Por Miguel Díaz Román

Con una asignación de $1.9 millones emitida por la Fortaleza, la Universidad de Puerto Rico se integró a un esfuerzo para identificar los cultivos que se podrían sembrar debajo de las placas fotovoltaicas de los proyectos de energía renovable, en un intento de legitimar el uso de terrenos agrícolas para generar energía eléctrica.

La intervención directa de la Fortaleza propició un acuerdo entre el Departamento de Agricultura (DA) y la UPR, a través de su presidente, Luis Ferrao Delgado, para armar todo un esfuerzo académico que va más allá de identificar cultivos, sino que pretende crear herramientas publicitarias y de relaciones públicas para que la comunidad acepte la ubicación de los proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas, según información obtenida por fuentes de SN.

Incluso, las fuentes de SN indicaron que una persona vinculada a una empresa de la industria de energías renovables y con buen acceso a la Fortaleza, fue el responsable de identificar los fondos de donde surgió la asignación de $1.9 millones para la UPR. Alegadamente, los fondos estaban bajo el control de la Junta de Supervisión Fiscal.

La asignación de $1.9 millones a la UPR fue anunciada el 31 de octubre de 2023 por el gobernador Pedro Pierluisi en una actividad realizada en el proyecto de paneles fotovoltaicos Ciro One Salinas, localizado en Salinas.

No obstante, en las pasadas semanas es que han trascendido los detalles sobre el estudio que realiza la UPR.

Los críticos en contra del acuerdo sostienen que la UPR ha sido utilizada para ejecutar un “green washing”, una expresión en inglés que describe el intento de organismos públicos y empresas privadas para hacer que determinados productos parezcan ecológicos cuando en realidad no lo son. 

Otra crítica es que el involucramiento de la UPR debió anteceder la aprobación de los proyectos de energía renovable, a través de una indagación para determinar dónde era más viable ubicarlos, pero ha ocurrido lo contrario, porque ya el Negociado de Energía aprobó 18 proyectos de energía solar a escala industrial para generar 845 megavatios.

La gran mayoría de los proyectos están ubicados en zonas llanas y costeras de alto valor agrícola.

UPR dirá los cultivos que impulsará el DA

Un argumento que se suma a las críticas es que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, podría haber incurrido en un grave conflicto de interés debido a que el respaldo del DA al estudio que realiza la UPR favorecería un proyecto de paneles fotovoltaicos propuesto en una finca en Salinas que pertenece a la corporación Agriart LLC, en la que el secretario es accionista y su hijo, Ramón González Bernazar, es vicepresidente.

Ese proyecto fue propuesto por la empresa Clean Flexible Energy, una subsidiaria de la cogeneradora de energía eléctrica AES, ubicada en Guayama. 

De hecho, la Oficina de Ética Gubernamental realiza desde cerca de dos años atrás una investigación sobre una querella relacionada con las actuaciones de González Beiró vinculadas a la aprobación por parte del DA del proyecto de Clean Flexible Energy en los terrenos que pertenecen a la corporación Agriart LLC.

Entre otras razones, la querella denunció que los terrenos de Agriart LLC son suelos protegidos porque pertenecen a una reserva agrícola.

Durante una entrevista en el programa Nación Z, que anima el licenciado Leo Díaz, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, sostuvo de manera inequívoca que el estudio encomendado a la UPR pretende identificar los tipos de cultivos que se podrían sembrar debajo de un parque de celdas fotovoltaicas.

“Firmamos un acuerdo con la UPR donde estamos invirtiendo más de $1 millón para que el Colegio  (de Mayagüez) haga pruebas y nos tire unos modelos en cuanto a qué altura deben tener y qué se puede cultivar y sembrar. Están sembrando distintos productos debajo de las placas solares para ver cuáles productos vamos a impulsar desde el DA”, dijo González Beiró.

De acuerdo con las fuentes de SN la iniciativa ha sido denominada “Agro Energía” e involucra profesores y estudiantes de los recintos de Mayagüez, Río Piedras y Utuado.

Fortaleza y el DA al mando del estudio

En síntesis, la iniciativa comprende establecer las bases científicas para definir la política pública relacionada con los llamados proyectos “agro-voltaicos”, una denominación semántica que en realidad se refiere a la construcción de proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas.

