Por Miguel Díaz Román

Frente a la denuncia de que los corredores de seguros del gobierno «siempre son los mismos», el Departamento de Hacienda (DH) defendió el método de cualificación de corredores que la agencia utiliza desde 2021 porque, alegadamente, evita «cualquier tipo de esquema de irregularidades, negligencia y falta de transparencia en la selección de los corredores de seguro».

El secretario auxiliar de asuntos legales del DH, el licenciado José Chavez, advirtió que la contratación de los «mismos corredores» responde a su experiencia en asegurar propiedades del gobierno que «por su complejidad son difíciles de asegurar».

Chavez presentó como ejemplo las cubiertas de seguro que cubren los riesgos de las represas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

De hecho, los seguros de esta corporación pública han sido manejados por muchos años por la firma Lone Star Insurance, la cual está vinculada al señor Andrés Guillemard Ginorio, quien ha sido señalado en el pasado como uno de los corredores que, alegadamente, se ha beneficiado por el proceso de selección realizado en Hacienda.

A la derecha el licenciado José Chavez, secretario auxiliar de asuntos legales del DH, y Rafael Santiago, de seguros públicos.

El funcionario hizo las expresiones la pasada semana ante la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes, en representación del secretario del DH, Ángel Pantoja Rodríguez.

No obstante, el presidente de la citada Comisión, el representante Jorge Navarro Suárez, cuestionó el proceso de selección de corredores de seguros que realiza el DH al sostener que su experiencia en los pasados años como legislador ha visto que los corredores de seguros del gobierno «siempre son los mismos».

«Los mismos, los mismos, los mismos»

«Yo veo que siempre son los mismos. En cada administración siempre son los mismos, los mismos, los mismos. No hay espacio para otros productores. Y yo digo, aquí está pasando algo. Llevo veinte años en esto y he tratado de entrar productores y no hay forma. Siempre son los mismos, los mismos, los mismos. Si el gobierno es popular, son los mismos. Si el gobierno es PNP, son los mismos. Entonces se reparten las agencias. No es que le estoy metiendo el dedo en la llaga, pero ¿qué está pasando aquí que no hay diversidad, de tantos productores que ustedes indican que hay?, sostuvo Navarro Suárez.

En respuesta al planteamiento del legislador, Chavez argumentó que «sé que muchas veces se ha dicho que podrían ser los mismos, pero esto tiene que ver y está directamente atado al «expertise» que tienen estos corredores para salir al mercado y asegurar propiedades del gobierno que son difíciles de asegurar. Pensamos quizás que tradicionalmente te van asegurar una flota de carros o un edificio, pero el gobierno cuenta con infraestructura bien compleja y técnica, que a la hora de salir, como le comenté, incluso no son aseguradoras del patio las que te aseguran. Hay que ir al mercado excedente, a Europa. Hay sindicatos en Escocia que yo he aprendido que son los únicos que te ofrecen un seguro para esto en particular».

El intercambio entre Navarro Suárez y Chavez ocurrió durante el examen del Proyecto de la Cámara 341, que impone un cargo de 5 % a la comisión que reciben de los corredores que manejan los seguros del gobierno.

La medida, radicada por el representante Navarro Suárez, exime del cargo de 5 % a las comisiones ganadas por corredores de aquellos seguros que hayan sido seleccionados a través de un proceso de subasta pública.

El PC 341 busca generar ingresos para beneficiar a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y a los municipios del país.

Necesarios más de 70 puntos

La comparecencia de Chavez aconteció luego de que en dos ocasiones la Comisión citó al secretario Pantoja Rodríguez y este se ausentó, según comentó Navarro Suárez al inicio de la vista pública.

En la vista Chavez explicó que el nuevo método de cualificación de corredores establecido en 2021, impuso como requisito que los corredores presenten ante el DH una «solicitud de calificación» (RFQ, por sus en inglés), que es un documento que se utiliza para medir las cualificaciones y capacidades de los corredores.

Los RFQ son examinados por un comité evaluador que está integrado por representantes de las divisiones de seguros públicos, asuntos legales y administración del DH.

Además, participa un representante de la Autoridad de Agencia Fiscal y de Asesoría Financiera de Puerto Rico y un representante de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

Para integrar la terna de corredores del gobierno se debe obtener una nota de 70 puntos o más en el llamado talonario de cualificación, que es administrado por el comité evaluador, explicó Chavez.

