Por Miguel Díaz Román

El nuevo marbete digital que la administración de Pedro Pierluisi anunció dos semanas atrás y la aplicación Cesco Digital, inaugurada recientemente, no evitarán la incidencia de fraude en la selección del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO) en los centros de inspección, una situación que ya ha causado el cierre de cuatro centros de inspección por la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO).

El esquema de fraude detectado por la DISCO consistió en que personal de los en los centros de inspección cambiaban la aseguradora proveedora del SRO que seleccionó el conductor sin su conocimiento, lo que representa un atentado contra el derecho de la ciudadanía a decidir libremente cuál será su aseguradora.

El alegado cambio fraudulento realizado en determinados centros de inspección aconteció luego de que se efectuó la inspección del vehículo y de que los conductores afectados habrían seleccionado su aseguradora de preferencia.

De hecho, el fraude comenzó a salir a flote cuando algunos conductores enfrentaron un accidente automovilístico y al presentar la reclamación ante la aseguradora que habían seleccionado, descubren que su póliza del SRO fue registrada en otra aseguradora.

Aunque el establecimiento de Cesco Digital podría reducir sustancialmente la incidencia de fraude en la selección del SRO, aún existe una población que no domina las nuevas herramientas tecnológicas.

La aplicación Cesco Digital permite a los conductores realizar numerosas transacciones relacionadas con sus vehículos de motor sin tener que visitar los centros DISCO, incluyendo gestionar el marbete digital. Se espera que los conductores también puedan seleccionar la aseguradora de SRO, luego de que se realice la inspección del auto en los centros de inspección.

El gobierno ha sostenido que desde el 1ero de septiembre de 2023, todo dueño de vehículo podrá realizar la renovación del marbete, a través de CESCO Digital, conforme al mes que le corresponda realizar el trámite. También estará disponible de la forma tradicional para aquellos que lo deseen.

Además, un personal de orientación y ayuda estarían presentes en los centros de inspección para aclarar dudas de los conductores sobre cómo realizar los trámites digitales.

El cierre de los cuatro centros de inspección, las cuales están ubicadas en San Juan y Bayamón, obedece a una pesquisa realizada por la oficina de investigaciones e inspección de la DISCO, tras un referido efectuado por la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), que integra a las aseguradoras que suscriben el SRO.

Medida busca ayudar población sin destrezas digitales

De hecho, ante la incidencia de fraude en los centros de inspección y la existencia de una población que no domina las herramientas digitales, los senadores Gretchen Hau y Willian Villafañe radicaron el Proyecto de Senado 1145.  

Entre otras disposiciones, la medida propone establecer un mecanismo alterno para que los ciudadanos que no sean diestros en el manejo de las aplicaciones digitales a través de sus teléfonos celulares o desde una computadora o que por alguna situación inesperada no puedan seleccionar su proveedor del SRO por medio de las herramientas digitales, lo puedan hacer utilizando una hoja de papel que estará disponible en las colecturías.

El principal objetivo de la medida es impedir que la selección del asegurador que proveerá el SRO la realicen los conductores en los centros de inspección o que estas entidades posean dominio sobre la hoja de selección.

Además, el Proyecto 1145 le restituye a la Oficina del Comisionado de Seguros el poder de investigar e imponer multas a las llamadas entidades autorizadas a tramitar el SRO, que son los bancos, las colecturías y los centros de inspección.

Este periodista solicitó una reacción de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología y de la DISCO sobre las disposiciones del Proyecto 1145, pero al cierre de esta edición no se había recibido una respuesta de estas entidades públicas.

En la pasada sesión legislativa el Proyecto 1145 fue aprobado en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero en este último cuerpo introdujo unas enmiendas a la medida, la cuales no fueron aceptadas en el Senado.

La medida fue enviada al Comité de Conferencia, pero al finalizar la pasada sesión no fue presentada para votación final, a pesar de que, alegadamente, hubo un acuerdo en el Comité.

Piden aprobación de medida

La licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), dijo que se espera que las conversaciones sobre el Proyecto 1145 se reanuden en la próxima sesión legislativa, que comienza el próximo lunes 21 de agosto.

Pernas dijo que la aprobación de la medida es necesaria para evitar la posibilidad de fraude en la selección del SRO y las prácticas desleales y anticompetitivas de parte de determinadas aseguradoras.

Jaime González Portilla, quien es el presidente de la aseguradora Antilles Insurance Company, sostuvo que la aprobación de la medida garantizará a las personas sin destrezas digitales, como algunos adultos mayores, un mecanismo para seleccionar el SRO libre de interferencias y de fraude.

 Por su parte, Alexis Sánchez Géigel, quien es el presidente de la aseguradora Mapfre, dijo que un aspecto importante de la medida es que le devuelve a la OCS el poder de investigar e imponer multas a los centros de inspección.