Se espera que la iniciativa también produzca información sobre si amerita continuar invirtiendo en la llamada “co-localización”, otra construcción semántica para avalar la presunta convivencia de determinadas actividades agrícolas con los proyectos de energía renovable.

La UPR deberá identificar prácticas y hacer recomendaciones para viabilizar la “co-localización” y, además, y definir estrategias para lograr el envolvimiento de la comunidad y determinar los mecanismos para disponer de los equipos de energía renovable cuando finalice su vida útil.

El personal académico que participa en el proyecto es el doctor André Sanfiorenzo, quien es miembro de la facultad del recinto de Utuado de la UPR; y los doctores Iván Baigés, Ivonne Díaz, Abner Rodríguez y Fernando Pérez Muñoz, quienes son parte del cuerpo académico del recinto de Mayagüez de la UPR.

Por parte del recinto de Río Piedras participa la doctora Wanda Reyes, quien está especializada en publicidad y relaciones públicas y es parte del programa de Comunicación e Información de la UPR. 

Reyes, según indicó la fuente, tendría a cargo preparar material educativo respecto al cambio climático y promover la urgencia de migrar hacia alternativas renovables de producción energética.

SN solicitó a la UPR entrevistar a los participantes del proyecto “Agro Energía”, pero no fue permitido. Una fuente de la UPR indicó que la iniciativa es dirigida por la Fortaleza y el DA, quienes estarían realizando anuncios oficiales sobre la iniciativa el 24 de mayo y a finales de junio se estaría divulgando un informe final.

Estudio para justificar lo injustificable

 El doctor en agronomía y suelos David Sotomayor Ramírez, quien es profesor e investigador del Colegio de Ciencias Agrícolas del recinto de Mayagüez de la UPR, cuestionó el estudio encomendado a la UPR.

“Qué tipo de estudio pueden hacer en un año, en dos años o en tres años. Yo llevo haciendo investigación 29 años y esa investigación es una excusa barata, es un subterfugio para justificar lo injustificable. Esa es mi opinión”, dijo el catedrático.

Sotomayor Ramírez cuestionó la falta de rigurosidad académica de parte de la UPR para realizar el estudio al sostener que han “pusieron un individuo en Utuado, otro en Mayagüez y otro en Río Piedras como líderes de proyecto y se han inventado una serie de proyectos de investigación que los conducen estudiantes subgraduados. Son tres alicates para hacerle el caldo gordo a la Fortaleza. Ese es el trasfondo detrás de todo esto”.

El académico sostuvo que es inviable la agricultura a gran escala debajo de paneles solares y advirtió que no existen datos confiables sobre el tema porque es un tipo de cultivo que aún se encuentra en investigación por entidades académicas principalmente en Europa.

“Todo eso es pura mentira. No hay cultivos a escala comercial, a gran escala, como se hace la agricultura a nivel mundial, que se sostenga con ese tipo de sistema de paneles solares. Para producir cultivos se necesita el sol y si tienes la mitad de tus cultivos en sombra vas a tener un 50 % que no produce. Yo puedo hacer agricultura en el techo de mí casa, pero eso no es agricultura. Si me preguntas sobre la agricultura orgánica o regenerativa, las estadísticas están. Pero los cultivos debajo de paneles solares es un tema que está en investigación en los institutos en Europa, que son los países que tienen dinero para invertir en ese tipo de cosas. ¡Que me digan sobre cuánta comida se produce a nivel mundial debajo de paneles solares!. Eso es un subterfugio”, indicó Sotomayor Ramírez.

UPR gestiona un “green washing”

 Tanto Sotomayor Ramírez como el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, quien también es catedrático del Colegio de Ciencias Agrícolas del recinto de Mayagüez de la UPR, coincidieron en catalogar el estudio encomendado a la UPR como un “green washing”.

“Esto es como hacer un estudio para concluir que la Coca Cola no hace daño. En la universidad van a encontrar científicos y académicos que conocen bien este tema y no se prestan para un “green wash” cómo persiguen estas empresas de energía avaladas por el gobierno y por intereses privados en detrimento de nuestra seguridad alimentaria”, dijo Flores Ortega.

