Por Miguel Díaz Román
A pesar de las limitaciones que impone la ley de Ética Gubernamental a los secretarios del gobierno que tienen negocios privados antes de asumir el cargo, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, acudió personalmente a buscar las escrituras de un terreno que sería adquirido por una empresa en la que el funcionario es accionista y su hijo es vicepresidente.
La información fue ofrecida por el agente de bienes raíces Ricardo Javier Pérez Ocasio, quien reveló que el dueño del citado terreno, el empresario Josué Rivera Padilla, le dijo que el funcionario “vino y se llevó las escrituras. Ellos vinieron a mi negocio y se llevaron las escrituras”.
En entrevista con este periodista, Pérez Ocasio dijo que la conversación con Rivera Padilla fue por teléfono y que el negocio que presuntamente visitó González Beiró para buscar las escrituras podría ser el complejo de ocio y entretenimiento conocido como Terra Campestre, el cual está ubicado en Guaynabo.
“Terra Campestre es el único negocio que conozco que tiene Josué Rivera”, dijo Pérez Ocasio.
En una declaración jurada emitida el pasado 17 de julio de 2023 en el pueblo de Guayama, Pérez Ocasio sostuvo que González Beiró intervino indebidamente y ofreció incentivos agrícolas para impedir la venta del terreno a su cliente, el empresario y ex convicto federal, Jaime Serrano Cardona.
La presunta intervención del secretario de Agricultura ocurrió entre el 7 y 10 de junio de 2023.
Según la declaración jurada, Serrano Cardona había aceptado pagar $1.6 millones por el predio, que fue el precio fijado por Rivera Padilla. No obstante, el pasado 10 de junio Pérez Ocasio se comunicó por teléfono con Rivera Padilla para conocer su respuesta y el empresario le indicó que vendería el terreno a González Beiró.
Según la declaración jurada de Pérez Ocasio, Rivera Padilla mencionó que la transacción incluiría “incentivos agrícolas” del Departamento de Agricultura.
El terreno que, alegadamente, le interesa a González Beiró y que pertenece a Rivera Padilla es la finca Besosa, que consta de 399 cuerdas y está ubicada en el barrio Pozo Hondo en Guayama. La finca Besosa colinda con un predio de 1,843.9 cuerdas de terreno ubicadas entre Salinas y Guayama, el cual pertenece a la empresa Agriart LLC.
En esa empresa González Beiró es accionista mientras que su hijo, Ramón González Bernnazar, es vicepresidente. Agriart LLC es presidida por el acaudalado ganadero Mike McCloskey.
Agriart LLC alquiló una porción significativa de los terrenos ubicados en Guayama a la empresa Clean Flexible Energy para el establecimiento de un inmenso parque de placas fotovoltaicas, en un contrato que se extiende por más de 25 años. Clean Flexible Energy pertenece a la cogeneradora AES ubicada en Guayama.
González Beiró fue acompañado por otras personas
De acuerdo con una fuente, el interés de González Beiró en que Agriart LLC adquiriera la finca Besosa obedece a la necesidad de Clean Flexible Energy de aumentar la instalación de placas fotovoltaicas con el fin de elevar la capacidad para producir electricidad de 120 megavatios a 200 megavatios.
Pérez Ocasio dijo que en la conversación telefónica ocurrida el 10 junio Rivera Padilla le indicó que mientras se encontraba en su negocio González Beiró había acudido personalmente a buscar las escrituras del terreno.
Pérez Ocasio aclaró que ese detalle de la conversación no fue incluido en la declaración jurada. El agente de bienes raíces agregó que Rivera Padilla también indicó que González Beiró fue acompañado por otras personas, las cuales no identificó.
Además, Pérez Ocasio dijo que no conoce personalmente a González Beiró, aunque puede identificarlo.
En relación a esas declaraciones de Pérez Ocasio, el empresario Rivera Padilla indicó que “eso no es correcto” y agregó que “estas personas quieren hacer daño”.
“Eso no es correcto. Estas personas quieren hacer daño y yo no me voy a prestar para eso. No es correcto…ellos todavía no tienen las escrituras. Yo no voy a opinar más nada”, dijo Rivera Padilla.
Posibles violaciones
Los señalamientos contenidos en la declaración jurada de Pérez Ocasio revelan la posibilidad de que González Beiró pudo incurrir en un conflicto de intereses porque no mantuvo la distancia de sus negocios privados que recomendó la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
Incluso, la declaración jurada sugiere la posibilidad de que el funcionario pudo violar varios artículos de la ley matriz de la OEG o Ley 1 de 2012.
El artículo 4.2 de la ley 1 establece que un servidor público no puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que tenga un conflicto de intereses, que resulte en la obtención de un beneficio para él.
