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Inspector General detecta pagos injustificados del subsidio salarial agrícola

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Por Miguel Díaz Román

El administrador de la Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), Juan Luis “Pochy” Rodríguez, enfrenta una querella por graves violaciones administrativas radicada por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) debido a que no ha podido entregar documentos que justifiquen el pago por miles de dólares del subsidio salarial agrícola a decenas de agricultores.

La OIC radicó la querella en el foro administrativo de esa dependencia gubernamental ayer 8 de agosto de 2023 como resultado de los reiterados incumplimientos del funcionario para entregar la información requerida.

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El incumplimiento del administrador de la ADEA acontece en medio de una investigación de la OIG que ya ha identificado graves deficiencias en la presentación de determinados documentos relativos a las nóminas de decenas de agricultores para justificar los pagos que se realizaron del subsidio salarial agrícola.

En un comunicado de prensa emitido hoy por la OIG, se informó que las deficiencias ocurrieron durante los años fiscales 2017-18 y 2018-19, que son los años fiscales posteriores al paso del huracán María.

En esos años el Departamento de Agricultura (DA) fue dirigido por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Del comunicado se desprende que las deficiencias de información están relacionadas con agricultores de la región agrícola de Utuado, que para entonces era dirigida por la agrónoma Noelia López.

La funcionaria actualmente es ayudante del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, y además ocupa la posición de directora de la Oficina de Presupuesto del DA.

ADEA sin control de documentos

El comunicado sostiene que en el examen realizado a 736 transacciones de pago de subsidio salarial a 92 agricultores en la región de Utuado, se identificó que ADEA no mantiene un control adecuado de los pliegos de pago a los agricultores, lo cual ocasionó que documentos que sustenten los desembolsos efectuados o por efectuar no fueran localizados para el examen de los auditores.

Además, el comunicado indica que se reflejó la ausencia de informes de contabilidad y deficiencias en los desembolsos efectuados y en completar los formularios para la otorgación del subsidio.

La OIG sostiene que, de acuerdo con la muestra evaluada, ADEA realizó desembolsos a 92 agricultores para los años fiscales 2017-18 y 2018-19, correspondientes al pago del subsidio salarial agrícola por hora o por producción.

Según el comunicado se realizaron 538 desembolsos ascendentes a $943,720.29. En 149 de tales transacciones, la OIG validó que se había pagado a los agricultores un total de $233,599.04, sin tener en los expedientes los documentos requeridos para la elegibilidad del subsidio.

En otras 19 instancias no se había pagado el subsidio salarial solicitado por los agricultores por $30,835.92 para los años fiscales 2017-18 y 2018-19. ADEA no indicó por qué no se habían emitido estos desembolsos de subsidio salarial.

En otras 71 instancias, les fue pagado a agricultores de la Región de Utuado el subsidio salarial por $128,542.36. De estos pagos la ADEA no suministró los documentos que los sustentan para verificar si fueron realizados correctamente.

OIG contra administrador ADEA

El comunicado explica que luego de varias comunicaciones con la ADEA e intentos infructuosos para que proveyera los documentos que faltaban, el 30 de septiembre de 2022, la OIG emitió una orden para mostrar causa, producción de documentos y certificación de Información.

Tras la emisión de la orden la ADEA fue incapaz de ofrecer la información según indica el comunicado: «tras varios incidentes procesales, comunicaciones y reuniones con los funcionarios de ADEA, la OIG no recibió la presentación de la documentación requerida, ni de certificaciones negativas a los efectos de consignar las razones por las cuales los documentos no pudieron ser localizados o provistos».

Ante los hallazgos y las situaciones identificadas durante el examen, que incluye los incumplimientos con la entrega de información requerida, se realizó un referido interno al Área de Querellas e Investigación de la OIG, la cual determinó el inició de un proceso en el foro administrativo mediante la presentación de querella, el 8 de agosto de 2023, contra el principal funcionario de ADEA.

Reacciona Flores Ortega

En reacción al comunicado de la OIG, Flores Ortega emitió unos comentarios escritos que fundamentalmente indican que tras el huracán María se registraron problemas en el sistema eléctrico que impidió el uso de los sistemas de computadoras y obligó que los trámites administrativos se realizarán de manera manual. Según Flores Ortega esa situación pudo causar que se extraviaran determinados documentos.

“Puede haber habido problemas con documentación ya que todo cambió de electrónico a manual, pero luego se fueron adquiriendo y solicitando documentos a los agricultores para actualizar los expedientes de cada agricultor. Muchos de los documentos que se necesitan los proveen a su vez otras agencias de gobierno como Fondo del Seguro del Estado, pago del Seguro Social, Desempleo del Departamento del Trabajo y otros más. No dudo que se hayan encontrado deficiencias y no se puede tapar el cielo con la mano, veníamos recuperándonos de un desastre mayor. Sin embargo, las auditorías se respetan y hay que contestarlas”, dijo Flores Ortega.

El ex secretario indicó que es inconcebible que la agrónoma Noelia López no haya podido responder a la indagación de la OIG. “Le corresponde a la agrónoma Noelia López y al agrónomo Juan Luis Rodríguez, Administrador de ADEA, contestar”, concluyó Flores Ortega.

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