Por Miguel Díaz Román
El Fondo de Fomento de la Industria Lechera (FFIL) acusó al exdirector ejecutivo del organismo, Orlando Fabré Laboy, de realizar una manifestación “falsa, libelosa y difamatoria” en una querella por despido injustificado en la que el ex ejecutivo sostuvo que fue separado de cargo en represalia por expresar su oposición a varios intentos de aprobar el “desembolso de dinero del presupuesto anual para beneficiar a los integrantes de la Junta de Directores sobre los demás ganaderos”.
En una contestación a la querella que fue radicada el pasado 1 de noviembre, el FFIL negó que Fabré Laboy fue despedido por denunciar los intentos de aprobar el desembolso de dinero para beneficiar a los integrantes de la Junta de Directores y sostuvo que tal alegación es “falsa, libelosa y difamatoria” y “constituye un acto de bajeza moral extrema”.
El FFIL, que es representado por el licenciado Samuel Torres Cortés, solicitó al tribunal que declare no a lugar la querella de Fabré Laboy.
La citada querella fue radicada el pasado 11 de octubre en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas por los abogados Sol Beatriz Concepción y Gabriel A. Ramos Vargas.
Despido por denunciar acciones ilegales
En su querella Fabré Laboy denunció que fue despedido “por no avalar posturas de los miembros de la Junta que contravenían las Leyes y Reglamentos aplicables a la Industria Lechera”.
“El patrono querellado despidió al obrero querellante en represalias por haberse expresado y ofrecer testimonio e información en un procedimiento interno establecido por la entidad, o ante personas con autoridad por el contenido de su testimonio y por no avalar posturas de los miembros de la Junta que contravenían las Leyes y Reglamentos aplicables a la Industria Lechera. Todo esto en violación a las disposiciones de la Ley Núm. 115 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como “Ley de Represalias contra el Empleado por Ofrecer Testimonio”, sostuvo la querella del ex director ejecutivo del FFIL.
En su respuesta a lo planteado por Fabré Laboy sobre que fue despedido por denunciar acciones ilegales, el FFIL argumentó que los miembros de la junta de directores son cumplidores de la ley.
FFIL afirma miembros cumplen la ley
“Se afirma que los miembros de la junta de directores de la entidad compareciente, quienes son productores y/o elaboradores de leche en Puerto Rico, no violan las leyes ni los reglamentos que rigen la industria lechera puertorriqueña. Por el contrario, éstos actúan, en todo momento, en cumplimiento estricto de dichas normas y con el propósito loable de producir un alimento esencial para la dieta de los puertorriqueños. Por ello, las imputaciones del querellante son libelosas, infundadas y malsanas y su despido no constituye represalia alguna por lo que éste haya dicho o haya podido decir, ya que los miembros de la junta de directorios del coquerellado compareciente no toman represalia alguna contra nadie”, sostiene el FFIL.
En su querella el ex ejecutivo del FFIL señaló que fue expulsado de su cargo luego de expresar su posición en un procedimiento interno de la entidad y ante “la persona con autoridad” del FFIL. La alegada persona con autoridad es el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien ocupa la posición de presidente interino de la Junta de Directores del FFIL.
Fabré Laboy también denunció que fue despedido por oponerse ante González Beiró y ante la Junta de Directivos del FFIL, sobre varios intentos de avalar un desembolso de dinero del presupuesto anual del FFIL para beneficiar a los integrantes de la Junta de Directores.
“Habiendo sido el obrero querellante despedido sin justa causa y en represalias, por este haberse expresado en un procedimiento interno establecido de la entidad, o persona con autoridad (Ramón González Beiró, presidente Interino de la Junta de Directores) y demás integrantes de la Junta de Directivos del FFIL y por expresar oposición a varios intentos de desembolso de dinero del presupuesto anual para beneficiar a los integrantes de la Junta de Directores sobre los demás ganaderos, resultando así en un despido ilegal”, expresa la querella de Fabre Laboy.
En su querella Fabré Laboy no revela cuál fue la cantidad de dinero procedente del presupuesto de la entidad que se quería aprobar para beneficiar a determinados integrantes de la Junta de Directores.
Niegan intención de avalar desembolso
El documento tampoco identifica las razones que justificaban el citado desembolso presuntamente ilegal y quiénes serían los miembros de la Junta de Directores que serían beneficiados con el dinero.
