizás porque “no pueden cumplir con los requisitos para recibir la compensación o no les interesará seguir con todo el proceso para cobrar $116”.
“Ellos se la están jugando porque entienden que todo ese dinero ($26.4 millones) no se pagará”, advirtió el ejecutivo.
González Portilla sostuvo que los anuncios que actualmente la ASC difunde en los medios de comunicación son engañosos porque intentan sembrar el mensaje de que la entidad es la única que coordina y paga por los servicios de grúa.
“Los miembros de la ASC (aseguradoras socio) deben estar furiosos cuando ven esos anuncios. Pero si los servicios de grúa y el pago por esos servicios están en la póliza. Todas las aseguradoras (que venden el SRO) coordinan y pagan por los servicios de grúa”, dijo el ejecutivo.
De hecho, varios años atrás González Portilla radicó una querella ante la OCS en contra de la ASC por la difusión de anuncios engañosos que pretendían crear la impresión de que el pago que emitía la aseguradora era para el asegurado, cuando en la realidad el dinero es para pagar por lo daños causados a otro vehículo.
“Ya no hacen esos anuncios. Pero ahora siguen con los anuncios engañosos, pero con el tema de la grúa”, dijo González Portilla.
“Yo creo que la ASC debió haber desaparecido hace tiempo. No hay razón para mantener la ASC. Se debe quedar como un ente administrador, pero nunca debió ser una competencia para otras aseguradoras”, advirtió el presidente de Antilles Insurance.
Además de la ASC, las aseguradoras que actualmente venden el SRO son Point Guard, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, Universal, MAPFRE Praico Insurance Company, Multinational Insurance Company y Triple-S Propiedad.
No obstante, para ser miembros de la ASC, las aseguradoras que participan del negocio de seguros para vehículos deben tener una participación en el mercado sobre el 1 % del total de las primas suscritas. Esto implica que, aunque existen aseguradoras que venden el SRO no todas son miembros de la ASC porque incumplen con la participación de mercado requerida, como es el caso de Guardian Insurance y Antilles Insurance.
