Esta semana en Informe Semanal conversamos con los ejecutivos de la aseguradora Mapfre sobre el llamado reglamento de «appraisal» de la Oficina del Comisionado de Seguros para resolver reclamaciones en controversia. Sobre este reglamento existen serias objeciones de parte de las aseguradoras locales. También conversamos con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, sobre unas querellas radicadas por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera contra decenas de ganaderos y contra las empresas Suiza Dairy y Tres Monjitas. También hablamos sobre una queja realizada por la alcaldesa de Salinas por el alegado movimiento de tierra ilegal efectuado en una finca donde se proyecta establecer un parque de placas fotovoltaicas. Además, el economista José Alameda nos hablará de la llamada crisis que enfrentan los hospitales del país. Otro tema es la selección de San Juan como una de las ciudades más baratas del mundo. Por último, dialogamos sobre el uso que hace el Departamento de Educación de los cerca de $5,000 millones que tiene de presupuesto y si el 70 % de ese dinero llega a los estudiantes en servicios.
INFORME SEMANAL- 16 de febrero de 2024
Nuevos aumentos en primas de entre 5 % y 10 % en 2024 por alza en reaseguro
Por Miguel Díaz Román
Los consumidores no deben esperar reducciones en las primas de seguros este año, especialmente en las primas de seguros de propiedad, y al menos deben estar preparados para enfrentar nuevos aumentos que, aunque no serán tan altos como los registrados el pasado año, si tendrán un efecto en el presupuesto de los ciudadanos y de las empresas.
Los aumentos oscilarán entre 5 % y 10 %, lo cual implica que el bolsillo de los consumidores recibirá un inevitable impacto, el cual no será tan dramático como los incrementos registrados el pasado año, que en algunos casos, representaron alzas de entre 40 % y 50 %.
Así lo anticipó el presidente de Antilles Insurance Company, Jaime González Portilla, quien indicó que este año persiste una capacidad limitada en el mercado de reaseguro.
“Lo que hemos visto y escuchado es que se estará registrando un aumento de entre 5 % y 10 %. Todo esto se debe a que la capacidad del reaseguro catastrófico es limitada y especialmente para Puerto Rico”, dijo González Portilla.
El ejecutivo sostuvo que las aseguradoras que les tocó renovar sus contratos de reaseguro catastrófico en enero ya han experimentado un alza, la cual se traducirá en un aumento en las primas de entre 5 % y 10 %. Indicó que el otro periodo de renovación de contratos de reaseguro catastrófico para las aseguradoras ocurrirá en los meses de abril y mayo.
“Si estuvieran entrando más reaseguradores nuevos al mercado, habría más oferta de precios bajos y las primas podrían bajar. Pero ese no es el caso”, indicó González Portilla.
“Nosotros renovamos en mayo. El año pasado el aumento en reaseguro representó un aumento de hasta 40 % en el caso nuestro. Esto no va para abajo. Hay que seguir hablando del tema de aumento en las primas y todo se debe a la capacidad limitada del reaseguro”, insistió el presidente de Antilles Insurance Company.
El reaseguro es un mecanismo que utilizan las aseguradoras para distribuir sus riesgos y limitar las responsabilidades económicas que podrían enfrentar en caso de un evento catastrófico. Los contratos de reaseguro convierten a una aseguradora en asegurado de un reasegurador.
Esto implica que las aseguradoras deberán compartir con el reasegurador una parte sustancial de la prima que cobran para garantizar la protección de aquellos riesgos (propiedades) que se incluyan en los contratos de reaseguro.
González Portilla explicó que las empresas de reaseguro siempre tienen como alternativa realizar inversiones pasivas en vehículos de inversión (como los bonos a corto o mediano plazo) que no representan riesgo alguno para sus inversionistas.
Indicó que el alza en los intereses ordenada entre 2022 y 2023 por la Reserva Federal ha elevado la presión de los inversionistas que integran las empresas de reaseguro para que obtengan réditos sustanciales en los contratos de reaseguro catastrófico.
“Recuerda que esas compañías de reaseguro en este momento y por el alza en los intereses, pueden invertir su dinero y asegurar buenos retornos (ganancias) de entre un 5 % y 6 % sin ningún tipo de riesgo. Entonces, ¿para qué exponer ese capital en el mercado de reaseguro? Y las empresas que lo están haciendo (permanecer en el negocio de reaseguro) sus inversionistas le exigen que sus retornos sean bien favorables. Obviamente, por esa razón los precios del reaseguro no están bajando. Están subiendo entre un 5 % y un 10 % “, indicó.
El ejecutivo agregó que aquellos clientes que, para efectos de la prima, sus propiedades no fueron estimadas con tarifas adecuadas deberán esperar aumentos entre 5 % y 10 %. No obstante, aquellos clientes cuyas propiedades fueron estimadas con tarifas adecuadas podrán experimentar un leve aumento o, incluso, no recibir alza en sus primas este año.
ACODESE insiste en objeciones a reglamento de “appraisal” de la OCS
Por Miguel Díaz Román
A pesar de que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) acogió algunas recomendaciones de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) sobre la redacción del reglamento de valoración de reclamaciones, un proceso conocido como “appraisal” en el que un árbitro adjudica el monto a pagar en una reclamación disputada, aún persisten serias diferencias relacionadas con el texto final del reglamento.
