Por Miguel Díaz Román

Mientras determinadas voces de la industria del café auguran la posibilidad de que pronto se registre una escasez de café en el mercado local, debido a que las existencias del grano importado han bajado a niveles alarmantes, el secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, espera que la llegada de un nuevo embarque permita a los torrefactores procesar las cantidades adecuadas para satisfacer la demanda.

La realidad innegable es que en el almacén de café del Departamento de Agricultura, ubicado en el barrio Yahuecas de Adjuntas, el inventario de café importado se ha reducido dramáticamente y en las últimas semanas las ventas se han dirigido a satisfacer la demanda de los pequeños torrefactores con ciertas restricciones. 

La presunta  escasez afecta tanto los granos importados de café arábica y el robusta, que son las variedades más populares en el mercado mundial y las que son utilizadas por los torrefactores para elaborar las diversas marcas de café que pululan en el mercado local.

De hecho, la situación fue originada por el atraso de un embarque de café procedente de México que la pasada administración del ex secretario Ramón González Beiró había ordenado. El atraso ha sido en extremo preocupante debido a que su llegada podría acontecer a finales de febrero o durante el mes de marzo. 

Atraso en embarque

Alegadamente, el atraso del café procedente de México encendió las alarmas en el Programa de Compraventa de Café de la Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), que es la entidad encargada de lograr los acuerdos de importación con los productores extranjeros.

Rivera Castro confirmó el atraso del embarque procedente de México y reveló que el DA ordenó un nuevo embarque de café en la República Dominicana, el cual estaría arribando próximamente.

«La previa administración realizó una orden de compra y por asuntos de aduanas se atrasó, pero nosotros no dudamos en pedir otro embarque en vecinas jurisdicciones (República Dominicana) para que llegara antes de la fecha de entrega del embarque atrasado», señaló Rivera Castro. 

«El embarque de República Dominicana llegará primero que el de México. Hay inventario en torrefactores grandes que tiene mayor demanda, por ende la prioridad son los pequeños torrefactores. Los pequeños torrefactores han recibido café. No hay escasez», indicó el funcionario.

No obstante, las fuentes indicaron que mientras más rápido se cierre la brecha que separa las mermadas existencias de café importado en Yahuecas y la llegada del embarque procedente de la República Dominicana, no habrá escasez de café en las góndolas de los supermercados.

Posibles problemas

La fuente sostuvo que si el café de República Dominicana no llega a tiempo veremos a los torrefactores  «en problemas para satisfacer la demanda local». 

La empresa PR Coffee Roasters, que posee 10 marcas de café que representan alrededor del 50% del mercado local, adquiere cerca del 80 % del café importado, lo que lo convierte a esa empresa en el principal cliente del Programa de Compraventa de Café de ADEA. 

Rivera Castro advirtió que el Programa de Compraventa de Café de ADEA adquirió café importado a precios satisfactorios, pues las compras fueron realizadas antes de una tendencia alcista que recientemente se registró en los precios del café en el mercado internacional.

El secretario también reveló que ha estado procurando la ayuda de pasados ex secretarios de Agricultura para crear un banco de ideas agrícolas que lo ayuden a realizar con éxito su gestión.

«Nosotros nos enfocaremos en lograr motivar a productores locales de café y proveer herramientas para alcanzar un aumento en producción. Confió en que el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores, el ex secretario Javier Rivera Aquino y el ex secretario Salvador Ramírez y muchos otros nos provean sus recomendaciones para así hacerlo. El principal reto es la mano de obra para sembrarlo y recogerlo», agregó Rivera Cortés.

La vista de confirmación en el Senado para el nombramiento de Rivera Cortés no se  celebró ayer sábado como estaba previsto y se espera que en algún momento esta semana o el próximo sábado el designado secretario se exponga al interrogatorio de los senadores que integran la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos.

La citada Comisión es presidida por el  también presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Importación que salva y afecta

No se espera que el incremento en la tarifa de 25 % decretada por el presidente Donald Trump a los productos importados de México afecte el embarque en tránsito que adquirió la administración de González Beiró y futuras compras del Programa de Compraventa de Café de ADEA, debido a que el gobierno local está exento de pagar el arbitrio que impone el gobierno federal al café importado.

Precisamente, esa exención federal es la que ha convertido al Programa de Compraventa de Café de ADEA en una lucrativa fuente de ingresos para el DA, debido a que en el mercado internacional el precio del grano es sumamente bajo.  

