Por Miguel Díaz Román

La medida que propiciaría la negociación colectiva de tarifas entre las aseguradoras y los proveedores de salud, que sin duda es el proyecto legislativo con posibilidades de causar grandes repercusiones en la industria de seguros de salud del país si fuera aprobado, y que era rechazado por las aseguradoras mientras que los proveedores y el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, ambicionaban su aprobación, quedó truncado en la pasada sesión legislativa.

El Proyecto del Senado 1641, que propone posibilitar la negociación colectiva para propiciar un alza en las tarifas de los proveedores de servicios de salud y evitar el éxodo de médicos, se quedó estancado en un comité de conferencia luego de que a última hora se la introdujeron enmiendas en el Senado, las cuales no fueron aceptadas por los proponentes de la medida en la Cámara de Representantes.

 En gran medida, el cursó de tomó el PS 1641 revela el férreo cabildeo en contra de la medida realizado por las aseguradoras del país, quienes se habían opuesto de manera tenaz porque, entre otras razones, habían advertido que podría amenazar la estabilidad de la industria de seguros de salud.

De hecho, la medida no fue aprobada a pesar de que fue radicada en conjunto por dos legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) y dos del Partido Nuevo Progresista (PNP).  

El proyecto fue radicado por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y la representante Sol Higgins Cuadrado, ambos del PPD, y los representantes, Carlos Méndez Núñez y José Hernández Concepción, quienes pertenecen al PNP.

Se estanca en conferencia 

La medida fue patrocinada desde su origen por el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, doctor Carlos Díaz, y por el Comisionado de Seguros, Adams Vega.

“El proyecto se quedó en conferencia por las aseguradoras. Le arrancaron una página a la medida porque no estaban de acuerdo y eso impidió que se aprobara”, dijo el doctor Díaz.

La doctora Norma Devarie, presidente de la Coalición Nueva Visión de Salud, indicó que las diferencias surgieron en torno a una disposición relacionada con el proceso de supervisión de la negociación colectiva por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

 El doctor Díaz dijo que los esfuerzos para lograr la aprobación del proyecto se reanudarán en enero del 2024. “Vamos nuevamente a buscar la aprobación de esa medida, no nos detenemos”, dijo Díaz.

 Negociación colectiva sería obligatoria 

El PS 1641 considera a toda la isla como una sola área geográfica, lo que eliminaría las once áreas geográficas reconocidas por la regla 91 de la OCS. La medida dispone que el proceso de negociación colectiva sea obligatorio y además, propone aumentar de un 20% a 40% el número de proveedores que se pueden unir para negociar con las aseguradoras.

La negociación colectiva figura como un mecanismo para que las aseguradoras y los proveedores acuerden el monto de las tarifas desde 2008, cuando se aprobó la ley 203.

El estatuto añadió el capítulo 31 al Código de Seguros, pero se convirtió en uno inoperante a consecuencia de las excesivas disposiciones de la regla 91. Pero la medida propone enmendar la ley 203 y la regla 91, con el objetivo de convertir la negociación colectiva en un mecanismo viable.

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) ha sostenido que la negociación colectiva podría crear un monopolio en la negociación de tarifas a nivel de toda la Isla, integrado por los proveedores, que aumentará las primas de los seguros de salud privados y los públicos y podría causar un aumento en el número de personas no aseguradas.

Acodese sostuvo que los médicos que no participen de las negociaciones colectivas reclamarán trato igual, según las tarifas acordadas por aquellos grupos que negociaron con las aseguradoras, lo que causaría que las tarifas negociadas quedarían vigentes en toda la isla.

Multas de hasta $100,000

Otra medida que no fue aprobada en la pasada sesión es la que propone imponer multas de hasta $100,000 diarios por incumplimientos y prácticas deshonestas contra las aseguradoras que ofrecen seguros de salud privados y aquellas que proveen el seguro médico del gobierno.

El proyecto fue aprobado en el Senado, pero en la Cámara de Representantes fue referido a la Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, lo que implica que durante el próximo año podría ser examinado en vistas públicas.

El Proyecto del Senado 1267, radicado por el senador Ramón Ruiz Nieves, también recibió el respaldo total de parte del Comisionado de Seguros, Adams Vega.

El funcionario sostuvo que un incremento en las multas podría generar un efecto disuasivo para detener “cualquier tipo de conducta desleal e ilegal” que afectan a los asegurados y a los proveedores de servicios médicos.

