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Puerto Rico
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¿Cómo podemos revertir la reforma de salud?

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 Por Enrique Vázquez Quintana, MD

La Reforma de Salud de Puerto Rico comenzó en septiembre de 1994 en la región de Fajardo. En el trayecto se vendieron todos los Centros de Salud de los pueblos al igual que los hospitales de distrito y regionales. 

El gobierno se quitó como prestador de servicios médicos a lo población médico-indigente y contrató esos servicios con compañías aseguradoras privadas cuya aspiración principal es el lucro.

El nuevo sistema de salud ha enfrentado serios problemas desde que comenzó.  Eventualmente las compañías aseguradoras se han apoderado de la totalidad de los servicios médicos del país, han reducido sus redes de proveedores, exigen preautorización para laboratorios, pruebas radiológicas, admisiones y operaciones.

La opinión general es que el éxodo de médicos hacia Estados Unidos se debe a los atropellos que sufren de parte de las compañías aseguradoras. Muchos médicos añoran el sistema gubernamental que se desarticuló en la década de 1900.

¿Cómo podemos revertir la reforma de salud y regresar a un sistema de prestación de servicios de salud similar al anterior?

Para lograr un plan de cubierta universal se requiere hacer lo siguiente: Solicitar autorización a la agencia federal CMS (Centro de Medicare y Medicaid) para establecer el concepto de pagador único (Third Party Administrator, TPA en inglés).

El pagador único será el gobierno de Puerto Rico y el administrador único sería un plan médico, preferiblemente una cooperativa. Ese plan equivale a Medicare para todos, para todos los indigentes del país. Entiendo que CMS no tendría objeción ya que es el mismo concepto de Medicare.

Se utilizarían los Centros 330, actualmente los Centros 330 tratan al 63% de los pacientes del Plan Vital. Se activaría la ley de Centros Médicos Académicos Universitarios. Esos hospitales deben tener de 15-20 camas para pacientes psiquiátricos, de esta manera se integrarían la salud física y mental.

Se le asignaría a cada una de las cuatro escuelas del país tratar la población de una región del país. Los pacientes serían referidos por los Centros 330 a los hospitales de esas escuelas de medicina y de allí al Centro Médico de Puerto Rico de acuerdo a su condición médica.

Los servicios médicos prestados serían facturados al plan que actúe como pagador único. El Plan Vital desaparece, igualmente los IPA’s y los contratos con las aseguradoras no existirán.

Las escuelas de medicina serán las responsables de establecer nuevos programas de residencias médicas comenzando con Medicina de Familia. La facultad de los Centros Médicos Académicos está protegida en cierta medida por responsabilidad médico-hospitalaria.

Hay que enmendar las leyes de responsabilidad médico hospitalarias para eliminar las demandas frívolas en contra de los médicos.

Se eliminaría la responsabilidad de brindar servicios médicos a la Corporación del Fondo de Seguro del Estado (CFSE) y de la Administración de Accidentes Automovilísticos (ACAA). Su participación se limitaría a la otorgación de incapacidad y compensación a los accidentados en el trabajo o en accidentes automovilísticos.

Pacientes con traumas menores serán tratados en los hospitales de las cuatro escuelas de medicina. Los accidentes mayores serán enviados al Hospital de Trauma del Centro Médico. Los ahorros en que incurran la CFSE y la ACAA serán asignados al Plan Vital.

El Hospital de Trauma se trasladaría al Hospital Industrial, que tiene un porcentaje de ocupación muy bajo, tiene cinco salas de operaciones, posee una unidad de intensivo y una unidad para quemados.

En 68 del total de 78 municipios hay Centros 330, esos centros son unidades sin fines de lucro con una junta de gobierno del propio municipio, reciben ayuda federal para su funcionamiento. Son centros de salud primaria, funcionan de 8:00 AM a 4:30PM, 10 pueblos de la isla no tienen Centros 330 pero tienen CDT’s.

El Departamento de Salud debe cubrir los gastos para abrir el tercer turno de noche de esos centros.

Los medicamentos constituyen el 11-14% del presupuesto de salud. Actualmente los planes médicos aumentan sus ganancias utilizando los PBM (Pharmacy Benefit Manager), hay que eliminarlos.

Los CDT y el Departamento de Salud deben comprar los medicamentos utilizando el Plan 340 B como hacen los Centros 330. Bajo este plan todos los puertorriqueños tendrán una mejor cubierta médica cerca de su residencia.

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INFORME SEMANAL-10 de Noviembre de 2023

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Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre una medida que se aprobó en Camara y Senado que enmienda el Seguro de Responsabilidad Obligatorio para permitir los llamados accidentes «puerta con puerta». La medida fue aprobada sin que se hiciera un informe actuarial. Además, hablamos sobre el acuerdo logrado por Tata Cordero para reducir los efectos adversos que los nuevos parámetros de calidad de leche tienen en los ganaderos.

Otro tema de esta semana será la llamada financialización, en la que las empresas farmacéuticas se dedican a obtener jugosas ganancias realizando inversiones en el mercado de valores.

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Senado considera legalizar la leche cruda mientras la ORIL la prohíbe

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Por Miguel Díaz Román

En momentos cuando la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) ordenó detener la venta ilegal de leche cruda no pasteurizada en una finca en Dorado, en la Comisión de Agricultura del Senado considera una medida para legalizar la venta de cruda cuyos proponentes se desconocen.

El Proyecto del Senado 1378 fue radicado por el senador por el distrito de Arecibo, Rubén Soto Rivera, quien pertenece al Partido Popular Democrático. La medida fue presentada por petición, lo que implica que la acción del senador Soto Rivera fue motivada por una entidad o una persona que tiene un interés particular en mercadear la leche cruda. El senador Ramón Ruiz Nieves, quien también pertenece al PPD, fue el coautor de la medida.

En esencia se considera leche cruda aquella que no ha sido pasteurizada con el fin de eliminar las bacterias que puede contener. El término abarca la leche generada por una vaca, una oveja o una cabra.

El senador Soto Rivera no respondió a las llamadas de SN para que revelara la identidad de la persona o las personas que proponen el PS 1378. La medida fue referida a la Comisión de Agricultura del Senado, que preside el senador Albert Torres, quien también pertenece al PPD.

El agrónomo Nelsón Bayron Justiniano, quien es el director ejecutivo de la Comisión de Agricultura, dijo que no conoce el proponente de la medida y el senador Soto Rivera tampoco ha accedido a revelar su identidad.

Leche cruda “alimento vivo sin pasteurizar”

La medida menciona que la petición recibida por el senador Soto Rivera se originó en un sector de la población que entiende que “la leche cruda es natural, que tiene los nutrientes completos y todo lo que necesita para usarla, así como las vitaminas, minerales y grasa saludables para ser ingeridas.”

También alega que “la leche cruda es un alimento vivo, y que al utilizar el proceso de pasteurizar se estaría matando lo bueno y malo que contiene la leche”. Luego, para justificar el consumo de esta leche sin cumplir el proceso de pasteurizado que exige la reglamentación federal y local, la medida indica que la leche cruda “es nutricionalmente densa, ello, en la medida que todos sus nutrientes están presentes, por tanto, la leche cruda está llena de energía”.