Pero en la contestación a la querella el FFIL negó que la Junta de Directores tuviera intenciones de avalar un desembolso para beneficiar a determinados miembros de la Junta de Directores.
“Se niega lo alegado en el párrafo veinticuatro de la demanda por ser una manifestación falsa y libelosa en la cual el querellante imputa intentos de la comisión de delitos criminales por parte de los integrantes de la junta de directores, lo cual además de ser patentemente falso, libeloso y difamatorio, constituye un acto de bajeza moral extrema”, sostuvo el FFIL en su contestación a la querella.
Daño autoinfligido
El FFIL expresó que el despido de Fabré Laboy fue un daño “autoinfligido”, el cual “obedece a la insatisfacción de la junta de directores con su desempeño como director ejecutivo”. El despido de Fabré Laboy aconteció el pasado 21 de febrero de 2024.
Además, el FFIL negó que durante la incumbencia de Fabré Laboy se haya registrado un superávit en los ingresos del organismo. También rechazó la alegación del ex ejecutivo sobre que fue felicitado por auditores externos por sus ejecutorias administrativas.
En su querella Fabré Laboy alegó que un día antes de su fulminante despido, el 20 de febrero de 2024 y durante la celebración de una junta ordinaria del FFIL, “auditores externos reconocieran y felicitaran a éste por presentar el mejor estado financiero de FFIL en los pasados diez años. A pesar de lo anterior, al día siguiente fue despedido de manera súbita, injustificada e ilegalmente”.
Pero el FFIL expuso de manera escueta en su contestación a la querella “que el alegado superávit en el estado financiero no fue causado por sus ejecutorias, salvo las que le ordenó que llevara a cabo la junta de directores del querellado compareciente. Por otro lado, si el superávit mencionado se debió a su gestión, ello podría implicar también que el déficit de $1.2 millones de dólares del año anterior se debió a su gestión igualmente”.
Junta insatisfecha con Fabré Laboy
El documento presentado por el FFIL cita una parte de la misiva enviada a Fabré Laboy en la que se alega que el despido obedeció a la insatisfacción de la junta de directores con su desempeño como director ejecutivo.
“Las razones que han causado esta decisión están relacionadas con el desempeño de sus labores, las cuales han resultado insatisfactorias en algunas instancias importantes. Adicionalmente, sus ejecutorias, en ocasiones, han excedido las facultades concedidas como director ejecutivo, lo cual ha causado perjuicios que resultan inconvenientes y onerosos para nuestra institución”, expresa la carta citada en la contestación de la querella presentada por el FFIL.
La querella sostiene que Fabré Laboy o el “obrero querellante”, fue despedido mediante una misiva firmada por la Junta de Directores del FFIL, en la cual se aducen causas de despido que no están comprendidas en la Ley 80 del 30 de mayo de 1976, conocida como “Ley Sobre Despidos Injustificados” y son contrarias a la ley 115 del 20 de diciembre de 1961, conocida como “Ley de Represalias contra el Empleado por Ofrecer Testimonio”.
Pide embargo preventivo
Fabré Laboy sostiene en su querella que fue despedido por ventilar su oposición a un acto ilegal, lo que viola la ley 115, que garantiza protecciones a los empleados que realizan denuncias.
Entre los imputados en la querella del ex director ejecutivo del FFIL, figuran Manuel Enrique Martínez Arbona, quien es el vicepresidente de la Junta de Directores del FFIL; Orlando González Núñez, quien es el secretario de la Junta de Directores del FFIL y administrador de la planta procesadora Tres Monjitas y Wilfredo Román Delgado, quien es el tesorero de la Junta de Directores del FFIL.
Los restantes imputados son los oficiales de la Junta Directores del FFIL José Roberto Figueroa Lebrón; José Miguel Barletta Rodríguez; Manuel Efraín Robles Mendoza; Rosalyn Gaztambide Janer; Víctor Ruiz Arizmendi y Pablo Vallejo Ruiz, quien es el presidente de la planta procesadora Suiza Dairy.
Fabre Laboy reclama todos los salarios dejados de devengar desde la fecha de su despido. También solicita un embargo preventivo sobre los bienes del FFIL por la cantidad de $250,000.00 y reclama el amparo de la Ley 2 de 17 de octubre de 1961, que dispone un procedimiento especial de carácter sumario para su tramitación.
