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Industria europea de reaseguro rechaza que Comisionado de Seguros pueda ajustar reclamaciones

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Por Miguel Díaz Román

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El Consejo Asesor de Reaseguros (RAB por sus siglas en inglés) de la industria de seguros de la Unión Europea ha rechazado el controvertible Proyecto de la Cámara 1533, que propone conceder a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el poder de ajustar reclamaciones.

El rechazo de la medida por la RAB, cuya sede está ubicada en la ciudad de Bruselas en Bélgica donde, además, se encuentra el gobierno central de la Unión Europa, acontece en momentos cuando el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, continúa respaldando la medida a pesar de que no fue aprobada en la pasada sesión legislativa.

La RAB sostuvo que el Proyecto 1533 representa un conflicto de intereses para la OCS porque mientras legalmente esa oficina es el regulador de la industria de seguros en Puerto Rico, como resultado de la aprobación de la medida también asumiría el papel de ajustador de reclamaciones en controversia.

Según la RAB, la aprobación del proyecto transformaría el papel de la OCS como un regulador imparcial frente a las controversias de seguros, convirtiéndolo en una parte activa porque efectivamente actuaría como un ajustador de las reclamaciones cuestionadas y emitidas por los regulados.

Contradicción inherente

“La RAB cree que existe una contradicción inherente en el rol propuesto, ya que probablemente crearía expectativas de que la OCS trabajaría para garantizar un pago rápido y completo, lo que sería incompatible con la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas prudenciales y que se siga el debido proceso en la gestión de las aseguradoras”, sostuvo Margaret Mcauliffe, quien es la presidenta de la RAB.

Incluso, Mcauliffe señaló que la RAB “no tiene conocimiento de ninguna otra jurisdicción en la que el regulador asume este doble papel”.

Las expresiones de Mcauliffe figuran en una misiva de tres páginas que la RAB envió el pasado 3 de julio a la representante Estrella Martínez Soto, quien es la autora del proyecto y quien también preside la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes.

La RAB envió copias de la carta al presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez; al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago; al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David A. Skeel.

La RAB es un órgano representativo especializado de la industria de reaseguros en la Unión Europea, el cual está integrado por las siete mayores reaseguradoras europeas, quienes manejan más del 50% de los ingresos totales por primas de reaseguro en todo el mundo. Estas reaseguradoras son Gen Re, Hannover Re, Lloyd ‘s, Munich Re, PartnerRe, SCOR y Swiss Re.

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En la carta Mcauliffe señala que la RAB promueve un entorno de mercado innovador y competitivo y un marco regulatorio que facilita la transferencia global de riesgos a través de reaseguros y otros capitales vinculados a los seguros.

RAB rechaza pago parcial

La presidenta de la RAB también se opuso a otra disposición del Proyecto 1533, que propone enmendar el artículo 27.166 del Código de Seguros para establecer que las aseguradoras estarían obligadas a emitir el pago parcial de una reclamación que se encuentre en controversia.

Según los planteamientos de Mcauliffe, las dos propuestas del Proyecto 1533 “crearán incertidumbres adicionales en el trámite de una reclamación y podrían causar que las reaseguradoras aumenten sus primas o que decidan no proporcionar más cobertura de riesgos en el futuro” en Puerto Rico.

La ejecutiva europea advirtió que la aprobación de la medida “enviaría una señal negativa sobre las expectativas de que en Puerto Rico se cumple con el debido proceso, haciéndola una jurisdicción menos atractiva para las reaseguradoras, que confían en el acceso a los mercados globales con información local clara y transparente y entornos regulatorios que permitan una diversificación efectiva de los riesgos”.

Finalmente, Mcauliffe sostuvo que la posición de la RAB es que no se apruebe el Proyecto 1533. La ejecutiva exhortó a la representante Martínez y a todos los destinatarios de la carta, a rechazar la aprobación de la medida.

Reaseguro en peligro

La posición de la RAB coincide con la Asociación Estadounidense de Seguros de Propiedad y Accidentes (APCIA) y la Asociación de Reaseguros de América (RAA), que objetaron el proyecto. Estas organizaciones sostuvieron, por medio de una ponencia escrita, que la medida tendría un impacto negativo en la industria de seguros y reaseguros de Puerto Rico.

Ambas organizaciones sostuvieron que la medida podría cambiar drásticamente la disposición de las aseguradoras y reaseguradores para suscribir riesgos en Puerto Rico.

Los ejecutivos de las dos entidades, Logan McFaddin, de la APCIA, y Karalee Morell, de RAA advirtieron que la disponibilidad de reaseguro estaría en peligro si la medida fuera aprobada. Los ejecutivos agregaron que la falta de opciones de reaseguro afectará directamente a los consumidores y los comercios y tendrían un impacto directo en el crecimiento económico de Puerto Rico.

El Proyecto 1533 ha sido objetado por la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), por la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la por la Asociación de Bancos.

Reiteran existe conflicto

Al igual que la RAB, ACODESE planteó que el proyecto representaba un conflicto para la OCS, que en su carácter de regulador de la industria de seguros también asumiría el papel de ajustador de reclamaciones en controversia.

Incluso, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, favoreció que la facultad de ajustar reclamaciones impugnadas por los asegurados permanezca en los tribunales y no en la OCS.

Emanuelli dijo que el Proyecto 1533 carece de unos parámetros y criterios que guíen la adjudicación administrativa de las reclamaciones impugnadas, lo que no evitaría que la OCS incurriera en decisiones arbitrarias o caprichosas.

Adams Vega ignora oposición

A pesar de la abrumadora oposición a la medida, Adams Vega abogó por su aprobación en un artículo publicado el pasado 13 de julio en el diario El Nuevo Día. Según el funcionario, la medida ofrecía una avenida para que los asegurados insatisfechos con el ajuste de una reclamación y que no poseen suficientes recursos económicos para pagar un abogado pueden acceder a una solución a través de la OCS.

El Proyecto 1533 no bajó a votación durante el último día para aprobar proyectos de ley en la pasada sesión legislativa en la Cámara de Representantes, por lo que es posible que sea considerado en la próxima sesión que comienza a mediados de agosto.

No obstante, no están claras las razones para que la mayoría del Partido Popular Democrático decidiera enviar el Proyecto 1533 a la Comisión de Reglas y Calendario, luego de que fue avalado por la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros.

Usualmente las medidas controversiales o que han generado una fuerte oposición son referidas a la Comisión de Reglas y Calendario, como un mecanismo para impedir su evolución en el proceso legislativo.

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