Por Miguel Díaz Román
Ante la posibilidad de que el director ejecutivo de la Autoridad de Tierras, Irving Rodríguez Torres, sea considerado por la administración entrante como candidato para secretario de Agricultura, personas vinculadas a la corporación pública han denunciado la venta de terrenos agrícolas para desarrollos privados y otra serie de acciones atribuidas al funcionario que, alegadamente, lo descalifican para ocupar la posición.
En respuesta, Rodríguez Torres contestó los señalamientos alegando que los denunciantes no están debidamente informados, desconocen los procesos en la corporación pública y, además, el funcionario sostuvo que algunas de las alegaciones parten de información incorrecta.
El director ejecutivo de la Autoridad de Tierras, Irving Rodríguez Torres, junto al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.
El principal señalamiento denunciado es la alegada venta de 430 cuerdas de terreno agrícola de la finca Regadera en Vega Alta al conocido desarrollador Federico Stubbe.
Los denunciantes alegan que la venta de la finca Regadera se suma a otra transacción, realizada el pasado cuatrienio, que involucró la venta al desarrollador de 507 cuerdas de terreno agrícola pertenecientes a la AT en Dorado.
También se alega que Stubbe se ha valido de la creación de diversas corporaciones para adquirir terrenos agrícolas y, alegadamente, violar las disposiciones de la ley 26 de 1941, que es el estatuto matriz de la AT y que contiene una prohibición contra la tenencia de más de 500 acres de tierra “por personas jurídicas, sociedades y otras organizaciones corporativas de carácter privado”.
Sobre estas denuncias Rodríguez Torres dijo que “a Stubbe no se le ha vendido terrenos en este cuatrienio. Tiene una oferta sometida a la Junta de Gobierno que está en proceso no se ha aprobado ni denegado”.
“La propuesta de Stubbe lleva más de dos años en la AT, la cual es considerada por la Junta de Gobierno y aún el organismo no ha aprobado la venta ya que solicitó información adicional”, dijo el funcionario.
Sin comentarios
Sobre la posibilidad de que el desarrollador haya violado la prohibición de poseer más de 500 acres a través de incorporar diversas entidades jurídicas para adquirir tierras, Rodríguez Torres no hizo comentarios.
Otra denuncia es que se aprobó la venta de 300 cuerdas de la finca Miza en Cabo Rojo y luego la venta fue cancelada porque la rechazó la oficina de preservación del Departamento de Agricultura.
“Como parte de la reglamentación, la Oficina de Preservación de Terrenos puede ofrecer una recomendación favorable o no favorable al Secretario y éste aprobar o denegar la misma. Esto es un proceso ordinario”. dijo el funcionario sobre la finca Miza.
Otra denuncia es que se le vendió la finca Coloso en Aguada a la empresa Productos el Ñamero. Sobre esta denuncia Rodríguez Torres dijo que esa venta fue aprobada tanto por el ex director ejecutivo de la AT el pasado cuatrienio, Juan Rodríguez, y por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.
“Luego de estas aprobaciones la directora de Bienes Raíces en aquel momento paralizó la venta. Bajo mi incumbencia se ha estado verificando todo el caso para ver qué ocurrió. Al día de hoy se está levantando un plano nuevo para luego discutir con la División Legal los próximos pasos a seguir”, dijo Rodríguez Torres.
Niega venta a Rodríguez Mateo
Otra venta denunciada comprende 30 cuerdas de la finca Aguirre en Salinas, ubicadas en suelo especialmente protegido, al ex senador y ex alcalde de Salinas, Carlos Rodríguez Mateo. “No ha ocurrido ninguna venta al señor Rodríguez Mateo durante mi incumbencia”, dijo el funcionario.
Otra denuncia es la venta o posible venta de 27 cuerdas en Guayama para un proyecto de energía de placas solares.
“No se ha vendido ningún terreno para proyecto de placas solares”, fue la respuesta escueta del director ejecutivo de la AT.
