En los últimos años, el sistema educativo de Puerto Rico ha demostrado ser un fracaso rotundo. Los datos hablan por sí solos: los estudiantes no están aprendiendo a leer, escribir o comprender conceptos básicos de matemáticas y ciencias.
La Oficina Central del Departamento de Educación (DE) ha fallado en su misión principal: educar a los niños y jóvenes de la isla. Es hora de tomar medidas drásticas. Es hora de cerrar la Oficina Central del DE y reconstruir el sistema desde cero, con un enfoque moderno, regionalizado y orientado al futuro.
Los resultados de las pruebas estandarizadas de los últimos años muestran un panorama desolador. A continuación, presentamos una tabla con los porcentajes de dominio en lectura y escritura, matemáticas y ciencias:
Como se puede observar, los porcentajes están por debajo del 30% en todas las áreas y continúan en declive. Esto no es solo un fracaso; es una tragedia. Nuestros niños no están aprendiendo lo necesario para competir en un mundo globalizado.
El sistema educativo actual está obsoleto. El currículo no se adapta a las necesidades modernas ni a las demandas del futuro. Se enseña de la misma manera a todos los estudiantes, sin importar la región en la que viven o las habilidades que necesitan desarrollar. Esto es inaceptable. Un currículo único no funciona en un mundo donde cada región tiene necesidades específicas. Por ejemplo, un estudiante en una zona rural puede necesitar habilidades agrícolas, mientras que uno en una zona urbana puede requerir conocimientos tecnológicos avanzados.
Además, el sistema gasta millones en burocracia administrativa que no aporta valor al aprendizaje. Estos fondos deberían destinarse a los maestros y estudiantes, quienes son los verdaderos protagonistas de la educación. Es imperativo eliminar todos los puestos administrativos innecesarios y redirigir esos recursos a las aulas.
Países como Finlandia y Singapur han demostrado que un sistema educativo efectivo se basa en la calidad, no en la cantidad. En estos países, los estudiantes se enfocan en una sola materia por semestre, lo que les permite dominarla completamente. Este enfoque contrasta con el sistema actual de Puerto Rico, donde los estudiantes están sobrecargados con múltiples materias y no logran comprender ninguna.
Además, es absurdo pretender enseñar inglés a estudiantes que ni siquiera dominan su propio idioma, el español. Primero, debemos asegurarnos de que los estudiantes lean y comprendan en su lengua materna antes de introducir un segundo idioma.
Con la posible eliminación de programas federales de asistencia, Puerto Rico debe prepararse para ser autosuficiente en materia educativa. Esto implica un cambio radical en la formación y reentrenamiento de los maestros. El sistema actual de preparación docente debe ser eliminado y reemplazado por un modelo híbrido que combine lo virtual con lo práctico, permitiendo a los maestros aprender de forma global y aplicarlo localmente.
El cierre de la Oficina Central del Departamento de Educación no es una opción; es una necesidad. El sistema actual ha fracasado y seguirá fracasando si no se toman medidas drásticas. Debemos reconstruir la educación en Puerto Rico con un enfoque moderno, regionalizado y orientado al futuro. De lo contrario, seguiremos viendo cómo nuestros niños no aprenden, la violencia aumenta y el futuro de la isla se oscurece.
Es hora de actuar. Es hora de cambiar. El futuro de Puerto Rico depende de ello.
La Federación de Asociaciones Pecuarias de Puerto Rico (FAPPR), un importante suplidor de alimentos para diversas industrias agrícolas del país, enfrenta graves dificultades económicas luego de que la compañía Tetrad Enterprises LLC, su principal socio de negocios, radicó en los pasados días una petición de quiebra en el Tribunal Federal de Quiebras en San Juan.
La petición de quiebra de la compañía Tetrad Enterprises LLC acontece luego de que el pasado 14 de enero el banco Banesco USA presentó una demanda en cobro de dinero en contra de FAPPR en el Tribunal Federal de San Juan.
La demanda pretende recuperar $6.6 millones concedidos en préstamos comerciales a FAPPR, lo que representa una seria amenaza para la empresa y para el mercado de alimentos dirigido a los animales de uso agrícola.
La petición de quiebra de Tetrad se radicó bajo el capítulo 11 de la ley federal de quiebras, que permite la reorganización de las empresas con el fin de que el deudor mantenga el control de sus propiedades y pueda pagar a sus acreedores.
Quiebra afecta a FAPPR
La grave situación económica de FAPPR está íntimamente relacionada con las dificultades financieras del empresario Luis Hernández Vázquez, quien es el propietario de la empresa Tetrad.
La empresa proveía bombas de agua de emergencia y bombas de agua permanentes al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a través de dos contratos que le generaban ingresos multimillonarios.
El DRNA canceló los contratos en octubre de 2024 tras numerosos incumplimientos de parte de Tetrad. A partir de ese momento las dificultades enfrentadas por Tetrad se sintieron también en FAPPR. Hernández Vázquez posee el 70 % de las acciones de FAPPR.
Fuentes conocedoras de la industria de alimentos agrícolas sostienen que parte de los ingresos que generaba Tetrad a través de los contratos con el DNRA le permitieron a Hernández Vázquez realizar significativas inversiones en la FAPPR, cuyo molino y centro de operaciones está ubicado en el puerto de Mayaguez.
De hecho, el pasado año la empresa entró en el mercado de alimentos a granel, que es muy utilizado por las ganaderías, por la empresas de ganado de carne y otras operaciones de animales de consumo como gallinas, ovejas y cabritos.
Sale un competidor
Estos alimentos también suplen las necesidades del lucrativo negocio de caballos de competencia que lo integran los establos del hipódromo Camarero y las múltiples fincas de caballos de paso fino que existen en el país.
No obstante, entre octubre y noviembre de 2024 FAPPR enfrentó dificultades para continuar su meta de suplir el negocio de ventas de alimentos a granel. Actualmente la empresa mantiene una operación muy limitada y no está claro cómo se han afectado las tiendas agrícolas que opera en diversos pueblos de la isla.
Aunque en el mercado de alimentos agrícolas continúan suplidores como Pan American Grain, Master Mix y Molinos de Puerto Rico, que vende los ingredientes para los agricultores que operan sus propios molinos, la salida del mercado de un competidor significa una alternativa de compra menos para los agricultores.
SN intentó sin éxito establecer comunicación con Hernández Vázquez.
Piden subasta pública
La demanda en cobro de dinero del banco Banesco USA, que fue presentada por el licenciado Luis Parrilla Hernández, del bufete Ferraiuoli, reclama la venta en subasta pública de cuatro propiedades de la empresa que fueron utilizadas como garantía para los préstamos bancarios concedidos por la institución bancaria a partir de 2017.
