Por Miguel Díaz Román
En momentos cuando apenas faltan semanas para que se cumplan dos años luego de que la Oficina del Comisionado de Seguros recuperó la acreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), ha trascendido que la acreditación se encuentra nuevamente en peligro debido a las acciones del aún Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.
En un reciente memorando emitido el pasado 14 de octubre por el llamado Grupo Puerto Rico (Grupo PR) de la NAIC, del que SN tiene una copia, surge de manera escueta que la acreditación de la OCS podría estar sujeta a la revocación, suspensión o colocarse en un estado de “libertad condicionada”.
El Grupo PR fue creado por el Comité de normas y acreditación de la NAIC con el fin de analizar el impacto de la ley 49 de 2024, que fue firmada por el gobernador Pierluisi el pasado mes de febrero.
Los miembros del Grupo PR son los Comisionados de Seguros Eric Dunning, de Nebraska; Scott A. White, de Virginia; Jon Godfread de North Dakota; Lori K. Wing Heier de Arkansas; Andrew N. Mais de Connecticut State y Elizabeth K. Dwyer de Rhode Island.
La ley 49 establece, entre otras disposiciones, que las aseguradoras internacionales (II por sus siglas en inglés) instaladas en el Centro Internacional de Seguros (CIS) podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.
También introduce una enmienda al Código de Seguros para establecer que un asegurador internacional no podrá solicitar reciprocidad en otros estados por estar domiciliado en Puerto Rico.
Además, aclara que los aseguradores internacionales podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en los estados de Estados Unidos, siempre que cumplan con las leyes de esas jurisdicciones. No obstante, ya estas disposiciones existen en la reglamentación del CIS.
Un elemento novedoso de la medida es que obliga al Comisionado de Seguros a proteger y promover el desarrollo del CIS y además establece que el funcionario deberá rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, en o antes del 30 de junio de cada año, sobre los esfuerzos realizados por la OCS para cumplir con el requerimiento de proteger el CIS.
Las recomendaciones del Grupo PR de la NAIC para denegar o condicionar la acreditación de la OCS han hecho sonar las alarmas entre el grupo de incondicionales de Adams Vega, quienes han ejecutado lo indecible para que mantener en secreto los peligros que amenazan la acreditación, ante la inminente evaluación sobre el desempeño de esa oficina que realizará el Comité de Transición el próximo 6 de diciembre.
En ese momento a la administración de Pierluisi le faltarían tres semanas para abandonar el gobierno el próximo 31 de diciembre.
Misiva urgente
Ante el efecto adverso que causaría que la OCS pierda nuevamente su acreditación, los senadores Juan Zaragoza Gómez y Carmelo Ríos enviaron una misiva urgente a la NAIC el pasado 14 de noviembre con el objetivo de definir claramente los efectos de la ley 49 y para aclarar las conjeturas efectuadas por el Grupo PR que surgen del memorando.
Es preciso destacar que el gobernador Pierluisi convirtió el Proyecto del Senado 1352, radicado por Zaragoza Gómez, en la ley 49 a pesar de que Adams Vega realizó un férreo cabildeo en la legislatura para que la medida no fuera aprobada.
De hecho, desde que Adams Vega fue nombrado Comisionado de Seguros a finales del 2022 utilizó las prerrogativas de su cargo para impedir que las aseguradoras instaladas en el CIS reaseguren riesgos localizados en Estados Unidos.
Adams Vega había advertido que permitir el reaseguro de riesgos en Estados Unidos por las aseguradoras instaladas en el CIS podría causar que la OCS perdiera la acreditación de la NAIC.
Adams Vega en contra del CIS
La acreditación fue suspendida en julio de 2020 tras la NAIC rechazar la aprobación que realizó la OCS en 2018 de una transacción financiera a favor de unas aseguradoras instaladas en el CIS, que pudo colocar en peligro a miles de asegurados en los Estados Unidos.
La citada transacción fue avalada por el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos. En aquel momento Adams Vega fungía como comisionado auxiliar de Asuntos Legales de la OCS.
Luego de asumir oficialmente el cargo de Comisionado de Seguros, Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007 el 7 de diciembre de 2022, la cual impuso a las aseguradoras instaladas en el CIS la obligación de cumplir con varios requisitos que figuran como exigencias obligatorias a las aseguradoras tradicionales que operan en el mercado local.
