Por Miguel Díaz Román

En momentos cuando apenas faltan semanas para que se cumplan dos años luego de que la Oficina del Comisionado de Seguros recuperó la acreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), ha trascendido que la acreditación se encuentra nuevamente en peligro debido a las acciones del aún Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.

En un reciente memorando emitido el pasado 14 de octubre por el llamado Grupo Puerto Rico (Grupo PR) de la NAIC, del que SN tiene una copia, surge de manera escueta que la acreditación de la OCS podría estar sujeta a la revocación, suspensión o colocarse en un estado de “libertad condicionada”.

El Grupo PR fue creado por el Comité de normas y acreditación de la NAIC con el fin de analizar el impacto de la ley 49 de 2024, que fue firmada por el gobernador Pierluisi el pasado mes de febrero.

Los miembros del Grupo PR son los Comisionados de Seguros Eric Dunning, de Nebraska; Scott A. White, de Virginia; Jon Godfread de North Dakota; Lori K. Wing Heier de Arkansas; Andrew N. Mais de Connecticut State y Elizabeth K. Dwyer de Rhode Island.

La ley 49 establece, entre otras disposiciones, que las aseguradoras internacionales (II por sus siglas en inglés) instaladas en el Centro Internacional de Seguros (CIS) podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.

También  introduce una enmienda al Código de Seguros para establecer que un asegurador internacional no podrá solicitar reciprocidad en otros estados por estar domiciliado en Puerto Rico.

Además, aclara que los aseguradores internacionales podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en los estados de Estados Unidos, siempre que cumplan con las leyes de esas jurisdicciones. No obstante, ya estas disposiciones existen en la reglamentación del CIS.

Un elemento novedoso de la medida es que obliga al Comisionado de Seguros a proteger y promover el desarrollo del CIS y además establece que el funcionario deberá rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, en o antes del 30 de junio de cada año, sobre los esfuerzos realizados por la OCS para cumplir con el requerimiento de proteger el CIS.

Las recomendaciones del Grupo PR de la NAIC para denegar o condicionar la acreditación de la OCS han hecho sonar las alarmas entre el grupo de incondicionales de Adams Vega, quienes han ejecutado lo indecible para que mantener en secreto los peligros que amenazan la acreditación, ante la inminente evaluación sobre el desempeño de esa oficina que realizará el Comité de Transición el próximo 6 de diciembre.

En ese momento a la administración de Pierluisi le faltarían tres semanas para abandonar el gobierno el próximo 31 de diciembre.

Misiva urgente

Ante el efecto adverso que causaría que la OCS pierda nuevamente su acreditación, los senadores Juan Zaragoza Gómez y Carmelo Ríos enviaron una misiva urgente a la NAIC el pasado 14 de noviembre con el objetivo de definir claramente los efectos de la ley 49 y para aclarar las conjeturas efectuadas por el Grupo PR que surgen del memorando.

Es preciso destacar que el gobernador Pierluisi convirtió el Proyecto del Senado 1352, radicado por Zaragoza Gómez, en la ley 49 a pesar de que Adams Vega realizó un férreo cabildeo en la legislatura para que la medida no fuera aprobada.

De hecho, desde que Adams Vega fue nombrado Comisionado de Seguros a finales del 2022 utilizó las prerrogativas de su cargo para impedir que las aseguradoras instaladas en el CIS reaseguren riesgos localizados en Estados Unidos.

Adams Vega había advertido que permitir el reaseguro de riesgos en Estados Unidos por las aseguradoras instaladas en el CIS podría causar que la OCS perdiera la acreditación de la NAIC.

Adams Vega en contra del CIS

La acreditación fue suspendida en julio de 2020 tras la NAIC rechazar la aprobación que realizó la OCS en 2018 de una transacción financiera a favor de unas aseguradoras instaladas en el CIS, que pudo colocar en peligro a miles de asegurados en los Estados Unidos. 

