Por Miguel Díaz Román
El pasado lunes el expresidente Donald Trump fue acusado de participar activamente en una asociación con fines criminales para revocar los resultados electorales de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.
El pliego acusatorio de 41 cargos, invoca la ley estatal contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (Rico, por sus siglas en inglés) como herramienta legal para imputar lo que sin duda es el delito principal: que Trump y sus allegados integraban una asociación con fines criminales para subvertir las elecciones en Georgia.
De hecho, sería la primera vez que un expresidente de Estados Unidos enfrenta cargos por la Ley RICO, un estatuto que en el pasado ha sido utilizado contra jefes mafiosos como John Gotti y Vincent Gigante, porque permite a las fiscalías atar los cabos para llegar a los autores intelectuales de las actividades criminales.
Más de 30 estados han implementado sus propias versiones de la ley federal RICO y el modelo adoptado en Georgia tiene un alcance especialmente amplio.
La Ley RICO federal señala 35 crímenes relacionados con el acto de extorsión, pero la Ley RICO de Georgia contempla 65 crímenes.
La acusación contra el ex presidente Trump y otros 18 acusados incluye los delitos graves de conspiración, extorsión y chantaje. El expresidente también fue acusado de emitir declaraciones y escritos falsos, conspiración para cometer falsificación, solicitar a funcionarios públicos que violen sus juramentos, presentación de documentos falsos, influir en testigos, robo informático y perjurio.
La acusación revela la alegada conspiración para presionar a los funcionarios locales de Georgia, hacer declaraciones falsas sobre fraude electoral a las legislaturas estatales, hostigar a los trabajadores electorales y solicitar favores a funcionarios del Departamento de Justicia y al entonces vicepresidente Mike Pence.
También incluye una lista de acciones realizadas por Trump y sus asociados para promover la conspiración y violar las normas electorales en Georgia.
La acusación, aprobada el mismo lunes por un gran jurado, fue presentada en el tribunal estatal de la ciudad de Atlanta, que es la capital del estado de Georgia.
Imputados los allegados de Trump
Los cargos fueron radicados por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, quien le imputa a Trump y a otros 18 acusados que conspiraron deliberadamente para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones en Georgia a favor del expresidente, luego de que él y sus allegados se negaran a aceptar la derrota electoral.
“Los acusados participaron en una empresa criminal de chantaje para anular los resultados electorales de Georgia”, dijo Willis.
Entre los acusados figuran el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows, el ex funcionario del Departamento de Justicia Jeffrey Clark y los abogados John Eastman, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis y Ray Smith.
Otro de los acusados es la abogada Sidney Powell, quien ganó notoriedad por difundir acusaciones infundadas sobre que las máquinas electorales suplidas por la empresa Dominion estaban manipuladas para favorecer las aspiraciones del entonces candidato a la presidencia Joe Biden en los estados de Georgia y Pensilvania.
De hecho, las teorías conspiratorias de Powell resultaron tan increíbles que la Casa Blanca decidió prescindir de los servicios de la abogada como asesora de Trump. La acusación también incluye a David Shafer, quien es el ex presidente del partido republicano de Georgia.
Escenario mediático para el ex presidente
Además, la fiscal Willis sostiene en la acusación que la empresa criminal de Trump y sus allegados se extendía a los otros estados disputados como Arizona, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pennsylvania, Wisconsin y Washington, DC.
Según ha trascendido en la prensa, la fiscal Willis comenzó a investigar a Trump poco después de que salieran a la luz la llamada telefónica que el entonces presidente Trump le hizo al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, el 2 de enero de 2021, exigiendo que “encontrara 11.780 votos”.
En una conferencia de prensa celebrada el lunes en la noche, la fiscal Willis solicitó a los 19 acusados que se entreguen antes del 25 de agosto. Dijo que tiene la intención de juzgar a todos acusados en un solo caso, y se propone celebrar el juicio en los próximos 6 meses.