A pesar de que la OCS tiene exclusiva jurisdicción sobre el negocio de seguros en todas sus vertientes, el regulador ha declarado que no tiene jurisdicción en los centros de inspección.

Devuelve a la OCS poder de investigar

La posición de la OCS obedece a que en 2014 se aprobó la Ley 245, que enmendó la ley 253 de 1995 o Ley para establecer el SRO, para incluir el formulario de selección y en su artículo 9 estableció una cláusula de penalidades contra las aseguradoras y las entidades autorizadas que impidan el derecho a la libre selección del ciudadano.

Pero en 2015 se aprobó la ley 201 que enmendó nuevamente la ley 253 de 1995, para precisar las conductas anticompetitivas. Inexplicablemente, la medida eliminó las “entidades autorizadas” de la sección de conductas ilegales que había incluido la ley 245 de 2014.

Tras la aprobación de la ley 201 la OCS ha interpretado que no tiene jurisdicción sobre las “entidades autorizadas”, aunque ACODESE ha planteado que el Código de Seguros y dos cartas normativas emitidas en 2015 y 2016 le concede jurisdicción a la OCS sobre los centros de inspección debido a que venden el SRO.

Multas de $25,000

El Proyecto 1145 concede a la OCS el poder de emitir una multa mínima de $25,000 por cualquier conducta que interfiera en la selección por los conductores del SRO y por aquellas acciones que inciden en las llamadas prácticas anticompetitivas que menciona la medida y el Código de Seguros.

Además, la OCS podrá impedir que un centro de inspección o una aseguradora, continúen ofreciendo el SRO, si se prueba que han violado las disposiciones establecidas. La OCS también podrá revocar la autorización para operar contra aquellas aseguradoras que se encuentren en violación.

La directora ejecutiva de DISCO, Mary L. Fuster, sostuvo el pasado mes de marzo que los referidos de ASC señalan que los conductores recibían las hojas de libre selección para designar la aseguradora proveedora del SRO, con una marca previamente realizada sobre el encasillado de un determinado asegurador.
 Otra imputación es que la selección del asegurador efectuada por los conductores en las hojas de libre selección era modificada en los centros de inspección.

Alegadamente, los conductores se percatan del cambio cuando enfrentan un accidente automovilístico y al solicitar los servicios de la aseguradora que habían seleccionado, reciben la noticia de que su vehículo no está registrado en sus archivos.

Otro señalamiento mencionado por Fuster, el cual surge de otra pesquisa iniciada por DISCO, es que tras el conductor pagar el marbete, los propietarios o representantes de los centros de inspección no registran la transacción y depositan el dinero en el Departamento de Hacienda.

Esta conducta ilegal provoca que, aunque el vehículo posee un marbete, no está autorizado a transitar por las carreteras debido a que el erario no ha recibido el dinero.

Señalan a Multinational

Las acciones contra los cuatro centros de inspección se efectuaron el pasado 28 de febrero. Fuster explicó que los propietarios de los centros de inspección tendrán derecho a una vista administrativa y podrían enfrentar multas cuantiosas y el cierre permanente.

En una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado, que preside la senadora Gretchen Hau, la licenciada Jessica Forti Díaz, quien es la asesora legal de ACODESE, indicó que la aseguradora Multinational fue señalada como la compañía más seleccionada en los centros de inspección.

Luis Pimentel, presidente de Multinational, ha negado que la aseguradora esté relacionada con los señalamientos contra las prácticas fraudulentas detectadas en los cuatro centros de inspección.

La Comisión había producido en agosto de 2022 un informe parcial de una investigación legislativa sobre el fraude en la venta del SRO. De acuerdo con fuentes de la industria de seguros, el fraude podría implicar la pérdida de millones de dólares por concepto de primas de SRO para determinadas aseguradoras y una ganancia similar para otras.

Por Miguel Díaz Román

Como resultado de las pérdidas multimillonarias que han enfrentado en los últimos cinco años, las reaseguradoras han aumentado los precios de sus primas lo que ha sacudido a la industria de seguros a nivel mundial y ha provocado un nuevo ciclo de incertidumbre en el que las compañías de seguros han dejado de ofrecer cobertura en determinados riesgos o han reducido los tipos de daños por lo que se podrá presentar reclamaciones.

La sacudida comenzó a partir del pasado 1 de enero cuando las primas del reaseguro aumentaron hasta un 40 % en relación con los precios de año anterior, lo que ha provocado un efecto en cadena en Estados Unidos, donde numerosas aseguradoras se han retirado de mercados como California, Florida, Hawai y  Iowa.

Otro efecto del alza es que, el costo de las viviendas nuevas se ha disparado en Estados Unidos debido al aumento en los seguros para residencias decretados por las aseguradoras.

