Por Miguel Díaz Román

Unas 20 mujeres profesionales han sido objeto de la violencia machista en el Departamento de Agricultura, a través de un patrón alarmante de abusos ejercido por los directivos de la agencia que incluye decisiones arbitrarias, atropellos, hostigamiento sexual, humillaciones y lenguaje soez.

En algunos casos se señala al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien es descrito por algunas de las perjudicadas como una persona que suele usar lenguaje soez y expresiones ofensivas en su desempeño cotidiano en la agencia.

Los señalamientos contra González Beiró y sus subalternos se retrotraen al inicio de su gestión en el DA a partir de 2021, cuando la agencia se estremeció por una serie de cambios en el ámbito administrativo y en varias de sus dependencias, que incluyó la remoción de las mujeres de sus puestos sin razón alguna, según alegan las perjudicadas.

De hecho, la mayoría de estas mujeres solicitaron mantenerse en el anonimato porque aún trabajan en el DA y anticipan una nueva oleada de represalias de parte de González Beiró y la cúpula administrativa que lo rodea, si ellas aparecen citadas en un reportaje periodístico.

Como se verá en otra historia que integra esta serie, algunas de los atropellos han eclosionado en querellas que revelan en detalle los atropellos, pero la gran mayoría de las decisiones arbitrarias, el hostigamiento laboral y las humillaciones permanecen impunes debido a que las perjudicadas han optado por mantener silencio para no afectar su trabajo o para evitar nuevas represalias.

Extenso el listado de perjudicadas

Las funcionarias afectadas son: Sonji Ortriz, quien ocupó la posición de directora de Bienes Raíces de la AT; Lynnete Díaz Meléndez, quien era la subdirectora de la AT y secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno de esa dependencia; Jezenia Cruz, quien era la directora de Recursos Humanos de la AT y la licenciada Dorally Rivera, quien fue la directora ejecutiva de la AT.

También figura Mónica Reyes, quien tenía a cargo los Mercados Familiares en la ADEA; Mayra Martínez, quien era la directora de la división de Servicios Generales en la ADEA; Mercedes Seín, quien tenía a cargo la promoción del Fondo Integral para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y la marca Del País; Edna Valle, quien era directora de Servicios Generales y del programa de Inversiones de la ADEA; Idelisa Acevedo, quien fue la directora de la división de Mercados Institucionales de la ADEA.

Otras de las afectadas son Anaishka Legrand, quien tuvo a cargo el Centro de Cómputos y la Oficina de Sistemas del DA; Ivelisse Santaliz, quien fue supervisora de Tesorería de la ADEA; Jeanette Zea, quien tuvo a cargo el programa de Fincas Familiares de la AT; Sixta Rivera Collazo, quien es analista de Recursos Humanos en el DA; Astrid Rivera, supervisora de la división de Tesorería de la AT; Maricarmen Martínez, directora de la región agrícola de Arecibo y Ana Esther Maldonado, quien dirigió la región agrícola de Naranjito .

La agrónoma de la AT, Jessica Ruiz Olavarría, quien se desempeña como coordinadora de área y  Glorimar Ocasio Rivera, quien es supervisora de la división de Tesorería de la AT.

Yesimar Rivera Reyes, técnica programa infraestructura rural de la AT, y quien es la esposa del administrador de la ADEA, Juan Rodríguez Reyes, y quien tuvo problemas con el subsecretario, Jorge Campos, y con el director ejecutivo de la AT, Irving Rodríguez, y fue trasladada de manera arbitraria a la oficina de Arecibo.

Además, en esta lista debe figurar la agrónoma Noelia Torres González, quien en el 2019 demandó por discrimen por edad, laboral y político en el Tribunal de Primera Instancia de Quebradillas al entonces director de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera, Jorge Campos, quien actualmente es el subsecretario del DA. 

Atropellos como denuncia unánime

Otra mujer que debe integrar la lista es la agricultora Jenoveva Lozada, quien fue la presidente de la entidad Mujeres Agroempresarias de Puerto Rico, una agrupación de mujeres agricultoras que han sido ignoradas por González Beiró y sus subalternos.

Este periodista ha sostenido innumerables entrevistas con la mayoría de las mujeres afectadas, quienes poseen diplomas universitarios en agronomía, contabilidad, finanzas y leyes, y la denuncia unánime es el modo atropellado e irrespetuoso y en algunos casos humillante e injusto, que se empleó para removerlas de sus posiciones.