Encuesta de servicio

Sostuvo que solo 19 corredores obtuvieron una calificación de más de 70 puntos de un grupo de 70 corredores que participaron en 2021. El funcionario indicó que desde ese año no se hace el proceso competitivo entre corredores, lo cual es una discreción que posee el secretario de Hacienda.

Chavez también explicó que el nuevo método permite que el DH prescinda de la cualificación anual de corredores y en sustitución se realice una «encuesta de servicio» entre las agencias para determinar la calidad del servicio que ofrecen los corredores.

Esta información le permite al secretario del DH determinar si es necesario renovar los contratos o recurrir a un nuevo proceso de presentar RQF y su posterior cualificación.

«El procedimiento permite que el secretario del DH en su discreción, de año en año, no haga el proceso competitivo, dependiendo de distintas cosas. Entre ellas, estos años que no se ha hecho el proceso competitivo, se hace una encuesta de servicio a las entidades gubernamentales y ellos nos comparten la retroalimentación de cómo ha sido su experiencia con ese productor. Y entonces, a base de eso, el secretario puede determinar hacer una renovación de esos contratos», indicó Chavez.

Inexistente la subasta

En la vista pública Chavez confirmó que ningún corredor ha presentado propuestas en la división de seguros públicos del DH para que los seguros del gobierno sean seleccionados por subasta pública.

El funcionario también señaló que en los pasados 12 años no se han seleccionado seguros del gobierno mediante subasta.

Chavez explicó que las agencias del gobierno seleccionan la póliza que les parece más favorable a través de un proceso que el funcionario llamó «adquisición directa», el cual ocurre luego de que el corredor hace una presentación con varias alternativas de pólizas de seguro compatibles con las necesidades de las agencias.

El funcionario también expresó que el proceso de subasta para seleccionar los corredores del gobierno podría ser contrario al interés público porque, alegadamente, no permite un proceso de negociación en el que las primas se atemperan a los presupuestos de las agencias.

Un planteamiento que no fue comprendido por los legisladores presentes en la vista, pues ninguno de ellos cuestionó si las primas responden al riesgo que se va a asegurar o a las necesidades presupuestarias de las agencias.

«Respetuosamente, señalamos que el proceso de subasta para los servicios profesionales de contratos de seguros podría ser contraproducente al interés público. Ello ya que, bajo una subasta, entre otras cosas, no se permite un proceso ágil de negociación de primas que debe atemperarse a los presupuestos de las entidades gubernamentales. La contratación de los corredores de seguros se efectuó con el propósito de utilizar sus recursos, contactos con la industria, sus conocimientos, sus acreditaciones y la fiscalización de ellos por parte de la OCS», sostuvo Chavez al leer directamente de su ponencia escrita.

Incluso el funcionario indicó que exigir la subasta pública para las pólizas del gobierno requeriría que el DH tuviera que «notificar alrededor de 1,000 subastas anuales para las 125 dependencias con requisitos de seguros especializados y complejos; considerando que usualmente éstas tienen entre 5 y 15 pólizas distintas».

Posible aumento en los seguros

«En muchas ocasiones, esas subastas quedarían desiertas para ciertas agencias gubernamentales por la complejidad y seguro de riesgo de éstas», expresó Chavez, quien añadió que la división de seguros públicos no podría manejar adecuadamente estos requerimientos porque sólo cuenta con cuatro técnicos.

Otro ángulo que tocó el funcionario en su ponencia es la posibilidad de que el cargo de 5% que propone la medida podría aumentar el costo de los seguros.

Chavez recordó que los contratos de seguros también están cobijados por una aportación de 1.5% establecida por la ley 48 de 2013, conocida como «Ley para Establecer una Aportación Especial por Servicios Profesionales y Consultivos».

Aunque Chavez indicó que el DH favorece la aprobación del PC 341, advirtió que el presupuesto de las agencias podría necesitar la aprobación de incrementos si la prima de los seguros aumenta como resultado del cargo de 5%.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa ha estimado que el cargo de 5% generaría $7.4 millones, de los cuales $4.2 millones se obtendrían a través de los municipios y $3.2 millones por medio del gobierno estatal.

Por Miguel Díaz Román

El licenciado Alfredo Ocasio Pérez, designado por la gobernadora Jenniffer González Colón para ocupar el cargo de Comisionado de Seguros, sostuvo que el  Comisionado de Seguros en funciones, el licenciado Alexander Adams Vega, no será parte del grupo de empleados de confianza que él espera seleccionar tan pronto asuma la posición oficialmente.