La disputa con Banesco USA surge por dos préstamos morosos concedidos a FAPPR en agosto de 2017: un préstamo de $7 millones y un préstamo de $1.3 millones. Ambos tenían una tasa de interés anual del 6%, con disposiciones para imponer intereses adicionales en caso de morosidad.
Los préstamos inicialmente tenían vencimiento en agosto de 2022 pero tras varias enmiendas se estableció el vencimiento para agosto de 2024, el cual fue incumplido por FAPPR.
Para diciembre de 2024 la empresa adeudaba en el primer préstamo $5.5 millones y $369,079 en intereses. En el segundo préstamo la deuda ascendía a $75,080 y $5,487 en intereses . La reclamación total de Banesco USA supera los $6.5 millones.
Se disuelve negocio de bombas de agua
La información que ha trascendido en la prensa es que Tetrad logró obtener ingresos de cerca de $180 millones a través de sus contratos para proveer las bombas de emergencia y bombas permanentes al DRNA.
Tretad proveía arrendamiento, operación y mantenimiento de 44 bombas de agua ubicadas en diversas estaciones. En septiembre del pasado año 2024, MWI Corp., el principal suplidor de equipo de Tetrad, confirmó al DRNA que había cancelado su acuerdo con la empresa porque le adeudaba $12 millones.
El DRNA informó que desde principios de enero de 2025 logró un acuerdo con MWI Corp. para el manejo de bombas de emergencia y para la instalación de las bombas permanentes.
El periódico El Nuevo Día ha publicado que las deudas de Tetrad exceden los $20.14 millones, según informó el Boletín de Puerto Rico, que recoge los datos de las quiebras radicadas en Puerto Rico.
Entre los acreedores de Tetrad figuran JLG Consulting Engineering con una deuda de $2.4 millones, Autos Vega Inc. con $258,969, American Petroleum con $161,678, el Departamento de Hacienda, el Servicio de Rentas Internas Federal, Firstbank, Popular Auto, Luma Energy, Anderson CPA Group, y el municipio de Guaynabo. La empresa MWI Corp posee la deuda más voluminosa, la cual asciende a $17.27 millones.
Como todos los principios de cuatrienio, los legisladores comienzan a radicar medidas para lograr aumentar los ingresos del gobierno y esta nueva legislatura no ha sido la excepción, pues se ha radicado un proyecto de ley que pretende imponer un cargo de 10 % a los ingresos de los corredores que manejan los seguros del gobierno.
La medida, el Proyecto de la Cámara 341, que fue radicado por el representante George Navarro Suárez, busca generar recaudos para beneficiar a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y a los municipios del país a razón de un cargo de 5% tanto para la agencia reguladora de la industria de seguros como para las alcaldías.
Navarro Suárez es el nuevo presidente de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes.
Específicamente, la medida propone enmendar el Código de Seguros para establecer que cuando se utilicen los servicios profesionales de los corredores de seguros públicos, objeto de un proceso de selección abierta, se hará una retención por concepto de aportación adicional equivalente al 5% de la comisión pagada al corredor de acuerdo con el volumen total de primas asignadas.
La medida exime de la citada retención a las comisiones ganadas por corredores de seguros seleccionados a través de un proceso de subasta pública, tanto en Seguros Públicos como en los municipios.
Sobre el cargo de 5% que podrían imponer los municipios, la medida dispone enmendar la ley 107 de 2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, para que los municipios o los consorcios de municipios puedan imponer un cargo de hasta 5% a la compensación pagada al corredor de seguros públicos contratado por el municipio para mejorar la salud fiscal de los municipios.
El Proyecto 341 propone que la OCS pueda adquirir e invertir en tecnología para optimizar los servicios a favor de los productores de seguros con los recaudos generados por el cargo de 5%.
Supervisión de transacciones complejas
Esos nuevos equipos tecnológicos son descritos como un sistema digital para solicitar, renovar y gestionar licencias de productores y ajustadores de seguros. Además, menciona un sistema de datos que verifique automáticamente los requisitos cumplidos.
Otra propuesta establece que la OCS deberá adquirir un sistema de inteligencia artificial capaz de revisar la documentación presentada y validar el cumplimiento de normas automáticamente.
También menciona que el nuevo cargo pretende darle «cumplimiento» al capítulo 61 del Código de Seguros, que atiende exclusivamente las disposiciones relacionadas con el Centro Internacional de Seguros (CIS), que incluye aseguradores y reaseguradores de seguros Internacionales que operan desde Puerto Rico.
Según la medida, con los recaudos del cargo de 5% la OCS deberá contratar los servicios profesionales necesarios para aumentar la capacidad de supervisión de transacciones complejas que involucren asegurados en múltiples estados de los Estados Unidos.
Los fondos se utilizarán, además, para adiestrar a los funcionarios de la OCS para «comunicarse adecuadamente con los comisionados de seguros de otros estados».
Rivera Ríos en escena
La pérdida de la acreditación de la OCS por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) ocurrió en julio de 2020. La determinación respondió a que la NAIC rechazó la aprobación que realizó la OCS en 2018 de una transacción financiera a favor de unas aseguradoras instaladas en el CIS, que pudo colocar en peligro a miles de asegurados en los Estados Unidos.
La citada transacción fue avalada por el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos. En aquel momento el actual comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, fungía como comisionado auxiliar de Asuntos Legales de la OCS.
De hecho, varios corredores entrevistados por SN, quienes prefirieron mantener su anonimato, señalaron que el originador de la medida lo es Rivera Ríos.
Sobre el cargo de 5% que podrían imponer los municipios, la medida dispone enmendar la ley 107 de 2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, para que los municipios o los consorcios de municipios puedan imponer un cargo de hasta 5% a la compensación pagada al corredor de seguros públicos contratado por el municipio para mejorar la salud fiscal de los municipios.
Alegan más ingreso en licencias
El Proyecto 341 no menciona a los agentes generales, que son contratados por los corredores para identificar un asegurador que cubra los riesgos de la agencias del gobierno central, de las corporaciones públicas o los municipios. La agencia general suele colocar el reaseguro facultativo fuera de tratados de reaseguro.
Los corredores entrevistados señalaron que los cargos que en conjunto suman 10 % propuestos por el Proyecto 341 apenas podrían generar $1.2 millones, pues, alegadamente, los cerca de 35 corredores del gobierno reciben en comisiones anuales cerca de $12 millones. De acuerdo con los corredores entrevistados el ingreso que obtendría la OCS se limitaría a $600,000 anuales y de igual manera, los municipios recibirán una partida similar.
Los detractores han señalado que los autores de la medida no han contemplado otras fuentes de ingreso para lograr sus objetivos como, por ejemplo, aumentar entre $500 y $800 a la tarifa de $1,000 que actualmente cobra la OCS cada año para proveer y renovar las licencias de los productores de seguros. Alegadamente, los cerca de 5,000 agentes de seguros que existen en el mercado podrían generar entre $2.5 millones y $4 millones anuales.
