Por Miguel Díaz Román

El Departamento de Justicia comenzó a crear una unidad de fiscales para investigar y procesar violaciones e incumplimientos en la prestación de servicios de salud a los pacientes, una iniciativa que no tiene precedentes en Puerto Rico y cuyo alcance en este momento se desconoce.

La información fue revelada por el designado secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, por medio de  una ponencia escrita que fue divulgada durante una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, la cual es presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló.

Ramos Otero reveló que ha sostenido reuniones con la designada secretaria de Justicia, Janet Parra Mercado, dirigidas a crear la nueva unidad de fiscales y a definir su marco de jurisdicción en el ámbito civil y criminal.

En la vista pública, celebrada el pasado martes, la Comisión de Salud estuvo examinando dos medidas, el Proyecto de la Cámara 2, que propone establecer en el Plan Vital del gobierno un sistema uniforme de tarifas para los proveedores de servicios de salud; y el el Proyecto de la Cámara 9, que autoriza a la Administración de Seguros de Salud a subrogarse y recobrar aquellos gastos médicos pagados por el gobierno, pero causados por un tercero a los beneficiarios del Plan Vital.

Precisamente, los planteamientos de Ramos Otero sobre la nueva unidad de fiscales fueron realizados durante su discusión del Proyecto 9. 

De hecho, el designado secretario dijo que la propuesta que le permitiría al gobierno recobrar los gastos médicos causados por un tercero es uno de los asuntos que atendería la nueva unidad de fiscales.

Justicia crea unidad

«Una recuperación adecuada de estos gastos podría contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud en Puerto Rico y disminuir la dependencia de financiamiento federal adicional», sostuvo Ramos Otero.

Sobre las reuniones sostenidas con Parra Mercado con el fin de crear la nueva unidad de fiscales Ramos Otero señaló que «el propósito de estas reuniones ha sido poder ir creando una unidad de fiscales dentro de dicha agencia (el Departamento de Justicia), que se enfocaría exclusivamente en los temas que afectan la prestación efectiva de servicios de salud a los pacientes, abarcando, entre otras, las mismas funciones que se proponen en este proyecto. De hecho, las discusiones han estado dirigidas a definir el marco de jurisdicción de esta oficina desde la perspectiva civil y criminal».

El designado secretario de Salud también señaló que la propuesta para crear la nueva unidad de fiscales figura como una de las promesas de la plataforma de Salud de la gobernadora Jennifer González Colón.

Señalamientos imprecisos

La mencionada plataforma propone «crear una unidad de fiscales en el Departamento de Justicia dedicada a asuntos de salud, para garantizar una atención efectiva y especializada en la defensa de los derechos de los pacientes y abordar las querellas relacionadas con la prestación de servicios de salud».

No obstante, tanto la plataforma política de la gobernadora González Colón y los señalamientos del designado secretario de Salud son sumamente imprecisos sobre el alcance de la nueva unidad de fiscales y no se aclaran otras interrogantes sobre los sectores de la industria de salud que estarían cobijados por la iniciativa y bajo qué condiciones se consideraría que violan los derechos de los pacientes o que no ofrecen servicios adecuados de salud. 

 A preguntas de SN, Ramos Otero sostuvo que el Departamento de Justicia estaría determinando si será necesario  presentar un proyecto de ley para crear la unidad y para establecer  las áreas de violación y las sanciones civiles y criminales que se podrían imputar.

«Justicia está  evaluando eso», dijo Ramos Otero.

El establecimiento de unidad de fiscales para atender las quejas de los pacientes insatisfechos con los servicios de salud que reciben representa un precedente innovador que no deja de ser polémico, pues sería la primera vez que el gobierno crea un organismo para encauzar en los tribunales los incumplimientos en los servicios de salud.

Ha trascendido públicamente que las dificultades en la accesibilidad de servicios, la denegación de medicamentos o la intervención de las aseguradoras en el juicio médico figuran como los principales problemas que enfrentan los pacientes. 

Control de gastos

Tales señalamientos acontecen en la modalidad de cuidado dirigido que rigen los seguros de salud financiados con fondos federales, como el Plan Vital, que recibe fondos federales del Medicaid, y la cubierta federal Medicare Advantage, dirigida a retirados de más de 65 años que han pagado el Seguro Social. La modalidad de cuidado dirigido pretende controlar el gasto en el uso de fondos federales. 

