Por Miguel Díaz Román
En momentos cuando la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) aún no ha determinado si procede una querella contra el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, por la aprobación ilegal de un parque fotovoltaico en terrenos de una reserva agrícola protegida en el pueblo de Salinas, seis organizaciones demandaron al gobierno por aprobar la construcción de proyectos de energía renovable en terrenos de alto valor agrícola.
Las organizaciones solicitaron al Tribunal de Primera de Instancia de San Juan que prohíba al Negociado de Energía (NE), la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Departamento de Desarrollo de Económico y Comercio (DEC), la aprobación de proyectos industriales de energía en áreas de reservas agrícolas y que se ubiquen en terrenos previamente contaminados, impactados o en techos.
El reclamo fue presentado el pasado 9 de agosto de 2023 en una petición de mandamus, que pretende que el Tribunal ordene al gobierno no aprobar los proyectos porque se violarían las disposiciones del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico y las leyes de política pública energética, agrícola, ambiental y de cambio climático.
La querella contra González Beiró fue presentada por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, y a pocos meses de que se cumpla un año desde que fue radicada el 22 de noviembre de 2022, aún la OEG no ha determinado si la denuncia procede o si carece de méritos.
Querella por violaciones éticas
La querella sostiene que González Beiró pudo incurrir en serias violaciones éticas debido a que los terrenos donde se construye el proyecto en Salinas pertenecen a Agriart LLC, una empresa en la que el funcionario es uno de los accionistas y su hijo, Ramón González Bennazar, ocupa la posición de vicepresidente.
El comité de energía del Departamento de Agricultura, integrado por subalternos del secretario, endosó el proyecto a pesar de que los terrenos están protegidos por su alto valor agrícola.
El proyecto de placas fotovoltaicas fue propuesto por la empresa Clean Flexible Energy, que es una subsidiaria de la cogeneradora Applied Energy Services Puerto Rico (AES), que es dueña de la planta de carbón que opera en Guayama. Los terrenos que pertenecen a Agriart LLC , fueron alquilados a largo plazo a la empresa Clean Flexible Energy para construir el proyecto.
En una conferencia de prensa las organizaciones expresaron preocupación por el alegado conflicto de interés del González Beiró en relación a cuatro proyectos de energía propuestos por Clean Flexible Energy.
Incluso, señalaron que es motivo de preocupación una declaración jurada emitida por el agente de bienes raíces Ricardo Javier Pérez Ocasio el 17 de julio de 2023 en Guayama, la cual fue reseñada por SN. La declaración jurada denuncia que el secretario, alegadamente, ofreció incentivos agrícolas al dueño de un terreno para que Agriart LLC pudiera adquirirlo.
La finca colinda con los terrenos donde se ubicará el proyecto solar propuesto por Clean Flexible Energy en Salinas. González Beiró ha negado el contenido de la declaración jurada.
No consideran lugares en desuso
Las entidades demandantes son Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc., Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc., Comité Diálogo Ambiental Inc., Puente de Williamsburg Inc, Sierra Club Puerto Rico y Liga de Ciudades de Puerto Rico Inc.
Las organizaciones argumentaron en su petición de mandamus, que las propias leyes de política pública establecen que los lugares aptos para proyectos de energía renovable son los vertederos en desuso, los terrenos previamente contaminados, estacionamientos y los techos.
Además, señalaron que el DEC tiene el deber de identificar los lugares aptos para proyectos industriales de energía renovable y el NE tiene la obligación de considerar esas recomendaciones antes de aprobar los proyectos.
Según la demanda, el NE aprobó una primera fase de 18 proyectos que ocupan 5,097.85 cuerdas de terreno en suelos clasificados como Reserva Especial Agrícola y Suelo Rústico Especialmente Protegido que, de acuerdo con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, deben protegerse.
Aprueban proyectos en terrenos agrícolas
Alertaron que queda “la consideración de probablemente más de 80 proyectos industriales de energía renovable, sin que antes se identifique la ubicación y los lugares aptos” como requieren la Ley de Política Pública Energética y la Ley de Transformación y Alivio Energético.