 Explicó que la siembra debajo de placas solares no crea las condiciones para que se den cultivos debido a la falta de sol y a las altas temperaturas que generan los paneles solares, lo que aumenta los niveles de humedad y entorpece el crecimiento saludable de cualquier tipo de cultivo.

“No existe proyecto alguno en el mundo que podamos identificar como exitoso que mezcle estas dos actividades y mucho menos en una zona tropical como la nuestra. Todos sabemos que la maximización del espacio para instalar placas solares es lo que hace que estos proyectos tengan viabilidad económica. En nuestra condición de isla tropical estas placas tienen que estar lo más pegadas al terreno y así evitar mayores pérdidas en la época de huracanes. Esto hace que no pueda entrar la luz necesaria para el desarrollo de plantas y mucho menos el espacio para cultivarlas. Además, se genera una alta temperatura lo cual unido a alta humedad con pobre flujo de aire hacen de ese microclima uno letal para las plantas. Lo único que hemos visto como actividad secundaria es el pastoreo de cabras y ovejas y aun así tiene muchas limitaciones la operación”, indicó.

El conocido arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig, indicó que la supuesta combinación de proyectos de paneles solares en conjunto con operaciones agrícolas es una quimera que no ha funcionado más allá de cinco años. 

Posible  saturación del suelo con paneles solares

“Yo he investigado eso. Y es muy sencillo, no se puede meter una máquina para recoger cosechas debajo de la estructura que sostiene las placas solares. Eso no funciona y esos procesos mecanizados comprometen la eficiencia de los paneles solares por el polvo fugitivo y el particulado y como lo que tiene rendimiento es el panel, abandonan los cultivos. Eso ha ocurrido en Alemania y en España”, indicó.

El también planificador y líder comunitario José Rivera Santana sostuvo que la ubicación de paneles solares en terrenos agrícolas representa una subutilización del suelo agrícola y advirtió que la experiencia de los proyectos de paneles fotovoltaicos a nivel mundial es que no es posible una conciliación exitosa entre los paneles solares y los cultivos agrícolas.

Señaló que la viabilidad económica de esas iniciativas empresariales de energía renovable requiere continuamente la saturación del suelo con paneles solares.  Rivera Santana dijo que la tendencia es acaparar más terreno de manera incipiente para garantizar mayores ingresos económicos lo que van en detrimento del suelo agrícola

“Yo no he visto proyectos exitosos (de paneles solares con cultivos agrícolas)”, dijo Rivera Santana.

Las organizaciones ambientales que se oponen al uso de terrenos agrícolas para establecer parques de paneles solares han alegado que la reglamentación vigente de la política energética establece que antes de afectar terrenos agrícolas los proyectos de energía renovable se deben ubicar en terrenos previamente contaminados, vertederos en desuso, estacionamientos, en los techos de las casas y en otras estructuras.

Por Miguel Díaz Román

La Autoridad de Alimentos del Departamento de Educación (AA) y el Departamento de Salud (DS) han evitado reaccionar a la realidad de que las plantas procesadoras Suiza Dairy, Indulac y Tres Monjitas no han sido inspeccionadas para renovar las licencias que certifican que la leche que producen es de clasificación grado A.

Técnicamente, ninguna de las plantas procesadoras y de las ganaderías del país podrían continuar operando si carecen de la licencia que certifica que cumplen con los requisitos de grado A, según lo indica el artículo 10 del reglamento 8332 del DS.

A través de este reglamento el DS adoptó la Ordenanza Federal para la Leche Pasteurizada (mejor conocida por sus siglas en inglés, PMO), que estableció la certificación de cumplimiento con los requisitos de grado A.

El reglamento 8332, que fue promulgado por el DS en 2013, prohíbe “almacenar, transportar, distribuir, importar, vender, exhibir, ofrecer en venta o donar, leche o productos lácteos para consumo humano”, sin la licencia que certifica que la leche que producen es de clasificación grado A.

Dicha licencia la emite el secretario de Salud, según lo ordena el citado reglamento.