La citada transacción fue avalada por el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos. En aquel momento Adams Vega fungía como comisionado auxiliar de Asuntos Legales de la OCS.

Luego de asumir oficialmente el cargo de Comisionado de Seguros, Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007 el 7 de diciembre de 2022, la cual impuso a las aseguradoras instaladas en el CIS la obligación de cumplir con varios requisitos que figuran como exigencias obligatorias a las aseguradoras tradicionales que operan en el mercado local. 

Informe imputa fraude a Comisionado

 Las aseguradoras instaladas en el CIS no ofrecen sus servicios el mercado local sino en jurisdicciones en los Estados Unidos y en países extranjeros.

Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS el 12 de diciembre de 2022.

No obstante, el informe de la Resolución del Senado 612, radicada también por el senador Zaragoza Gómez, concluyó que Adams Vega cometió fraude al representar falsamente que había prohibido por la vía administrativa, a través de la carta circular 2022-2007, que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS hicieran negocios en los Estados Unidos.

Según el informe, ese tipo de determinación requería una enmienda a la ley matriz CIS, la Ley 399 de 2004.

Tras la aprobación del PS 1352 por la Cámara de Representantes y el Senado, Adams Vega derogó la carta circular 2022-2007 el 19 de enero de 2024. La derogación ocurrió luego de que el Comité Ejecutivo de la NAIC realizó una sorpresiva visita en San Juan los días 12 y 13 de enero que fue mantenida en secreto.

No a las aseguradoras multiestatales

En síntesis, el Grupo PR recomienda tomar medidas contra la acreditación de la OCS en la medida que la ley 49 impide que las regulaciones de la NAIC sobre las II se puedan aplicar a las aseguradoras que operan en el CIS.

Específicamente, la contención de la Grupo PR gira en torno a que no se puede impedir que las II operen también como aseguradoras multiestatales o que participen en actividades de seguros en varios estados.

Sobre ese particular el memorando del Grupo PR indica: “una opción disponible para el comité es tomar una acción formal sobre la situación de acreditación de la OCS en función de las inquietudes con respecto a la incapacidad de aplicar los estándares de la Parte A a las II o impedir que participen en actividades de seguros en varios estados. Se podrían tomar varias medidas posibles según la determinación que se realice sobre el impacto de la PS 1352 (ley 49), ya que ciertas medidas requieren que el comisionado tenga la autoridad para remediar el problema dentro de un plazo razonable. Una lista de posibles medidas son la libertad condicional, suspensión o revocación”.

Además, el memorando del Grupo PR sostiene que, tras la revocación de la acreditación, la OCS podría presentar una apelación ante un panel que evaluaría los argumentos y deberá emitir una determinación, la cual sería final y firme en tan solo 30 días.

“Si el comité decide suspender o revocar la acreditación de la OCS, esa oficina tendrá el derecho de apelar esa decisión de acuerdo con los procedimientos de apelación para las normas de regulación financiera y el Programa de Acreditación de la NAIC. Un panel de audiencias revisaría la justificación escrita de la OCS para la apelación y estaría obligado a emitir una determinación final dentro de treinta (30) días. Esta decisión sería definitiva y no estaría sujeta a más impugnaciones o apelaciones”, señala el memorando.

Las aseguradoras del CIS no son multiestatales

En reacción a este planteamiento la carta de los senadores Zaragoza y Ríos explica que las II establecidas en CIS no pueden operar como aseguradoras multiestatales o participar de actividades de seguros en varios estados.

“Las aseguradoras y reaseguradoras internacionales de Puerto Rico que operan bajo la ley 399 del CIS no son aseguradoras multiestatales para los fines del Programa de Acreditación de la NAIC, ya que no pueden tener licencia en un estado o territorio de los Estados Unidos que no sea Puerto Rico. La única excepción a este principio general se aplica a algunas aseguradoras y reaseguradoras internacionales que bajo la ley del CIS reciben una autorización de categoría especial bajo la Regla 100 del Código de Seguros de Puerto Rico para reasegurar riesgos de residentes ubicados en Puerto Rico”, señala la carta de los senadores.