No están del todo claras las repercusiones que podrían causar las diferencias entre ACODESE y la OCS por la redacción final del llamado reglamento 106, que establece las normas que regirán el proceso de valoración de una reclamación sobre la que existen discrepancias.
De hecho, el reglamento 106 entró en vigor el pasado 1 de enero sin que la OCS atendiera la totalidad de las objeciones de ACODESE.
No obstante, algunas de esas objeciones fueron consideradas por la OCS, que accedió a realizar determinados cambios en el lenguaje del reglamento a finales de 2023.
Pero aún existen disposiciones en el reglamento que son rechazadas por la organización que representa a las aseguradoras del país, según se desprende de una extensa carta de 13 páginas que la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE, envió a la OCS el pasado 29 de enero de 2024.
En entrevista con SN Pernas reveló que la OCS recibió la misiva y se comprometió a citar a los representantes de ACODESE a una reunión en la que serán discutidas sus objeciones.
“Lo que estamos pidiendo es sentarnos con el Comisionado y revisitar algunos asuntos y ver si se puede enmendar el reglamento”, dijo la directora ejecutiva de ACODESE.
Pernas aclaró que no hay intención de ACODESE de acudir a los tribunales en relación al reglamento 106, sino lograr soluciones por consenso. “Entendemos que esa también es la posición de la OCS”, dijo Pernas.
Ajustadores no pueden ser árbitros
Entre los principales señalamientos de la misiva se destaca que el reglamento permite que la posición de árbitro sea ocupada por un ajustador público o un agente de bienes raíces. ACODESE ha planteado que ambas figuras “no garantizan total imparcialidad y podrían carecer de las competencias para dirimir las controversias”.
ACODESE sostiene que la posición de árbitro debe ser ocupada por personas cuyas profesiones cumplan con la definición de árbitro que establece el artículo 12 del reglamento, el cual es definida como “una parte imparcial y competente seleccionada, dentro del proceso de valoración, para resolver desacuerdos exclusivamente relacionados con el valor de una pérdida o daños en una o más partidas de la reclamación en pólizas de seguros de propiedad en la línea comercial o personal.”
En la carta Pernas explicó que los socios de ACODESE y sus asegurados “no utilizan a los agentes de bienes raíces en el proceso de valoración de pérdidas a la propiedad por tratarse de un asunto complejo” Incluso, Pernas indicó que no existe información en el expediente administrativo del reglamento que explique si un agente de bienes raíces, quien actúa como intermediario en transacciones de bienes inmuebles, tiene la competencia para actuar como árbitro.
La carta señala que utilizar a los ajustadores públicos o independientes como árbitros no garantiza la imparcialidad de los procesos, “cuando en su haber profesional, y bajo el mismo evento catastrófico, por ejemplo, podrían estar manejando otras reclamaciones, en representación del mismo asegurador o en contra del mismo asegurador”.
ACODESE respaldó que los árbitros sean ingenieros y arquitectos porque conocen el costo de los materiales de construcción en Puerto Rico debido a que continuamente están involucrados en procesos de construcción que requieren la elaboración de diseños y planos. Como tercera opción Perna indicó que los árbitros podrían ser tasadores “en casos de menos complejidad”.
Disposición vaga
Otra de las objeciones es que el reglamento permite que el Comisionado de Seguros designe a la posición de árbitro a una persona que no cumpla con los requisitos profesionales establecidos.
La disposición del reglamento indica que “en circunstancias apropiadas” el Comisionado de Seguros podrá designar como árbitro a una persona que, aunque no reúna el criterio de cualificación o formación profesional aquí establecido, “éste considere que cuenta con el adiestramiento o la experiencia suficiente para entender el proceso de valoración”.
En la misiva Pernas sostuvo que esa disposición debe eliminarse, pues es contraria a los requisitos de competencia a los árbitros. “El lenguaje de “circunstancias apropiadas” es una disposición muy vaga y ambigua, considerando que no se definen cuáles son estas circunstancias. Debido a la vaguedad de este lenguaje y a la falta de fundamentos para obviar las cualificaciones del árbitro, que están previamente establecidas en la Regla, este ejercicio podría resultar arbitrario y caprichoso”, expuso Pernas.
ACODESE también planteó que la citada disposición atenta contra un proceso ágil y económico pues la partes podrán oponerse a la selección de un árbitro que no cumple los requisitos de la regla 106, lo que atrasaría la solución de la disputa.
Una de las objeciones más reveladoras de ACODESE es que para la estimación de costos el reglamento avala el uso de sistemas tecnológicos o programas de computadora que son utilizados por algunos ajustadores públicos, los cuales no reflejan la realidad de los costos de los materiales y la mano de obra en el mercado local.
De hecho, ha trascendido que determinados ajustadores públicos cuyos ajustes en reclamaciones originadas por el huracán María han sido impugnados en los tribunales locales, efectuaron la estimación de costos a través de programas de computadora que no reflejaban los costos del mercado local.
Valores de la pérdida según el mercado local
“Los valores que produzca el sistema tecnológico o software que se utilice en el proceso de evaluación de los daños o pérdidas por los tasadores deberán estar atemperados a los costos prevalecientes al momento de la pérdida en el mercado específico de Puerto Rico. Será obligación de los tasadores divulgar el tipo y la fuente de los costos de construcción o reemplazo de partes características del sistemas tecnológicos o software utilizado en la valoración de la reclamación”, sostuvo Pernas
Una disposición controvertible que contiene el reglamento es aquella que ordena el pago del monto acordado por el árbitro en el procedimiento de valoración sin considerar que el asegurador está obligado a realizar el proceso de ajuste según los términos y condiciones establecidos en la póliza.