Preocupación en la industria lechera

Fuentes de la industria lechera han confiado a SN que entre la plantilla ejecutiva de las plantas procesadoras existe una gran preocupación debido a que aún la infraestructura de elaboración y envase de sus empresas no han sido inspeccionadas, lo cual es un requisito federal para obtener la certificación grado A, según lo dispone la PMO, una ordenanza que es fiscalizada por Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

La inspección de las plantas procesadoras y de las ganaderías es una responsabilidad directa de la división de Salud Ambiental del DS.

No obstante, han transcurrido más de dos años desde la última vez que las inspecciones fueron realizadas, lo que implica que las plantas procesadoras no han renovado sus licencias de grado A.

La certificación de cumplimiento grado A es un requisito inescapable para que las plantas procesadoras puedan vender sus productos lácteos en el mercado local y en el llamado mercado institucional, que está integrado por agencias del gobierno local que adquieren alimentos con asignaciones de fondos federales.

Entre estas figura la AA del Departamento de Educación, que es responsable de adquirir los alimentos que se consumen en los comedores escolares, los cuales deben cumplir a cabalidad con los estándares de calidad federales establecidos por la FDA.

$12 millones en leche para comedores escolares

La AA es sumamente importante para la industria lechera pues la venta de leche fresca y leche UHT a los comedores escolares ascendió a $12 millones en 2021. Los acuerdos de venta de leche con la AA se realizan a través del Fondo de Fomento de la Industria Lechera.

Francheska Reyes, quien es la directora de la AA, no respondió a las solicitudes de SN para conocer las decisiones que ha tomado ante la realidad de que las plantas procesadoras no han renovado sus certificaciones grado A.

Aunque las ventas de leche a los comedores escolares han continuado, existe la preocupación entre algunos de los ejecutivos de las plantas procesadoras sobre que las autoridades federales decidan impedir la venta hasta que las plantas hayan sido inspeccionadas.

“No sabemos qué va a pasar si no se hacen las inspecciones”, dijo una fuente.

Además, el mercado institucional también incluye las empresas contratadas por la Administración de Corrección para proveer alimentos a los confinados, y los hospitales que aún son operados por el DS.

Otra dimensión importante del mercado institucional es el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), que provee alimentos para  niños de hasta 5 años.

Sin fecha de comienzo las inspecciones

 El programa WIC opera con fondos del Departamento de Agricultura Federal y es administrado en la isla por el DS.

La certificación de cumplimiento con los requisitos grado A es un requerimiento estándar para que las plantas procesadoras promuevan sus productos en el mercado interestatal de los Estados Unidos.

“Hay preocupación sobre que la falta de inspección afecte las ventas de leche a los comedores escolares, al programa WIC y en el mercado en general. Han dicho que el DS ya contrató una empresa que hará las inspecciones, pero todavía esas inspecciones no han comenzado”, dijo una fuente.

Otra fuente de la industria indicó que la certificación grado A, le permite a las plantas procesadoras figurar en un listado de empresas que pueden vender sus productos en el mercado interestatal de Estados Unidos y que es muy consultado por la industria de alimentos estadounidense. Tanto las plantas Tres Monjitas e Indulac han exportado leche UHT a los Estados Unidos.

A principios del pasado mes de abril la secretaria auxiliar de Salud Ambiental del DS, Mayra Toro, sostuvo en una entrevista con SN que el DS estaría contratando un inspector privado ante la realidad de que la persona seleccionada para dirigir la oficina local a cargo de certificar la clasificación grado A, el llamado “rating officer”, no han concluido su proceso de adiestramiento en la FDA.

Salud no identifica contratista

El adiestramiento se extiende por dos años y requiere que el candidato se traslade a los Estados Unidos durante varios periodos hasta que logre completar los requisitos exigidos por la PMO.

La contratación del inspector privado por parte del DS se habría realizado con la recomendación y consentimiento de la FDA, según reveló Toro.

La funcionaria no ha identificado a la empresa privada que será contratada y cuándo terminarán las inspecciones.

Toro reconoció que las plantas procesadoras no han sido inspeccionadas y carecen en este momento de la certificación grado A. También indicó que solo falta la inspección de las plantas procesadoras porque, alegadamente, las inspecciones de los otros sectores que integran la industria lechera ya fueron realizadas por los técnicos de Salud Ambiental.