Sostuvieron que si las agencias generales de seguros fueran incluidas en la medida el monto de los recaudos aumentaría favorablemente.
Cambio de paradigma
Algunos de los corredores entrevistados señalaron que la medida es confusa porque, alegadamente, en ocasiones el texto menciona la comisión de los corredores y en otras señala la «compensación».
Los corredores temen que al mencionar la «compensación» se interprete que la base para imponer el cargo propuesto sea la totalidad de la prima que maneja el corredor, lo cual podría ser más oneroso para estos profesionales
Otros entrevistados entendieron que la medida no afectaría adversamente a los corredores del gobierno.
No está claro si la medida radicada por el legislador Navarro Suárez ha sido avalada por el Partido Nuevo Progresista, pues en realidad representa un cambio de paradigma, debido a que los corredores que manejan los seguros del gobierno constituyen un vehículo para nutrir de fondos a las campañas electorales de los partidos políticos.
Esta información surge de las numerosas denuncias realizadas a lo largo de los años por determinadas figuras de la industria de seguros, quienes han revelado esquemas de presunta corrupción en la selección de los corredores de seguros de gobierno, tanto por administraciones del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista.
Señalado Andrés Guillemard
La más reciente denuncia la realizó la conocida corredora de seguros Edna Vázquez Bonnet, quien el pasado cuatrienio llegó a presentar en el Departamento de Hacienda un flujo grama de influencias indebidas y corrupción en la división de Seguros Públicos por miembros del PNP.
Entre las personas mencionadas por flujograma figuró el abogado Andrés Guillemard, quien es el esposo de la hermana del ex gobernador Pedro Pierluisi, Caridad Pierluisi, quien fue la directora de la Oficina del Gobernador y durante el pasado cuatrienio.
El 22 de febrero de 2016 en la Oficina de Contralor Electoral (OCE) recibió una querella de parte de una entidad denominada como Ciudadanos Pro Campañas Libres de Corrupción, cuyos integrantes no estaban identificados en el documento.
La querella anónima denunció siete esquemas de presuntas violaciones en la recaudación de donativos de parte del Comité de Campaña del entonces Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, quien competía con Ricardo Rosselló por la posición de candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.
El esquema 4, caso 2, de la querella anónima, sostiene que “el empresario Andrés Guillemard Noble, solicitó y recibió donativos en efectivo a favor de la campaña de Pedro Pierluisi proveniente de múltiples comerciantes de la industria de los seguros. Esto, bajo la promesa de asistirlos a asegurar una participación de los negocios que ofrece para esta industria al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Sr. Guillemard recolectó los fondos, algunos en cheque y otros en efectivo, algunos informados conforme con la ley y otros informados y utilizados de forma fraudulenta en beneficio de la Campaña de Pierluisi”.
Sobre esta denuncia, la determinación de la OCE indica que la División de Auditoría de Donativos y Gastos “no pudo corroborar en los informes radicados a la OCE, las personas involucradas en este alegado esquema dado a que no proveyeron los nombres o alguna otra información corroborable”.
Esta semana en Informe Semanal conversamos con Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance, y Alexis Sánchez Géigel, presidente de Mapfre, sobre la existencia de un mercado de primas bajas y los peligros que esto representa para los consumidores.
Con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, dialogamos sobre el escándalo del Fondo de Mejoras Municipales y también dialogamos sobre una denuncia contra el ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.
Con el economista José Alameda hablamos sobre las perspectivas de la economía de Puerto Rico en el contexto de la nueva administración de Donald Trump y su promesa de utilizar los aranceles como mecanismo de presión en contra de competidores y como herramienta de política exterior de los Estados Unidos.
MAPFRE continúa cumpliendo su compromiso con la eficiencia energética como elemento clave en su estrategia de descarbonización, que tiene como objetivo lograr la neutralidad en 2030 en todos los países donde está presente.
En 2024, la compañía redujo su consumo energético un 27% menos respecto a 2022, lo que representa un total de 40 millones de kWh menos, correspondientes al consumo de la electricidad y combustibles fósiles, como el gas natural y la gasolina. Esta cifra supera el objetivo previsto del Plan de Huella Ambiental para 2030, situado en el 16%.
La compañía dio a conocer estos resultados con motivo del Día Mundial de la Eficiencia Energética, que se celebra hoy, y en el que ha destacado que todo ello se debe principalmente a la reducción del 30% en la factura eléctrica de los edificios situados en los 25 países donde tiene actividad aseguradora, y gracias a medidas como la instalación de paneles fotovoltaicos, la optimización de espacios de trabajo y la inversión en equipos de climatización e iluminación más eficientes.
La reducción en el consumo eléctrico (30%), sumado al incremento en la adquisición de energías renovables (14%), procedentes de placas solares, energía eólica y presas, entre otras, ha permitido que en 2024 la aseguradora haya evitado la emisión de un toral de 9,988 Tm de CO2e a la atmósfera.
Edificios sostenibles
La aseguradora apuesta por el diseño y construcción de edificios con criterios de sostenibilidad y se ha fijado el objetivo de que en 2030 el 65% de la superficie de sus principales espacios de oficinas, cerca de 30 edificios, dispongan de un certificado de edificación sostenible LEED, BREEAM o EnergyStar, que reconocen la máxima calidad en el uso de la luz natural, agua o transporte. En este sentido, a finales de 2024, cerca de la mitad (49%) de la superficie de estos inmuebles ya disponían de alguna de estas certificaciones, un 3% más que el pasado año.
Destaca el desempeño de algunos países como España, México, República Dominicana, Italia, Perú y Malta, que cuentan con un total de 8.346 paneles fotovoltaicos en sus oficinas, con los que generaron más de 3 millones de kWh, y con los que han podido reducir un 16% su factura eléctrica en dichos espacios. Esta reducción ha evitado 651 Tm de CO2e a la atmósfera. También se ha sustituido la iluminación convencional por luces LED, más eficientes (España), y se han renovado equipos de aire acondicionado en Puerto Rico, Brasil o Perú. Con todas estas medidas, la compañía ha reducido un 1 millón de kWh al año.
Cinco organizaciones comunitarias y de protección ambiental presentaron durante el día de hoy en Tribunal de Primera Instancia de San Juan una petición para que se le ordena a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG)a proveer copia del expediente de la querella radicada por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, contra el ahora exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró, por un alegado conflicto de intereses y otras violaciones éticas.
El conflicto y las violaciones éticas están relacionadas con la aprobación por parte del Departamento de Agricultura (DA) de una propuesta para la ubicación de un parque de placas fotovoltaicas en unos terrenos que pertenecen a la empresa Agriart LLC, en la que el secretario y su hijo, Ramón González Bennazar, son socios.