La venta de café importado a los torrefactores genera cerca de $30 millones anuales. No obstante, ADEA debe reservar hasta $20 millones para realizar la compra de café del próximo año.

La importación de café se ve como un mal necesario debido a que la producción local no alcanza para satisfacer el consumo desde 1998. 

Competencia desleal

Los caficultores locales han denunciado que la importación de café atenta contra la estabilidad de la producción local porque el grano importado se vende más barato que el grano de alta calidad cosechado en la isla.

Otra denuncia es que desde el sector de los torrefactores se ha gestionado una competencia desleal porque el café importado se ha estado empacando y vendiendo como café del país, mientras el grano local de alta calidad se queda en los almacenes.

Incluso, recientemente el caficultor Miguel López Hernández, quien es el presidente de la Asociación de Beneficiados de Puerto Rico, denunció que las llamadas marcas de café “especial” o “gourmet” para consumo local y para exportación no utilizan grano de alta calidad cosechado en Puerto Rico, sino grano procedente de México que es importado por el gobierno, lo que representa una insólita práctica de fraude que podría causar el colapso de la industria de café del país.

Por Miguel Díaz Román

El ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, le recomendó al designado secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, que abandone el puesto si no puede nombrar a los funcionarios que dirigirán las diversas dependencias de su agencia.

«Yo le recomiendo que se vaya», sostuvo González Beiró ante la realidad de que el secretario de gobernación, Francisco Domenech, paralizó una serie de nombramientos que Rivera Castro realizó para las principales dependencias del Departamento de Agricultura.

González Beiró hizo las expresiones durante una entrevista con el periodista Rubén Sánchez en la estación radial de noticias WKAQ 580. 

Aunque al inicio de sus expresiones González Beiró se refirió a la situación experimentada por Rivera Castro tras la intervención de Domenech en el Departamento de Agricultura, más adelante en la entrevista el ex secretario extendió la exhortación a todo el gabinete nombrado hasta ahora por la gobernadora Jenniffer González Colón.

«Los secretarios, los jefes de los departamentos sombrillas que hay y los secretarios constitucionales, muchos de ellos, no van a tener ningún poder en su agencia, porque sí los nombramientos no los hace él tampoco le van a responder a él. Así que, si usted no puede nombrar su equipo de trabajo es mejor que se vaya para su casa porque para quedar bien siempre hay tiempo y para quedar mal no», indicó González Beiró.

Crítica severa contra la gobernadora

De esta manera reaccionó el ex secretario de Agricultura a la determinación de González Colón de investir al secretario de gobernación con amplios poderes que le permiten intervenir en todas las agencias del gobierno para desautorizar nombramientos a puestos de carrera y rechazar nombramientos a puestos de confianza realizados por los secretarios. 

Domenech también fue autorizado a establecer cualquier medida de control fiscal que entienda necesaria para lograr el cumplimiento de la política pública de la administración, incluyendo decidir sobre contrataciones y órdenes de compra y poner en vigor cualquier medida de control fiscal que entienda necesaria. 

Los amplios poderes a Domenech fueron concedidos por González Colón a través de una de las primeras órdenes administrativas que firmó tras juramentar para el cargo de gobernadora el pasado 2 de enero.

De hecho, las expresiones de González Beiró representan en realidad la crítica más severa realizada por un ex funcionario de la administración del ex gobernador Pedro Pierluissi contra la nueva administración de González Colón. 

«Así que mi consejo, y este es un consejo a la administración, que permitan,… que no puede estar centralizada…Sí, el secretario de la gobernación es el jefe directo de los secretarios, !pero ellos no pueden nombrar  sus ayudantes!», exclamó González Beiró.

No está pasando nada

Luego, el ex secretario procedió a explicar la razones que lo motivaron a escribir un enigmático mensaje que recientemente difundió a través de las redes sociales, el cual, según expresó González Beiró, fue interpretado de manera equivocada como un ataque de su parte contra Rivera Castro.

El corto mensaje indicaba de manera escueta «nos llevan con piloto automático directo al precipicio».

González Beiró explicó que su mensaje fue un intento de llamar la atención sobre la casi nula actividad relevante de gobierno que la administración de González Colón ha demostrado en las primeras semanas de su gobierno. 

