Por Miguel Díaz Román
La aseguradora Multinational Insurance Company (MIC) acusó a los consejos de titulares de ocho condominios exclusivos de la zona metropolitana de San Juan y a un grupo de empresas de peritaje, consultores e ingenieros, de crear un esquema de fraude para inflar el monto de las reclamaciones por daños causados por el huracán María.
En una petición presentada el pasado 13 de agosto en el Tribunal Superior de San Juan, la aseguradora sostuvo que nueve casos civiles que se ventilan en ese tribunal y que involucra a los ocho consejos de titulares, ha surgido evidencia de que presentan un patrón similar de fraude para sobrevalorar las reclamaciones por pérdidas causadas por el huracán María.
Ante esa realidad y para ahorrar gastos procesales al Tribunal, MIC presentó una petición de sentencia sumaria para que se condene a los demandados a resarcir a la aseguradora con $1 millón por los presuntos daños causados a la reputación de la empresa.
Además, MIC exige el pago de $600,000 adicionales por los gastos en que tuvo que incurrir para atender las reclamaciones fraudulentas como, por ejemplo, el pago por servicios periciales, de ajuste y otros gastos relacionados con los litigios como la toma de deposiciones.
Una moción de sentencia sumaria está justificada cuando una de las partes entiende que no existen hechos en controversia y que el tribunal se encuentra en posición de resolver.
Los consejos de titulares demandados pertenecen a los condominios Ashford Imperial, Camino Terraverde, Villas del Mar, Bosque del Río, Surfside Mansions, Portales de Carolina, Condado del Mar, condominio Paola y la empresa propietaria de edificios ELI S.E.
También figuran como demandados la empresa Forensic Building Science, Inc., (FBS), que es presidida por Tom Irmiter; el ingeniero Agustín Mujica, el contratista Raymond P. Shipley; la empresa de ingenieros Case Strategies Group, Inc, que es presidida por Craig Sienema; el ingeniero André Melo, quien es un ejecutivo de la empresa Principled Engineering Consultants Limited Liability Company; la empresa Attenure Group LLC; el fideicomiso Attenure Holding y la empresa HRH Property Holding, LLC (HRH).
MIC es representada por los abogados Carlos M. Rivera Vicent, Eduardo Capdevila Díaz, Ricardo Steffens, Germán Rieckehoff Pérez y Julio Nigaglioni Arache, quienes pertenecen al bufete Cancio, Nadal & Rivera.
Reclamaciones incluyen daños inexistentes
De acuerdo con la demanda de MIC, tras el paso del huracán María los consejos de titulares de los condominios demandados habían contratado ajustadores públicos en el mercado local o ajustadores procedentes de Estados Unidos, quienes presentaron las reclamaciones por daños.
Posteriormente los consejos de titulares contrataron algunas de las empresas codemandadas para que los representara ante la aseguradora, tras lo cual se presentaron informes de reclamaciones que incluían daños que no fueron reclamados originalmente.
Además, las reclamaciones presentadas por esas empresas aumentaban sustancialmente la valorización de los daños, en relación con las reclamaciones originales. Según la demanda, la sobrevaloración de los estimados de daños tenía como objetivo inflar el monto de las reclamaciones, lo cual constituye una violación grave al Código de Seguros.
Incluso, la demanda sostiene que el acto de inflar las reclamaciones afectó a los consejos de titulares porque tras la oposición de MIC a concretar ajustes finales, estas entidades no han recibido los pagos para rehabilitar sus condominios.
Otro planteamiento es que esas empresas alentaron falsas expectativas en los consejos de titulares sobre que los pagos por las reclamaciones serían sustancialmente altos, con el único fin de lograr que los contrataran.
Dos esquemas de fraude
De hecho, la demanda identifica dos esquemas de fraude principales. En el primero de ellos participó el bufete de abogados Raizner Lee LLC, que tiene oficinas en Texas y se estableció en Puerto Rico tras el paso del huracán María para ofrecer servicios legales y de peritaje a los consejos de titulares en reclamaciones contra las aseguradoras.