Informe imputa fraude a Comisionado
Las aseguradoras instaladas en el CIS no ofrecen sus servicios el mercado local sino en jurisdicciones en los Estados Unidos y en países extranjeros.
Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS el 12 de diciembre de 2022.
No obstante, el informe de la Resolución del Senado 612, radicada también por el senador Zaragoza Gómez, concluyó que Adams Vega cometió fraude al representar falsamente que había prohibido por la vía administrativa, a través de la carta circular 2022-2007, que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS hicieran negocios en los Estados Unidos.
Según el informe, ese tipo de determinación requería una enmienda a la ley matriz CIS, la Ley 399 de 2004.
Tras la aprobación del PS 1352 por la Cámara de Representantes y el Senado, Adams Vega derogó la carta circular 2022-2007 el 19 de enero de 2024. La derogación ocurrió luego de que el Comité Ejecutivo de la NAIC realizó una sorpresiva visita en San Juan los días 12 y 13 de enero que fue mantenida en secreto.
No a las aseguradoras multiestatales
En síntesis, el Grupo PR recomienda tomar medidas contra la acreditación de la OCS en la medida que la ley 49 impide que las regulaciones de la NAIC sobre las II se puedan aplicar a las aseguradoras que operan en el CIS.
Específicamente, la contención de la Grupo PR gira en torno a que no se puede impedir que las II operen también como aseguradoras multiestatales o que participen en actividades de seguros en varios estados.
Sobre ese particular el memorando del Grupo PR indica: “una opción disponible para el comité es tomar una acción formal sobre la situación de acreditación de la OCS en función de las inquietudes con respecto a la incapacidad de aplicar los estándares de la Parte A a las II o impedir que participen en actividades de seguros en varios estados. Se podrían tomar varias medidas posibles según la determinación que se realice sobre el impacto de la PS 1352 (ley 49), ya que ciertas medidas requieren que el comisionado tenga la autoridad para remediar el problema dentro de un plazo razonable. Una lista de posibles medidas son la libertad condicional, suspensión o revocación”.
Además, el memorando del Grupo PR sostiene que, tras la revocación de la acreditación, la OCS podría presentar una apelación ante un panel que evaluaría los argumentos y deberá emitir una determinación, la cual sería final y firme en tan solo 30 días.
“Si el comité decide suspender o revocar la acreditación de la OCS, esa oficina tendrá el derecho de apelar esa decisión de acuerdo con los procedimientos de apelación para las normas de regulación financiera y el Programa de Acreditación de la NAIC. Un panel de audiencias revisaría la justificación escrita de la OCS para la apelación y estaría obligado a emitir una determinación final dentro de treinta (30) días. Esta decisión sería definitiva y no estaría sujeta a más impugnaciones o apelaciones”, señala el memorando.
Las aseguradoras del CIS no son multiestatales
En reacción a este planteamiento la carta de los senadores Zaragoza y Ríos explica que las II establecidas en CIS no pueden operar como aseguradoras multiestatales o participar de actividades de seguros en varios estados.
“Las aseguradoras y reaseguradoras internacionales de Puerto Rico que operan bajo la ley 399 del CIS no son aseguradoras multiestatales para los fines del Programa de Acreditación de la NAIC, ya que no pueden tener licencia en un estado o territorio de los Estados Unidos que no sea Puerto Rico. La única excepción a este principio general se aplica a algunas aseguradoras y reaseguradoras internacionales que bajo la ley del CIS reciben una autorización de categoría especial bajo la Regla 100 del Código de Seguros de Puerto Rico para reasegurar riesgos de residentes ubicados en Puerto Rico”, señala la carta de los senadores.
La misiva también explica que las II que reciban la citada autorización de categoría especial para reasegurar riesgos de Puerto Rico deben haber cumplido con los mismos requisitos de capitalización, superávit, depósito, inversión y otros requisitos de autorización de financiamiento que se le exige a las aseguradoras domésticas organizadas en Puerto Rico.
“Las II que tengan una autorización de categoría especial para reasegurar riesgos de Puerto Rico pueden calificar como aseguradores “multiestatales” en la medida en que busquen y obtengan autorización para reasegurar riesgos como un reasegurador acreditado en un estado o territorio que no sea Puerto Rico”, aclaran los senadores en la carta.