No obstante, SN supo de que el DS ha tenido tiempo suficiente para seleccionar y mantener una terna de funcionarios con cualidades para ejercer como “rating officer” y no lo ha hecho.

Toro sostuvo que, además de que la persona que fue seleccionada para el cargo de “rating officer” no ha concluido su proceso de adiestramiento, el DS también enfrentó la renuncia de otro funcionario que fue designado para el cargo tres años atrás y antes de completar su capacitación presentó su renuncia.  

En 2019 el DS enfrentó la renuncia de James Reyes, que durante muchos años ejerció la función de “rating officer”. Reyes renunció porque se acogió a la jubilación.

En entrevista con SN el ex funcionario reveló que antes de abandonar el cargo ya había adiestrado a los dos empleados en las destrezas y responsabilidades que demanda el puesto y que solo faltaba que tomaran la capacitación requerida por la FDA.

Reyes dijo que las dos personas que él adiestró fueron rechazadas o por alguna razón desconocida no ejercieron las responsabilidades para las que fueron adiestradas.

“Las sacaron”, dijo Reyes, quien no pudo ofrecer explicaciones para justificar esa decisión. “Yo no sé qué pasó. Yo no estaba allí”, indicó.

Por Miguel Díaz Román

En lo que representa una irregular aprobación de viajes con fondos federales, la Fortaleza avaló que el Departamento de Agricultura (DA) enviara al chofer y a la secretaria confidencial del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, y otros funcionarios de la burocracia de la agencia, a dos actividades agrícolas cumbres estrictamente diseñadas para que los países promuevan sus productos y para que los agricultores bonafide conozcan las innovaciones que surgen en los mercados internacionales.

Los viajes fueron aprobados para la conocida Feria Alimentaria 2024, que se celebra cada cuatro años en Barcelona, que es la capital de la comunidad autónoma de Cataluña en España, y para el Specialty Coffee Expo 2024, que se celebró en la ciudad de Chicago, que es la capital del estado de Illinois en Estados Unidos.

La feria en Barcelona se celebró entre el 16 y el 22 del pasado mes de marzo, y la actividad en Chicago fue realizada entre 11 y el 15 del presente mes de abril.

El costo de ambos viajes en conjunto alcanzó la cifra de $37,777.15 en fondos federales y el número de viajeros en las dos travesías ascendió a 17 personas, de los cuales solo seis fueron agricultores bonafide.

La Fortaleza aprobó el viaje a Barcelona el pasado 29 de enero. Entre los viajeros se encontraba Bryan Aguirre de Jesús, quien es el chofer de González Beiró.

En otras palabras, la Fortaleza aprobó que el chofer del secretario viajara a la conocida Feria Alimentaria de Barcelona 2024, que es quizás el evento agrícola más importante del mundo y al que acuden representantes de las más importantes empresas agrícolas del planeta, incluyendo científicos agrícolas de renombrada raigambre académica, agrónomos y agricultores de Europa, Asia, Estados Unidos y Centro y Suramérica.

 Aguirre de Jesús figura en la petición de aprobación de los viajes a la Fortaleza como ayudante especial del secretario, un cargo de confianza que se reserva para que los secretarios de gabinete puedan reclutar personal profesional que les ofrezca asesoramiento especializado.

Sin justificación viaje de chofer

No obstante, las funciones diarias reales de Aguirre de Jesús es conducir el vehículo oficial del secretario, según fuentes del DA.

De hecho, las fuentes han sostenido que la petición y la aprobación de viaje para Aguirre de Jesús fue un acto fraudulento debido a que el funcionario carece de la preparación académica o de la experiencia agrícola que le permitiera garantizar al DA un beneficio cuantificable, tras el viaje a la Feria Alimentaria de Barcelona 2024.

Incluso, las fuentes indicaron que la inclusión de Aguirre de Jesús en el viaje a Barcelona evitó que un agricultor de notable capacidad, un agrónomo de renombradas credenciales o un agroempresario exitoso pudieran participar de la feria y obtener nuevos conocimientos con los que habría enriquecido la actividad agrícola del país.