«Llevamos casi un mes y no está pasando nada. A eso es que me refiero. Y tengo la fuerza y el deber moral de señalarlo. Como consejo a la gobernadora, que permita que los secretarios y los jefes de las sombrillas nombren a su gente para que les respondan. Porque si no, no habrá ejecución y lo principal es la ejecución. Si tú equipo no te responde tú no puedes ejecutar.  A eso me refería. A ningún jefe en específico. Muchas personas interpretaron que me estaba refiriendo al secretario designado de Agricultura, que tiene todo mi respeto y mi apoyo. Viene de afuera y eso es lo más importante, que no venga del propio departamento. Es una persona bien inteligente, joven, bien intencionado que se va dejar ayudar. Así que le auguro una confirmación rápida el próximo sábado y que puede ponerse a trabajar por la agricultura de Puerto Rico», concluyó González Beiró.

Nombramientos paralizados

Entre los nombramientos realizados por Rivera Castro que fueron paralizados por Domenech  figura el de Ruth Pagán Alvarado, quien fue nombrada por Rivera Castro para la posición de subsecretaria de Agricultura. Según fuentes del departamento de Agricultura, Pagán Alvarado estuvo vinculada a la campaña a favor de Pedro Pierluisi durante la primaria.  

Otro nombramiento paralizado fue el de Jorge Quiles, a quien se le designó como administrador de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (Adea). El tercer nombramiento paralizado es el de Irving Rodríguez, quien fue nombrado para ocupar la posición de director ejecutivo de la Autoridad de Tierras, que es la posición que ocupó el pasado cuatrienio.  

También fue paralizado el nombramiento del licenciado Javier Lugo Rullán para la posición de director ejecutivo de la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA). Lugo Rullán fue el director ejecutivo de la CSA la mayor parte del pasado cuatrienio, una posición que obtuvo tras renunciar como administrador de la Oficina para la Reglamentación para la Industria Lechera (Oril). También fue paralizado el nombramiento del agrónomo Carlos Castillo, a quien se le encomendó la administración interina de la Oril.

Otro ex funcionario que no ha recibido apoyo de parte de Domenech para la posición de subsecretario de Agricultura es el agrónomo Robert Bradley, quien ha ocupado la posición de administrador de Adea.

Por Miguel Díaz Román

En lo que representa un posible anticipo de lo que será la gestión del nuevo secretario del Departamento de Agricultura, Josué Rivera Castro, la Fortaleza ha exigido paralizar los nombramientos que el funcionario comenzó a realizar en las diversas dependencias de la agencia, una reacción que ha sido interpretada como una señal de la poca confianza que el entorno de la gobernadora Jenniffer González Colón siente en las decisiones del secretario designado.

El traspiés que inaugura el papel de Rivera Castro como secretario de Agricultura también podría indicar la inquietud que provoca en el secretario de gobernación, Francisco Domenech, las decisiones iniciales tomadas por un funcionario que, alegadamente, no tiene experiencia alguna en la agricultura, quien no conoce el departamento de Agricultura y que carece de criterios para calificar las cualidades del personal disponible para las posiciones directivas de la agencia.

El pasado viernes Domenech fue autorizado por la gobernadora González Colón para ejercer amplios poderes sobre su administración como desautorizar nombramientos a puestos de carrera, a puestos de confianza, así como establecer cualquier medida de control fiscal que entienda necesaria para lograr el cumplimiento de la política pública de la administración, incluyendo decidir sobre contrataciones y órdenes de compra y poner en vigor cualquier medida de control fiscal que entienda necesaria.

De hecho, según fuentes del departamento de Agricultura, las principales dependencias de la agencia continúan bajo el liderato de la claque administrativa nombrada por el ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, lo que se ha interpretado como una clara señal del desconocimiento de Rivera Castro en el aspecto administrativo de la agencia y sobre las calificaciones del personal que estuvo ocupando las principales posiciones de la agencia el pasado cuatrienio.

Rivera Castro fue exdirector de la Administración de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura Federal para Puerto Rico e Islas Vírgenes entre 2018 y 2021.También fue el director de distrito de la Administración Federal de Pequeños Negocios desde 2021.

González Colón justificó el nombramiento de Rivera Castro como el mejor candidato porque «corrió la política pública federal del Agricultura aquí en Puerto Rico y el Caribe».

