Por Miguel Díaz Román

Tras la divulgación del informe de una investigación sobre la operaciones del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), auditores de la Oficina del Contralor estuvieron reunidos la pasada semana con personal del Departamento de Justicia, en lo que representa un nuevo desarrollo que podría involucrar la radicación de cargos criminales relacionados con la controvertible fondo cuyo desembolso de dineros públicos lo determinan los legisladores.

En entrevista con SN, la contralora, Yesmín Valdivieso, reveló que tan temprano como el pasado viernes, un día después de que la Oficina del Contralor publicara el informe del FMM, auditores de esa oficina se reunieron con personal del Departamento de Justicia.

Valdivieso indicó que la conversaciones tenían como objetivo dialogar sobre los hallazgos publicados y sobre otros aspectos de la investigación que no figuran en el informe.

La funcionaria indicó que las conversaciones podrían conducir a la radicación de cargos criminales, una determinación que la Contralora reconoció le corresponde a Justicia.

La funcionaria hizo las expresiones en el contexto de que SN publicó un artículo el pasado viernes en que sostuvo que la investigación sobre el FMM «no satisfizo las expectativas que levantó, debido a que el informe no hace referidos directos al Departamento de Justicia ni a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, a pesar de que entre sus hallazgos figura el desembolso de los fondos públicos a las entidades sin fines de lucro contrario a la ley».

El artículo de SN señaló que la investigación de la Oficina del Contralor concluyó que el FMM es inconstitucional porque son los legisladores y no el Ejecutivo, quienes deciden cómo se emplearán los fondos públicos, y no está claro si esa oficina tiene la discreción para determinar lo que es y no es constitucional.

Investigación con fallas

Los legisladores asignan los fondos a través de encomiendas que ponen en vigor el Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la Autoridad de Tierras (AT).

El artículo denunció que la investigación no atendió las entidades sin fines de lucro que, sin poseer experiencia alguna en proyectos de construcción y de infraestructura, recibieron asignaciones millonarias para realizar ese tipo de encomienda.

La investigación tampoco abundó sobre la fiscalización que la AT pudo realizar sobre las asignaciones para la compra y entrega a la ciudadanía de equipos médicos, deportivos, equipos del hogar como neveras, estufas, acondicionadores de aire, cisternas, microondas, televisores, alimentos y artículos de primera necesidad.

El informe de investigación cubre desde el 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022, un periodo en el que la AT formalizó 722 contratos por valor de $23 millones del FMM.

Las asignaciones iban dirigidas a municipios, entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.

Contralora disiente

Valdivieso disintió de las conclusiones del artículo y reveló que existen aspectos de la investigación que no fueron revelados en el informe, en obvia referencia a que la investigación ha producido más hallazgos que los divulgados públicamente.

La funcionaria también indicó que antes del pasado viernes ya los auditores de la Oficina del Contralor habían sostenido conversaciones con personal del Departamento de Justicia.

«Respetuosamente difiero de tu apreciación. En los informes de investigación no podemos dar muchos detalles, pero esta misma mañana mis auditores estuvieron reunidos con Justicia. Ya durante la investigación nos habíamos estado reuniendo con ellos», sostuvo Valdivieso durante la entrevista realizada el pasado viernes.

La Contralora fue parca en sus expresiones y aunque no está del todo claro por qué en los informes «no podemos dar muchos detalles», es comprensible que durante una investigación existan aspectos que requieran una mayor corroboración o una indagación más profunda, lo que impide que sean divulgados públicamente.

Posibles delitos criminales

Valdivieso también indicó que parte de la discusión con Justicia giró en torno a la posibilidad de que parte de los hallazgos impliquen posibles delitos criminales.

«En unos casos nosotros entendemos que sí, que hay delito (criminal). Pero eso lo determinan ellos (Justicia), si hay suficiente evidencia o si es más fácil por el lado administrativo y no es necesario esperar hasta cuatro años por una decisión o por un jurado. Justicia es la entidad que determina si existen delitos criminales. Si nos dijera que son (casos) administrativos y que ellos no van a hacer nada, los referiría entonces a la entidad que sea necesaria», explicó la funcionaria.