Ocasio Pérez, quien demostró estar en conocimiento de que Adams Vega se ha visto involucrado en diversas controversias que han generado una determinada oposición en su contra,  respondió con un categórico «no» cuando  SN le preguntó si el funcionario integraría su grupo de empleados de confianza. 

– «Me han dicho que él (Adams Vega) tiene un puesto de carrera. No estoy seguro. Habría que ver si él tiene un puesto de carrera, pues obviamente tendrá que regresar a su puesto de carrera. Pero el personal mío de confianza lo voy a escoger yo», explicó el licenciado Ocasio Pérez.  

– «¿Usted entiende que Alexander Adams no estará en ese grupo?», cuestionó SN.

– «No», respondió Ocasio Pérez.

El designado a ocupar el cargo de Comisionado de Seguros indicó que no tenía una opinión sobre Adams Vega y su desempeño en la agencia reguladora de la industria de seguros.

-«No he hecho un juicio sobre él (Adams Vega). Creo que mi posición no es hacer juicios sobre él. Es simplemente ver las situaciones que hay en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y atenderlas inmediatamente y resolverlas», dijo. 

No obstante, Ocasio Pérez señaló que estaba en conocimiento de Adams Vega se había visto involucrado en controversias que lo han distanciado de determinados sectores de la industria de seguros.

Problemas de comunicación

«La comunicación que me ha llegado es que hay problemas de comunicación entre ellos (con determinados sectores de la industria de seguros). No sé a qué se le pueda atribuir. Por lo menos en mi caso, soy una persona abierta, que me gusta escuchar a todo el mundo. Escuchar ideas y entre todos siempre, llegar a un acuerdo de qué es lo mejor. Tanto para las aseguradoras como para el consumidor», agregó Ocasio Pérez. 

Adams Vega no cuenta con el respaldo de la Asociación de Compañías de Seguros, una entidad que ha criticado algunas iniciativas y proyectos de ley que el Comisionado de Seguros ha respaldado abiertamente.  

El sector de los reaseguradores internacionales que operan en Puerto Rico también se han manifestado en contra de iniciativas legislativas respaldadas por Adams Vega.

Entre estos figura el Proyecto de la Cámara 1533, que concedía a la OCS el poder adjudicar el monto de una reclamación de propiedad en controversia, y el Proyecto del Senado 1349, que otorgaba a la OCS el poder adjudicar el monto de las reclamaciones presentadas por los proveedores de salud. Ambas medidas no fueron aprobadas.

Adams Vega sí ha recibido el respaldo del sector de los proveedores de servicios de salud, como médicos, hospitales y laboratorios. 

Ocasio Pérez reconoció que no estaba al tanto de todas las controversias que han eclosionado durante la incumbencia de Adams Vega y prometió examinarlas a fondo cuando sea confirmado en el cargo por el Senado.  

Polémico reglamento

Entre estas controversias se destaca la aprobación del polémico reglamento de Normas para Regular el Proceso de Valoración (Appraisal) en Reclamaciones de Seguros, conocido como la regla 106, que entró en vigencia desde 1 de enero de 2024. 

El citado reglamento ha sido denunciado por Acodese porque  le impone a las aseguradoras un proceso forzado de tasación de daños, en el que ajustadores públicos y tasadores sin experiencia podrían participar en calidad de árbitros.

Otro asunto polémico que Ocasio Pérez dijo desconocer son las imputaciones por la alegada venta ilegal de seguros de viajes, realizadas por Acodese contra la empresa Redbridge.

Recientemente la OCS informó que se había ordenado una nueva investigación sobre los señalamientos de Acodese.

Confidencialidad a prueba

Una controversia sumamente álgida es que durante la dirección de Adams Vega la OCS ha insistido en mantener en confidencialidad el contenido de un acuerdo alcanzado con el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re).  El acuerdo está relacionado con la liquidación de la aseguradora Real Legacy. 

La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) ha solicitado al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que libere del manto de secretividad al citado acuerdo. Además, la AG le advirtió  al Tribunal que los fondos recaudados tras la liquidación de la aseguradora Real Legacy, no dan para pagar las reclamaciones de sus asegurados, lo que contradice la posición mantenida por la OCS.

Recientemente la OCS le solicitó al Tribunal mantener en confidencialidad un nuevo acuerdo alcanzado con la Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM), que fue la empresa matriz de Real Legacy. El acuerdo alcanzado entre la OCS y la CSM también está vinculado a la liquidación de Real Legacy.

