Por Miguel Díaz Román
El Colegio de Agrónomos aprobó ayer una resolución para investigar las actuaciones del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, en relación con una serie de renuncias de agrónomos que fungían como directores regionales del Departamento de Agricultura (DA).
Las renuncias ocurieron luego de una tormentosa reunión que se caracterizó por la ausencia de destrezas cívicas y el uso de lenguaje soez de parte de González Beiró y en la que el funcionario anunció una serie de traslados que han sido catalogados de injustos.
La resolución fue aprobada de manera unánime durante la celebración de la asamblea anual del Colegio de Agrónomos, que ayer se realizó en el pueblo de Hatillo.
La resolución menciona un artículo publicado en el periódico digital Noticel sobre una reunión celebrada el pasado 14 de julio, en la que el secretario, alegadamente, maltrató a los agrónomos que dirigían determinadas regiones agrícolas y ordenó una serie de traslados unilaterales.
En el artículo González Beiró justificó los traslados porque se estaban efectuando acciones contrarias a la ley al conceder los certificados de agricultor bonafide. El secretario también mencionó que los agrónomos habían incurrido en un supuesto “desgaste” en sus funciones porque “llevaban 6 años y medio” en el cargo.
Pero una fuente, según relata el artículo, denunció que el secretario promueve que los directores regionales aprueben certificados bonafide a personas que son sus amigos y que tienen terrenos que no los dedican a actividad agrícola.
La fuente también denunció que el secretario suele maltratar a la gente con lenguaje soez como la palabra “cabrón”. “Para él, todo el mundo es un ‘cabrón’ y así los llama en frente de todos. No hay ni el más mínimo comportamiento profesional de llevar una reunión con orden, agenda y estructura a lo cual los funcionarios han estado acostumbrados”, dijo la fuente.
Las quejas sobre las acciones del secretario fueron presentadas por algunos de los agrónomos involucrados ante la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, y la directora de la oficina del gobernador, Caridad Pierluisi, quien es la hermana del Primer Ejecutivo. Pero hasta el presente las quejas no han tenido mayores repercusiones para González Beiró.
Tras la reunión del 14 de julio los agrónomos Ana Esther Maldonado, de Naranjito, Maricarmen Martínez, de Arecibo, y Elmer Pérez, de Utuado, renunciaron a sus posiciones como directores regionales y regresaron a sus puestos de carrera en el DA.
La resolución ordena a la Comisión de Consulta y Protección del CA realizar una investigación de esos hechos y presentar en 45 días al consejo directivo de la institución un informe sobre sus hallazgos.
También indica que si la investigación concluye que los hechos denunciados se cometieron y causaron determinados daños a los agrónomos involucrados, el informe se deberá enviar a varias agencias investigativas del gobierno, incluyendo el Departamento de Justicia.
La resolución ordena difundir el contenido del informe a los medios de comunicación y, además, establece que, si en el futuro algunos de los agrónomos radican en los tribunales un pleito contra el secretario o contra el gobierno, el CA presentará peticiones para figurar como amigo de la corte en esos casos.