Valdivieso insistió en que el hallazgo más importante de la investigación es que el FMM es inconstitucional porque son los legisladores quienes determinan la manera cómo se emplearán los fondos públicos, la cual es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.

Destacó que la manera «poco transparente» cómo los legisladores asignan los fondos es el aspecto más preocupante del FMM.

«Si nosotros queremos recobrar la confianza del pueblo en el servicio público se tiene que ser transparente. En la medida que estas haciendo asignaciones de dinero público sin saber a quién, ¿qué es lo que se va a pensar?, que estás haciendo un chanchullo. Eso para mí es lo más importante. Si el Tribunal Supremo encontró que el barrilito era inconstitucional, y esos eran fondos que se asignaban por resoluciones, ¿cómo no va a encontrar inconstitucional un fondo que no tiene transparencia?», dijo Valdivieso.

Sin evidencia uso político

Sostuvo que la evidencia recopilada hasta el presente no demuestra que haya habido legisladores que asignaran fondos esperando una aportación política de los recipientes de las ayudas. «Yo me imagino, que al momento de asignar los fondos los legisladores piensen ‘yo espero que tú me pagues para atrás votando por mí’. Ese tipo de círculo de corrupción no lo hemos encontrado», indicó.

Explicó que las deficiencias del FMM son más parecidas a los señalamientos que la Oficina del Contralor ha imputado a la Comisión de Donativos Legislativos, la cual no corroboraba el uso realizado por la entidades que recibían los fondos públicos asignados.

Hasta el momento los únicos funcionarios señalados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI) por, alegadamente, haber cometido malversación de fondos públicos relacionados con el FMM, son la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (AT), Dorally Rivera Martínez, la ex directora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el director del Programa de Infraestructura Rural (PIR), Miguel Santiago Irizarry.

Caso paralizado

El pasado mes de abril la OFEI anunció que el caso estaba paralizado en espera de la investigación que la Oficina del Contralor divulgó la pasada semana.Los fiscales asignados al caso son Zulma Fuster, Ramón Mendoza y Fabiola Acarón.

El 17 de febrero del 2022 el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, destituyó a Rivera Martínez de su cargo como directora ejecutiva de la AT, luego de que ese día la funcionaria envió una carta a los senadores y representantes para reclamar un alto a las asignaciones de fondos del FMM.

En la misiva Rivera Martínez reveló que se había detectado un “patrón” en el flujo de fondos a determinadas corporaciones sin fines de lucro que se autorizaron por “cantidades considerables y con cierta frecuencia”.

Más adelante González Beiró refirió a Justicia los hallazgos de una evaluación de los contratos y desembolsos de fondos del FMM a entidades sin fines de lucro. Como resultado de ese referido, en septiembre del 2022 el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, recomendó a la OFEI designar un fiscal especial por una alegada malversación de fondos públicos contra los ex funcionarios.

Por Miguel Díaz Román

Finalmente la Oficina del Contralor divulgó los resultados de una investigación sobre la operaciones del polémico Fondo de Mejoras Municipales (FMM), la cual no satisfizo las expectativas que levantó, debido a que el informe no hace referidos directos al Departamento de Justicia ni a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, a pesar de que entre sus hallazgos figura el desembolso de los fondos públicos a las entidades sin fines de lucro contrario a la ley.

De hecho, el informe le recomienda a Justicia y al FEI «considerar los resultados y realizar los procesos que entienda pertinentes».

El primer hallazgo de la investigación es que la asignación de fondos del FMM que realizan los legisladores y que ponen en vigor el Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la Autoridad de Tierras (AT), es inconstitucional porque la manera cómo se emplearán los fondos públicos es una función del Ejecutivo y no de la rama Legislativa.

Un hallazgo que en realidad es un opinión legal de la Oficina del Contralor y no está claro si esa oficina tiene la discreción para determinar lo que es y no es constitucional.