“El proceso de valoración sólo obliga a las partes en torno al valor de la pérdida determinada, la cual se mantiene sujeto a los términos y condiciones de la póliza”, sostuvo Pernas en la misiva.
La ejecutiva indicó que al catalogar como exigible el monto acordado en el proceso de valoración, se está eliminando toda disposición contractual contenida en la póliza que pudiese afectar dicho monto. Pernas agregó que ese lenguaje resultará en el menoscabo de las obligaciones contractuales dispuestos en la póliza y que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe.
Necesario incluir ajuste del asegurador
En el lenguaje propuesto por ACODESE se establece que el acuerdo establecido por el árbitro y avalado por las partes, advendrá final y firme luego de un término de 30 días tras la notificación del acuerdo.
Transcurrido el término antes mencionado y si alguna de las partes no acudió al Tribunal de Primera Instancia a solicitar su impugnación, el monto determinado en el acuerdo sobre el valor de la pérdida será final y la aseguradora vendrá obligada a ajustar ese monto según los límites y exclusiones dispuestas en la póliza. Finalmente, la aseguradora deberá notificar dicho ajuste al asegurado.
El proceso de valoración de la pérdida o “appraisal” comprende aquellas controversias generadas por reclamaciones presentadas ante pólizas de seguros de propiedad, las cuales suelen ser reclamos que suelen involucrar cantidades sustanciales de dinero.
El proceso de “appraisal” estará disponible para las controversias generadas en pólizas de propiedad de líneas personales (individuos) y por empresas y comercios. Además, incluye las reclamaciones en disputa generadas por agencias del gobierno central, corporaciones públicas y municipios.
El reglamento 106 obedece a las disposiciones de la Ley 242 de 2018, la cual requiere que las aseguradoras de propiedad y lo asegurados participen en un procedimiento de valoración para resolver las disputas en torno al valor de una pérdida sujeta a reclamación, si así lo ha solicitado una de las partes.
Decisión será vinculante
A pesar de que la Ley 242 se aprobó en 2018, no ha sido hasta cinco años después que la OCS logró presentar el reglamento del estatuto.
El reglamento 106 dispone que el proceso de “appraisal” puede ser solicitado tanto por el asegurado como por la aseguradora y requiere que cada una de las partes seleccionen un tasador. En este caso será un ajustador público para los asegurados y un ajustador independiente para las aseguradoras.
Además, las partes tendrán la obligación de seleccionar por mutuo acuerdo un árbitro, que será una parte imparcial y cuya decisión se limitará a determinar la valoración de la reclamación en controversia.
El árbitro no podrá evaluar aquellos elementos de la cubierta dispuestos en el contrato de seguros entre el asegurado y el asegurador.
La decisión del árbitro será vinculante para las partes y aquella parte que se encuentre inconforme la podrá impugnar en el tribunal.
Informe Semanal 9 de febrero de 2024
Esta semana en Informe Semanal conversamos con el ingeniero Jesus Manuel Nuñez y el economista Dario Martínez, sobre la posibilidad de establecer en Puerto Rico una planta de energía nuclear. También conversamos con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, sobre unas querellas radicadas por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera contra decenas de ganaderos y contra las empresas Suiza Dairy y Tres Monjitas. También hablamos sobre una queja realizada por la alcaldesa de Salinas por el alegado movimiento de tierra ilegal efectuado en una finca donde se proyecta establecer un parque de placas fotovoltaicas.
Tres Monjitas y Suiza Dairy rechazan acusaciones de la ORIL
Por Miguel Díaz Román
Las plantas procesadoras Tres Monjitas y Suiza Dairy rechazaron tajantemente una serie de querellas radicadas por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) en la que se acusa a ambas empresas y a un grupo de ganaderos de entregar leche a la planta Indulac contaminada con pelos, larvas, cáscaras de huevos y otros residuos.
La grave acusación contenida en las querellas incluye una advertencia de que los ganaderos se exponen a perder sus licencias de producción de leche y las plantas procesadoras sus licencias de elaboración.
Las querellas sostienen que las entregas de leche contaminada a la planta de Indulac con los citados residuos fueron realizadas el pasado 5 de enero de 2024 por varios camiones de Tres Monjitas y Suiza Dairy.
Los documentos alegan que las plantas y los ganaderos podrían haber incurrido en violaciones al reglamento 4, que rige las operaciones de transportación de leche cruda, y el reglamento 5, que establece las normas de calidad que gobiernan la producción de leche.
Las querellas fueron firmadas por el licenciado Edward Hill Tollinche, que es un abogado que ha mantenido contratos con la ORIL durante años y que suele representar a la dependencia del Departamento de Agricultura en controversiales legales en los tribunales.
De hecho, las acciones tomadas por Hill Tollinche a través de las querellas debieron recibir el aval del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien actualmente es el administrador interino de la ORIL.
En la querella el licenciado Hill Tollinche solicita al oficial examinador de la ORIL la celebración inmediata de una vista administrativa para dilucidar las acusaciones.
