El New York Times sostiene que Trump autorizó acciones encubiertas de la CIA contra el régimen de Nicolás Maduro

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La administración Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas letales en Venezuela, a medida que intensifica la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, según informó el New York Times.

El reputado diario neoyorquino detalló el miércoles que las operaciones se extenderían a otras partes del Caribe y que la agencia podría tomar medidas contra Maduro o su gobierno, ya sea unilateralmente o como parte de una operación militar más amplia.

Funcionarios declararon al medio que el objetivo final de la escalada es derrocar a Maduro. Esta es la última de una serie de escaladas que se han intensificado en las últimas horas.

El martes, el presidente Donald Trump anunció que una quinta embarcación con drogas fue atacada frente a las costas de Venezuela, lo que causó la muerte de seis personas y elevó el total a 27.

El miércoles, tres bombarderos B-52 estadounidenses sobrevolaron las costas del país. Uno de los aviones parecía dibujar un pene con su trayectoria de vuelo, según analistas que seguían su trayectoria.

El medio local Monitoreamos detalló que los aviones B-52H Stratofortress, identificados como BUNNY01 (61-0010), BUNNY02 (60-0052) y BUNNY03 (60-0033), permanecieron unos minutos en la zona.

Estos acontecimientos ocurrieron mientras el comandante del Comando Central de EE. UU. (Centcom), Alvin Holsey, visitaba Granada y Trinidad y Tobago, dos países geográficamente cercanos a Venezuela.

Las fuerzas armadas buscan instalar equipo militar en Granada, ubicada a 160 kilómetros del país sudamericano. Granada no ha respondido a la solicitud. Antigua y Barbuda rechazó poseer equipo militar estadounidense.

A pesar de la escalada, fuentes internas venezolanas han afirmado que Maduro no renunciará al poder voluntariamente. 

En declaraciones al periódico español El País, una persona con conocimiento del pensamiento del régimen afirmó que «Maduro no se irá a ninguna parte». «Maduro prácticamente no tiene otro destino que resistir lo que venga y esperar a que Trump vacile», añadió.

Trump ha anticipado la posibilidad de agravar la situación con ataques dentro del territorio venezolano. Sin embargo, el informe añade que los líderes del país sudamericano (Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López), junto con Maduro, han «desarrollado al máximo su instinto de supervivencia tras más de seis años de gobernar en situaciones extremas» y creen que «esta tormenta también pasará».

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María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz

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Por Valeria M Rivera Rosas

En un contexto donde el autoritarismo persiste y la democracia parece desvanecerse en América Latina, el galardón a la líder opositora venezolana actúa como un recordatorio de que la libertad sigue siendo una causa universal, no una consigna olvidada.

El Comité Nobel noruego ha sorprendido al mundo al conceder el Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, una figura que durante dos décadas ha encarnado la lucha civil frente al régimen de Hugo Chávez primero y de Nicolás Maduro después. 

No es una decisión menor. En realidad, supone una suerte de justicia simbólica: el reconocimiento de una batalla sostenida —en ocasiones solitaria— por los valores democráticos en un país atrapado por el autoritarismo, la corrupción y el exilio forzado de millones de sus ciudadanos.

El jurado justificó su decisión en la “incansable labor” de Machado promoviendo los derechos democráticos del pueblo venezolano y su apuesta por una transición pacífica hacia la democracia. 

Pero más allá de la formalidad del comunicado, el galardón revela algo más profundo: la comunidad internacional reconoce que Venezuela no es un caso cerrado, sino una herida abierta en el mapa moral del siglo XXI.

Machado, de 58 años, lleva meses en la clandestinidad. Desde agosto de 2024 se vio obligada a ocultarse tras la represión que siguió a unas elecciones presidenciales marcadas por el fraude y la persecución política. 

Su inhabilitación, ordenada por una contraloría subordinada al poder chavista, la dejó fuera de la contienda, pero no fuera del debate. Respaldó entonces al diplomático Edmundo González Urrutia, exiliado hoy en España, que se convirtió en el rostro visible de una oposición que ella había logrado unir tras años de fractura interna.

Y ahí radica quizá el mérito más profundo de Machado: haber conseguido articular un frente común en una oposición históricamente dividida, desgastada por el desencanto y por los fracasos de anteriores liderazgos. Su contundente victoria en las primarias de 2023 —con un 92,5 % de los votos— fue el reflejo de una sociedad cansada, pero no resignada. Frente a la cooptación del Estado por parte del chavismo, Machado representó una alternativa ética y cívica más que partidista.

No obstante, su trayectoria no ha sido lineal. Durante años, sus posiciones intransigentes le valieron el aislamiento político. A diferencia de otros líderes, Machado no apostó por pactos de supervivencia ni por el gradualismo. 

Defendió abiertamente el derecho a la desobediencia civil, lo que la convirtió en blanco de ataques personales por parte de Chávez, que llegó a despreciarla como una “burguesita de fina estampa”. Sin embargo, el tiempo ha terminado por situarla en el centro del relato democrático venezolano, no por lo que prometió, sino por lo que resistió.

El Nobel también lanza un mensaje político al continente. Mientras algunos gobiernos latinoamericanos miran hacia otro lado ante los excesos de Maduro, Oslo ha decidido mirar de frente y recordar que la paz no puede construirse sobre el miedo ni sobre la represión. 

La decisión adquiere un matiz aún más elocuente si se tiene en cuenta que el principal competidor de Machado en las quinielas era nada menos que Donald Trump, cuya candidatura representaba una visión de la paz tan mediática como contradictoria.

El reconocimiento llega además en un momento en que el concepto mismo de “promoción de la paz” parece haberse desdibujado. El Comité Nobel, fiel al espíritu de Alfred Nobel, recuerda que la paz no se limita a la ausencia de guerra, sino que incluye la defensa activa de la libertad, el respeto a los derechos humanos y la construcción de instituciones legítimas. 

En ese sentido, Machado no es una figura pacifista clásica, sino una activista democrática, lo que convierte este Nobel en un acto político de primer orden.

A la distancia, su victoria tiene ecos históricos. Como ocurrió en su momento con figuras como Aung San Suu Kyi o Lech Wałęsa, el premio reconoce tanto la resistencia individual como el valor colectivo de un pueblo que lleva más de dos décadas enfrentándose a la erosión sistemática de sus libertades. 

Pero también plantea una advertencia: el Nobel no derroca dictaduras. Otorga visibilidad, sí; pero no inmunidad.

En Caracas, el régimen probablemente intentará deslegitimar el galardón. Lo presentará como una maniobra de injerencia extranjera, un intento de “politizar” el premio. Pero el mensaje ya está lanzado: Venezuela vuelve a ocupar un lugar central en el mapa moral del mundo, y lo hace no por su petróleo ni por su geopolítica, sino por una mujer que, pese a la persecución y el exilio, sigue reclamando la posibilidad de un país libre.

El Nobel de la Paz 2025, en definitiva, no es solo un reconocimiento a María Corina Machado. Es una advertencia y una esperanza: la advertencia de que ningún régimen puede silenciar indefinidamente la voluntad democrática de su pueblo, y la esperanza de que, incluso en medio de la oscuridad autoritaria, la voz de una sola persona puede seguir iluminando el camino hacia la libertad. @mundiario

Por la calidad informativa y discursiva de esta historia, publicada en el diario digital español Mundiario, hemos decidido reproducirla en SN para beneficio de nuestros lectores. La periodista Valeria M Rivera Rosas es la autora del escrito.

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Fundación MAPFRE reconoce el compromiso social de João Carlos Martins y premia la investigación de Alejandro Izuzquiza sobre el mercado asegurador español

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Fundación MAPFRE ha entregado hoy, miércoles, 8 de octubre, en Madrid, sus
Premios Sociales, cuyo objetivo es reconocer el compromiso, la generosidad y la
solidaridad de las personas e instituciones que han realizado actuaciones
destacadas en beneficio de la sociedad en los ámbitos científico, cultural y social.

El acto ha estado presidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía y ha contado con
la participación de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones;
y Antonio Huertas, presidente de Fundación MAPFRE.