Y aunque la investigación revela graves irregularidades en el manejo de los fondos de parte de determinadas entidades sin fines de lucro, nada se indica en el informe sobre aquellas entidades que, sin poseer experiencia alguna en proyectos de construcción y de infraestructura, recibieron asignaciones millonarias para realizar ese tipo de encomienda.

La investigación no abunda ni profundiza en las gestiones que pudo realizar el PIR para calificar a las entidades sin fines de lucro en cuanto a su experiencia y capacidad para recibir asignaciones para proyectos de construcción.

Sin fiscalizar servicios directos a la ciudadanía

Otro asunto que no es tratado por la investigación es cómo se fiscaliza la asignación de fondos para los llamados servicios directos a la ciudadanía, que comprende la compra y entrega de equipos médicos, deportivos, equipos del hogar como neveras, estufas, acondicionadores de aire, cisternas, microondas, televisores, alimentos y artículos de primera necesidad.

De hecho, uno de los principales hallazgos de una investigación es que dos entidades sin fines de lucro que recibieron asignaciones de parte de legisladores de distrito, utilizaron $16,197.00 para el pago de alquiler y la remodelación de sus oficinas administrativas.

La investigación no identifica a las dos entidades sin fines de lucro y tampoco señala quiénes son sus directivos y qué justificación se presentó para avalar el uso de fondos que debían beneficiar a la ciudadanía en trabajos de remodelación de oficinas y el pago de alquiler.

La investigación también concluyó que el PIR y la AT autorizaron el desembolso de $1,045,730 a determinadas entidades sin fines de lucro en violación a las disposiciones contractuales exigidas por la reglamentación que rige esas transacciones.

No se devolvió el dinero sobrante

Además, a junio de 2023 la AT no había recobrado $417,544 asignados a tres entidades sin fines de lucro que no utilizaron el dinero para beneficiar a la ciudadanía y en cambio, los mantuvieron depositados en sus cuentas bancarias.

La reglamentación vigente dispone que la entidad no podrá utilizar los fondos sobrantes para otros propósitos, a menos que remita una nueva propuesta aprobada. De no ser así, la entidad sin fines de lucro debe devolver el dinero no utilizado.

La investigación también identificó que la AT autorizó el desembolso de $15,400 en tres pagos que beneficiaron directamente a familiares de una empleada del PIR.

Entre las asignaciones figuran $6,000 para levantar un muro que no fue construido en la casa de una persona que es familia de la empleada del PIR. Otro hallazgo es que se asignó $3,700 para la compra de puertas y ventanas para la residencia de una persona del distrito de Humacao.

La investigación confirmó que las puertas y ventanas no fueron adquiridas a pesar de que el dinero fue desembolsado en un cheque que fue cambiado. La persona, que es la madre de la empleada del PIR, en realidad vive en Guayama y no en el distrito senatorial de Humacao.

Sobre estos últimos hallazgos la investigación concluyó que la AT no cuenta con reglamentación para evitar conflictos de interés y garantizar que los fondos sean utilizados de acuerdo con los fines propuestos.

Gastos sin evidencia

Otro hallazgo de la investigación es que la AT no evaluó 52 desembolsos por $200,678 a cuatro entidades sin fines de lucro, las cuales no presentaron evidencia sobre cómo realizaron el gasto de esos fondos públicos.

Una intrigante irregularidad detectada por la investigación es que cinco entidades sin fines de lucro realizaron 146 desembolsos por $1,009,206, antes de que recibieron los fondos de parte de la AT o después de la fecha de vigencia de los contratos.

Como ya se ha indicado, la investigación también concluyó que la ley 173 de 2020 enmendó la sección 4090.09 del Código de Rentas, que establece el FMM, es inconstitucional porque dispone que los legisladores determinarán el uso de los fondos públicos. El FMM se nutre de los recaudos del IVU que pertenece a los municipios.