De las querellas se desprende que fueron los empleados de Indulac quienes descubrieron los elementos contaminantes en el filtro del conducto de vaciado que se conecta al tanque termo de los camiones de las plantas procesadoras para extraer la leche cruda.
De inmediato las empresas Suiza Dairy y Tres Monjitas han objetado los graves señalamientos mencionados en la querella.
La empresa Suiza Dairy sostuvo ayer mediante una expresiones escritas que “rechazamos enfáticamente tales alegaciones, ya que Suiza Dairy está absolutamente comprometida con la calidad y realiza una serie de controles antes de la recepción de leche cruda, en el momento de la llegada del producto a las Plantas de Procesamiento, durante los procesos de pasteurización y envasado y finalmente antes de la salida del producto al mercado, cumpliendo plenamente con todos los estándares requeridos por las agencias gubernamentales locales y federales. Suiza Dairy sostiene su compromiso con la elaboración de la mejor leche fresca para el bienestar y salud del pueblo puertorriqueño”.
Por su parte, Orlando González, gerente general de la empresa Tres Monjitas autorizó las siguientes declaraciones: “esta semana, recibimos varias querellas de la ORIL, sobre hallazgos de residuos y materiales en los filtros de vaciado localizados en las líneas conducentes a los tanques de leche cruda de Indulac. Esta leche era transportada desde las vaquerías en camiones termo pertenecientes a Vaquería Tres Monjitas el pasado 5 de enero de 2024. Vaquería Tres Monjitas reafirma que mantiene un compromiso firme y sostenido con la calidad de sus productos y procesos. Destaca además, que cumple cabalmente con todas las regulaciones locales y federales, incluyendo el Reglamento 4 de la ORIL, y los requisitos del Pasteurized Milk Ordinance (PMO) que disponen los procedimientos y requisitos de limpieza e higiene de sus camiones termos, la bomba, la manga de conducción de leche y sus accesorios. La planta mantiene registros de los procesos de limpieza, verificaciones de lavados y gráficas de temperaturas y de las labores de limpieza que se realizan diariamente. Estos registros están disponibles para la revisión de la ORIL en cualquier momento”.
La insólita acusación de la ORIL ha generado una atmósfera de indignación y sospecha en amplios sectores de la industria lechera pues, en síntesis, las querellas señalan que en las entregas de leche cruda de varios camiones de dos empresas distintas realizadas durante un mismo día se registró la presencia de los mismos elementos contaminantes: larvas, cáscaras, pelos y otros residuos que no son mencionados en el documento.
Determinados ganaderos que han solicitado permanecer en el anonimato argumentaron que la querella radicada por el licenciado Hill Tollinche carece de pruebas que justifiquen señalar a los ganaderos acusados y a las plantas procesadoras como responsables de la supuesta aparición en un filtro de Indulac de elementos contaminantes.
Incluso, estos ganaderos sostienen que la planta Indulac debió figurar como parte de los señalados en las querellas, pues los presuntos elementos contaminantes fueron encontrados en un filtro que es manejado exclusivamente por los empleados de la planta de balance.
El expresidente del sector de leche de la Asociación de Agricultores, Luis “Tata” Cordero, sostuvo que se propone reunir a todos los ganaderos involucrados en las acusaciones de la ORIL “para pedir explicaciones por esa forma de tratar esta situación de acusar y amenazar sin tener ninguna evidencia. El problema es que se puede ir público sin pensar en el daño que puede causar”. Las expresiones de Cordero fueron publicadas por él en las redes sociales.
De hecho, las acusaciones contenidas en las querellas son más intrigantes debido a que la planta Indulac no había registrado antes del 5 de enero la presencia de elementos contaminantes en la leche entregada por los camiones de las plantas procesadoras.
El gerente general de Indulac, Francisco Orama, le confirmó a SN que no recuerda que se haya registrado un evento similar antes del 5 de enero del 2024.
Orama también señaló que Indulac coloca un nuevo filtro en el conducto de vaciado cada vez que un camión de las plantas procesadoras entrega leche en Indulac.
“Es procedimiento estándar que una vez el departamento de calidad (de Indulac) da el visto bueno de que se puede descargar el camión, se le coloca el filtro a la salida del camión. Un filtro por camión. No se puede reusar (el filtro)”, sostuvo el ejecutivo en una declaración a SN que fue enviada mediante mensaje de texto.
Orama también explicó que Indulac envía a la ORIL un reporte diario sobre el estado de los filtros. “Es procedimiento diario enviar un reporte del estado de los filtros por camión recibido. Se envían todos todos los días”, dijo el ejecutivo en un mensaje de texto.
SN le cuestionó a Orama “cómo es posible que dos camiones de dos empresas distintas se les señale por el hallazgo de larvas, cáscaras y pelos en la leche el mismo día. Francamente, esto levanta interrogantes”. En respuesta Orama señaló: “habría que ver qué metodología o data usó la ORIL para las conclusiones que llegó. Yo desconozco totalmente”.
-“De la querella se desprende que personal de Indulac alertó a la ORIL sobre que en el conducto de vaciado se detectó la presencia de larvas, cáscaras y pelos en la leche. Fue gente de Indulac la que inició este asunto”, indicó SN al ejecutivo.
– “Como le expliqué ayer, es un informe diario y rutinario que se prepara por personal de Calidad de Indulac. Ese día debieron haber filtros fuera de lo normal o en ese estado y de ahí es que ORIL procede”, respondió Orama.