La misiva también explica que las II que reciban la citada autorización de categoría especial para reasegurar riesgos de Puerto Rico deben haber cumplido con los mismos requisitos de capitalización, superávit, depósito, inversión y otros requisitos de autorización de financiamiento que se le exige a las aseguradoras domésticas organizadas en Puerto Rico.

“Las II que tengan una autorización de categoría especial para reasegurar riesgos de Puerto Rico pueden calificar como aseguradores «multiestatales» en la medida en que busquen y obtengan autorización para reasegurar riesgos como un reasegurador acreditado en un estado o territorio que no sea Puerto Rico”, aclaran los senadores en la carta.

Zaragoza Gómez y Ríos también le señalan al comité de la NAIC que la acreditación de la OCS que está vigente actualmente es totalmente compatible con las disposiciones de la Ley 49.

Puerto Rico no debería perder su acreditación

Incluso, los senadores advierten que la ley 399 o ley matriz de CIS de Puerto Rico es comparable la Ley Modelo de Compañías de Células Protegidas de la NAIC o la Ley Modelo Uniforme de Aseguradoras Cautivas del Consejo Nacional de Legisladores de Seguros, dos leyes modelo que han sido adoptadas por numerosos estados y territorios de los Estados Unidos.

“Por lo tanto, así como los estados y territorios de los Estados Unidos que adopten cualquiera de las leyes modelo anteriores que regulan las aseguradoras de células protegidas y las aseguradoras cautivas no pueden perder su estatus de acreditación de la NAIC basándose únicamente en el hecho de que hayan adoptado una ley especial que rija dichas entidades, Puerto Rico tampoco puede perder su acreditación de la NAIC por haber optado por adoptar la ley 399 de 2004 y establecer un CIS”, concluyeron los senadores en su misiva.

 Por su parte, Adams Vega discrepó de las conclusiones del memorando del Grupo PR y defendió las gestiones realizadas por la OCS durante su incumbencia, en una comunicación confidencial de la que SN tiene copia, enviada el pasado 30 de octubre a la NAIC.

La misiva fue enviada a Daniel Schelp, quien es el abogado principal de la División legal y asuntos regulatorios de la NAIC; Eric Dunning, que es el presidente del Grupo PR y Lori K. Wing Heir, quien es miembro del Grupo PR y presidenta del Comité de Normas de Regulación y Acreditación Financiera de la NAIC.

Se defiende Adams Vega

En la carta Adams Vega sostiene que existen disparidades entre los hechos y el análisis en los informes de la División Legal de la NAIC de 2022 y 2024. También alega que el memorándum y el Informe contienen una interpretación errónea de la resolución del senado 612, la cual, según indica el Comisionado, carece de fundamento para declarar ilegal certas prácticas administrativas.

Sostiene, además, que el informe de la División Legal malinterpreta la aplicación de la derogada carta circular 2022-2007 y que la Ley 49 de 2024 no es vinculante para otros estados. También advierte que el análisis del memorando no considera en su totalidad el alcance operativo de las II.

“Cabe señalar que la promulgación de la Ley 49 de 2024 no alteró el marco legal que regía a las aseguradoras internacionales en 2022, ni restringe la autoridad regulatoria de la OCI y no impide sus prácticas administrativas con respecto a las aseguradoras internacionales”, sostiene la comunicación.

Como asunto relevante Adams Vega indica que el informe y el memorándum omiten hacer referencia a la carta normativa 2024-349 adoptada por la OCS el 23 de febrero de 2024.

Esa carta normativa, según señala el Comisionado, obliga a todas las aseguradoras internacionales a notificar a la OCS antes de realizar negocios en otras jurisdicciones, facilitando la comunicación transparente y asegurando que los otros estados estén informados de las diferencias regulatorias aplicables para evitar operaciones de aseguradoras internacionales en otros estados.