Ejecutivo decide el gasto

La investigación concluyó que la Constitución reconoce la responsabilidad de determinar el tipo de gasto que se efectuará con los fondos públicos corresponde al Ejecutivo y no a la Rama Legislativa.

La ley 173 enmendó el Código de Rentas Internas para ordenar que los fondos acumulados en el FMM serían depositados en el PIR de la AT. Este programa, que ya manejaba las resoluciones conjuntas de los legisladores para obras en la zona rural, tendría la responsabilidad de distribuir las asignaciones presentadas por los legisladores. 

La ley 173 también estableció que el 50 % de los fondos acumulados en el FMM será distribuido proporcionalmente entre los ocho distritos senatoriales y el 50 % restante será distribuido entre los 40 distritos representativos.

Específicamente la ley 173 sostiene que «los dineros en el Fondo de Mejoras Municipales serán distribuidos proporcionalmente por distrito representativo y senatorial para ser asignados a proyectos de obras y mejoras permanentes públicas en los municipios».

Sobre la enmienda que introdujo la ley 173, el informe señala: «esta oficina determinó que dicha enmienda está en contraposición con la Sección 4, Artículo IV, de la Constitución, al aplicar la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, en relación con la distribución del Fondo por los senadores y representantes de distrito. La decisión del legislador de distrito, en cuanto a la utilización de los fondos públicos, constituye una función ejecutiva que estaría indebidamente y asumida por un funcionario de la Rama Legislativa. Ya que un miembro de la Rama Legislativa no puede poner en ejecución una ley. La facultad de poner en vigor las leyes es una exclusiva de la Rama Ejecutiva».

Crecen los cambios a los certificados

De hecho, antes y después de la aprobación de la ley 173 de 2020, algunas corporaciones sin fines de lucro experimentaron una súbita conversión en sus certificados de incorporación para que, además, de ofrecer servicios a las comunidades de escasos recursos, también pudieran ofrecer servicios de construcción.

Esas modificaciones a los certificados se realizaron sin que existiera evidencia de que esas corporaciones sin fines de lucro tenían experiencia previa en actividades tan complejas como la construcción de estructuras y de infraestructuras.

Algunos de los cambios a los certificados de incorporación ocurrieron en el 2019 y en alguna de esas entidades efectuaron los cambios semanas antes del 30 de diciembre del 2020.

Por la libre los legisladores

La investigación también reveló que los senadores y representantes de distrito determinan, mediante carta, el uso específico de los fondos. Los legisladores seleccionan a los beneficiarios del FMM y los refieren a las entidades sin fines de lucro para la entrega de la ayuda o del donativo. Estos referidos son de forma verbal o mediante carta.

Los legisladores determinan la construcción de obras y mejoras permanentes; la compra de enseres eléctricos, de equipos médicos y deportivos, y de juguetes; y el pago de servicios.

De hecho, la investigación revela que la discreción que tienen los legisladores para asignar los fondos del FMM es tan amplia y carente de restricciones y de fiscalización que, a pesar de que los fondos deben beneficiar a los ciudadanos que residen en los distritos que representan los legisladores, se ha encontrado que se asignan ayudas a ciudadanos de otros distritos.

Según la investigación, dos entidades sin fines de lucro desembolsaron $25,074 a siete personas que no pertenecían a los distritos representativos 25 ( Jayuya, Ponce y Juana Díaz) y 30 (Arroyo, Guayama y Salinas), que eran los distritos de los legisladores que asignaron los fondos. Según este hallazgo de la investigación, dos beneficiarias eran residentes de Vega Alta y Santa Isabel; un beneficiario era residente de Camuy; y cuatro beneficiarios eran residentes de Trujillo Alto, San Juan y Cayey.

La investigación descubrió que un representante asignó fondos a cuatro beneficiarios a pesar de que estos no eran de su distrito representativo. El pago a estas personas ascendió a $11,450 y fue realizado por una entidad sin fines de lucro. Estos beneficiarios eran residentes de Toa Alta, Hatillo, Arecibo y Cataño.