 La medida propone que los departamentos de Agricultura y Salud concedan en conjunto las licencias para que las vaquerías puedan vender leche cruda únicamente en sus instalaciones. La única prueba de laboratorio que será requerida a las vaquerías es aquella que descarta la presencia de tuberculosis y brucelosis tanto en el ganado como en la leche. Un veterinario certificado efectuará las pruebas para detectar ambas enfermedades en el ganado.

El PS 1378 dispone que la leche cruda para consumo humano será asegurada de 48 horas a 72 horas previas a la venta, en los establecimientos comerciales en las vaquerías.

Producto tendrá advertencias

De hecho, la medida establece que la venta de leche cruda para consumo humano será realizada sin intermediarios en las vaquerías y no se podrá vender leche cruda en los mercados de agricultores o en una tienda minorista propiedad de un agricultor que no esté ubicada en la vaquería.

Otro requisito que impone la medida es que la leche cruda se venderá en botellas y en otro tipo de envases que no son especificados en el texto. Se requerirá que cada envase contenga la palabra “crudo”, la cantidad del líquido contenido en el envase, la fecha cuando la leche fue extraída del animal, el nombre y dirección de la vaquería, el número de la licencia y las palabras “mantener refrigerado”.

Además, las etiquetas deben contener el siguiente texto, precedida por la palabra de “advertencia”: “la leche cruda no ha sido procesada para eliminar patógenos que puedan causar enfermedades. El consumo de leche cruda puede aumentar significativamente el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos en las personas que la consumen, particularmente con respecto a ciertas poblaciones altamente susceptibles, como niños en edad preescolar, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que padecen enfermedades y otras personas con enfermedades debilitantes del sistema inmune”.

Medida atenta contra la salud

La Comisión de Agricultura ha solicitado ponencias a los departamentos de Agricultura, Salud y Asuntos del Consumidor y al Sector de leche de la Asociación de Agricultores.

En una ponencia escrita el ganadero Carlos Benítez rechazó el PS 1378 por que su aprobación “traería graves consecuencias para la salud de los consumidores y no sería responsable fomentar un proyecto a favor de un renglón de esta naturaleza que fuera a crear problemas y consecuencias serias y lamentables para la ciudadanía en general en el área de la salud”.

En su ponencia Benítez dijo desconocer los intereses que han motivado la petición ante el senador Soto Rivera. “Nuestra industria aún está viva y agonizando, pero está viva y hay que cuidar la naturaleza noble del producto que deriva de nuestro esfuerzo día a día”, indicó el ganadero. 

Interviene la ORIL

Al inicio de esta semana la ORIL reveló que el pasado 3 de noviembre intervino en la Finca de Abuelo Miguel, la cual opera dentro de la Finca Pastoreo en el municipio de Dorado.  La ORIL ordenó un cese y desista contra la venta de leche cruda en la citada finca.

Según una fuente de NS, la Finca de Abuelo Miguel mercadea productos orgánicos que se cosechan en sus terrenos y que son adquiridos por consumidores locales y extranjeros que poseen ingresos altos.

Entre los hallazgos de la intervención figura que la leche cruda se vendía en envases de 120 onzas sin etiqueta y sin pasteurizar a $17. La prueba de laboratorio detectó la presencia en la leche de las bacterias E. Coli, Candida, Klebsiella, Streptococcus Uberis y Staphylococcus Aureus.

Según la ORIL, la Finca de Abuelo Miguel vendía alrededor de 50 galones semanales ilegalmente y también la mercadeaba a través de su página en internet.

El secretario del Agricultura, Ramón González Beiró, sostuvo que “es inaceptable que se esté vendiendo leche cruda perjudicando la salud de quienes la consumen y con tantos ganaderos que se esmeran a diario cumpliendo con la ley para producir leche de calidad para el pueblo”.

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Hacienda pide a contribuyentes que no sobornen a sus empleados y confirma la existencia de una “mafia institucional”

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Por Miguel Díaz Román

El Departamento de Hacienda colocó un insólito mensaje en la página cibernética del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) en el que pide a los contribuyentes que no sobornen a sus empleados.  

El mensaje advierte a los usuarios que está prohibido incurrir en actos de corrupción, en lo que representa una evidente confirmación de que determinados funcionarios de la agencia acceden a recibir sobornos de parte de empresas y ciudadanos a cambio de beneficios contributivos ilegales.

El inesperado mensaje también podría figurar como una confirmación de la llamada “mafia institucional” que denunció el ex principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado Gautier, en una entrevista en junio de 2019, la cual desató una crisis en la administración del ex gobernador Ricardo Rosselló que culminó con su renuncia un mes después.

En su denuncia Maldonado Gautier sostuvo que la llamada “mafia institucional” estaba integrada por un grupo de funcionarios de la alta gerencia en Hacienda, los cuales “llevan muchos años en Hacienda” y se dedicaban a “borraban deudas y cobraban por favores”.

El mensaje fue ubicado de manera destacada dentro de un enmarcado en la parte alta de la página cibernética de SURI, de modo que los usuarios deberán observarlo, inevitablemente, al iniciar una transacción.

El texto escueto del mensaje indica: “En el Departamento de Hacienda (Departamento) está expresamente prohibido llevar a cabo actos de corrupción y soborno. Al ingresar al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), usted acepta y se compromete a no ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar alguna ventaja indebida a cambio de un valor financiero o cualquier beneficio a un funcionario o empleado del Departamento con el propósito de que actúe o deje de actuar en relación con sus obligaciones y deberes”.

El delito de soborno en el Código Penal del país básicamente se configura cuando se promete o se entrega a un empleado público dinero o cualquier beneficio con el objetivo de omitir o retardar un acto regular de su cargo o para que ese funcionario realice un acto contrario a sus deberes.

Hacienda pide que no sobornen a sus empleados

De la citada definición se desprende que en el acto de soborno participan dos partes, la que accede a entregar el soborno y aquella que lo recibe. De manera, que con este mensaje en la página cibernética de SURI Hacienda acepta que entre su plantilla existen empleados dispuestos a recibir un beneficio para violar el Código de Rentas Internas.

De hecho, el mensaje es una clara exhortación de Hacienda a los contribuyentes para que no sobornen a sus empleados.  

En las denuncias efectuadas el 24 de junio de 2019, Maldonado Gautier dijo que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) realizaba una investigación en Hacienda en la que se habían identificado entre 15 y 20 funcionarios que, según dijo el ex secretario de Hacienda, habían “accedido récords de sistemas, vendían influencias y licencias falsas”.  

En aquel momento Maldonado Gautier indicó que experimentó intentos de extorsión de parte de la “mafia institucional”, luego de que sus integrantes revisaron los expedientes de sus clientes y las transacciones que realizó en representación de ellos en Hacienda, antes de integrar la administración del ex gobernador Rosselló.

En septiembre la jueza Yazdel Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, no encontró causa para juicio contra Maldonado Gautier por alegadas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal por no informar ingresos en sus informes a la Oficina de Ética Gubernamental.

Sin nuevas acusaciones por corrupción

No obstante, a pesar de que Maldonado Gautier alegó que hasta 20 funcionarios de Hacienda eran investigados por el FBI, en los pasados años no se han radicado acusaciones contra empleados de la agencia, con excepción de los cargos por extorsión y soborno radicados en 2017 por la fiscalía federal contra los ex agentes de rentas internas Edwin Aponte Hernández y Eduardo Collazo Torres.