Memorando en contra de acreditación

Adams Vega también indica que el Informe y el memorando parecen inclinarse hacia una acción formal contra la acreditación de la OCS, y no favorecen la segunda alternativa para lidiar con el efecto de la ley 49, que es garantizar mayor información y transparencia al Comité de normas y acreditación de la NAIC.

En defensa de las acciones durante su gestión, Adams Vega sostiene que ninguna acción administrativa adoptada por la OCS en relación con las II ha sido impugnada o revocada por un tribunal. Además, el Comisionado indicó que a pesar de la ley 49 de 2024, las prácticas administrativas actuales de la OCI cumplen con el manual de acreditación de la NAIC.

Un aspecto relevante de esta controversia es que de la comunicación enviada por Adams Vega se desprende que fue él quien recomendó a la NAIC crear el Grupo PR, que es la entidad actualmente recomienda revisar la acreditación de la OCS.

Por Miguel Díaz Román

El nombre de la ex presidenta de AIG Insurance Co de Puerto Rico, Agnes Suárez Méndez, figura como primera opción entre las quinielas de algunos sectores de la industria de seguros para que ocupe la posición de Comisionada de Seguros durante la nueva administración del Partido Nuevo Progresista (PNP), que encabeza la gobernadora elegida, Jenniffer González Colón.

Las fuentes que han conversado con SN también mencionan como candidatas con demostradas cualidades para ocupar la posición de Comisionada de Seguros a la actual comisionada auxiliar de servicios de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), licenciada Iris Calvente Galíndez, y a la vicepresidenta de Asuntos Legales de la aseguradora Triple S, licenciada Frances Cifuentes.

Para determinados sectores de la industria de seguros la candidata con mayores cualidades para ejercer el cargo es Suárez Méndez.

Así se lo han dejado saber al ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, quien estuvo involucrado en la redacción del programa de gobierno de Jenniffer González Colón, específicamente en los temas relacionados con el campo de los seguros.

Alegadamente, Rivera Ríos estaría también colaborando en identificar los candidatos de un “banco de talentos”, de entre los cuales González Colón pueda seleccionar a los futuros miembros de su gabinete.

No está claro si Suárez Méndez aceptaría la posición tras acogerse al retiro. SN intentó entrevistar a la ex presidenta de AIG Insurance para conocer su posición sobre el lanzamiento de su candidatura para dirigir la OCS de parte de miembros de la industria de seguros, pero la ex ejecutiva no estuvo disponible.

Dos candidatas

No obstante, las fuentes insisten en que, aunque existen tres candidatas, la competencia en realidad está restringida a las posibilidades de dos de ellas: Suárez Méndez y la licenciada Iris Calvente Galíndez.

Alegadamente, estas dos mujeres serían las candidatas con mayores probabilidades de prevalecer debido a que, por diversas razones, Frances Cifuentes no aceptaría o no le interesaría ocupar la posición.

Aunque la OCS es una agencia de gobierno que suele estar fuera del foco de atención de la prensa, entre su agenda cotidiana se encuentran asuntos relacionados directamente con la calidad de vida de toda la población del país como, por ejemplo, son las candentes controversias que rodean los servicios de salud, públicos o privados.

De hecho, un área de controversia en la que el Comisionado de Seguros que finalmente sea nombrado deberá lidiar son las profundas diferencias que separan a las aseguradoras de salud y los proveedores de servicios de salud.  

Otro inevitable asunto es garantizar el examen profundo de la solvencia de las aseguradoras de propiedad y la existencia de suficiente reaseguro, para evitar sorpresas desagradables como las acontecidas tras el paso del huracán María, que provocó la liquidación de las aseguradoras Integrand Insurance y Real Legacy en el 2019.  