La medida establece que en aquellos casos que involucre el pago de multas y penalidades o una orden de cese y desista, la OCS impondrá una compensación por honorarios de abogado a favor del querellante, que ascenderá a $100.00 por hora y deberá comprender el total de horas que dedicó el querellante en el trámite de la querella y su abogado en concebir y presentar su defensa.

Industria de Seguros rechaza medida

La medida también dispone que la OCS podrá imponer multas de hasta $10,000.00 por caso, a beneficio del querellante sea paciente o proveedor de servicios de salud.

La OCS podrá penalizar a las aseguradoras con un pago mínimo adicional de $500.00 por cada mañana o tarde en que el proveedor de servicios de salud se vea obligado a interrumpir sus labores para comparecer a una vista personalmente o de manera virtual.

La OCS también podrá imponer una penalidad a las aseguradoras de $1,000.00 por cada día que el proveedor de servicios de salud deba comparecer a una vista personalmente o de manera virtual.

La medida recibió el rechazo contundente de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese), que considera que las multas son desproporcionadas y porque se le concede a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) una excesiva discreción para imponer sanciones.

El CMC respaldó la iniciativa debido a que considera que las aseguradoras de salud son responsables del éxodo de médicos.

Temen la OCS pierda acreditación

Otra medida que no prosperó fue el Proyecto del Senado 1352, radicado por el senador Juan Zaragoza Gómez, el cual propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el Centro Internacional de Seguros podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.

La medida fue aprobada en el Senado, pero en la Cámara de Representantes no tuvo éxito porque fue enviada a la Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, lo que implica que será examinada en la próxima sesión legislativa.

El Comisionado de Seguros, Adams Vega, realizó un fuerte cabildeo en contra de la aprobación de la medida porque, según sostuvo el funcionario, podría causar que la OCS pierda la acreditación de la Asociación Nacional de Comisionado de Seguros.

Por Miguel Díaz Román

En el último día de la pasada sesión legislativa, que finalizó el pasado 14 de noviembre, el Senado aprobó una resolución que expresa el repudio del Senado contra el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, y le solicita al gobernador Pedro Pierluisi que lo destituya de inmediato.

La medida aprobada es la Resolución del Senado 852, que condena las acciones de Adams Vega por representar falsamente ante la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) que poseía la autoridad en ley para prohibir, por la vía administrativa, que los aseguradores y reaseguradores internacionales pudiesen suscribir riesgos en los Estados Unidos.

La RS 852 es equivalente a la moción de censura que se utiliza en los sistemas parlamentarios y en algunos sistemas presidenciales como el nuestro, en el que se pide la destitución de un miembro de gabinete, del primer ministro o del presidente como resultado de que el poder legislativo ha perdido la confianza en ese funcionario.

No obstante, se desconoce si el gobernador Pierluisi reaccionará a la petición de la resolución senatorial, la cual fue aprobada con el voto a favor del senador Willian Villafañe, quien competirá en una primaria por la posición de candidato a Comisionado Residente por el Partido Nuevo Progresista.

La resolución también fue respaldada por la senadora Ana Irma Rivera Lassén, de Victoria Ciudadana, y la senadora Joanne Rodríguez Veve, quien pertenece a Proyecto Dignidad.

La resolución sostiene que Adams Vega hizo esa falsa representación con el fin de lograr que la NAIC aceptara acreditar nuevamente a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el 12 de diciembre de 2022. La acreditación fue suspendida en julio de 2020.

La RS 852, radicada por el senador Juan Zaragoza Gómez, quien preside la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado (CHS).

Resolución condena expresiones

La resolución también condena a Adams Vega por unas controvertibles expresiones en las que el funcionario acusó a la CHS de haber presentado la Resolución del Senado 612 para proteger una determinada aseguradora internacional que no identificó.

La RS 612, que también fue radicada por Zaragoza Gómez, propuso investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS.

Precisamente, el primer informe parcial de la resolución 612 es la base argumental de la RS 852, porque concluyó que Adams Vega cometió fraude, actuó de manera ilegal y en abierta contravención a la política pública establecida por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en torno al desarrollo del Centro Internacional de Seguros (CIS) y su ley matriz, la Ley 399 de 2004.

Las expresiones del Adams Vega, publicadas el miércoles 18 de octubre por el periódico El Vocero, elevaron la temperatura en el debate generado por la resolución 612.

