Despedido Landy Fabre del Fondo de Fomento de la Industria Lechera

0

Por Miguel Díaz Román

El director ejecutivo del Fondo de Fomento de la Industria Lechera (FFIL), Orlando Fabré Laboy, fue despedido de manera fulminante como resultado de una alegada importación de leche no autorizada por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL).

El despido aconteció el pasado 21 de febrero y no está claro si para esa fecha la junta de directores del FFIL se había reunido y tomó la determinación de terminar la gestión de Fabre Laboy, quien fue secretario de agricultura durante los primeros dos años de la administración de Aníbal Acevedo Vilá.

De acuerdo con una fuente vinculada al FFIL, el despido súbito de Fabre Laboy habría sido una decisión unilateral del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

Alegadamente, González Beiró, quien también es el administrador interino de la ORIL, montó en ira al conocer que Fabre Laboy ordenó la importación de cerca de 20,000 litros de leche desde los Estados Unidos sin obtener el aval de la oficina reguladora que él dirige.

De acuerdo con una fuente, la súbita salida de Fabre Laboy obedeció, alegadamente, a que el ejecutivo tomó la decisión de importar leche sin antes haber obtenido una licencia de importación temporal que debe aprobar la ORIL.

El FFIL es la única entidad con autoridad para importar leche en representación de las plantas procesadoras, luego de obtener una licencia del Departamento de Salud y la licencia de importación que concede la ORIL.

Alegadamente, la ausencia de determinado personal en el FFIL que maneja ese tipo de trámite burocrático habría sido la causa de que el organismo no contara con la licencia de importación de la ORIL.

Leche Kosher en la controversia

La importación de leche fue realizada a finales del pasado mes de enero de 2024 y tenía como objetivo traer cerca de 20,000 litros de leche producida en los Estados Unidos, la cual cumplía con los requisitos Kosher.

Las reglas Kosher se refieren a los estrictos requisitos de elaboración y consumo de alimentos para la comunidad judía. La leche importada sería procesada y embotellada por la planta Indulac.

Según la fuente, la leche importada pretendía satisfacer un pedido de un cliente de la planta Indulac, que atiende la comunidad judía en Estados Unidos.

La fuente indicó que el FFIL si tenía la licencia de Salud, pero no contaba con una licencia de importación temporal de la ORIL.

La importación ilegal de leche fue denunciada en una querella ante la ORIL, tras lo cual González Beiró ordenó el decomiso de la leche importada y luego exigió la cabeza de Fabre Laboy.

Despido telefónico

Se desconoce quién presentó la querella ante la ORIL, pero no se descarta que una de las plantas procesadoras pudo radicar la queja debido a que, “permitir la importación de leche sin la licencia correspondiente, hubiese establecido un precedente peligroso”, sostuvo la fuente.

No está claro si para el pasado 21 de febrero la junta de directores del FFIL tomó la decisión de finalizar la participación de Fabre Laboy como director ejecutivo del organismo o si fue una determinación unilateral tomada por González Beiró.

SN ha intentado sin éxito obtener una reacción de los miembros de la junta de directores del FFIL sobre el despido de Fabre Laboy. González Beiró ha sostenido que no responderá a las solicitudes de entrevista gestionadas por SN.

¿Despido político?

De acuerdo con la fuente, Fabre Laboy se enteró de que estaba despedido por una llamada telefónica que le hizo un abogado vinculado por contrato con el FFIL el pasado 21 de febrero.

No obstante, el asunto puede traer cola pues el FFIL es una entidad privada y no una dependencia del gobierno local, lo que podría abonar el terreno para una posible reclamación judicial de parte de Fabre Laboy contra la posible legalidad de su despido.

Otro factor para explicar el despido de Fabre Laboy discutido por varias fuentes es que determinados funcionarios de la administración de Pedro Pierluisi han concluido que Jeniffer González Colón  se dirige a una inminente victoria de en la primaria del Partido Nuevo Progresista.

 Alegadamente, muchos funcionarios de la presente administración ya están identificando plazas para ubicar personal que podría ser despedido, tras una hipotética victoria de González Colón en las elecciones generales en noviembre. 

Los intentos de SN realizados ayer y hoy para localizar a Fabre Laboy han resultado infructuosos.

Importación de leche en verano

La controversia generada por el despido de Fabre Laboy por la importación ilegal de leche, ocurre en momentos cuando la industria lechera se apresta a importar leche de manera organizada en el verano, debido a que el sector ganadero ha registrado un déficit en la producción por insuficiencia de ganado.

De hecho, el déficit en producción se ha manifestado en el invierno, que es el periodo del año que tradicionalmente se produce más leche por el efecto de las temperaturas frías en las vacas productoras de leche.

La insuficiencia de ganado es el resultado de una combinación de factores entre los que figuran los nuevos parámetros de calidad de leche, impuestos por la ORIL. Estos parámetros obligan al sector ganadero a descartar el ganado que produce leche que no cumple con las pruebas de laboratorio requeridas.

Además, el Departamento de Agricultura ha eliminado los incentivos para el reemplazo de ganado importado de Estados Unidos.

Ambos elementos han incidido en una merma sustancial en el ganado productor activo en las ganaderías, lo que ha redundado en una reducción en la producción que se aproxima a los cerca de 2 millones de litros cada 14 días, al comparar la producción actual con la registrada dos años atrás.

Otro factor que ha contribuido a la merma en la producción son los decomisos ordenados por la ORIL contra la leche que no cumple con los nuevos parámetros de calidad.

Publicidad

Nuevo plan estratégico de MAPFRE anticipa crecimiento de 6% y rentabilidad de hasta 11%

0

La Junta General de Accionistas de MAPFRE ha aprobado las cuentas del ejercicio 2023, el primero en el que se han reportado bajo las nuevas normas contables internacionales NIIF 17 & 9.  

Bajo estas nuevas normas contables, el beneficio neto en 2023 ascendió a 677 millones de euros (692 millones de euros bajo contabilidad local).  

Además, se ha aprobado repartir un dividendo total de 0,15 euros brutos por acción.

Parte de este dividendo, 0,06 euros ya fue abonado en noviembre de 2023, y hoy, la junta ha aprobado el dividendo complementario por importe de 0,09 euros brutos por acción, un 5,9% más que el año anterior.

También se ha reelegido como consejeras independientes a María Leticia de Freitas Costa y Rosa María García García, y se ha ratificado el nombramiento como consejero ejecutivo de Eduardo Pérez de Lema Holweg.

En el transcurso de la Junta General de Accionistas, con certificación sostenible por quinto año consecutivo, el presidente de MAPFRE, Antonio Huertas, ha presentado el nuevo Plan Estratégico del Grupo para el trienio 2024-2026.  

El Plan va a permitir adaptarnos mejor a la evolución del entorno y aprovechar las oportunidades que se abren en el nuevo ciclo de actividad que la compañía tiene por delante.

Este Plan nace también de los valores y principios que han acompañado a MAPFRE a lo largo de sus más de 90 años de historia, por eso se sintetiza bajo el nombre de Actitud. Y se apoya en dos conceptos que también nos definen: Somos y Hacemos, que es el lema del Plan.

Somos expresa nuestra cultura, nuestra manera de entender el negocio, con nuestros valores y un profundo compromiso social. Hacemos supone la ejecución con rentabilidad del modelo de negocio para alcanzar los nuevos objetivos aprobados hoy que son:

-Crecer, al menos, un 6% promedio en ingresos durante los próximos tres

años, superando los 32.000 millones de euros en primas al final del trienio.

-Alcanzar un ROE promedio, bajo los nuevos criterios contables NIIF, entre

el 10 y el 11%, siendo el 11% la meta aspiracional para el año 2026.