Antonio Huertas ha resaltado durante su intervención que “hoy, con las sociedades
adormiladas y entretenidas con otros debates menos relevantes, son más
necesarios que nunca los referentes, las personas o instituciones que piensan
y trabajan para cambiar lo que no está bien”.

En el 50 aniversario de Fundación MAPFRE, Huertas ha subrayado que celebran “cinco décadas de un intenso compromiso social, ayudando donde otros no llegan, y siempre con una mirada
inclusiva y con una mano tendida, especialmente hacia los más vulnerables”.

Ha insistido en que “necesitamos referentes” y que el propósito de estos galardones
es que “sus contribuciones se conozcan y puedan servir de ejemplo para volver
a la senda humanista que nunca debimos perder”.

El presidente ha concluido recordando que “viendo las noticias, a veces tenemos la sensación de ser gotas de agua en el desierto, pero somos como la lluvia, que tiene que terminar por calar, por
impactar, y lo que se trata es de conseguir que cada vez haya más lluvia, más
personas pensando y cuidando a las personas. Trabajando en el presente es
como podemos cambiar el futuro, y juntos podemos hacerlo”.

JOÃO CARLOS MARTINS, PREMIO A TODA UNA VIDA PROFESIONAL

João Carlos Martins (Brasil, 1940) es un pianista y director de orquesta, uno de
los grandes intérpretes contemporáneos de Bach, de cuya obra para teclado grabó
la totalidad.

Debutó en el Carnegie Hall a los 20 años, invitado por Eleanor
Roosevelt, y desde entonces actuó con las principales orquestas del mundo, aunque
su carrera se vio interrumpida por lesiones, enfermedades neurológicas y un
asalto violento que lo apartaron del piano durante más de dos décadas.

En 2019,pudo volver a tocar gracias a unos guantes biónicos, después de haberse
reinventado como director de orquesta. A lo largo de su vida ha recibido importantes distinciones, como la Orden del Mérito Cultural de Brasil y la Orden del Infante Don Enrique de Portugal.

En 2006 fundó la Fundación Bachiana, dedicada a acercar la música y la educación artística a
jóvenes en situación vulnerable, y con la Bachiana Filarmónica SESI-SP ha
llevado la música a escuelas y zonas remotas.

Durante su intervención, Martins contó que su vínculo con España comenzó en
1958 cuando participó como becario en el Festival Pablo Casals. También recordó la
influencia de Andrés Segovia, quien tras su debut en el Teatro Colón de Buenos
Aires le habló de “la grandiosidad de Bach”, y el consejo que le dio Dalí años
después en Nueva York: “Dile a todo el mundo que eres el mayor intérprete de Bach,
y algún día lo creerán”.

A sus 85 años, y tras sufrir Distonía Focal del Músico y más de 30 cirugías, el
reconocido músico afirmó que su vida “no trata de superación, sino de
determinación, que es una fuerte característica del pueblo español”.

Tras tener que cancelar su debut en Madrid en 1967 por una embolia pulmonar, visiblemente
emocionado explica que “hoy, por fin, realizo este sueño”. Al recibir el Premio José
Manuel Martínez Martínez, aseguró sentirse “profundamente estimulado a iniciar una
nueva etapa en mi vida, esta vez como educador musical, y así intentar dejar un
legado a través de la música”.

Martins concluyó su discurso citando a Oscar Wilde: “La música es el arte más cercano a las lágrimas y los recuerdos”.

TRES PROYECTOS DE IMPACTO

En la edición de estos premios, cuya dotación global es de 160.000 euros,
Fundación MAPFRE ha recibido un total de 1.125 candidaturas, procedentes de
varios países. De todas ellas, han sido galardonados la Confederación

Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl (Mejor Entidad por su
Trayectoria Social); 100 mil pisos para jugar (Mejor Proyecto por su Impacto
Social); y el exdirector de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros
Alejandro Izuzquiza (Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán).

CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE
PAÚL

La Confederación Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP),
fundada en París en 1833, cuenta hoy con más de dos millones de voluntarios en
155 territorios, que desarrollan 2.500 proyectos y ayudan cada año a 30 millones
de personas en situación de vulnerabilidad.

Su labor abarca áreas como la vivienda, salud, educación, empleo y emergencias, con iniciativas como la construcción de hogares en Suazilandia, programas para mayores en Chile o
atención médica en Brasil, Líbano y Egipto.

También impulsa escuelas, campañas educativas y proyectos de emprendimiento y sostenibilidad.
En España, donde inició en 1849, desarrolla más de 240 proyectos que benefician
a 156.000 personas al año, con distribución de alimentos, alfabetización, apoyo a
mayores y respuesta en emergencias.

Reconocida por la ONU y la UNESCO colabora con Cáritas y Cruz Roja y ha recibido galardones como la Cruz de Oro de la Solidaridad Social.

Durante su intervención, Juan Manuel B. Gómez, presidente nacional e
internacional de la entidad, ha rendido homenaje a los más de 30 millones de
personas en todo el mundo “que nos respaldan, por su compromiso silencioso y
constante”.

Con visible gratitud, Juan Manuel B. Gómez ha indicado que destinarán
la ayuda económica “a fomentar la cooperación al desarrollo internacional para
ayudar en los desastres y emergencias, así como para respaldar a nuestros
grupos de jóvenes y al voluntariado joven internacional”.

100 MIL PISOS PARA JUGAR

Más de 50 millones de personas en América Latina y el Caribe aún viven con
suelos de tierra, sufriendo enfermedades y una peor calidad de vida. Hábitat para
la Humanidad y la Federación Interamericana del Cemento impulsan 100 mil pisos
para jugar, que busca reemplazar suelos de tierra por hormigón en 100.000
viviendas antes de 2028.

Desde 2022 ya ha transformado 20.000 hogares en 14 países, beneficiando a casi 100.000 personas. El programa emplea hormigón de baja huella de carbono con materiales reciclados, refuerza las viviendas frente a desastres naturales y genera empleo comunitario.

En República Dominicana, desde donde se ha presentado la candidatura, ha instalado 3.200 pisos en 120 comunidades, beneficiando a 9.927 personas. Entre sus impactos destacan la
reducción del 79% en gastos médicos, la mejora de la estabilidad financiera,
más inversión en el hogar, más horas de juego infantil y mejoras en salud
mental y descenso del absentismo escolar.

Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad República
Dominicana, ha recogido el galardón. Fabián ha destacado que recibir este reconocimiento supone “un motivo de orgullo y, al mismo tiempo, una responsabilidad renovada”, un impulso para redoblar esfuerzos y multiplicar impacto.

“Cada suelo de hormigón no es sólo una mejora material: es salud, es infancia
protegida, es futuro”, afirmó, agradeciendo el premio a las familias y comunidades
beneficiadas, y reafirmando su compromiso de seguir dando a la sociedad dignidad,
esperanza, alivio, luz y acompañamiento.

ALEJANDRO IZUZQUIZA

Fundación MAPFRE ha entregado a Alejandro Izuzquiza el XII Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán, que reconoce trabajos científicos y proyectos innovadores que contribuyan a extender la actividad, aseguradora en la sociedad. Alejandro Izuzquiza desarrolló la investigación ‘La colaboración público-privada en el sistema asegurador español: el Consorcio de
Compensación de Seguros y la gestión de las indemnizaciones en el seguro de
riesgos extraordinarios’.

En él subraya la eficacia del modelo español, único en el mundo, garantizando respuestas rápidas y coordinadas ante catástrofes como la erupción de La Palma (2021), el terremoto de Lorca (2011), los atentados del 11-M o la DANA en Valencia (2024).

Este sistema evita esperas, desinformación y conflictos entre aseguradoras, beneficiando a miles de damnificados. El galardón también reconoce la trayectoria de Izuzquiza, economista por la
Universidad Complutense, Inspector de Seguros del Estado y exdirector de
Operaciones del CCS, donde impulsó innovaciones que modernizaron la institución.
Tras décadas de servicio, se jubiló en marzo de 2024.