El ejecutivo confirmó que Indulac procesó la leche en que aparecieron los elementos contaminantes, la cual fue envasa como leche UHT, que es el principal producto que elabora esa planta procesadora, y, además, se elaboró queso.
Ayer trascendió en las redes sociales que Julio Meléndez Morales, quien es uno de los directivos de Indulac y es, además, director ejecutivo de la Cooperativa Productores Leche Puerto Rico (Coople), advirtió al sector ganadero que la cooperativa estaría atendiendo el asunto según los remedios reglamentarios. Coople es la entidad propietaria de Indulac.
“Todo aquel ganadero que haya recibido una notificación de la ORIL por un incidente relacionado a la fecha del 5 de enero de 2024 se está trabajando para atender el asunto de manera eficaz dentro de los remedios que ofrece el reglamento. De tener alguna duda, favor de comunicarse con este servidor”, anunció Meléndez Morales en las redes sociales.
SN le envió un mensaje al ejecutivo de Coople para conocer qué acciones se proponía realizar Coople con las querellas emitidas por la ORIL.- “Le pregunto qué se proponen hacer en Coopple con esa querella. Llama la atención que varios camiones de dos empresas distintas se les señale por el hallazgo de larvas y pelos en la leche el mismo día”, cuestionó SN. Meléndez Morales no respondió.
Cámara de Comercio promueve café boricua en Washington
Con nuevo presidente y una agenda comprometida en los temas de agroindustria en la isla, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, presentó al Sr. Juan Arzuaga, como presidente de la Comisión de Agroindustria.
Como parte de sus primeros pasos, el Sr. Arzuaga, viajó a Washington DC esta semana para dialogar con varios congresistas sobre la medida H.R. 965, presentada por la representante Jill Tokuda de Hawaii en conjunto con la Comisionada Jenniffer González-Colón y los congresistas Case y Graves.
Esta medida persigue proporcionar subvenciones de investigación y extensión para combatir plagas de plantas y malezas nocivas que afectan las plantas de café, y para otros fines.
En general, se podrán conceder subvenciones para investigación y extensión conforme a esta sección; a los efectos, de desarrollar y difundir herramientas y tratamientos, con base científica, para combatir las plagas de las plantas y las malezas nocivas que afectan los cafetales.
La medida legislativa de la Cámara Baja, además, busca establecer un programa de manejo integrado de plagas en áreas afectadas o en riesgo de ser afectadas por plagas de plantas o malezas nocivas que impactan los cafetos; encuestar y recopilar datos sobre la producción y la salud de las plantas de café.
“Es de suma importancia que continuemos teniendo presencia en estos asuntos, tanto a nivel Federal como Estatal, para el bienestar de nuestra industria. Como parte de nuestro plan anual estaremos concretando reuniones para dialogar con varias industrias locales en pro de continuar reclutando y ampliando nuestra matrícula; para así, poder crear un frente unido a favor de todos los agricultores”, comentó Juan Arzuaga, presidente de la Comisión de Agroindustria de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, quién cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en la Legislatura de Puerto Rico y ocupa el puesto de Gerente General de Puerto Rico Coffee House.
A su vez, dicho proyecto proporcionará subvención para investigar la biología, inmunología, ecología, genómica y bioinformática de las plantas de café; y realizar investigaciones sobre los factores que pueden contribuir o estar asociados con el café.
Alcaldesa de Salinas denuncia obras ilegales en finca vinculada al secretario de Agricultura
Por Miguel Díaz Román
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) refirió a su Cuerpo de Vigilantes, que es la policía ambiental del gobierno, una denuncia realizada por la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, sobre la incidencia de un movimiento ilegal de terrenos en una finca que pertenece a una empresa en la que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, es accionista y su hijo es vicepresidente.
La finca donde se ha movido terreno de manera ilegal, según la denuncia realizada por la alcaldesa Bonilla Colón, pertenece a la empresa Agriart LLC, la cual es presidida por el acaudalado ganadero Mike McCloskey, mientras que González Beiró es accionista y su hijo, Ramón González Bernnazar, es el vicepresidente.
Agriart LLC alquiló la citada finca a la empresa Clean Flexible Energy, cual pertenece a la cogeneradora AES ubicada en Guayama. En el citado predio Clean Flexible Energy se propone construir un inmenso parque de paneles fotovoltaicos.
Bonilla Colón presentó la denuncia en el DRNA el miércoles 31de enero, luego de que fue informada sobre que maquinara pesada se encontraba en la finca removiendo porciones significativas de la corteza terrestre.
La abogada comunitaria y ambiental Ruth Santiago confirmó que le envió un correo electrónico a la alcaldesa Bonilla Colón tras confirmar el movimiento de terreno en la finca donde Clean Flexible Energy planifica construir el parque de paneles fotovoltaicos.
“Si, le enviamos un correo electrónico sobre el movimiento de terreno y la oficina de la alcaldesa le sometió la información al DRNA. Entendemos que son los terrenos donde AES y Clean Flexible Energy proponen el proyecto de 276,000 placas en suelo rústico especialmente protegido agrícola”, sostuvo Santiago.
En unas declaraciones escritas la alcaldesa sostuvo: “Referimos para investigación un caso de movimiento de terreno sin los permisos requeridos, en la finca donde la empresa AES propone instalar un parque solar. Según el portal de permisos, el proponente radicó una consulta de ubicación, que aún es evaluada por las agencias. Es importante señalar que nuestro municipio de Salinas no endosa dicho proyecto, por la calificación y zonificación del suelo”.
