Por Miguel Díaz Román
Unas 20 mujeres profesionales han sido objeto de la violencia machista en el Departamento de Agricultura, a través de un patrón alarmante de abusos ejercido por los directivos de la agencia que incluye decisiones arbitrarias, atropellos, hostigamiento sexual, humillaciones y lenguaje soez.
En algunos casos se señala al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien es descrito por algunas de las perjudicadas como una persona que suele usar lenguaje soez y expresiones ofensivas en su desempeño cotidiano en la agencia.
Los señalamientos contra González Beiró y sus subalternos se retrotraen al inicio de su gestión en el DA a partir de 2021, cuando la agencia se estremeció por una serie de cambios en el ámbito administrativo y en varias de sus dependencias, que incluyó la remoción de las mujeres de sus puestos sin razón alguna, según alegan las perjudicadas.
De hecho, la mayoría de estas mujeres solicitaron mantenerse en el anonimato porque aún trabajan en el DA y anticipan una nueva oleada de represalias de parte de González Beiró y la cúpula administrativa que lo rodea, si ellas aparecen citadas en un reportaje periodístico.
Como se verá en otra historia que integra esta serie, algunas de los atropellos han eclosionado en querellas que revelan en detalle los atropellos, pero la gran mayoría de las decisiones arbitrarias, el hostigamiento laboral y las humillaciones permanecen impunes debido a que las perjudicadas han optado por mantener silencio para no afectar su trabajo o para evitar nuevas represalias.
Extenso el listado de perjudicadas
Las funcionarias afectadas son: Sonji Ortriz, quien ocupó la posición de directora de Bienes Raíces de la AT; Lynnete Díaz Meléndez, quien era la subdirectora de la AT y secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno de esa dependencia; Jezenia Cruz, quien era la directora de Recursos Humanos de la AT y la licenciada Dorally Rivera, quien fue la directora ejecutiva de la AT.
También figura Mónica Reyes, quien tenía a cargo los Mercados Familiares en la ADEA; Mayra Martínez, quien era la directora de la división de Servicios Generales en la ADEA; Mercedes Seín, quien tenía a cargo la promoción del Fondo Integral para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y la marca Del País; Edna Valle, quien era directora de Servicios Generales y del programa de Inversiones de la ADEA; Idelisa Acevedo, quien fue la directora de la división de Mercados Institucionales de la ADEA.
Otras de las afectadas son Anaishka Legrand, quien tuvo a cargo el Centro de Cómputos y la Oficina de Sistemas del DA; Ivelisse Santaliz, quien fue supervisora de Tesorería de la ADEA; Jeanette Zea, quien tuvo a cargo el programa de Fincas Familiares de la AT; Sixta Rivera Collazo, quien es analista de Recursos Humanos en el DA; Astrid Rivera, supervisora de la división de Tesorería de la AT; Maricarmen Martínez, directora de la región agrícola de Arecibo y Ana Esther Maldonado, quien dirigió la región agrícola de Naranjito .
La agrónoma de la AT, Jessica Ruiz Olavarría, quien se desempeña como coordinadora de área y Glorimar Ocasio Rivera, quien es supervisora de la división de Tesorería de la AT.
Yesimar Rivera Reyes, técnica programa infraestructura rural de la AT, y quien es la esposa del administrador de la ADEA, Juan Rodríguez Reyes, y quien tuvo problemas con el subsecretario, Jorge Campos, y con el director ejecutivo de la AT, Irving Rodríguez, y fue trasladada de manera arbitraria a la oficina de Arecibo.
Además, en esta lista debe figurar la agrónoma Noelia Torres González, quien en el 2019 demandó por discrimen por edad, laboral y político en el Tribunal de Primera Instancia de Quebradillas al entonces director de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera, Jorge Campos, quien actualmente es el subsecretario del DA.
Atropellos como denuncia unánime
Otra mujer que debe integrar la lista es la agricultora Jenoveva Lozada, quien fue la presidente de la entidad Mujeres Agroempresarias de Puerto Rico, una agrupación de mujeres agricultoras que han sido ignoradas por González Beiró y sus subalternos.
Este periodista ha sostenido innumerables entrevistas con la mayoría de las mujeres afectadas, quienes poseen diplomas universitarios en agronomía, contabilidad, finanzas y leyes, y la denuncia unánime es el modo atropellado e irrespetuoso y en algunos casos humillante e injusto, que se empleó para removerlas de sus posiciones.