Algunas de ellas sufrieron la reasignación de responsabilidades que en realidad resultó en una degradación de su posición administrativa, a pesar de que hasta ese momento su desempeño era sobresaliente y nunca habían recibido señalamientos adversos.

Algunas de ellas fueron privadas de recursos y materiales para hacer su trabajo y se les negó el uso de vehículos aún cuando el acceso a un automóvil era necesario para desempeñar sus tareas diarias. Incluso, mientras algunas de estas mujeres no tenían acceso a un vehículo, los directivos gozaban de la asignación de vehículos nuevos.

Quejas sin oídos

Algunas de estas mujeres profesionales se han quejado sin obtener resultados en la Fortaleza y en la Procuraduría de la Mujer por el proceder abusivo, destemplado, arrogante y distante de las más elementales normas de urbanidad de González Beiró y sus subalternos.

Algunas de ellas han denunciado lo que han llamado la violencia machista de parte del secretario y sus subalternos, la cual se revela en expresiones discriminatorias contra la mujer y en ocasiones cargadas de contenido sexual.

Según el testimonio de varias de las perjudicadas, las funcionarias de la Procuraduría de la Mujer consideraron que las denuncias presentaban las características de una disputa laboral y no cumplían con el perfil de un caso de violencia contra la mujer.

Las fuentes explicaron que algunas de las perjudicadas denunciaron en la Fortaleza la violencia machista que González Beiró y sus subalternos descargaron sobre ellas a través de palabras soeces, expresiones discriminatorias contra la mujer, traslados injustificados y cambios en sus funciones administrativas, las cuales no eran compatibles con su experiencia y preparación académica y que carecían de justificación.

Represalias como motivo

Incluso, algunas de estas profesionales denunciaron que las decisiones unilaterales de González Beiró y sus subalternos obedecían en realidad a acciones de represalia contra las funcionarias porque se habían negado a tomar decisiones en contra de las leyes y la reglamentación vigente.

Quizás el mejor ejemplo es la insistencia del secretario a la aprobación de Certificados de Agricultor Bonafide (CAB) a personas que no cumplen con los requisitos vigentes, según indicaron algunas fuentes a este periodista.

Entre los subalternos señalados por las mujeres victimizadas por los atropellos figuran el secretario auxiliar de Recursos Humanos en el DA, Noel Toro Zambrana; el administrador de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), Juan Rodríguez Reyes; el director ejecutivo de la Autoridad de Tierras (AT), Irving Rodríguez Torres; la ayudante ejecutiva del secretario, Noelia López Santiago; y el subsecretario de Agricultura, Jorge Campos.

Los cambios introducidos por el secretario al DA y sus subalternos han ocurrido de manera paulatina desde el 2021 hasta el 2023 y han trastocado las operaciones de ADEA, de la AT y de las oficinas agrícolas regionales.

Afectados los programas agrícolas

La mayoría de los programas agrícolas del DA y sus dependencias fueron afectados por la remoción de las funcionarias, quienes poseen una amplia experiencia en los procesos burocráticos, en el manejo de los detalles administrativos y en la logística de los recursos públicos.

Un ejemplo dramático de esta realidad es que, tras la remoción de las funcionarias, el DA enfrentó graves dificultades para cumplir con los requisitos que propician la venta de productos agrícolas en los Comedores Escolares.

De hecho, Comedores Escolares no adquirió productos agrícolas del país a través del DA durante los años 2021 y 2022. Después de numerosos tropiezos, en 2023 el DA comenzó a vender algunos productos del país al Departamento de Educación. 

Otro ejemplo revelador es la reducción dramática en la celebración de los Mercados Familiares en diversos puntos del país, lo que ha limitado las plazas de venta para que los agricultores locales ofrezcan a la venta productos del país.

Además, el programa ha enfrentado denuncias públicas relacionadas con los precios abusivos que se le cobra a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional, lo cual revela la falta de inspectores o la pobre calidad de esas inspecciones. De hecho, las fuentes sostienen que, por alguna razón aún no precisada, en los Mercados Familiares se ha registrado la presencia de personas que no son agricultores, quienes, alegadamente, pueden obtener un beneficio diario de hasta $75,000.