El parque de paneles fotovoltaicos propuesto en Salinas por Clean Flexible Energy es investigado por la Oficina de Ética Gubernamental debido a que el Departamento de Agricultura (DA) endosó el proyecto a pesar de que los terrenos que pertenecen a Agriart LLC son parte de una reserva agrícola. La reglamentación vigente solo avala usos estrictamente agrícolas en las reservas agrícolas.
El endoso del DA fue efectuado por un denominado Comité de Energía creado por González Beiró y cuyos miembros son subalternos del funcionario. No está claro si todos los miembros del Comité de Energía conocían la relación del secretario con la finca donde se propone construir el parque de paneles fotovoltaicos.
Además, Bonilla Colón refirió al DRNA un segundo caso de un alegado corte de árboles sin la autorización debida. Los cortes ilegales habrán ocurrido en una finca adyacente al Paseo Ladi en Salinas. La alcaldesa sostuvo que recientemente el DRNA revocó el permiso de corte de árboles y emitió una orden de paralización en esa finca.
“Nuestro llamado a la agencia es a que proceda cuanto antes, y se realicen las investigaciones correspondientes. Sepa toda la ciudadanía que estaremos vigilantes para que se cumpla con las leyes y reglamentos vigentes”, indicó Bonilla Colón.
El portavoz para la prensa del DRNA, Joel Seijo, confirmó que la denuncia efectuada por la alcaldesa de Salinas fue referida al Cuerpo de Vigilantes para investigación.
Una fuente de SN reveló que los trabajos de movimiento de terrenos en la finca que pertenecen a Agriart LLC, se realizaban en la tarde, luego de cumplido la jornada laboral en el gobierno.
Informe Semanal-2 de Febrero de 2024
Esta semana en Informe Semanal conversamos con Manuel Martin, ejecutivo de Mapfre, sobre el seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal, conocido como SINOT y los beneficios que ofrece.Tambien hablamos con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, sobre la importación de 150 toros por el Departamento de Agricultura a un costo de $1.5 millón mientras la UPR en Mayaguez produce el ganado Cenepol, geneticamente mejorado, y lo vende a bajo costo: $1,500 por animal. El costo de la ganado importado ascendió hasta $15,000 por animal.
También conversaremos sobre la investigación que realiza la Oficina de Ética Gubernamental relacionada con una declaración jurada que acusa al secretario de Agricultura, Además, Ramón González Beiró, de intervenir en la venta de un terreno. También hablamos sobre la importación de leche que se realizara a mediados de año, como resultado los problemas que enfrenta la industria lechera.
Mapfre ofrece beneficios adicionales en el seguro SINOT
Por Miguel Díaz Román
Llegó la temporada en la que los patronos y sus empleados deben prepararse para incursionar en la inscripción del Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT) y explorar en el mercado las alternativas que mejores beneficios le ofrecen a los trabajadores, sostuvo Manuel Martin Rivera, vicepresidente auxiliar de Desarrollo Empresarial-Salud para la aseguradora Mapfre Puerto Rico.
Martin Rivera recordó que el seguro SINOT es un requisito de ley para los patronos de la empresa privada, el cual garantiza determinados beneficios a los trabajadores asegurados que han sufrido una interrupción en el pago de sus salarios como resultado de una incapacidad ocasionada por una enfermedad o lesión que no está relacionada con el empleo ni con un accidente de automóvil.
El seguro SINOT es el resultado de la ley 139 de 1968 y opera como un complemento para la cubierta de protección por accidentes en el trabajo que ofrece la Corporación del Fondo de Seguro de Estado, creada por la ley 45 de 1935, y para la cubierta de protección por accidentes de tránsito que provee la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, establecida por la ley 138 de 1968.
El seguro SINOT está disponible para los trabajadores del sector privado que pertenecen a entidades con fines de lucro y para aquellos que laboran en el sector agrícola.
Martin Rivera recordó que el periodo de inscripción del seguro SINOT comienza el 1 enero y se extiende hasta el 25 abril de 2024.
Ventaja Competitiva
“Aunque el periodo de inscripción es del 1 enero hasta el 25 abril, el periodo de vigencia de la póliza es del 1 de julio hasta el 30 de junio del próximo año”, explicó Martin Rivera.
“En Mapfre tenemos nuestro propio producto del seguro SINOT, que es aprobado por el Departamento del Trabajo (DT). En nuestro producto tenemos una ventaja competitiva. Hemos estado por más de 30 años trabajando la póliza de SINOT y tenemos una cartera bastante grande de clientes de SINOT”, dijo Martin Rivera.
El ejecutivo explicó que, con la aprobación del DT, Mapfre aumentó los beneficios que debe recibir aquel trabajador que ha sufrido un accidente fuera de sus horas laborables que le impide retornar a su trabajo de manera temporal. No obstante, Martin Rivera aclaró que al patrono se le puede honrar la cubierta básica si asi lo desea.
Sostuvo que la póliza SINOT de Mapfre ofrece una mayor compensación semanal al trabajador lesionado, en comparación con la póliza básica, y también se aumentó el número de semanas en que se recibirá esa compensación, más allá del periodo que dispone la póliza básica.
