Ex secretarios respaldan a Josué Rivera para secretario de Agricultura en medio de incipiente oposición

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Por Miguel Díaz Román

Cuatro ex secretarios de Agricultura han respaldado la designación realizada por la gobernadora Jenniffer González de Josué Rivera para el cargo de secretario de Agricultura , en lo que representa una expresión de apoyo a una persona para ese cargo que no tiene precedentes y que podría indicar que el nominado enfrenta alguna oposición que no ha aflorado públicamente.

La expresión de apoyo fue realizada a través de una ponencia escrita que los cuatro ex secretarios firmaron y en la que fundamentalmente recomiendan «sin reserva alguna» la aprobación por parte del Senado del nombramiento de Rivera. 

Los ex secretarios de Agricultura son Neftalí Soto Santiago y Miguel Muñoz Muñoz,  quienes ocuparon el cargo durante la administración de Pedro Rosselló; Javier Rivera Aquino, quien fue secretario de Agricultura durante el mandato de Luis Fortuño y Carlos Flores Ortega, quien ocupó el cargo bajo la administración de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez Garced.

De hecho, se espera que de los cuatro ex secretarios sólo el ex secretario Flores Ortega esté presente en la vista pública que hoy celebrará el Senado para considerar cinco nominados para el gabinete de la gobernadora, incluyendo la designación de Rivera. 

Incluso SN supo que el ex secretario Flores Ortega se aprestaba a presentar una ponencia en oposición a Rivera por su presunta participación como testigo en una investigación que realizó la Oficina del Fiscal Especial Independendiente, tras un referido que efectuó la ex gobernadora Wanda Vázquez Garced en 2019.

La ex gobernadora refirió a Flores Ortega al FEI por un alegado conflicto de intereses, una imputación que fue llevada a la Fortaleza por un grupo de agricultores de la Asociación de Agricultores. Finalmente el FEI determinó desestimar el referido, porque tras una investigación se encontró que las imputaciones no tenían fundamento.  

Rivera y el FEI

No obstante, Flores Ortega le indicó a SN que tuvo la oportunidad de conversar ampliamente con Rivera sobre los eventos ocurridos previo a que fuera referido al FEI por Vázquez Garced y concluyó que el designado a secretario de Agricultura «no estuvo implicado en un esquema con agricultores o en la Fortaleza» con el fin de perjudicarlo.

«El apareció en el informe del FEI como un testigo de corroboración para otras imputaciones que se hicieron contra un funcionario federal. Pero pude comprobar que no actuó en contra mía y por esa razón voy a apoyar a Rivera para el cargo de secretario de Agricultura. Aclarado ese asunto yo no tengo queja contra Rivera», dijo Flores Ortega.

Cabildeo que no acaba

No obstante, SN supo que Jorge Campos, quien fue ex subsecretario de Agricultura durante el pasado cuatrienio, ha estado realizando un fuerte cabildeo en la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que preside el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, para permanecer en el cargo de subsecretario o para que se le designe cómo administrador de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera. 

Incluso, la fuentes alegan que determinados sectores agrícolas habían alentado la idea de que la oposición de Flores Ortega habría podido desencadenar algunos votos en contra de Rivera entre los miembros de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos y de la Comisión de Agricultura del Senado, hasta lograr anular su nominación, lo que hubiese abierto la posibilidad de que la gobernadora considerara otros candidatos para el cargo más afines con los intereses de esos sectores. 

 De acuerdo con una fuente de SN, el senador Jeison Rosa, quien preside la Comisión de Agricultura del Senado, sostuvo una extensa entrevista con Flores Ortega sobre la posibilidad de que el ex secretario se disponía a presentar una ponencia en contra de Rivera.

Piden estado de emergencia

De hecho, SN supo que estos sectores aspiran a mantener el orden establecido por el ex secretario Ramón González Beiró, especialmente en la industria lechera, que es la principal industria agrícola del país. 

Esto a pesar de que ese sector experimentó durante el cuatrienio de González Beiró el cierre de numerosas vaquerías, el cierre de la planta Suiza Dairy y reducción significativa en la producción de leche, lo que ha causado una grave crisis en ese sector, que ya estaba afectado por un baja en consumo de leche.

En los pasados días el ganadero Carlos Benítez solicitó a la gobernadora que declare a la industria lechera en estado de emergencia, debido a que el cierre de la planta Suiza Dairy  ha causado un descalabro en ese sector. 

Benítez sostuvo que ante el alza en la producción de leche por las bajas temperaturas, será necesario exportar leche a la República Dominicana según lo reveló el ex secretario González Beiró.  

El ganadero sostuvo que las plantas existentes no podrán procesar la producción, lo que siempre es detrimental para el ganadero porque el pago por la leche de exportación es muy por debajo de sus costos de producción.

Bien vista la gestión de Rivera

En la expresión de apoyo, los cuatro ex secretarios alabaron las gestiones de Rivera a favor de los sectores rurales y de los pequeños comerciantes mientras ocupó la dirección de la agencia federal para el Desarrollo Rural y la oficina federal del Caribe de la agencia para los Pequeños Negocios entre 2018 y 2024.

«En conversaciones que hemos tenido con el designado secretario Josué Rivera hemos visto su interés en trabajar con los problemas que aquejan el desarrollo de la agricultura desde una visión más empresarial enfocada en que el agricultor pueda generar mejores ingresos; fortalecer el manejo de programas estatales y federales; obtener mejor retorno por inversión en las ayudas a los agricultores y mejorar la efectividad y eficiencia en los procesos operativos y organizacionales. En adición ha presentado ideas para fortalecer algunas áreas de apoyo, particularmente el área de Informática, Estadísticas, Análisis Económicos y Finanzas. Estas son áreas donde el designado Secretario Josué Rivera puede hacer grandes aportaciones a la agricultura», sostiene la ponencia de los ex secretarios.

Colegio de Agrónomos se opone

El documento también respaldó la propuesta de Rivera de crear un Concilio Asesor compuesto por ex secretarios de Agricultura «lo cual pone de manifiesto su interés en buscar el consejo y la experiencia en su dirección del Departamento de Agricultura».

Por su parte, el Colegio de Agrónomos, presentó una ponencia en la que se opuso a la designación de Rivera porque no es agrónomo, aunque la institución no descarta trabajar en apoyo de las iniciativas que surjan de la agencia.  

«Con el ánimo de contribuir al éxito de las gestiones del Departamento de Agricultura, el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico expresa que, aunque nos oponemos respetuosamente a la designación del señor Rivera, estamos completamente a disposición del Departamento de Agricultura para ofrecer nuestro apoyo técnico y los recursos de nuestros profesionales para el éxito de sus gestiones», sostuvo la ponencia del Colegio de Agrónomos.