Mañana: Fortaleza avala la violencia machista en el DA

Por Miguel Díaz Román

La Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) emitió una orden administrativa que aumenta la fecha de expiración de la leche fresca producida por la planta procesadora Tres Monjitas en hasta 16 días, mientras que la misma orden deja la fecha de expiración para la leche fresca producida por Suiza Dairy en 12 días, lo que ha sido considerado como una medida discriminatoria.

La ORIL emitió otra orden que le asigna a la planta Indulac un suplido de leche excedente permanente por un año, una determinación que la planta Suiza Dairy impugnó con éxito en los tribunales el pasado mes de febrero y que la agencia reguladora ha puesto en vigor nuevamente luego de enmendar el reglamento en julio.

En otra determinación, la ORIL también eliminó el precio especial en el que se podía adquirir leche cruda excedente para sustituir el uso de leche en polvo en la elaboración de determinados productos, una decisión que carece de una justificación y no menciona el interés público que pretende proteger y que podría perjudicar algunos negocios de la empresa Suiza Dairy, que procesa más del 55 % de la leche cruda que producen las cerca de 200 vaquerías que existen en Puerto Rico.

Estas tres órdenes administrativas integran un grupo de cinco determinaciones que emitió la ORIL el martes 22 de agosto y que llevan la firma del administrador interino de esa entidad reguladora, una posición que actualmente la ocupa el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

La base legal que fundamentó las cinco órdenes administrativas fueron las enmiendas a los reglamentos 10 y 5 de la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, las cuales fueron aprobadas el 18 julio de este año.

Anticipan reviva el caso federal contra la ORIL

De hecho, una fuente de Suiza Dairy le indicó a este periodista que la empresa se encamina a impugnar en los tribunales las órdenes administrativas y los reglamentos 10 y 5.

Por su parte, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, dijo que el efecto de las cinco órdenes de la ORIL será “revivir el caso federal y nos va a costar otros $90 millones”.

El ex secretario hizo alusión a la posibilidad de que Suiza Dairy acuda al Tribunal Federal de San Juan y reclame violaciones a los acuerdos alcanzados como resultados del pleito radicado contra la ORIL en 2006 en ese tribunal.

En ese pleito las empresas Suiza Dairy y Tres Monjitas reclamaron pérdidas multimillonarias debido a la incapacidad administrativa de la ORIL realizar evaluaciones económicas efectivas del mercado y de los componentes de la industria leche, con el fin de garantizar los aumentos de precio que permitan a las empresas operar de manera estable.

El Tribunal Federal falló en contra de la ORIL e impuso una compensación multimillonaria para esas empresas que aún la está pagando el gobierno y los consumidores, cada vez que adquieren un litro de leche.

Incluso, Flores Ortega dijo que el mayor beneficiado de que se reviva el pleito federal lo será el licenciado Edward Hill Tollinche, quien es el representante legal de la ORIL y quien ha representado a esa entidad en los numerosos pleitos judiciales que ha enfrentado a la entidad reguladora contra ganaderos y contra las plantas procesadoras, especialmente contra la planta Suiza Dairy.

La facturación del bufete de Hill Tollinche ha obtenido ingresos por más de $1.2 millones según una evaluación de los contratos registrados en la Oficina del Contralor en los pasados años.

Las órdenes administrativas

La orden administrativa 2023 -29 es la que dispone que la leche fresca pasteurizada producida por la planta Tres Monjitas pueda tener hasta 16 días de expiración, mientras que la leche fresca producida por Suiza Dairy mantiene la fecha de expiración en hasta 12 días.

 La misma orden administrativa emitida por la ORIL instruye a las empresas a incorporar en las etiquetas de la leche fresca los cambios en las fechas de expiración.

La orden indica que la sección 10 del reglamento 5 establece la regla para determinar la durabilidad de la leche pasteurizada que se vende al consumidor. También señala que la decisión surge de los resultados de las pruebas de durabilidad realizadas en el laboratorio de ORIL en las que se consideraron pruebas organolépticas, bacterias totales, coliformes, crioscopía y acidez.

Tres Monjitas aplaude orden administrativa

En reacción a esta determinación el gerente general de Tres Monjitas, Orlando González Núñez, sostuvo: “recibimos con mucho orgullo y satisfacción la orden administrativa 2023-29 de la ORIL, que le reconoce mayor durabilidad a la leche fresca Tres Monjitas y le autoriza más días en su fecha de expiración. Esta determinación responde a los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo y ganaderos que por más de 105 años se han comprometido en producir productos lácteos de la más alta calidad y durabilidad, que han sido validadas por pruebas de la ORIL, de compañías independientes y por nuestros propios estudios. Sabemos que esta determinación impulsará mayor estabilidad y crecimiento en la industria lechera de Puerto Rico».