Con el objetivo de dilucidar estas controversias la jueza Katarina Stipec Rubio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan,  pautó una vista argumentativa para el 29 de mayo.

Ocasio Pérez dijo que no estaba al tanto de las controversias relacionadas con Real Legacy y la insistencia de la OCS de mantener en confidencialidad los acuerdos logrados con Swiss Re y la CSM. 

Inhibición a la vista

Pero advirtió que como Comisionado de Seguros se inhibirá de atender en estos asuntos, pues ha sido abogado de la CSM en otros pleitos relacionados con el campo de los seguros.

De hecho, Ocasio Pérez dijo que desde 1988 ha estado litigando en los tribunales del país controversias relacionadas con seguros.

Indicó que una de los primeros asuntos que se propone atender luego de que sea confirmado al cargo por el Senado, es la suspensión de la acreditación de la OCS por parte de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC). 

El pasado 23 de marzo un comité de la NAIC votó a favor de suspender la acreditación de la OCS. La decisión se fundamentó con un informe confidencial de la NAIC.

«Tan pronto sea confirmado en el cargo, lo próximo que voy a hacer es reunirme con la gente de la NAIC y ver qué es lo que se requiere para que no haya problemas con la acreditación», sostuvo Ocasio Pérez.

Auditorías en cero

El designado Comisionado de Seguros dijo que tras su confirmación se reunirá con la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de Acodese, para atender los reclamos de la organización.

Otro asunto de gran importancia es que, alegadamente, la OCS ha incumplido su responsabilidad de auditar a las compañías aseguradoras para constatar su solvencia y de proteger al consumidor y garantizar la estabilidad de la industria de seguros. 

La denuncia fue realizada en una misiva emitida el pasado 21 de marzo. La carta fue enviada al Senado por empleados de la OCS. La carta fue difundida en el contexto de que, alegadamente, Adams Vega estaba realizando gestiones entre determinados senadores para permanecer en el cargo. 

En la carta los empleados revelaron que durante la gestión de Adams Vega el ambiente de trabajo en la OCS se ha visto alterado por una atmósfera de «constante maltrato, atropello, falta de ética y legalidad».

Por Miguel Díaz Román

La aseguradora Allstate Insurance Company ha establecido una alianza estratégica con la agencia general del Centro Unido de Detallistas (CUD), conocida como Seguros CUD, en lo que representa un paso decisivo para ofrecer una amplia oferta de cubiertas de seguros a las pequeñas empresas que integran la institución, según reveló el presidente del CUD, Ramón Barquín. 

La alianza estratégica con Allstate Insurance Company le permitirá a Seguros CUD viabilizar cubiertas contra eventos de catastróficos de propiedad y contingencia, fianzas, seguros para autos y seguros de vida dirigidos de manera exclusiva con primas competitivas a las pequeñas empresas que son socios de  CUD, explicó Barquín.

«Vamos de la mano con Allstate Insurance Company para el beneficio de nuestros socios. Con esta unión Seguros CUD amplía sus servicios y las cubiertas de seguros «, indicó Barquín.

Allstate Insurance es una de las más importantes aseguradoras que operan en el mercado de los Estados Unidos. La compañía cotiza en bolsa y su sede se encuentra en la ciudad de Northbrook en el estado de Illinois. 

Actualmente Allstate Insurance mantiene una operación en Puerto Rico dedicada exclusivamente a ofrecer cubiertas de vida, cáncer y pólizas contra accidentes.

El presidente del CUD indicó que la alianza con Allstate Insurance Company resultará en una ampliación de las ofertas de seguros para las pequeñas empresas a través de Seguros CUD, que ya viabiliza el principal grupo para seguros de salud en Puerto Rico con más de 15,000 vidas.

De hecho, a través de Seguros CUD los socios del CUD pueden acceder a cubiertas competitivas de salud que son ofrecidas por las aseguradoras de seguros de salud MCS, First Medical y Menonita. 

La oferta de Seguros CUD en cubiertas de propiedad y contingencia incluye a las aseguradoras Multinational, Universal, AIG, Chupp y la Cooperativa de Seguros Múltiples.

CUD llega a Florida

Barquín también reveló que el CUD se ha establecido en el estado de Florida para ofrecer sus servicios a las pequeñas empresas ubicadas en ese estado y especialmente para los empresarios puertorriqueños establecidos en Orlando y Kissimmee, que son las ciudades que han acogido una importante cantidad de los boricuas que integran la diáspora puertorriqueña que se ha trasladado a los Estados Unidos en las pasadas décadas.