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Universal Group vende Universal North America Insurance Company 

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Por Miguel Díaz Román

La empresa Universal Group Inc, que es la matriz de las aseguradoras Universal Insurance y Point Guard, anunció la venta de la aseguradora Universal North America Insurance Company (UNAIC por sus siglas en inglés), la cual fue adquirida por la corporación 5B Alliance, LLC, cuyo principal accionista es Rafael Cedeño, quien también es el presidente de la aseguradora local One Alliance.

UNAIC está ubicada en Texas y sus oficinas centrales están localizadas en la ciudad de Arlington, en ese estado. Cedeño, quien es de origen venezolano, también es el dueño de la agencia general Singular Insurance Agency.

La licenciada Josely Vega Maldonado, principal oficial  ejecutiva y presidenta de Universal Group Inc, informó que el Departamento de Seguros de Texas aprobó la venta de las operaciones de UNAIC a la corporación 5B Alliance LLC el 5 de diciembre de 2024, y la transacción fue efectiva el 31 de diciembre de 2024.

«Esta transacción responde a una estrategia por parte Universal Group Inc. de concentrar sus esfuerzos de crecimiento y expansión en Puerto Rico  y en aquellos mercados sinergéticos a sus líneas de negocio y grupo de interés afines», sostuvo Vega Maldonado por medio de unas declaraciones escritas y enviadas a SN.

«En los últimos años, Universal ha solidificado su liderazgo en el sector de propiedad y contingencia así como en los productos de vida y anualidades. Esta estrategia ha optimizado  la base de capital para aprovechar otras oportunidades de crecimiento y diversificación en el mercado de Puerto Rico”, concluyó la presidenta de Universal Group Inc.

Los detalles de la transacción económica no fueron difundidos públicamente debido a que las partes firmaron un acuerdo de confidencialidad, según informó Universal Group Inc. 

No obstante, la fuente indicó que UNAIC obtuvo el pasado año ingresos por primas que superan los $300 millones.

UNIAC está especializada en seguros de propiedad y contingencia que incluye pólizas para propietarios de viviendas unifamiliares, para apartamentos en condominios, para individuos que alquilan viviendas o apartamentos y para empresarios o propiedades comerciales.

La aseguradora ofrece seguros contra riesgos catastróficos como inundaciones, terremotos, huracanes, incendios y pólizas de protección contra averías de equipos en su modalidad comercial.

La adquisición de UNIAC por parte de 5B Alliance LLC se extendió durante todo el 2024 y uno de los elementos importantes para finiquitar la compra venta fue definir los efectos financieros de las posibles reclamaciones que podía recibir la aseguradora tras el paso del devastador huracán Helene.

Helene causó 130 muertos y cerca de 600 desaparecidos en seis estados de Estados Unidos, mientras que los daños materiales superaron los $85,500 millones. 

En un comunicado de prensa emitido el pasado 29 de agosto de 2024 la entidad acreditadora de aseguradoras AM Best, anunció que había mantenido el estado de revisión con implicaciones negativas para la calificación de fortaleza financiera de B+ (Buena) y la calificación crediticia de emisor de largo plazo de “bbb-” (Buena) de UNAIC.

“Estas calificaciones crediticias reflejan la fortaleza del balance de UNAIC, que AM Best evalúa como adecuada, así como su desempeño operativo marginal, perfil comercial limitado y gestión marginal del riesgo empresarial”, sostuvo AM Best en el comunicado de prensa emitido el pasado 29 de agosto de 2024.

Según AM Best, “las calificaciones de UNAIC se colocaron inicialmente bajo revisión con implicaciones negativas el 11 de octubre de 2023, luego de una disminución significativa en el superávit de los asegurados como resultado de los eventos climáticos en 2023”.

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Pleito contra Steri-Tech por emisiones tóxicas

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San Juan, Puerto Rico – Luego de años de abandono negligente y exposición a contaminantes perjudiciales, la voz y reclamos de los residentes de Salinas, Puerto Rico, finalmente serán escuchados en su lucha contra las emisiones tóxicas de óxido de etileno (EtO).

Tres destacadas firmas legales se han unido para presentar una demanda de clase y una demanda por lesiones personales en representación de los residentes de Salinas que han sufrido graves consecuencias para la salud, incluyendo casos de diversos tipos de cáncer, relacionados con la exposición prolongada a emisiones de la planta de esterilización Steri-Tech, Inc., localizada en dicho municipio.

Steri-Tech ha operado en Salinas desde 1986, utilizando EtO para esterilizar equipos médicos y materiales. Este gas incoloro, clasificado como un carcinógeno humano por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) en 2016, ha sido relacionado con tasas alarmantes de cáncer y otras graves afecciones de salud en las comunidades circundantes. Una evaluación de riesgos realizada por la EPA confirmó e identificó un riesgo elevado de cáncer en las comunidades cercanas a Salinas.

Los bufetes de abogados Kresch Legal Services, Napoli Shkolnik y Milberg, están radicando medidas legales decisivas contra Steri-Tech por incumplir con las regulaciones ambientales federales.

“Durante demasiado tiempo, la salud y el bienestar de estas comunidades han sido sacrificados por la avaricia corporativa y el abandono”, afirmó Ari Kresch, abogado de los residentes, y añadió que “esta demanda no se trata solo de responsabilizar a Steri-Tech; se trata de dar una voz a las personas que han estado sufriendo en silencio durante décadas”.

Además de las reclamaciones por lesiones personales, se presentó una demanda de clase el 29 de agosto de 2023 contra Steri-Tech y otras empresas responsables de liberar EtO en todo Puerto Rico. Esta demanda aborda el daño causado a los residentes de Salinas y otras áreas afectadas, incluidos los municipios de Villalba, Fajardo y Añasco. La EPA ha identificado estas instalaciones como algunas de las ubicaciones con mayor riesgo de cáncer en los Estados Unidos debido a la exposición al EtO.

La demanda de clase busca: compensación por daños a la salud y la propiedad, financiamiento para programas de monitoreo médico a largo plazo y daños punitivos para prevenir futuros perjuicios.

Reunión comunitaria en Salinas

Se invita a residentes de Salinas a una reunión informativa el 13 de febrero de 2025, a las 6:00 p.m., en el Centro Comunitario La Margarita. Expertos legales brindarán actualizaciones sobre la demanda y orientación para los residentes afectados por las emisiones de EtO. La reunión también abordará cómo las personas pueden presentar reclamaciones por cánceres como el de mama, leucemia y linfoma, así como otras enfermedades vinculadas a la exposición al EtO.

Para orientarse sobre cómo unirse a la demanda de clase o presentar una reclamación por lesiones personales, puede comunicarse al 1-800-LAW-FIRM (529-3476) o visitar www.etoinjuryclaims.com. Seleccione “Salinas” en el menú desplegable “Hazardous Locations” para comenzar su camino hacia la justicia.