Zaragoza Gómez y Ríos también le señalan al comité de la NAIC que la acreditación de la OCS que está vigente actualmente es totalmente compatible con las disposiciones de la Ley 49.
Puerto Rico no debería perder su acreditación
Incluso, los senadores advierten que la ley 399 o ley matriz de CIS de Puerto Rico es comparable la Ley Modelo de Compañías de Células Protegidas de la NAIC o la Ley Modelo Uniforme de Aseguradoras Cautivas del Consejo Nacional de Legisladores de Seguros, dos leyes modelo que han sido adoptadas por numerosos estados y territorios de los Estados Unidos.
“Por lo tanto, así como los estados y territorios de los Estados Unidos que adopten cualquiera de las leyes modelo anteriores que regulan las aseguradoras de células protegidas y las aseguradoras cautivas no pueden perder su estatus de acreditación de la NAIC basándose únicamente en el hecho de que hayan adoptado una ley especial que rija dichas entidades, Puerto Rico tampoco puede perder su acreditación de la NAIC por haber optado por adoptar la ley 399 de 2004 y establecer un CIS”, concluyeron los senadores en su misiva.
Por su parte, Adams Vega discrepó de las conclusiones del memorando del Grupo PR y defendió las gestiones realizadas por la OCS durante su incumbencia, en una comunicación confidencial de la que SN tiene copia, enviada el pasado 30 de octubre a la NAIC.
La misiva fue enviada a Daniel Schelp, quien es el abogado principal de la División legal y asuntos regulatorios de la NAIC; Eric Dunning, que es el presidente del Grupo PR y Lori K. Wing Heir, quien es miembro del Grupo PR y presidenta del Comité de Normas de Regulación y Acreditación Financiera de la NAIC.
Se defiende Adams Vega
En la carta Adams Vega sostiene que existen disparidades entre los hechos y el análisis en los informes de la División Legal de la NAIC de 2022 y 2024. También alega que el memorándum y el Informe contienen una interpretación errónea de la resolución del senado 612, la cual, según indica el Comisionado, carece de fundamento para declarar ilegal certas prácticas administrativas.
Sostiene, además, que el informe de la División Legal malinterpreta la aplicación de la derogada carta circular 2022-2007 y que la Ley 49 de 2024 no es vinculante para otros estados. También advierte que el análisis del memorando no considera en su totalidad el alcance operativo de las II.
“Cabe señalar que la promulgación de la Ley 49 de 2024 no alteró el marco legal que regía a las aseguradoras internacionales en 2022, ni restringe la autoridad regulatoria de la OCI y no impide sus prácticas administrativas con respecto a las aseguradoras internacionales”, sostiene la comunicación.
Como asunto relevante Adams Vega indica que el informe y el memorándum omiten hacer referencia a la carta normativa 2024-349 adoptada por la OCS el 23 de febrero de 2024.
Esa carta normativa, según señala el Comisionado, obliga a todas las aseguradoras internacionales a notificar a la OCS antes de realizar negocios en otras jurisdicciones, facilitando la comunicación transparente y asegurando que los otros estados estén informados de las diferencias regulatorias aplicables para evitar operaciones de aseguradoras internacionales en otros estados.
Memorando en contra de acreditación
Adams Vega también indica que el Informe y el memorando parecen inclinarse hacia una acción formal contra la acreditación de la OCS, y no favorecen la segunda alternativa para lidiar con el efecto de la ley 49, que es garantizar mayor información y transparencia al Comité de normas y acreditación de la NAIC.
En defensa de las acciones durante su gestión, Adams Vega sostiene que ninguna acción administrativa adoptada por la OCS en relación con las II ha sido impugnada o revocada por un tribunal. Además, el Comisionado indicó que a pesar de la ley 49 de 2024, las prácticas administrativas actuales de la OCI cumplen con el manual de acreditación de la NAIC.
Un aspecto relevante de esta controversia es que de la comunicación enviada por Adams Vega se desprende que fue él quien recomendó a la NAIC crear el Grupo PR, que es la entidad actualmente recomienda revisar la acreditación de la OCS.
