Por Miguel Díaz Román
A pesar de que la producción de estadísticas es una herramienta imprescindible para conocer el comportamiento social y económico del país , la Legislatura nunca ha aprobado asignaciones para un fondo especial del Instituto de Estadísticas (IE), lo que le ha impedido a este importante organismo realizar una actividad más abarcadora y profunda, según concluyó un informe de auditoría de la Oficina del Contralor.
Desde que se creó el IE en 2003 hasta el 2024 han existido cinco legislaturas y cinco administraciones de gobierno distintas en las que se aprobaron cientos de millones de dólares para los esfuerzos publicitarios del gobierno y para financiar los fabulosos salarios de los empleados de confianza, más, sin embargo, ninguna de ellas encontró suficientes justificaciones para asignar $2 millones a un fondo espacial del IE.
La citada cifra de $2 millones para el fondo especial es una disposición que surge de la ley 209 de 2003, que es el estatuto matriz del organismo. A pesar de que el fondo especial lo ordena la ley 209, la entidad nunca ha recibido esos fondos 21 años después que fue creado.
El fondo especial tiene el objetivo de financiar proyectos de mejoras metodológicas y generar productos estadísticos de las entidades del gobierno.
El informe de la Oficina del Contralor concluyó que el incumplimiento en la asignación de los fondos le ha impedido al IE realizar proyectos estadísticos importantes y, además, ha obligado a la institución a utilizar sus fondos operacionales para financiar algunas iniciativas.
La incomprensible situación que saca a relucir el informe del Contralor acontece a pesar de que tras la quiebra del gobierno, las estadísticas han tomado una gran importancia estratégica especialmente desde que entró en operaciones la Junta de Supervisión Fiscal en 2016.
Sin explicar la acción legislativa
El informe no logra ofrecer una explicación sobre el comportamiento de las legislaturas en los pasados 21 años desde que el IE fue creado al final de la administración de la ex gobernadora Sila Calderón.
En reacción al señalamiento del informe sobre la ausencia de la asignación de los $2 millones, el ex presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, ofreció una dilatada explicación para justificar su incumplimiento con la ley 209 de 2003, la cual se puede sintetizar en que la Cámara aprobó “la asignación más justa y razonable posible” ante “los recursos presupuestarios limitados del país”.
Por su parte, el ex presidente del Senado, José Luis Dalmau, señaló que el Senado se limitó a avalar un presupuesto “que pueda ser certificado por la Junta de Supervisión Fiscal”.
Políticos no quieren oír estadísticas
No obstante, el economista José Alameda planteó que desde que el IE fue creado ha sido víctima de ataques de parte del sector de los políticos que no desean escuchar información que contradice sus representaciones sobre que la situación del país es favorable y estable.
“Desde que el IE fue creado lo que ha habido es un ataque. El ex director del IE, Mario Marazzi, me dijo que desde que salió la administración de Sila todo el mundo le ha caído encima al instituto. ¿Por qué? Porque lo ven como una amenaza. La gente aquí no piensa de manera científica, la gente no quiere saber los datos y los políticos menos. Los políticos lo que quieren es decir fundamentalmente que todo está bien, “peaches and cream”, y que los economistas son profetas del desastre, como me decían a mí. Si el IE tiene la información correcta tiene el problema que puede ir en contra del discurso de los políticos y obviamente, le van a caer encima”, sostuvo Alameda.
El economista Juan Villeta Trigo sostuvo que las instituciones cuyas posiciones públicas no son del agrado del gobierno son ignoradas y no reciben apoyo a través de asignaciones de los fondos públicos.
“Lo que pasa en Puerto Rico es que las entidades que no son simpáticas o adoptadas por el gobierno no le dan dinero. El instituto surge porque hay una necesidad de tener información reciente, completa y confiable. Antes de hacer política pública tiene que haber un dato certero. Los datos en las agencias del gobierno están rezagados, yo uso mucho los datos del Departamento de Salud y tienen cinco años de rezago y eso es inaceptable”, dijo Villeta Trigo.
Pocos contratos en IE
Un ex funcionario vinculado al IE, que prefirió mantener su anonimato, sostuvo que la falta de apoyo en la legislatura responde a que, debido al tamaño y la especialidad temática de la institución, los legisladores se ven imposibilitados de ubicar a sus adeptos políticos por medio de contratos o de lograr que los aportadores a sus campañas políticas puedan obtener jugosos contratos por determinados servicios o a través de la venta de equipos.
“Lo que ha pasado es que IE no es un lugar atractivo para los legisladores porque no hay la oportunidad de grandes contratos para sus aportadores políticos y para colocar a su gente en la nómina porque el instituto es un organismo bien chiquito” , sostuvo.
El informe de Auditoría, que cubre el periodo que comienza el 1 de mayo de 2021 hasta el 31 de julio de 2024, también tuvo dos hallazgos preocupantes.
En el primer hallazgo la auditoría detectó que las facturas de los contratistas por servicios profesionales no incluyó un informe del trabajo realizado acompañado de un desglose del tiempo invertido en cada tarea según lo exige la ley 237 de 2004.
De hecho, la auditoría señala que el 61% de las facturas del 2021 al 2024, no incluía la información específica de las horas invertidas en los servicios prestados.
Disdier niega los hallazgos
En el segundo hallazgo la auditoría encontró que los registros de desembolsos no incluían un número único para cada transacción electrónica. El informe concluyó que este hallazgo revela una deficiencia que afecta “la integridad y le restan confiabilidad al sistema de contabilidad” del IE.
El director ejecutivo del IE, Orville M. Disdier, no estuvo disponible para comentar sobre la falta de acción legislativa para que la institución reciba los fondos que se le debe asignar según la ley 209 de 2003. Discier tampoco estuvo accesible para explicar los dos hallazgos.
Pero en el informe de auditoría el funcionario ofreció unos argumentos para discrepar de los dos hallazgos. Sobre el primer hallazgo Disdier sostuvo que “la Ley 237 de 2004 exige facturas desglosadas y específicas, con indicación de las horas invertidas, pero no estipula la necesidad de detallar las horas invertidas por cada tarea individual”.
En relación al segundo hallazgo el funcionario planteó que el sistema de contabilidad que utiliza el IE “asigna internamente números únicos a cada transacción”. Entendemos que no se requería necesariamente la creación de una variable adicional para estos fines, ya que hasta el momento se habían utilizado métodos, que a nuestro mejor entender, eran adecuados para identificar las transacciones, sin inconvenientes”.
Además, en su respuesta para ambos hallazgos Disdier indicó que “las mejores prácticas sugeridas por la auditoría son interpretaciones que no necesariamente surgen claramente de nuestro marco reglamentario aplicable, por lo que deberían verse como recomendaciones de avanzada y no como hallazgos”.