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Entra en calor el caso Redbridge por venta ilegal de seguros de viaje

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Por Miguel Díaz Román


La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese) solicitó una vista administrativa para dilucidar a fondo la determinación de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) de cerrar una querella contra la empresa Redbridge Assist por la alegada venta ilegal de seguros de viaje.

En una solicitud de vista administrativa radicada el pasado lunes 3 de febrero, Acodese rechazó la posición oficial de la OCS, la cual sostiene que no se ha presentado evidencia que demuestre que el producto de seguros de viaje que, alegadamente, promueve la empresa Redbridge Assist, «se haya mercadeado en Puerto Rico».

En septiembre de 2023 la ACODESE presentó una querella contra Redbridge Assit en la OCS, en la que sostuvo que la entidad vendía seguros de viaje a través de un esquema ilegal que utiliza un asegurador de líneas excedentes para proveer la póliza.

El viernes 17 de enero de 2025, en una comunicación enviada a Acodese a través de correo electrónico, la OCS informó oficialmente que determinó cerrar el caso debido a que de los señalamientos contra la empresa Redbridge Assist no se desprenden violaciones al Código de Seguros.

La petición para que se celebre una vista administrativa, que fue presentada por la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE, sostiene que la determinación de la OCS estuvo fundamentada, presumiblemente, por dos argumentos principales.

El primer argumento sostiene que el seguro de viaje mercadeado por Redbridge, era un producto de líneas excedentes, suscrito por un asegurador de líneas excedentes ubicado en Barbados y tramitado como corredor de líneas excedentes.

El segundo argumento señala que la investigación no logró comprobar que el producto de viaje fue mercadeado en Puerto Rico.

Acodese discrepa

En la solicitud de vista administrativa, Pernas planteó que Acodese discrepa de ambos argumentos porque «existe evidencia clara y contundente” de que el producto de viaje promovido por Redbridge Assist “era mercadeado en Puerto Rico, y la publicidad utilizada por dicha empresa, particularmente a través de redes sociales, iba específicamente dirigida al mercado de Puerto Rico».

Pernas sostuvo que el seguro de viaje es muy accesible en las aseguradoras locales y que el mecanismo de líneas excedentes esta justificado cuando el mercado no ofrece determinado producto de seguros.

La solicitud de vista administrativa fue acompañada de impresiones de pantalla (screenshots) de la página en internet de Redbridge en las que se ofrece el seguro de viaje y en las que es visible la bandera de Puerto Rico.

Incluso, Acodese sostuvo que en la parte inferior de la página se indica que el país de residencia del adquirente de la póliza es Puerto Rico.

Las impresiones de pantalla fueron obtenidas el 18 de junio de 2024. Ese día también fue adquirida una póliza de viaje a través de la página de Redbridge Assist por una persona que fue identificada en el documento como el licenciado Antonio Ramírez Aponte.

El documento también indica que en esa fecha una copia de la póliza fue entregada al investigador de la OCS, Fortunato Colón Parrilla, y al entonces director de la División Legal de la agencia reguladora, el licenciado David Castro Anaya.

La entrega de la póliza a los dos funcionarios fue realizada en una reunión sostenida en la OCS, en la que también participó Ramírez Aponte el 18 de junio de 2024. En esa reunión el licenciado Ramírez Aponte también le indicó a los dos funcionarios de la OCS que el seguro de viaje estaba siendo mercadeado a través de redes sociales.

Mercadeo en las redes sociales

De acuerdo con Acodese, en otras impresiones de pantalla obtenidas el 10 de julio de 2024 de la página de Redbridge Assist, Puerto Rico figura como una de las alternativas del encasillado “país de residencia”. En otra página que permite al usuario seleccionar la categoría del producto de seguros que desea adquirir aparece una bandera de Puerto Rico.

La solicitud de vista administrativa fue acompañada con copia de pautas publicitarias colocadas por Redbridge en redes sociales como instagram y Facebook y dirigidas al mercado de Puerto Rico .

Las pautas publicitarias incluyen un número telefónico de Puerto Rico (787-991-9191) así como una dirección de Puerto Rico (Parada 26, CWRR85J, Calle San Antonio, 5 CB Rosales, San Juan, Puerto Rico) en las que, alegadamente, se puede solicitar información o adquirir el seguro de viaje.

Pernas también señaló que el seguro de viaje es de fácil accesibilidad para el consumidor local en múltiples aseguradoras admitidas a operar en el país, por lo que no es un producto susceptible a mercadearse en Puerto Rico a través del mecanismo de líneas excedentes.

La directora ejecutiva de ACODESE advirtió que una cubierta de seguro sólo puede obtenerse mediante el mecanismo de líneas excedentes, que son aseguradores no autorizados a operar en Puerto Rico, cuando «el seguro no pueda obtenerse de aseguradores autorizados», según lo indica el artículo 10.070 del Código de Seguros.

Póliza se vendió en Plaza Las Américas

La solicitud de vista administrativa alega, además, que existe prueba de que el producto de viaje de Redbridge se estaba vendiendo en Puerto Rico.

El documento sostiene que el 30 de junio de 2024, el licenciado Alejandro Morales, director de Legal y Cumplimiento de América Central y del Caribe del asegurador CHUBB, sostuvo que Redbridge tenía un exhibidor en Plaza Las Américas que ofrecía el seguro de viaje a residentes de país por parte de una persona identificada como Mayra Ramírez de Palerm.

Alegadamente, esta información fue ofrecida al investigador Colón Parrilla. CHUBB, que entre sus productos ofrece seguros de viaje, es una de las aseguradoras que habría sido afectada por el presunto esquema empleado por Redbridge Assist de utilizar un asegurador de líneas excedentes para proveer la póliza, el cual fue denominado por Acodese como una competencia desleal contra los aseguradores locales autorizados.

Pernas sostuvo en el documento que ante el acopio de la evidencia presentada, Acodese solicita una vista administrativa para dilucidar la determinación de la OCS de cerrar la querella contra Redbridge Assist. La entidad también solicitó copia de expediente del caso.

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Cómo Reducir El Costo De Su Seguro 

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Por Jaime González Portilla

presidente de Antilles Insurance Company

Complete una Solicitud de Seguros 

Las aseguradoras de líneas personales para residencias y automóviles en Puerto Rico (PR), a diferencia de la gran mayoría o todas las aseguradoras de Estados Unidos (EU), no requieren que se complete una solicitud de seguros. 

Una solicitud de seguros requiere la firma del prospecto que solicita un seguro y el agente o su corredor de seguros. Por ejemplo, la solicitud de seguros más común en el mercado de EU se le conoce como la forma «ACORD'».  

Una solicitud de seguros recopila una serie de información proveniente de la persona que solicita un seguro que incluye, pero no se limita a información relacionada con su historial de pérdidas. Las solicitudes también recopilan información relacionada a si su residencia tiene una alarma, extintores, tormenteras, detectores de humo, «sprinklers», distancia de cuerpos del mar, piscinas, mascotas…etc. 