Sobre el éxito de la colaboración público-privada en el sistema asegurador español,
del que trata su estudio premiado, Izuzquiza reflexionó que “vivimos tiempos de
inestabilidad no sólo atmosférica; en España se oyen voces que, por ignorancia,
frivolidad o rencor llaman al acoso y derribo de logros recientes y verdaderamente
históricos que costó mucho esfuerzo alcanzar y que han sido ejemplos de ámbito
mundial”, animando así a los directivos del sector asegurador que “mimen al
Consorcio de Compensación de Seguros, que lo preserven y lo fortalezcan”, porque
“es un modelo de colaboración público-privada, que merece ser considerado con
auténtica visión de Estado”.

Durante su intervención, además, agradeció el galardón como “el mejor broche de
oro a mi retirada que podía esperar, tras 44 años dedicados a la defensa de los
intereses generales en el sector público, a la protección de los asegurados y a
la colaboración y buen entendimiento entre el seguro público y el seguro privado”.

El premiado ha destacado la especial vinculación con Fundación MAPFRE, señalando
que “durante mis casi cuatro décadas y media de actividad profesional, la
Fundación ha sido guía y acompañante”.

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OCS reconoce acuerdo con Swiss Re dejaría poco dinero para los asegurados de Real Legacy 

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Por Miguel Díaz Román 

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) anticipó que el pago económico que se comprometió a realizar el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), en relación con la liquidación de la aseguradora Real Legacy, podría ser interpretado por los asegurados, los acreedores y por los medios de comunicación como «muy poco» o «muy generoso».

La OCS advirtió que la percepción sobre la insuficiente cantidad de dinero que se reciba como resultado del acuerdo con Swiss Re, obedece a que no se conocen «los criterios técnicos detrás del cálculo».

La declaración de la OCS figura en una extensa moción de 17 páginas radicada el pasado 1 de octubre, que tiene como objetivo que la jueza Katarina Stipec Rubio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, reconsidere su determinación de derogar el manto de confidencialidad que cobija al acuerdo entre la OCS y Swiss Re.

La jueza Stipec Rubio tomó la determinación de eliminar la confidencialidad del acuerdo el 16 de septiembre, luego de que la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) cuestionara la pertinencia de mantener en secreto los detalles del acuerdo que afectan el proceso de liquidación de Real Legacy. 

De hecho, fue la jueza Stipec Rubio quien el 10 de octubre de 2024 avaló la petición de la OCS para colocar en confidencialidad el documento.

La reveladora declaración sobre el acuerdo logrado con el reasegurador Swiss Re representa la primera ocasión en que la OCS argumenta sobre la cantidad de dinero que podría involucrar el acuerdo, un documento cuyo contenido el regulador ha querido mantener en confidencialidad para, entre otras razones, no divulgar información financiera y actuarial.

Confidencialidad cuestionada

Según ha señalado la OCS, revelar los pormenores del acuerdo con Swiss Re podría afectar los acuerdos que se proponen negociar con otros reaseguradores.

La AG es el organismo destinado a pagar las reclamaciones de las aseguradoras sometidas a liquidación por la OCS.

De hecho, en gran medida la declaración de la OCS confirma los temores de la AG sobre por qué no se debe mantener en confidencialidad el acuerdo. La AG ha sostenido que la confidencialidad  impedirá conocer si el acuerdo representa un beneficio económico para los asegurados de Real Legacy o si, en realidad, lo acordado benefició a Swiss Re. 

La AG ha expresado en su escritos de oposición la posibilidad de que la OCS haya cerrado un acuerdo que no logre comprometer a Swiss Re con un pago sustancial, lo que causaría la necesidad de decretar una derrama entre las aseguradoras que son miembros de la AG.

En la moción la OCS intentó con múltiples argumentos persuadir a la jueza Stipec Rubio para que revierta su decisión. Entre esos argumentos la OCS sostuvo que quitar el estado de confidencialidad al documento produce unos efectos adversos que denominó como «efectos escalofriantes» («chilling effects») . 

Los «chilling effects» 

Entre esos efectos escalofriantes se destacan la interpretación sobre que el dinero que produce el acuerdo es «muy poco» o «muy generoso», lo cual la OCS describe como una «distorsión en la percepción pública» que genera «interpretaciones erróneas». 

Alegadamente, según sostuvo la moción de la OCS, las interpretaciones erróneas serían efectuadas por los asegurados, la prensa  y la propia AG, debido a que no conocen «los criterios técnicos detrás del cálculo».

No obstante, la moción de la OCS no explica sobre cuáles son esos «criterios técnicos detrás del cálculo» que pueden evitar la alegada distorsión de la percepción pública sobre los efectos del acuerdo.

Pero sí advierte que las interpretaciones erróneas podrían «entorpecer el manejo ordenado de la liquidación».

La OCS también mencionó que otro efecto «escalofriante» es la presunta incapacidad de lograr futuros acuerdos con reaseguradores en procesos de liquidación debido a la desconfianza que causará la falta de confidencialidad en las transacciones. 

Otro efecto «escalofriante» es una presunta reducción en la disponibilidad de reaseguro en el mercado local debido a la desconfianza que causará entre los reaseguradores la falta de confidencialidad. 

La OCS también considera que, alegadamente, la falta de confidencialidad reducirá notablemente el poder de negociación de las aseguradoras locales frente a los reaseguradores, lo que reducirá su capacidad de lograr acuerdos favorables.

Entran en escena los CRA

Otro efecto es que en el futuro  los liquidadores podrían perder poder de negociación, lo que causará que no podrán lograr términos que favorezcan a los asegurados de una aseguradora en liquidación. 

La moción de la OCS mencionó varios casos ventilados en la esfera federal donde es protegida la confidencialidad de los documentos relacionados a procesos de liquidación que involucra acuerdos con reaseguradores.

La OCS señaló que los acuerdos con los reaseguradores, mejor conocidos como acuerdos  CRA, (Commutation and Relesase Agreement o Acuerdos de Conmutación y Liberación), se caracterizan  por su confidencialidad. 

«La confidencialidad es un  principio central de los CRA, especialmente en el contexto de seguros y reaseguros donde se intercambia información financieras, actuarial y de reclamaciones sensibles», advirtió la OCS en la moción.

OCS pide a jueza que se revoque

Incluso, la OCS sostuvo que los tribunales han reconocido reiteradamente la necesidad de preservar la confidencialidad  de los CRA debido  a su naturaleza sensible, durante determinados procesos de liquidación de aseguradoras. Así también lo demuestran diversos precedentes judiciales que la OCS  mencionó en su moción.

«Estos ejemplos demuestran que la protección de la confidencialidad de los CRA no solo es una práctica admitida, sino que constituye una garantía judicial para salvaguardar los intereses de los asegurados, las compañías y el buen desarrollo de los procedimientos de liquidación.En atención a ello, entendemos respetuosamente que se debe evitar la divulgación pública del acuerdo como solicita la AG, ya que su confidencialidad salvaguarda los procedimientos que aún restan por llevar a cabo en la liquidación y en protección del caudal para los acreedores», sostuvo la OCS.

Finalmente, la OCS le solicitó a la jueza Stipec Rubio que revierta su decisión y que  convoque  una vista judicial presencial para «explorar alternativas que atiendan las preocupaciones de la AG sin que se comprometan las negociaciones que se llevan a cabo  con  Swiss Re y las que están en negociaciones en curso».

De hecho, la jueza Stipec Rubio determinó derogar la confidencialidad que antes había avalado, a pesar de que ella reconoció que representa una herramienta útil para que la OCS logre acuerdos que favorezcan atraer más dineros al caudal de liquidación de un asegurador. La razón de peso en su decisión fue que para la Asamblea Legislativa no fue un objetivo avalar el uso de la confidencialidad en los acuerdos entre el liquidador y «potenciales deudores» del asegurador en liquidación.

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Pimentel apuesta por Multinational

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Por Miguel Díaz Román

En ciertos círculos de la industria de seguros han revivido temores vinculados al traumático proceso que representó  la liquidación de las aseguradoras Integrand Assurance Company y Real Legacy Assurance Company en 2019, tras el paso del huracán María, debido a la posibilidad de que, en momentos cuando el país atraviesa el período más crítico de la temporada de huracanes, se repita el fenómeno de la insolvencia en determinadas aseguradoras  si ocurriera un nuevo evento catastrófico.

