Por Miguel Díaz Román
Tras la divulgación del informe de una investigación sobre la operaciones del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), auditores de la Oficina del Contralor estuvieron reunidos la pasada semana con personal del Departamento de Justicia, en lo que representa un nuevo desarrollo que podría involucrar la radicación de cargos criminales relacionados con la controvertible fondo cuyo desembolso de dineros públicos lo determinan los legisladores.
En entrevista con SN, la contralora, Yesmín Valdivieso, reveló que tan temprano como el pasado viernes, un día después de que la Oficina del Contralor publicara el informe del FMM, auditores de esa oficina se reunieron con personal del Departamento de Justicia.
Valdivieso indicó que la conversaciones tenían como objetivo dialogar sobre los hallazgos publicados y sobre otros aspectos de la investigación que no figuran en el informe.
La funcionaria indicó que las conversaciones podrían conducir a la radicación de cargos criminales, una determinación que la Contralora reconoció le corresponde a Justicia.
La funcionaria hizo las expresiones en el contexto de que SN publicó un artículo el pasado viernes en que sostuvo que la investigación sobre el FMM “no satisfizo las expectativas que levantó, debido a que el informe no hace referidos directos al Departamento de Justicia ni a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, a pesar de que entre sus hallazgos figura el desembolso de los fondos públicos a las entidades sin fines de lucro contrario a la ley”.
El artículo de SN señaló que la investigación de la Oficina del Contralor concluyó que el FMM es inconstitucional porque son los legisladores y no el Ejecutivo, quienes deciden cómo se emplearán los fondos públicos, y no está claro si esa oficina tiene la discreción para determinar lo que es y no es constitucional.
Investigación con fallas
Los legisladores asignan los fondos a través de encomiendas que ponen en vigor el Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la Autoridad de Tierras (AT).
El artículo denunció que la investigación no atendió las entidades sin fines de lucro que, sin poseer experiencia alguna en proyectos de construcción y de infraestructura, recibieron asignaciones millonarias para realizar ese tipo de encomienda.
La investigación tampoco abundó sobre la fiscalización que la AT pudo realizar sobre las asignaciones para la compra y entrega a la ciudadanía de equipos médicos, deportivos, equipos del hogar como neveras, estufas, acondicionadores de aire, cisternas, microondas, televisores, alimentos y artículos de primera necesidad.
El informe de investigación cubre desde el 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022, un periodo en el que la AT formalizó 722 contratos por valor de $23 millones del FMM.
Las asignaciones iban dirigidas a municipios, entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.
Contralora disiente
Valdivieso disintió de las conclusiones del artículo y reveló que existen aspectos de la investigación que no fueron revelados en el informe, en obvia referencia a que la investigación ha producido más hallazgos que los divulgados públicamente.
La funcionaria también indicó que antes del pasado viernes ya los auditores de la Oficina del Contralor habían sostenido conversaciones con personal del Departamento de Justicia.
“Respetuosamente difiero de tu apreciación. En los informes de investigación no podemos dar muchos detalles, pero esta misma mañana mis auditores estuvieron reunidos con Justicia. Ya durante la investigación nos habíamos estado reuniendo con ellos”, sostuvo Valdivieso durante la entrevista realizada el pasado viernes.
La Contralora fue parca en sus expresiones y aunque no está del todo claro por qué en los informes “no podemos dar muchos detalles”, es comprensible que durante una investigación existan aspectos que requieran una mayor corroboración o una indagación más profunda, lo que impide que sean divulgados públicamente.
Posibles delitos criminales
Valdivieso también indicó que parte de la discusión con Justicia giró en torno a la posibilidad de que parte de los hallazgos impliquen posibles delitos criminales.
“En unos casos nosotros entendemos que sí, que hay delito (criminal). Pero eso lo determinan ellos (Justicia), si hay suficiente evidencia o si es más fácil por el lado administrativo y no es necesario esperar hasta cuatro años por una decisión o por un jurado. Justicia es la entidad que determina si existen delitos criminales. Si nos dijera que son (casos) administrativos y que ellos no van a hacer nada, los referiría entonces a la entidad que sea necesaria”, explicó la funcionaria.
Valdivieso insistió en que el hallazgo más importante de la investigación es que el FMM es inconstitucional porque son los legisladores quienes determinan la manera cómo se emplearán los fondos públicos, la cual es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.
Destacó que la manera “poco transparente” cómo los legisladores asignan los fondos es el aspecto más preocupante del FMM.
“Si nosotros queremos recobrar la confianza del pueblo en el servicio público se tiene que ser transparente. En la medida que estas haciendo asignaciones de dinero público sin saber a quién, ¿qué es lo que se va a pensar?, que estás haciendo un chanchullo. Eso para mí es lo más importante. Si el Tribunal Supremo encontró que el barrilito era inconstitucional, y esos eran fondos que se asignaban por resoluciones, ¿cómo no va a encontrar inconstitucional un fondo que no tiene transparencia?”, dijo Valdivieso.
Sin evidencia uso político
Sostuvo que la evidencia recopilada hasta el presente no demuestra que haya habido legisladores que asignaran fondos esperando una aportación política de los recipientes de las ayudas. “Yo me imagino, que al momento de asignar los fondos los legisladores piensen ‘yo espero que tú me pagues para atrás votando por mí’. Ese tipo de círculo de corrupción no lo hemos encontrado”, indicó.
Explicó que las deficiencias del FMM son más parecidas a los señalamientos que la Oficina del Contralor ha imputado a la Comisión de Donativos Legislativos, la cual no corroboraba el uso realizado por la entidades que recibían los fondos públicos asignados.
Hasta el momento los únicos funcionarios señalados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI) por, alegadamente, haber cometido malversación de fondos públicos relacionados con el FMM, son la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (AT), Dorally Rivera Martínez, la ex directora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el director del Programa de Infraestructura Rural (PIR), Miguel Santiago Irizarry.
Caso paralizado
El pasado mes de abril la OFEI anunció que el caso estaba paralizado en espera de la investigación que la Oficina del Contralor divulgó la pasada semana.Los fiscales asignados al caso son Zulma Fuster, Ramón Mendoza y Fabiola Acarón.
El 17 de febrero del 2022 el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, destituyó a Rivera Martínez de su cargo como directora ejecutiva de la AT, luego de que ese día la funcionaria envió una carta a los senadores y representantes para reclamar un alto a las asignaciones de fondos del FMM.
En la misiva Rivera Martínez reveló que se había detectado un “patrón” en el flujo de fondos a determinadas corporaciones sin fines de lucro que se autorizaron por “cantidades considerables y con cierta frecuencia”.
Más adelante González Beiró refirió a Justicia los hallazgos de una evaluación de los contratos y desembolsos de fondos del FMM a entidades sin fines de lucro. Como resultado de ese referido, en septiembre del 2022 el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, recomendó a la OFEI designar un fiscal especial por una alegada malversación de fondos públicos contra los ex funcionarios.
