Por Miguel Díaz Román
La credibilidad del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quedó nuevamente en entredicho durante la celebración de una vista ejecutiva en el Senado el pasado miércoles en la que el funcionario presentó una panorama halagador de la industria lechera y del funcionamiento de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera, pero otros deponentes describieron un escenario marcado por los incumplimientos de la reglamentación, decisiones arbitrarias que no atienden la situación financiera de la industria y la toma de represalias contra los que sectores que se quejan.
De hecho, la vista pública careció de una amplia representación de los sectores que integran la industria lechera hasta el punto que solo asistieron, además de González Beiró y la secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lisoannette González Ruiz, el ganadero Carlos Benítez y la licenciada Janice Ramírez Vélez de la empresa Suiza Dairy.
Estuvieron ausentes los portavoces de las cerca de 200 vaquerías que existen en el país y los ejecutivos de la empresa Tres Monjitas y la planta de balance Indulac. Tampoco comparecieron los representantes del comercio detallista que mercadea la leche a nivel del consumidor y de los numerosos transportistas que distribuyen el producto en toda la isla.
En la vista pública González Beiró planteó que el sector ganadero experimenta uno de los mejores momentos de su historia porque gracias a su gestión el litro de leche cruda se paga a 90 centavos, mientras que a las plantas procesadoras se le concedió en 2022 la oportunidad de establecer el precio máximo de la leche fresca con el fin, según dijo, de estimular la libre competencia. Incluso, el secretario describió su gestión como administrador interino de la ORIL como “espectacular” debido a los beneficios e incentivos que ha logrado para el sector ganadero.
Los planteamientos de González Beiró fueron realizados ayer ante la Comisión de Agricultura del Senado, que examina la Resolución Conjunta del Senado 333, que ordena a la ORIL cumplir con su responsabilidad de efectuar un Estudio Económico Exhaustivo (EEE) de la industria lechera, según lo dispone la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera.
La RC 333 fue presentada por el senador Albert Torres Berrios, quien preside la Comisión de Agricultura. El último estudio EEE se realizó en 2016 y luego fue actualizado al 2018. La vista tenía como objetivo conocer por qué no se ha realizado el estudio a pesar de que la ley 34 ordena que se haga cada cuatro años con el fin de revisar los precios de la leche y aumentar el ingreso de los diversos integrantes de la industria lechera si es necesario.
De hecho, en la vista pública González Beiró dijo de manera triunfante que para terminar el EEE se reclutó un grupo de estudiantes universitarios que están visitando las vaquerías. Para el examen de la situación de las plantas procesadoras se contrató un auditor privado. El secretario dijo que el EEE estará listo para diciembre de 2023.
Ya no ocurren decomisos de leche según la ORIL
González Beiró también indicó que prácticamente la ORIL ya no ordena decomisos de leche cruda y que los excedentes de leche se utilizan en la planta Indulac para hacer productos lácteos como mantecado, yogurt y mantequilla.
Pero el ganadero Benítez sostuvo que no conoce de la producción de mantecado y yogurt de parte de Indulac mencionada por González Beiró y advirtió que la situación de la industria lechera está muy distante de la atmósfera de estabilidad que desea proyectar el secretario de Agricultura.
Indicó que sin estudio alguno la ORIL ha adoptado una iniciativa para mejorar la calidad de la leche más allá de los parámetros que la leche grado A que exige el gobierno federal, lo que implica reducir la cantidad de bacterias y de las llamadas células somáticas.
Benítez dijo que tales cambios han implicado un incremento en los costos de operación de las vaquerías y señaló que se han establecido sin que la ORIL haya evaluado los efectos para la industria en el contexto que se ha reducido el consumo de leche fresca. Benítez dijo que, al amparo de tales parámetros, la ORIL continuamente rechaza leche cruda de las vaquerías, lo que representa graves pérdidas para esas operaciones.
“Ellos dicen que no hay decomisos, pero le botan la leche a los ganaderos todos los días”, reveló Benítez mientras el secretario se mantenía en silencio y los pocos legisladores que asistieron a la vista observaban intrigados al deponente.
A quiebra 35 vaquerías
Indicó que hasta el momento 35 vaquerías se han declarado en quiebra en el Tribunal Federal de San Juan debido a que sus costos de producción exceden las ganancias que obtienen a través de la venta de leche cruda porque la ORIL no ha realizado el EEE.
“Lo que estamos pidiendo es que se cumpla con la ley. Estamos pidiendo justicia y que el secretario y la ORIL dejen de improvisar y hagan el EEE. Estamos pidiendo una ganancia razonable”, dijo Benítez con voz sonora en el pequeño salón donde se celebró la vista ejecutiva en el llamado anexo del senado.
Benítez sostuvo que el sector ganadero no se atreve a hablar porque la ORIL ha establecido un patrón de tomar represalias contra los que se quejan.