Aunque los pacientes insatisfechos con los servicios de salud que reciben tienen varias vías para hacer llegar sus quejas al gobierno, no está claro si estos mecanismos son efectivos o si es necesario avalar un organismo con el poder de imputar violaciones de ley criminales y civiles a los que incumplen su responsabilidad con los servicios de salud de los pacientes. 

Múltiples alternativas

Actualmente la Procuraduría del Paciente atiende las querellas de pacientes mientras que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) también recibe las querellas de los pacientes y de los proveedores de servicios de salud. La Procuraduría del Envejeciente investiga las querellas de los asegurados de la cubierta Medicare Advantage.

En 2024  la OCS lanzó una página de internet denominada Alerta, para que los pacientes puedan presentar reclamaciones cuando una aseguradora rechaza un medicamento, un tratamiento o servicio.

Alerta atiende querellas relacionadas con el Plan Vital, con la cubierta Medicare Advantage y aquellas que involucran seguros de salud que ofrecen las aseguradoras al mercado privado a sectores industriales y comerciales.

Por Miguel Díaz Román

La gobernadora Jenniffer González Colón aún no ha seleccionado a la persona que ocupará la posición de Comisionado de Seguros al cumplirse el tercer mes de su nueva administración, lo que ha causado una parálisis total en las operaciones de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), una entidad que precisamente se ha caracterizado en los últimos años por una extrema dilación en cumplir con los diversos servicios que ofrece a los miembros de la industria de seguros. 

La incertidumbre y el atraso rampante son las palabras que mejor describen el estado actual de la OCS, según las expresiones de determinados miembros de la industria entrevistados por SN. 

De hecho, algunos de los entrevistados aseguran que en la OCS no se mueve un solo asunto desde la celebración de las pasadas elecciones en noviembre del 2024, lo que mantiene con inquietud y zozobra a numerosos ejecutivos de la industria, productores de seguros y ciudadanos, debido a que sus trámites en  la OCS están detenidos.

Mientras tanto, el licenciado Alexander Adams Vega continúa fungiendo como Comisionado de Seguros hasta tanto no sea nombrado su sucesor.

No va Adams Vega

Fuentes de la industria aseguran que la gobernadora González Colón ha sostenido en privado que su intención es que Adams Vega sea sustituido por un nuevo Comisionado de Seguros. 

No obstante, al ingresar el tercer mes de la nueva administración, aún la gobernadora no ha seleccionado un candidato  a pesar de que, alegadamente, posee una terna con más de tres alternativas de profesionales que cuentan con la preparación académica, la experiencia y el respaldo de diversos sectores de la industria de seguros para ocupar el cargo.

Las fuentes sostienen que desconocen las razones que justifiquen la falta de acción de la Primera Ejecutiva en relación con el nombramiento del Comisionado de Seguros.

Abandonada la banca y los seguros

Incluso, la gobernadora aún no ha anunciado su preferencia en relación a las posiciones para la dirección de la Administración de Seguros de Salud ni de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

«La gobernadora  ha abandonado el área de seguros y de la banca», sostuvo una fuente. 

Miembros de la industria de seguros han planteado que, con el fin de acabar con la incertidumbre administrativa en la OCS, y ante la posible insatisfacción con los candidatos disponibles, la gobernadora se incline por asignar al cargo a una de los ex funcionarios que ocuparon posiciones ejecutivas en esa oficina, aunque no sean los candidatos más idóneos.

Algunas fuentes han mencionado la posible nominación del ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, a quien se le vincula directamente como responsable de la pérdida de la acreditación de la OCS por parte de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).

Contra Rivera Ríos también se ha señalado la existencia de posibles conflictos de interés debido a las numerosas deudas relacionadas con préstamos hipotecarios morosos que arrastra con instituciones bancarias.

En enero del 2020 Rivera Ríos presentó su renuncia al cargo ante la gobernadora Wanda Vázquez Garced. 

No obstante, en la prensa trascendió que fue despedido por Vázquez Garced debido a que Rivera Ríos, quien era miembro de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, no logró la salida del administrador de esa corporación pública, Jesús Rodríguez, una petición realizada por la entonces gobernadora. 

Cabildean los proveedores

Mientras continúa la falta de acción de la gobernadora González Colón con el nombramiento del Comisionado de Seguros, personas relacionadas con el sector de los proveedores de servicios de salud, que incluye médicos, hospitales y laboratorios, han estado gestionando un intenso y solapado cabildeo en el Senado a favor de la permanencia de Adams Vega en el cargo. 