En esas expresiones el funcionario sostuvo que “esta resolución lo que persigue es proteger un caso particular de una aseguradora internacional que busca establecerse en la Isla, cuyo esquema de negocio no cumple con los criterios uniformes aplicables de las aseguradoras tradicionales. Esta resolución, hecha a la medida, lo que busca es darle carta abierta para que las aseguradoras que están aquí hagan negocio en los Estados Unidos, lo que no es permitido. No pueden (las aseguradoras internacionales) tener negocios en varias jurisdicciones”.

La RS 852 señala que la expresión de Adamas Vega “es absolutamente falsa y difamatoria y una absoluta falta de respeto a la CHS, que responsablemente condujo su investigación y rindió su informe, y al Senado de Puerto Rico, que recibió dicho informe. La actuación del Comisionado Alexander S. Adams Vega merece el más enfático repudio de este Senado”.

Cámara de Representantes no aprueba

En la pasada sesión el Senado aprobó el Proyecto del Senado 1352, radicado también por Zaragoza Gómez, el cual propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el CIS podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos. La medida pasó a la Cámara de Representantes sin mayores resultados porque fue enviada a la Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, lo que implica que será examinada en la próxima sesión legislativa.

Esta determinación de la Cámara satisfizo a Adams Vega, quien realizó un fuerte cabildeo en contra de la aprobación de la medida porque, según sostuvo el funcionario, podría causar que la OCS pierda la acreditación de la NAIC.

En su gestión de cabildeo Adams Vega logró convencer al senador Tomás Rivera Schatz sobre los alegados daños que causaría la aprobación del PS 1352 a la acreditación de la OCS.

11,000 agentes en peligro según Rivera Schatz

En una carta enviada a Zaragoza Gómez el pasado 7 de noviembre, Rivera Schatz insistió en que el PS 1352 causará la pérdida de la acreditación y provocará que 11,000 agentes de seguros registrados en la OCS no puedan realizar negocios en Estados Unidos por la presunta falta de reciprocidad.

No obstante, fuentes de la industria de seguros indicaron que la alegación de Rivera Schatz no es correcta debido a que la reciprocidad no responde estrictamente a la existencia de una acreditación de la NAIC, sino a la similitud de las leyes, reglamentos y requerimientos sobre la industria de seguros, aprobados en Puerto Rico y en los estados de Estados Unidos.

De hecho, la fuente indicó que durante el periodo en que la OCS perdió la acreditación de la NAIC, entre 2020 y 2022, los agentes de seguros locales continuaron realizando negocios en los estados de Estados Unidos sin dificultad alguna.

En la carta, el senador reiteró la acusación efectuada por Adams Vega en relación con los resultados del informe parcial de la RS 612, sobre que “esta resolución lo que persigue es proteger un caso particular de una aseguradora internacional”.

Transacción con repercusiones

La decisión de la NAIC de eliminar la acreditación de la OCS obedeció a que, en 2018 el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, avaló una transacción de que involucró una aseguradora que se habían instalado en el CIS en 2017 y que estaba vinculada con otra aseguradora de seguros de vida y seguros de cuidado prolongado en Wisconsin.

La transacción, que colocó en peligro el reaseguro para miles de asegurados en ese estado y en otros estados, fue objetada por varios Comisionados de Seguros. Para acreditar nuevamente a la OCS la NAIC exigió que a las aseguradoras instaladas en el CIS que hicieran negocios en Estados Unidos se le impusieran regulaciones financieras como si fueran aseguradores para el mercado local.

El 7 de diciembre de 2022 Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007, la cual sostiene, entre otros planteamientos, que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por NAIC, deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional”.

Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, el 12 de diciembre de 2022 la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS.

Por Miguel Díaz Román

La Cámara de Representantes aprobó en la presente sesión una medida que prohíbe a las aseguradoras requerir el uso de piezas que no son originales en la reparación de vehículos accidentados, a pesar de que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) advirtió que exigir piezas originales podría causar un alza en las primas de los seguros para automóviles.

La única excepción para no usar las piezas originales, según dispone la medida, es emplear las llamadas piezas de repuesto cuando estas sean «de igual clase y calidad que la pieza original desde la perspectiva de ajuste, calidad y rendimiento».

La OCS ha sostenido que el acceso al mercado de piezas de repuesto, que se venden a precio menor a las piezas originales, favorece a los consumidores debido a la competencia de precios que se genera en el mercado de piezas para automóviles.