-Situar el ratio combinado en un promedio de entre el 95 y el 96%. con el

objetivo aspiracional de llegar al 95% a cierre del 2026.

-Elevar a 15 el número de países con huella de carbono neutralizada.

-Contar con, al menos, el 95% de la cartera total de inversiones valorada

con criterios ESG.

-Elevar, al menos, al 34% el porcentaje de mujeres directivas en 2024, con

el objetivo de incrementarlo un punto porcentual cada año.

Para conseguir estos objetivos, el presidente de MAPFRE recordó que en este nuevo ciclo se seguirá poniendo el foco en el crecimiento y en la mejoría de los resultados y que MAPFRE no renuncia a continuar de manera activa buscando nuevos canales de distribución en España, Brasil, Estados Unidos, México y Alemania, así como vías complementarias de crecimiento en el negocio de vida para compensar el portafolio de la compañía, lo que pasa necesariamente por incrementar el peso de bancaseguros en MAPFRE.

Antonio Huertas reconoció que el esfuerzo de la compañía debe ser “muy intenso” para alcanzar el objetivo promedio de entre el 95 y el 96% del ratio combinado en los próximos tres años.

Asimismo, subrayó que no hay cambios significativos en los ejes y líneas de actuación en materia de sostenibilidad y que MAPFRE dará prioridad a la integración de la sostenibilidad en el desarrollo de los negocios de forma transversal y gradual.

Antonio Huertas remarcó que este nuevo ciclo implica seguir poniendo el foco en el crecimiento y en la mejoría de los resultados, y que los aspectos que tendrán más peso serán:

-Mejorar la eficiencia y la competitividad en los seguros de automóviles.

-Ampliar la oferta de productos de protección y de ahorro-previsión.

-Evolucionar el modelo operativo en el negocio de empresas y la oferta más

transversal.

-Afianzar el excelente desarrollo técnico y comercial de la unidad de

reaseguro.

-Actualizar el apetito de riesgo, en función de la rentabilidad, el crecimiento

potencial y la escalabilidad necesaria para gestionar con adecuada

eficiencia y productividad.

-Reforzar más el desarrollo de personas, apoyando más la formación y

refuerzo del talento.

-Impulsar el aspecto cultural que diferencia a MAPFRE, a partir del lema “Somos y hacemos MAPFRE”.

“La situación de la compañía es muy sólida, el nivel de endeudamiento es reducido y la solvencia es muy alta. Crecemos y creceremos con rentabilidad. Somos ambiciosos, porque queremos aprovechar todas las oportunidades de crecimiento, pero también, mantenemos como una seña de nuestra identidad la gestión prudente y rigurosa del negocio, con el objetivo de proteger los intereses de nuestros accionistas y asegurar también la sostenibilidad a largo plazo”, apostilló el presidente de MAPFRE durante su intervención.

Asimismo, insistió en que los valores que han guiado a MAPFRE (fortaleza financiera, servicio de excelencia y cercanía al cliente, confianza en la relación personal y cuidado de todos los grupos de interés, compromiso ético y social con el entorno y con las personas) son irrenunciables y seguirán siendo la seña de identidad de la compañía.

El presidente de MAPFRE insistió en que MAPFRE avanza positivamente con un modelo de negocio altamente diversificado geográficamente, funcional y de producto, que permite al Grupo crecer con rentabilidad, incluso en las condiciones más complejas.

En este sentido, subrayó que la mejora de la rentabilidad es uno de los objetivos más exigentes de MAPFRE y retribuir con la máxima generosidad posible la confianza de los accionistas e inversores sin que afecte a la necesaria solvencia del Grupo.

“Tenemos el firme compromiso de ir aumentando esta retribución a medida que los beneficios del Grupo continúen incrementándose, manteniendo la solvencia siempre en niveles adecuados”, subrayó.

Publicidad

INFORME SEMANAL-16 DE MARZO DE 2024

0

Esta semana en Informe Semanal conversamos con el Luis Martínez Villafañe, que representa una organización integrada por las entidades que facturan a los planes médicos, la cual favorece que las aseguradoras paguen en 15 las facturas limpias para evitar el éxodo de médicos.

También hablamos con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega hablamos sobre nuevas revelaciones de un esquema de fraude y soborno en los Mercados Familiares. Además, hablamos con el economista José Alameda, sobre el Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se encuentra en su etapa final en el Tribunal Federal y que incluye un alza en la tarifa de hasta 4 centavos.

Publicidad

Bajan las ganancias de aseguradoras de salud según informe de la OCS

0

 Por Miguel Díaz Román

Un informe de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) concluyó que los ingresos de las aseguradoras de servicios de salud se han reducido en la medida en que ha aumentado la utilización de parte de los asegurados y el costo de las reclamaciones por servicios médicos, según reveló la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE).

 La directora ejecutiva de ACODESE, licenciada Iraelia Pernas, sostuvo que, según el informe anual de 2022 de la OCS sobre las aseguradoras de servicios de salud, las primas suscritas registraron un incremento de 8 %, mientras que las reclamaciones pagadas aumentaron en 11 %. Pernas también destacó que para el 2022 el margen de ganancia de las aseguradoras de salud fue de 0.3 %.

Incluso, Pernas explicó que el capital y el sobrante de las aseguradoras de servicios de salud experimentó una reducción de 4 % en el año 2022, al comparar los resultados de ese año con los del año 2021.

La directora ejecutiva de ACODESE hizo las expresiones en una vista pública de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, que estuvo examinando el Proyecto del Senado 1270.

La medida propone declarar la industria de la salud y los seguros de salud como entes revestidos de interés público e impedir el control de las aseguradoras sobre los servicios de salud en Puerto Rico. Además, prohíbe que las aseguradoras sean propietarios o posean interés económico en los proveedores de servicios de salud.

El PS 1270 fue radicado por el senador independiente José Vargas Vidot, quien también preside la Comisión, junto a los senadores del Partido Victoria Ciudadana, Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl.

Medida alega ganancias millonarias

En su exposición de motivos el PS 1270 sostiene que “mientras las aseguradoras continúan generando más ganancias, los servicios de salud son cada vez menos accesibles, en gran medida por la fuga de profesionales de la salud, el cierre de hospitales y clínicas”. Según la medida, en los pasados 5 años los informes de la OCS han reportado que las aseguradoras generaron ganancias netas sobre $500 millones.

“Solo en 2020 se suscribieron en primas $9,540 millones, o sea sobre $9 billones. De esto las aseguradoras ganaron $256 millones netos. Desde 2017 a 2020 las aseguradoras pagaron dividendos a sus accionistas y/o matrices por una suma de $35 millones. Cabe resaltar que, de todas las aseguradoras, las que más control de mercado tienen son: MMM 31%, Triple S 28%, MCS 19% y First Medical 10%. Es decir 88% del mercado entre 4 aseguradoras”, indica la exposición de motivos.

Durante su comparecencia Pernas explicó que, según el informe anual para 2022 de la OCS, la proporción de pérdida por gastos médicos de las aseguradoras de salud ascendió a 88.9%, lo que implica que 88.9 centavos de dólar por concepto de primas fueron dedicados para el pago de servicios de salud y gastos médicos.

La directora ejecutiva de ACODESE sostuvo que la porción restante más allá de los 88.9 centavos, es decir 11.1 centavos se dedicó a pagar gastos administrativos, gastos por concepto de mercadeo y un remanente para sobrante, que constituye la ganancia de las aseguradoras.