Ambos ex funcionarios se declararon culpables en 2018 en relación con la devolución de tres máquinas de entretenimiento para adultos que fueron confiscadas por tener las licencias expiradas. Los ex agentes de rentas recibieron $1,500 a cambio de devolver las máquinas, según concluyó la investigación realizada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Una fuente indicó que los actos de soborno y corrupción de parte de funcionarios de la agencia continúan a todo vapor a pesar de las medidas tomadas en Hacienda para impedir las acciones ilegales. Según la fuente, los funcionarios corruptos mantienen comunicación con los contribuyentes a través de sus teléfonos celulares y los sobornos se tramitan por medio de aplicaciones financieras como ATH Móvil.

Alegan que SURI facilita los sobornos

La fuente explicó que las acciones fraudulentas persisten a pesar de que SURI limitó la intervención de los agentes de rentas internas y de otros funcionarios de mayor rango en las transacciones de los contribuyentes a una mera revisión de los documentos digitales, luego de que el contribuyente introduce a la plataforma toda la información relacionada con artículos importados, el pago de arbitrios o el pago de las retenciones del Impuesto de Ventas y Uso de parte de comerciantes.

Alegadamente, el establecimiento SURI ha propiciado los sobornos y otras acciones ilegales debido a la cantidad de transacciones que los contribuyentes pueden hacer a través de la plataforma, las cuales se pueden realizar desde sus celulares o computadores personales. Estas transacciones incluyen desde cumplimentar planillas, realizar pagos de contribución estimada hasta cumplir con los planes de pagos por deudas contributivas acordados con Hacienda.

En una entrevista con este periodista en 2021, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, reconoció que la plataforma redujo “dramáticamente” la interacción entre el agente de rentas internas y los contribuyentes y, además, suprimió el uso de documentos en papel y los sustituyó por los documentos digitales.

En aquel momento Parés explicó que la reducción de la interacción con los contribuyentes le debía permitir a los agentes de rentas internas dedicar más tiempo en las tareas de fiscalización.

Más fiscalización con SURI

“No hace sentido que la reducción de la interacción de persona a persona reduzca la efectividad de la fiscalización, porque el sistema actual permite una segregación de tareas entre más agentes para que se pueda revisar mejor una transacción. Yo no entiendo como eso no puede ser mejor que una persona (el agente) interactuando siempre con la misma persona (contribuyente)”, indicó el secretario.

De hecho, Parés sostuvo que la implementación de SURI y la aprobación de la Ley 257 del 2018, que reformó algunas áreas del Código de Rentas Internas, aumentó en 25% las declaraciones informativas que deben producir los contribuyentes, incluyendo los importadores, lo que facilita la fiscalización cruzada para detectar cambios que pudieran requerir una investigación más a fondo.

Agregó que el establecimiento de SURI y el aumento de las declaraciones informativas ha generado un alza en los recaudos en los arbitrios y el Impuesto de Ventas y Uso (IVU).

Parés reveló que fue precisamente la información recopilada por el SURI lo que permitió detectar una serie de incongruencias en el comportamiento del sector privado que luego se convirtieron en auditorías y procesos de investigación en seis áreas.

“Yo pedí un informe sistematizado del comportamiento del sector privado y nos dimos cuenta de ciertas incongruencias”, explicó Parés.

Hacienda opta por intimidar contribuyentes

Las seis áreas son los arbitrios contra vehículos de motor; los decretos de exención; los arbitrios contra el petróleo y sus derivados; el cobro y depósito del IVU; los informes de ingresos de los llamados influencers y el reporte y retención de contribuciones por parte de las compañías de construcción.

SURI fue establecido en el 2016 para agilizar la administración de impuestos y contribuciones, y desde el 2018 administra el arbitrio contra vehículos de motor.

La fuente indicó que la colocación del mensaje en la parte alta de la página cibernética de SURI no es un capricho ni un accidente, sino una confirmación de que la alta dirección de Hacienda ha optado por intimidar a los contribuyentes ante la realidad de que no ha podido contener los actos de corrupción.

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Mapfre denuncia cambios al Seguro Obligatorio estimularán el fraude

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Por Miguel Díaz Román

Una medida aprobada en el Senado que permitirá la reclamación al Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO) de los llamados accidentes “puerta con puerta” estimulará los reclamos fraudulentos, lo que podría afectar eventualmente la situación financiera de las aseguradoras, denunció el presidente de la aseguradora Mapfre, Alexis Sánchez Géigel.

Sánchez Géigel sostuvo que el Proyecto del Senado 1009, presentado por el senador José Vargas Vidot, provocará reclamaciones fraudulentas porque la Policía carece de mecanismos para corroborar la ocurrencia real de los reclamos que sucederían mientras ambos autos están estacionados.

El PS 1009 propone enmendar la definición de accidente del SRO para permitir que se reclamen los daños causados por aquellos eventos accidentales que acontecen mientras ambos autos están estacionados. El cambio permitirá que se reclamen al SRO los llamados accidentes “puerta con puerta” que, por lo general, acontecen mientras ambos autos están estacionados o detenidos.

“No hay manera que un policía puede decidir si se trata de un golpe viejo en la puerta y cómo determinar culpa”, dijo Sánchez Géigel, quien lamentó que no se hayan establecido mecanismos de protección contra las reclamaciones fraudulentas que podría propiciar la conversión en ley del PS 1009.

La medida se encuentra en la Cámara de Representantes luego de que fuera aprobada en el Senado.

Aumentar el límite

La representante Estrella Martínez, quien preside la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes, dijo que durante el día de hoy espera aprobar la medida en la Comisión. No obstante, no pudo precisar si hoy o mañana el PS 1009 será presentado en el hemiciclo de la Cámara.

“Ahí le toca (a la Comisión) a Reglas y Calendario”, dijo la representante Martínez cuando se le preguntó si la medida será presentada en el hemiciclo cameral. Mañana jueves 9 de noviembre es el último día para aprobar medidas en la Legislatura.  La Comisión de Reglas y Calendario, que es presidida por el representante Ángel Matos, es la que decide las medidas que bajarán a votación en el hemiciclo.

El presidente de Mapfre, que es una de las ocho aseguradoras que venden el SRO, rechazó la aprobación por el Senado del PS 1009 sin haber realizado un estudio actuarial para determinar el posible universo de las reclamaciones que podría generar y mucho menos sin decidir si será necesario ajustar la prima.

Incluso, ante el escenario incierto de reclamaciones y la posibilidad de fraude que crearía la medida, Sánchez Géigel se manifestó a favor de que, tras realizar un estudio actuarial, se considere la posibilidad de aumentar el límite del SRO, que actualmente es de $4,500.

 El estudio actuarial es el mecanismo para determinar el costo financiero de un riesgo asegurable y si es necesario ajustar la prima para garantizar el pago de las reclamaciones sin afectar la solvencia del asegurador.

Senado aprueba sin estudio

El PS 1009 propone introducir en la Ley 253 de 1995 o Ley de SRO, una definición para un accidente de tránsito, debido a que el estatuto carece de esa definición desde su aprobación.