“La mayor diferencia es el pago semanal (compensación) que lo hemos aumentado a $200, mientras el pago básico (que exige la póliza) es de $113”, dijo Martin Rivera.
Otra ventaja competitiva de la póliza SINOT de Mapfre es que aumentó a 30 semanas el tiempo en que el trabajador lesionado recibirá el pago semanal, lo que implica un incremento de cuatro semanas en relación con las 26 semanas que dispone la póliza básica.
No obstante, Martin Rivera indicó que la mayor ventaja competitiva del seguro SINOT de Mapfre es que garantiza un pago por muerte accidental de hasta $6,000. La póliza básica sólo garantiza un pago de $4,000 por muerte accidental.
Además, la póliza SINOT de Mapfre ofrece una cubierta para gastos funerales que garantiza un pago de entre $2,000 y $4,000.
Prime relativamente económica
Estos beneficios adicionales que ofrece Mapfre figuran como un atractivo a la póliza básica que patrocina el DT y que contiene otros beneficios por daños físicos ocurridos fuera de horas laborales. Estos beneficios se traducen en una compensación por la pérdida de extremidades, ojos, de ambos pies, dedos y otros daños catastróficos que pueda sufrir un asegurado en su cuerpo luego de horas laborales.
“Nuestra póliza ofrece todo lo que dice el gobierno y otros beneficios adicionales al empleado. Y si el patrono es una compañía que no tiene plan médico, pues la póliza SINOT es un beneficio que le puede ayudar (al trabajador) en caso de una emergencia. Y si (la compañía) ofrece plan médico, esta póliza de SINOT de Mapfre es un complemento”, dijo Martin Rivera.
Otro beneficio que ofrece Mapfre es la manera como se calcula la prima que se deberá pagar por el seguro SINOT.
“El gobierno exige cobrar 60 centavos por los primeros $9,000 que devengue cada empleado, pero la tasa promedio que tenemos en Mapfre está entre 35 y 40 centavos por los primeros $9,000. La prima de SINOT es relativamente económica y una empresa de entre 15 y 20 empleados debe pagar $500 de prima”, indicó Martin Rivera.
Otro aspecto señalado por el ejecutivo es que el pago de la prima lo puede realizar el patrono en su totalidad o puede alcanzar un acuerdo con sus empleados para que la prima se divida en parte iguales entre la empresa y la plantilla.
Más sucursales, mejor servicio
El ejecutivo reveló que Mapfre tiene una división especializada en el manejo de la póliza SINOT, lo que también redunda en beneficios a los asegurados porque el trámite de sus reclamaciones se realiza de manera rápida y eficiente.
Un atractivo de la póliza SINOT de Mapfre es que la aseguradora posee seis sucursales en toda la isla, lo que le permite a los asegurados tener acceso rápido a los servicios. Las sucursales están en San Juan, Ponce, Caguas, Mayagüez, Arecibo y Bayamón.
Martin Rivera agregó que Mapfre también ofrece pólizas de salud grupales y seguros que ofrecen protección contra el cáncer, las cuales están disponibles para los patronos que deseen aumentar los beneficios a sus trabajadores.
De hecho, Martin Rivera señaló que la póliza SINOT representa un aumento de beneficios para el trabajador y para el patrono, una medida que puede ayudar a conservar los trabajadores en sus empresas. “Lo más importante es que el patrono sepa que tiene con estos beneficios una oportunidad para retener empleados, que es un tema que ha afectado a las empresas en los pasados años”, concluyó el ejecutivo.
Inminente represalia militar de Estados Unidos
Por Miguel Díaz Román
La espera por la respuesta de Estados Unidos al ataque ocurrido el fin de semana que mató a tres soldados estadounidense en el noreste de Jordania ha elevado la tensión en el Medio Oriente a niveles sin precedente, en lo que ya la agencia de noticias Bloomberg cataloga como una de las decisiones más importantes que deberá tomar el presidente Joe Biden este cuatrienio.
El ataque en Jordania fue reivindicado por una agrupación armada denominada Resistencia Islámica de Irak, la cual es respaldada por Irán. En medio de la espera, el ministro de relaciones exteriores iraní, Nasser Kanaani, negó que su gobierno figure como promotor del ataque.
No obstante, el Pentágono ha dejado saber que considera al gobierno de Irán como responsable directo del ataque.
El jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Salami, sostuvo hoy que Irán responderá a cualquier amenaza de Estados Unidos.
«Oímos amenazas procedentes de oficiales estadounidenses, les decimos que ya nos han puesto a prueba y ahora nos conocemos, ninguna amenaza quedará sin respuesta», dijo Salami, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.
En un evento inesperado, la milicia Kataeb Hezbollah, que causó la muerte de tres soldados estadounidenses en Jordania y que es parte integral de la Resistencia Islámica de Irak, anunció la suspensión de sus ataques a esas tropas.
El presidente Biden ya expresó en Washington que había decidido cómo responder al ataque, pero no ofreció más detalles, lo que ha servido para alimentar una oleada de especulaciones.
Biden también dijo que con la respuesta militar que se propone ordenar no deseaba desencadenar una escalada en el conflicto militar de múltiples niveles que experimenta el Medio Oriente y que el pasado 7 de octubre sufrió un giro histórico con la incursión militar realizada por sorpresa contra Israel por la milicia Hamás.