Informe OCS contradice PS 1270

“En ese sentido, el informe de la OCS demuestra que los aseguradores están cumpliendo con el pago de los servicios de salud provistos a sus asegurados y que cerca de la totalidad del dinero ingresado por concepto de prima se utiliza para el pago de servicios médicos. Por lo tanto, de un análisis de este reporte se desprende que, contrario a lo que se ha intentado representar en el P S 1270, los ingresos de los aseguradores se han reducido en la medida en que ha aumentado la utilización y el costo de las reclamaciones”, dijo Pernas.

Las afirmaciones de Pernas sobre el estado real de las aseguradoras de salud, según el informe de la OCS, fue recibido con frialdad por los senadores Vargas Vidot, María de Lourdes Santiago y Bernabe Riefkohl.

En la vista pública los representantes de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y el Departamento de Justicia no respaldaron la medida.

La licenciada Brenda Pérez Fernández, en representación del Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, sostuvo que el Capítulo 44 del Código de Seguros permite a las aseguradoras de salud tener corporaciones afiliadas para proveer servicios de salud. Además, el artículo 19 del Código de Seguros también autoriza a una compañía de seguros o un hospital o corporación de servicios médicos a operar una afiliada que ofrezca servicios de salud.

Incluso, el artículo 19 permite a que dos o más compañías de seguros, un hospital o una corporación de servicios médicos o sus subsidiarias o afiliadas, puedan operar conjuntamente una organización de servicios de salud.

OCS coincide con ACODESE

Con respecto a la salud fiscal de los aseguradores la OCS coincidió con la posición esgrimida por ACODESE sobre que el capital de las aseguradoras de salud se ha erosionado, al sostener que, según el informe anual de 2022 de esa entidad reguladora, se registró un alza de 8 % en la prima suscrita pero los gastos por reclamaciones aumentaron en un 11%.

“Esto demuestra que, a pesar del incremento en prima, el aumento en el pago de reclamaciones es uno de los factores que ha erosionado el capital de los aseguradores y organizaciones de servicios de salud, así como el encarecimiento de los servicios”, dijo Pérez Fernández.

La funcionaria agregó que la oferta de seguros de salud se ha reducido debido a que determinadas aseguradoras han desistido de continuar en el mercado. 

“Ejemplo de ello es la reciente salida de Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. y Humana Health Plan of Puerto Rico, Inc. del negocio de seguros de salud comercial”, dijo la funcionaria.

En su ponencia el Departamento de Justicia señaló que, aunque favorece medidas para enfrentar la monopolización ilegal en el comercio y en los servicios de salud, advirtió que la operación de afiliadas por las aseguradoras de servicios de salud está avalada por el artículo 19 del Código de Seguros.

ASES avala excepción

Fundamentalmente, ASES planteó que las aseguradoras de salud que proveen el plan de salud del gobierno (Vital), el cual es financiado con asignaciones del gobierno federal, operan también entidades de servicios de salud afiliadas como resultado de una excepción.  

La directora ejecutiva de ASES, Roxanna Rosario Serrano, indicó que la reglamentación vigente prohíbe a las aseguradoras operar afiliadas de servicios de salud.

No obstante, para cumplir con la exigencia federal de garantizar a los asegurados fácil acceso a los médicos, a los médicos especialistas y a los servicios de salud, ASES ha emitido excepciones a esa norma y ha permitido que las aseguradoras posean afiliadas que ofrezcan servicios de salud.

Durante la ponencia de Rosario Serrano, el senador Vargas Vidot interrumpió a la funcionaria para emitir una alocución de contenido emocional en la que dejó ver su enfado con la posición oficial de los funcionarios del gobierno.

De luto  la salud según Vargas Vidot

El senador sostuvo que el sistema de salud del país enfrenta un periodo de “luto” debido a las dificultades que enfrentan los asegurados para recibir servicios adecuados como resultado, entre otras razones, por el éxodo de los médicos a los Estados Unidos.

Vargas Vidot dijo que el deterioro de los servicios de salud responde al alegado monopolio de las aseguradoras e intentó persuadir a los deponentes para que convinieran con las propuestas principales del PS 1270.

Por su parte, el senador Bernabe Riefkohl manifestó que los problemas de sistema de salud son el resultado de la libre competencia y del fin de lucro que, alegadamente, es la finalidad de las empresas que ofrecen servicios de salud, en las que incluyó tanto a las aseguradoras y los proveedores de servicios de salud.

Bernabe Riefkohl no explicó cómo el fin de lucro es, según dijo, la causa principal de los problemas que enfrenta el sistema de salud local.

La Asociación de Hospitales (AHPR) expresó preocupación con las agresivas sanciones que impone el PS 1270, las cuales eliminan la licencia de las aseguradoras que operen afiliadas de servicios de salud a partir de enero del 2025. De hecho, la AHPR reconoció que históricamente en Puerto Rico han existido hospitales que han ofrecido planes de salud, una modalidad que estaría prohibida por la medida.

Hospitales que operan como aseguradoras

“Comenzamos destacando que la AHPR agrupa instituciones que llevan a cabo las funciones, tanto de proveedor de servicios de salud como de aseguradora. Este hecho ya nos coloca en una difícil situación al tener que expresarnos sobre una medida que sin duda afectará a miembros de nuestra matrícula”, dijo Jaime Plá Cortés, quien es el presidente ejecutivo de la AHPR.

Entre estos hospitales que poseen operaciones tanto de servicios de salud como de aseguradora, Pla Cortés mencionó el Hospital Auxilio Mutuo, el Hospital Ryder y el Sistema Menonita.

Pla sostuvo que las aseguradoras que han incursionado en la prestación directa de servicios de salud han limitado su red de proveedores.

“Esta situación cierra las puertas a proveedores y grupos médicos que no forman parte de sus redes; haciendo que cada vez sea más difícil conseguir contrataciones con los planes médicos. Al final, esta situación ha contribuido significativamente a que un gran número de proveedores médicos opten por practicar fuera de Puerto Rico, lo que ya representa un problema ante la falta de médicos en la isla”, indicó Pla Cortés.

Publicidad

Proponen pagar en 15 días reclamaciones “limpias” para detener la fuga de médicos

0

Por Miguel Díaz Román

En un intento más de detener la fuga de médicos del país y de garantizar estabilidad al sistema de salud, se ha radicado en la Cámara de Representantes una medida que propone reducir de 30 a 15 días el término para pagar aquellas reclamaciones presentadas por los proveedores de servicios de salud a través del sistema electrónico, que no contengan controversias y en las que no exista objeción de parte de las aseguradoras.

La medida fue radicada por la representante del Partido Popular Democrático Sol Higgins Cuadrado, a petición de una asociación que integra a la empresas que se dedican a la facturación de servicios de salud y que se conoce como Med-Billers & ReCycle Association, Inc ( MBA).

El Proyecto de la Cámara 1987 fue radicado por la representante el pasado 16 de enero del 2024 y la pasada semana ya la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que preside Higgins Cuadrado, celebró una vista pública, lo que claramente indica que hay gran interés en la mayoría popular en promover la posible aprobación del proyecto.

En esencia la medida pretende atemperar el artículo 30 del Código de Seguros a la realidad de que el 96% de las reclamaciones que actualmente generan los proveedores de servicios de salud se transmiten de manera electrónica a las aseguradoras, por lo que es factible que una reclamación no objetada por una aseguradora se pague en 15 días y no en 30 días, como exige la reglamentación vigente.

Además, la medida dispone que las reclamaciones presentadas en papel que no sean objetadas por un asegurador se pagarán en 30 días.

El artículo 30 del Código de Seguros atiende todo lo relacionado con las reclamaciones por servicios de salud.