Sostuvo que los empresarios puertorriqueños establecidos en Florida que se hagan socios del CUD podrán tener acceso a una amplia variedad de servicios  como adiestramientos, charlas, asesoría y el importante servicio de facilitar las relaciones de los empresarios boricuas con el gobierno del estado y con las alcaldías de las ciudades.

Seguros CUD se encuentra en los trámites finales en la Oficina del Comisionado de Seguros de Florida para acceder a las licencias correspondientes y poder garantizar a los socios del CUD en ese estado los servicios en el campo de los seguros.

 Por Miguel Díaz Román

En momentos cuando se discute que no hay fondos suficientes para pagar la reclamaciones de  la aseguradora Real Legacy, ha trascendido que la Cooperativa de Seguros  Múltiples (CSM), que fue la empresa matriz de la aseguradora en liquidación, opera en el mercado local en una posición de privilegio en relación con sus competidores como resultado de la amplia exención contributiva que le concede el gobierno.

De hecho, los presidentes de tres de las principales aseguradoras del país denunciaron que la CSM goza de una extraordinaria ventaja competitiva, la cual propicia un escenario en el que todos sus competidores en la industria de seguros pagan contribuciones mientras que la CSM se ahorra el gasto de pagar tributos al gobierno, lo que ha favorecido su notable crecimiento y le permite ofrecer primas competitivas en el mercado.

El principal oficial ejecutivo de la aseguradora Óptima Seguros, Ramón “Tony” Pérez, el presidente de Antilles Insurance Company, Jaime González Portilla, y el presidente de Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, sostuvieron que la función del gobierno es estimular la libre competencia y no favorecer a determinadas empresas con exenciones contributivas avaladas por ley.  

De hecho, una estimación independiente sobre los beneficios contributivos de la CSM que una fuente le hizo llegar a SN, reveló que el monto de dinero que la aseguradora ha dejado de pagar al gobierno en tres años, a partir de 2021 hasta 2013, asciende a $51.8 millones en distintos renglones contributivos.  

Lo que implica que la CSM ha dejado de pagar un promedio de $17 millones  anuales al gobierno en los pasados tres años. 

Los renglones exentos incluyen la contribución sobre ingresos; la llamada patente nacional, que impone un tributo de 1% sobre las primas netas (la industria de seguros es el único sector económico que aún está cobijado por la  patente nacional); la contribución de 3% que aplica a las primas generadas por las pólizas que ofrecen protección contra fuegos, la cual fue establecida varios años atrás para aumentar el salario de los bomberos; y, finalmente, las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble que cobra el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM). 

Estas exenciones contributivas están vigentes desde 1946 tras la aprobación de la ley 291 o ley General de Sociedades Cooperativas, que fue el estatuto matriz de la cooperativas y que ha sido enmendado y derogado por nuevas leyes, las cuales han conservado la vigencia de las exenciones. Actualmente el estatuto matriz de las cooperativas es la ley 239 de 2004.   

Exigen límites al gobierno

Además, hay que mencionar la ley 77 de 1957, que es la ley matriz del Código de Seguros, incluyó el capítulo 34, que está dedicado exclusivamente a las cooperativas de seguros. Dicho capítulo reafirma las exenciones contributivas que favorecen  las cooperativas de seguros.

De acuerdo con la estimación independiente, entre 2021 y 2023 la CSM dejó de pagar $40,440,000 millones en contribuciones sobre ingreso; $9,357,425 millones en la patente nacional; $1,165,799 millón en la contribución sobre las pólizas que ofrecen protección contra fuegos; y $900,000 en contribuciones sobre la propiedad al CRIM.

González Portilla, Sánchez Géigel y Pérez exigieron que el gobierno establezca límites al crecimiento asistido de las cooperativas, especialmente de aquellas que compiten en renglones de la economía más allá de su área tradicional de servicio que son las cooperativas de crédito, las cuales son instituciones financieras sin fines de lucro que ofrecen a sus socios préstamos, cuentas de ahorro y otras alternativas  financieras.

«Es una ventaja competitiva bastante grande , sabemos que la política pública del país es promover el cooperativismo, y ayudar a las cooperativas a que florezcan, pero pienso que cuando las cooperativas llegan a cierto nivel deben competir bajo los mismos términos  y condiciones de sus competidores. Tu le das comida al niño mientras no puede comer solo, pero después que aprende a comer tú lo dejas porque ya puede comer solo», sostuvo Ramón “Tony” Pérez, quien es principal oficial ejecutivo de Óptima Seguros.