La definición sugerida por la medida establece como elemento nuevo “que no será requisito que uno, ambos o varios de los vehículos involucrados en un accidente estén en movimiento”.

La definición de accidente vigente en el SRO, la cual fue definida a través del reglamento y es la definición que figura en la póliza, indica: “accidente de tránsito se refiere a un accidente entre vehículos de motor en el que por lo menos uno de los vehículos de motor envueltos está en movimiento”.

De la definición que propone el PS 1009 se desprende que se podrán reclamar aquellos daños causados a un vehículo por otro auto, mientras ambos se encuentran estacionados o detenidos. La medida presupone que al menos uno de los vehículos involucrado en un accidente está asegurado por el SRO.

La medida fue aprobada en el Senado sin determinar los posibles escenarios accidentales que podrían ocurrir mientras los autos están detenidos, sin estimar el efecto financiero que ese nuevo riesgo asegurable causará en la capacidad financiera de las ocho aseguradoras que venden el SRO y mucho menos sin decidir si será necesario aumentar la prima.

Incluso, la medida fue aprobada sin evaluar si los cambios propuestos podrían constituir una invitación al fraude y sin que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), que diseñó y estableció el SRO en 1995, se expresara sobre la medida.

De hecho, en la versión aprobada en el Senado de la medida no figura una disposición que ordene realizar un estudio actuarial como requirió la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), que administra el SRO, y la Asociación de Compañías de Seguros, (ACODESE).

Hay dinero para pagar reclamaciones según Comisión

El informe positivo de la Comisión de lo Jurídico del Senado concluyó que no es necesario aumentar la prima del SRO porque la ASC posee los recursos económicos para afrontar el aumento en reclamaciones que genere la nueva definición.

El informe hace esta extraordinaria conclusión sin contar con los resultados de un informe actuarial y sin apenas tener un estimado preliminar del posible valor económico de las reclamaciones que podría generar la nueva definición.

Aunque la ASC es el administrador del SRO, también es un asegurador más que compite contra siete aseguradoras que venden el SRO. Por lo tanto, la recomendación para no aumentar la prima del SRO que realizó la Comisión de los Jurídico se basó en la información financiera de uno de las aseguradoras y no en la información individualizada de las ocho aseguradoras que venden la póliza.

Error e interpretaciones incorrectas

De hecho, la licenciada Lorelli Navarro Martínez, quien es la directora de administración del ASC, sostuvo que la Comisión cometió un error al basar su informe sobre el PS 1009 “únicamente en la información y datos financieros provistos por ASC, los cuales no necesariamente fueron interpretados de la manera correcta”. 

La directora ejecutiva de ACODESE, licenciada Iraelia Pernas, ha planteado que podrían surgir problemas para adjudicar responsabilidad ante la realidad de que los accidentes “puerta con puerta” suelen ocurrir cuando ambos autos están detenidos.

Pernas sostuvo que al introducir aquellos accidentes que ocurran mientras los vehículos están detenidos significa una alteración al Sistema de Determinación Inicial establecido por la OCS, el cual fue diseñado para excluir los accidentes que ocurren cuando uno de los vehículos no está en movimiento.

La determinación de responsabilidad en el SRO se realiza por medio de unos diagramas que ilustran, de forma sencilla, las instancias en que ocurren los accidentes en las vías públicas.

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Incierto acuerdo para reducir daños en vaquerías por parámetros de calidad de la ORIL

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Por Miguel Díaz Román

El ex presidente del sector de la leche de la Asociación de Agricultores, Luis “Tata” Cordero, reveló que logró un acuerdo con el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, para aminorar los daños que sufren numerosos ganaderos a quienes se les decomisó leche cruda porque no cumple con los nuevos parámetros de calidad establecidos por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL).

Los decomisos se han estado realizando por órdenes de la ORIL, aunque el producto decomisado satisface los requisitos de leche grado A que impone el gobierno federal.

 Luego de que la ORIL ordena decomisar la leche por incumplimiento, muchas vaquerías venden el producto a las empresas productoras de queso. Pero los precios de venta suelen ser muy bajos y en ocasiones las queseras ya tienen suficiente leche, lo que provoca que el ganadero se vea obligado a decomisar el producto sin obtener ingreso alguno.

No obstante, de las expresiones de Cordero se desprende que no se establecieron determinadas fechas   para poner en vigor lo acordado y tampoco se estipuló considerar enmiendas al reglamento 5 de calidad de leche de la ORIL, el cual ha sido señalado como la fuente de los nuevos parámetros de calidad.

La reunión entre Cordero y González Beiró fue celebrada el pasado lunes y en ella estuvo presente Manuel Martínez Arbona, quien es el presidente del Sector de Leche de la Asociación de Agricultores.

Pocos resultados con el acuerdo

Según Cordero, el acuerdo se limitó a establecer unas rutas de recogida para las vaquerías que producen leche cruda que no cumple con los nuevos parámetros de calidad. Las rutas serían atendidas por dos camiones que tendrán la encomienda de hacer el acopio de leche cruda y llevarla a la planta de balance Indulac con el fin de canalizarla hacia la elaboración de leche UHT y otros subproductos lácteos como queso y mantequilla.

“Esto va a tardar porque COOPLE ( la Cooperativa de Productores de Leche)  va a comprar un camión pequeño en Estados Unidos para traer esa leche y además, hay un camión de Tres Monjitas y algún camión que tenga Suiza”, dijo Cordero.

Pero Martínez Arbona aseguró que se está trabajando para iniciar la recogida en dos semanas. “Estamos trabajando con la logística y cómo se le va a pagar al ganadero por esa leche”, indicó.

Cordero agregó que con el acuerdo se garantiza que las vaquerías afectadas reciban un pago por litro de entre 70 y 80 centavos, con el fin de que recuperen una porción del dinero invertido en la producción de la leche cruda. Actualmente el pago por litro para la leche cruda dirigida a la elaboración de leche fresca asciende a más de 92 centavos.  

De los 80 centavos, según dijo Cordero, Indulac estaría pagando hasta 60 centavos por litro y el Departamento de Agricultura aportaría el subsidio de hasta 25 centavos por cada litro de leche cruda que se utiliza para elaborar leche UHT y subproductos agrícolas. Este subsidio está vigente actualmente.

 Nueva máquina de análisis en Hato Rey

Otro asunto acordado es que se pondrá a disposición de las vaquerías cuya leche cruda no cumple con los nuevos parámetros una máquina de análisis de muestras de leche en un laboratorio certificado. “Esto es para que los ganaderos vayan y tengan un resultado rápido”, dijo Cordero.  

Pero Martínez Arbona dijo que la máquina estará disponible próximamente en las instalaciones del Fondo Fomento de la Industria Lechera en Hato Rey sin costo para los ganaderos. Indicó que a través de la máquina los ganaderos podrán identificar las enfermedades que tiene su ganado. “Entonces los ganaderos podrán ir vaca por vaca para determinar cuál es el animal enfermo y ver qué hará con él su veterinario”, dijo Martínez Arbona.

Los nuevos parámetros se establecieron en 2016 por medio de enmiendas al llamado reglamento 5 de Calidad de Leche de la ORIL, los cuales exigen bajar los niveles de bacterias y de las células somáticas en la leche, con el fin de equipararlos lo más posible a los niveles adoptados en diversos estados de los Estados Unidos.