La querella fue presentada el 22 de noviembre de 2022 y hasta el momento presente, tras pasar 28 meses luego de que Flores Ortega solicitó investigar a González Beiró, la OEG no ha emitido los resultados de la investigación.
Los estatutos de la agencia la obligan a culminar una investigación en un término de 30 meses. En el caso específico de la querella de Flores Ortega contra González Beiró, el término de 30 meses se cumplen al finalizar el próximo mes de abril.
La moción que solicita acceso al expediente, la cual fue presentada por el licenciado Omar Saadé Yordán, señala que el pasado 21 de enero de 2025, los demandantes enviaron una carta por correo electrónico a los oficiales de información de la OEG,, en la que solicitaron la entrega de una copia del citado expediente.
De acuerdo con el documento, el 31 de enero de 2025, la OEG denegó la petición porque, alegadamente, «se estaba solicitando información confidencial que es parte de una investigación en curso». Para denegar la petición la OEG invocó la ley 1 de 2012, conocida como el Código Anticorrupción.
Información es pública
«Sin embargo, la OEG no ofreció una explicación detallada. La mera invocación de una ley como fundamento para restringir el acceso a la información no es suficiente para avalar la existencia de una de las excepciones a dicho derecho. Del texto de la ley debe surgir la clara intención del legislador de mantener ciertos documentos bajo el palio de la confidencialidad» , argumentó el Saadé Yordán en la moción.
«La información solicitada es originada, conservada y recibida por la OEG. Por lo tanto, es información pública, a la cual cualquier persona puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita. Toda la información solicitada es información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico. Además, no se están solicitando expresiones de un funcionario de la Oficina de Ética, sino copia del expediente”, explica la moción.
“Finalmente, el interés público en acceder a la información solicitada supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto», sostiene el documento, que fundamentó su petición en la ley 141 de 2019 o Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
Las entidades demandantes son la Organización Boricuá De Agricultura Eco Orgánica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa Del Valle De Lajas, Inc., El Puente De Williamsburg, Inc., Comité Diálogo Ambiental Inc., y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad De Vida Inc.
Además de solicitar que la OEG entregue la totalidad de expediente de la investigación contra González Beiró, los demandantes le piden al tribunal que garantice que la agencia cumplirá con la futura entrega de información sobre el caso cuando le sea solicitada. También solicitan que se le imponga a OEG el pago de las costas y gastos de litigio en que hayan incurrido los demandantes.
En su querella Flores Ortega solicitó que se investigue el endoso otorgado por el Comité de Energía del DA al proyecto de placas fotovoltaicas propuesto por la empresa Clean Flexible Energy, el cual se construiría en terrenos agrícolas ubicados en Salinas que pertenecen a Agriart LCC. Clean Flexible Energy es una subsidiaria de la cogeneradora AES, ubicada en Guayama.
Terrenos protegidos
Flores Ortega señala que AES logró que la Junta de Supervisión Fiscal aprobara un acuerdo de compra y operación de energía con la Autoridad de Energía Eléctrica, que consta de cuatro proyectos de parques solares que serían construidos en Salinas, Guayama, Naguabo y Las Piedras.
Según la querella, a través de Clean Flexible Energy, AES logró un acuerdo para alquilar 1,029.63 cuerdas de terreno que pertenecen a la empresa Agriart LLC, para construir un enorme parque solar con un sistema de baterías e infraestructura eléctrica, que generaría 240 megavatios.
Los terrenos tienen la doble calificación de “Agrícola Productivo” (AP), la cual fue asignada por la Junta de Planificación, y de “Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola” (SREP-A), según consta en el Plan de Uso de Terrenos.
Otro aspecto relevante de la querella es que los terrenos de Agriart LLC son parte del Corredor Agrícola de la Costa Sur, una reserva agrícola decretada por la Ley 242 de 2008, conocida como Ley de Reservas Agrícolas. En la querella Flores Ortega sostiene que, durante su gestión como director de la Comisión de Agricultura del Senado en esos años, se aprobó la ley 242, la cual, entre otras disposiciones, prohíbe usos que no sean compatibles con el desarrollo agrícola.
Según el ex secretario, el propuesto parque de placas fotovoltaicas en los terrenos de Agriart LLC constituye una violación a ley 242. “Con esta ley vigente, jamás pasó por mi mente que fuera precisamente un secretario de Agricultura el que tratara de burlar esta ley para un proyecto de su beneficio”, sostiene el ex secretario en la querella.
Endosan propuesta
Advierte la querella que el Comité de Energía del DA concedió un endoso a la propuesta de Clean Flexible Energy, pese a que se violan las clasificaciones de protección para suelo rústico y productivo agrícola y porque en esos terrenos discurren importantes fuentes fluviales como el canal de riego de Patillas, la quebrada Amorós y el canal de riego Guamaní Oeste, que alimentan otros predios agrícolas de la zona sur.
También destaca que la acción del Comité de Energía contradice los parámetros para considerar proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas establecidas por el secretario González Beiró.
De acuerdo con la querella, esos parámetros prohíben que proyectos de energía renovable sean aprobados en terrenos con la clasificación SREP-A y AP, lo cual es una de las más alarmantes irregularidades en que pudo incurrir el Comité de Energía durante la aprobación de la propuesta de Clean Flexible Energy.
Flores Ortega sostiene que resulta inexplicable que el Comité de Energía endosó dos proyectos de energía renovable de AES, uno en Salinas y el otro en Naguabo, pero denegó su endoso a otros dos proyectos de energía renovable, uno en Naguabo y otro en Cabo Rojo, con el alegado objetivo de detener “el uso de terrenos agrícolas para otros propósitos”.
El proyecto de Naguabo, que se ubicaría cerca del proyecto aprobado a Clean Flexible Energy, lo propuso la empresa Naguabo Photovoltaic Power Plant. El proyecto de Cabo Rojo se establecería en el barrio Llanos Costa de ese pueblo y lo propuso la empresa Cabo Rojo Solar Farm.
El caso del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. ya se perfila como un escándalo de proporciones mayúsculas con posibilidades de estremecer a la asamblea legislativa pues llegó a recibir asignaciones legislativas por el monto de $5 millones y existe la posibilidad de que la entidad sin fines de lucro se haya convertido en un centro de lavado de dinero público para unos fines que en este momento no están definidos.
No obstante, lo que sí se sabe es que tales asignaciones ya constituyen una línea de investigación en la pesquisa que realiza la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) con la ayuda de la Oficina del Contralor.
De acuerdo con fuentes de SN, las asignaciones de fondos públicos para el Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc se sucedieron a través de resoluciones conjuntas aprobadas mucho tiempo antes de que en diciembre de 2020 la Autoridad de Tierras recibiera la encomienda de manejar el Fondo de Mejoras Municipales (FMM).