Por otro lado, las solicitudes de automóvil recopilan información que incluye, pero no se limita a quienes conducen los automóviles, cuán frecuentemente usted conduce su automóvil, para qué propósito usted utiliza su automóvil, donde se estacionan los automóviles y si los vehículos han sido inspeccionados por el agente o corredor de seguros.  

Esto quiere decir que a las aseguradoras que operan en PR al no requerir una solicitud previa a la aceptación del seguro carecen de una certificación que detalle cuál ha sido el historial de pérdidas de la persona que solicita el seguro y en muchos de los casos evita que estos no le puedan aplicar descuentos por buena experiencia a la prima que usted paga. 

Tampoco le pueden aplicar descuentos como por ejemplo por usted tener una alarma contra robos en su residencia o descuentos si los automóviles han sido previamente inspeccionados por su agente o corredor de seguros. 

Para que usted pueda recibir todos los descuentos de seguro que usted se merece exijale a su agente o corredor de seguros que le asista a completar una solicitud de seguros todos los años para que se la pueda presentar a su actual aseguradora o las aseguradoras que usted desea le cotice sus seguros.           

Informe de Conductor

A diferencia de los EU, las aseguradoras de seguros para automóviles en PR carecen de un informe que recopila el historial de infracciones y/o violaciones de un conductor de automóvil por su número de licencia. 

En EU se conoce como «Motor Vehicle Report or MVR». Una aseguradora en PR, a diferencia de en los EU, no puede identificar qué conductores mantienen un buen historial de conducir y cuales mantienen un historial negativo de infracciones o violaciones de las leyes de tránsito. 

Tanto la industria de seguros local como la propia Oficina Del Comisionado De Seguros de PR deberían unir esfuerzos para solicitarle al gobierno (Policía de PR/DTOP) de PR que mediante una ley se establezca un banco data accesible y confiable al público en general que refleje el historial de las infracciones y violaciones de tránsito por número de licencia del conductor. 

No cabe la menor duda que miles de conductores podrían verse beneficiados de un buen descuento en la prima de seguros de automóviles si su aseguradora tuviese acceso a un banco de datos que refleje el historial de infracciones y violaciones de tránsito por conductor.           

Coaseguro en las pólizas de seguros de propiedad comercial

En la actualidad los asegurados que compran un seguro de propiedad comercial para sus edificios y su contenido están experimentando aumentos en primas debido al alto costo de los seguros a nivel mundial. 

Para contrarrestar los aumentos en prima las aseguradoras hemos estado notando una tendencia por parte de los asegurados de reducir el límite asegurado de su propiedad comercial con el objetivo de pagar menos prima. 

De la manera que funciona es que el asegurado acepta asegurar solo el 90% o el 80% del valor de su propiedad o costo de reemplazo envés de asegurarlo en un 100%. Cuando eso sucede el asegurado se convierte en un ‘coasegurador’ al retener un determinado por ciento (%) del valor o costo de reemplazo de su edificio propiedad y su contenido. 

El asegurado no debe esperar que la reducción en prima que paga por el seguro de una propiedad comercial sea cónsona con el mismo porcentaje de reducción en el valor de la propiedad asegurada. 

Esto se debe a que la exposición a pérdidas de su estructura o propiedad comercial por parte de su aseguradora sigue siendo la misma debido a que la mayoría de las pérdidas de reclamaciones de propiedad comercial están asociadas a pérdidas parciales y no pérdidas totales. 

En otras palabras, no espere recibir un descuento en la prima de propiedad comercial de un 20% por reducir el valor de su edificio de $10 millones a $8 millones porque en realidad y cuando se trata de una pérdida parcial (ej. un pequeño fuego) la aseguradora terminará pagando lo mismo, irrespectivamente que si el límite de seguros fuese $10 millones o $8 millones. 

Tenga mucho cuidado con reducir el valor asegurado de su propiedad porque en caso de una pérdida total, la aseguradora no le pagará más del límite asegurado o, en ejemplo que les mostré anteriormente, $8 millones. Evite sorpresas que le puedan ocasionar una pérdida económica y asesórese bien con su agente o corredor de seguros antes de tomar la decisión de reducir el valor asegurado de su propiedad con el objetivo de reducir la prima que usted paga por el seguro de propiedad comercial.              

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Posible escasez de café que el secretario de Agricultura niega

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Por Miguel Díaz Román

Mientras determinadas voces de la industria del café auguran la posibilidad de que pronto se registre una escasez de café en el mercado local, debido a que las existencias del grano importado han bajado a niveles alarmantes, el secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, espera que la llegada de un nuevo embarque permita a los torrefactores procesar las cantidades adecuadas para satisfacer la demanda.

La realidad innegable es que en el almacén de café del Departamento de Agricultura, ubicado en el barrio Yahuecas de Adjuntas, el inventario de café importado se ha reducido dramáticamente y en las últimas semanas las ventas se han dirigido a satisfacer la demanda de los pequeños torrefactores con ciertas restricciones. 

La presunta  escasez afecta tanto los granos importados de café arábica y el robusta, que son las variedades más populares en el mercado mundial y las que son utilizadas por los torrefactores para elaborar las diversas marcas de café que pululan en el mercado local.

De hecho, la situación fue originada por el atraso de un embarque de café procedente de México que la pasada administración del ex secretario Ramón González Beiró había ordenado. El atraso ha sido en extremo preocupante debido a que su llegada podría acontecer a finales de febrero o durante el mes de marzo. 

Atraso en embarque

Alegadamente, el atraso del café procedente de México encendió las alarmas en el Programa de Compraventa de Café de la Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), que es la entidad encargada de lograr los acuerdos de importación con los productores extranjeros.

Rivera Castro confirmó el atraso del embarque procedente de México y reveló que el DA ordenó un nuevo embarque de café en la República Dominicana, el cual estaría arribando próximamente.

«La previa administración realizó una orden de compra y por asuntos de aduanas se atrasó, pero nosotros no dudamos en pedir otro embarque en vecinas jurisdicciones (República Dominicana) para que llegara antes de la fecha de entrega del embarque atrasado», señaló Rivera Castro. 

«El embarque de República Dominicana llegará primero que el de México. Hay inventario en torrefactores grandes que tiene mayor demanda, por ende la prioridad son los pequeños torrefactores. Los pequeños torrefactores han recibido café. No hay escasez», indicó el funcionario.

No obstante, las fuentes indicaron que mientras más rápido se cierre la brecha que separa las mermadas existencias de café importado en Yahuecas y la llegada del embarque procedente de la República Dominicana, no habrá escasez de café en las góndolas de los supermercados.

Posibles problemas

La fuente sostuvo que si el café de República Dominicana no llega a tiempo veremos a los torrefactores  «en problemas para satisfacer la demanda local». 