El artículo 4.2 señala que un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental. Además, el artículo 4.5 dispone que todo servidor público que tenga que tomar alguna acción oficial contraria a las prohibiciones establecidas en el artículo 4.2, tiene que informar de la situación a la OEG e inhibirse por escrito.
A principios del 2021 González Beiró estableció un fideicomiso ciego para mantener distancia de sus negocios privados mientras fungía como secretario de Agricultura. De hecho, González Beiró nombró al agrónomo Boris Juan Corujo Orraca como fiduciario de su fideicomiso. No está claro si Corujo Orraca continúa en esa posición.
OEG avala fideicomiso
El 4 de mayo de 2021 la OEG avaló la decisión de González Beiró de constituir el fideicomiso ciego al que transfirió todas sus acciones y las de su esposa en las empresas Agriart LLC, Agro Power Corp. y AG Agro Inc.
El funcionario también suscribió una Resolución de Inhibición para abstenerse de intervenir en todo lo relacionado a sus empresas y de los beneficios e incentivos que éstas pueden recibir por parte del Departamento de Agricultura (DA).
El uso de la figura del fideicomiso es un mecanismo avalado por la OEG para que aquellas personas que han sido designadas a posiciones públicas puedan mantener distancia de sus negocios privados con el fin de evitar los conflictos de intereses.
La declaración jurada no vale el papel en que está escrita
El fideicomiso permite a una persona trasladar el control de sus bienes a un tercero para que los custodie o administre por un tiempo determinado o según los acuerdos que hayan alcanzado las partes.
González Beiró no respondió a las solicitudes de este periodista para que ofreciera una reacción a los señalamientos de Pérez Ocasio.
El funcionario solo se ha limitado a decir que la “declaración jurada no vale el papel en que está escrita”. Esta declaración fue vertida por González Beiró dos semanas atrás al finalizar una actividad de DA sobre los efectos del cambio climático que se celebró en el Centro de Convenciones en San Juan.
En un nuevo evento relacionado con la declaración jurada, la conocida abogada Ruth Santiago, quien integra el Comité Diálogo Ambiental y es una defensora de las causas ambientales y de las comunidades que se podrían afectar por los proyectos energéticos como los de placas fotovoltaicas, se comunicó ayer con Pérez Ocasio.
Organizaciones ambientales examinan declaración jurada
El agente de bienes raíces dijo que la abogada Santiago exploró con él aspectos de la declaración jurada y también manifestó que “era defensora de los terrenos agrícolas”.
Este periodista entrevistó a la abogada Santiago quien dijo que el contenido de la declaración jurada será discutido por varias organizaciones defensoras del ambiente y de las comunidades que se verían afectadas por el proyecto de Clean Flexible Energy en Guayama.
Santiago indicó que existe la preocupación de que el establecimiento del parque de placas fotovoltaicas altere las corrientes de agua que abundan en esa zona y provoque inundaciones.
“Estamos tratando de prevenir que la compañía AES, que tiene la planta de carbón aquí en Guayama, pueda construir otros proyectos de impacto a las comunidades, que incluye el proyecto más grande de placas (fotovoltaicas) en terrenos agrícolas protegidos y que aumenta el peligro de inundaciones a las comunidades cercanas”, dijo Santiago.
Secretaria de Energía Federal no dijo nada
La abogada, a quien el presidente Joe Biden nombró como miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, dijo que existe una entidad denominada Coalición de Terrenos para la Gente y Techos para la Energía, que integra más de ocho organizaciones y comunidades que se oponen al proyecto de Clean Flexible Energy en Guayama.
Santiago sostuvo que estas organizaciones han presentado una objeción contra el proyecto ante la Junta de Supervisión Fiscal.
Indicó que recientemente la Junta de Supervisión Fiscal le ordenó a 14 agencias que aceleren la aprobación de los permisos para varios proyectos de energía renovable. La abogada advirtió que aún la Junta de Planificación no ha determinado si el proyecto de Clean Flexible Energy en Guayama está en violación de las leyes que establece zonas y reservas de suelos protegidos.
Santiago explicó que tras conocer los detalles de la declaración jurada las agrupaciones se proponen sostener reuniones para establecer una estrategia sobre cómo lidiar con la situación que revela el documento.
“Yo entiendo que el secretario de Agricultura está en un serio problema porque ese documento indica que intervino en una transacción en la que tiene un potencial interés de lucro”, dijo Santiago.
Incluso, la abogada reveló que, en una reciente visita realizada en los pasados meses a Guayama por la secretaria del Departamento de Energía Federal, Jenniffer Granholm, “se le dijo que el secretario de Agricultura tenía un serio conflicto de interés con este proyecto”.
Santiago agregó que tras el planteamiento sobre el conflicto del secretario, Granholm “no dijo nada”.
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