“Penalizan y le quitan la licencia a los ganaderos. A mí me la han quitado y me la han tenido que devolver”, dijo el ganadero, quien reveló que mantiene hasta cinco querellas radicadas ante la ORIL por los incumplimientos a la reglamentación vigente.
Sostuvo que está en espera de que la ORIL resuelva sus querellas para acudir en alzada a los tribunales si es necesario. Benítez estuvo acompañado en la vista ejecutiva por su abogado, el licenciado Homel Mercado, quien también es el representante legal de numerosos ganaderos en el Tribunal federal de quiebras.
Por el piso la cuota de leche
De hecho, el ganadero describió una atmósfera en la industria lechera que la que la ORIL utiliza la reglamentación para castigar a los insatisfechos y premiar a los sumisos que no cuestionan las determinaciones del ente regulador.
Benítez puso en duda las afirmaciones del secretario sobre que finalmente se está finalizando el estudio EEE y declaró que los productores de leche no obtienen una ganancia razonable, lo que ha causado un deterioro de los hatos lecheros y la devaluación alarmante de la cuota de leche.
Explicó que cómo resultado de la devaluación de la cuota de leche, los préstamos de numerosos ganaderos se han quedado sin colateral lo que ha causado pleitos en los tribunales y una crisis financiera sin precedentes en el sector ganadero porque la banca ha cerrado el crédito.
Sostuvo que en medio de la crisis la ORIL ha avalado que Indulac incurra en la exportación de leche excedente a la República Dominicana en la que el ganadero recibe un pago mínimo, mientras se desconocen la estructura de precios que rige la exportación.
Incluso, Benítez dijo que la ORIL contempla importar leche en los próximos meses si ocurre una reducción en la producción como resultado del calor y cuestionó “si a la leche importada se le van a requerir los mismos parámetros que le exigen al ganadero local”.
Benítez dijo que el 20 % de la producción lechera se ha perdido como resultado del incumplimiento de la ORIL en garantizar una ganancia razonable y señaló que en realidad al sector ganadero se le paga entre 86 y 88 centavos por cada litro de leche, un precio que no alcanza para cubrir los costos de producción. “Alguien tiene que tomar cartas en este asunto”, exclamó el ganadero, quien exigió que la ORIL actúe “con transparencia y cumpla con la ley”.
Un disparate la planta de balance
En respuesta a los señalamientos de Benítez, González Beiró defendió las acciones de la ORIL y cuestionó el ganadero “de alquilar la cuota de leche”, un argumento que el secretario presentó en un tono beligerante, pero sin presentar evidencia sobre que la práctica de alquilar la cuota de leche viole la reglamentación vigente.
De hecho, Benítez solicitó un turno para rebatir los planteamientos de González Beiró, tras lo cual le cuestionó si alquilar la cuota era ilegal, mientras en secretario mantenía silencio.
La senadora Migdalia Padilla solicitó al secretario que le explicara por qué se describe a la empresa Indulac como una planta de balance, a lo que el secretario respondió sorpresivamente “que es un disparate”.
“Aquí no hay una planta de balance, eso es un disparate. Aquí hay plantas elaboradoras y nosotros (la ORIL) decidimos qué se hace con el excedente de leche”, dijo González Beiró, en una directa alusión al pleito que la empresa Suiza Dairy radicó el pasado mes de septiembre contra la ORIL en el Tribunal de Apelaciones.
Suiza Dairy impugnó las enmiendas introducidas el pasado mes de julio por la ORIL a los reglamentos 5 y 10, que regulan el manejo de los excedentes y la calidad de la leche, entre otras disposiciones. Suiza Dairy sostiene que las enmiendas representan un intento de favorecer la empresa Tres Monjitas y al grupo de ganaderos que controlan la planta de balance Indulac, con el fin de convertirla en una planta elaboradora comercial.
González Beiró critica a Suiza Dairy
En el caso Suiza Dairy denunció que González Beiró y las ORIL han tomado una senda desafiante contra una determinación emitida el pasado mes de febrero por el Tribunal Apelativo, en la que fueron anuladas tres órdenes administrativas emitidas por la ORIL en noviembre de 2022. Las órdenes tenían como finalidad asignar un suplido sustancial de leche cruda hacia la planta Indulac.
Las tres órdenes administrativas fueron impugnadas por Suiza Dairy porque pretendían tratar a la planta de balance Indulac como si fuera otra planta comercial que compite en el mercado, e ignoraban su función reglamentaria que es procesar exclusivamente los excedentes de leche.
En la vista el secretario se inclinó por criticar a la empresa Suiza Dairy, un discurso retórico que coincide con los señalamientos realizados por el fenecido ex secretario de Agricultura, Fernando Toledo, quien públicamente asumió posiciones en contra de Suiza Dairy y a favor de Indulac.
“Suiza no ha cumplido con las órdenes de la ORIL, se queda con los excedentes de leche y los lleva para hacer leche UHT. No aceptan que la ORIL es quien maneja los excedentes de leche”, dijo González Beiró.