La empresa PR Coffee Roasters, que posee 10 marcas de café que representan alrededor del 50% del mercado local, adquiere cerca del 80 % del café importado, lo que lo convierte a esa empresa en el principal cliente del Programa de Compraventa de Café de ADEA. 

Rivera Castro advirtió que el Programa de Compraventa de Café de ADEA adquirió café importado a precios satisfactorios, pues las compras fueron realizadas antes de una tendencia alcista que recientemente se registró en los precios del café en el mercado internacional.

El secretario también reveló que ha estado procurando la ayuda de pasados ex secretarios de Agricultura para crear un banco de ideas agrícolas que lo ayuden a realizar con éxito su gestión.

«Nosotros nos enfocaremos en lograr motivar a productores locales de café y proveer herramientas para alcanzar un aumento en producción. Confió en que el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores, el ex secretario Javier Rivera Aquino y el ex secretario Salvador Ramírez y muchos otros nos provean sus recomendaciones para así hacerlo. El principal reto es la mano de obra para sembrarlo y recogerlo», agregó Rivera Cortés.

La vista de confirmación en el Senado para el nombramiento de Rivera Cortés no se  celebró ayer sábado como estaba previsto y se espera que en algún momento esta semana o el próximo sábado el designado secretario se exponga al interrogatorio de los senadores que integran la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos.

La citada Comisión es presidida por el  también presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Importación que salva y afecta

No se espera que el incremento en la tarifa de 25 % decretada por el presidente Donald Trump a los productos importados de México afecte el embarque en tránsito que adquirió la administración de González Beiró y futuras compras del Programa de Compraventa de Café de ADEA, debido a que el gobierno local está exento de pagar el arbitrio que impone el gobierno federal al café importado.

Precisamente, esa exención federal es la que ha convertido al Programa de Compraventa de Café de ADEA en una lucrativa fuente de ingresos para el DA, debido a que en el mercado internacional el precio del grano es sumamente bajo.  

La venta de café importado a los torrefactores genera cerca de $30 millones anuales. No obstante, ADEA debe reservar hasta $20 millones para realizar la compra de café del próximo año.

La importación de café se ve como un mal necesario debido a que la producción local no alcanza para satisfacer el consumo desde 1998. 

Competencia desleal

Los caficultores locales han denunciado que la importación de café atenta contra la estabilidad de la producción local porque el grano importado se vende más barato que el grano de alta calidad cosechado en la isla.

Otra denuncia es que desde el sector de los torrefactores se ha gestionado una competencia desleal porque el café importado se ha estado empacando y vendiendo como café del país, mientras el grano local de alta calidad se queda en los almacenes.

Incluso, recientemente el caficultor Miguel López Hernández, quien es el presidente de la Asociación de Beneficiados de Puerto Rico, denunció que las llamadas marcas de café “especial” o “gourmet” para consumo local y para exportación no utilizan grano de alta calidad cosechado en Puerto Rico, sino grano procedente de México que es importado por el gobierno, lo que representa una insólita práctica de fraude que podría causar el colapso de la industria de café del país.

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La Política Comercial de Trump y sus efectos en Puerto Rico

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Por José Alameda

Economista

En estas semanas, la política local e internacional de la administración Trump-Vance ha dejado
mucho de qué hablar por parte de otros dirigentes globales.

Desde mi punto de vista como economista y habiéndome especializado en la materia de comercio internacional, me parece que los aspectos de la estrategia de comercio internacional salen de un libro de un sub-realismo mágico perverso que no parece solventar a Estados Unidos como una nación centrada en promover su propio bienestar pero tampoco aquel del resto de la comunidad global.

Debemos reconocer que el orden económico de la postguerra de un mundo bipolar –Estados
Unidos versus la Unión Soviética—se esfumó.

En el tablero del mundo hoy existen potencias como China, Rusia, Europa, Taiwán, India, Corea del Sur, y los llamados BRICS, entre otros, que deben ser socio comerciales de Estados Unidos, en donde impere la armonía y política comercial concertada.

No hay espacio para posturas imperialistas ni tampoco de una actuación histriónica del emperador del mundo, al estilo Napoleón Bonaparte.

Los aranceles si son parte de políticas comerciales de los países siempre y cuando sean
manejados y de concertación global bilateral o multilateral. No son armas de guerra para
hostigar y fastidiar un supuesto enemigo, como es en el caso de un conflicto bélico.

Los aranceles son tributo a las importaciones de los países socios que son pagado, en primera
instancia, por los importadores de Estados Unidos y luego, son transferidos total o
parcialmente, en el precio de la mercancía hacia los consumidores de Estados Unidos.

De ahí, la falsedad del discurso inaugural de Trump que dijo que China ya había pagado miles de millones al IRS federal; no señor Trump, lo pagaron sus conciudadanos del norte.

En el caso de Puerto Rico, la política de la administración Trump-Vance nos comienza costado
recursos pero no parece haber beneficios, por lo menos, al momento. El supuesto beneficio de
un posible retorno de las farmacéuticas de China a Puerto Rico, fue hace más de cuatro años
anunciado por su asesor económico Pete Navarro en Puerto Rico, pero hasta el momento ha
sido un gran cuento de hadas y nada más.

La renuencia de Trump de no aceptar el impuesto mínimo global (IMG) a las corporaciones
multinacionales, nos puede costar $3,800 millones anuales, en la medida que la Asamblea
Legislativa local sigue el camino de Trump.

El estudio preparado por el equipo de Espacios Abiertos (EA) cuantifica en unos $3,800 millones anuales el potencial de ingreso del IMG, planteaba la necesidad de tomar acción antes de enero de 2025 para evitar que ese dinero sea reclamado por otras jurisdicciones.

De otra, Trump saca a EE.UU del Tratado de París sobre el cambio climático y en Puerto Rico,
sospecho que seguirá esta ruta. Según el estudio de la firma de consultoría Estudios Técnicos
realizado para el Comité de Cambio Climático de Puerto Rico, el costo de la inacción para 2050 sería de una pérdida de $379,270 millones en el PIB, de ocurrir un aumento de 2°C sobre los niveles preindustriales en la temperatura global.

Otro asunto es el costo a los consumidores de los aranceles para Puerto Rico. Veamos. Según
las estadísticas de la Junta de Planificación, el volumen de importaciones de Puerto Rico desde
México ($1,122 millones); Canadá ($501.8 millones) y China ($1,002.3 millones).

Trump ha dicho que colocaría un arancel de 10% a todos los países y de 60% a China. De ser así, en estos tres países, el costo para el consumidor local de los aranceles sería $763.8 millones adicionales, lo que equivale a $761 anuales por familia en Puerto Rico. Claro, esto son sólo lo que provienes de estos tres países.

Si se añade Japón y Brasil, serían $212 millones adicionales para unos $211 anuales por familia.