Amplio conocimiento

De acuerdo con las fuentes, la preferencia que existe a favor de Suárez Méndez obedece a su amplio conocimiento sobre el campo de los seguros y especialmente su dominio sobre el funcionamiento interno de las aseguradoras.

Este aspecto, indican las fuentes, le permite a la expresidenta de AIG Insurance, tener una perspectiva certera sobre cómo la reglamentación vigente de la OCS o las medidas legislativas que se radiquen en la próxima legislatura, pueden alentar o entorpecer el desempeño de la industria de seguros.

Este último aspecto es de suma importancia porque uno de los retos que cuatrienio tras cuatrienio enfrenta la industria de seguros es la avalancha de legislación elaborada por nuevos legisladores que afecta el campo de los seguros.

La experiencia histórica es que gran parte de esa nueva legislación se elabora desde premisas equivocadas que ignoran cómo operan las aseguradoras y, precisamente, por esa circunstancia gran parte de esa nueva legislación no es aprobada debido que, entre otros efectos, propiciarían un aumento en el costo de las primas.

PNP bonafide

De hecho, unas de las principales responsabilidades de la OCS es garantizar la solvencia económica de las aseguradoras para proteger el eventual pago de reclamaciones a los asegurados.

Suárez Méndez se acogió al retiro en septiembre de 2023, cuando abandonó la principal silla administrativa de AIG Insurance. En la actualidad se mantiene realizando determinadas gestiones de asesoría en la industria de seguros.

A la ex ejecutiva se le reconoce como una novoprogresista bonafide ya que durante la administración del ex gobernador Pedro Rosselló, ocupó la posición de presidenta del Banco de Desarrollo Económico entre mayo de 1997 a diciembre de 2000.

Además, entre enero de 2001 a junio de 2002 se desempeñó como vice alcaldesa a cargo de la administración del municipio de San Juan durante la incumbencia del ex alcalde Jorge Santini, y como coordinadora de las estrategias programáticas del gabinete municipal.

Suárez Méndez también ocupó la posición de vicepresidente sénior de líneas financieras de HUB International / CLC Insurance Services de mayo de 2006 a abril 2018. Fue vicepresidenta regional de líneas financieras de American International Insurance Company de abril de 2004 a mayo de 2006 y se desempeñó como vicepresidente de Riesgo de Crédito del Bank and Trust of P.R. entre junio de 2002 a marzo de 2002.

Además, ocupó posiciones en el Citibank, (1992-1993) Chase Manhattan Bank, 1984-1992), en la oficina de Price Waterhouse en España (1983-1984) y AIESEC Internacional – Advisory Counselor para América Latina (1982 – 1983).

Tercera mujer en la OCS

Suárez Méndez posee un bachillerato en contabilidad de la Universidad de Puerto Rico y realizó estudios post graduados en la Escuela Graduada de Banca de la Universidad de Colorado.

Las fuentes señalaron que, si la gobernadora González Colón avala la petición para nombrar a Suárez Méndez y si ella acepta ocupar el cargo, sería la tercera Comisionada de Seguros desde que la OCS inició su gestión en 1957.

La primera fue Dolerisse Juarbe, quien ocupó la posición durante la administración del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

La segunda fue Angela Wayne, quien se desempeñó como ex presidenta de la agencia general Popular Insurance y de las aseguradoras Caribbean American Life Insurance Company y Caribbean American Property Insurance Company. Wayne, quien fue nombrada en 2013 por el ex gobernador Alejandro García Padilla, comenzó su carrera en la industria de seguros en la propia OCS donde trabajó como actuaria. 

Por Miguel Díaz Román

A pesar de que la cubierta Medicare Advantage ha sido catalogada como la más favorable económicamente para las aseguradoras, en los primeros seis meses del 2024 algunas de las principales aseguradoras que proveen esa cubierta registraron pérdidas, aunque en algunos casos las pérdidas son menores a las registradas en los primeros seis meses de 2023, lo que representa una tendencia preocupante para un sector que garantiza servicios de salud a miles jubilados del país.

