Por Miguel Díaz Román
En momentos cuando se discute que no hay fondos suficientes para pagar la reclamaciones de la aseguradora Real Legacy, ha trascendido que la Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM), que fue la empresa matriz de la aseguradora en liquidación, opera en el mercado local en una posición de privilegio en relación con sus competidores como resultado de la amplia exención contributiva que le concede el gobierno.
De hecho, los presidentes de tres de las principales aseguradoras del país denunciaron que la CSM goza de una extraordinaria ventaja competitiva, la cual propicia un escenario en el que todos sus competidores en la industria de seguros pagan contribuciones mientras que la CSM se ahorra el gasto de pagar tributos al gobierno, lo que ha favorecido su notable crecimiento y le permite ofrecer primas competitivas en el mercado.
El principal oficial ejecutivo de la aseguradora Óptima Seguros, Ramón “Tony” Pérez, el presidente de Antilles Insurance Company, Jaime González Portilla, y el presidente de Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, sostuvieron que la función del gobierno es estimular la libre competencia y no favorecer a determinadas empresas con exenciones contributivas avaladas por ley.
De hecho, una estimación independiente sobre los beneficios contributivos de la CSM que una fuente le hizo llegar a SN, reveló que el monto de dinero que la aseguradora ha dejado de pagar al gobierno en tres años, a partir de 2021 hasta 2013, asciende a $51.8 millones en distintos renglones contributivos.
Lo que implica que la CSM ha dejado de pagar un promedio de $17 millones anuales al gobierno en los pasados tres años.
Los renglones exentos incluyen la contribución sobre ingresos; la llamada patente nacional, que impone un tributo de 1% sobre las primas netas (la industria de seguros es el único sector económico que aún está cobijado por la patente nacional); la contribución de 3% que aplica a las primas generadas por las pólizas que ofrecen protección contra fuegos, la cual fue establecida varios años atrás para aumentar el salario de los bomberos; y, finalmente, las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble que cobra el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).
Estas exenciones contributivas están vigentes desde 1946 tras la aprobación de la ley 291 o ley General de Sociedades Cooperativas, que fue el estatuto matriz de la cooperativas y que ha sido enmendado y derogado por nuevas leyes, las cuales han conservado la vigencia de las exenciones. Actualmente el estatuto matriz de las cooperativas es la ley 239 de 2004.
Exigen límites al gobierno
Además, hay que mencionar la ley 77 de 1957, que es la ley matriz del Código de Seguros, incluyó el capítulo 34, que está dedicado exclusivamente a las cooperativas de seguros. Dicho capítulo reafirma las exenciones contributivas que favorecen las cooperativas de seguros.
De acuerdo con la estimación independiente, entre 2021 y 2023 la CSM dejó de pagar $40,440,000 millones en contribuciones sobre ingreso; $9,357,425 millones en la patente nacional; $1,165,799 millón en la contribución sobre las pólizas que ofrecen protección contra fuegos; y $900,000 en contribuciones sobre la propiedad al CRIM.
González Portilla, Sánchez Géigel y Pérez exigieron que el gobierno establezca límites al crecimiento asistido de las cooperativas, especialmente de aquellas que compiten en renglones de la economía más allá de su área tradicional de servicio que son las cooperativas de crédito, las cuales son instituciones financieras sin fines de lucro que ofrecen a sus socios préstamos, cuentas de ahorro y otras alternativas financieras.
«Es una ventaja competitiva bastante grande , sabemos que la política pública del país es promover el cooperativismo, y ayudar a las cooperativas a que florezcan, pero pienso que cuando las cooperativas llegan a cierto nivel deben competir bajo los mismos términos y condiciones de sus competidores. Tu le das comida al niño mientras no puede comer solo, pero después que aprende a comer tú lo dejas porque ya puede comer solo», sostuvo Ramón “Tony” Pérez, quien es principal oficial ejecutivo de Óptima Seguros.
«Hay una gran parte de nuestro capital que se va para el estado y ellos (la CSM) lo mantienen y eso les permite crecer más rápido porque tienen acceso a más capital y obviamente les cuesta menos el negocio. El que paga impuestos tiene un costo que no tienen ellos, pues eso definitivamente te coloca en una desventaja sobre el precio que puedes cobrar mientras que ellos no tienen esas presiones. Pero pienso que el gobierno no debería financiar a través de exenciones contributivas luego de que se llegue a cierto nivel de crecimiento», dijo Pérez.