«Hay una gran parte de nuestro capital que se va para el estado y ellos (la CSM) lo mantienen y eso les permite crecer más  rápido porque tienen acceso a más capital y obviamente les cuesta menos el negocio. El que paga impuestos tiene un costo que no tienen ellos, pues eso definitivamente  te coloca en una desventaja sobre el precio que puedes cobrar mientras que ellos no tienen esas presiones. Pero pienso que el gobierno no debería financiar a través de exenciones contributivas luego de que se llegue a cierto nivel de crecimiento», dijo Pérez.

De hecho, Pérez reveló que la CSM es el segundo asegurador que tiene más  capital en Puerto Rico. Según el último estado financiero de la aseguradora radicado ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) en 2023, la CSM contaba con un capital y sobrante ascendente a $304.6 millones.

«Yo no creo que la CSM necesite apoyo del gobierno para progresar y eso, definitivamente,  le da una ventaja competitiva super grande.No pagan contribuciones mientras los demás pagamos una tasa contributiva (sobre ingresos) por encima del 30 %. De cada dólar el gobierno se queda con 40 centavos. No pagan la patente nacional y la contribución para los bomberos ( impuesto a las pólizas de fuego para garantizar un alza salarial a los bomberos).Yo pienso que las  cooperativas, después  que llegan a cierto nivel, deben de contribuir para tener mejores carreteras, mejor seguridad, mejores servicios de salud. Las cooperativas deben de contribuir como lo hacemos todos los demás  y eso se debe seguir no tan solo en el sector de las aseguradoras sino en todos los sectores», agregó el principal ejecutivo de Óptima Seguros.

Por su parte, Alexis Sánchez Géigel, presidente de la aseguradora Mapfre, destacó la injusticia que representa la existencia de un competidor en el mercado que es favorecido por exenciones contributivas aprobadas por el gobierno. 

Beneficios solo para socios

«Se debe fomentar la libre y justa competencia en el mercado sin favorecer a ningún competidor específico. No es justo para la inversión del capital privado que un competidor tenga una ventaja creada por ley y que la misma sea material, en lugar de por el propio esfuerzo, ingenio y creatividad de la empresa. Para destacar en el mercado, una compañía debe hacerlo por su eficiencia en la utilización de su capital y el servicio que provee, no por un beneficio contributivo», indicó el ejecutivo.

Sánchez Géigel también mencionó lo contraproducente que representa el beneficio contributivo que le concede el gobierno a la CSM, en momentos cuando se señala la falta de recursos económicos en la OCS. «Esto podría magnificar aún más si todos los aseguradores domésticos fueran tratados de la misma manera en su responsabilidad fiscal», advirtió el ejecutivo.

Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company, coincidió con Pérez en señalar que la ventaja competitiva que garantizan las exenciones del gobierno le permite a la CSM eliminar el pago de contribuciones como un renglón de gasto, lo que se traduce en un aumento de sus ganancias a través de la venta de las pólizas de seguro.

«Las aseguradoras de propiedad y contingencia y la CSM aportan miles de empleos y en el caso de las aseguradoras locales (incluyendo la CSM) prácticamente todo el capital que generan se queda en la economía local. Sin embargo, la competencia no es a nivel de un «level playing field» (campo de juego nivelado). Eso se debe a que la CSM no paga contribuciones al fisco (que puede alcanzar hasta un 36%), no paga la patente nacional (1% de las primas netas) y no paga las contribuciones asociadas relacionadas al «tax» de bomberos (3% de las primas asociadas a dicha líneas de seguros).  A diferencia de la CSM, las aseguradoras tienen que incluir dichos componentes como factor de gastos para el cómputo de las tarifas o primas que cobran a sus asegurados mientras que la CSM al no tener que incluir dichos gastos en el cómputo de sus tarifas o primas amplía su margen de ganancia», señaló González Portilla.  

El ejecutivo planteó que la CSM debería limitar la venta de seguros al universo de sus socios, pero si la aseguradora desea participar del mercado abierto deben pagar su parte contributiva como lo hacen sus demás competidores. 

Incluso, el ejecutivo recordó que la CSM fue la empresa matriz de Real Legacy, la aseguradora que actualmente se encuentra inmersa en un proceso de liquidación ordenado por la OCS en 2019.