De hecho, según una recopilación de los informes trimestrales radicados por las aseguradoras de salud en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), que incluye aquellas que proveen la cubierta Medicare Advantage y las cubiertas de salud convencionales, registraron una pérdida en conjunto de $231, 867 millones en los primeros seis meses de 2023, lo que representa un desempeño adverso histórico para las aseguradoras del país.

El desempeño adverso es especialmente sorpresivo para aquellas aseguradoras que suscriben la cubierta Medicare Advantage, que se ha destacado en el mercado local como el seguro de salud financiado con fondos federales que garantiza jugosas primas y tarifas.

MRL favorable en pequeñas empresas 

En los primeros seis meses de 2023 las aseguradoras que proveen la cubierta Medicare Advantage sufrieron pérdidas significativas como es el caso de MMM Health Care LLC, que registró una pérdida de $146,017 millones.  Además, Humana Health Plan of PR Inc tuvo una pérdida de $12,004 millones; Triple S Advantage Inc con $43,034 millones y MCS Advantage Inc con $30,288 millones.

Otras aseguradoras que no proveen la cubierta Medicare Advantage también experimentaron pérdidas como Ryder Health Care, First Medical Health Plan y Plan de Salud Menonita Inc.

Pérdidas a la orden

En los primeros seis meses de 2024 las aseguradoras que proveen la cubierta Medicare Advantage registraron pérdidas, aunque estas son menores en comparación con su desempeño en 2023. Estas aseguradoras son MMM Health Care LLC registró una pérdida de $20,168 millones; Humana Health Plan of PR Inc con $23,058 millones y Triple S Advantage Inc con $18,603 millones.  

No obstante, en ese periodo de 2024 algunas aseguradoras experimentaron un desempeño favorable, como es el caso de MCS Advantage Inc, que obtuvo ganancias por $5.4 millones.

De hecho, la aseguradora Triple S Salud, que provee seguros de salud convencionales y participa del plan Vital del gobierno, experimentó ganancias en los primeros seis meses de 2023 por $14.7 millones y en los primeros seis meses de 2024 obtuvo ganancias por $32.9 millones.

Otras aseguradoras que participan en el plan Vital del gobierno obtuvieron ganancias en 2024 como es el caso de First Medical Health Plan, que en los primeros seis meses de 2023 registró una pérdida de $5.5 millones, pero obtuvo ganancias por $3.3 millones en los primeros seis meses de 2024. El Plan de Salud Menonita Inc, que en los primeros seis meses de 2023 registró una pérdida de $26.2 millones, obtuvo ganancias por $24 millones en los primeros seis meses de 2024.

Migran los “member months”

Según la recopilación de los informes trimestrales radicados en la OCS, en los primeros seis meses de 2024 la aseguradora MCS Advantage Inc, registró un ingreso de $1,779,819 millones por concepto de primas suscritas, lo que representa un alza significativa de 132.8 % con respecto a las primas suscritas en el mismo periodo de 2023, cuando la aseguradora registró $1,340,216 millones.

No obstante, en los primeros seis meses de 2024 MMM Health Care LLC registró un ingreso de $1,557,053 millones por primas suscritas, lo que representa una pérdida 122.2 % en relación con la suscripción de primas registrada en los primeros seis meses de 2023, que ascendió $1,899,962 millones.

De hecho, según el informe financiero trimestral de MMM Health Care, sometido el pasado mes de agosto de 2024 en la OCS, entre junio de 2023 y junio de 2024, la aseguradora experimentó una merma de “member months” ascendente a 420,000, lo que podría indicar que hubo migración de asegurados hacia MCS Advantage Inc y otras aseguradoras.

Incluso, a diciembre de 2023 MMM Health Care ya había sufrido una pérdida de $252 millones, según el informe financiero trimestral de la aseguradora sometido en la OCS.