De hecho, Pérez reveló que la CSM es el segundo asegurador que tiene más capital en Puerto Rico. Según el último estado financiero de la aseguradora radicado ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) en 2023, la CSM contaba con un capital y sobrante ascendente a $304.6 millones.
«Yo no creo que la CSM necesite apoyo del gobierno para progresar y eso, definitivamente, le da una ventaja competitiva super grande.No pagan contribuciones mientras los demás pagamos una tasa contributiva (sobre ingresos) por encima del 30 %. De cada dólar el gobierno se queda con 40 centavos. No pagan la patente nacional y la contribución para los bomberos ( impuesto a las pólizas de fuego para garantizar un alza salarial a los bomberos).Yo pienso que las cooperativas, después que llegan a cierto nivel, deben de contribuir para tener mejores carreteras, mejor seguridad, mejores servicios de salud. Las cooperativas deben de contribuir como lo hacemos todos los demás y eso se debe seguir no tan solo en el sector de las aseguradoras sino en todos los sectores», agregó el principal ejecutivo de Óptima Seguros.
Por su parte, Alexis Sánchez Géigel, presidente de la aseguradora Mapfre, destacó la injusticia que representa la existencia de un competidor en el mercado que es favorecido por exenciones contributivas aprobadas por el gobierno.
Beneficios solo para socios
«Se debe fomentar la libre y justa competencia en el mercado sin favorecer a ningún competidor específico. No es justo para la inversión del capital privado que un competidor tenga una ventaja creada por ley y que la misma sea material, en lugar de por el propio esfuerzo, ingenio y creatividad de la empresa. Para destacar en el mercado, una compañía debe hacerlo por su eficiencia en la utilización de su capital y el servicio que provee, no por un beneficio contributivo», indicó el ejecutivo.
Sánchez Géigel también mencionó lo contraproducente que representa el beneficio contributivo que le concede el gobierno a la CSM, en momentos cuando se señala la falta de recursos económicos en la OCS. «Esto podría magnificar aún más si todos los aseguradores domésticos fueran tratados de la misma manera en su responsabilidad fiscal», advirtió el ejecutivo.
Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company, coincidió con Pérez en señalar que la ventaja competitiva que garantizan las exenciones del gobierno le permite a la CSM eliminar el pago de contribuciones como un renglón de gasto, lo que se traduce en un aumento de sus ganancias a través de la venta de las pólizas de seguro.
«Las aseguradoras de propiedad y contingencia y la CSM aportan miles de empleos y en el caso de las aseguradoras locales (incluyendo la CSM) prácticamente todo el capital que generan se queda en la economía local. Sin embargo, la competencia no es a nivel de un «level playing field» (campo de juego nivelado). Eso se debe a que la CSM no paga contribuciones al fisco (que puede alcanzar hasta un 36%), no paga la patente nacional (1% de las primas netas) y no paga las contribuciones asociadas relacionadas al «tax» de bomberos (3% de las primas asociadas a dicha líneas de seguros). A diferencia de la CSM, las aseguradoras tienen que incluir dichos componentes como factor de gastos para el cómputo de las tarifas o primas que cobran a sus asegurados mientras que la CSM al no tener que incluir dichos gastos en el cómputo de sus tarifas o primas amplía su margen de ganancia», señaló González Portilla.
El ejecutivo planteó que la CSM debería limitar la venta de seguros al universo de sus socios, pero si la aseguradora desea participar del mercado abierto deben pagar su parte contributiva como lo hacen sus demás competidores.
Incluso, el ejecutivo recordó que la CSM fue la empresa matriz de Real Legacy, la aseguradora que actualmente se encuentra inmersa en un proceso de liquidación ordenado por la OCS en 2019.
«La CSM debe limitarse a solo asegurar a sus propios miembros. De lo contrario y si quieren competir con las demás aseguradoras locales deben pagar «su fair share» (parte justa). Muchos no conocen que la CSM era la empresa matriz de la aseguradora que dejó a miles de asegurados sin poder cobrar sus seguros luego del paso del Huracán María. La quiebra le costó aproximadamente $200 millones a sus reclamantes», manifestó González Portilla.