Incluso, González Beiró señaló a viva voz en la vista ejecutiva que las plantas procesadoras Suiza Dairy y Tres Monjitas habían “aumentado el precio del litro de leche fresca en 16 centavos de un día para otro”
Duro golpe a la credibilidad
De inmediato, la licenciada Ramírez Vélez intervino en la vista ejecutiva a través del sistema digital para indicar que el aumento de 16 centavos fue realizado en 2022 por la economista de la ORIL, Cynthia Santana Ramírez, luego de que las plantas Suiza Dairy y Tres Monjitas presentaran información financiera de sus operaciones y le señalaron a la entidad reguladora que el precio para la leche fresca no era suficiente para cubrir los costos de elaboración y generar una ganancia razonable.
Ramírez Vélez explicó que el aumento fue uno de carácter temporal en acuerdo con la ORIL mientras se termina el EEE. El planteamiento de la abogada fue un duro golpe a la credibilidad del González Beiró, quien se mantuvo callado mientras los legisladores observaban con perplejidad al secretario y a la imagen de la licenciada Ramírez Vélez en la pantalla de un televisor.
Otro planteamiento demoledor contra González Beiró lo esgrimió la abogada cuando indicó que en los pasados tres años el Tribunal Apelativo ha anulado cinco órdenes administrativas de la ORIL que obligaban a Suiza Dairy entregar leche cruda a Indulac independientemente de la necesidad de Suiza.
La posición de la empresa Suiza Dairy en el tribunal es que Indulac solo debe manejar los excedentes de leche, lo cuales se producen luego que las plantas procesadoras de leche satisfacen su demanda para leche fresca.
Durante su comparecencia Ramírez Vélez confirmó que la empresa Suiza Dairy enfrenta pérdidas millonarias como resultado de que no han sido revisados correctamente los precios de la leche.
La empresa, que tiene 700 empleados, adquiere diariamente la leche que producen 150 vaquerías y produce más del 60 % de la leche fresca que se consume en Puerto Rico, denunció en una ponencia escrita que presentó ante la Comisión de Agricultura que desde el pasado año han acudido a diversos funcionarios del gobierno, incluyendo a González Beiró, para exponer la grave situación por la que atraviesa Suiza Dairy y hasta ahora sus señalamientos han sido ignorados.
Incumple la ORIL su reglamentación
La abogada sostuvo que la ORIL no cumple su propia reglamentación, toma decisiones arbitrarias y continuamente beneficiar ilegalmente a la planta de balance Indulac. Además la abogada denunció que el gobierno tampoco ha pagado la compensación multimillonaria que le corresponde tras la sentencia emitida por el Tribunal Federal en 2013.
La citada sentencia fue el resultado del caso contra la ORIL y el Departamento de Agricultura radicado por Suiza Dairy y la procesadora Tres Monjitas en 2004.
De hecho, la abogada explicó que desde el 2014 el precio de la leche no había sido revisado, según lo ordena “el marco regulatorio actual”, que incluye la ley 34 y las disposiciones del reglamento 12, el cual es parte de la sentencia emitida por el Tribunal Federal en 2013. Indicó que las alzas en el precio de la leche decretadas por la ORIL no obedecen a un estudio económico y satisfacen los incrementos en los costos de producción.
“Como consecuencia Suiza Dairy está perdiendo dinero con cada cuartillo de leche que vende, lo que hace que la situación económica y financiera de la compañía este comprometida”, dijo la abogada, quien agregó que los problemas financieros no solo los enfrenta Suiza Dairy, sino “todos los sectores (de la industria lechera) no están bien”.
La asesora legal de Suiza Dairy también confirmó a la Comisión de Agricultura que el incumplimiento del “marco regulatorio actual” por parte de la ORIL ha provocado que la empresa registre pérdidas sin precedente y busque solventar con capital del Grupo Gloria, la empresa matriz de Suiza Dairy, sus operaciones en Puerto Rico.
Cuestionan capacidad de Torres Berrios
Tras la vista ejecutiva el representante Torres Berrios publicó en su página de Facebook que “nuestro compromiso está enfocado en escuchar los planes de mitigación y las soluciones para la industria que eviten alzas al precio de la leche”, unas expresiones que contradicen el objetivo de la sobre la RCC 333, que es de su autoría y que le ordena a la ORIL cumplir con su responsabilidad de efectuar el EEE para determinar si es necesario aumentar el precio de la leche para satisfacer el alza en costos que hayan experimentado la industria lechera.
Con estas expresiones han surgido cuestionamientos sobre la capacidad intelectual del representante Torres Berrios para atender una investigación sobre la industria lechera que es sumamente compleja. Incluso, diversas voces en la industria lechera plantean si Torres Berrios responde a las directrices de González Beiró o si en realidad el legislador será capaz de articular una solución a los reclamos para que la ORIL desista de actuar arbitrariedad y en contra de su propia reglamentación.
