Por Miguel Díaz Román
La terna de aspirantes para ocupar la posición de secretario de Agricultura ha sido larga e incluyó muchos funcionarios que actualmente trabajan en la agencia, pero los candidatos con posibilidades reales de obtener la nominación se reducen a unos pocos y existe una gran posibilidad de que una mujer sea seleccionada para dirigir el Departamento de Agricultura (DA).
De acuerdo con fuentes bien enteradas del proceso de selección que se anticipa ocurrirá en el entorno de la gobernadora elegida, Jeniffer González Colón, la posición de secretario de Agricultura podría ser ocupada por una mujer y entre las candidatas con posibilidades figuran las agrónomas Helga Méndez y Maribel Marrero.
La primera, que actualmente se desempeña en la división de estadísticas de DA en la región de Arecibo, se ha destacado en pasados cuatrienios dirigiendo los programas de Mercados Familiares y de Comedores Escolares en el DA, los cuales viabilizan más de $200 millones en fondos federales para la compra de productos agrícolas del país.
La segunda ocupó posiciones directivas en la Junta de Calidad Ambiental, en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, fue presidenta del Colegio de Agrónomos y posee una amplia experiencia en empresas del sector privado.
Según indicó una fuente, la selección de una mujer para dirigir el DA sería una oportunidad para que González Colón reivindique la determinante gestión de las féminas en la administración del DA, luego de que durante el mandato del secretario Ramón González Beiró, muchas profesionales de capacidad probada fueron retiradas de sus posiciones directivas o marginadas, lo que, alegadamente, afectó el desempeño de numerosos programas de la agencia.
La primera fue Myrna Comas
Durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla se designó a la profesora Myrna Comas Pagán como secretaria de Agricultura, que es la primera mujer en ocupar el cargo.
No obstante, entre el grupo de posibles candidatos para dirigir el DA también figuran hombres. Uno de ellos es el agrónomo Jesús Santiago, quien durante el pasado cuatrienio se desempeñó como secretario auxiliar de Integridad Agrocomercial del DA, que es una división relacionada con la aprobación de numerosas licencias que autorizan diversas actividades y productos agrícolas.
Entre esas licencias figuran las múltiples licencias para marcas de café que existen en el mercado. Integridad Agrocomercial también es responsable de viabilizar al sector agrícola hasta $60 millones en fondos estatales y federales.
Otro de los alegados candidatos para ocupar la silla de secretario de Agricultura es el actual director ejecutivo de la Autoridad de Tierras, Irving Rodríguez Torres, quien es respaldado por el saliente secretario del DA, González Beiró.
Pocas las posibilidades de retener el cargo
De acuerdo con algunas fuentes, González Beiró aún no ha descartado ocupar la posición de secretario en la administración de González Colón o, al menos, permanecer en el DA como subalterno del secretario que finalmente sea nominado.
No obstante, la única funcionaria que tiene el respaldo de González Colón para permanecer en su cargo actual es la doctora María Conte, quien es la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses.
La gobernadora elegida ha dicho que se reunirá con determinados secretarios de la presente administración para que permanezcan en su gobierno, que comienza el 1 de enero del 2025, pero en posiciones distintas.
Entre estos figuran el administrador de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá Batiz; el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres; el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa; la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez, y la administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, Carmen Bonet Vázquez.
De hecho, González Colón habilitó la página cibernética conocida como “Nuevo Gobierno” para que las personas que consideren cumplen con los requisitos para ocupar una secretaría presenten su resumé.
Candidatos a granel
Otros posibles candidatos para ocupar la secretaría de Agricultura son los agrónomos Robert Bradley, quien ha sido administrador de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias; Jorge Quiles, quien ha dirigido el Programa de Compraventa de Café y Javier Lugo Rullán, quien es el actual director ejecutivo de la Corporación de seguros Agrícolas y anteriormente ocupó la dirección de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL).
El subsecretario de Agricultura, Jorge Campos, también es mencionado como uno de los funcionarios que aspira a ser secretario del DA.
La persona que finalmente sea designada por González Colón para ocupar la posición deberá lidiar con los asuntos cotidianos de la agricultura y, además, enfrentará una serie de controversias y casos legales que han de figurar como un legado del cuatrienio de González Beiró.
Uno de esos casos legales es la demanda radicada por Suiza Dairy en el Tribunal Federal de San Juan, en la que solicita se encuentre en desacato a González Beiró y a la ORIL por incumplir un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013.
El citado acuerdo obliga a la ORIL a garantizar una ganancia adecuada a los integrantes de la industria lechera, especialmente a las plantas procesadoras, tras realizar evaluaciones económicas anuales y un amplio estudio cada cuatro años. Suiza Dairy sostiene en la demanda que ha perdido $172 millones por los incumplimientos de la ORIL. Incluso, tras radicar el pleito Suiza Dairy abandonó el mercado de leche fresca, que dominaba con más del 60 % de las ventas, debido a que, alegadamente, las decisiones de la ORIL lo habían convertido en una operación perdidosa.
Además, el pasado 1 de noviembre el Tribunal Supremo emitió un “no ha lugar” en un intento de la ORIL para que se revisara una determinación del Tribunal de Apelaciones de San Juan, que anuló una sanción económica impuesta contra un ganadero porque en la reglamentación vigente no existen disposiciones que autoricen ese tipo de castigo.
Controversias candentes
La ORIL había penalizado al ganadero Jesús R. Díaz González con el pago de $16,770.40 por, alegadamente, causar la contaminación por bacterias de 16,968 cuartillos de leche almacenada en un tanque de un camión de recogida del producto de la Vaquería Tres Monjitas.
La determinación del Tribunal del Supremo abre el telón para que decenas de ganaderos demanden al gobierno en busca de una compensación por daños económicos, debido a que la ORIL también los obligó a pagar miles de dólares por la leche decomisada que contenía los tanques de recogido, luego de que se determinara que sus entregas registraban altos contajes de bacterias.
Otra polémica controversia es la imposición de parte de la ORIL de nuevos parámetros de calidad, los cuales son más exigentes que los requerimientos para leche grado A que impone el gobierno federal. El reglamento 5 de la ORIL exige para las células somáticas contajes por debajo de 550,000 células por mililitro, mientras que el rango aceptado por el gobierno federal es de hasta 750,000 células por mililitro.
La presencia de células somáticas está relacionada con enfermedades en la ubre de las vacas y los técnicos de la ORIL ordenan el decomiso de aquella leche que no cumple con el contaje por debajo de 550,000 células por mililitro.
Los decomisos de leche y los gastos para cumplir con los nuevos parámetros de la ORIL han sido vinculados directamente con la quiebra de más de 50 ganaderías, lo que ha levantado una gran oposición en el sector ganadero.
Además, existe otra cantidad de controversias que podrían emerger durante las vistas de Comité de Transición, como aquella relacionada con el aval del DA para permitir la ubicación de placas solares en terrenos agrícolas; los múltiples contrataciones cuestionables realizadas a través del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola; las irregularidades relacionadas al Fondo de Mejoras Municipales, que administra la Autoridad de Tierras; los numerosos terrenos agrícolas de la AT alquilados por más 25 años a determinados empresarios; la controversia asociada a la alegada pérdida de más de 40 furgones de guineos importados desde Costa Rica y la controvertible aportación de $250,000 provenientes de fondos públicos a la Asociación de Agricultores.