«La CSM debe limitarse a solo asegurar a sus propios miembros. De lo contrario y si quieren competir con las demás aseguradoras locales deben pagar «su fair share» (parte justa). Muchos no conocen que la CSM era la empresa matriz de la aseguradora que dejó a miles de asegurados sin poder cobrar sus seguros luego del paso del Huracán María. La quiebra le costó aproximadamente $200 millones a sus reclamantes», manifestó González Portilla.

En perspectiva nueva derrama

Ha trascendido que no hay fondos suficientes para pagar las reclamaciones de la aseguradora en liquidación Real Legacy, según una moción radicada el pasado 21 de marzo por la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan,  que es el tribunal supervisor en el proceso de liquidación.

La AG es el organismo destinado a pagar las reclamaciones de las aseguradoras sometidas a liquidación por la OCS. Independientemente de que la cantidad de dinero se haya estimado como una pérdida legítima experimentada por un asegurado, la AG está autorizada a pagar hasta $300,000 por cada reclamación.

La precaria situación financiera del caudal de la liquidación de Real Legacy representa un duro golpe para los miles de asegurados de la desaparecida aseguradora quienes,  nueve años después del paso del huracán María, esperan poder cobrar, al menos,  una parte de las pérdidas causadas por el fenómeno meteorológico.

La falta de fondos para pagar las reclamaciones de Real Legacy, según ha argumentado la AG, surgió de dos estados financieros no auditados que corresponden a dos periodos,  el primero finaliza el 31 de diciembre de 2023 y el segundo el 31 de diciembre de 2024. Los estados financieros fueron presentados en el Tribunal de Primera Instancia por la OCS en una moción radicada el pasado 4 de marzo de 2025.

Los estragos de una insolvencia

Miembros de la industria de seguros han planteado que, a pesar de la inusual ventaja competitiva que favorece a la CSM, la aseguradora fue incapaz de rescatar a Real Legacy de la insolvencia. La CSM era propietaria del 100% de las acciones de Real Legacy. 

La insolvencia de Real Legacy ha causado daños irreparables a cientos de asegurados y a numerosos negocios del país debido a que no han podido recuperar las pérdidas causadas por el huracán María. En algunos casos, la insolvencia y la posterior liquidación de Real Legacy ha  significado el cierre de negocios. 

Otro efecto adverso de la insolvencia y liquidación de Real Legacy es que la falta de fondos para pagar las reclamaciones de los asegurados ha provocado que la OCS haya ordenado una derrama a las aseguradoras activas en el mercado.

Por disposición del Código de Seguros, las derramas las pagan las aseguradoras activas de sus propios fondos y luego la OCS las autoriza a recuperar ese dinero a través de las primas de los seguros que venden a los consumidores.

Hasta el pasado 31 de marzo de 2024 la OCS había decretado dos derramas por valor de $26 millones relacionadas con la liquidación de las aseguradoras Integrand Assurance Company y Real Legacy. 

Los $26 millones se desglosan en $11 millones para el pago de las reclamaciones de Real Legacy y $15 millones para Integrand.

Afectados los asegurados

Miembros de la industria de seguros han señalado que las derramas ordenadas por la OCS  han causado pérdidas a las aseguradoras, porque el desembolso de sus fondos para pagar las reclamaciones les impide generar el esperado rendimiento financiero que obtendrían si ese dinero permaneciera depositado en sus cuentas bancarias o invertidos en determinados vehículos financieros. 

En realidad, plantean los miembros de la industria de seguros, las derramas se recuperan a través de un cargo a las primas de seguro, lo que implica que los asegurados son los más perjudicados por la insolvencia de una aseguradora sometida a liquidación.

Los miembros de la industria de seguros también han señalado que la OCS ha fallado en su obligación de establecer responsabilidades en la insolvencia de Real Legacy.

La AG ha planteado en el Tribunal de Primera Instancia que la insuficiencia de fondos para pagar  las reclamaciones de Real Legacy coloca en perspectiva la posibilidad de que sea necesario decretar una nueva derrama. 

En el pleito judicial la AG ha reclamado que el tribunal elimine el manto de secretividad que cobija un acuerdo financiero entre la OCS y  el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation, relacionado con la liquidación de Real Legacy. Además, la OCS le solicitó al Tribunal de Primera Instancia mantener en confidencialidad un nuevo acuerdo alcanzado con la CSM.