En resumen, la política comercial global de Trump-Vance, la cual intenta hacer a Estados Unidos grande de nuevo, pudiera hacerlos más pobres de nuevo, y en esta agenda parece que no habremos de estar solos.

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Tribunal avala acuerdo confidencial entre OCS y Swiss Re

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Por Miguel Díaz Román

La solicitud de la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) para reclamar que se revele el contenido de un acuerdo confidencial alcanzado entre la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), fue rechazada por la jueza Katarina Stipec Rubio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

En una orden que no fue acompañada de un argumento para justificar la decisión, la jueza Stipec Rubio emitió un escueto «sin lugar» a la petición de la AG.

La determinación fue informada el pasado lunes 27 de enero de 2025. De acuerdo con fuentes de la industria de seguros, la AG evalúa la posibilidad de solicitar una reconsideración o acudir al Tribunal de Apelaciones en busca de una revisión de la decisión.

El citado acuerdo está directamente relacionado con el proceso de liquidación de la aseguradora Real Legacy, la cual fue intervenida para liquidación por la OCS en 2019.

Al momento de la liquidación el reasegurador Swiss Re mantenía determinados contratos de reaseguro con Real Legacy y, alegadamente, estos contratos podrían estar involucrados en el acuerdo confidencial alcanzado por la OCS en su carácter de liquidador con el reasegurador.

Con esta determinación la jueza Stipec Rubio acogió los argumentos esbozados por la OCS en una moción radicada el pasado 17 de enero por el licenciado Juan Carlos Garay Massey, quien es el representante legal de la OCS en este caso. 

En síntesis la OCS sostuvo que la AG no posee capacidad legal (standing) para reclamar en este proceso por no ser parte en la controversia y tampoco posee un derecho a intervenir para, alegadamente,  «fiscalizar y objetar un acuerdo del que no es parte». 

Además, la OCS planteó que el artículo 40.040 del Código de Seguros prohíbe la intervención de cualquier persona en el procedimiento de liquidación para procurar el pago de una sentencia o de una reclamación. 

Otro argumento de la OCS es que las actuaciones del Comisionado de Seguros como liquidador de Real Legacy, no pueden considerarse públicas, pues su intervención como liquidador es exclusivamente en representación de una aseguradora privada. 

Por lo tanto, la intervención de la OCS como liquidador no convierte a Real Legacy en una dependencia pública y toda la documentación relacionada con sus operaciones en documentos públicos.

Acuerdo que genera sospechas

De hecho, otro argumento de la OCS es que el capítulo 40 del Código de Seguros establece que los documentos vinculados a un proceso de liquidación no son documentos públicos, sino documentos privados que no están sujetos a las normas que regulan los documentos públicos.

La realidad es que desde que se conoció la petición para que el acuerdo con Swiss Re se conserve en confidencialidad, determinados sectores de la industria de seguros han sospechado que el acuerdo pretende garantizar un beneficio económico para Swiss Re que podría ir en detrimento de los asegurados afectados por la liquidación de Real Legacy.

El 27 de septiembre de 2024 la OCS radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud “urgente ” en la que informó al Tribunal que había logrado un acuerdo con Swiss Re que era beneficioso para los asegurados de Real Legacy. 

Además, en la citada moción la OCS le solicitó al Tribunal que mantenga en confidencialidad el documento que contiene los elementos del acuerdo. No obstante, la petición de la OCS no reveló la cantidad de dinero que Swiss Re se comprometió a pagar para compensar a los asegurados de Real Legacy. El 10 de octubre de 2024 el Tribunal avaló la petición de la OCS.

Pero el pasado 2 de enero de 2025 la AG radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una moción que le solicita al tribunal que  emita una orden “para acceder a documento designado confidencial”. La moción fue presentada por el licenciado Eric Negrón, quien integra el bufete especializado en asuntos de seguros, Rexach & Picó LLC, que es el representante legal de la AG. 

Posible derrama

En su moción la AG expresa con claridad su preocupación sobre la posibilidad de que la OCS haya cerrado un acuerdo que no logre comprometer a Swiss Re con un pago sustancial, lo que causaría la necesidad de decretar una derrama entre las aseguradoras que son miembros de la AG.

“La AG tiene un interés particular en tal divulgación toda vez que los cobros de reaseguros representan una importante entrada de fondos al caudal de liquidación; y, por ejemplo, en la medida que se maximice tal cobro disminuyen las probabilidades de que sea necesaria en esta liquidación la imposición de otra derrama a los aseguradores miembros de la AGSM, lo cual conllevaría que a su vez dichos aseguradores impongan recargos en las pólizas de sus asegurados para recuperar las cantidades desembolsadas en la derrama”, sostuvo la AG en su moción.

Para recuperar el dinero invertido en una derrama impuesta por la AG, las aseguradoras están autorizadas por el Código de Seguros a imponer aumentos en las primas que pagan los consumidores. Tras la intervención en Real Legacy la OCS autorizó a la AG a imponer una derrama de $11 millones en diciembre de 2019 a los aseguradores activos en el mercado local.

Sobre esta aseveración que realizó la AG en su moción, la OCS planteó que «el objetivo de la AG es pasar juicio sobre las actuaciones del liquidador y objetar, cuestionar o de otra forma impugnar el acuerdo objeto de su pedido». 

«Curso de acción que no está permitido por nuestro ordenamiento legal, pues ha quedado establecido que nuestro Tribunal Supremo ha denegado peticiones por parte del AG cuyo fin es el de fiscalizar las actuaciones del liquidador. El tratar de evaluar los beneficios del acuerdo, las razones para negociar y las cantidades negociadas simplemente tienen que caracterizarse como un intento de fiscalización u objeción de las actuaciones del liquidador las cuales se encuentran bajo la supervisión exclusiva del Tribunal Supervisor», indicó la moción de la OCS.

Imposible una derrama

De hecho, la moción de la OCS citó la jurisprudencia que surgió del caso del Comisionado de Seguros v. Builders Insurance Company, en el cual se determinó que la AG no está autorizada a intervenir “como medio fiscalizador dirigido a asegurar que los negocios que realice el Comisionado, o su representante, sean acertados u honestos” o “para objetar la disposición de activos de un asegurador insolvente”. 

La moción también planteó que la AG fue informada sobre que no será necesario convocar una nueva derrama porque, alegadamente, hay suficiente dinero en el caudal de Real Legacy para pagar todas las reclamaciones. 

«Más aún, la AGSM posee pleno conocimiento, por haber sido previamente informado, tanto verbalmente como mediante moción, que en esta liquidación no habrá necesidad de hacer derrama ya que se habrá de pagar la totalidad de las reclamaciones», señaló la moción  de la OCS. 

Debido a que la AG es el organismo avalado por ley para pagar las reclamaciones de un asegurador en liquidación estos pagos están limitados hasta $300,000.