El pasado 18 de julio entró en vigencia nuevas enmiendas al reglamento 5 patrocinadas por González Beiró, la cuales requieren bajar más los niveles de bacterias y de las células somáticas, y, entre otras disposiciones, establece un calendario en tres fases para elevar el nivel de grasa en la leche de 3 % a 3.25 % en marzo de 2025.

No se tocará el reglamento 5

Cordero indicó que en la reunión con González Beiró no se acordó establecer enmiendas al reglamento 5.

“No. Eso se va a quedar así”, dijo Martínez Arbona cuando se le preguntó si eventualmente se introducirán enmiendas al reglamento 5.

Por su parte, Cordero sostuvo que el proceso de introducir enmiendas era muy engorroso y señaló que los objetivos del reglamento 5 eran loables.

“Eso requiere hacer vistas públicas y eso es un proceso. Además, recuerda que ese reglamento lo que busca es mejorar la calidad de la leche para que las plantas puedan hacer cualquier producto y no tengan ningún problema y que la leche tenga mayor durabilidad. La idea es lograr una calidad extraordinaria para que el rendimiento y la calidad sea mejor”, dijo Cordero.

Planteros o ganaderos

“Cuando Tatá Cordero dice que los nuevos parámetros ayudan al procesamiento de leche en las plantas es que está pensando como plantero y no como ganadero. Y ese es el problema en todo esto, porque los ganaderos que piensan como planteros son los que favorecen el reglamento 5”, dijo el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.

Algunos de los ganaderos afectados por los nuevos parámetros de calidad indicaron que es necesario reducir sustancialmente los efectos del reglamento 5 porque eleva los costos de producción en momentos cuando el consumo de leche fresca continúa bajando y la ORIL no ha realizado el estudio económico exhaustivo de la industria lechera para determinar si es necesario revisar el pago por litro que recibe el ganadero por la leche cruda.

De acuerdo con fuentes vinculadas al sector de los productores de leche, los ganaderos en contra del reglamento 5 es una mayoría sustancial debido a los altos costos y dificultades que provoca cumplir a cabalidad con los nuevos parámetros. Según las fuentes, los ganaderos no comunican sus objeciones para evitar enfrentar represalias de parte de la ORIL y para no afectar sus operaciones agrícolas.

Las fuentes indicaron que insistir en mantener el reglamento 5 aumentará el descontento entre el sector de los ganaderos y podría causar un cisma en la industria lechera en la medida que operar las vaquerías genera más pérdidas que ganancias.

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Comisionado de Seguros cabildea contra medida que respalda Centro Internacional de Seguros

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Por Miguel Díaz Román

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, se mantiene realizando un fuerte cabildeo en el Senado en contra de la aprobación de una medida que propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el Centro Internacional de Seguros (CIS) podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.

Adams Vega ha sostenido que la aprobación del Proyecto del Senado 1352, radicado por el senador Juan Zaragoza Gómez, podría causar que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) pierda la acreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).

La NAIC devolvió la acreditación a la OCS el 12 de diciembre de 2022 luego de que fuera suspendida el 27 de julio de 2020. La medida fue aprobada por la Comisión de lo Jurídico del Senado y se espera que mañana miércoles 8 de noviembre sea presentada para votación en el pleno del Senado.

De acuerdo con una fuente del Senado, Adams Vega ya convenció al senador Tomás Rivera Schatz sobre los alegados daños que acusaría la aprobación del PS 1352 a la acreditación de la OCS y se mantiene llamando y visitando senadores de la delegación del Partido Nuevo Progresista que han manifestado simpatía por la medida y por el CIS.  

La fuente sostuvo que la mayoría del Partido Popular Democrático ya tiene los votos para aprobar la medida. Alegadamente, los 12 miembros de la delegación del PPD favorecen la medida junto al menos dos votos de la delegación del PNP, que tiene 10 miembros, lo que elevaría a 14 los votos para aprobar el PS 1352.  La fuente sostuvo que estos dos senadores novoprogresistas consideran al CIS como un vehículo de desarrollo económico y no respaldan la posición de Adams Vega, la cual es contrataría a su flexibilidad financiera.

Rivera Schatz apoya al Comisionado

No obstante, no está claro si el apoyo de Rivera Schatz a la posición de Adams Vega logre consolidar todos los votos de la delegación del PNP en contra de la medida, lo cual obligaría al PPD a buscar apoyo en los senadores de Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, en el Partido Independentista Puertorriqueño o en el senador independiente José Vargas Vidot.

Los planes de la mayoría del PPD, según indicó la fuente, es aprobar la medida mañana miércoles 8 de noviembre en el Senado para que de inmediato pase a la Cámara de Representantes.

 La fuente dijo que el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, favorece el PS 1325 y prometió bajarlo por descargue el jueves 9 de noviembre, que es el último día para aprobar medidas. Aprobar por la vía del descargue, implica que la medida será considerada en el pleno de la Cámara sin informes y sin vistas públicas. De esta manera, la medida quedaría aprobada en ambos cuerpos. La presente sesión legislativa termina el próximo 14 de noviembre.

Alegadamente, según indicó otra fuente, la Fortaleza es objeto de un tenaz cabildeo de parte de sectores de la industria de seguros que favorecen el CSI, para que el gobernador firme la medida.

Medida obliga a proteger el CIS

El PS 1325 introduce una enmienda al Código de Seguros, específicamente en las disposiciones relativas al CIS, para establecer que un asegurador internacional no podrá solicitar reciprocidad en otros estados por estar domiciliado en Puerto Rico.

 Además, aclara que los aseguradores internacionales podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en los estados de Estados Unidos, siempre que cumplan con las leyes de esas jurisdicciones. No obstante, ya estas disposiciones existen en la reglamentación del CIS.

Un elemento novedoso de la medida es que obliga al Comisionado de Seguros a mantener, proteger y promover el desarrollo del CIS y además establece que el funcionario deberá rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, en o antes del 30 de junio de cada año, sobre los esfuerzos realizados por la OCS para cumplir con el requerimiento de proteger el CIS.

La fuente indicó que tras la aprobación del PS 1352 en el Senado y la Cámara, se tomará la determinación de enviar a la NAIC un informe parcial de la Resolución del Senado 612, el cual concluyó que Adams Vega cometió fraude al representar falsamente que había prohibido por la vía administrativa que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS hicieran negocios en los Estados Unidos.

 Según el informe, Adams Vega hizo esa representación para lograr que la NAIC aceptara extender la acreditación a la OCS.

Tratar a las internacionales como locales

La RS 612, radicada en junio del 2022 por Zaragoza Gómez, ordenó investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS.

 Según el informe parcial de la RS 612, Adams Vega tomó unas medidas administrativas sin tener la autoridad en ley para hacerlo, y en abierta contradicción con la ley 399 del 2004, que es ley matriz del CIS, y con las disposiciones de la regla 80, que agrupa los normas que regulan a los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS.

El 7 de diciembre de 2022 Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007, la cual sostiene, entre otros planteamientos, que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por NAIC, deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional”.

Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, el 12 de diciembre de 2022 la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS. El informe señala que la NAIC aprobó la reacreditación fundamentada en la representación promovida por Adams Vega sobre que la OCS había implantado medidas administrativas que prohibía a los aseguradores y reaseguradores internacionales suscribir riesgos en los Estados Unidos.

Sobre estas acciones el informe parcial de la RS 612 señala que “en vista de lo anterior, la actuación del Comisionado de Seguros al representar a la NAIC que había implantado, por vía administrativa, una prohibición de que los aseguradores y reaseguradores internacionales pudiesen hacer negocios en los Estados Unidos representa un peligroso acto de fraude cometido ante una importante entidad acreditadora. La ilegalidad de tal actuación y el grave daño reputacional para la OCS y para Puerto Rico son más que evidentes”.

El 27 de julio de 2020 la NAIC suspendió la acreditación de la OCS durante la incumbencia del ex Comisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui.

Incapaz la OCS de anticipar efectos graves

La determinación de la NAIC obedeció a que, en 2018 el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, avaló una transacción de que involucró una aseguradora que se habían instalado en el CIS en 2017 y que estaba vinculada con otra aseguradora de seguros de vida y seguros de cuidado prolongado en Wisconsin.

La transacción, que colocó en peligro el reaseguro para miles de asegurados en ese estado y en otros estados, fue objetada por varios Comisionados de Seguros. La NAIC exigió que a las aseguradoras instaladas en CIS que hicieran negocios en Estados Unidos se le impusieran regulaciones financieras como si fueran aseguradores para el mercado local.

Según la NAIC, la OCS fue incapaz de anticipar los graves efectos que la aprobación de la transacción representaría para múltiples estados, lo que también demostró que el regulador local carecía de los recursos para atender transacciones complejas que podrían causar implicaciones en otras jurisdicciones.

Además, la NAIC concluyó que la OCS no tuvo una adecuada comunicación con las oficinas de los comisionados de seguros de las jurisdicciones en los Estados Unidos que podrían experimentar los efectos de la transacción aprobada en Puerto Rico.

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INFORME SEMANAL-3 de noviembre de 2023

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Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre una decisión del juez Anthony Cuevas relacionada con los proyectos de energía renovable en tierras agrícolas. También conversamos sobre una controversia judicial en Ponce que involucra condominios. Además, dialogamos con Carlos Flores sobre una declaraciones de Tata Cordero sobre los efectos adversos que los nuevos parámetros de calidad de leche tienen en los ganaderos.

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Posible cisma en la industria lechera por parámetros de calidad impuestos por la ORIL sin estudio

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Por Miguel Díaz Román

Los continuos decomisos de leche cruda en determinadas vaquerías que no cumplen con los nuevos parámetros de calidad establecidos de manera unilateral por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), los cuales exceden los requisitos de leche grado A que impone el gobierno federal, ha generado un gran descontento entre el sector de los ganaderos que amenaza con causar un cisma en la industria lechera.

El ex presidente del Sector de Leche de la Asociación de Agricultores, Luis “Tata” Cordero, se expresó alarmado por la cantidad de vaquerías afectadas por los decomisos de leche cruda debido a que no cumplen con los nuevos parámetros de calidad establecidos por la ORIL.

Cordero sostuvo que el objetivo de mejorar la calidad de la leche fresca no puede provocar la quiebra de determinados ganaderos, por lo que le solicitó una reunión urgente con el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, la cual se debería realizar en o antes del próximo lunes 6 de noviembre.

Además de secretario de Agricultura, González Beiró es el administrador interino de la ORIL desde el mes de septiembre de 2022, cuando el entonces administrador, Javier Lugo Rullán, dimitió al cargo sin ofrecer una explicación para su decisión.

“Yo estoy preocupado porque el propósito de mejorar la leche no debe perjudicar hasta 30 ganaderos. Estoy preocupado porque están botando leche grado A y eso de botar leche una semana y la otra semana también puede llevar a la quiebra a cualquiera. Y si te botan la leche y no tienes ingresos ¿con qué vas a pagar?”, sostuvo Cordero, quien dijo que ha salido de su retiro para abogar por las vaquerías afectadas, las cuales no identificó.

Sostuvo que su intervención pretende alcanzar un acuerdo con González Beiró para que la leche que no cumpla con los nuevos parámetros sea canalizada por la ORIL hacia la elaboración de otros productos lácteos como leche UHT, queso o mantequilla en la planta de balance Indulac.

ORIL decomisa leche apta para consumo

Cordero dijo que el objetivo de su gestión es garantizar que los ganaderos afectados por las decisiones de la ORIL obtengan un ingreso por la leche decomisada.

Explicó que la leche que no cumple con los nuevos parámetros de la ORIL es apta para consumo porque satisface a cabalidad los requerimientos establecidos por el gobierno federal para la leche grado A.

“Están botando leche que cumple y más con los requisitos de leche grado A. Aquí (en Puerto Rico) la leche es de calidad, nunca habíamos imaginado que tendríamos una leche de tanta calidad. Los problemas de la leche son por mal manejo y por neveras defectuosas”, dijo Cordero.

Cordero añadió que, aunque está retirado, aún es propietario de una vaquería con la que ha podido constatar los altos costos que conlleva el cumplimiento con los nuevos parámetros establecidos por la ORIL.

“Lograr que no te boten la leche cuesta un dineral. Todos esos detergentes de limpieza, desinfectantes para las vacas te cuestan mucho dinero porque hay que hacer la limpieza todos los días. Y las pruebas de leche por cada vaca, pueden costar entre $8 y $10. Y también tienes la prueba de laboratorio para el tanque. Y si tienes que sacar vacas de la línea de ordeño porque están altas en células somáticas tienes que botar esa leche y si tienes esas vacas fuera de la línea de ordeño 10 y 12 días eso te cuesta mucho porque es leche que tienes que botar, pero tienes que alimentar esas vacas y darle medicinas. Esto es más complicado de lo que perece”, dijo Cordero.

Ganaderos podrían acudir a los tribunales

Los elevados niveles de células somáticas indican la presencia de una infección bacteriana en la glándula mamaria de la vaca, lo que disminuye la calidad de la leche.

El ex presidente del sector de la leche de la Asociación de Agricultores indicó que la situación de los ganaderos se agrava como resultado de los altos costos del combustible, de la energía eléctrica y otros productos que son necesarios para la producción de leche.

También señaló que su vaquería no ha sido afectada por el decomiso de leche y advirtió que será decisión de los ganaderos afectados acudir a los tribunales si él no logra un acuerdo favorable con González Beiró.

Los nuevos parámetros inicialmente se establecieron en 2016 por medio de enmiendas al llamado reglamento 5 de Calidad de Leche de la ORIL, los cuales buscaban bajar los niveles de bacterias y de las células somáticas en la leche, con el fin de equipararlos lo más posible a los niveles adoptados en diversos estados de los Estados Unidos.

En duda si nuevos parámetros aumentan consumo

En 2020 el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, se opuso a la puesta en vigor de las enmiendas al reglamento 5 aprobadas en 2016, porque podrían ser perjudiciales a los ganaderos. La orden de Flores Ortega fue rechazada por el Sector de Leche de la Asociación de Agricultores, mientras que el entonces administrador de la ORIL, Jorge Campos, quien tenía el apoyo de la Fortaleza, no acató la decisión de Flores Ortega. Campos es el actual subsecretario de Agricultura.