Este asunto será dilucidado en una vista argumentativa pautada para el próximo 29 de mayo de 2025.

Por Miguel Díaz Román

La gobernadora Jenniffer González Colón se apresta a nombrar al licenciado Alfredo Ocasio, quien  fue el presidente del Comité de Campaña Puerto Rico Trump-Vance 2024, al cargo de Comisionado de Seguros.

De acuerdo con fuentes cercanas a la administración de González Colón, el nombramiento del licenciado Ocasio estaría en camino del Senado durante el día de hoy.

La fuente indicó que aunque el licenciado Ocasio no ha ocupado posiciones en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), sí ha representado a determinados clientes en controversias relacionadas con el campo de los seguros tanto ante la OCS como en los tribunales.

Confiada la Fortaleza

La fuente indicó que la Fortaleza confía en su experiencia como abogado litigante en los tribunales federales y estatales y como funcionario en el servicio público.

La fuente agregó que también existe satisfacción en su desempeño como presidente del Comité de Campaña Puerto Rico Trump-Vance 2024.

En el servicio público el licenciado Ocasio ocupó la posición de subadministrador de la administración de Vivienda Pública entre septiembre de 1998 y diciembre de 2000, durante la incumbencia del ex gobernador Pedro Rosselló. 

Como subadministrador de la administración de Vivienda Pública Ocasio fue el encargado de supervisar los 300 empleados de la agencia y 15 agentes de administración, quienes tenían a cargo más de 330 proyectos de vivienda pública en la isla.

Además, el licenciado Ocasio era responsable de un presupuesto anual de más de $350 millones y fue encargado de establecer la política pública de la agencia y de supervisar su cumplimiento con las regulaciones de la agencia federal Housing Urban Development.

Ocasio también estuvo a cargo de la división legal de la Administración de Vivienda Pública y fue asesor legal del administrador de la agencia.

Recientemente el licenciado Ocasio sorprendió al país cuando reveló que la administración del presidente Donald Trump estaría realizando un pronunciamiento sobre el estatus político de Puerto Rico en el verano de 2025.

Termina incertidumbre

Con el nombramiento del licenciado Ocasio terminarían casi cuatro meses de incertidumbre sobre quién ocuparía la posición de Comisionado de Seguros, lo que desató una oleada de especulaciones sobre que el actual Comisionado, el licenciado Alexander Adams Vega, continuaría en la posición.

Adams Vega ha recibido el respaldo del sector de los proveedores de servicios de salud, como médicos, hospitales y laboratorios. Pero el funcionario no cuenta con el respaldo de la Asociación de Compañías de Seguros, una entidad que ha criticado determinadas iniciativas y proyectos de ley que el Comisionado de Seguros ha patrocinado abiertamente. 

El sector de los reaseguradores internacionales que operan en Puerto Rico también se han manifestado en contra de iniciativas respaldadas por Adams Vega.

El nombramiento del licenciado Ocasio acontece en momentos cuando un comité de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) suspendió la acreditación de la OCS en una votación realizada el pasado 23 de marzo.

Ahogada en controversias la OCS

Con esta suspensión sería la segunda ocasión en que la OCS pierde su acreditación en cinco años. La primera suspensión de la acreditación por parte de la NAIC ocurrió en julio de 2020. La suspensión se fundamentó en un informe confidencial elaborado por la división legal de la NAIC.

El secretario de la gobernación, Francisco Domenech, fue informado de la suspensión a través de una comunicación enviada el 25 de marzo por Adams Vega.

La misiva de Adams Vega destaca que la decisión de la NAIC sobre la suspensión de la acreditación fue notificada de manera verbal y que la OCS  estaba esperando una notificación oficial para iniciar el proceso de apelación formal.

El pasado 21 de marzo fue difundida una misiva emitida por empleados de la OCS en la que se denuncia una serie de irregularidades ocurridas durante la gestión de Adams Vega.

Los empleados de la OCS sostienen que el ambiente de trabajo se ha visto alterado por una atmósfera de «constante maltrato, el atropello, falta de ética y legalidad», lo que ha impedido que esa agencia reguladora pueda cumplir su responsabilidad de «auditar a las compañías aseguradoras para constatar su solvencia» y de «proteger al consumidor y garantizar la estabilidad de la industria de seguros». 

Tras la difusión de la carta el representante Jorge Navarro Suárez, quien preside la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes, anunció que iniciará una investigación inmediata sobre las alegaciones realizadas por empleados de la OCS.