La entidad sin fines de lucro es dirigida por Humberto Andújar Otero, quien, alegadamente es pastor, y por Raúl Berríos Ferrer.
De hecho, el gran enigma que ha funcionado como combustible para los investigadores de la Oficina del Contralor, es identificar las razones por las cuales determinados legisladores asignaron cantidades sustanciales de fondos públicos a una entidad anodina sin previa experiencia en obras masivas de construcción, que no cuenta con un personal técnico y profesional capaz de encaminar proyectos complejos.
Destino desconocido
De hecho, el destino de los $5 millones es otro asunto crucial de la pesquisa y para los que será una herramienta determinante los estados bancarios del Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc, los cuales son parte de los materiales que la Oficina del Contralor ha logrado obtener y que ha compartido con los fiscales de la OPFEI.
La información que ha trascendido apunta al ex representante del Partido Nuevo Progresista, Antonio “Tony” Soto Torres, como genio y artífice del escándalo que ya representan las irregularidades del FMM, especialmente porque el ex legislador asignó dinero público al Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc. para la alegada canalización de la quebrada Margarita en Guaynabo.
Para dicha encomienda la entidad recibió $1.5 millones y los trabajos nunca se realizaron. Pero la realidad es que a través de los años el Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc. recibió otras asignaciones de fondos públicos que en conjunto suman $5 millones.
Sin duda, la figura del ex funcionario legislativo, José Miguel Huertas Torres, emerge como un protagonista de esta trama, pues laboró en la oficina del ex representante Soto Torres cuando se preparaba el Proyecto de la Cámara 2619, que proponía enmendar el Código de Rentas Internas para que el control del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que estaba bajo el dominio del Departamento de Hacienda, pasara a manos del Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la Autoridad de Tierras (AT).
La gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en la ley 173 el Proyecto Cámara 2619 el 30 de diciembre del 2020, lo que dió paso a que el PIR, que ya manejaba las resoluciones conjuntas de los legisladores para obras en la zona rural, fuera responsable de distribuir los fondos públicos del FMM.
Demanda en cobro de dinero
De hecho, Huertas Torres también laboró en la AT tras el traslado del FFM a esa dependencia del Departamento de Agricultura.
Como resultado de la ley 173, los legisladores de distrito podrían asignar los fondos directamente sin la necesidad de la aprobación de una resolución conjunta. El trámite requería la aprobación de la división de finanzas de la AT. El FMM se nutre de una porción del IVU que pertenece a los municipios y al año el fondo recibe cerca de $30 millones.
Hasta el presente la AT ha radicado una demanda en cobro de dinero en contra del Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc, para recobrar los $1.5 millones asignados a los trabajos en la quebrada Margarita.
El pasado 14 de enero de 2025 la licenciada Bárbara Cruz Muñiz, del bufete Dennis L. Seilhamer, que es el representante legal de la AT, le informó al Tribunal de Primera Instancia en Bayamón en una moción informativa sobre la incapacidad de recobrar los fondos públicos.
De hecho, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia había radicado una solicitud de quiebra en el Tribunal Federal de Quiebras el 24 de junio de 2024, bajo el capítulo 7 de liquidación, que permite a los deudores, con determinadas condiciones, no pagar las deudas a sus acreedores.
Peticionan quiebra
La presentación de la solicitud de quiebra detuvo los trabajos en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, que aún no ha tomado una determinación en la demanda de la AT, la cual imputa al Centro Comunitario de Servicios a la Familia incumplimiento de contrato y cobro de dinero.
No obstante, el 4 de septiembre de 2024 la entidad radicó en el Tribunal Federal de Quiebras de San Juan una moción para desistir voluntariamente del caso. La moción fue radicada por el licenciado Jesús Enrique Batista Sánchez.
Tras esa determinación, el caso regresó a la sala de la jueza Wanda Cintrón Valentín en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón.
En una nota emitida el 10 de septiembre de 2024, en el registro digital del Tribunal de Quiebras Federal se informó que de los activos del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, solo se logró recaudar $252.99. La información fue ofrecida por Wigberto Lugo Mender, quien fue el fideicomisario designado al caso.
“Informo que este caso fue desestimado. Recaudé fondos por un total de $252.99. Todos los fondos han sido devueltos o transferidos al fideicomisario sucesor. Todos los extractos bancarios y cheques cancelados han sido enviados al fideicomisario de los Estados Unidos. Los extractos bancarios reflejan un saldo final de cero y ningún otro fondo o activo del patrimonio permanece bajo mi custodia. Por la presente certifico que el patrimonio del capítulo 7 del deudor(es) mencionado(s) ha sido completamente administrado hasta la fecha de conversión o desestimación. Solicito que se me libere de cualquier otra obligación como fideicomisario”, sostuvo Lugo Mender en la citada nota que figura en el registro digital del Tribunal de Quiebras Federal.
Posibles delitos criminales
El pasado mes de diciembre la contralora, Yesmín Valdivieso, reveló que un día después de que su oficina publicara un informe sobre el FMM, los auditores que trabajaron en la indagación habían sostenido conversaciones con personal del Departamento de Justicia.
En entrevista con SN Valdivieso sostuvo que en los informes de investigación no se ofrecen todos los detalles y hallazgos que ha producido una investigación.
Valdivieso también indicó que parte de la discusión con Justicia giró en torno a la posibilidad de que parte de los hallazgos impliquen posibles delitos criminales.
“En unos casos nosotros entendemos que sí, que hay delito (criminal). Pero eso lo determinan ellos (Justicia), si hay suficiente evidencia o si es más fácil por el lado administrativo y no es necesario esperar hasta cuatro años por una decisión o por un jurado. Justicia es la entidad que determina si existen delitos criminales. Si nos dijera que son (casos) administrativos y que ellos no van a hacer nada, los referiría entonces a la entidad que sea necesaria”, explicó la funcionaria.
Valdivieso insistió en que el hallazgo más importante de la investigación es que el FMM es inconstitucional porque son los legisladores quienes determinan la manera cómo se emplearán los fondos públicos, la cual es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.
Sin transparencia
Destacó que la manera “poco transparente” de cómo los legisladores asignan los fondos es el aspecto más preocupante del FMM.
“Si nosotros queremos recobrar la confianza del pueblo en el servicio público se tiene que ser transparente. En la medida que estas haciendo asignaciones de dinero público sin saber a quién, ¿qué es lo que se va a pensar?, que estás haciendo un chanchullo. Eso para mí es lo más importante. Si el Tribunal Supremo encontró que el barrilito era inconstitucional, y esos eran fondos que se asignaban por resoluciones, ¿cómo no va a encontrar inconstitucional un fondo que no tiene transparencia?”, dijo Valdivieso.