Finalmente, el pasado 18 de julio entró en vigencia nuevas enmiendas al reglamento 5 patrocinadas por González Beiró, la cuales requieren bajar más los niveles de bacterias y de las células somáticas, y, entre otras disposiciones, establece un calendario en tres fases para elevar el nivel de grasa en la leche de 3 % a 3.25 % en marzo de 2025.

No obstante, Cordero se manifestó a favor de los nuevos parámetros establecidos por la ORIL porque, según dijo, es una tendencia instaurada en Europa, en Suramérica y en numerosos estados en los Estados Unidos que tiene una fuerte industria lechera, con el fin de aumentar el consumo e impedir las importaciones de leche desde otros estados.

ORIL sin estudio

Indicó que en la medida que bajen los contajes de bacterias y células somáticas, aumenta la calidad de la leche lo que eleva la vida útil del producto y favorece un mayor consumo y se impide la importación de leche.

Este periodista preguntó si la ORIL había realizado un estudio para determinar si los nuevos parámetros provocarían un alza en el consumo en el mercado local y Cordero dijo que “supongo que ese estudio lo hay”. El ganadero insistió que en la medida que se garantice un producto de calidad habría un aumento en el consumo.  

La iniciativa de aumentar los parámetros de calidad de la leche avalada por la ORIL no fue producto de un mandato legislativo y, según fuentes de SN, la entidad reglamentadora no cuenta con un estudio que valide la premisa de que aumentar la calidad de la leche más allá de los requisitos federales para la leche grado A, redundará en un alza en el consumo.

Baja el consumo de leche

La fuente agregó que la iniciativa en realidad surgió en la Cooperativa de Productores de Leche y en el Sector de Leche de la Asociación de Agricultores, la cual ha sido denominada Ruta 2024, cuyo objetivo es producir leche de calidad superior a través de propiciar que el ganado consuma pasto todo el año.

En los Estados Unidos la llamada leche “grass feed” o producida por ganado alimentado con pasto, es favorecida por un sector de los consumidores que patrocina los productos orgánicos o de origen natural.

La industria lechera local ha experimentado una baja en el consumo debido a múltiples factores como la baja tasa de natalidad -los principales consumidores de leche son los niños-, el éxodo de ciudadanos a los Estados Unidos y la férrea competencia de otros productos de origen vegetal como la leche de almendra y de soya.

Por su parte, el ganadero Carlos Benítez indicó que todos los decomisos de leche realizados por la ORIL antes del 18 de julio a causa del incumplimiento con los nuevos parámetros son ilegales.

“Todo lo que se hizo antes del 18 de julio es ilegal porque el reglamento 5 no contemplaba el decomiso de leche de la manera como se ha venido haciendo. El reglamento 5 en la versión anterior te deban más oportunidad para resolver el problema si en la muestra de leche salía que estabas alto en bacterias y células somáticas. Pero en la nueva versión del reglamento 5 aprobado el 18 de julio con tan solo la muestra del chofer del camión te pueden decomisar la leche”, dijo Benítez, quien ha sido un opositor de los nuevos parámetros.

A la vista más quiebras

El ganadero sostuvo que luego de que la ORIL aprobó las enmiendas al reglamento 5 y de que el Departamento de Estado avaló su promulgación el 18 de julio, “a los productores de leche no les queda más remedio que atemperarse a los nuevos parámetros y eso tendrá consecuencias”.

“Yo no he visto un aumento en el consumo con los nuevos parámetros y no se hecho una campaña para que el consumidor sepa de los nuevos parámetros de calidad. Yo lo que he visto es que los consumidores siguen comprando la leche porque es grado A”, dijo Benítez.

Indicó que en la medida que no se efectúe el estudio económico exhaustivo de la industria lechera para determinar si es necesario aumentar el precio de la leche cruda, los ingresos de los ganaderos no serán suficientes para superar los elevados costos de producción en Puerto Rico, lo que provocará un incremento en las quiebras de vaquerías.

En los pasados años más de 35 vaquerías han optado por acogerse a la quiebra en el Tribunal Federal de Quiebras en San Juan debido a las dificultades para lidiar con los elevados costos de producción.

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Defectuosa medida para cambiar Seguro Obligatorio radicada por senador Vargas Vidot

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Por Miguel Díaz Román

La Cámara de Representantes se dispone a considerar una medida que altera la definición de accidente  del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO) para permitir que se reclamen los daños causados por aquellos eventos accidentales que acontecen mientras ambos autos están estacionados.

La propuesta del Proyecto del Senado 1009, presentado por el senador José Vargas Vidot, permitirá que se reclamen al SRO los llamados accidentes “puerta con puerta” que, por lo general, acontecen mientras ambos autos están estacionados o detenidos.

La medida fue aprobada en el Senado sin determinar los posibles escenarios accidentales que podrían ocurrir mientras los autos están detenidos, sin estimar el efecto financiero que ese nuevo riesgo asegurable causará en la capacidad financiera de las ocho aseguradoras que venden el SRO y mucho menos sin decidir si será necesario aumentar la prima.

Incluso, la medida fue aprobada sin evaluar si los cambios propuestos podrían constituir una invitación al fraude y sin que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), que diseñó y estableció el SRO en 1995, se expresara sobre la medida.

De hecho, antes de su aprobación en el Senado la medida no fue enmendada para realizar un estudio actuarial como requirió la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), que administra el SRO, y la Asociación de Compañías de Seguros, (ACODESE).

El estudio actuarial es el mecanismo para determinar el costo financiero de un riesgo asegurable y si es necesario ajustar la prima para garantizar el pago de las reclamaciones sin afectar la solvencia del asegurador.

La representante Estrella Martínez, quien preside la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes, dijo que estaba evaluando la medida para determinar cuándo se verá en vistas públicas.

No será requisito que los autos estén en movimiento

El PS 1009 propone introducir en la Ley 253 de 1995 o Ley de SRO, una definición de lo que, para efectos de esa ley, es un accidente de tránsito, debido a que el estatuto carece de esa definición desde su aprobación.

Fundamentalmente, la definición sugerida por la medida establece como elemento nuevo “que no será requisito que uno, ambos o varios de los vehículos involucrados en un accidente estén en movimiento”.

La definición de accidente vigente en el SRO, la cual fue definida a través del reglamento y es la definición que figura en la póliza, indica: “accidente de tránsito se refiere a un accidente entre vehículos de motor en el que por lo menos uno de los vehículos de motor envueltos está en movimiento”.

En otras palabras, la definición que propone el PS 1009 permite que se reclamen aquellos daños causados a un vehículo por otro auto, mientras ambos se encuentran estacionados. La medida presupone que al menos uno de los vehículos están asegurados por el SRO. La medida no describe los diversos escenarios en que un auto podría sufrir daños a consecuencia de un accidente mientras ambos se encuentran estacionados.

El PS 1009 fue radicado por Vargas Vidot por petición, lo que implica que alguna persona o una entidad se acercó al senador para denunciar la situación que la medida pretende atender.