Esto a pesar de la cerrada oposición que existe en contra del funcionario, especialmente al interior de la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese). 

Incluso, la fuentes aseguran que el propio Adams Vega ha realizados gestiones a su favor entre determinados senadores, a pesar de las escandalosas actuaciones que el pasado cuatrienio le imputó un informe senatorial, que lo vinculó con acciones fraudulentas con el objetivo de recuperar la acreditación de la OCS por parte de la NAIC.

Intervenciones cuestionables

Contra Adams Vega también figuran señalamientos de intervenciones cuestionables en el caso Redbridge, a pesar de que estaba inhibido de participar en asuntos relacionados con la firma PR legal Advisor, que ha sido representante legal de la empresa Redbridge. 

De hecho, recientemente la OCS informó que se había ordenado una investigación sobre unas imputaciones realizadas por Acodese contra la empresa Redbridge por la alegada venta ilegal de seguros de viaje.

También se le imputa a Adams Vega la aprobación del polémico reglamento de Normas para Regular el Proceso de Valoración (Appraisal) en Reclamaciones de Seguros, conocido como la regla 106, que entró en vigencia desde 1 de enero de 2024. 

Se oponen aseguradoras y reaseguradores

Entre otros asuntos, se le atribuye al citado reglamento la imposición a las aseguradoras de un proceso forzado de tasación de daños, en el que ajustadores públicos y tasadores sin experiencia podrían participar en calidad de árbitros.

Adams Vega también favoreció la aprobación del Proyecto de la Cámara 1533, que concedía a la OCS el poder adjudicar el monto de una reclamación de propiedad en controversia, y del Proyecto del Senado 1349, que otorgaba a la OCS el poder adjudicar el monto de las reclamaciones presentadas por los proveedores de salud. 

Ambas medidas fueron objetadas por las aseguradoras y por las compañías internacionales de reaseguro.

Otro asunto sumamente explosivo es que la OCS, durante la gestión de Adams Vega, ha querido mantener en confidencialidad el contenido de un acuerdo alcanzado con el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), relacionado con la liquidación de la aseguradora Real Legacy. 

La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) ha solicitado al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que libere del manto de secretividad al citado acuerdo.

La insistencia de la OCS en mantener la confidencialidad del acuerdo ha levantado numerosas especulaciones sobre la calidad de lo acordado y si en realidad los asegurados de Real Legacy han sido favorecidos o, si por el contrario, Swiss Re resultó beneficiado al ahorrarse determinada cantidad de dinero en el pago de reclamaciones.

Por Miguel Díaz Román

Como todos los principios de cuatrienio, los legisladores comienzan a radicar medidas para lograr aumentar los ingresos del gobierno y esta nueva legislatura no ha sido la excepción, pues se ha radicado un proyecto de ley que pretende imponer un cargo de 10 % a los ingresos de los corredores que manejan los seguros del gobierno.

La medida, el Proyecto de la Cámara 341, que fue radicado por el representante George Navarro Suárez, busca generar recaudos para beneficiar a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y a los municipios del país a razón de un cargo de 5% tanto para la agencia reguladora de la industria de  seguros como para las alcaldías.

Navarro Suárez es el nuevo presidente de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes.

Específicamente, la medida propone enmendar el Código de Seguros para establecer que cuando se utilicen los servicios profesionales de los corredores de seguros públicos, objeto de un proceso de selección abierta, se hará una retención por concepto de aportación adicional equivalente al 5% de la comisión pagada al corredor de acuerdo con el volumen total de primas asignadas.

La medida exime de la citada retención a las comisiones ganadas por corredores  de seguros seleccionados a través de un proceso de subasta pública, tanto en Seguros Públicos como en los municipios.

Sobre el cargo de 5% que podrían imponer los municipios, la medida dispone enmendar la ley 107 de 2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, para que los municipios o los consorcios de municipios puedan imponer un cargo de hasta 5% a  la compensación pagada al corredor de seguros públicos contratado por el municipio para mejorar la salud fiscal de los municipios.

El Proyecto 341 propone que la OCS  pueda adquirir e invertir en tecnología para optimizar los servicios a favor de los productores de seguros con los recaudos generados por el cargo de 5%. 