De hecho, la liquidación de ambas aseguradoras generó más de 11,300 reclamos y hasta el 2024 se habían pagado $78 millones en reclamaciones, de los cuales $26 millones son el producto de dos derramas que han pagado las aseguradoras activas en el mercado y quienes ya fueron autorizadas a  recuperar ese dinero a través de las primas de los seguros que venden a los consumidores. 

Los $26 millones se desglosan en $11 millones para el pago de las reclamaciones de Real Legacy y $15 millones para Integrand. 

En realidad la liquidación de una aseguradora es un proceso que siempre termina afectando a los consumidores de seguros, quienes pagan las derramas aunque no hayan sido asegurados de las aseguradoras en liquidación. 

Asegurados con peor parte

No obstante,los asegurados de las aseguradoras en liquidación padecen la peor parte porque también aportan en el pago de las derramas y, además, encaran una restricción impuesta por el Código de Seguros,  la cual limita hasta $300,000 en el pago de sus reclamaciones sin importar el monto de sus pérdidas.

Además, las derramas privan a las aseguradoras de los réditos que ese dinero genera al estar invertido en el mercado financiero.

Preocupación por capacidad de pagar reclamaciones

En otras palabras, la liquidación de Integrand y de Real Legacy ya le ha costado $26 millones a los consumidores de seguros del país y no se descarta que en el futuro sea necesario decretar una o más derramas para completar el pago de las reclamaciones.

La entrada del periodo crítico de la temporada de huracanes, que comienza en el mes de septiembre y se extiende hasta el mes de noviembre ( la mayoría de los huracanes catastróficos han ocurrido en esos dos meses a pesar de que la temporada de huracanes se extiende entre el 1 de junio y el 30 de noviembre), ha exacerbado las preocupaciones sobre la capacidad de determinadas aseguradoras de responder a un alud de reclamaciones en el caso de que ocurriera un evento similar al catastrófico huracán María.

Se ha hablado con preocupación sobre que, alegadamente, la aseguradora Multinational Insurance  posee una cartera de cerca de 1,000 condominios asegurados, lo cual, según las fuentes, podría generar un gran volumen de reclamaciones si la isla fuera atacada por un huracán cuya capacidad destructiva fuera similar a María.

En síntesis, la preocupación gira en torno a si la aseguradora posee el capital y aquellos contratos de reaseguro que le permitan responder satisfactoriamente a las reclamaciones que reciba. 

Para obtener respuestas precisas que ofrescan una perspectiva real de su situación, SN le solicitó una reacción a Luis Pimentel Ferbi, quien es el presidente de Multinational, sobre si es cierto que la aseguradora posee  una cartera de condominios que podría comprometer su estabilidad en caso de un evento catastrófico.

«¿Es cierto ese planteamiento?. ¿Podrías reaccionar oficialmente a este planteamiento con unas expresiones aclaratorias?», le solicitó SN a Pimentel Ferbi.

Pimentel responde

El ejecutivo no presentó objeción y aquí presentamos su respuesta.

«Esta industria es de muchos comentarios, muchos de ellos incorrectos y no fundamentados. En Puerto Rico, según el Departamento de Asuntos del Consumidor hay 5,130 condominios,  Walk Up y apartamentos High Rise. De esto, nuestra cartera de condominios no representa ni el 14%. Me pregunto dónde están asegurados los demás riesgos de condominios», expresó  Pimentel Ferbi.

Aunque Multinational no cuenta con una cartera de 1,000 condominios, según aseguró Pimentel Ferbi, el 14 % de 5,130 unidades representan 718.2 condominios, la cual es una cifra respetable que conlleva robustos acuerdos de reaseguro. 

Pero el ejecutivo sostuvo que la cartera de condominios está protegida por acuerdos de reaseguro con las principales reaseguradoras del mercado internacional y para confirmar tal aseveración Pimentel Ferbi recordó que, tras el huracán María,  Multinational cumplió todos sus compromisos en la cartera de condominios.

 «Protegemos nuestra cartera de riesgo de manera correcta y responsable para eventos CAT (categoría) de 1 en sobre 300 años con reaseguradores de primer nivel clasificaciones AA  y A + entre estos Munich Re, Mapfre Re, Gen Re, Swiss Re y otros.  Además, todos estos reaseguradores conocen nuestro profile (perfil) de condominios y los términos y condiciones como se suscriben estos riesgos.  Esto fue muy bien demostrado en la historia de eventos CAT en Puerto Rico desde el 2017 con el huracán María donde se cumplió y honró nuestros compromisos», explicó el ejecutivo.

One Alliance niega insolvencia

La aseguradora One Alliance también ha sido señalada por, alegadamente,  experimentar insolvencia financiera. Una denuncia que ha sido negada por el presidente de la aseguradora, Juan Terrassa.

En entrevista con SN el ejecutivo sostuvo que One Alliance se encuentra en total solvencia económica y denunció que declaraciones sobre la presunta insolvencia se han realizado de manera irresponsable y en  violación al Código de Seguros.

Las expresiones, que fueron publicadas en el diario El Nuevo Día, las realizó Rafael Pérez Diez, presidente del Centro Gran Caribe Mall, un asegurado de One Alliance que mantiene un litigio judicial por una reclamación ascendente a $6.63 millones.

Surge el fraude

Pérez Diez sostuvo que la aseguradora experimentaba una supuesta insolvencia financiera en unas declaraciones que fueron difundidas en la edición de diario del pasado 4 de julio de 2025. Incluso, Pérez Diez le solicitó al ex Comisionado de Seguros , Alexander Adams Vega, «una investigación sobre la solvencia financiera de One Alliance, sus directores y abogados».

El pasado mes de mayo la jueza Cristina E. Sau González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó que One Alliance debía compensar al Centro Gran Caribe Mall con $6.63 millones por los daños causados por el huracán María.

Terrassa señaló que de las 3,500 reclamaciones que One Alliance recibió tras el paso del huracán María solo quedan doce, las cuales son reclamaciones marcadas por acciones de fraude que actualmente  se dilucidan en los tribunales.

El licenciado Jesús Del Valle, quien es representante legal de One Alliance, dijo que la reclamación de Pérez Diez es fraudulenta.

«El común denominador de los doce casos que nos quedan  es que todos tienen reclamaciones infladas, exageradas o fraudulentas. Y una cosa va de la mano de la otra, porque cuando dices que un tornillo te cuesta $10 cuando en realidad cuesta 20 centavos, esto es exagerado, es inflado y también fraudulento», sostuvo Del Valle. 

No se compromete capital

Terrassa explicó que One Alliance es una empresa solvente que recientemente recibió una calificación de B + con perspectiva positiva, de parte de la agencia calificadora AMBest.

Incluso, el ejecutivo indicó que los fallos judiciales contra One Alliance y la obligación de establecer una reserva para responder a esos reclamos, no han comprometido el capital de la aseguradora, según lo requiere la Oficina del Comisionado de Seguros, estimada en $21 millones. 

«Yo duermo tranquilo porque yo he pagado el reaseguro, que yo tengo mi empresa salvaguardada. Aquí pueden pasar dos Marías este año 2025 y One Alliance tiene la posibilidad de pagar», dijo Rafael Cedeño Camacho, quien es el dueño de la aseguradora y presidente del Consejo de Administración de One Alliance Insurance Group.

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Parálisis educativa como reflejo de crisis sistémica

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Por doctor Edgar León

El clientelismo político convierte la educación en rehén de intereses partidistas mientras el sistema colapsa

La crisis del Departamento de Educación de Puerto Rico trasciende los problemas pedagógicos para convertirse en el espejo más crudo de la incapacidad administrativa que aqueja al gobierno central. Mientras los estudiantes puertorriqueños enfrentan un sistema educativo en franco deterioro, las decisiones de personal siguen respondiendo a criterios políticos antes que profesionales, perpetuando un ciclo de ineficiencia que compromete el futuro de una generación entera.

Clientelismo vs. Competencia Profesional

La designación de personal en posiciones clave del sistema educativo continúa rigiéndose por el viejo manual del compadrazgo político. Superintendentes regionales, directores de programas federales y coordinadores administrativos llegan a sus cargos no por su experiencia en gestión educativa o sus credenciales académicas, sino por su lealtad partidista o sus vínculos familiares con figuras políticas influyentes.

