Por Miguel Díaz Román
Un ajustador público que no tenía licencia para operar en Puerto Rico logró presentar reclamaciones fraudulentas por un valor de $180 millones por daños causados por el huracán María en representación de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), según se desprende de una demanda radicada por la aseguradora MAPFRE en el Tribunal Federal en San Juan.
La demanda, que fue presentada el pasado 4 de diciembre, sostiene que la ACT fue engañada por el farsante ajustador público quien, sin una investigación adecuada, realizó estimaciones de daños en puentes, semáforos y otras infraestructuras, algunos de los cuales eran en realidad daños preexistentes que no estuvieron relacionados con los efectos del huracán María.
Puente atirantado Jesús Izcoa Moure en Naranjito.
De acuerdo con conocedores de la industria local de seguros, los resultados de este caso podrían establecer un precedente para imponer transparencia y severas responsabilidades a los ajustadores públicos que pretendan ofrecer sus servicios sin estar debidamente licenciados por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).
Las entidades demandadas por Mapfre son Edward C. Reynolds, 411 Claims PR LLC y 411 Claims LLC.
Según la demanda, Reynolds y sus socios modificaron de manera fraudulenta sus credenciales y operaron sin licencias válidas de tasadores públicos en el mercado local hasta lograr que la ACT los contratara para gestionar las reclamaciones tras el paso del huracán María en 2017.
En la demanda, que se ventila en la sala del juez federal Jay A. García-Gregory, Mapfre reclama $800,000 en daños y perjuicios. El pleito ha sido reseñado por la prensa especializada en negocios y seguros en los Estados Unidos.
La demanda sostiene que la presentación de reclamaciones falsas de parte de los demandados retrasó la resolución de las reclamaciones y obligaron a la aseguradora a incurrir en importantes gastos legales y de investigación.
De hecho, según la demanda, una de las reclamaciones presentadas por los demandados consistió en daños en determinados puentes, los cuales eran en realidad defectos preexistentes en las estructuras que ya habían sido catalogados como daños no elegibles por las autoridades federales.
La estimación de daños en esta reclamación fraudulenta ascendió a más de $1 millón, según sostuvo Mapfre. La demanda también señala que los contratos con ajustadores públicos sin licencia son nulos.
La investigación de MAPFRE determinó que los daños provocados por María en las propiedades de la ACT ascendían a $3.3 millones.
No obstante, luego de cuatro años de litigio, en noviembre de 2023 la ACT llegó a un acuerdo con MAPFRE y aceptó una compensación por los daños por valor de $10.3 millones, una cantidad que es muy inferior a la reclamada por los demandados, la cual alcanzó $47.9 millones, que es realidad el límite de póliza de la corporación pública.
La demanda de MAPFRE revela los riesgos que representan los ajustadores sin licencia y coloca como un asunto de alta prioridad para los asegurados la necesidad de verificar ampliamente las credenciales de estas entidades antes de llegar a un acuerdo de representación, luego de la ocurrencia de un evento catastrófico.
En julio de 2023, la OCS sancionó a Reynolds y 411 Claims PR LLC por la presentación de credenciales de licencia fraudulentas y le prohibió operar como ajustadores públicos en la isla. Según se desprende de la demanda, a Reynolds también le revocaron permanentemente su licencia de ajustador de seguros en Massachusetts.
En 2019 la OCS también le imputó fraude a la empresa de ajustadores públicos, Scott M. Favre Public Adjuster (SEPA), por inflar reclamaciones tras el paso del huracán María.