A Barcelona también viajó Ruth Pagán Alvarado, que es la directora del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA), que es una dependencia del DA cuya función es incentivar, financiar y subsidiar el desarrollo agrícola y agroindustrial.

Información falsa a Fortaleza

Además, el viaje a Barcelona contó con la participación de Gloribel Febus Molina, quien es la ayudante especial de Pagán Alvarado y quien carece de una preparación especial en asuntos agrícolas.

No obstante, en el documento de aprobación emitido por la Fortaleza, Febus Molina aparece asignada a la posición de coordinadora de eventos internacionales, lo cual, según las fuentes, no es compatible con la realidad pues el cargo en la actualidad está vacante.

La última persona que ocupó el puesto de coordinadora de eventos internacionales fue Vanessa Febles, quien abandonó la posición en 2019 para ocupar otro cargo en el gobierno federal.

No obstante, la fuente indicó que el puesto de coordinadora de eventos internacionales requiere como uno de los requisitos que el candidato posea un bachillerato y experiencia en el manejo de eventos, dos requisitos que, alegadamente, no puede cumplir Febus Molina.

 La petición de viaje a Barcelona presentada en la Fortaleza fue tramitada por el FIDA, que recibe fondos del Servicio de Comercialización Agrícola (AMS) del Departamento de Agricultura Federal.

Entre las funciones del AMS figura promover oportunidades para la comercialización de productos agrícolas, alimentos, fibras y cultivos especiales estadounidenses en el mercado nacional e internacional.

Viajes con fondos federales

Los viajes a Barcelona y Chicago fueron pagados con fondos federales que el AMS le provee a FIDA.

De hecho, el costo del viaje a Barcelona ascendió a $16,230.15 y en la travesía participaron siete personas de las que solo dos fueron agricultores. Estos agricultores son Juan Bibiloni Rodríguez, quien es agricultor de café y José Álvarez Reyes, quien figura como agricultor y empresario, propietario de la empresa San Juan Distillers.

Además, participaron en el viaje Ruth Pagán Alvarado, que es la directora de FIDA; Gloribel Febus Molina, quien es su ayudante especial; Aguirre de Jesús, quien es el chofer del secretario; Irvin Rodríguez Torres; quien es el director de la Autoridad de Tierras y Johanna Rivera Juarbe, quien es la directora del programa de mercadeo de café del DA.

El pasado 6 de febrero la Fortaleza aprobó la propuesta de viaje a Chicago cuyo costo fue estimado en $21,517.00. De hecho, esa cantidad fue la aprobada por la Fortaleza, porque FIDA en realidad había solicitado $24, 357.00.

En este viaje participaron 10 personas, de las cuales solo cuatro fueron caficultores bonafide.  

Entre los viajeros figuran González Beiró y su secretaria confidencial, Alexandra Cruz Hernández.

Viajeros sin experiencia 

Según las fuentes, la participación de Cruz Hernández no tiene justificación alguna, pues la funcionaria carece de preparación académica o experiencia en la industria del café.

Su participación en el viaje fue catalogada como un premio de viaje de placer de parte de González Beiró, pues “ni el DA ni la industria del café sacarán provecho de la participación de la secretaria del secretario en el viaje a Chicago”.

De igual forma, la fuente indicó que no está justificada la participación de Gloribel Febus Molina, quien es su ayudante especial de Ruth Pagán Alvarado. Esta última funcionaria también fue al viaje a Chicago.

Además, tomaron parte de la comitiva viajera Ramón Hernández González, quien tiene a cargo el laboratorio de café del DA; Lenith Arocho Acevedo, quien es la directora de la oficina de fiscalización e investigación del mercado de café del DA; y los caficultores Emanuel Ruiz Ruiz, Ada Miranda Alvarado, Juan Meléndez Mulero y Miguel Ortiz Santos.

La fuente indicó que se estarían solicitando investigaciones a diversas entidades del gobierno local y federal por las irregularidades y el mal uso de fondos públicos en los viajes tramitados por el DA bajo la administración de González Beiró.

De hecho, en reiteradas ocasiones González Beiró ha declarado que no contestará preguntas que se originen en SN.