La OCS ha sostenido que el propósito de que se mantenga en confidencialidad el acuerdo con Swiss Re es «proteger el proceso de negociación individual con cada deudor de manera que adentre la mayor cantidad de fondos a la liquidación de Real Legacy». 

Reservas en la industria de seguros

También ha señalado que el objetivo del acuerdo «es allegar los máximos recaudos posibles a la liquidación de Real Legacy, para beneficio de los acreedores del caudal y a fin de cuentas de todos los consumidores».

«Este Honorable Tribunal Supervisor tuvo la oportunidad de evaluar el contenido del acuerdo y, haciendo uso de la discreción que inherente posee y que legalmente le fue delegada mediante las directrices administrativas, se convenció de que procedía aprobar el acuerdo y mantener su carácter confidencial. La AG no puede venir ahora a tratar de fiscalizar u objetar el acuerdo, las decisiones del liquidador y la determinación que emitiera este Honorable Tribunal Supervisor», señaló la moción de la OCS, que le solicitó al tribunal que emita un «no ha lugar».

Una petición que la jueza Stipec Rubio acogió de inmediato.

No obstante, aún existen dudas sobre si las condiciones del acuerdo han implicado el pago de reclamaciones originadas por dependencias públicas que eran asegurados de Real Legacy, lo cual pudo reducir la porción de dinero disponible para atender las reclamaciones de otros asegurados y garantizar un beneficio económico para Swiss Re. 

Sectores de la industria de seguros también han tomado con reservas la posición de la OCS sobre que no será necesario convocar una nueva derrama para atender las reclamaciones de Real Legacy.

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Legislatura no cree en el Instituto de Estadísticas

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Por Miguel Díaz Román

A pesar de que la producción de estadísticas es una herramienta imprescindible para conocer el comportamiento social y económico del país , la Legislatura nunca ha aprobado asignaciones para un fondo especial del Instituto de Estadísticas (IE), lo que le ha impedido a este importante organismo realizar una actividad más abarcadora y profunda, según concluyó un informe de auditoría de la Oficina del Contralor.

Desde que se creó el IE en 2003 hasta el 2024 han existido cinco legislaturas y cinco administraciones de gobierno distintas en las que se aprobaron cientos de millones de dólares para los esfuerzos publicitarios del gobierno y para financiar los fabulosos salarios de los empleados de confianza, más, sin embargo, ninguna de ellas encontró suficientes justificaciones para asignar $2 millones a un fondo espacial del IE.

La citada cifra de $2 millones para el fondo especial es una disposición que surge de la ley 209 de 2003, que es el estatuto matriz del organismo. A pesar de que el fondo especial lo ordena la ley 209, la entidad nunca ha recibido esos fondos 21 años después que fue creado.

El fondo especial tiene el objetivo de financiar proyectos de mejoras metodológicas y generar productos estadísticos de las entidades del gobierno.

El informe de la Oficina del Contralor concluyó que el incumplimiento en la asignación de los fondos le ha impedido al IE realizar proyectos estadísticos importantes y, además, ha obligado a la institución a utilizar sus fondos operacionales para financiar algunas iniciativas.

La incomprensible situación que saca a relucir el informe del Contralor acontece a pesar de que tras la quiebra del gobierno, las estadísticas han tomado una gran importancia estratégica especialmente desde que entró en operaciones la Junta de Supervisión Fiscal en 2016.

Sin explicar la acción legislativa

El informe no logra ofrecer una explicación sobre el comportamiento de las legislaturas en los pasados 21 años desde que el IE fue creado al final de la administración de la ex gobernadora Sila Calderón.

En reacción al señalamiento del informe sobre la ausencia de la asignación de los $2 millones, el ex presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, ofreció una dilatada explicación para justificar su incumplimiento con la ley 209 de 2003, la cual se puede sintetizar en que la Cámara aprobó «la asignación más justa y razonable posible» ante «los recursos presupuestarios limitados del país».

Por su parte, el ex presidente del Senado, José Luis Dalmau, señaló que el Senado se limitó a avalar un presupuesto «que pueda ser certificado por la Junta de Supervisión Fiscal».

Políticos no quieren oír estadísticas

No obstante, el economista José Alameda planteó que desde que el IE fue creado ha sido víctima de ataques de parte del sector de los políticos que no desean escuchar información que contradice sus representaciones sobre que la situación del país es favorable y estable.

«Desde que el IE fue creado lo que ha habido es un ataque. El ex director del IE, Mario Marazzi, me dijo que desde que salió la administración de Sila todo el mundo le ha caído encima al instituto. ¿Por qué? Porque lo ven como una amenaza. La gente aquí no piensa de manera científica, la gente no quiere saber los datos y los políticos menos. Los políticos lo que quieren es decir fundamentalmente que todo está bien, «peaches and cream», y que los economistas son profetas del desastre, como me decían a mí. Si el IE tiene la información correcta tiene el problema que puede ir en contra del discurso de los políticos y obviamente, le van a caer encima», sostuvo Alameda.

El economista Juan Villeta Trigo sostuvo que las instituciones cuyas posiciones públicas no son del agrado del gobierno son ignoradas y no reciben apoyo a través de asignaciones de los fondos públicos.

«Lo que pasa en Puerto Rico es que las entidades que no son simpáticas o adoptadas por el gobierno no le dan dinero. El instituto surge porque hay una necesidad de tener información reciente, completa y confiable. Antes de hacer política pública tiene que haber un dato certero. Los datos en las agencias del gobierno están rezagados, yo uso mucho los datos del Departamento de Salud y tienen cinco años de rezago y eso es inaceptable», dijo Villeta Trigo.

Pocos contratos en IE

Un ex funcionario vinculado al IE, que prefirió mantener su anonimato, sostuvo que la falta de apoyo en la legislatura responde a que, debido al tamaño y la especialidad temática de la institución, los legisladores se ven imposibilitados de ubicar a sus adeptos políticos por medio de contratos o de lograr que los aportadores a sus campañas políticas puedan obtener jugosos contratos por determinados servicios o a través de la venta de equipos.

«Lo que ha pasado es que IE no es un lugar atractivo para los legisladores porque no hay la oportunidad de grandes contratos para sus aportadores políticos y para colocar a su gente en la nómina porque el instituto es un organismo bien chiquito» , sostuvo.

El informe de Auditoría, que cubre el periodo que comienza el 1 de mayo de 2021 hasta el 31 de julio de 2024, también tuvo dos hallazgos preocupantes.

En el primer hallazgo la auditoría detectó que las facturas de los contratistas por servicios profesionales no incluyó un informe del trabajo realizado acompañado de un desglose del tiempo invertido en cada tarea según lo exige la ley 237 de 2004.

De hecho, la auditoría señala que el 61% de las facturas del 2021 al 2024, no incluía la información específica de las horas invertidas en los servicios prestados.