El proyecto también establece otros términos de tiempo para pagar reclamaciones objetadas o no procesables, y para aquellas que el proveedor de servicios de salud presentó la documentación que había requerido la aseguradora cuando la objetó.

Medida aclara conceptos

La medida también establece que una reclamación “limpia” es aquella que puede ser procesada sin necesidad de obtener información adicional del proveedor del servicio de salud o de otra parte.

Otra propuesta de la medida es definir el concepto «adjudicación” para evitar que la aseguradora considere como pagada una reclamación adjudicada. La exposición de motivos indica que las aseguradoras consideran que han cumplido con el requisito de realizar pagos puntuales por el mero hecho de adjudicar la reclamación dentro del término de 30 días.

Alegadamente, catalogar como adjudicada una reclamación no implica que se haya realizado el desembolso. La medida sostiene que esta conducta administrativa perjudica al proveedor de salud porque impide que reciba la compensación por servicios ya prestados. 

Las enmiendas que propone la medida al artículo 30 deberán ser observadas por las aseguradoras de salud que proveen el Plan Vital del gobierno, las aseguradoras que proveen la cubierta Medicare Advantage y por aquellas que aseguran el mercado privado, integrado por empresas y el gobierno que garantiza una cubierta de salud a sus empleados y los ciudadanos que pagan su propio seguro se salud.

Niegan aseguradoras dilaten pagos

En la exposición de motivos del proyecto se plantea que la dilatación en el pago de las facturas afecta el flujo de efectivo de los proveedores de servicios de salud. Además, la medida acusa a las aseguradoras de mantener, alegadamente, procesos inadecuados que atrasan los pagos y afectan la capacidad económica de los proveedores de salud. 

La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y la MBA respaldaron la medida y sugirieron enmiendas. Incluso, hubo señalamientos de parte de ASES sobre que la redacción del proyecto contiene errores.

Por su parte, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) se manifestó en contra de la medida porque podría causar confusión y complicaciones en el pago de reclamaciones.

ACODESE planteó la posibilidad de que la medida sea impugnada en el Tribunal Federal si se convierte en ley y rechazó las presunciones que figuran en la exposición de motivos sobre que las aseguradoras dilatan innecesariamente el pago a los proveedores.  

“Contrario a lo que alega la Exposición de Motivos de este proyecto de ley, los aseguradores u organizaciones de servicios de salud no mantienen procesos inadecuados ni pretenden dilatar el pago a los proveedores de servicios de salud. En ese sentido, el PC 1987 no considera que la complejidad para procesar y adjudicar una reclamación de pago dependerá del tipo de reclamación que se esté procesando y no todas las reclamaciones corresponden a los mismos procedimientos o servicios”, sostuvo la licenciada Iraelia Pernas, quien es la directora ejecutiva de ACODESE.

Pernas también sostuvo que dividir los términos para el pago de reclamaciones, ya sean procesables o no procesables, dependiendo de la manera en que fueron sometidas, resultará en más complicaciones.

Facturas «limpias» no garantizan pago

“Lo anterior, abriría dos canales diferentes para manejar las reclamaciones, sin considerar que los términos para notificar una objeción y subsanar alguna deficiencia en la reclamación, permanecen iguales”, dijo la directora ejecutiva de ACODESE en alusión a que la medida no modifica unos términos reconocidos actualmente en el Código de Seguros, lo que podría retrasar aún más el pago de una reclamación en controversia.

“El lenguaje propuesto dispone que las reclamaciones que no son procesables deben pagarse en 15 días o 30 días, dependiendo la manera en que se sometió la reclamación. Sin embargo, debe considerarse que una vez se somete la reclamación, el asegurador tendrá 15 días para notificar la objeción, el proveedor tendrá 20 días para responder, y el asegurador, entonces, tendrá 15 días para pagar esta reclamación, luego de recibir respuesta por parte del proveedor. Por lo que, habrán transcurrido hasta cincuenta (50) días desde el momento en que el proveedor somete su reclamación para que el asegurador pague la misma. Actualmente, toda reclamación, sea procesable o no procesable, debe pagarse dentro de un plazo de 30 días”, explicó la abogada.

Pernas también puso en duda la exigencia de pagar una reclamación “limpia” en 15 días al sostener que el procesamiento de una reclamación no garantiza que se efectuará el pago porque existe la posibilidad de que el pago sea denegado.

“El hecho de que sea una reclamación “limpia” no equivale a una garantía de pago, ya que entran otros componentes a considerar, tales como la elegibilidad, cubierta de beneficios aprobados por el regulador y requisitos como la pre-autorización, editos clínicos, timely filing y lugar de servicio apropiado, entre otros”, dijo la abogada.

Sin explicar porqué medida detiene fuga de médicos

Finalmente, Pernas sostuvo que la redacción del proyecto “genera confusión y redundará en más complicaciones en el pago de reclamaciones a los proveedores”.

Aseguró, además, que existe la posibilidad de que si la medida se convierte en ley sea impugnada en el Tribunal Federal por las aseguradoras que proveen la cubierta Vital del gobierno y la cubierta Medicare Advantage. 

“En el caso Medicaid y Medicare Advantage Prod v. Domingo Emanuelli Hernández, la Corte (Federal) concluyó que el lenguaje claro y el historial legislativo del Congreso de Estados Unidos es ocupar el campo y desplazar cualquier intento de un estado de reglamentar estos segmentos. Así pues, el efecto inevitable de la aprobación del PC 1987 será contrario a lo que se pretende”, indicó.

La directora ejecutiva de ASES, Roxanna Rosario Serrano, favoreció la medida y advirtió que “el esfuerzo de introducir la medida que aquí se discute puede ser un paso adelante en los esfuerzos para detener la fuga de nuestros médicos”.

No obstante, ni la medida ni la directora de ASES explicaron cómo el pago puntual de reclamaciones puede detener el éxodo de médicos, los cuales, según ha trascendido públicamente, salen del país atraídos por jugosos salarios y mayores posibilidades de mejoramiento profesional en los Estados Unidos.

Rosario Serrano advirtió que las propuestas de la medida debían coincidir con las regulaciones federales vigentes ante la realidad de aproximadamente 4.6 de cada 10 puertorriqueños reciben servicios de un proveedor de salud a través del plan Vital, lo que convierte a Puerto Rico como la jurisdicción con mayor porcentaje de población con una cubierta de salud financiada con fondos federales en todos los Estados Unidos.

Comisionado favorece la transmisión electrónica

“ASES cuenta con disposiciones contractuales dentro del Plan Vital para obligar a las aseguradoras a velar que su proceso de pago transcurra cónsono a lo federalmente dispuesto. Reglamentar en contravención a las disposiciones federales aplicables aquí mencionadas, no solo pudieran considerarse una violación a leyes federales, sino una violación contractual en el caso de las aseguradoras bajo el Plan Vital”, dijo la funcionaria.

 La directora ejecutiva de ASES también señaló que la medida excluye a los profesionales dentales y reclamó que sea enmendada para incluir a los servicios dentales.

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, llamó la atención sobre que algunas partes del artículo 30 del Código de Seguros sufrieron cambios luego de que el tribunal federal invalidó partes de la ley 138 de 2020, que modificó el artículo 30. La ley 138 redujo los términos para agilizar el proceso de adjudicación y pago de las reclamaciones que presentan los proveedores de servicios de salud ante las aseguradoras.

“Mediante este caso – Medicaid and Medicare Advantage Products Association of Puerto Rico v Domingo Emanuelli Hernández – se invalidó el texto que se incorporó en estos artículos del Capítulo 30 del Código de Seguros por la ley 138. En atención a esta determinación es necesario atemperar el lenguaje del proyecto para que las enmiendas propuestas se incorporen al texto de dichos artículos del Código de Seguros vigente tal como estaba redactado antes de las enmiendas sufridas por la ley 138”, dijo Adams Vega.