Si la medida aprobada se convierta en ley, las aseguradoras estarían obligadas a utilizar de manera preferencial piezas originales de fábrica en la reparación de un vehículo asegurado o por los daños causados a otro vehículo por el auto asegurado.

La medida no establece de manera precisa cómo la OCS hará cumplir el requisito de usar piezas de repuesto cuando éstas sean “de igual clase y calidad que la pieza original desde la perspectiva de ajuste, calidad y rendimiento”.

Es decir, la medida no desglosa los criterios que utilizará la OCS para determinar las características de las piezas de repuesto aptas para ser utilizada en la reparación de un vehículo y los criterios para descartar ese tipo de piezas.

Las disposiciones de la medida serán de cumplimiento obligatorio para las aseguradoras que venden seguros para autos en el mercado local, incluyendo las aseguradoras que mercadean el Seguro de Responsabilidad Obligatorio.

El Proyecto del Senado 376 fue radicado en 2021 por la senadora popular Migdalia González Arroyo, quien representa el distrito senatorial de Mayagüez y Aguadilla. Tras la aprobación en el Senado en 2021, la medida pasó a la Cámara de Representantes donde fue avalada el pasado 8 de noviembre sin enmiendas.

A Fortaleza el PS 376

Con la aprobación en ambos cuerpos, ya el PS 376 figura en el paquete de proyectos que serán enviados a la Fortaleza para que el gobernador Pedro Pierluisi los convierta en ley con su firma.

La medida no define lo que es una pieza de repuesto, no obstante, los deponentes en las vistas públicas coincidieron en que una pieza de repuesto es aquella pieza nueva “genérica” que no es una pieza original, pero que puede ofrecer una calidad similar a la elaborada por el fabricante original. Incluso, en las vistas se planteó que las piezas de repuesto son fabricadas siguiendo las especificaciones del fabricante original.

La medida proponer una enmienda al Código de Seguros para establecer que será “práctica desleal en el ajuste de una reclamación de seguros de vehículos que el asegurador, incluyendo aquellos que ofrecen cubierta del seguro obligatorio, requiera a un asegurado, o tercero reclamante, el uso de piezas de repuesto en la reparación del vehículo, a menos que la pieza de repuesto sea de igual clase y calidad que la pieza original desde la perspectiva de ajuste, calidad y rendimiento”.

En contra de prohibir piezas de repuesto

El ex Comisionado de Seguros, Mariano Mier Romeu, quien compareció a las vistas públicas en la Cámara de Representantes antes de renunciar al puesto en 2022, sostuvo que la prohibición absoluta a la utilización de piezas de repuesto podría tener el efecto de aumentar los costos de reparación y el costo de las primas de los seguros para automóviles.

Las expresiones de Mier Romeu y de otros miembros de la industria de seguros surgen del segundo informe positivo de PS 376, elaborado por la Comisión de Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes. Esta Comisión es presidida por la representante Estrella Martínez.

La versión original del PS 376 prohibía a las aseguradoras utilizar piezas de reemplazo y como única excepción establecía que se podía usar este tipo de piezas «cuando la pieza original no esté disponible en el mercado».

Mier Romeu sugirió que se adoptara una mayor flexibilidad en el lenguaje y recomendó usar el reglamento modelo de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) para piezas fuera del mercado.

Este reglamento cataloga como una práctica desleal en el ajuste de las reclamaciones que el asegurador requiera el uso de una pieza de repuesto en la reparación del vehículo, a menos “que ésta sea de igual clase y calidad que la pieza original desde la perspectiva de ajuste, calidad y rendimiento”.

Competencia favorece bajos precios en piezas

No está claro si a partir de las recomendaciones de Mier Romeu cambió el lenguaje final del PS 376. La realidad es que la excepción que establecía la medida para permitir el uso de piezas de repuesto “cuando la pieza original no esté disponible en el mercado”, fue eliminada de la medida.

No obstante, Mier Romeu indicó que “la prohibición absoluta a la utilización de piezas no originales, aun cuando éstas sean de igual clase y calidad que las piezas originales, podría tener el efecto de aumentar los costos de reparación. Este aumento a su vez podría tener el efecto de aumentar los costos de reparación. Este aumento a su vez podría repercutir en los consumidores en la forma de primas de seguro más elevadas”.

