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Denuncia de represalias por quejarse de hostigamiento en la Autoridad de Tierras

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Por Miguel Díaz Román

Un ejemplo dramático que revela el proceder abusivo y machista de los directivos del Departamento de Agricultura (DA) contra las mujeres profesionales que laboran en esa agencia es el caso de la agrónoma Jessica Ruiz Olavarría, quien en 2021 se quejó por actos de hostigamiento laboral en su contra, las cuales generaron una investigación que respaldó sus reclamos y provocó el descabezamiento de cúpula directiva de la Autoridad de Tierras, pero luego la mujer fue transferida, un acción que ella considera como una represalia.

Ruiz Olavarría se desempeñaba como coordinadora de área en la región agrícola de Toa Alta, Toa Baja, Dorado y Vega Alta.

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La agrónoma presentó una queja por un patrón agresivo de hostigamiento laboral contra la agrónoma Sonji Ortiz, quien dirigía la división de Bienes Raíces de la AT. La querella también incluyó imputaciones de negligencia contra las tres ejecutivas de la agencia debido a que, alegadamente, conocían los señalamientos de hostigamiento desde 2020 y no habían tomado medidas para atender sus quejas.

Las tres funcionarias imputadas fueron la subdirectora de la AT, Lynnete Díaz Meléndez; la directora de Recursos Humanos, Jesenia Cruz y la directora ejecutiva, Dorally Rivera Martínez.

La querella de hostigamiento laboral fue investigada por la licenciada Bárbara Cruz Muñiz, quien concluyó que la agrónoma Ortiz incurrió en un patrón de acoso contra Ruiz Olavarría. También determinó que las tres funcionarias fueron negligentes.

El 14 de febrero de 2022 el secretario González Beiró envió una misiva oficial a Rivera Martínez y las otras tres funcionarias de la AT, que contenía una amonestación por la presunta inacción ante la queja de acoso laboral.

Luego, el 17 de febrero la Junta de Gobierno de la AT determinó de manera fulminante el despido de Rivera Martínez y de las otras tres funcionarias, lo que implicó que regresaran a sus puestos de carrera. Rivera Martínez, que dirigió el Comité de Transición de González Beiró tras su designación, sostuvo que la investigación realizada estaba incompleta porque ella y los otros directivos nunca fueron entrevistados por la licenciada Cruz Muñiz.

Traslado como represalia

Además, argumentó que a pesar de que la empleada nunca presentó una querella se siguió el protocolo y el empleado fue aislado para evitar las tensiones.

El despido tuvo lugar en momentos cuando las irregularidades del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), alcanzaron la luz pública y provocaron la designación de Fiscal Especial Independiente.

No obstante, el 25 de abril de 2022 Ruiz Olavarría recibió una carta de parte del director ejecutivo de la AT, Irving Rodríguez Torres, en la que anunció su traslado a la región de Río Grande a partir del 2 de mayo. El traslado fue catalogado como “una acción de represalia” por el abogado Federico Freytes, quien representa a Ruiz Olavarría.

El señalamiento figura en un alegato ante la Junta de Apelaciones en el que se impugna la decisión tomada por Rodríguez Torres. Alegadamente, el traslado atenta contra la seguridad personal de Ruiz Olavarría porque ella ya había trabajado en esa región y tomó determinadas decisiones que provocaron amenazas de muerte en su contra.

Además, según el alegato, el traslado es extremadamente oneroso para Ruiz Olavarría porque conlleva tres horas de viaje diarias, lo que implica el consumo del 80 % de ingreso en gastos de gasolina y mantenimiento para el automóvil. 

Alegan decisión no fue arbitraria

En reacción a los señalamientos del licenciado Freytes, Rodríguez Torres sostuvo que “en ese momento Jorge Campos era el director ejecutivo interino de la AT y yo el director ejecutivo auxiliar. Jorge (Campos), ordenó cambiar a todos los agrónomos de (la división de) bienes raíces que hacían oficina en el edificio central a las oficinas de área para que estuvieran más cerca de las áreas y fincas que atienden.  No solo fue a Jessica (Ruiz Olavarría) fue a los siete agrónomos del área. Ella (Ruiz Olavarría) tenía querella radicada a la agrónoma Sonyi Ortiz, su pasada supervisora y yo no estaba en AT cuando ocurrieron los incidentes sobre esa querella”

Rodriguez Torres insistió en que “se movió a los agrónomos para el mejor servicio en el área de bienes raíces. Jamás he tomado una decisión arbitrariamente”.