Supervisión de transacciones complejas 

Esos nuevos equipos tecnológicos son descritos como un sistema digital para solicitar, renovar y gestionar licencias de productores y ajustadores de seguros. Además, menciona un sistema de datos que verifique automáticamente los requisitos cumplidos.

Otra propuesta establece que la OCS deberá adquirir un sistema de inteligencia artificial capaz de revisar la documentación presentada y validar el cumplimiento de normas automáticamente.

También menciona que el nuevo cargo pretende darle «cumplimiento»  al capítulo 61 del Código de Seguros, que atiende exclusivamente las disposiciones relacionadas con el Centro Internacional de Seguros (CIS), que incluye aseguradores y reaseguradores de seguros Internacionales que operan desde Puerto Rico. 

Según la medida, con los recaudos del cargo de 5%  la OCS  deberá contratar los servicios profesionales necesarios para aumentar la capacidad de supervisión de transacciones complejas que involucren asegurados en múltiples estados de los Estados Unidos.  

Los fondos se utilizarán, además, para adiestrar a los funcionarios de la OCS para «comunicarse adecuadamente con los comisionados de seguros de otros estados».

Rivera Ríos en escena

La pérdida de la acreditación de la OCS por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) ocurrió en julio de 2020. La determinación respondió a que la NAIC rechazó la aprobación que realizó la OCS en 2018 de una transacción financiera a favor de unas aseguradoras instaladas en el CIS, que pudo colocar en peligro a miles de asegurados en los Estados Unidos. 

La citada transacción fue avalada por el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos. En aquel momento el actual comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, fungía como comisionado auxiliar de Asuntos Legales de la OCS.

De hecho, varios corredores entrevistados por SN, quienes prefirieron mantener su anonimato, señalaron que el originador de la medida lo es Rivera Ríos.

Sobre el cargo de 5% que podrían imponer los municipios, la medida dispone enmendar la ley 107 de 2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, para que los municipios o los consorcios de municipios puedan imponer un cargo de hasta 5% a  la compensación pagada al corredor de seguros públicos contratado por el municipio para mejorar la salud fiscal de los municipios.

Alegan más ingreso en licencias

El Proyecto 341 no menciona a los agentes generales, que son contratados por los corredores para identificar un asegurador que cubra los riesgos de la agencias del gobierno central, de las corporaciones públicas o los municipios. La agencia general suele colocar el reaseguro facultativo fuera de tratados de reaseguro. 

Los corredores entrevistados señalaron que los cargos que en conjunto suman 10 % propuestos por el Proyecto 341 apenas podrían generar $1.2 millones, pues, alegadamente, los cerca de 35 corredores del gobierno reciben en comisiones anuales cerca de $12 millones. De acuerdo con los corredores entrevistados el ingreso que obtendría la OCS se limitaría a $600,000 anuales y de igual manera, los municipios recibirán una partida similar.

Los detractores han señalado que los autores de la medida no han contemplado otras fuentes de ingreso para lograr sus objetivos como, por ejemplo, aumentar entre $500 y $800 a la tarifa de $1,000 que actualmente  cobra la OCS cada año para proveer y renovar las licencias de los productores de seguros. Alegadamente, los cerca de 5,000 agentes de seguros que existen en el mercado podrían generar entre $2.5 millones y $4 millones anuales. 

Sostuvieron que si las agencias generales de seguros fueran incluidas en la medida el monto de los recaudos aumentaría favorablemente.

Cambio de paradigma

Algunos de los corredores entrevistados señalaron que la medida es confusa porque, alegadamente,  en ocasiones el texto menciona la comisión de los corredores y en otras señala la «compensación».

Los corredores temen que al mencionar la «compensación» se interprete que la base para imponer el cargo propuesto sea la totalidad de la prima que maneja el corredor, lo cual podría ser más oneroso para estos profesionales

Otros entrevistados entendieron que la medida no afectaría adversamente a los corredores del gobierno.

No está claro si la medida radicada por el legislador Navarro Suárez ha sido avalada  por el Partido Nuevo Progresista, pues en realidad representa un cambio de paradigma, debido a que los  corredores que manejan los seguros del gobierno constituyen un vehículo para nutrir de fondos a las campañas electorales de los partidos políticos.

Esta información surge de las numerosas denuncias realizadas a lo largo de los años por determinadas figuras de la industria de seguros, quienes han revelado esquemas de presunta corrupción en la selección de los corredores de seguros de gobierno, tanto por administraciones del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista.  