En perspectiva nueva derrama
Ha trascendido que no hay fondos suficientes para pagar las reclamaciones de la aseguradora en liquidación Real Legacy, según una moción radicada el pasado 21 de marzo por la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que es el tribunal supervisor en el proceso de liquidación.
La AG es el organismo destinado a pagar las reclamaciones de las aseguradoras sometidas a liquidación por la OCS. Independientemente de que la cantidad de dinero se haya estimado como una pérdida legítima experimentada por un asegurado, la AG está autorizada a pagar hasta $300,000 por cada reclamación.
La precaria situación financiera del caudal de la liquidación de Real Legacy representa un duro golpe para los miles de asegurados de la desaparecida aseguradora quienes, nueve años después del paso del huracán María, esperan poder cobrar, al menos, una parte de las pérdidas causadas por el fenómeno meteorológico.
La falta de fondos para pagar las reclamaciones de Real Legacy, según ha argumentado la AG, surgió de dos estados financieros no auditados que corresponden a dos periodos, el primero finaliza el 31 de diciembre de 2023 y el segundo el 31 de diciembre de 2024. Los estados financieros fueron presentados en el Tribunal de Primera Instancia por la OCS en una moción radicada el pasado 4 de marzo de 2025.
Los estragos de una insolvencia
Miembros de la industria de seguros han planteado que, a pesar de la inusual ventaja competitiva que favorece a la CSM, la aseguradora fue incapaz de rescatar a Real Legacy de la insolvencia. La CSM era propietaria del 100% de las acciones de Real Legacy.
La insolvencia de Real Legacy ha causado daños irreparables a cientos de asegurados y a numerosos negocios del país debido a que no han podido recuperar las pérdidas causadas por el huracán María. En algunos casos, la insolvencia y la posterior liquidación de Real Legacy ha significado el cierre de negocios.
Otro efecto adverso de la insolvencia y liquidación de Real Legacy es que la falta de fondos para pagar las reclamaciones de los asegurados ha provocado que la OCS haya ordenado una derrama a las aseguradoras activas en el mercado.
Por disposición del Código de Seguros, las derramas las pagan las aseguradoras activas de sus propios fondos y luego la OCS las autoriza a recuperar ese dinero a través de las primas de los seguros que venden a los consumidores.
Hasta el pasado 31 de marzo de 2024 la OCS había decretado dos derramas por valor de $26 millones relacionadas con la liquidación de las aseguradoras Integrand Assurance Company y Real Legacy.
Los $26 millones se desglosan en $11 millones para el pago de las reclamaciones de Real Legacy y $15 millones para Integrand.
Afectados los asegurados
Miembros de la industria de seguros han señalado que las derramas ordenadas por la OCS han causado pérdidas a las aseguradoras, porque el desembolso de sus fondos para pagar las reclamaciones les impide generar el esperado rendimiento financiero que obtendrían si ese dinero permaneciera depositado en sus cuentas bancarias o invertidos en determinados vehículos financieros.
En realidad, plantean los miembros de la industria de seguros, las derramas se recuperan a través de un cargo a las primas de seguro, lo que implica que los asegurados son los más perjudicados por la insolvencia de una aseguradora sometida a liquidación.
Los miembros de la industria de seguros también han señalado que la OCS ha fallado en su obligación de establecer responsabilidades en la insolvencia de Real Legacy.
La AG ha planteado en el Tribunal de Primera Instancia que la insuficiencia de fondos para pagar las reclamaciones de Real Legacy coloca en perspectiva la posibilidad de que sea necesario decretar una nueva derrama.
En el pleito judicial la AG ha reclamado que el tribunal elimine el manto de secretividad que cobija un acuerdo financiero entre la OCS y el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation, relacionado con la liquidación de Real Legacy. Además, la OCS le solicitó al Tribunal de Primera Instancia mantener en confidencialidad un nuevo acuerdo alcanzado con la CSM.
Este asunto será dilucidado en una vista argumentativa pautada para el próximo 29 de mayo de 2025.