Esta práctica, que algunos denominan eufemísticamente como “batatas políticas”, ha creado una estructura administrativa paralizada, donde las decisiones tardan meses en implementarse y los proyectos educativos se diluyen en laberintos burocráticos. El resultado es visible en las estadísticas: Puerto Rico mantiene tasas de deserción escolar alarmantes y resultados en pruebas estandarizadas que nos ubican consistentemente en los últimos lugares a nivel nacional.

El Siglo XXI Sigue Esperando

Mientras jurisdicciones escolares en Estados Unidos y otros países integran inteligencia artificial, plataformas digitales avanzadas y sistemas automatizados de gestión, el Departamento de Educación de Puerto Rico permanece anclado en estructuras del siglo pasado. Las regiones educativas, concebidas décadas atrás como unidades administrativas intermedias, se han convertido en feudos burocráticos que duplican funciones, multiplican gastos y entorpecen la toma de decisiones.

La resistencia al cambio tecnológico no es casual. Un sistema automatizado y transparente amenazaría los mecanismos de control tradicionales, reduciría la discrecionalidad en las contrataciones y limitaría las oportunidades de patronazgo político que alimentan la maquinaria electoral.

Quebranto Económico y Moral

La crisis fiscal de Puerto Rico, lejos de servir como catalizador para la eficiencia gubernamental, ha exacerbado las prácticas nocivas. Con recursos limitados, cada dólar malgastado en contratos sobrevalorados o posiciones innecesarias representa una oportunidad perdida de mejorar la infraestructura escolar, actualizar materiales educativos o capacitar maestros.

Los contratos del Departamento de Educación requieren un escrutinio urgente. Desde servicios de transporte escolar hasta programas de alimentación, pasando por adquisiciones de tecnología educativa, existe un patrón preocupante de adjudicaciones que favorecen a empresas vinculadas con donantes políticos o ex funcionarios gubernamentales.

El Derecho Constitucional Violentado

El Artículo VI, Sección 16 de la Constitución de Puerto Rico establece inequívocamente que “toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.” Esta garantía constitucional se viola diariamente cuando estudiantes asisten a escuelas con techos que se desploman, sin acceso a internet confiable, o con maestros no certificados en sus materias.

La responsabilidad de garantizar este derecho fundamental no puede supeditarse a conveniencias políticas o intereses electorales. Requiere una auditoría exhaustiva e independiente de cada región educativa, cada contrato millonario y cada designación administrativa realizada en los últimos años.

La Urgencia de la Transparencia

La información debe fluir libremente. Cada contrato, cada subasta, cada proceso de selección de personal debe estar disponible al escrutinio público en tiempo real. La era de las decisiones tomadas en reuniones cerradas y documentos clasificados debe terminar cuando se trata de recursos públicos destinados a la educación.

Los medios de comunicación tienen una responsabilidad ineludible en esta democratización de la información. Cada peso gastado, cada decisión administrativa, cada resultado educativo debe ser reportado, analizado y contextualizado para que la ciudadanía pueda exigir cuentas.

Un Llamado a la Acción

La transformación del sistema educativo puertorriqueño no puede esperar al próximo ciclo electoral. Requiere:

Profesionalización inmediata de los puestos administrativos clave, con criterios de selección basados en mérito y experiencia comprobada.

Modernización tecnológica integral que incluya sistemas de gestión automatizados, plataformas educativas digitales y herramientas de inteligencia artificial para optimizar recursos.

Reestructuración administrativa que elimine duplicidades, consolide funciones y acorta las cadenas de mando para agilizar la toma de decisiones.

Transparencia total en todos los procesos de contratación, con publicación obligatoria de evaluaciones, criterios de selección y justificaciones de adjudicación.

Auditorías independientes periódicas de cada región educativa y programa federal por las agencias federales y el contralor, con resultados públicos y consecuencias tangibles para la mala administración.

La educación de calidad no es un lujo que Puerto Rico no puede costear; es una inversión que no podemos permitirnos no hacer. El momento de actuar es ahora, antes de que otra generación de estudiantes pague el precio de nuestra inacción administrativa.

La historia juzgará con severidad a quienes antepusieron intereses políticos al futuro educativo de Puerto Rico. Pero aún estamos a tiempo de escribir un capítulo diferente, donde la competencia profesional, la transparencia gubernamental y el compromiso genuino con la excelencia educativa marquen el rumbo hacia la transformación que Puerto Rico necesita y merece.

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El Departamento de Agricultura y la Autoridad de Tierras rechazan el proyecto que busca restaurar la Laguna de Guánica 

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Por Miguel Díaz Román

El secretario del Departamento de Agricultura, Josué Rivera Castro, y la directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, la agrónoma Helga Méndez Soto, rechazaron el proyecto que busca restaurar la Laguna de Guánica debido a que causaría la pérdida de terrenos agrícolas  productivos, afectaría la Reserva Agrícola del Valle de Lajas y aumentaría la dependencia de Puerto Rico en la importación de alimentos.

Los funcionarios establecieron la posición oficial del DA y de la Autoridad de Tierras sobre el polémico proyecto durante una vista pública de la Comisión de Agricultura del Senado, que preside el senador Jeison Rosa Ramos, la cual se celebró  el pasado 25 de septiembre, según un comunicado distribuido por la oficina de prensa del Senado.  

En esa ocasión la Comisión examinó  la Resolución del Senado 246, que propone investigar el proyecto de la restauración de la Laguna de Guánica y establecer el alcance de su impacto en el Valle de Lajas y en la actividad agrícola.

Méndez Soto, quien a través de la Autoridad de Tierras tiene jurisdicción directa sobre los citados terrenos en Guánica, advirtió que el Proyecto de Restauración de la Laguna tendría un impacto directo y negativo sobre la producción agrícola. Sostuvo que  el plan propone inundar unas 3,762.75 cuerdas de terrenos agrícolas  lo que profundizará el déficit de tierras cultivables en la Isla y afectaría la seguridad alimentaria. 

La funcionaria también señaló que el proyecto conllevaría “una pérdida estimada de 1,234 cabezas de ganado y más de 201,600 pacas de heno”, lo que representa un golpe a la nutrición del ganado y a la producción de carne en Puerto Rico.

Méndez Soto estimó que el impacto económico anual supera los $3.9 millones, mientras que sustituir los terrenos afectados implicaría un costo aproximado de $36.4 millones, un gasto que, según precisó, no está contemplado en la propuesta actual. 

“Esta pérdida afectará negativamente la producción de carne en Puerto Rico, que actualmente cubre solo un 12.16% de la demanda local”, advirtió.

La funcionaria explicó que la eliminación de un área de escorrentía natural, causará que los canales de riego estarían  más expuestos y se podrían intensificar los problemas de anegación, a la vez que alertó que la propuesta incluye la alteración de la geomorfología del cuerpo de agua, lo que haría “extremadamente costoso revertir el proyecto en caso de que no resulte viable”.

“Resulta improcedente y contrario al interés público… la Tierra es prestada a la presente generación y es nuestro deber conservarla para las generaciones futuras de nuestros hijos”, sentenció Méndez Soto.

Por su parte, Rivera Castro dijo que el proyecto genera “una considerable controversia debido a su potencial impacto negativo en la Reserva Agrícola del Valle de Lajas”. Señaló que las implicaciones hidrológicas, agrícolas, económicas, sociales y ambientales presentan riesgos sustanciales que deben atenderse con cuidado, pues la pérdida de terrenos productivos aumentaría la dependencia de Puerto Rico en la importación de alimentos.

El secretario del DA estimó que el impacto negativo en la agricultura e industria podría “superar los $330 millones de dólares”, según un estudio del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). El secretario indicó que esta cifra supera la inversión federal destinada a la restauración y produce un  desbalance que pone en riesgo empleos, ingresos ya establecidos y la seguridad alimentaria de la Isla.

Rivera Castro enfatizó que, “dadas las inconsistencias y la falta de datos actualizados en la propuesta, la restauración de esta laguna no es viable en la forma que está propuesta”. Por ello, recomendó que cualquier proyecto de tal magnitud debe someterse a un análisis técnico y científico exhaustivo, con estudios independientes que consideren la tierra, el comercio, las residencias y la producción agrícola.