No obstante, diversos ex funcionarios y conocedores del sector agrícola del país sostienen que Rivera Castro no conoce los problemas de la agricultura, los cuales requieren decisiones administrativas más allá de solo ofrecer más ayuda a los agricultores.

Incluso, el Colegio de Agrónomos ha rechazado que el nuevo secretario de Agricultura no sea un agrónomo licenciado. La institución se ha mostrado insatisfecha con lo que parecer ser el inicio de una tendencia en el gobierno, debido a que el ex secretario González Beiró tampoco era agrónomo.

Fortaleza pone “stop” a nombramientos

Entre los nombramientos paralizados por la Fortaleza figura el de Ruth Pagán Alvarado, quien fue nombrada por Rivera para la posición de subsecretaria de Agricultura. Pagán fue la directora del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA) el pasado cuatrienio y quien, alegadamente, renunció a la agencia tras la celebración de la primaria entre González Colón y el ex gobernador Pedro Pierluisi, por desavenencias con Ramón González.

De hecho, según fuentes del departamento de Agricultura, Pagán Alvarado estuvo vinculada a la campaña a favor de Pierluisi durante la primaria. Además, la exfuncionaria fue objeto de quejas por determinadas acciones que tomó durante su gestión en el FIDA, algunas de las cuales, alegadamente, son investigadas por distintas agencias de fiscalización.

Otro nombramiento paralizado fue el de Jorge Quiles, a quien se le designó como administrador de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (Adea).

Quiles fue el ex director del Programa de Compraventa de Café durante el pasado cuatrienio y se le ubica con una activa participación en el grupo de trabajo de González Colón para el sector agrícola.

No obstante, Quiles podría enfrentar objeciones para dirigir a la Adea, que es la dependencia de Agricultura con mayor presupuesto para promover la actividad agrícola.

Aspirantes rechazados tras la agenda

El tercer nombramiento paralizado es el de Irving Rodríguez, quien fue nombrado para ocupar la posición de director ejecutivo de la Autoridad de Tierras, que es la posición que ocupó el pasado cuatrienio. A Rodríguez se le identifica como activo un aspirante para la posición de secretario de Agricultura que no recibió el aval de González Colón.

También fue paralizado el nombramiento del licenciado Javier Lugo Rullán para la posición de director ejecutivo de la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA). Lugo Rullán fue el director ejecutivo de la CSA la mayor parte del pasado cuatrienio, una posición que obtuvo tras renunciar como administrador de la Oficina para la Reglamentación para la Industria Lechera (Oril).

Según señaló la fuente, la Fortaleza ordenó paralizar el nombramiento del agrónomo Carlos Castillo, a quien se le encomendó la administración interina de la Oril. De hecho, según indicó la fuente, Castillo fue un estrecho colaborador del ex subsecretario de Agricultura, Jorge Campos, durante el pasado cuatrienio.

Campos fue también un aspirante sumamente activo para el cargo de secretario de Agricultura, hasta el punto de que con cierta frecuencia figuraba en la avanzada que acompañaba a González Colón en las actividades con los agricultores durante la primaria.

Hasta el presente Campos no ha recibido el respaldo de parte de la gobernadora para ocupar un cargo de prominencia en el departamento de Agricultura.

Otro ex funcionario que no ha recibido apoyo de parte de la gobernadora para la posición de secretario de Agricultura es el agrónomo Robert Bradley, quien ha ocupado la posición de administrador de Adea.

Alegadamente, Bradley se jubiló por ley 80, lo que le impide ocupar una posición en el sector público por un término de hasta siete años.

Llamadas a granel

La fuente indicó que la Fortaleza y la oficina del secretario de gobernación han sido inundadas de llamadas telefónicas de parte de ex funcionarios vinculados con la administración de González Beiró, quienes han estado socavando los nombramientos realizados por Rivera Castro, por medio de revelar presuntas fallas administrativas incurridas el pasado cuatrienio por los nominados.

Específicamente la fuente mencionó a Jorge Campos; el ex administrador de la Adea, Juan Rodríguez, y la ex ayudante de González Beiró, Noelia García. Estas personas no han sido consideradas como candidatos para las principales posiciones en el departamento de Agricultura.

Alegadamente, la Fortaleza y la oficina del secretario de gobernación también han recibido las llamadas de legisladores del Partido Nuevo Progresista quienes han estado expresando su apoyo a algunos de los nominados por Rivera Castro.