Pero según se desprende del alegato de Ruiz Olavarría ante la Junta de Apelaciones “acciones como ésta, después de la querella por acoso laboral que ella había radicado y que había sido resuelta a su favor, pueden entenderse como una acción de represalia”. Hasta el momento la situación de Ruiz Olavarría no ha cambiado y aún la Junta de Apelaciones no ha tomado una determinación.

Otro escenario que muestra el cuestionable comportamiento de González Beiró fue una tormentosa reunión celebrada el pasado 14 de julio, en la que el secretario, alegadamente, maltrató con palabras soeces a los agrónomos que dirigían determinadas regiones agrícolas y ordenó una serie de traslados unilaterales.

Certificados a los que no cumplen

González Beiró justificó los traslados porque los agrónomos estaban efectuando acciones contrarias a la ley al conceder los Certificados de Agricultor Bonafide (CAB).

Alegadamente, el secretario se ampara en una interpretación de la ley 51 de 2021, que establece que los CAB serán concedidos a cuatro años si los solicitantes obtienen el 51 % de su ingreso de una actividad agrícola, según conste en su planilla de contribución sobre ingresos, o el 51% del valor de la producción o inversión de un negocio agroindustrial como operador, dueño o arrendatario.

Este periodista conversó con algunas de las personas que estuvieron en esa reunión y la realidad es que el secretario promueve que los directores regionales aprueben los CAB por cuatro años de todos los solicitantes aun cuando no posean una actividad agrícola corroborable.

Las fuentes indicaron que algunas de las personas que han solicitado CAB poseen terrenos baldíos sin cultivos y la fuente principal de sus ingresos no provienen de actividades agrícolas.

También se han presentado personas que aspiran a realizar cultivos hidropónicos en vagones acondicionados para ese tipo de siembra, pero al momento de solicitar el CAB no posee el vagón ni presentan evidencia de que cumplen con los requisitos de ingreso. Incluso, las fuentes alegan que algunos de los solicitantes de los CAB son amigos del secretario.

Subsecretario tomará la decisión

De hecho, en una carta circular emitida el pasado 24 de agosto, González Beiró indicó que una recomendación negativa de parte de un agrónomo no es razón suficiente para negar una CAB. La carta circular sostiene que aquellas solicitudes que sean rechazadas por los agrónomos pasarán a la oficina del subsecretario para su evaluación, lo que ha activado las alarmas entre los agrónomos debido a la posibilidad de que se aprueban CAB de manera indebida.

Aquí el asunto medular es que al obtener la CAB el agricultor tiene derecho a una exención contributiva de 90 % y una exención total en el pago de patentes municipales, contribuciones sobre la propiedad y determinados arbitrios. Además, los CAB están acompañados por la firma del agrónomo y de su sello profesional, lo que compromete de manera especial a estos profesionales.

Los funcionarios que estuvieron presentes en la reunión del 14 de julio señalaron que el secretario utilizó palabras soeces, gritos, improperios y amenazas con el fin de hacer cumplir sus objetivos con los CAB.

Tras la reunión los agrónomos Ana Esther Maldonado, de Naranjito, Maricarmen Martínez, de Arecibo, y Elmer Pérez, de Utuado, renunciaron a sus posiciones como directores regionales y regresaron a sus puestos de carrera en el DA.

A raíz de los incidentes ocurridos en la reunión del 14 de julio, el Colegio de Agrónomos aprobó ayer una resolución para investigar las actuaciones del secretario de Agricultura en relación con los agrónomos y su insistencia en la aprobación de los CAB.

Si la investigación concluye que los hechos denunciados se cometieron y causaron determinados daños a los agrónomos, el informe se deberá enviar a varias agencias investigativas del gobierno, incluyendo el Departamento de Justicia.

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