Explicó que el acceso al mercado de piezas de repuesto, que se venden a precio menor a las piezas originales, favorece a los consumidores como resultado de la competencia de precios que se genera en el mercado de piezas para automóviles.

“La disponibilidad de piezas de repuesto, que a veces son fabricadas por el fabricante original del vehículo o siguiendo sus especificaciones, introduce una competencia en el mercado de piezas de vehículos, la cual, de ordinario, redunda en más opciones y mejores precios para los consumidores”, dijo Mier Romeu.

La licenciada Nereida Carrero Muñiz, quien es la directora ejecutiva de la Asociación de Suscripción Conjunta, que administra el SRO y que, además, es una de las aseguradoras que compite en la venta de ese seguro, respaldó que la medida no prohíba de manera absoluta al uso de piezas repuesto.

Piezas originales aumentan primas

Carrero Muñiz indicó que la industria de seguros reconoce que el uso exclusivo de piezas originales tiene el efecto de incrementar los costos de reparación, lo cual se traduce en un aumento de primas de los seguros de automóviles. Indicó que la alternativa de “piezas de reemplazo” contribuye significativamente a evitar el aumento en el costo de las reparaciones y ayudan a mantener bajas las primas de los seguros de automóviles. 

De hecho, la directora ejecutiva de la Asociación de Seguros de Puerto Rico (Acodese), Iraelia Pernas, argumentó  numerosas interrogantes a las que la medida no responde.

“Del lenguaje propuesto en el PS 376 surgen múltiples interrogantes, a saber: ¿Cómo se determina que la pieza que resulta dañada o perdida al momento del accidente, era una “original? ¿Se refiere a una “pieza original” instalada en el vehículo desde su fabricación y comienzo de su vida útil de fábrica? Esto pues técnicamente una pieza original, sigue siendo original o del fabricante, aunque haya sido usada. Además, ¿qué significa que la pieza original “no está disponible en el mercado”? Estas interrogantes son solo algunas de muchas que pueden surgir al leer el texto de la medida”, dijo Pernas.

En su exposición de motivos la medida sostiene que actualmente el Código de Seguros prohíbe el uso de la depreciación en el costo de las piezas, según lo dispuso la ley 110 de 2019.

La medida sostiene que actualmente las aseguradoras utilizan la depreciación en el ajuste de piezas “cuando se le paga al perjudicado por una pieza de reemplazo en vez de la pieza original o la instalada en el vehículo al momento del accidente. El resultado final de estas transacciones es que la persona, que no es responsable del accidente, terminó desembolsando dinero adicional al pagado por la compañía para poder reparar su vehículo en las condiciones previas del accidente”.

Medida viola principio de indemnización

Sobre este aspecto, la directora ejecutiva de Acodese sostuvo que la medida viola el principio de indemnización cuyo objetivo es restituir al perjudicado a la misma posición en la que se encontraba previo a sufrir el daño. El principio de indemnización utiliza la depreciación como herramienta para indemnizar al perjudicado según el valor de su propiedad, antes del evento que le causó pérdidas.

Pernas indicó que la inclinación de la medida por las piezas originales ignora los preceptos del principio de indemnización utilizado de manera universal en la industria de seguros.

“En la utilización de “piezas nuevas de fábrica” para la reparación y, siguiendo el principio de indemnización, tiene que aplicarse una depreciación que variará dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. A modo de ejemplo, si el vehículo de motor del tercero perjudicado es del año 2015, bajo el principio de indemnización procede que se le indemnice de acuerdo con el valor de las piezas del 2015 y no del año 2021, porque el deber de indemnización es restituir al perjudicado a la misma posición en la que se encontraba previo a sufrir el daño. Por esta razón es que se aplica la depreciación para llevar el valor de la pieza del 2021 al verdadero valor de la pieza del 2015”, dijo Pernas.

El presidente ejecutivo de la Cooperativa de Seguros Múltiples, Luis Cordero Rivera, sostuvo que no es correcta la aseveración de que una pieza de reemplazo que sustituya una original implica que la persona perjudicada reciba pagos inferiores a los que tiene derecho.

“A lo que tiene derecho el perjudicado es a que se le restituya a la posición en la que se encontraba antes de sufrir la pérdida. Ello bien puede satisfacerse con una pieza de reemplazo, que sea de clase y calidad similar. De hecho, pagar una “pieza original” en todos los casos representará en algunos un enriquecimiento injusto”, expresó Cordero Rivera.