El Comisionado recomendó varias enmiendas y entre ellas propuso reducir de 30 días a 15 días el término para que un plan médico pague la reclamación a un proveedor participante una vez sometida toda la documentación.

“Entendemos que no hay razón para que un plan médico no pague una reclamación debidamente documentada que ya había evaluado, más aún cuando el pago se hace actualmente por medios de transferencia electrónica”, indicó.

Adams Vega propuso que se exija el uso mandatorio de herramientas de transmisión electrónica de facturas para que una aseguradora reciba la respuesta del proveedor, luego de que se haya denegado su factura.

 “Actualmente existen plataformas tecnológicas ampliamente adoptadas en la industria de seguros de salud para que el proceso de reconsideración por parte del proveedor de una reclamación no procesable pueda ser re-sometida por medios electrónicos al plan médico. Esto agilizaría el trámite, respuesta y pago de este grupo de facturas re-sometidas que actualmente se tramita únicamente en papel y que retrasa y desalienta el cobro de los servicios rendidos”, propuso el Comisionado.

Publicidad

Más denuncias de fraude en los Mercados Familiares

0

Por Miguel Díaz Román

Nuevas instancias de fraude en los Mercados Familiares revelan un esfuerzo coordinado para atestar la iniciativa de productos agrícolas importados y para obtener ganancias sustanciales de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), al simular presuntas ventas que solo tienen el objetivo de convertir en dinero en efectivo la porción de la ayuda que se debe dedicar a la compra de productos agrícolas, a cambio de una comisión.

Los Mercados Familiares es un programa avalado por el Departamento de Agricultura Federal para que la ciudadanía y los beneficiarios del PAN compren alimentos frescos del país en puestos de venta administrados por agricultores bonafide. El programa es coordinado por los Departamentos de la Familia y Agricultura.

Por disposición federal, los beneficiados del PAN tienen en sus cuentas de tarjetas de débito un fondo que acumula el 4 % de la ayuda mensual que reciben para consumirlo exclusivamente en productos agrícolas frescos en los Mercados Familiares.

De acuerdo con fuentes de SN, en determinados Mercados Familiares se ha establecido el mecanismo ilegal de convertir en dinero en efectivo parte de la ayuda destinada para la compra de productos agrícolas del país frescos a cambio de una comisión.

Según las fuentes, la comisión puede exceder el 30 % del monto acumulado en el fondo que retiene el 4 % de la ayuda mensual de los beneficiados del PAN, la cual se debe destinar exclusivamente para adquirir productos agrícolas del país frescos en los Mercados Familiares.

Incluso, según las fuentes, la alta incidencia de este tipo de transacciones ilegales provoca “el vaciado del fondo del 4 % en un solo mercado”, hasta el punto que los registros de las ventas en los Mercados Familiares habían llamado la atención de personal de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

Alegadamente, personal de la ADSEF no podía explicar la alta frecuencia de transacciones en los Mercados Familiares en la que se consumía en su totalidad la porción de cuentas de los participantes del PAN que se debe destinar para adquirir productos agrícolas frescos del país. La ADSEF es una dependencia del Departamento de la Familia que administra el PAN.

Efectivo a cambio de comisión

“Hay gente que compra en los Mercados Familiares todo lo que tienen en el fondo porque reparten productos agrícolas a su familia y amigos. Sabemos que también hay mucha gente que paga la comisión para tener dinero en efectivo. Eso siempre ha pasado en el PAN”, indicó una fuente conocedora del comportamiento interno de los Mercados Familiares.

“Muchos de esas cuentas vacías es que los participantes del PAN pagan la comisión para tener dinero en efectivo”, indicó la fuente.

Otra dimensión de fraude registrada en los Mercados Familiares es que determinados agricultores que poseen una notable capacidad económica logran establecer acuerdos con otros agricultores con operaciones agrícolas pequeñas para garantizar el pago de la mercancía que llevarán a su puesto de venta en un Mercado Familiar a cambio de le permiten ubicar en sus puestos una gran cantidad de otros productos agrícolas, la mayoría de los cuales son importados.

La venta de productos agrícolas importados está prohibida en los Mercados Familiares por disposición federal. Los productos agrícolas a la venta en los Mercados Familiares tienen que ser exclusivamente las cosechas frescas de los agricultores participantes.

“Le llenan el puesto de productos importados a esos agricultores pequeños y todo lo que venda más allá de su mercancía se lo deben entregar a esos agricultores que dominan varios puestos en los Mercados Familiares”, dijo una fuente.

Centro de Acopio

Alegadamente, en el pueblo de Barranquitas existe una presunta organización que coordina la adquisición de productos agrícolas importados a través de compras directas a empresas importadoras de alimentos ubicadas en la zona portuaria de San Juan.

La organización que, alegadamente, cuenta con camiones para el acarreo de mercancías, adquiere y transporta los productos agrícolas importados desde los almacenes de las empresas importadoras hasta Barranquitas, donde se ha establecido el llamado “centro de acopio”, el cual está ubicado en la finca de uno de los agricultores que participa en los Mercados Familiares.

Según expresaron fuentes de SN, el agricultor Luis Samuel Zayas Beltrán estaría vinculado a la organización que adquiere y distribuye los productos importados. En entrevista telefónica con SN, Zayas Beltrán negó la existencia del llamado “centro de acopio” y también rechazó que distribuyera productos importados en los Mercados Familiares.  

“Eso es falso”, dijo Zayas Beltrán, quien admitió que tenía puestos de venta en los Mercados Familiares y que también distribuye productos al programa de Comedores Escolares.

Importaciones en Mercados Familiares

SN le indicó que, de acuerdo con las fuentes, en las inmediaciones de su finca en Barranquitas se encontraban aglomeradas numerosas cajas vacías de productos agrícolas importados, lo que demostraba la adquisición de ese tipo de producto. Zayas Beltrán dijo que los productos agrícolas importados se canalizan hacía los Comedores Escolares y no a los Mercados Familiares.

El programa de Comedores Escolares acepta productos agrícolas importados por medio de una autorización especial, si los agricultores locales no pueden satisfacer la demanda de determinados frutos frescos del país.   

No obstante, se le indicó a Zayas Beltrán que fuentes de SN lo señalan a él como el distribuidor de productos agrícolas importados en los Mercados Familiares. De pronto Zayas Beltrán desistió de continuar con la entrevista y colgó el teléfono abruptamente.

Las fuentes de SN señalaron que el conocido agricultor de Barranquitas, Wilfred Zayas Vázquez, también adquiere productos agrícolas importados para mercadearlos en los Mercados Familiares. Incluso, la fuente le hizo llegar una foto que muestra numerosas cajas vacías apiladas en las inmediaciones de su finca en Barranquitas.

Según la fuente, las cajas poseen características similares a los empaques que suelen utilizar los importadores para distribuir ñames, yucas y malangas procedentes de Costa Rica, de la República Dominicana y de otros países de Centro y Suramérica que son agresivos exportadores de productos agrícolas a Puerto Rico.

Zayas Vázquez indicó que su finca contiene numerosos cultivos para satisfacer los Mercados Familiares y negó que en su puesto de venta existieran productos importados. Sobre las cajas que revela la foto tomada cerca de su finca, Zayas Vázquez explicó que contenían ñame cosechado por agricultores locales y que él utiliza como “semillas” para formar sus cultivos de ñame. Pero conocedores de las prácticas de los agricultores locales señalaron que el ñame para semilla se mercadea en sacos y no en cajas.