La solicitud de la fiscal Willis al ex presidente y a los otros 18 acusados prepara el escenario para un nuevo evento mediático en el que Trump comparecerá ante los medios de comunicación a repetir su arenga sobre que los cargos obedecen a la presunta persecución en su contra orquestada por el Departamento de Justica y los demócratas, con el fin de evitar que logre la nominación para la candidatura a la presidencia por el Partido Republicano en el 2024.
Por supuesto, se espera que Trump se declare inocente. Los 41 cargos radicados en Georgia elevan a 91 el número total de cargos que enfrenta Trump en cuatro casos penales, los cuales han creado las condiciones para que el ex presidente se enfrente a un apretado embudo judicial y electoral en 2024 cuyo desenlace es muy difícil de anticipar en este momento.
Acusaciones alimentan respaldo electoral
En dos de los otros tres casos que enfrenta Trump ha sido acusado por el fiscal especial Jack Smith por el presunto intento de conspirar para alterar el resultado de las elecciones de 2020, una causa que será ventilada en el tribunal federal en Washington, y por negligencia en el manejo de documentos confidenciales, un caso que se verá en un tribunal federal de Florida.
Además, Trump deberá responder por los alegados pagos ilegales que realizó en 2016 a una actriz porno para comprar su silencio, un pleito que se dilucida en un tribunal federal en Nueva York.
Pero es fácil prever que la cuarta acusación contra Trump en Georgia podría aumentar el apoyo del candidato entre los millones de incondicionales republicanos, quienes consideran que las múltiples acusaciones que enfrenta son prueba de sus afirmaciones de que el gobierno federal, promovido por los demócratas, lo persigue para evitar su regreso a la Casa Blanca.
Los estadounidenses nunca han visto el procesamiento por fiscales federales de un posible candidato a la presidencia en el año que serán celebradas las elecciones generales.
No hay duda que Trump sacará provecho de la compleja agenda que le depara acudir a numerosos cónclaves políticos en diversos estados del país, mientras, simultáneamente, comparece a vistas judiciales en Washington, Florida, New York y Georgia.
Obviamente, todo ese intrincado escenario de vistas judiciales, discursos políticos y los efectos de la campaña política publicitaria causarán un flujo interminable de imágenes de Trump en los medios de comunicación que deberían causar una cosecha favorable en las encuestas.
Evento inédito
Ya las encuestas favorecen a Trump por una ventaja considerable en relación con la puntuación que logran sus contrincantes en la inminente primaria republicana y no existen señales claras de que la gravedad de los cargos radicados contra el ex presidente y sus allegados en Georgia hayan causado al menos una merma en el apoyo de sus huestes.
La gravedad y las repercusiones de los cargos radicados en Georgia superan cualquier escándalo político estadounidense moderno, incluyendo el caso Watergate que causó la caída del ex presidente Richard Nixon, y el intento de destitución del ex presidente Bill Clinton.
De hecho, cada vez con más frecuencia se escuchan voces en el escenario mediático estadounidense que anticipan reverberaciones violentas si los graves cargos contra Trump culminan en veredictos de culpabilidad y posibles condenas de cárcel. Algunos de los cargos radicados en Georgia contemplan penas de hasta 20 años de cárcel.
Sin duda alguna un veredicto de culpabilidad antes de las elecciones provocará un evento inédito en la historia estadounidense en el que el sistema judicial deberá sentenciar a un ex presidente y posible candidato a la presidencia que es protegido por el servicio secreto.
Para echar más leña al fuego es preciso recordar que el proceso judicial en Georgia estará en las ondas televisivas en todo Estados Unidos debido a que las normas estatales establecen que los casos judiciales se deben difundir en televisión.
Otro factor importante es que, si Trump ganara la nominación republicana y luego las elecciones presidenciales de 2024, no podría emitir un indulto a su favor, si fuera encontrado culpable en Georgia, porque es un proceso estatal en el que el gobierno federal no posee jurisdicción.
Además, Trump tampoco podrá ejercer presión para que la fiscalía retirara los cargos, porque se trata de un caso gestionado por la fiscalía del estado de Georgia, sobre el cual el extraordinario poder de la presidencia carece de autoridad.
Para este reportaje el periodista se nutrió de diversos artículos publicados en la prensa estadounidense y en periódicos internacionales.