“Respetuosamente no podemos avalar la restauración de la Laguna de Guánica”, concluyó Rivera Castro, quien advirtió que la preservación del Valle de Lajas como reserva agrícola caribeña debe ser prioridad de política pública, equilibrando la conservación ambiental con la producción de alimentos. 

A favor de la iniciativa se expresó Miguel Viqueira Ríos, en representación de Protectores de Cuencas (PDC), al sostener que es política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón restaurar la Laguna de Guánica. 

Sostuvo que la restauración es un proyecto viable, urgente y de gran respaldo comunitario, donde más de 2,500 ciudadanos, organizaciones ambientales, científicas y el propio Municipio de Guánica lo apoyan de manera oficial.

Explicó que la restauración no afectará tierras agrícolas, pues los estudios hidrológicos e hidráulicos confirman que los terrenos adyacentes no enfrentarán inundaciones mayores a las que ya ocurren hoy. Por el contrario, se plantea un diseño por fases, iniciando con 605 cuerdas y la posibilidad de ampliar hasta 1,140, con un moderno sistema de compuertas que permitirá controlar los niveles de agua y atender mejor los eventos extremos.

En el plano económico y social, el PDC proyecta la creación de entre 40 y 60 empleos en su primer año, la apertura de oportunidades para microempresas, cooperativas y turismo de naturaleza, y la mitigación de inundaciones en comunidades vulnerables. Además, la restauración reactivaría un ecosistema de altísima biodiversidad que antes albergaba 68 especies de aves, peces de agua dulce y estuarinos, e incluso flora única en el Caribe.

Viqueira Ríos concluyó que el objetivo de Protectores de Cuencas “es asegurar que la restauración de la Laguna de Guánica no afecte ninguna tierra agrícola y potenciar el desarrollo socioeconómico de Guánica y del Suroeste de Puerto Rico”.

“Este proyecto no sólo rescata un recurso natural perdido, sino que fortalece nuestra resiliencia ambiental, promueve un desarrollo económico justo y protege el bienestar de nuestras presentes y futuras generaciones”, indicó el alcalde de Guánica, Ismael Rodríguez Ramos, a la vez que solicitó a la Comisión a brindar su aval y respaldo al esfuerzo de restauración.

El investigador y catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez, Luis R. Pérez Alegría, advirtió que la restauración de la Laguna de Guánica tendría efectos adversos sobre la agricultura y las comunidades del Valle de Lajas. Expuso que la creación de un cuerpo de agua en esa zona “va a revertir el propósito del proyecto del Suroeste y reducir la frontera agrícola de Puerto Rico”.

Advirtió que, con una laguna restaurada justo antes de la descarga al Río Loco, no habría un sistema eficaz para remover el exceso de agua y sales disueltas del subsuelo. Como consecuencia, “la propuesta de restauración aumentaría la saturación y la salinidad de los suelos, haciéndolos improductivos”.

A su vez, planteó que los residentes del valle enfrentarían un panorama complicado. Los canales de riego permanecerán constantemente al límite de su capacidad, lo que generaría “aumentos significativos en los niveles de inundación”. De esta forma, los riesgos superan los posibles beneficios y que la restauración podría poner en peligro tanto la actividad agrícola como la seguridad de las comunidades aledañas.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que se encarga de manejar los sistemas de riego en el Valle de Lajas, tampoco favoreció el proyecto de restauración de la laguna. Otras empresas privadas, como RiceTec y Bananera Fabre Inc. tampoco favorecieron la iniciativa.

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En aumento las polémicas explosivas en Agricultura mientras el secretario hace relaciones públicas

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Por Juan Tierras Tierras

En esta nueva sección vamos a traer historias insólitas y confidenciales  que merecen un trato especial en nuestra publicación.
En esta nueva sección vamos a traer historias insólitas que merecen un trato especial en nuestra publicación.

El Secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, se encuentra en el centro de una creciente controversia por  su  empeño de mudar las oficinas del Departamento de Agricultura (DA) al edificio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en Río Piedras.

Un polémico plan de mudanza mientras enfrenta serios señalamientos por su inacción en la defensa de terrenos agrícolas vitales para el país. 

Decisiones y omisiones en proyectos clave como la restauración de la Laguna de Guánica y la canalización del Río La Plata, y el plan de mudanza, han encendido las alarmas entre agricultores y expertos del sector.

Fuentes internas del DA y de agricultores de la zona Sur han expresado su profunda preocupación por la falta de una postura firme del secretario Rivera Castro en el proyecto de restauración de la Laguna de Guánica. 

A pesar de que el plan, liderado por el DRNA, podría impactar negativamente valiosos terrenos agrícolas circundantes, el titular del DA no se ha pronunciado en defensa de los mismos. 

«El  secretario tiene más intereses en común con el DRNA que con los agricultores que se supone que represente», comentó un agricultor de la zona que prefirió mantenerse en el anonimato. 

La falta de una defensa activa ha sido interpretada como una concesión que prioriza otros intereses por encima de la seguridad alimentaria y la protección del patrimonio agrícola.

De manera similar, la aparente pasividad del secretario se ha hecho evidente en el proyecto de canalización del Río La Plata. Este proyecto ha implicado la expropiación de terrenos pertenecientes a la Autoridad de Tierras. 

La ausencia de una oposición contundente por parte de Rivera Castro ha generado críticas sobre su compromiso con la preservación de los activos agrícolas del país, permitiendo que terrenos de alto valor para la siembra sean destinados a otros usos.

A la controversia se suma un persistente rumor que cobra cada vez más fuerza del posible traslado de todo el personal de las oficinas centrales del DA y sus agencias adscritas, al edificio del DRNA en Río Piedras. Esta movida es vista con gran recelo, no solo por la logística que implicaría, sino por el historial del edificio receptor.

El edificio del DRNA ha sido objeto de múltiples señalamientos por vicios de construcción y problemas de calidad de aire interior, el cual ha sido catalogado en informes previos como un «edificio enfermo». 

La posibilidad de trasladar a cientos de empleados a una estructura con un historial tan problemático es considerada por muchos como una «acción caprichosa», que podría beneficiar a terceros y como el resultado de una alianza peligrosa entre Rivera Castro y el DRNA.

Desde hace años, se especula en círculos de bienes raíces sobre el alto valor de los terrenos que actualmente ocupan el DA, la Autoridad de Tierras y el antiguo edificio del Departamento de Salud en Santurce. 

La localización estratégica de estas propiedades las convierte en un objetivo codiciado para desarrolladores privados. 

La mudanza, por tanto, es percibida por algunos como el primer paso para despejar el camino a una futura venta o desarrollo de estos valiosos solares, sacrificando el patrimonio público en un proceso que carece de transparencia.

Hasta el momento, Rivera Castro no ha emitido declaraciones oficiales para desmentir los planes de mudanza ni para clarificar su postura sobre la protección de los terrenos agrícolas en Guánica y el Río La Plata, dejando un manto de incertidumbre sobre el futuro del patrimonio agrícola de Puerto Rico.

«Menos cámara y más acción» es el reclamo que resuena entre agricultores y conocedores de la industria, quienes atribuyen a Rivera Castro y a su equipo de trabajo una mayor preocupación por las relaciones públicas que por el cumplimiento de su deber ministerial. 

Las quejas apuntan a un equipo de trabajo deficiente, compuesto en parte por personal reciclado que ha tenido fracasos como directivos bajo otras administraciones.

Entre los nombramientos señalados se encuentran el del subsecretario de Agricultura,

Irving Rodríguez Torres, quién según fuentes, arrastra un historial de investigaciones y señalamientos. Sin embargo, Rodríguez Torres permanece en una posición clave. 

A esto se suma la selección de personal con poca o ninguna experiencia administrativa, como el secretario Auxiliar de Integridad Agrocomercial, el agrónomo Andrés Rosado, y la agrónoma Helga Méndez quien fue designada a dirigir  la Autoridad de Tierras. 

«Es una fantasía pensar que se obtendrán resultados distintos con el mismo equipo; los mismos tipos de pensamientos solo garantizan los mismos resultados», sentenció una fuente interna del DA.