“Ven como hombre, de frente, a mi finca y yo te la enseño”, dijo de manera airada Zayas Vázquez a este periodista.

Ex representante resulta favorecido

Otra situación altamente preocupante denunciada por las fuentes es la presencia en los Mercados Familiares de políticos cuyas fincas no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por el Departamento de Agricultura (DA). Estos requisitos exigen a las empresas agrícolas participantes tener al menos cinco cultivos y tres en el periodo de cosecha durante la celebración del Mercado Familiar.

De hecho, las fuentes revelaron que una empresa vinculada al ex representante Urayoán Hernández Alvarado fue certificada por el DA, a pesar de que los agrónomos de área habían señalado que la empresa, La Siembra Products, no cumple con la exigencia de tener cinco cultivos y tres en el periodo de cosecha durante la celebración del Mercado Familiar.

En entrevista telefónica con SN Hernández Alvarado dijo que la empresa La Siembra Products, registrada el 17 de enero de 2021 en el Departamento de Estado, no pertenece a él sino a su padre, Alberto Hernández Rojas.

Hernández Alvarado dijo que, en la finca de su padre, ubicada en Orocovis, “tenemos muchos cultivos y los que no tenemos los compramos a otros agricultores. Eso es lo que se hace”.

Confrontado con la información sobre que la finca fue certificada por el DA, a pesar de que los agrónomos de área habían señalado que no cumple con los requisitos, el ex representante reconoció que se le habían realizado unas “observaciones” debido a que el número de cultivos era insuficiente.

“Nos hicieron unas observaciones en cuanto a que necesitábamos más productos y entre mi papá y los empleados comenzaron a sembrar y entonces ya están subiendo (los cultivos). Allí tenemos guineos, plátanos, apio, habichuelas, calabaza y café”, dijo Hernández Alvarado.

No obstante, la fuente indicó que la empresa La Siembra Proudcts fue certificada sin tener los cultivos necesarios, lo cual representa una crasa violación a la reglamentación que rige los Mercados Familiares y un trato preferencial a un ex legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Hernández Alvarado fue representante a la Cámara de Representantes por el distrito 26, que integra a los pueblos de Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo durante el pasado cuatrienio. En las pasadas elecciones perdió el escaño en medio de señalamientos de irregularidades en la asignación de salarios a los empleados de su oficina, las cuales no se concretaron en una querella ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes.

Ex ayudante preside empresa

La denuncia fue realizada por el entonces candidato por el Partido Popular Democrático, Orlando Aponte Rosario, que finalmente prevaleció en las pasadas elecciones y destronó a Hernández Alvarado. De hecho, Aponte Rosario tuvo que abandonar el cargo en 2022, tras denuncias en su contra por violencia doméstica. Durante la campaña Aponte Rosario solicitó al Negociado Federal de Investigaciones que investigara a Hernández Alvarado, quien era el portavoz alterno de PNP en la Cámara.

Alegadamente, a la ayudante especial del legislador, Zuleika Zayas, se le asignó un salario de $7,200 mensuales, el cual era mayor que el asignado a Hernández Alvarado, quien cobraba $7,070 mensuales. La denuncia no tuvo mayores repercusiones. De hecho, Zuleika Zayas figura como presidenta de la empresa La Siembra Products, mientras que el padre del legislador, Hernández Rojas, ocupa la posición de persona autorizada, según surge del certificado de la empresa.

Durante la entrevista Hernández Alvarado reveló que en las próximas primarias aspira a recuperar el escaño por el distrito 26 por el PNP.

La pasada semana SN publicó una historia en la que agricultores que participan con sus cosechas en los Mercados Familiares revelaron que son objeto de sobornos porque se ven obligados a pagar para poder participar de la iniciativa.

Los sobornos son efectuados por empleados del DA, según el testimonio de algunos de los agricultores afectados. No está del todo claro si los sobornos obedecen al afán de lucro personal por parte de los empleados del DA o a los esfuerzos de recaudación de fondos para la campaña política del gobernador Pedro Pierluisi, quien se enfrentará en una primaria con la comisionada residente, Jenniffer González Colón. 

Publicidad

INFORME SEMANAL- 8 de Marzo de 2024

0

Esta semana en Informe Semanal conversamos con el licenciado Jesús Del Valle quien en representación de la aseguradora One Alliance Insurance, ha denunciado ante la Oficina del Comisionado de Seguros un esquema de fraude en seguros de propiedad organizado por dos empresas y en el que también participó un conocido de bufete de abogados.

También conversamos con el padre haitiano Orill, de la parroquia San Mateo en San Juan, sobre la crisis en Haití y la llegada súbita a Puerto Rico del primer ministro interino Ariel Henry. Con
el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega hablamos sobre nuevas revelaciones de un esquema de fraude y soborno en los Mercados Familiares. Además, hablamos con el economista José Alameda, sobre el Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se encuentra en su etapa final en el Tribunal Federal y que incluye un alza en la tarifa de hasta 4 centavos.

Publicidad

One Alliance imputa fraude a dos empresas y al bufete O’Neill & Borges

0

Por Miguel Díaz Román

La empresa de inversiones en bienes raíces PR Asset Portfolio 2013-1 International LLC (PAPRI), el ajustador público Affiliated Adjustment Group y el conocido bufete de abogados O’Neill & Borges LLC, han sido imputados de actuar en común acuerdo para establecer un patrón de fraude organizado en seguros de propiedad en contra la aseguradora One Alliance Insurance Corporation (OAIC).

La información se desprende de una denuncia de 10 páginas oficialmente radicada ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el pasado 12 de diciembre del 2023 por el licenciado Jesús Del Valle, quien es el representante legal de OAIC.

En la querella el licenciado Del Valle imputa a las dos empresas y al bufete de abogados O’Neill & Borges incurrir en acciones compatibles con el delito federal de extorsión (racketeering) que se introdujo en el código penal estadounidense en 1970 para perseguir a las organizaciones mafiosas y que se define como el acto de adquirir un negocio a través de una actividad ilegal o utilizar un negocio para cometer actos ilegales.

La grave denuncia relata diversas instancias en las que OAIC asegura que PAPRI presentó reclamaciones por daños causados por el huracán María en 2017 en determinadas propiedades de las cuales no eran dueños y cuyos pagos no fueron informados ni entregados a los verdaderos propietarios registrales.

 Se trata de unas 300 propiedades residenciales y comerciales que PAPRI adquirió en una transacción con el Banco Popular en 2011. Alegadamente, los préstamos hipotecarios de las propiedades se encontraban en morosidad y una cantidad indeterminada de los dueños de esos préstamos aún estaban residiendo en esas propiedades durante el paso del huracán María.

Como parte de la transacción con el Banco Popular, según indicó el licenciado Del Valle, PAPRI adquirió pólizas de seguro contra daños catastróficos para todas las propiedades. El abogado sostuvo que la adquisición de la póliza es un requisito del gobierno federal.

Cuestionado el interés asegurable

OAIC sostiene que PAPRI ocultó a los verdaderos propietarios la existencia de una cubierta de seguro que ofrecía protección para los daños catastróficos que pudieran enfrentar esas estructuras.

De hecho, la querella sostiene que PAPRI había vendido la mayoría de las propiedades, lo cual, según los argumentos de OAIC, causó la desaparición automática del interés asegurable que la empresa pudiera tener sobre esas propiedades. No obstante, PAPRI presentó ante OAIC reclamaciones por los presuntos daños que el huracán María provocó en esas propiedades.

Tras el paso del huracán María el 20 de septiembre de 2017, PAPRI presentó una enorme cantidad de reclamaciones en OAIC el 6 de octubre de ese año. Las reclamaciones abarcaron el portafolio total de propiedades de PAPRI, tras lo cual la aseguradora dividió los reclamos en dos paquetes.