Por Miguel Díaz Román

Ante la posibilidad de que el director ejecutivo de la Autoridad de Tierras, Irving Rodríguez Torres, sea considerado por la administración entrante como candidato para secretario de Agricultura, personas vinculadas a la corporación pública han denunciado la venta de terrenos agrícolas para desarrollos privados y otra serie de acciones atribuidas al funcionario que, alegadamente, lo descalifican para ocupar la posición.

En respuesta, Rodríguez Torres contestó los señalamientos alegando que los denunciantes no están debidamente informados, desconocen los procesos en la corporación pública y, además, el funcionario sostuvo que algunas de las alegaciones parten de información incorrecta.

El director ejecutivo de la Autoridad de Tierras, Irving Rodríguez Torres, junto al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

El principal señalamiento denunciado es la alegada venta de 430 cuerdas de terreno agrícola de la finca Regadera en Vega Alta al conocido desarrollador Federico Stubbe.

Los denunciantes alegan que la venta de la finca Regadera se suma a otra transacción, realizada el pasado cuatrienio, que involucró la venta al desarrollador de 507 cuerdas de terreno agrícola pertenecientes a la AT en Dorado.

También se alega que Stubbe se ha valido de la creación de diversas corporaciones para adquirir terrenos agrícolas y, alegadamente, violar las disposiciones de la ley 26 de 1941, que es el estatuto matriz de la AT y que contiene una prohibición contra la tenencia de más de 500 acres de tierra «por personas jurídicas, sociedades y otras organizaciones corporativas de carácter privado».

Sobre estas denuncias Rodríguez Torres dijo que «a Stubbe no se le ha vendido terrenos en este cuatrienio. Tiene una oferta sometida a la Junta de Gobierno que está en proceso no se ha aprobado ni denegado».

«La propuesta de Stubbe lleva más de dos años en la AT, la cual es considerada por la Junta de Gobierno y aún el organismo no ha aprobado la venta ya que solicitó información adicional», dijo el funcionario.

Sin comentarios

Sobre la posibilidad de que el desarrollador haya violado la prohibición de poseer más de 500 acres a través de incorporar diversas entidades jurídicas para adquirir tierras, Rodríguez Torres no hizo comentarios.

Otra denuncia es que se aprobó la venta de 300 cuerdas de la finca Miza en Cabo Rojo y luego la venta fue cancelada porque la rechazó la oficina de preservación del Departamento de Agricultura.

«Como parte de la reglamentación, la Oficina de Preservación de Terrenos puede ofrecer una recomendación favorable o no favorable al Secretario y éste aprobar o denegar la misma. Esto es un proceso ordinario». dijo el funcionario sobre la finca Miza.

Otra denuncia es que se le vendió la finca Coloso en Aguada a la empresa Productos el Ñamero. Sobre esta denuncia Rodríguez Torres dijo que esa venta fue aprobada tanto por el ex director ejecutivo de la AT el pasado cuatrienio, Juan Rodríguez, y por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.

«Luego de estas aprobaciones la directora de Bienes Raíces en aquel momento paralizó la venta. Bajo mi incumbencia se ha estado verificando todo el caso para ver qué ocurrió. Al día de hoy se está levantando un plano nuevo para luego discutir con la División Legal los próximos pasos a seguir», dijo Rodríguez Torres.

Niega venta a Rodríguez Mateo

Otra venta denunciada comprende 30 cuerdas de la finca Aguirre en Salinas, ubicadas en suelo especialmente protegido, al ex senador y ex alcalde de Salinas, Carlos Rodríguez Mateo. «No ha ocurrido ninguna venta al señor Rodríguez Mateo durante mi incumbencia», dijo el funcionario.

Otra denuncia es la venta o posible venta de 27 cuerdas en Guayama para un proyecto de energía de placas solares.

«No se ha vendido ningún terreno para proyecto de placas solares», fue la respuesta escueta del director ejecutivo de la AT.