Mientras tanto, quedan desatendidos problemas críticos como la falta de acción en la industria del café por parte de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, lo que podría resultar en la sepultura de la industria. 

Se informa que el secretario utiliza la agencia como una plataforma para proyectar sus aspiraciones futuras, enfrascado en viajes y actividades públicas, en lugar de atender la crisis que enfrentan los distintos sectores.

La preocupación más reciente se centra en unas 430 cuerdas de la Finca Carmen Islote en Vega Alta, pertenecientes a la Autoridad de Tierras. Existe un plan para vender este terreno al desarrollador Federico Stubbe, conocido por ser accionista mayoritario y dueño del Distrito T-Mobile y el Coca-Cola Music Hall.

Stubbe, descrito como un importante donante del Partido Nuevo Progresista, ha sido señalado por perseguir terrenos de alto valor agrícola con potencial turístico a precios irrisorios. Fuentes denuncian que la venta se facilitaría mediante tasaciones cuestionables, una práctica que ya se ha visto en el pasado, donde directores de la Autoridad de Tierras le han vendido cientos de cuerdas a «cáscaras de batata» a Stubbe. 

En algunos casos, se alega que se le ha permitido al propio desarrollador tasar las propiedades que intenta comprar. Se le atribuye a Rivera Castro, en su doble rol como secretario y presidente de

la Junta de Gobierno la Autoridad de Tierras,  no solo una falta de compromiso al no detener la venta, sino haberle abierto la puerta. 

De concretarse, este terreno público podría convertirse en un complejo residencial de lujo accesible sólo para quienes puedan pagar cifras de siete dígitos o más.

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Fundación MAPFRE lanza dramática exposición sobre seguridad en las carreteras

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Por Miguel Díaz Román

La Fundación MAPFRE ha estado presentando en diversos recintos universitarios del país una reveladora exposición fotográfica y educativa denominada La Ruta Universitaria: “Cuando la calle se queda con parte de ti”, la cual tiene como objetivo advertir e informar a la juventud sobre las verdaderas consecuencias que los accidentes de tránsito causan en nuestros cuerpos y en nuestra vida.

Este objetivo se logra a través de la presentación de los relatos reales de sobrevivientes de accidentes de tránsito, quienes padecen en la actualidad las graves secuelas físicas y emocionales que le dejó como marca indeleble el trágico evento.

Inteligentemente, la campaña de la Fundación MAPFRE tiene como fin humanizar las estadísticas de accidentes de tránsito para que los jóvenes que contemplen la muestra puedan constatar las catastróficas consecuencias físicas y emocionales que se esconden detrás de las cifras. 

Como aspiración mayor, la muestra fotográfica y educativa “Cuando la calle se queda con parte de ti”, pretende impulsar un cambio cultural dirigido a que nuestra juventud  esté más consciente de los riesgos que se asumen cuando tomamos el control de un automóvil, de una motora o de un vehículo todo terreno y los efectos impensados que puede causar la velocidad descontrolada. 

En síntesis, la exposición busca provocar en la juventud una transformación en la forma en que se percibe la seguridad en las carreteras. Es decir, alentar a los jóvenes a adoptar nuevos escrúpulos y precauciones mientras transitan con un vehículo de motor en las carreteras del país.

Los periodistas Camile Roldán y José Madera, quienes trabajaron arduamente para crear la exposición, son los portavoces de “La Ruta Universitaria: “Cuando la calle se queda con parte de ti”.

Un rasgo distintivo de esta exposición es que Roldán y Madera fueron protagonistas en la vida real de un grave accidente mientras ambos se desplazaban en un motora y sus en cuerpos han quedado lacradas las consecuencias adversas de ese choque de tránsito. 

Este hecho singular en el que los curadores de la muestra son protagonistas de un accidente catastrófico de tránsito, le aporta un carga de humanismo y de veracidad que es muy difícil de encontrar en actividades de esta categoría. 

«El accidente de ellos fue uno aparatoso. La persona que los impactó los dejó tirados en la calle. Fue prácticamente un «hit and run». No tenían protección en sus cuerpos pues iban en una motora.En el accidente quedan pillados. José Madera pierde una de sus extremidades y Camillle Roldán quedó bien afectada en una de sus piernas también. Aparte del trauma que viene luego del accidente, cuando se tiene que retomar la vida con esos cambios de perder una extremidad… es bien impactante. Y ellos nos acompañan cuando estamos visitando las universidades», sostuvo Belinda Pujols, quien es la gerente de proyectos de la Fundación Mapfre.

Pujols indicó que la presencia de Roldán y Madera aporta un inestimable cariz de realismo y humanidad que es bien recibido por las personas que asisten y participan de las exposiciones.

Además, los asistentes reciben charlas de parte de entidades familiarizadas con el tema de la seguridad en el tránsito como la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y  su programa FIESTA, Mothers Against Drunk Driving, Metropistas, la Administración de Compensación por Accidentes, el Departamento de Educación y las universidades participantes.

«Cada una de esas entidades aporta desde su perspectiva en la causa de ayudar a tomar consciencia sobre los accidentes en las carreteras. Es una experiencia completa con un mensaje contundente, que es evitar choques, evitar lesiones y evitar muertes en nuestras carreteras», agregó Pujols.

Por su parte, Alexis Sánchez Géigel, quien es el presidente de la aseguradora MAPFRE, sostuvo que “esta campaña es un llamado urgente a tomar conciencia sobre el impacto que puede tener un choque vial en la vida de una persona. Nos llena de esperanza poder llevar estos testimonios a los jóvenes, con el propósito de que reflexionen y se conviertan en agentes de cambio en nuestras carreteras”.

Según datos de la Policía de Puerto Rico, en 2024 ocurrieron 270 muertes por choques de tránsito y hasta agosto de 2025 se han reportado 161 fatalidades. La mayoría de los incidentes está relacionada con el exceso de velocidad, el uso del celular y el consumo de alcohol.

Pujols explicó que la Fundación Mapfre como la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y todas estas entidades antes mencionadas han estado cooperando y haciendo esfuerzos para lograr  que las cifras sobre accidentes de tránsito de este año no superen los números del año anterior.

«En efecto, hemos visto un incremento en los choques viales y una tendencia en la conducción agresiva. Hemos visto que el descontrol emocional se ve reflejado en el volante cuando se encuentran momentos detonantes en la calle, ya sean tapones tráfico extremo, y las personas se tornan desesperadas y también se ha incluido el tema de salud mental. La calle es un reflejo de la sociedad claramente. Y vemos como todos los comportamientos de la gente se reflejan en el volante. Eso es así», explicó la ejecutiva.

Incluso, según reveló Pujols, la exposición cuenta con la participación de jóvenes que han integrado  las llamadas corridas en motoras y en vehículos todo terreno, los cuales comparten con el público sus experiencias traumáticas con la velocidad descontrolada en las carreteras. Son experiencias que están salpicadas con la embriaguez por alcohol, el descontrol, la velocidad excesiva y la distracción, agregó Pujols. 

La exposición «Ruta Universitaria: “Cuando la calle se queda con parte de ti” comenzó el 26 de agosto en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y se extenderá hasta noviembre. A continuación el calendario de la muestra:

• Interamericana de Arecibo: del 10 al 19 de septiembre

• Ana G. Méndez (Carolina): del 23 de septiembre al 10 de octubre

• UPR Río Piedras: del 14 al 24 de octub

• NUC University (Caguas): del 11 al 21 de noviembre

Más información sobre la campaña está disponible en mapfre.pr/sobre-

nosotros/fundación y en las redes sociales @FundacionMAPFREPR en Facebook e

Instagram.

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Pantoja advierte Reforma Contributiva se afectará con eliminación de tributo de 1% a las primas de seguro 

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Por Miguel Díaz Román 

En una ponencia escrita que presentó ante la Comisión de Banca y Seguros de la Cámara de Representantes, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, no alentó esperanzas sobre la aprobación de una medida que propone la eliminación gradual  de la contribución de 1 % que le aplica a las primas que obtienen las aseguradoras por la venta de pólizas de seguros.