Los denunciantes también indican que Rodríguez Torres aprobó la venta de 108 cuerdas en Yabucoa al señor Héctor Noel Ramos Dávila. Sobre esta denuncia el funcionario aceptó que la transacción se encuentra en trámite tanto en la AT y en la Junta de Planificación.
Sin explicar el tipo de terreno
“El caso del señor Ramos era una venta pendiente. Falta tener un plano que tenga menos de 10 años. Luego de que se realice el plano, también es necesario ser presentado y aprobado por la Junta de Planificación. Posteriormente, se debe tasar y entonces ofrecer el precio de venta al participante”, explicó el funcionario.
No obstante, Rodríguez Torres Rodríguez no explicó las razones que justifican esa venta y qué tipo de terreno involucra la transacción.
Otra denuncia es que Rodríguez Torres favoreció la ubicación de un centro de trasbordo de basura en la finca Fraternidad en Guánica.
“No he firmado nada relacionado a transbordo de basura, aunque la AT posee vertederos y terrenos con prácticas no agrícolas y comerciales. Esto es permitido por Reglamento y cada caso se evalúa individualmente”, respondió Rodríguez Torres.
Otra queja es que el funcionario avaló el arrendamiento de la Finca Monserrate en Luquillo para ubicar un condo hotel de la corporación Ashford 1056 LLC.
De la respuesta ofrecida por Rodríguez Torres se desprende que sí avaló el arrendamiento de la Finca Monserrate para la construcción de un condo hotel, no obstante, aclaró que las estructuras que se construyan no pueden ser permanentes, lo cual es una limitación en el tipo de material que se utilicen en el proyecto.
En ley avalar estructuras no permanentes
“Se pueden aprobar estructuras que no sean permanentes. La AT históricamente alquila terrenos sujetos a que los arrendatarios presenten posteriormente la permisología necesaria para la práctica que desean realizar. Una vez presentada la evidencia, se eleva el caso nuevamente al Comité de Bienes Raíces para nuevos cánones, elevar a la Junta de Gobierno, o renegociar los años de vigencia entre otras cosas”, dijo Rodríguez Torres.
Otro asunto ventilado por los denunciantes es que el funcionario se propone firmar un manifiesto ambiental con las autoridades federales para que la AT sea responsable de los daños ambientales causados por la Destilería Serrallés en los terrenos alquilados que posee esa empresa en la Central Mercedita en Ponce.
“No se está evaluando un manifiesto. Las centrales (ex centrales azucareras adquiridas por la AT) tienen asuntos con la EPA desde mucho antes de este alquiler. El asunto no fue provocado por estos arrendatarios. El contrato firmado por un pasado director ejecutivo de la AT y luego de aprobado por la Junta de Gobierno, ya estipula cómo se trabajarían los remedios ambientales entre las partes”. dijo Rodríguez Torres.
Los denunciantes también señalaron que Rodríguez Torres aprobó la construcción de un camino, pruebas de suelo y movimiento de corteza terrestre en la finca Mucarabones en Toa Alta, sin cumplir el debido proceso de permisología, lo que causó que la EPA le hiciera un senalamientos a la AT.
Este caso se refiere a la controversia pública que protagonizó el alcalde de Toa Alta, Clemente Agosto, quien autorizó crear un vía alterna a través de la finca Mucarabones, luego de que la carretera 861 fue afectada por los huracanes Maria y Fiona. En la finca Mucarabones existe Valle Bucarabones, que es una reserva agrícola.
Se desvincula Rodríguez Torres
En su respuesta Rodríguez Torres se desvinculó de las violaciones ambientales que cometió el municipio de Toa Alta en la finca que es propiedad de la AT.
“En Mucarabones se dio un permiso de entrada al municipio. Este servidor no puede otorgar permisos para hacer carreteras, no está en mis facultades. Recursos Naturales y la EPA citaron al municipio y se verificó un supuesto impacto ambiental. Se trabajó con la EPA la remediación. Esto fue un asunto público donde el alcalde manifestó su versión en los medios”, dijo Rodríguez Torres.