Los denunciantes también indican que Rodríguez Torres aprobó la venta de 108 cuerdas en Yabucoa al señor Héctor Noel Ramos Dávila. Sobre esta denuncia el funcionario aceptó que la transacción se encuentra en trámite tanto en la AT y en la Junta de Planificación.

Sin explicar el tipo de terreno

«El caso del señor Ramos era una venta pendiente. Falta tener un plano que tenga menos de 10 años. Luego de que se realice el plano, también es necesario ser presentado y aprobado por la Junta de Planificación. Posteriormente, se debe tasar y entonces ofrecer el precio de venta al participante», explicó el funcionario.

No obstante, Rodríguez Torres Rodríguez no explicó las razones que justifican esa venta y qué tipo de terreno involucra la transacción.

Otra denuncia es que Rodríguez Torres favoreció la ubicación de un centro de trasbordo de basura en la finca Fraternidad en Guánica.

«No he firmado nada relacionado a transbordo de basura, aunque la AT posee vertederos y terrenos con prácticas no agrícolas y comerciales. Esto es permitido por Reglamento y cada caso se evalúa individualmente», respondió Rodríguez Torres.

Otra queja es que el funcionario avaló el arrendamiento de la Finca Monserrate en Luquillo para ubicar un condo hotel de la corporación Ashford 1056 LLC.

De la respuesta ofrecida por Rodríguez Torres se desprende que sí avaló el arrendamiento de la Finca Monserrate para la construcción de un condo hotel, no obstante, aclaró que las estructuras que se construyan no pueden ser permanentes, lo cual es una limitación en el tipo de material que se utilicen en el proyecto.

En ley avalar estructuras no permanentes

«Se pueden aprobar estructuras que no sean permanentes. La AT históricamente alquila terrenos sujetos a que los arrendatarios presenten posteriormente la permisología necesaria para la práctica que desean realizar. Una vez presentada la evidencia, se eleva el caso nuevamente al Comité de Bienes Raíces para nuevos cánones, elevar a la Junta de Gobierno, o renegociar los años de vigencia entre otras cosas», dijo Rodríguez Torres.

Otro asunto ventilado por los denunciantes es que el funcionario se propone firmar un manifiesto ambiental con las autoridades federales para que la AT sea responsable de los daños ambientales causados por la Destilería Serrallés en los terrenos alquilados que posee esa empresa en la Central Mercedita en Ponce.

«No se está evaluando un manifiesto. Las centrales (ex centrales azucareras adquiridas por la AT) tienen asuntos con la EPA desde mucho antes de este alquiler. El asunto no fue provocado por estos arrendatarios. El contrato firmado por un pasado director ejecutivo de la AT y luego de aprobado por la Junta de Gobierno, ya estipula cómo se trabajarían los remedios ambientales entre las partes». dijo Rodríguez Torres.

Los denunciantes también señalaron que Rodríguez Torres aprobó la construcción de un camino, pruebas de suelo y movimiento de corteza terrestre en la finca Mucarabones en Toa Alta, sin cumplir el debido proceso de permisología, lo que causó que la EPA le hiciera un senalamientos a la AT.

Este caso se refiere a la controversia pública que protagonizó el alcalde de Toa Alta, Clemente Agosto, quien autorizó crear un vía alterna a través de la finca Mucarabones, luego de que la carretera 861 fue afectada por los huracanes Maria y Fiona. En la finca Mucarabones existe Valle Bucarabones, que es una reserva agrícola.

Se desvincula Rodríguez Torres

En su respuesta Rodríguez Torres se desvinculó de las violaciones ambientales que cometió el municipio de Toa Alta en la finca que es propiedad de la AT.

«En Mucarabones se dio un permiso de entrada al municipio. Este servidor no puede otorgar permisos para hacer carreteras, no está en mis facultades. Recursos Naturales y la EPA citaron al municipio y se verificó un supuesto impacto ambiental. Se trabajó con la EPA la remediación. Esto fue un asunto público donde el alcalde manifestó su versión en los medios», dijo Rodríguez Torres.