Por Miguel Díaz Román
Un aspecto importante en la controversia sobre las mujeres profesionales que han sufrido violencia machista en el Departamento de Agricultura (DA), es que en la Fortaleza sus quejas han sido tomadas con liviandad, tal como si se tratara de faltas menores realizadas por un adolescente incorregible o carentes de importancia, lo que ha redundado en el fortalecimiento de una atmósfera de impunidad que arropa la conducta del secretario, Ramón González Beiró, y sus subalternos.
Según explicaron las fuentes, el secretario y su séquito se sienten protegidos por el gobernador Pedro Pierluisi y por algunos funcionarios claves de su administración entre los que figuran la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales; la directora de la oficina del gobernador y hermana del Primer Ejecutivo, Caridad Pierluisi y su esposo, el licenciado Andy Guillemard, quien no ocupa una posición en la administración pero se le considera una figura de gran influencia en la Fortaleza.
De acuerdo con las fuentes, ese grupo constituye una barrera de protección a favor de González Beiró y sus subalternos, hasta el punto de que en la Fortaleza no existen oídos para las quejas originadas en el DA por decisiones arbitrarias, atropellos, hostigamiento sexual, humillaciones y lenguaje soez.
Una queja frecuente es que el secretario ha integrado el lenguaje soez a la retórica administrativa cotidiana, por lo que es común que el funcionario intercale palabrotas durante un intercambio con empleados del DA y que, incluso, llame a sus subalternos con palabras soeces para impartir una dirección o para hacer un cuestionamiento.
Algunas de las perjudicadas revelaron que la mujer más maltratada en el DA es la secretaria personal de González Beiró, Isoli Colom, a quien, alegadamente, “el secretario trata con malas palabras y eso lo sabe todo el mundo en el departamento”.
Este periodista ha sido testigo del uso de lenguaje soez por el secretario en sus intercambios con la señora Colom, desde que ella era secretaria de la Asociación de Agricultores. También he sido testigo del uso frecuente del lenguaje soez por parte del secretario.
De hecho, las agrónomas Ana Esther Maldonado, ex directora de la región agrícola de Naranjito, y Maricarmen Martínez, ex directora de la región agrícola de Arecibo, se quejaron sin éxito alguno en la Fortaleza por los atropellos y el uso de lenguaje soez por parte del secretario González Beiró en una explosiva reunión con los agrónomos regionales de DA, realizada el pasado 14 de julio.
Tras la inacción de la Fortaleza, las funcionarias y el director de la región agrícola de Utuado, Elmer Pérez, renunciaron a sus posiciones como directores regionales y regresaron a sus puestos de carrera en el DA.
El doble discurso del gobernador
Para las féminas profesionales perjudicadas por los atropellos machistas en el DA, el aval de la Fortaleza a las conductas de González Beiró y sus subalternos manifiesta de manera cruda el doble discurso en que incurre el gobernador Pierluisi, debido a que su administración ha respaldado las políticas para enfrentar la violencia contra la mujer mientras que al interior de su propio gabinete esas políticas carecen de validez.
De hecho, contra el director ejecutivo de la AT, Irving Rodríguez Torres, existe un planteamiento sobre que incurrió en “discrimen por género y abuso de poder” al reprender a la supervisora de la división de Tesorería de la AT, Glorimar Ocasio Rivera, quien estaba defendiendo su responsabilidad de cuestionar y detener pagos que no cumplían el debido proceso de ley o que resulten irregulares.
En una carta enviada el pasado 18 de agosto al director de finanzas de la AT, Fernando Fumero, Ocasio Rivera indicó que en una reciente reunión Rodríguez Torres le dijo “encarecidamente te voy a pedir que hables cuando yo te lo indique”.
Según la denuncia de Ocasio Rivera, el director ejecutivo de la AT hizo la expresión en una reunión en su oficina y luego de que la funcionaria reafirmó su autoridad para cuestionar pagos. “Evidentemente sus expresiones denotan abuso de poder, discrimen por género al ser yo la única mujer”, dijo Ocasio Rivera en la misiva.
En la carta la funcionaria le informa Fumero que no estampará su firma en cheques que vayan dirigidos a cuatro entidades sin fines de lucro que son investigadas actualmente por un Fiscal Especial Independiente en relación con el escándalo del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que es administrado por el Programa de Infraestructura Rural de la AT.
“Te lo chupaste o te comiste el cupcake”
Otro funcionario contra el que se ha realizado planteamientos relacionados con el discrimen contra la mujer, hostigamiento laboral y el pronunciamiento de insinuaciones sexuales en el lugar de trabajo, es el secretario auxiliar de Recursos Humanos en el DA, Noel Toro Zambrana.
La denuncia se desprende de una querella radicada el 24 de septiembre de 2021 por Sixta Rivera Collazo, quien se desempeña como analista en la administración de los recursos humanos en la AT. En la querella Rivera Collazo sostuvo que había tenido unas diferencias con el administrador auxiliar de Mercadeo de la ADEA, Andrés Rosado, las cuales estaban relacionadas con una petición para obtener información sobre unos empleados.
La querella indica que Rosado utilizó numerosas palabras soeces y expresiones injuriosas contra Rivera Collazo para rechazar sus requerimientos de información sobre los empleados, las cuales figuran en una breve transcripción de los mensajes de texto y de voz realizados por el funcionario en sus intercambios con Rivera Collazo.