Finalmente la fuente señaló que los nuevos poderes con que fue investido Francisco Domenech también podrían implicar a costo plazo un gran atraso en la toma de decisiones en las agencias, lo que podría causar un atraso en las metas pautadas para los primeros 100 días.

La plataforma de la gobernadora conocida como Acción PR propone, entre otros asuntos, evitar la pérdida de fondos federales, agilizar la aprobación de permisos y reducir su costo y eliminar el aumento en la facturación por consumo de energía.

Por Miguel Díaz Román

A pesar de que desde 2021 la Autoridad de Tierras (AT) radicó un demanda en cobro de dinero contra el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. para recuperar fondos públicos asignados para unas alegadas mejoras permanentes en la quebrada Margarita en Guaynabo, hasta ayer 14  de enero de 2025, no se ha podido recobrar el $1.5millón que la corporación sin fines de lucro recibió del Fondo de Mejoras Municipales (FMM).

Cinco años después de que la AT radicada la demanda, el 14 de junio de 2021, las obras en la quebrada Margarita no se han realizado y el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc no ha devuelto el dinero, lo que ofrece un crudo ángulo de los verdaderos estragos causados por el escándalo del FMM.

La información sobre la incapacidad de recobrar los fondos públicos surge de una moción informativa radicada ayer 14 de enero de 2025 en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón, por la licenciada Bárbara Cruz Muñiz, del bufete Dennis L. Seilhamer, que es el representante legal de la AT.

Alegadamente, en 2021 el Centro Comunitario de Servicios a la Familia había recibido del FMM dos desembolsos, uno inicial de $380,000 y luego otro desembolso por la cantidad de $1,140,000 , lo que suma $1.5 millones. 

Los fondos se debían utilizar para obras permanentes en la quebrada Margarita, en la jurisdicción del cuerpo de agua en el pueblo de Guaynabo, que discurre desde la avenida Roosevelt hasta el expreso Martínez Nadal. El desembolso fue autorizado por la Resolución Conjunta 19 de 2019. 

El Centro Comunitario de Servicios a la Familia no figura como una entidad con experiencia en proyectos de construcción y especialmente en proyectos que involucran gran complejidad como intervenir una quebrada que en gran parte de su extensión se desplaza sobre la superficie del suelo y en otros fluye de manera subterránea, en zonas urbanas densamente pobladas de residencias y comercios.

Radica quiebra

De hecho, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia había radicado una solicitud de quiebra en el Tribunal Federal de Quiebras el 24 de junio de 2024, bajo el capítulo 7 de liquidación, que permite  a los deudores, con determinadas condiciones, no pagar las deudas a sus acreedores. 

La presentación de la solicitud de quiebra detuvo los trabajos en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, que aún no ha tomado una determinación en la demanda de la AT, la cual imputa al Centro Comunitario de Servicios a la Familia incumplimiento de contrato y cobro de dinero.

La entidad sin fines de lucro es dirigida por Humberto Andújar Otero, quien, alegadamente es pastor, y por Raúl Berríos Ferrer.

No obstante, el 4 de septiembre de 2024 la entidad radicó en el Tribunal Federal de Quiebras de San Juan una moción para desistir voluntariamente del caso. La moción fue radicada por el licenciado Jesús Enrique Batista Sánchez. 

Se desconoce por qué los directivos del Centro Comunitario de Servicios a la Familia desistieron de continuar con el proceso de quiebra bajo el capítulo 7. 

Tribunal busca los fondos

Tras esa determinación, el caso regresó a la sala de la jueza Wanda Cintrón Valentín en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón. 

De hecho, el pasado 2 enero del 2025 la jueza Cintrón Valentín emitió una orden para que los demandantes informaran sobre el resultado de otra orden radicada por ese Tribunal el 14 de noviembre de 2024 contra en Banco Popular. Esta última pretendía que la institución bancaria ofreciera copia de los estados bancarios del Centro Comunitario de Servicios a la Familia.

En la moción informativa la abogada Cruz Muñiz informó que el pasado jueves 5 de diciembre de 2024 «nos entregaron los estados bancarios pero incompletos ya que no contaban con la información de los cheques liberados y cambiados contra la cuenta».

En la moción la abogada indicó que realizó un segundo intento para que el banco entregara los datos que no se habían recibido hasta que finalmente la institución entregó la información que faltaba de los estados bancarios.