Algunas de ellas sufrieron la reasignación de responsabilidades que en realidad resultó en una degradación de su posición administrativa, a pesar de que hasta ese momento su desempeño era sobresaliente y nunca habían recibido señalamientos adversos.
Algunas de ellas fueron privadas de recursos y materiales para hacer su trabajo y se les negó el uso de vehículos aún cuando el acceso a un automóvil era necesario para desempeñar sus tareas diarias. Incluso, mientras algunas de estas mujeres no tenían acceso a un vehículo, los directivos gozaban de la asignación de vehículos nuevos.
Quejas sin oídos
Algunas de estas mujeres profesionales se han quejado sin obtener resultados en la Fortaleza y en la Procuraduría de la Mujer por el proceder abusivo, destemplado, arrogante y distante de las más elementales normas de urbanidad de González Beiró y sus subalternos.
Algunas de ellas han denunciado lo que han llamado la violencia machista de parte del secretario y sus subalternos, la cual se revela en expresiones discriminatorias contra la mujer y en ocasiones cargadas de contenido sexual.
Según el testimonio de varias de las perjudicadas, las funcionarias de la Procuraduría de la Mujer consideraron que las denuncias presentaban las características de una disputa laboral y no cumplían con el perfil de un caso de violencia contra la mujer.
Las fuentes explicaron que algunas de las perjudicadas denunciaron en la Fortaleza la violencia machista que González Beiró y sus subalternos descargaron sobre ellas a través de palabras soeces, expresiones discriminatorias contra la mujer, traslados injustificados y cambios en sus funciones administrativas, las cuales no eran compatibles con su experiencia y preparación académica y que carecían de justificación.
Represalias como motivo
Incluso, algunas de estas profesionales denunciaron que las decisiones unilaterales de González Beiró y sus subalternos obedecían en realidad a acciones de represalia contra las funcionarias porque se habían negado a tomar decisiones en contra de las leyes y la reglamentación vigente.
Quizás el mejor ejemplo es la insistencia del secretario a la aprobación de Certificados de Agricultor Bonafide (CAB) a personas que no cumplen con los requisitos vigentes, según indicaron algunas fuentes a este periodista.
Entre los subalternos señalados por las mujeres victimizadas por los atropellos figuran el secretario auxiliar de Recursos Humanos en el DA, Noel Toro Zambrana; el administrador de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), Juan Rodríguez Reyes; el director ejecutivo de la Autoridad de Tierras (AT), Irving Rodríguez Torres; la ayudante ejecutiva del secretario, Noelia López Santiago; y el subsecretario de Agricultura, Jorge Campos.
Los cambios introducidos por el secretario al DA y sus subalternos han ocurrido de manera paulatina desde el 2021 hasta el 2023 y han trastocado las operaciones de ADEA, de la AT y de las oficinas agrícolas regionales.
Afectados los programas agrícolas
La mayoría de los programas agrícolas del DA y sus dependencias fueron afectados por la remoción de las funcionarias, quienes poseen una amplia experiencia en los procesos burocráticos, en el manejo de los detalles administrativos y en la logística de los recursos públicos.
Un ejemplo dramático de esta realidad es que, tras la remoción de las funcionarias, el DA enfrentó graves dificultades para cumplir con los requisitos que propician la venta de productos agrícolas en los Comedores Escolares.
De hecho, Comedores Escolares no adquirió productos agrícolas del país a través del DA durante los años 2021 y 2022. Después de numerosos tropiezos, en 2023 el DA comenzó a vender algunos productos del país al Departamento de Educación.
Otro ejemplo revelador es la reducción dramática en la celebración de los Mercados Familiares en diversos puntos del país, lo que ha limitado las plazas de venta para que los agricultores locales ofrezcan a la venta productos del país.
Además, el programa ha enfrentado denuncias públicas relacionadas con los precios abusivos que se le cobra a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional, lo cual revela la falta de inspectores o la pobre calidad de esas inspecciones. De hecho, las fuentes sostienen que, por alguna razón aún no precisada, en los Mercados Familiares se ha registrado la presencia de personas que no son agricultores, quienes, alegadamente, pueden obtener un beneficio diario de hasta $75,000.
Mañana: Fortaleza avala la violencia machista en el DA