Alegadamente, según indica OAIC en la querella, PAPRI presentó reclamaciones duplicadas tanto en la aseguradora Triple S y en OAIC por las mismas propiedades afectadas por María.

Incluso, OAIC alega que Triple S pagó esas reclamaciones duplicadas. Además, OAIC señaló que estas acciones fueron ejecutadas por PAPRI a pesar de que sostuvo bajo juramento que no existían otras pólizas de seguros para cubrir daños en sus propiedades.

Además, la querella reveló que PAPRI cobró $817,431,23 o el 38.5 % del primer paquete de reclamaciones presentada en OAIC por un grupo de propiedades ubicadas en Caguas “a sabiendas que no repararían las mismas, porque no les pertenecían”.  

Reclamaciones sin daños verificables

Según el documento, el dinero “ya fue cobrado, sin corresponder el mismo”. Incluso, la querella revela que los ejecutivos de PAPRI “admitieron bajo juramento que no repararon y que no repararían (las propiedades)”. 

 El documento indica que en el segundo paquete de reclamaciones de PAPRI incluyó los presuntos daños experimentados por unas 29 propiedades ubicadas en Caguas, los cuales ascendieron a $1,493,856,59. La querella señala que PAPRI presentó esas reclamaciones “a sabiendas que no habrían de reparar, toda vez que las propiedades no les pertenecían. Lo reclamado por reparaciones, que a sabiendas no han realizado, ni realizarían, asciende a $575,134,78”. 

También señala que PAPRI presentó en OAIC una reclamación ascendente a $834,312,25 por una propiedad en Caguas, la cual es catalogada en la querella como una reclamación duplicada porque, alegadamente, la empresa ya la había presentado ante la aseguradora Triple S Propiedad.

De acuerdo con la querella, el dueño registral de esta propiedad era Plom Electric mientras que el acreedor hipotecario registrado en la póliza lo es PRAPI. Por los daños a esa propiedad Triple S Propiedad adjudicó y fueron aceptados $360,282,80, incluyendo los daños a otras dos propiedades del mismo deudor.

Los cheques para el pago de estas tres propiedades fueron englobados en un cheque único que se emitió a nombre de Plom Electric y de PRAPI. Según la querella, PAPRI aceptó el cheque y lo depositó en su cuenta. Pero ante OAIC, PRAPI negó la existencia de la póliza de Triple S Propiedad y negó haber recibido el pago por los daños a la propiedad de Plom Electric.

En la denuncia OAIC sostiene que la reclamación sobre dicha propiedad fue realizada por PAPRI a pesar de que la citada estructura “no sufrió daños y si sufrió alguno, no excedieron los límites del deducible”. 

“Ahora PRAPI pretende cobrar unos $1, 513,920,87 por daños a una estructura (Plom Electric) que éstos sabían que no sufrió dichos daños y por los cuales ya cobró de Triple S.  Esta actuación de PRAPI, junto a sus ajustadores públicos, y bajo el conocimiento y consentimiento de sus abogados, constituye una actuación de fraude y debe sancionada por este regulador”, expresó el licenciado Del Valle en la querella.

Fondo Buitre en patrón de fraude

El licenciado Del Valle dijo que el caso involucra alrededor de 250 propiedades residenciales o familias que fueron afectadas por las acciones fraudulentas de PAPRI.

“Esa empresa reclamó para sí un 38.5 % para gastos de reparación de esas propiedades y no repararon ninguna. Ese dinero se pudo usar para reparar las propiedades para beneficio de los deudores o se pudo usar ese dinero para mitigar la deuda que se tenían y evitar que esos deudores perdieran esas propiedades. Ese no es el único problema que tiene este caso, aparte de reclamos improcedentes sobre propiedades que no eran de ellos, reclamaciones duplicadas y reclamaciones sobre daños que no ocurrieron”, dijo el abogado de OAIC.

“Es un patrón de fraude cometido por una entidad de fondos buitres que vino a Puerto Rico a comprar préstamos morosos a cinco centavos por cada dólar y quitarle esas propiedades a los puertorriqueños y ese es el problema”, indicó el licenciado Del Valle en referencia a PAPRI, que es esencialmente una corporación que adquiere propiedades cuyos préstamos hipotecarios se encuentran en morosidad para luego presentar esas estructuras en el mercado de bienes raíces a precios lucrativos.

“En los 40 años que llevo en la industria de seguros nunca había visto un caso de fraude como este”, dijo el licenciado Del Valle, quien agregó que ya han pasado más de dos meses desde que radicó la querella en la OCS y hasta el momento no ha recibido notificación alguna de que esa oficina comenzó a indagar sus denuncias.

13 demandas por $11 millones

La querella radicada ante la OCS por el licenciado Del Valle en representación de OAIC ocurre en el contexto de que PAPRI ha radicado en los tribunales del país 13 demandas contra la aseguradora en la que fundamentalmente reclama incumplimiento de contrato y exige el pago de más de $11 millones.  

SN cuestionó en qué consiste la alegación de fraude contra el bufete de abogados O’Neill & Borges y el abogado respondió: “ellos saben lo que estaba sucediendo y ciertamente es su responsabilidad decir la verdad en el tribunal”.

De hecho, en la denuncia el abogado sostiene que sus alegaciones tienen un alto interés público debido a las consecuencias catastróficas que podría representar para OAIC y sus asegurados.

“Se requiere la inmediata intervención de la OCS para evitar, lo que a nuestro juicio, es el esquema de fraude más grande perpetrado contra un asegurador en la Jurisdicción de Puerto Rico”, expresa la denuncia.

Además, el documento recomienda a la OCS referir el caso de PRAPI, sus ajustadores públicos y el bufete de abogados O’Neill & Borges a las autoridades locales y federales “por existir un patrón de extorsión (pattern of racketeering) sancionable bajo las leyes federales”. La querella también exige que la OCS realice una investigación por fraude contra las tres entidades al amparo del artículo 27.250 del Código de Seguros.

SN realizó gestiones para obtener una reacción de PAPRI o de su representante legal en los casos  radicados en los tribunales, el bufete Saldaña, Carvajal & Vélez Ribé. En ese bufete se informó que la persona a llamar era el licenciado Antonio Roig, del bufete O’Neill & Borges.

La secretaria del licenciado Roig indicó que él no podría atender la llamada porque se encontraba en una reunión. Aunque la secretaria indicó que el licenciado Roig respondería más adelante hasta el cierre de esta edición no se ha recibido una llamada ni del bufete O’Neill & Borges o del citado abogado. Tampoco fue posible identificar el representante del ajustador público Affiliated Adjustment Group.

Publicidad

¿Por dónde va nuestra agricultura?

0

Por Agrónomo Carlos A Flores Ortega

Ex secretario de Agricultura

El desarrollo de una agricultura sustentable, ambientalmente amigable y eficiente son términos que a menudo encontramos en planes de gobierno de todas las ideologías cada cuatro años durante las campañas electorales en Puerto Rico.

El fin es atraer la atención y crear expectativas de que ahora sí se va a trabajar con el apoyo y crecimiento de uno de los pilares de la economía y del desarrollo económico.

Además, la agricultura es la forma de vida para miles de ciudadanos en las zonas rurales de la Isla. Si hacemos un análisis de todas estas plataformas partidistas, encontraremos que el 80 por ciento de lo que persiguen es lo mismo y lo que cambia es la forma en que se llevará a cabo, si es que se menciona ya que la mayoría de estas plataformas mencionan el problema, pero no cómo lo van a resolver.