Según indica el documento, Raizner Lee LLC, que no figura como codemandado en el pleito, contrató a la empresa FBS, la cual se dedica al peritaje forense de edificios. Para evaluar los daños y preparar los estimados de pérdidas se contrató al ingeniero Agustín Mujica.
El costo de los servicios por los servicios de peritaje, sostiene la demanda, fue sufragado por la firma Raizner Lee LLC. Luego el bufete de abogados incluyó el costo del peritaje como parte de los gastos incurridos en el litigio. La demanda alega que para sufragar los gastos totales del litigio y obtener, además, una ganancia, fue necesario sobrevalorar los daños del asegurado, una responsabilidad que recayó en la firma de consultores FBS y su consultor, el ingeniero Agustín Mujica.
De hecho, la demanda relata cómo, alegadamente, FBS y Mujica inflaron el monto de las reclamaciones en varios condominios a través de incluir materiales y servicios para la reparación de las estructuras que resultaban innecesarios e incluyendo pérdidas de equipos inexistentes y extendiendo los efectos de las pérdidas en apartamentos que no enfrentaron daños.
Adelantos a cambio de controlar las reclamaciones
En el segundo esquema de fraude participó la empresa Attenure Group, la cual lograba acuerdos con los consejos de titulares que consistían en tomar control total de las reclamaciones a cambio de adelantar una cantidad de dinero para que comenzaran los trabajos de rehabilitación.
Las empresas Attenure Holding Trust y HRH tenían el control de las acciones civiles contra las aseguradoras en los tribunales y junto a ellas también participaron varias firmas de ingenieros y de contratistas, quienes inflaron la valorizaron las reclamaciones.
Entre estas firmas, según indica la demanda, se encuentra el contratista Raymond Shipley y Case Strategies Group, Inc.
La demanda relata cómo, alegadamente, el contratista Raymond Shipley y Case Strategies Group inflaron el monto de las reclamaciones en varios condominios al reclamar daños en áreas que no fueron afectadas por el huracán y reclamar trabajos de reparación que resultaron increíbles, como alegar que todos los enchufes eléctricos de todos los apartamentos se debían sustituir, así como reclamar daños en los elevadores que no eran compatibles con la realidad de esos equipos.
Según la demanda, la empresa Attenure Group adelantó a los consejos de titulares cantidades sustanciales de dinero y, además, se hicieron cargo del dinero adeudado a los ajustadores públicos y a los abogados que los representaban.
Nuevas inspecciones
Como condición específica del contrato, los asegurados aceptaron que sus condominios fueran inspeccionados nuevamente, lo que causó la aparición de nuevos reclamos de pérdidas que no integraban la reclamación original.
La demanda indica que los informes de las nuevas inspecciones se realizaron con la intención de defraudar a MIC, inflar las reclamaciones e incluir daños que nunca fueron reclamados, aun cuando ya algunos condominios habían sido inspeccionados por ingenieros, consultores, y ajustadores públicos.
Otro argumento de la demanda es que durante el paso del huracán María en 2017, estaba en vigor la carta normativa 75, la cual fue emitida por la Oficina del Comisionado de Seguros en 2006. Esa carta normativa exigía que la valorización de un apartamento en una póliza de condominio tendría una vigencia de dos años.
La demanda sostiene que los límites de las pólizas de los codemandados no podían tener más de dos años de establecidos mediante tasación. No obstante, se presentaron reclamaciones por cantidades que sobrepasan los límites de cubierta de la póliza en porcentajes que comienzan en más de 100% sobre el límite de la póliza y en ocasiones el valor de los daños reclamados superan en más de 1,000 % el límite de la póliza.
Entre los reclamos al Tribunal MIC solicita que, por haber incurrido en fraude, los demandados renunciaron, y se les debe impedir que reciban una indemnización por las pérdidas ocurridas en los condominios por el paso del huracán María. Incluso, MIC exige que, por haber incurrido en fraude, los demandados deben reembolsar aquellas partidas que hayan recibido como adelanto por sus pérdidas.