Disdier niega los hallazgos

En el segundo hallazgo la auditoría encontró que los registros de desembolsos no incluían un número único para cada transacción electrónica. El informe concluyó que este hallazgo revela una deficiencia que afecta «la integridad y le restan confiabilidad al sistema de contabilidad” del IE.

El director ejecutivo del IE, Orville M. Disdier, no estuvo disponible para comentar sobre la falta de acción legislativa para que la institución reciba los fondos que se le debe asignar según la ley 209 de 2003. Discier tampoco estuvo accesible para explicar los dos hallazgos.

Pero en el informe de auditoría el funcionario ofreció unos argumentos para discrepar de los dos hallazgos. Sobre el primer hallazgo Disdier sostuvo que «la Ley 237 de 2004 exige facturas desglosadas y específicas, con indicación de las horas invertidas, pero no estipula la necesidad de detallar las horas invertidas por cada tarea individual”.

En relación al segundo hallazgo el funcionario planteó que el sistema de contabilidad que utiliza el IE «asigna internamente números únicos a cada transacción». Entendemos que no se requería necesariamente la creación de una variable adicional para estos fines, ya que hasta el momento se habían utilizado métodos, que a nuestro mejor entender, eran adecuados para identificar las transacciones, sin inconvenientes».

Además, en su respuesta para ambos hallazgos Disdier indicó que «las mejores prácticas sugeridas por la auditoría son interpretaciones que no necesariamente surgen claramente de nuestro marco reglamentario aplicable, por lo que deberían verse como recomendaciones de avanzada y no como hallazgos».

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González Beiró al gabinete de la gobernadora: abandonen sus cargos si no pueden nombrar subalternos

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Por Miguel Díaz Román

El ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, le recomendó al designado secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, que abandone el puesto si no puede nombrar a los funcionarios que dirigirán las diversas dependencias de su agencia.

«Yo le recomiendo que se vaya», sostuvo González Beiró ante la realidad de que el secretario de gobernación, Francisco Domenech, paralizó una serie de nombramientos que Rivera Castro realizó para las principales dependencias del Departamento de Agricultura.

González Beiró hizo las expresiones durante una entrevista con el periodista Rubén Sánchez en la estación radial de noticias WKAQ 580. 

Aunque al inicio de sus expresiones González Beiró se refirió a la situación experimentada por Rivera Castro tras la intervención de Domenech en el Departamento de Agricultura, más adelante en la entrevista el ex secretario extendió la exhortación a todo el gabinete nombrado hasta ahora por la gobernadora Jenniffer González Colón.

«Los secretarios, los jefes de los departamentos sombrillas que hay y los secretarios constitucionales, muchos de ellos, no van a tener ningún poder en su agencia, porque sí los nombramientos no los hace él tampoco le van a responder a él. Así que, si usted no puede nombrar su equipo de trabajo es mejor que se vaya para su casa porque para quedar bien siempre hay tiempo y para quedar mal no», indicó González Beiró.

Crítica severa contra la gobernadora

De esta manera reaccionó el ex secretario de Agricultura a la determinación de González Colón de investir al secretario de gobernación con amplios poderes que le permiten intervenir en todas las agencias del gobierno para desautorizar nombramientos a puestos de carrera y rechazar nombramientos a puestos de confianza realizados por los secretarios. 

Domenech también fue autorizado a establecer cualquier medida de control fiscal que entienda necesaria para lograr el cumplimiento de la política pública de la administración, incluyendo decidir sobre contrataciones y órdenes de compra y poner en vigor cualquier medida de control fiscal que entienda necesaria. 

Los amplios poderes a Domenech fueron concedidos por González Colón a través de una de las primeras órdenes administrativas que firmó tras juramentar para el cargo de gobernadora el pasado 2 de enero.

De hecho, las expresiones de González Beiró representan en realidad la crítica más severa realizada por un ex funcionario de la administración del ex gobernador Pedro Pierluissi contra la nueva administración de González Colón. 

«Así que mi consejo, y este es un consejo a la administración, que permitan,… que no puede estar centralizada…Sí, el secretario de la gobernación es el jefe directo de los secretarios, !pero ellos no pueden nombrar  sus ayudantes!», exclamó González Beiró.

No está pasando nada

Luego, el ex secretario procedió a explicar la razones que lo motivaron a escribir un enigmático mensaje que recientemente difundió a través de las redes sociales, el cual, según expresó González Beiró, fue interpretado de manera equivocada como un ataque de su parte contra Rivera Castro.

El corto mensaje indicaba de manera escueta «nos llevan con piloto automático directo al precipicio».

González Beiró explicó que su mensaje fue un intento de llamar la atención sobre la casi nula actividad relevante de gobierno que la administración de González Colón ha demostrado en las primeras semanas de su gobierno. 

«Llevamos casi un mes y no está pasando nada. A eso es que me refiero. Y tengo la fuerza y el deber moral de señalarlo. Como consejo a la gobernadora, que permita que los secretarios y los jefes de las sombrillas nombren a su gente para que les respondan. Porque si no, no habrá ejecución y lo principal es la ejecución. Si tú equipo no te responde tú no puedes ejecutar.  A eso me refería. A ningún jefe en específico. Muchas personas interpretaron que me estaba refiriendo al secretario designado de Agricultura, que tiene todo mi respeto y mi apoyo. Viene de afuera y eso es lo más importante, que no venga del propio departamento. Es una persona bien inteligente, joven, bien intencionado que se va dejar ayudar. Así que le auguro una confirmación rápida el próximo sábado y que puede ponerse a trabajar por la agricultura de Puerto Rico», concluyó González Beiró.

Nombramientos paralizados

Entre los nombramientos realizados por Rivera Castro que fueron paralizados por Domenech  figura el de Ruth Pagán Alvarado, quien fue nombrada por Rivera Castro para la posición de subsecretaria de Agricultura. Según fuentes del departamento de Agricultura, Pagán Alvarado estuvo vinculada a la campaña a favor de Pedro Pierluisi durante la primaria.  

Otro nombramiento paralizado fue el de Jorge Quiles, a quien se le designó como administrador de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (Adea). El tercer nombramiento paralizado es el de Irving Rodríguez, quien fue nombrado para ocupar la posición de director ejecutivo de la Autoridad de Tierras, que es la posición que ocupó el pasado cuatrienio.  

También fue paralizado el nombramiento del licenciado Javier Lugo Rullán para la posición de director ejecutivo de la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA). Lugo Rullán fue el director ejecutivo de la CSA la mayor parte del pasado cuatrienio, una posición que obtuvo tras renunciar como administrador de la Oficina para la Reglamentación para la Industria Lechera (Oril). También fue paralizado el nombramiento del agrónomo Carlos Castillo, a quien se le encomendó la administración interina de la Oril.

Otro ex funcionario que no ha recibido apoyo de parte de Domenech para la posición de subsecretario de Agricultura es el agrónomo Robert Bradley, quien ha ocupado la posición de administrador de Adea.

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