Prácticamente todos los gobiernos electos desde la década del 1950, para no ir más lejos, han tenido un programa de desarrollo para la agricultura local preparado por expertos locales, internacionales o ambos. Lo que ha faltado no son planes ni propuestas, sino voluntad política, compromiso y visión de largo plazo para llevarlos a la práctica de manera coherente, integral y efectiva.

En su defecto, hemos visto cómo se adoptan medidas parciales que, desvinculadas de las acciones que se recomendaban dentro de un marco de desarrollo integral, lo que han logrado es contener el ritmo de la decadencia del sector a un alto costo para el gobierno, sin estimular una verdadera recuperación.

El papel aguanta todo lo que se escriba dice un refrán pueblerino y pereciera que es lo que pasa con los planes agrícolas una vez comienza el mandato de un Gobernante avalado por el pueblo porque sus propuestas fueron las más atractivas. Se quedan en el papel y comienza entonces toda una serie de actividades desarticuladas y de “quita lo que estaba antes y pon lo mío ahora” sin mucho análisis ni compromiso, que al final del camino nos sigue perjudicando una y otra vez cada cuatro años.

Así vemos como se cancelan programas existentes y se crean programas nuevos, se cambian los énfasis de política pública, se crean nuevas leyes y reglamentos para validar legalmente cambios que de otra forma se convertirían en demandas y pleitos. Y si fuera poco, se envía un pésimo mensaje a los sectores de apoyo como el financiero de que aquí no hay nada seguro y que la inversión en la agricultura es un gran riesgo a corto y largo plazo.

Toda actividad agropecuaria para ser competitiva necesita de tiempo para su establecimiento y desarrollo. Para poder entrar a los mercados necesita abastos consistentes, buena calidad, distribución y costos aceptables que compitan con los importados. El día que se siembra la semilla no es el día que te comes el fruto dice otro refrán pueblerino, por lo que la agricultura es el arte de la paciencia y el optimismo.

La agricultura de cualquier país al igual que Puerto Rico, necesita, antes que nada, un lugar especial entre los ciudadanos que consumen sus productos. Una mística, una herencia, una historia que los identifique con su cultura, tradiciones y con sus preferencias en los alimentos.

En resumen, que se sientan identificados con la “comida criolla” que se hace en casa. Que el paladar de cada puertorriqueño prefiera lo “De aquí” por convicción y por costumbre para que las próximas generaciones también deleguen a sus hijos la preferencia por consumir “lo que nuestra tierra produce”. Que el paladar de cada niño, joven y adulto prefieran en sus alimentos, los productos frescos o elaborados en Puerto Rico por su sabor, frescura, calidad y nutrición.

Culpamos mucho al agricultor, pero la realidad es que el modelo actual trata de privilegiar la eficiencia productiva en fragmentos del sistema económico y no en la articulación entre actividades a largo plazo.

A esta situación se le suma el hecho de que Puerto Rico atraviesa por uno de sus peores momentos económicos y la población ejerce una gran presión política para evitar que suban los precios de los alimentos de acuerdo con los costos de producción. Resultado, una importación masiva de alimentos de bajo valor lo cual es aprovechado por las empresas importadoras, que son las que más se están lucrando con el modelo actual.

Indudablemente, el modelo que estamos siguiendo por las últimas décadas en poco contribuye a fortalecer la relación entre la producción primaria y la secundaria en agroindustrias, perdiéndose así la posibilidad de ejercer el efecto de arrastre que debe existir entre agroindustria y agricultura primaria.

Esto se intentó resolver a través de la Ley 238 de Ordenamiento de las empresas agrícolas y la Ley 225 de Créditos e Inversión Agrícola desde el 1995 pero de nuevo, los cambios de política pública cada cuatro años lo descarrilaron.

El Departamento de Agricultura, tiene que replantearse seriamente el papel que va a desempañar en el nuevo entorno, delimitar su clientela, establecer políticas diferenciadas y procurar que los servicios que aún mantiene dentro de su competencia sean mucho más eficientes y efectivos.

Lo que hemos visto en este cuatrienio en nada se acerca a esto y más bien se ha acentuado la improvisación, no se han cumplido las promesas de campaña y mucho menos los compromisos programáticos. La reducción de presupuesto e incentivos ha dejado a muchos proyectos a medias.

El incumplimiento con leyes de estudios de precios, la destrucción de miles de cuerdas de terreno agrícola para siembra de placas solares y la politización que ha llegado al nivel más alto en la historia de este sector han definido la prioridad de los principales actores en el Departamento de Agricultura.

Todo esto unido a la incompetencia en la administración y fiscalización de fondos federales han marcado el camino por dónde va nuestra agricultura.

Publicidad

MAPFRE logra liderazgo en medidas contra el cambio climático

0

La aseguradora MAPFRE ha ascendido en el prestigioso Índice de Cambio Climático (CDP), donde ha logrado una de las puntuaciones más elevadas, la de “liderazgo” (A-), por encima de las empresas del sector financiero, cuya calificación media se sitúa en una B.

Este resultado representa un reconocimiento a su estrategia para luchar contra los efectos del cambio climático.  

En esta edición, el índice ha valorado el progreso alcanzado por el Grupo en relación con el consumo de energía, emisiones indirectas de la huella de carbono, objetivo de ser Net-Zero en 2050, colaboración con la cadena de valor, estrategia climática y análisis de escenarios climáticos. 

CDP utiliza una metodología detallada e independiente para evaluar a las empresas, asignando una puntuación de A a D- basada en la exhaustividad de la divulgación, el conocimiento y la gestión de los riesgos ambientales, la demostración de las mejores prácticas y el establecimiento de objetivos ambiciosos.

CDP posee la base de datos medioambiental más grande del mundo, cuyas puntuaciones se utilizan para impulsar las decisiones de inversión y adquisición hacia una economía sostenible, resiliente y con cero emisiones de carbono.

«Estamos muy satisfechos de haber alcanzado el nivel de liderazgo en la clasificación de CDP. La lucha contra el cambio climático forma parte de los objetivos de nuestro Plan de Sostenibilidad 2022-2024, que entre otros objetivos, busca desarrollar productos y servicios con criterios sostenibles y cumplir con compromisos cada vez más ambiciosos, como reducir la huella de carbono operativa del Grupo un 50% para 2030, calificar el 90% de la cartera de inversión con criterios ESG y no asegurar e invertir en compañías de carbón, gas y petróleo que no se comprometan con un plan de transición energética”, ha indicado Mónica Zuleta, directora Corporativa de Sostenibilidad de MAPFRE.

Neutralidad en 2030 y Net Zero en 2050

MAPFRE sigue avanzando hacia la descarbonización de la economía, a través de la inversión y la suscripción, con el compromiso público de no invertir ni asegurar compañías de carbón, gas y petróleo que no estén comprometidas con un plan de transición energética.

También, con medidas para reducir la huella de su operación directa, entre ellas, la reducción del consumo de combustibles fósiles y electricidad, la utilización de fuentes de energía renovables, como la solar, la sustitución de su flota de vehículos convencionales por híbridos o eléctricos, y la reducción de los viajes de negocio y los desplazamientos de sus empleados a los centros de trabajo. 

En 2023, el Grupo disminuyó un 25% su huella de carbono operativa global respecto a 2019, gracias al uso de renovables y movilidad sostenible, y ha reducido la huella de carbono de la cartera de inversión de MAPFRE AM un 35% respecto al mismo año. 

Para más información, puedes contactar con Nuria del Olmo, de Comunicación de MAPFRE. Tel. +34 606 53 78 89. Email: ndelolmo@mapfre.com

Publicidad