Señalado Andrés Guillemard

La más reciente denuncia la realizó la conocida corredora de seguros Edna Vázquez Bonnet, quien el pasado cuatrienio llegó a presentar en el Departamento de Hacienda un flujo grama de influencias indebidas y corrupción en la división de Seguros Públicos por miembros del PNP.

Entre las personas mencionadas por flujograma figuró el abogado Andrés Guillemard, quien es el esposo de la hermana del ex gobernador Pedro Pierluisi, Caridad Pierluisi, quien fue la directora de la Oficina del Gobernador y durante el pasado cuatrienio. 

El 22 de febrero de 2016 en la Oficina de Contralor Electoral (OCE) recibió una querella de parte de una entidad denominada como Ciudadanos Pro Campañas Libres de Corrupción, cuyos integrantes no estaban identificados en el documento.

La querella anónima denunció siete esquemas de presuntas violaciones en la recaudación de donativos de parte del Comité de Campaña del entonces Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, quien competía con Ricardo Rosselló por la posición de candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.

El esquema 4, caso 2, de la querella anónima, sostiene que “el empresario Andrés Guillemard Noble, solicitó y recibió donativos en efectivo a favor de la campaña de Pedro Pierluisi proveniente de múltiples comerciantes de la industria de los seguros. Esto, bajo la promesa de asistirlos a asegurar una participación de los negocios que ofrece para esta industria al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Sr. Guillemard recolectó los fondos, algunos en cheque y otros en efectivo, algunos informados conforme con la ley y otros informados y utilizados de forma fraudulenta en beneficio de la Campaña de Pierluisi”. 

Sobre esta denuncia, la determinación de la OCE indica que la División de Auditoría de Donativos y Gastos “no pudo corroborar en los informes radicados a la OCE, las personas involucradas en este alegado esquema dado a que no proveyeron los nombres o alguna otra información corroborable”.

MAPFRE continúa cumpliendo su compromiso con la eficiencia energética como elemento clave en su estrategia de descarbonización, que tiene como objetivo lograr la neutralidad en 2030 en todos los países donde está presente.

En 2024, la compañía redujo su consumo energético un 27% menos respecto a 2022, lo que representa un total de 40 millones de kWh menos, correspondientes al consumo de la electricidad y combustibles fósiles, como el gas natural y la gasolina. Esta cifra supera el objetivo previsto del Plan de Huella Ambiental para 2030, situado en el 16%.

La compañía dio a conocer estos resultados con motivo del Día Mundial de la Eficiencia Energética, que se celebra hoy, y en el que ha destacado que todo ello se debe principalmente a la reducción del 30% en la factura eléctrica de los edificios situados en los 25 países donde tiene actividad aseguradora, y gracias a medidas como la instalación de paneles fotovoltaicos, la optimización de espacios de trabajo y la inversión en equipos de climatización e iluminación más eficientes.

La reducción en el consumo eléctrico (30%), sumado al incremento en la adquisición de energías renovables (14%), procedentes de placas solares, energía eólica y presas, entre otras, ha permitido que en 2024 la aseguradora haya evitado la emisión de un toral de 9,988 Tm de CO2e a la atmósfera.

Edificios sostenibles

La aseguradora apuesta por el diseño y construcción de edificios con criterios de sostenibilidad y se ha fijado el objetivo de que en 2030 el 65% de la superficie de sus principales espacios de oficinas, cerca de 30 edificios, dispongan de un certificado de edificación sostenible LEED, BREEAM o EnergyStar, que reconocen la máxima calidad en el uso de la luz natural, agua o transporte. En este sentido, a finales de 2024, cerca de la mitad (49%) de la superficie de estos inmuebles ya disponían de alguna de estas certificaciones, un 3% más que el pasado año.

Destaca el desempeño de algunos países como España, México, República Dominicana, Italia, Perú y Malta, que cuentan con un total de 8.346 paneles fotovoltaicos en sus oficinas, con los que generaron más de 3 millones de kWh, y con los que han podido reducir un 16% su factura eléctrica en dichos espacios. Esta reducción ha evitado 651 Tm de CO2e a la atmósfera. También se ha sustituido la iluminación convencional por luces LED, más eficientes (España), y se han renovado equipos de aire acondicionado en Puerto Rico, Brasil o Perú. Con todas estas medidas, la compañía ha reducido un 1 millón de kWh al año.