A través del uso de un lenguaje directo, sin adornos o desvíos argumentativos, el secretario de Hacienda solicitó un margen de tiempo suficiente para completar los trabajos relacionados con la reforma contributiva que prepara la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón.  antes de tomar una determinación en relación con varias medidas «que aunque loables», pueden trastocar los trabajos para lograr una reforma contributiva integral».

De hecho, el funcionario señaló que la contribución de 1 % generó $41 millones el pasado año 2024 y advirtió que «cualquier medida que trastoque los ingresos del Fondo General tiene el potencial de afectar la estructura contributiva que se está diseñando, la que ciertamente será en beneficio de todos nuestros ciudadanos»

Incluso, Pantoja dijo que ha conversado sobre el impacto de la medida con la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

La argumentación de Pantoja alude directamente al Proyecto de la Cámara 590,radicado por el presidente del cuerpo, el representante Carlos Johnny Méndez.

La medida propone reducir el tributo de 1% que se aplica a las primas de seguros al 0.5% para los años 2025 a 2027, lo que reduciría la recaudación en $20.5 millones. 

Además propone eliminar el tributo para el año 2027,lo que implica que el fisco dejaría de ingresar $41 millones.

El secretario recordó que la gobernadora creó un comité para evaluar las tasas contributivas existentes y crear un sistema contributivo más equitativo. Sostuvo que el comité someterá recomendaciones que reducen la carga a los contribuyentes.

La Comisión cameral, que preside el representante Jorge Navarro Suarez, celebró una vista pública del pasado martes a la asistió la designada Comisionada de Seguros, la licenciada Suzette Del Valle Lecároz, la licenciada Irealia Pernas, directora ejecutiva  de la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE) y el licenciado Luis Rivera Cruz, director de Asuntos Intergubernamentales y Asesor Senior de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

En su ponencia el secretario de Hacienda hizo un recuento detallado en cuatro párrafos de la obligación que la Constitución le impone a la agencia fiscal, junto con leyes y determinaciones administrativas que definen aún más la función del Departamento de Hacienda (DH) como recaudador de ingresos para el Fondo General y como fiscalizador de acciones y medidas legislativas que pudieran afectar esa función.

Obligación constitucional de cobrar

Pantoja sostuvo que la Constitución delegó en el DH «la responsabilidad de administrar las leyes tributarias y la política fiscal de la isla, de una manera eficiente para así maximizar los recaudos del erario. Por lo tanto, el Departamento funge como el principal recaudador y custodio de los fondos públicos».

El funcionario le recordó a la Comisión cameral que el DH «es el administrador del Código de Rentas Internas, de la ley de Contabilidad de Gobierno de Puerto Rico y por disposición administrativa el secretario de Hacienda funge como Principal Oficial Financiero del Gobierno». 

Luego, en un revelador cuarto párrafo, Pantoja señaló que «cónsono con nuestro propósito y pericia, el departamento tiene la responsabilidad de asesorar la Rama Legislativa sobre aquellas medidas que tengan un impacto sobre el Fondo General, específicamente, aquellas que pudieran afectar de algún modo los recaudos e ingresos. Como tesorero del gobierno de Puerto Rico, somos parte del componente económico gubernamental que coordina los asuntos presupuestarios y el cumplimiento del Plan Fiscal».

Más adelante y sin señalar el contenido del PC 590, Pantoja citó la sección 15 del presupuesto vigente certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la cual establece que cualquier medida que modifique los fondos asignados en el presupuesto requiere identificar una fuente de ingresos que sustituya tales ingresos. Además, la JSF debe certificar que esta medida está en cumplimiento con el Plan Fiscal. 

Otro señalamiento de Pantoja que coloca en aprietos al PC 590 que es que la sección 32.41 del Plan Fiscal Certificado establece como condición inescapable «el principio de neutralidad fiscal que debe regir en toda legislación de índole contributiva donde hay un impacto al erario».

Medida no identifica recaudos sustitutos

El PC 590 no contiene recomendaciones ni identifica una fuente de ingresos que sustituya los recaudos que dejaría de recibir el Fondo General con la eliminación gradual del tributo del 1%, lo que ya coloca a la medida en incumpimiento con la sección la sección 15 del presupuesto vigente certificado y con la sección 32.41 del Plan Fiscal Certificado.

De hecho, ni la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), que presentó una sustanciosa ponencia de ocho páginas en la que se analizan los efectos adversos del tributo de 1% en las operaciones de las aseguradoras, ni la OCS atendieron los requerimientos de la JSF para garantizar que aquella medida que modifique los fondos asignados en el presupuesto debe identificar una fuente sustituta de recaudos, logrando un efecto neutral. 

La OCS dedicó unas breves oraciones al final de su ponencia en la que reconoce que «el proyecto no dispone para la sustitución de estos ingresos luego del 31 de diciembre de 2027». También señaló que le concede «deferencia» a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la AAFAF para identificar aquellas fuentes de recaudos que sustituyan los ingresos que generará el tributo de 1% para el año 2027. 

Ante ese requisito impostergable Rivera Cruz recomendó una evaluación por parte de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

En la vista pública la Comisionada Del Valle Lecároz sostuvo que el tributo de 1% es una contribución que se aplica de manera uniforme y no toma en cuenta las diferencias entre líneas de negocio de seguros, por lo que el efecto del pago de ésta no es heterogéneo entre los segmentos de negocios de seguros de Propiedad & Contingencia, y Vida y Salud. 

Estos segmentos de negocios poseen perfiles de riesgo, necesidades de capital, modelos de riesgo y mecanismos de cálculo de prima específicos que no toma en cuenta la Contribución Especial.

Remanente de Patente Nacional

La contribución del 1% es el remanente de la extinta patente nacional que se impuso en 2013. Aunque posteriormente la patente nacional fue eliminada, la legislatura mantuvo el tributo en la industria de seguros.

Sobre esta realidad la licenciada Pernas sostuvo que dicha contribución no tiene razón de ser en la actualidad. » Se trata de una imposición injusta y discriminatoria, que coloca en desventaja al sector de seguros frente a las otras industrias que no pagan esta contribución. La situación de los aseguradores es particularmente onerosa porque, a diferencia de otros sectores económicos, la contribución del 1% sobre las primas no puede ser transferida al consumidor final».

La directora ejecutiva de Acodese sostuvo que las tarifas y condiciones de las pólizas están estrictamente reguladas y sujetas a aprobación de la OCS, lo cual limita la capacidad de los aseguradores de ajustar precios para absorber costos adicionales. 

Tributo es un gasto

«En la práctica, esto significa que el impuesto se convierte en un gasto directo que reduce los márgenes de operación de los aseguradores. Con esto, se coloca a la industria de seguros en desventaja pues, mientras otros sectores productivos pueden aliviar el impacto de nuevas cargas contributivas a través de ajustes de precios, los aseguradores se ven obligados a absorber el impuesto dentro de sus costos operacionales. En un país que enfrenta riesgos recurrentes como huracanes, terremotos y una población primordialmente envejeciente con creciente necesidad de seguros de salud y vida, mantener esa carga que debilita al sector asegurador representa un riesgo sistémico. En síntesis, la contribución en sí, más la imposibilidad de trasladar este impuesto al consumidor, constituye un trato inequitativo frente a otros sectores «.dijo Pernas.

Enmienda para confirmar cumplimento

En la vista el representante Navarro Suárez presentó una enmienda dirigida a garantizar la eliminación del tributo por medio de comprobar que las aseguradoras pueden cumplir con criterios objetivos de desempeño. Entre los criterios para comprobar desempeño el legislador mencionó el cumplimento con el pago puntual de las reclamaciones, la merma en litigios y la satisfacción del asegurado. Sostuvo que el cumplimiento sería una tarea de la OCS.

Del Valle Lecároz, afirmó que “en la medida que estén buscando enmendar el proyecto para crear un balance, entre apoyar y dar un beneficio a las aseguradoras, pero a la misma vez al consumidor, lo veo loable, lo único que habría que ver cómo se puede medir esa efectividad y tendría que hacerse un reglamento para poder medir el cumplimiento de los componentes de esta industria”.

Pernas no estableció una posición en relación a la enmienda propuesta por Navarro Suarez debido a que dicha responsabilidad recae en la matrícula de ACODESE.

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