No obstante, el exjefe de gabinete de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Jeremy Bash, declaró que la escalada podría ser inevitable debido a que hasta ahora han fracasado las medidas disuasorias tomadas por la armada estadounidense en Siria, Irak y en Yemen.
Milicias apoyadas por Irán han efectuado más de 100 ataques en Siria y en Irak contras tropas estadounidenses ubicadas en esa zona.
En el mar Rojo milicias respaldadas por Irán y procedentes de Yemen han realizado ataques contra barcos mercantes causando distorsiones en la transportación marítima internacional.
La prensa estadounidense sostiene, en reiterados análisis, que el presidente debe responder de manera contunde contra Irán, mientras que otras voces advierten que Biden tiene en realidad tiene tres opciones fundamentales: ordenar un ataque de gran peso contra objetivos militares en el interior de Irán; realizar un ataque que se limite a devastar las milicias Resistencia Islámica de Irak y, como tercera alternativa, no responder.
Halcones piden sangre
Pero en un año eleccionario es inevitable que la decisión final involucre cálculos electorales, lo cual anticipa que el grupúsculo de asesores que acompañarán al presidente en la decisión, se esforzarán por efectuar un raro ejercicio de funambulismo político, en el que intentará armonizar en una orden militar la dureza suficiente como para resaltar su poder disuasorio sin que alcance el matiz de una represalia devastadora que puede provocar una conflicto mayor.
Y, por supuesto, la respuesta debe contener los rasgos de espectacularidad bélica que satisfaga los apetitos de venganza de los halcones republicanos y demócratas, que ya exigen una cuota considerable de sangre del enemigo.
Las posibles alternativas de represalias divulgadas en la prensa apuntan a una respuesta militar contra una variedad de blancos potenciales que durará varios días. Entre los blancos identificados figuran instalaciones iraníes de fabricación de drones, los cuales son utilizados en varios conflictos activos como, por ejemplo, en Ucrania. También figuran bases aéreas y almacenes de misiles iraníes, y también está sobre la mesa la opción de realizar un ciberataque cuyo nombre en código es “Nitro Zeus”.
Posible acuerdo
Mientras este drama se desarrolla el diario The Washington Post ha informado que los negociadores de Estados Unidos, Qatar y Egipto están muy cerca de lograr un cese al fuego en Gaza de hasta seis semanas, un periodo durante el cual se estarían liberando todos los rehenes civiles retenidos por Hamás a cambio de la liberación de una cantidad indeterminada de palestinos encarcelados en prisiones israelíes.
No está claro qué efecto tendrá la respuesta militar de Estados Unidos contra Irán en el acuerdo de cese al fuego que aún no ha sido ratificado por las partes, los representantes de Hamás y de Israel.
Además, el Ministerio de Sanidad de Gaza, que es una entidad controlada por Hamás, ha informado que el número de víctimas desde el inició la ofensiva israelí ascienden a 26.900 muertos, la mayoría de los cuales son niños y mujeres.
Los trágicos estragos en Gaza obedecen a la estrategia militar empleada por el ejército israelí conocida como la doctrina Dahiya, que comprende el uso desproporcionado de la fuerza con el objetivo de destruir totalmente la infraestructura civil y presionar al máximo a los combatientes con el fin de desalentar la continuación o surgimiento de nuevas acciones insurgentes.
A pesar de la gran destrucción causada en Gaza y de que el ejército israelí asegura haber matado una tercera parte de los insurgentes, aún el gobierno de Israel es incapaz de reclamar que ha eliminado los principales líderes militares de Hamás.
No hay rastro de Sinwar
De hecho, se desconoce dónde está Yahya Sinwar, a quien Israel considera como el arquitecto del ataque contra Israel el 7 de octubre. La búsqueda de Sinwar, una misión que involucra a todo el ejército y cuya consecución representaría una verdadera victoria para Israel, ha sido uno de los objetivos en la masiva ofensiva desarrollada en la ciudad de Jan Yunis, que es la mayor ciudad del sur de Gaza.
Incluso, ha trascendido que uno de los asuntos discutidos en las negociaciones entre los representantes de Hamás y de Israel para el cese de hostilidades en Gaza es la posible salida al exilio del liderato de Hamás, incluyendo a Sinwar.
Gershon Baskin, un israelí que ha actuado como mediador con Hamás durante décadas, no cree que Sinwar acepte un acuerdo que implique abandonar Gaza. «No creo que esto vaya a suceder», dijo Baskin. Agregó que Sinwar caerá luchando. «Creo que Sinwar sabe que morirá como mártir y no le teme a la muerte. Ésta es la versión distorsionada del Islam de Hamás. La vida en la tierra es corta y el paraíso es eterno”, dijo Baskin.
Aunque Israel presume continuamente en los medios de comunicación sobre la presunta destrucción de decenas de millas de los túneles subterráneos de Hamás en el norte y el sur de Gaza, una investigación realizada por el diario The Wall Street Journal sostiene que el 80% de la infraestructura de túneles permanece intacta, según fuentes de la inteligencia estadounidense.
En ese contexto, no faltan voces en la opinión pública en Israel que se manifiestan incrédulos sobre los presuntos éxitos de la ofensiva militar y que promueven una discusión realista de las metas de la guerra y sobre la posibilidad de que Hamás no será destruida, como defiende a sangre y fuego el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Para este artículo el periodista se nutrió de diversos periódicos y revistas que se publican en Estados Unidos y en la escena internacional.