A pesar de que se solicitó una entrevista con Vargas Vidot para conocer quién o quiénes solicitaron la radicación del PS 1009, el senador no estuvo disponible. Un asesor del senador se negó a revelar el nombre de la parte peticionaria.

Medida para los accidentes “puerta con puerta”

No obstante, de la exposición de motivos de la medida se desprende que la ausencia de una definición de accidente en la ley 253 provoca que “todos los días” sean denegadas reclamaciones en el SRO por aquellos eventos accidentales que no se ajustan a la definición de “accidente de tránsito” que contiene la póliza.

La exposición de motivos argumenta que “se ha constatado cómo se deniegan reclamaciones de accidentes puerta con puerta porque solo es accidente cuando al menos un vehículo se encontraba en movimiento”.

De la exposición de motivos no se puede colegir cuál es el interés público que el PS 1009 pretende proteger, más allá de que se puedan reclamar los daños causados por los accidentes puerta con puerta mientras los autos se encuentren estacionados, los cuales pueden afectar la pintura de un auto o su carrocería.

Senadores no conocen el SRO

El PS 1009 contiene otros problemas causados quizás por la ignorancia del senador Vargas Vidot y del presidente del Senado, José Luis Dalmau, sobre cómo funciona el SRO. Dalmau presidió la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado, que en septiembre de 2023 emitió un informe a favor del PS 1009.

En el informe se hace un desglose de información financiera de la ASC, incluyendo ingresos y las declaraciones de dividendos en los pasados años. Según el informe, para 2021 los ingresos de la ASC por primas suscritas aumentaron a $72 millones, con un ingreso neto de $16.7 millones y se declararon dividendos a los accionistas por casi $3.5 millones. Además, según el informe, la entidad tuvo ingresos por inversiones ascendentes a $45 millones.

Luego el informe concluye que no es necesario aumentar la prima del SRO porque la entidad posee los recursos económicos para afrontar el aumento en reclamaciones que genere la nueva definición.

Conclusión sin evidencia

El informe hace esta extraordinaria conclusión sin contar con los resultados de un informe actuarial y sin apenas tener un estimado preliminar del posible valor económico de las reclamaciones que podría generar la nueva definición.

La realidad es que, aunque la ASC es el administrador del SRO, también es un asegurador más que compite contra siete aseguradoras que venden el SRO. Por lo tanto, la recomendación para no aumentar la prima del SRO que realizó la Comisión de los Jurídico del Senado se basó en la información financiera de uno de las aseguradoras y no en la información individualizada de las ocho aseguradoras que venden la póliza.

De hecho, la licenciada Lorelli Navarro Martínez, quien es la directora de administración del ASC, sostuvo que la Comisión cometió un error al basar su informe sobre el PS 1009 “únicamente en la información y datos financieros provistos por ASC, los cuales no necesariamente fueron interpretados de la manera correcta”. 

Consideran solo las finanzas de la ASC

“La información y datos financieros suplidos por ASC no incluyen información de otros aseguradores. Para realizar un análisis completo y correcto, la Comisión debió requerir a los demás aseguradores que suscriben el seguro obligatorio la información financiera y los datos que solicitó a ASC y evaluarlos antes de llegar a una conclusión, con el fin de tener información sobre la realidad del mercado y no de un solo asegurador”, dijo Navarro Martínez.

La ejecutiva sostuvo que la determinación sobre el PS 1009 no puede estar basada únicamente en conclusiones a las que llegue la Legislatura sobre la capacidad de ASC de asumir riesgos adicionales en la póliza del SRO. 

“Consideramos imprescindible que la Legislatura considere los datos de todos los aseguradores para que se tome en consideración la condición total del mercado, así como el impacto de la inclusión de riesgos adicionales en la póliza del seguro obligatorio. Ello es así ya que, de haber cambios en cualquier asunto relacionado al seguro obligatorio, se aplicará a todos los aseguradores que ofrecen esta póliza”, indicó Navarro Martínez.

Costos imprevistos

No obstante, los posibles escenarios que podrían constituir reclamaciones, según la nueva definición, pueden generar sorpresas sobre el costo para el SRO y para las aseguradoras que lo venden.

Un riesgo que podría cobijar la nueva definición que propone el PS 1009, según indicó el asesor del senador Vargas Vidot, es la explosión accidental de las baterías de los autos eléctricos, mientras ese tipo de vehículo se encuentre detenido en un estacionamiento. En octubre de 2020, la empresa Tesla retiró del mercado más de 30,000 vehículos de los modelos S y X debido a problemas con las baterías que podrían provocar explosiones e incendios.

Este periodista entrevistó al dueño de una conocida empresa que ofrece los servicios de hojalatería y pintura, quien indicó que los golpes a la pintura en los accidentes “puerta con puerta” pueden ser más costosos de lo que parecen debido a que se recomienda pintar la totalidad de puerta y no el área afectada.

El hojalatero sostuvo que pintar solo la parte afectada puede acentuar los matices entre la pintura original, afectada por el sol y el tiempo, y la nueva capa. “Recomendamos pintar toda la puerta, aunque cueste más caro para que el cliente quede contento con el color. Ya nos ha pasado que los clientes se quejan cuando solo pintábamos el área afectada”, dijo el hojalatero. 

Los costos podrían ascender a más de $900 por reclamación y podría aumentar de acuerdo con el modelo de auto afectado, marca y año de fabricación.

Medida causará dificultades 

La propuesta definición de accidente del PS 1009 puede causar dificultades adicionales según indicó la directora ejecutiva de ACODESE, licenciada Iraelia Pernas, quien planteó que podrían surgir problemas para adjudicar responsabilidad ante la realidad de que los accidentes “puerta con puerta” suelen ocurrir cuando ambos autos están detenidos.

“Se puede dificultar la determinación de responsabilidad ya que nadie estaba manejando ninguno de los vehículos en la vía pública. Sin determinación de responsabilidad es imposible establecer responsabilidad en seguros de responsabilidad pública como lo es el caso del SRO”, dijo Pernas.

Agregó que la determinación de responsabilidad en el SRO se realiza por medio de unos diagramas que ilustran, de forma sencilla, las instancias en que ocurren los accidentes en las vías públicas. Los diagramas, conocido como sistema de Sistema de Determinación Inicial, tienen el objetivo de adjudicar responsabilidad rápidamente.

Pernas sostuvo que al introducir aquellos accidentes que ocurran mientras los vehículos están detenidos significa una alteración al Sistema de Determinación Inicial establecido por la OCS, el cual fue diseñado para excluir los accidentes que ocurren cuando uno de los vehículos no está en movimiento.

La directora ejecutiva de ACODESE explicó que el Sistema de Determinación Inicial surge de la regla 71 de la OCS, la cual dispone que, si los diagramas no son capaces de cobijar determinado accidente, se aplicará el artículo 4 de esa regla, el cual requiere uno de los vehículos debe estar en movimiento.

“Con esta enmienda se estaría impactando el propio proceso mediante el cual se resuelven las reclamaciones al SRO, teniendo un impacto operacional significativo también para las aseguradoras que suscriben dicho seguro”, sostuvo Pernas.

El límite de cubierta del SRO asciende a $4,500 mientras el costo de la prima anual es de $99.00 para vehículos de uso privado y de $148 para los vehículos comerciales.

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