De acuerdo con un artículo publicado ayer en el diario estadounidense The New York Times, escrito por la periodista Emiliy Flitter, el impacto del alza lo han sentido los ejecutivos de las grandes empresas, los propietarios de viviendas y las pequeñas empresas y no se espera una merma en el costo del reaseguro, sino que el escenario más posible es que el alza se mantenga durante un período significativo de tiempo.

Efectos del cambio climático

Además de las pérdidas experimentadas por la industria de reaseguro en los pasados cinco años, la atmósfera en general de las empresas y de los consumidores se ha visto afectada a nivel mundial por el calentamiento climático, lo que ha causado que las tormentas sean cada vez más destructivas, mientras la inflación ha elevado el costo de reconstrucción.  

Otro factor que ha contribuido en esta tendencia alcista es un aumento en las tasas de interés a nivel mundial, lo que ha encareciendo el costo del dinero.

De hecho, según indica el artículo, las compañías de seguros han pagado $40,000 millones a clientes de Estados Unidos desde principios de este año, lo que ya es una cifra récord en pérdidas anuales para la industria de seguros.

El estado de Florida está experimentando una crisis de aseguradoras, con una gran cantidad de compañías retirándose del estado.

Se retiran aseguradoras

El pasado año se retiraron las aseguradoras Bankers Insurance, Centauri Insurance y Lexington Insurance. Este año se retiró Farmers Insurance, mientras la legislatura de Florida ha difundido unas expresiones en las que asegura que enfrentará el problema, luego de aprobar una nueva ley que condiciona las demandas contra las compañías de seguros.

El monto de una prima para un seguro de vivienda en Florida ya alcanza los $4,200 anuales, mientras alrededor de un 12% de los propietarios de casas en el estado no tienen seguro. Mientras tanto la aseguradora creada por el gobierno, Citizens Property Insurance Corporation, experimenta un aumento en suscripción en la medida que las aseguradoras se retiran del estado.

De hecho, en lo que representa una señal positiva, la división de reaseguros de Berkshire Hathaway, el conglomerado propiedad del inversionista Warren Buffett, invirtió recientemente $1,000 millones en Citizens.

Pero en general las señales no son alentadoras. En los pasados meses la aseguradora State Farm, la compañía de seguros más grande de California, anunció que dejaría de vender pólizas de viviendas y no solo en las zonas de incendios forestales, sino en todo el estado.

Además, la aseguradora Universal Property and Casualty anunció que ya no ofrecerá seguros para viviendas y apartamentos de condominios en Hawai.

El pasado mes de julio las reaseguradoras especializadas en seguros agrícolas anunciaron que se retirarían de Iowa, un estado que tres años atrás sufrió una fuerte tormenta de viento que causó daños estimados en $4,000 millones.

Como resultado del aumento de los costos de reaseguro, las aseguradoras también aumentaron sus primas para seguros de viviendas en Texas y en ciudades como Denver, Calgary y Alberta. El aumento ha sido especialmente significativo para aquellos desarrollos de nuevas residencias con armazón de madera.

Grave el efecto de las tormentas eléctricas

En Puerto Rico las primas de los seguros de propiedad han experimentado un alza sustancial, pero aún las reaseguradoras confían en el mercado local debido a que la construcción de estructuras se realiza básicamente en bloques y hormigón armado.

Según un informe de la reaseguradora Swiss Re con sede en Zúrich y que fue difundido en los pasados días, las severas tormentas eléctricas en los Estados Unidos son responsables de casi el 70 % de las pérdidas que han enfrentado las compañías de seguros de todo el mundo este año por eventos naturales.

“Es muy probable que veamos que 2023 sea el más costoso registrado a causa de las tormentas eléctricas en los Estados Unidos”, dijo Steve Bowen, director científico de Gallagher Re.

Mercado de bonos como alternativa

Ante el desafío que representa el alza decretada por las reaseguradoras, algunas compañías de seguros están recurriendo al mercado de bonos para catástrofes, el cual permite a los inversionistas invertir dinero en fondos para cubrir pérdidas por desastres a cambio de pagos regulares que pueden resultar en un retorno de inversión atractivo.

 Durante el segundo trimestre de este año se emitió un total de $7,100 millones en bonos para catástrofes, la cual es una cifra record, según la empresa Artemis, que es una compañía que sigue de cerca el mercado de los bonos.

No obstante, existen voces expertas que vaticinan que las reaseguradoras comenzarán a bajar sus primas cuando comprendan que la medida no les favorece. El artículo del NYT indica que, según Michael Powers, quien es profesor de finanzas en la Universidad de Tsinghua en China, los precios de los reaseguros podrían bajar antes de lo que la mayoría de la gente espera.