La demanda sostiene que el NE ha aprobado “contratos de compra de energía para 18 proyectos industriales de energía renovable que se pretenden ubicar ilegalmente en la Reserva Especial Agrícola, y estará considerando unos 80 proyectos industriales adicionales, sin antes identificar los lugares aptos conforme a la ley, sin considerar la ubicación, sin contar con las conclusiones que debe someter el DEC, y sin excluir los terrenos de la Reserva Especial Agrícola”.
Las organizaciones demandantes denunciaron la falta de transparencia del NE y el proceso confidencial de evaluación para implantar el Plan Integrado de Recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que impidió divulgar los nombres de los proyectos, la dirección física, ubicación, magnitud, tamaño de las fincas, persona o entidad a cargo y megavatios a generar.
“Toda esa información es pública, pero tuvimos que acudir al Tribunal anteriormente y logramos que se ordenara que nos entregaran la información de los 18 proyectos. Ahí descubrimos que todos incumplían con las leyes porque impactan terrenos que deben ser protegidos”, expresó Alfredo Vivoni, del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc.
Menoscabo de 1 millón de cuerdas agrícolas en 70 años
El licenciado Omar Saadé Yordán señaló que el NE y las agencias no respondieron las solicitudes de las organizaciones para que cumplieran con su deber ministerial de identificar los lugares que son aptos para los proyectos industriales de energía renovable, que cumplieran con el Plan de Uso de Terrenos, y establecieran un proceso que garantice la protección de los suelos agrícolas y de valor ecológico, hídrico y de paisaje delimitados en ese plan.
“La pérdida de tierras agrícolas de primera calidad para instalar proyectos solares de una magnitud industrial es un atentado grave a la seguridad alimentaria de Puerto Rico que ya está en precario. Hay que recalcar que casi ningún producto puede sembrarse de forma productiva debajo de las placas y la instalación conlleva destrucción de esos suelos con los movimientos de la construcción cambiando incluso la hidrografía”, indicó David Sotomayor, quien es catedrático en suelos del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.
La demanda sostiene que, en 70 años, entre 1935 y 2002, se perdió un millón, trescientas mil cuerdas de terrenos agrícolas debido al auge de la industria de la construcción, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura y el Departamento de Geografía del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
NE atenta contra la comida
Federico Cintrón Moscoso, del Puente de Williamsburg Inc, afirmó que “es inconcebible que cuando todos los estudios demuestran que la mejor ubicación para la energía solar son los techos de las casas y los lugares previamente impactados, el gobierno insista en desarrollarlos en terrenos agrícolas con un alto potencial para producir comida”.
Cintrón Moscoso explicó que la adaptación climática implica la capacidad de aumentar la capacidad de producir energía renovable y alimentos y advirtió que esas dos actividades no se pueden cancelar una a la otra.
En la demanda argumentaron que la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico establece que hay que “promover las energías renovables o alternativas aprovechando espacios ya alterados por la actividad humana, y minimizar así la ocupación innecesaria del suelo”.
Peligro de inundaciones
La licenciada Ruth Santiago, del Puente de Williamsburg Inc, señaló que el cumplimiento de las agencias con sus deberes de identificar los lugares aptos es crucial para el desarrollo de un sistema eléctrico confiable, resiliente y seguro. También es necesario para no perjudicar a las comunidades vulnerables que se encuentran aguas abajo y que pueden afectarse por el aumento en las escorrentías e inundaciones en sus comunidades.
Explicó que la firma Salo Engineering hizo este año un estudio hidrológico que concluyó que el proyecto de AES que se ubicaría en los terrenos de Agriart LLC entre Salinas y Guayama, tiene potencial de aumentar los niveles de inundaciones para las comunidades de ambos pueblos que ubican aguas abajo de las fincas donde se propone construir.
“Esto implica que la comunidad puede verse afectada por inundaciones más severas causadas directamente por la remoción de árboles y vegetación, compactación y movimientos de terreno de este monumental proyecto además de los daños ambientales que causa la deforestación”, recalcó Santiago.