Explicó que las deficiencias del FMM son más parecidas a los señalamientos que la Oficina del Contralor ha imputado a la Comisión de Donativos Legislativos, la cual no corroboraba el uso realizado por la entidades que recibían los fondos públicos asignados.
Hasta el momento los únicos funcionarios señalados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI) por, alegadamente, haber cometido malversación de fondos públicos relacionados con el FMM, son la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (AT), Dorally Rivera Martínez, la ex directora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el director del Programa de Infraestructura Rural (PIR), Miguel Santiago Irizarry.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó que la Comisión de Juegos ponga en vigor un nuevo reglamento dirigido a establecer mecanismos para aumentar las máquinas tragamonedas permitidas en las agencias hípicas porque reduciría los ingresos del gobierno y del Fideicomiso de Retiro de la Policía.
El nuevo reglamento permitirá la ubicación de hasta 5,000 nuevos terminales electrónicos de videojuegos (EGS por sus siglas en inglés) en los establecimientos de las agencias hípicas (OTB por sus siglas en inglés), los cuales están avalados por la ley 83 de 1987 o Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico.
La carta de Mujica sostiene que el nuevo reglamento propone aumentar el número máximo de terminales EGS en establecimientos OTB regulares de 10 a 15. Además, la nueva reglamentación podría liberar «algunas licencias para nuevas superagencias», que es una modalidad de agencia hípica que puede operar hasta 30 terminales EGS.
La oposición principal de la JSF obedece a el gobierno no recibe una centavo de las máquinas de videojuegos que operan en las agencias hípicas, mientras que las máquinas tragamonedas de videojuegos que existen en los casinos y las que están ubicadas en en los comercios son reguladas por el gobierno y una parte de los ingresos van dirigidos al fondo general.
En una misiva enviada hoy por el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, a Juan C. Santaella Marchán, quien es el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, el organismo fiscal planteó de manera clara que el nuevo reglamento colocaría a las EGS ubicadas en las agencias hípicas en ventaja competitiva en relación con las máquinas de videojuegos ubicadas en los casinos y en los comercios.
«La principal preocupación de la Junta de Supervisión es que el aumento en el número de terminales EGS por OTB podría canibalizar los ingresos de las máquinas tragamonedas de los casino y de las máquinas de juego en comercios, ya que un dólar gastado en una terminal EGS es un dólar que no se gasta en un casino o en una máquina de juego en un comercio», sostuvo Mujica.
Preocupación por tragamonedas en agencias hípicas
«En contraste, no se generan fondos gubernamentales a partir de las apuestas en terminales EGS. Esto se ve agravado por el hecho de que las terminales EGS pueden participar en juegos de jackpot progresivo y los límites en los premios pueden ser mayores que otras opciones de máquinas tragamonedas, lo que alentaría a patrocinar estas máquinas en lugar de las máquinas de juego en los casinos y en los comercios. Como resultado, se espera que las terminales EGS en las agencias hípicas sigan generando más ingresos que las máquinas tragamonedas estándar», agregó el director ejecutivo de la JSF.
De hecho, Mujica menciona en su carta a Santaella Marchán que un análisis del Departamento de Hacienda concluyó que los terminales EGS generaron aproximadamente $54 por día en ingresos, mientras que las máquinas de juego en los comercios generan sólo $37 por día. Esto da como resultado que el gobierno pierda entre 23 y 55 centavos por cada dólar apostado en un terminal EGS.
La misiva de Mujica señala que el análisis de Hacienda sostiene que por cada dólar apostado en una máquina tragamonedas de casino, el fondo general recibe 55 centavos y las apuestas totales superan los $315 millones.
Específicamente, se proyecta que en el año fiscal 2025 las máquinas tragamonedas de casino aportarán $62 millones al fondo general y $71 millones a la Universidad de Puerto Rico.
Según ese análisis, por cada dólar apostado en las máquinas de juego con licencia ubicadas en comercios, el gobierno recibe 22 centavos después de los primeros $12 millones.
Mujica señala que el Fondo de Retiro de la Policía recibe 12 centavos de cada dólar apostado en las tragamonedas ubicadas en los comercios.
Ingresos solo benefician deporte hípico
La misiva sostiene que, en cambio, los ingresos que generan las máquinas de juego ubicadas en las agencias hípicas van dirigidos a beneficiar los diversos componentes del deporte hípico.
Por ejemplo, 15% de los ingresos van dirigidos a la comisión del agente de carreras de caballos, 15% para la cuenta de premios de carreras de caballos, que es mantenida por el hipódromo, y 70% para el operador.
Actualmente existen 3,373 terminales EGS están operando en 383 establecimientos OTB o agencias hípicas.
No obstante, Mujica aclara que los datos en poder de la JSF indican que en realidad existen 492 agencias hípicas activas. También señala que están operando 13 súper agencias hípicas, las cuales tienen instaladas hasta 30 terminales EGS, mientras que las restantes agencias hípicas tienen al menos 11 máquinas.
«En la medida en que el Reglamento Propuesto busque aumentar la actividad de apuestas en las terminales EGS, la actividad de las máquinas tragamonedas de casino y las máquinas de juego ambulantes se reducirá, y los ingresos del Estado Libre Asociado y del Fideicomiso de Retiro de la Policía se verán afectados negativamente. En conclusión, se espera que la ampliación del número de terminales EGS en lugares OTB más rentables aumente la canibalización de ingresos, lo que resultará en una disminución de los ingresos para la Commonwealth y el Fondo de Retiro de la Policía. Por lo tanto, el Reglamento Propuesto no está aprobado y no se puede implementar», concluyó el director ejecutivo de la JSF.
Puerto Rico enfrenta una crisis financiera sin precedentes. Con una deuda insostenible y una economía frágil, el país no puede seguir manteniendo una estructura gubernamental obsoleta y derrochadora. Uno de los problemas más graves es la existencia de 78 municipios, cada uno con oficinas, personal y servicios duplicados. Esta redundancia no solo es ineficiente y mala práctica administrativa, que también es insostenible en un contexto de quiebra fiscal. Es hora de tomar medidas drásticas para consolidar, modernizar y optimizar los recursos antes de que sea demasiado tarde.
El problema: duplicidad y despilfarro
Imagínese tener 78 oficinas de recursos humanos, 78 departamentos de recreación y deportes, 78 cuerpos de policía municipal y 78 sistemas de servidores físicos para almacenar datos. Esta duplicidad no solo es innecesaria, sino que también representa un gasto exorbitante en salarios, beneficios de retiro, servicios médicos y mantenimiento de infraestructura. Además, muchos municipios subcontratan servicios como la recolección de basura, algo que ya no pueden costear. Según expertos, al menos 40 municipios no tendrán fondos para mantenerse operativos para junio de 2025. ¿Cómo llegamos a este punto? La respuesta es simple: falta de planificación, resistencia al cambio y un sistema que prioriza la política sobre la eficiencia.