Powers dijo que las reaseguradoras cambiarán de posición cuando realicen que mantener el alza ha afectado sus ganancias. “La gente se da cuenta de que el cielo no se ha caído y quieren ganar dinero”, dijo Powers, quien también es un ex comisionado adjunto de seguros en Pensilvania.

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Por Miguel Díaz Román

Una reclamación que un momento ascendió a $30 millones, la cual lleva cerca de 13 años en los tribunales y que fue radicada por 52 agentes de seguros contra las aseguradoras Trans Oceanic Life Insurance (TOLIC) y Universal Life Insurance Company (ULICO), por el impago de comisiones relacionadas con la venta de pólizas de seguros de vida, se encuentra en su etapa final en Tribunal Superior de Bayamón.

El pleito tiene su origen en 2008, cuando ULICO vendió a TOLIC su cartera de pólizas de seguros de vida y cáncer.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, los agentes de seguros habían firmado un contrato con ULICO que reconocía el pago de comisiones como resultado de la renovación de las pólizas por un término de 10 años.

Según la fuente, tras la venta de la cartera, ULICO canceló el contrato de los agentes. Alegadamente, la cláusula de comisiones del contrato reconocía el derecho de los agentes a recibir el pago de las comisiones, aún luego de que el contrato fuera cancelado.  

La fuente también indicó que el contrato de compra y venta de la cartera de pólizas entre ULICO y TOLIC señala que le corresponde a esta última responder por las comisiones de los agentes.

Aunque la reclamación de los agentes es contra ULICO y TOLIC, la fuente indicó que ULICO ha reconocido que los agentes tienen derecho a las comisiones.

No obstante, algunas de las partes entienden que TOLIC es responsable del pago de las comisiones porque como resultado de la compra venta de la cartera, asumió control de todos las responsabilidades relacionadas con las pólizas, incluyendo el pago de las comisones. Además, es la entidad que cobra las primas y tiene pleno control de las pólizas.

Exigen contrato

Según la fuente, la posición de TOLIC es que los agentes deben firmar un contrato para vender seguros para la aseguradora como condición previa para reconocer el pago de las comisiones. Alegadamente, los agentes se han negado a firmar el citado contrato.

Los agentes sostienen, según dijo la fuente, que el derecho a recibir la comisión surgió al vender la póliza, por lo que la condición establecida por TOLIC es inaceptable.

Alegadamente, el estimado preliminar realizado varios años atrás arrojó que el monto adeudado a los agentes podría ascender a $30 millones. Pero con el paso de los años han ocurrido una determinada cantidad de cancelaciones de pólizas, lo que podría reducir sustancialmente el monto a reclamar.  

De hecho, debido a que la cartera es una operación de negocios de TOLIC, se desconoce el comportamiento de la cartera y cómo se ha transformado con el paso de los años.

Los agentes son representados en el caso por los abogados Pedro Ortiz Álvarez, Julio Cesar Colón Ortiz, Philip Pérez y Juan Adolfo Morales.

 Los representantes legales de TOLIC son los licenciados José Cuevas Segarra y Julio Vázquez, mientras que ULICO es representado por el licenciado Lee Sepulvado.

El caso se está ventilando en la sala del juez Jaime Fuster Zalduondo en el Tribunal Superior de Bayamón.

Atmósfera tensa

De acuerdo con la fuente, el pleito se ha retrasado debido a las numerosas controversias entre las partes que han generado peticiones de revisión en el Tribunal Apelativo en los pasados 13 años.

La fuente indicó que se han presentado cerca de 14 peticiones de revisión en el Apelativo, la mayoría de las cuales han sido radicadas por la representación legal de TOLIC.

La fuente explicó que el reclamo millonario de los agentes ha generado una elevada fricción entre las partes, y que en la mayoría de las audiencias del caso la atmósfera es cordial pero extremadamente tensa.  

De hecho, aún faltan por tomar varias deposiciones, por lo que en las próximas semanas el caso estaría maduro para entrar en la etapa del juicio, la cual se puede extender un periodo adicional que no fue precisado. 

Silencio de las partes

No obstante, se espera que el caso finalice en los próximos meses. El caso es una de naturaleza civil cuyo veredicto lo emitirá el juez Fuster Zalduondo.

Este periodista se comunicó con los representantes legales de las partes para que confirmaran o para que realizaran alguna aclaración en relación con la información ofrecida por la fuente y hasta el cierre de esta edición no habían respondido.

Este periodista se comunicó con la oficina del licenciado José Cuevas Segarra para conocer la posición de TOLIC en la etapa final del pleito y para ofrecerle la oportunidad de refutar la versión ofrecida por la fuente, pero no respondió.

Este periodista también se comunicó con el licenciado Sepulvado, quien indicó que al culminar una llamada telefónica respondería, pero esa respuesta nunca llegó.  De igual manera, los abogados de los agentes no estuvieron disponibles para responder a las preguntas de este periodista.