Según el informe financiero trimestral de MCS Advantage Inc, sometido el pasado mes de agosto de 2024 en la OCS, la aseguradora experimentó un alza de “member months”, pues en 2023 tenía 1,235,932 y para junio de 2024 esa cifra aumentó a 1,616,556.

Incluso, los ingresos por prima ascendieron de $1,340,215 millones en 2023 a $1,779,819 millones para junio de 2024.

Prima insuficiente

Conocedores de la industria de seguros indican que la situación que han enfrentado las aseguradoras que proveen la cubierta Medicare Advantage podría obedecer a varios factores entre los que figuran la insuficiencia de la prima, incremento en el costo de los medicamentos y de determinados servicios de salud.

También se mencionó un incremento sustancial en costos debido a la posible alta incidencia de padecimientos catastróficos entre el grupo de asegurados.

Según el informe sobre el estado de la industria de seguros del país realizado por la OCS para 2023, las aseguradoras de servicios de salud experimentaron una pérdida de $551 millones. El renglón de las aseguradoras de servicios de salud que comprende el informe incluye aquellas que proveen la cubierta Medicare Advantage y las cubiertas de salud convencionales.

El informe sostiene que las primas devengadas por las aseguradoras de salud ascendieron a $11,618 millones en 2023, mientras que las reclamaciones totalizaron $10,886 millones.

Más pérdidas según la OCS

Además, se registraron gastos de ajuste de pérdidas por $160 millones y gastos administrativos ascendentes a $1,148 millones. Al computar estas cifras el informe de la OCS sostiene que las aseguradoras de salud experimentaron una pérdida después del pago de contribuciones de $551 millones.  

El monto de las pérdidas se eleva a $578 millones después del pago de contribuciones, cuando el informe de la OCS incorpora junto a las aseguradoras de servicios de salud, a las aseguradoras de incapacidad del país que proveen seguros de salud convencionales para individuos y grupos y pólizas que ofrecen protección contra el cáncer y otros padecimientos.

De acuerdo con el informe, las primas devengadas por las aseguradoras de salud y las aseguradoras de incapacidad ascendieron a $13,965 millones en 2023, mientras que las reclamaciones totalizaron $13,019 millones. Además, se registraron gastos de ajuste de pérdidas por $160 millones y gastos administrativos ascendentes a $1,299 millones.

 Al computar estas cifras el informe de la OCS sostiene que las aseguradoras de salud experimentaron una pérdida después del pago de contribuciones de $578 millones. 

Baja capital y sobrante

De hecho, el informe reconoce que al comparar los resultados de 2023 con el 2022, las aseguradoras en conjunto experimentaron una reducción de 3 % entre capital y el sobrante, mientras que los pasivos (deudas y compromisos financieros) aumentaron en 18%.

El informe destaca que la tasa de pérdidas médicas (medical loss ratio o MLR por sus siglas en inglés) es un índice fundamental para entender el comportamiento de las aseguradoras de salud.

El MLR mide el porcentaje del dólar prima que un plan de salud dedica a pagar gastos médicos y servicios de salud. Sobre este aspecto el informe señala que la línea de negocio que provee seguros de salud a los empleados públicos del gobierno es la de mayor MLR, con un 95.8%.

De hecho, fuentes de la industria de seguros sostienen que el MRL atribuido a los seguros de salud que tienen a los empleados públicos del gobierno como principal suscriptor podría figurar como posible explicación a los problemas que enfrente la aseguradora First Medical Health Plan y que han trascendido en la prensa del país.

Es ampliamente conocido que la aseguradora es el principal asegurador de los empleados públicos.

El informe atribuye las pérdidas del MLR principalmente al incremento en el costo de los medicamentos y otros servicios médicos en el año 2023. El informe menciona que el MLR más favorable, con un 77.4%, lo tienen las líneas de negocios que ofrecen seguros de salud grupales a pequeñas empresas o entidades privadas.