La solución: integración, digitalización y automatización
La solución no es complicada, pero requiere voluntad política y visión de futuro. En primer lugar, es imperativo fusionar municipios para reducir costos y eliminar la duplicidad de funciones. ¿Por qué tener 78 departamentos de recreación cuando uno centralizado podría servir a toda la isla? ¿Por qué mantener servidores físicos en cada municipio cuando podríamos migrar a servidores virtuales en la nube, lo cual es más barato, seguro y eficiente? La digitalización de documentos y la automatización de procesos no solo ahorrarían millones, sino que también mejorarían la transparencia y la eficiencia.
La inteligencia artificial (IA) y la automatización deben ser pilares de esta transformación. Estas tecnologías pueden optimizar tareas administrativas, reducir errores y liberar recursos humanos para funciones más estratégicas. Además, la digitalización permitiría a los ciudadanos acceder a servicios gubernamentales en línea, eliminando la necesidad de desplazarse a oficinas físicas y reduciendo el papeleo.
Modernizar la infraestructura y la economía
Para que esta transformación sea efectiva, Puerto Rico necesita una infraestructura de internet robusta y accesible en toda la isla, incluyendo Vieques y Culebra. El acceso a internet de alta velocidad no es un lujo, sino una necesidad en el siglo XXI. Permitiría a los ciudadanos trabajar, estudiar y hacer negocios desde sus hogares, conectándose con mercados globales. Además, atraería inversiones extranjeras y fomentaría el emprendimiento digital.
En cuanto a la energía, es crucial avanzar hacia la independencia energética. Las fincas solares, la energía eólica y las microrredes con baterías de almacenamiento son soluciones viables que reducirían la dependencia de LUMA y abaratarían los costos de electricidad. Esto no solo beneficiaría a los ciudadanos, sino también a las empresas que buscan establecerse en la isla. Actualmente, no se puede usar la infraestructura existente porque no aguanta la cantidad de casas que puedan usar paneles solares y baterías con medición neta y que envíen electricidad al sistema central de LUMA. Esto se debe a que la infraestructura es vieja y débil la cual requiere invertir en nueva infraestructura de distribución.
Educación: la clave del futuro
Ninguna reforma será sostenible sin una educación de calidad de los ciudadanos del país. Sin embargo, el sistema educativo actual está plagado de ineficiencias y los funcionarios están en la negativa. La oficina central de educación pública consume el 60% del presupuesto en posiciones administrativas y contratos millonarios con empresas externas, en lugar de invertir en programas de lectura, tecnología moderna y capacitación docente. Las escuelas se han convertido en un centro de servicios múltiples donde el aprendizaje es opcional. Es hora de cerrar esta estructura burocrática y redistribuir los recursos directamente a las escuelas donde solo están el 100% del tiempo para aprender nuevas destrezas.
Conclusión: el momento de actuar es ahora
Puerto Rico no puede permitirse seguir operando como si tuviera recursos ilimitados. La consolidación de municipios, la digitalización de servicios, la inversión en infraestructura tecnológica y energética, y la reforma educativa no son opciones, sino imperativos. Si no actuamos ahora, el colapso financiero será inevitable, y las consecuencias serán devastadoras para todos los ciudadanos.
Es hora de dejar atrás las prácticas obsoletas y abrazar un futuro más eficiente, con visión mundial, sostenible y próspero. La tecnología y la innovación están de nuestro lado; solo necesitamos la voluntad política y el apoyo ciudadano para implementar estos cambios. Puerto Rico puede salir de la quiebra, pero solo si tomamos decisiones difíciles hoy para garantizar un mañana mejor.
El principal oficial ejecutivo de la aseguradora Óptima Seguros, Ramón “Tony” Pérez, denunció la incidencia cada vez mayor de un mercado de primas bajas (mercado blando) que no responde a la realidad de los riesgos suscritos, lo que representó un vuelco inesperado a la tesis planteada por las principales reaseguradoras que operan en el mercado local sobre la disciplina alcanzada por las aseguradoras del país para lograr mejores prácticas de suscripción, estabilidad en las tarifas de los seguros y garantizar ganancias aceptables.
«Hoy he escuchado varias veces la palabra disciplina. En los últimos meses estoy viendo otra cosa, estoy viendo reducción de tasas considerables, liberación de términos y no estoy hablando de una compañía, estoy hablando de múltiples compañías y se nos está haciendo muy difícil competir porque nosotros estamos tratando de ser disciplinados. Es importante que nos auto evaluemos y reconozcamos lo que está pasando en nuestras compañías, hoy el mercado se está ablandando aceleradamente no solamente en precios, sino en términos y condiciones sin evaluaciones», sostuvo Pérez, lo que desató una oleada de aplausos de aprobación entre la concurrencia que el pasado jueves participó en el Foro de Reaseguro que celebró la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE). La actividad fue celebrada en el Hotel Vanderbilt en el Condado.
La posición disidente de Pérez fue en realidad un aluvión de agua fría para la favorable opinión de los representantes de las principales compañías de reaseguro que operan en el país, quienes en numerosas ocasiones durante el foro exaltaron la disciplina lograda en el mercado local de seguros. «Hay compañías que están dando la cubierta de utility (interrupción de negocios) sin ningún tipo de limitación. Yo estoy viendo otra cosa. Creo que estamos comenzando a ser indisciplinados mientras los reaseguradores nos piden que seamos disciplinados», exclamó Pérez.
De hecho, la alegada incidencia de un mercado de primas bajas previo al huracán María, las cuales resultaron insuficientes para los riesgos asumidos, ha sido señalada como una de las causas que provocaron que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) interviniera para liquidación a las aseguradoras Integrand y Real Legacy en 2019.
Momento difícil
El principal ejecutivo de Óptima Seguros hizo su electrificante denuncia durante su participación como moderador del último panel de discusión del foro titulado «El mercado de seguros y reaseguro en Puerto Rico : perspectiva del asegurador local».
La posición de Pérez fue avalada por Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company, quien era uno de los panelistas y quien describió el mercado local de seguros como «un bizcocho», en el que «no hay mucho negocio nuevo y lo peor que podemos hacer es mover las cuentas con el tema de precio».
Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance
González Portilla reconoció que existen «no una sino varias aseguradoras» comenzando a ofrecer primas bajas en pólizas de propiedad.