Según la querella, Toro Zambrana se reunió en su oficina con Rivera Collazo el 1 de julio del 2021 para dialogar sobre el incidente con Rosado. El relato que contiene la querella indica que Toro Zambrana le imputa a Rivera Collazo tener una relación de “confianza” con Rosado.
Luego la querella describe una serie de insinuaciones sexuales emitidas por Toro Zambrana que son sencillamente escandalosas: “si hay esa confianza es porque pasó algo entre ustedes, cuéntame, te lo lambiste, estamos en confianza, te lo chupaste o te comiste el cupcake”.
Según la querella, la sorpresiva reacción del secretario auxiliar de Recursos Humanos en el DA dejó atónita a Rivera Collazo, quien confiesa en el documento que “me sonreí incrédula y no podía creer lo que él me decía”.
Imputados niegan todo
El documento también indica que los dos imputados en la querella, Toro Zambrana y Rosado, se reunieron para decidir una serie de sanciones contra la querellante y sin su participación.
De hecho, la querella indica que fue removida de sus responsabilidades y sufrió restricciones en su área de trabajo, pero nunca fue informada sobre las razones que justificaron esa determinación disciplinaria, lo cual Rivera Collazo denuncia como una clara acción de discrimen contra la mujer.
La querellante alegó, además, que Toro Zambrana realizó descalificaciones humillantes sobre la calidad de su trabajo e incurrió en hostigamiento laboral al asignar deberes ajenos a sus obligaciones laborales
Tanto Toro Zambrana como Rosado negaron las denuncias de la querella.
Además, la querellante le imputó a la administradora auxiliar en administración de DA, Noelia López Rivera, haber incurrido en hostigamiento laboral al realizar expresiones injuriosas, humillantes y descalificatorias de su calidad profesional, en conversaciones con otros compañeros de trabajo. López Rivera negó los señalamientos en su contra contenidos en la querella.
La querellante plantea que las acciones de Toro Zambrana, Rosado y López Rivera ayudaron a crear una atmósfera de trabajo hostil y represiva que la afectó emocionalmente. De hecho, en conversaciones con algunas de las mujeres perjudicadas este periodista constató que López Rivera es señalada por incurrir en reiteradas acciones de hostigamiento laboral con otras empleadas del DA.
Desestima por falta de testigos
Finalmente, la licenciada Bábara Cruz Muñiz, quien efectuó una investigación sobre la querella, recomendó desestimar los señalamientos sobre las insinuaciones sexuales que Rivera Collazo le imputa a Toro Zambrana “por falta de testigos”. La información surge del informe que realizó Cruz Muñiz, al que tuvo acceso este periodista y que tiene fecha del 4 de noviembre del 2021.
Cruz Muñiz también desestimó las denuncias sobre que Toro Zambrana quitó responsabilidades a Rivera Collazo, le impuso restricciones en su área de trabajo, realizó descalificaciones humillantes sobre la calidad de su trabajo e incurrió en hostigamiento laboral al asignar deberes ajenos a sus obligaciones laborales. La abogada recomendó no imponer sanciones contra Toro Zambrana porque “no encontramos que existe causa suficiente para iniciar el proceso”.
Además, la investigadora sostuvo que las compañeras de Rivera Collazo negaron que hayan ocurrido esas imputaciones contra Toro Zambrana y que el funcionario “le haya retirado funciones como reprimenda”.
Recomienda regaño oral
Luego la investigadora concluye que “fueron actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que le corresponde como superior”, lo cual podría indicar que, para la investigadora los actos imputados si ocurrieron pero que la interpretación realizada por la querellante de esos actos es incorrecta.
No obstante, aunque la investigadora pudo comprobar que sí ocurrieron las imputaciones contra Rosado y López Rivera sobre que cometieron hostigamiento laboral y discrimen contra la mujer, según sostuvo Rivera Collazo, solo recomendó una “medida correctiva de advertencia oral” contra ambos.
La investigadora justificó la leve sanción contra los dos funcionarios debido a que la conducta conducente al hostigamiento laboral y el discrimen no fue repetitiva o “reiterada”, que es uno de los criterios establecidos por la ley 90 de 2020, o Ley Para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral.
Acciones para obligar la renuncia
Para el 2021 el DA carecía de un protocolo para atender las querellas relacionadas con hostigamiento laboral o sexual, según señaló López Rivera en una contestación a la querella de Rivera Collazo que tiene fecha del 25 de octubre del 2021.
De hecho, para las féminas profesionales perjudicadas por los atropellos machistas en el DA, las acciones cometidas por los directivos de la agencia para imponer restricciones en su área de trabajo, efectuar descalificaciones humillantes sobre la calidad de su trabajo y asignar deberes ajenos a sus obligaciones laborales son actos compatibles con lo que se conoce como “despido constructivo o tácito”, según lo describe la ley 80 de 1976 o ley sobre Despidos Injustificados, la cual solo aplica a los patronos privados.
Según el estatuto, el llamado despido constructivo, que se considera una modalidad de despido injustificado, ocurre cuando un patrono induce al empleado a renunciar de forma involuntaria a través de imponer condiciones opresivas de trabajo, despojar al empleado de sus funciones, crear un ambiente de trabajo hostil e intimidante y establecer un trato irrespetuoso que atenta contra la dignidad del empleado.
“A algunas de nosotras nos sacaron de nuestros puestos y a otras nos obligaron a renunciar y nadie nos escucha”, se lamentó una de las perjudicadas.