No obstante, la moción no abunda si, de la información recibida del Banco Popular, surge evidencia de que el Centro Comunitario de Servicios a la Familia tiene depositados en su cuenta bancaria el $1.5 millón desembolsado por el FMM.

Saldo final en cero

La licenciada Cruz Muñiz le indicó a SN que estaría en las próximas horas radicando nuevas mociones para informar al Tribunal sobre la información que se desprende de los estados bancarios. 

No obstante, en una nota emitida el 10 de septiembre de 2024, en el registro digital del Tribunal de Quiebras Federal se informó que de los activos del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, solo se logró recaudar $252.99. La información fue ofrecida por Wigberto Lugo Mender, quien fue el fideicomisario designado al caso.

«Informo que este caso fue desestimado. Recaudé fondos por un total de $252.99. Todos los fondos han sido devueltos o transferidos al fideicomisario sucesor. Todos los extractos bancarios y cheques cancelados han sido enviados al fideicomisario de los Estados Unidos. Los extractos bancarios reflejan un saldo final de cero y ningún otro fondo o activo del patrimonio permanece bajo mi custodia. Por la presente certifico que el patrimonio del capítulo 7 del deudor(es) mencionado(s) ha sido completamente administrado hasta la fecha de conversión o desestimación. Solicito que se me libere de cualquier otra obligación como fideicomisario», sostuvo Lugo Mender en la citada nota que figura en el registro digital del Tribunal de Quiebras Federal. 

 El FMM se nutre de una porción del IVU que pertenece a los municipios y al año el fondo recibe cerca de $30 millones. Los fondos son asignados por los legisladores de distrito y el trámite para realizar el desembolso lo pone en vigor el Programa de Infraestructura Rural de la AT. 

A principio del pasado mes de diciembre de 2024 la Oficina del Contralor divulgó los resultados de una investigación sobre la operaciones del FMM, la cual no recomendó referidos directos al Departamento de Justicia ni a la la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI),  a pesar de que entre sus hallazgos figura el desembolso de los fondos públicos a las entidades sin fines de lucro contrario a la ley.

Informe cojo

El informe le recomienda a Justicia y al OFEI “considerar los resultados y realizar los procesos que entienda pertinentes”.

El primer hallazgo de la investigación es que la asignación de fondos del FMM que realizan los legisladores  es inconstitucional porque la manera cómo se emplearán los fondos públicos es una función del Ejecutivo y no de la rama Legislativa.

Aunque la investigación revela graves irregularidades en el manejo de los fondos de parte de determinadas entidades sin fines de lucro, nada se indica en el informe sobre aquellas entidades que, sin poseer experiencia alguna en proyectos de construcción y de infraestructura, recibieron asignaciones millonarias para realizar ese tipo de encomienda.

La investigación no abunda ni profundiza en las gestiones que pudo realizar el PIR para calificar a las entidades sin fines de lucro en cuanto a su experiencia y capacidad para recibir asignaciones para proyectos de construcción.

Otro asunto que no es tratado por la investigación es cómo se fiscaliza la asignación de fondos para los llamados servicios directos a la ciudadanía, que comprende la compra y entrega de equipos médicos, deportivos, equipos del hogar como neveras, estufas, acondicionadores de aire, cisternas, microondas, televisores, alimentos y artículos de primera necesidad.

Contralora se defiende

La contralora, Yesmín Valdivieso, defendió el informe y reveló que un día después de que la Oficina del Contralor publicara el informe del FMM, auditores de esa oficina se reunieron con personal del Departamento de Justicia.

Valdivieso indicó que la conversaciones tenían como objetivo dialogar sobre los hallazgos publicados y sobre otros aspectos de la investigación que no figuran en el informe.

La funcionaria indicó que las conversaciones podrían conducir a la radicación de cargos criminales, una determinación que la Contralora reconoció le corresponde a Justicia.

Hasta el momento los únicos funcionarios señalados por la OFEI por, alegadamente, haber cometido malversación de fondos públicos relacionados con el FMM, son la ex directora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, la ex directora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el director del Programa de Infraestructura Rural , Miguel Santiago Irizarry.

El pasado mes de abril de 2024 la OFEI anunció que el caso estaba paralizado en espera de la investigación que la Oficina del Contralor divulgó la pasada semana.Los fiscales asignados al caso son Zulma Fuster, Ramón Mendoza y Fabiola Acarón.