La orden administrativa 2023 -28 dispone de manera escueta y sin mayores explicaciones la derogación de la orden administrativa 2022-59, que establece un precio especial para leche excedente que sustituye el uso de leche en polvo para productos no fluidos.

En una redacción defectuosa, la orden administrativa 2022-28 concluye que la orden administrativa 2022-59 “obstruye o no tiende a poner en efecto las disposiciones de la misma”. Luego, sin ofrecer más información para justificar la decisión, la orden administrativa dispone la derogación de “la orden administrativa 2022-59 y toda orden posterior que establezca un precio especial para la leche excedente utilizada para elaborar productos no fluidos en sustitución de la leche en polvo”

La orden administrativa 2023-30 menciona que las enmiendas al reglamento 10 definen la leche excedente como «leche cruda producida en exceso de las necesidades del mercado de leche fresca, que se usa para manufacturar productos lácteos, o para enlatarla condensada, evaporada, pulverizada o en cualquier otra forma.»

Más leche excedente para Indulac

Luego, la orden indica que la ORIL evaluará cada año el mercado y determinará la cantidad de leche excedente que las plantas necesitarán para suplir la demanda de sus productos de leche fluida y leche no fluida. La orden indica que el manejo ”ordenado y eficiente del excedente es un deber legal y reglamentario del administrador”.

Más adelante hace un resumen sobre cómo se canalizó la leche cruda y el excedente entre 6 de julio de 2022 a 21 de junio 2023, un periodo en el que se generaron 78.8 millones de litros de leche excedente, de los cuales, en productos fluidos como leche UHT o leche de la larga vida útil o leche ESL, Indulac procesó el 64.4 % y Suiza el 35.5 %.

En productos no fluidos como crema, “sour cream” o “heavy cream”, Indulac procesó el 37.3 %, Suiza el 17% y Tres Monjitas el 45.6 %. Esta orden dispone básicamente que en esas proporciones será distribuido el excedente durante un año a partir de ayer miércoles 23 de agosto.

Sobre las otras dos órdenes administrativas, la 2023-28 deroga el precio especial para la leche UHT de exportación y la orden 2023-31 establece el monto de litros de leche excedente que recibirán las plantas entre el 17 y el 30 de agosto.

Apelativo había fallado contra la ORIL

El pasado mes de febrero el Tribunal Apelativo de San Juan anuló tres órdenes administrativas emitidas en noviembre de 2022 por la ORIL y que tenían como objetivo asignar un suplido sustancial de leche cruda hacia la planta Indulac.

Las tres órdenes fueron impugnadas por Suiza Dairy porque pretendían tratar a Indulac como si fuera otra planta comercial que compite en el mercado, e ignoraban su función reglamentaria como planta de balance, que es procesar solo los excedentes de leche.

 La determinación del Tribunal Apelativo se fundamentó en que las órdenes de la ORIL violaron la ley 34 y el Reglamento 10 que, entre otras disposiciones, establece la forma en que se debe canalizar el excedente de leche.

Además, el Apelativo determinó que la ORIL incumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme que ordena realizar vistas públicas y tomar en consideración las observaciones de los sectores afectados, cuando una determinación crea obligaciones, derechos e impone sanciones a los posibles violadores.

¿Fortaleza conoce las acciones de ORIL?

La decisión del Apelativo representó una victoria para Suiza que ha estado continuamente defendiendo sus operaciones como empresa privada de las decisiones arbitrarias de la ORIL, según surge de los numerosos casos judiciales en los que ha prevalecido la planta procesadora.

No está claro si la Fortaleza ha respaldado las acciones tomadas por González Beiró en la ORIL o si el gobernador y su entorno entienden en realidad los alcances de esas decisiones y el efecto que pueden tener en una empresa que ha realizado inversiones multimillonarias en el mercado local.

En los pasados meses la ORIL presentó las enmiendas a los reglamentos 10 y 5 y celebró vistas públicas hasta lograr la aprobación de las enmiendas el pasado mes de julio. No está claro si las enmiendas son cónsonas con las disposiciones de la ley 34.

El director ejecutivo de Indulac, Francisco Orama, dijo que no estaba en condiciones de opinar sobre las órdenes de la ORIL debido a que “no las he leído”.