«Sabemos que Puerto Rico está pasando por un momento bien difícil en líneas comerciales, los clientes están pagando en primas mucho más de lo que se estaba pagando antes y una de las cosas que están buscando es economía. Una de las cosas que estamos viendo y me preocupa a mí, es que, por ejemplo, te cogen un edificio de $10 millones y te dicen, lo voy asegurar por $8 millones, dame un descuento de 20 % en la tarifa. Se nos olvida a veces que gran parte de las pérdidas son pérdidas parciales y si ocurre un fuego pequeño o un fuego grande va a ser la misma pérdida para nosotros. Es importante mantener la disciplina y hay unos recargos en la tarifa cuando eso pasa y que el cliente sepa que cuando baja esos límites, si tiene una pérdida completa, no va a cobrar más del seguro», sostuvo González Portilla.
Ramón Rodríguez Rosa, principal oficial financiero de la Cooperativa de Seguros Múltiples, y Cesar Álvarez, vicepresidente de reaseguro de Multinational Insurance Company, quienes también integraban el panel, abogaron por la disciplina pero se mantuvieron distantes de la candente controversia levantada por Pérez.
Tendencia continúa
«Cuando comenzamos a ver esta tendencia en diciembre pensamos que podría ser un asunto de fin de año y que algunos de los aseguradores no tienen sus metas de crecimiento anotadas, así que déjame ser un poco liberal y después, comenzando en enero, el mercado se volvería a normalizar pero la realidad es que seguimos viendo lo que vimos en diciembre», agregó Pérez.
Tras los efectos del huracán María y la ocurrencia de otras catástrofes en el escenario internacional, que causaron cuantiosas pérdidas a las reaseguradoras, estas empresas decretaron aumentos en sus tasas, limitaron su capacidad de asumir riesgos como una medida de protección y con el fin de lograr una alza en sus ganancias, exigieron a sus socios comerciales una serie de medidas dirigidas a aplicar disciplina en la suscripción.
Entre esas medidas atribuidas a la disciplina figuran aumentos en las primas, incremento en los deducibles, mayor retención de riesgos de parte de las aseguradoras, estrictas medidas de suscripción y la imposición de severos términos y condiciones a los asegurados.
Los planteamientos de Pérez no fueron las únicas sorpresas que conocieron los ejecutivos de las reaseguradoras en el foro, pues el presidente de Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, también tronó contra la incidencia de bajas en la tarifas.
No es tiempo para bajar tarifas
«Hay aseguradores que están creciendo utilizando una capacidad ( de reaseguro) proporcional que está ablandando el mercado, dando mejores condiciones y mejores precios y entonces, eso luego repercute contra los mismos reaseguradores. Es importante que el mercado reasegurador audite, verifique y que lo que le están diciendo se pueda constatar en la documentación que se provee», indicó el ejecutivo.
Sánchez Géigel también advirtió que los costos de reconstrucción han experimentado aumentos, lo que implicaría que la repetición de una catástrofe como la causada por el huracán María, cuyo costo de reconstrucción ascendió a $8,000 millones, reclamaría en la actualidad hasta $12,000 millones en costos de reconstrucción.
«No estamos en este momento en una posición para bajar tarifas», reiteró.
Alexis Sánchez Géigel, presidente de Mapfre
Sánchez Géigel también reveló la amenaza que significa el reglamento «Normas para Regular el Proceso de Valoración («Appraisal») en Reclamaciones de Seguros», aprobado por la OCS y que entró en vigencia desde 1 de enero de 2024.
Según sostuvo Sánchez Géigel el citado reglamento, también es conocido como la regla 106, impone un proceso forzado de tasación de daños, en el que ajustadores públicos pueden ser parte de los árbitros y tasadores sin experiencia podrían participar en el proceso de cuantificar daños, mientras son excluídos los ingenieros y arquitectos.
Reglamento que se las trae
El señalamiento de parte de Sánche Géigel contra los ajustadores públicos, que representan el interés de los asegurados, acontece en el contexto de que tras el huracán María determinados ajustadores públicos incurrieron en la inflación fraudulenta de daños, lo que provocó la intervención de la OCS. El caso más notorio es el del ajustador público Scott Favre, quien fue imputado de fraude por la OCS.
«Se puede dar inclusive, que sin haber una oferta de una aseguradora, el Comisionado tiene la potestad de nombrar el árbitro, en caso de que las partes no se pongan de acuerdo. Yo creo en un mecanismo para resolver una polémica si es justo para ambas partes, pero con esta regla las aseguradoras quedan en una posición bien débil. Yo no me quiero imaginar una catástrofe donde haya miles y miles de procesos ( de reclamaciones) y que hayan ajustadores públicos como árbitros en estos procesos. Nosotros hemos hecho unos señalamientos que la OCS no ha atendido. Yo creo que la industria tendrá que tomar una decisión para evitar que se impulse esta regla», dijo Sánchez Géigel.
De hecho, a preguntas de Pérez varios ejecutivos de las empresas de reaseguro que se encontraban entre el público presente, confirmaron que desconocían de la aprobación y del alcance de la regla 106.
Incluso, el presidente de Mapfre exhortó a las reaseguradoras a empaparse de los elementos que conforman la regla 106 para que junto a la industria local de seguros integren una frente común en contra de la aplicación del nuevo reglamento, de la misma manera como lo hicieron en contra del Proyecto de la Cámara 1533, el cual le concedía a la OCS el poder de ajustar reclamaciones y finalmente no fue aprobado.
Una joya en el Caribe
Otras medidas comentadas por Sánchez Géigel para destacar la disciplina lograda fue que determinadas aseguradoras eliminaron la cubierta de interrupción de negocios debido a que amplificaba las pérdidas por la fragilidad del sistema eléctrico y las continuas interrupciones del servicio.
El abandono de la cubierta de seguros para condominios denominada Full Value, la cual fue sustituida por la cubierta Bare Wall, una iniciativa que durante años había tomado la aseguradora Antilles Insurance Company.
Sánchez Géigel también mencionó la necesidad de que las aseguradoras tomen medidas para evitar el fraude a través de determinados endosos que imponen condiciones a los asegurados.
Durante el foro los ejecutivos de las compañías de reaseguro catalogaron el mercado de seguros en Puerto Rico como un «joya», debido, entre otras razones, a la calidad de las construcciones de concreto, las estrictas medidas para evitar incendios, que han reducido de manera dramática la siniestralidad en esa cubierta y por la participación de FEMA con asistencia financiera contra inundaciones, lo que ha convertido al país en un lugar atractivo para el reaseguro de pólizas de propiedad y contingencia.
Uno de los primeros ponentes en el foro fue Harry Bishop, quien es el vicepresidente senior de Guy Carpenter para Latinoamérica y el Caribe. Bishop sostuvo que el 2024 fue favorable para las compañías de reaseguro y sobre los incendios forestales en California señaló que de manera preliminar podrían generar pérdidas sobre los $30,000 millones, lo que, sin duda, tendrá un impacto en «las consideraciones para 2025”.
