Por Miguel Díaz Román

El principal oficial ejecutivo de la aseguradora Óptima Seguros, Ramón “Tony” Pérez, denunció la incidencia cada vez mayor de un mercado de primas bajas (mercado blando) que no responde a la realidad de los riesgos suscritos, lo que representó un vuelco inesperado a la tesis planteada por las principales reaseguradoras que operan en el mercado local sobre la disciplina alcanzada por las aseguradoras del país para lograr mejores prácticas de suscripción, estabilidad en las tarifas de los seguros y garantizar ganancias aceptables.

«Hoy he escuchado varias veces la palabra disciplina. En los últimos meses estoy viendo otra cosa, estoy viendo reducción de tasas considerables, liberación de términos y no estoy hablando de una compañía, estoy hablando de múltiples compañías y se nos está haciendo muy difícil competir porque nosotros estamos tratando de ser disciplinados. Es importante que nos auto evaluemos y reconozcamos lo que está pasando en nuestras compañías, hoy el mercado se está ablandando aceleradamente no solamente en precios, sino en términos y condiciones sin evaluaciones», sostuvo Pérez, lo que desató una oleada de aplausos de aprobación entre la concurrencia que el pasado jueves participó en el Foro de Reaseguro que celebró la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE). La actividad fue celebrada en el Hotel Vanderbilt en el Condado.

La posición disidente de Pérez fue en realidad un aluvión de agua fría para la favorable opinión de los representantes de las principales compañías de reaseguro que operan en el país, quienes en numerosas ocasiones durante el foro exaltaron la disciplina lograda en el mercado local de seguros.
«Hay compañías que están dando la cubierta de utility (interrupción de negocios) sin ningún tipo de limitación. Yo estoy viendo otra cosa. Creo que estamos comenzando a ser indisciplinados mientras los reaseguradores nos piden que seamos disciplinados», exclamó Pérez.

De hecho, la alegada incidencia de un mercado de primas bajas previo al huracán María, las cuales resultaron insuficientes para los riesgos asumidos, ha sido señalada como una de las causas que provocaron que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) interviniera para liquidación a las aseguradoras Integrand y Real Legacy en 2019.

Momento difícil

El principal ejecutivo de Óptima Seguros hizo su electrificante denuncia durante su participación como moderador del último panel de discusión del foro titulado «El mercado de seguros y reaseguro en Puerto Rico : perspectiva del asegurador local».

La posición de Pérez fue avalada por Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company, quien era uno de los panelistas y quien describió el mercado local de seguros como «un bizcocho», en el que «no hay mucho negocio nuevo y lo peor que podemos hacer es mover las cuentas con el tema de precio».

Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance

González Portilla reconoció que existen «no una sino varias aseguradoras» comenzando a ofrecer primas bajas en pólizas de propiedad.

«Sabemos que Puerto Rico está pasando por un momento bien difícil en líneas comerciales, los clientes están pagando en primas mucho más de lo que se estaba pagando antes y una de las cosas que están buscando es economía. Una de las cosas que estamos viendo y me preocupa a mí, es que, por ejemplo, te cogen un edificio de $10 millones y te dicen, lo voy asegurar por $8 millones, dame un descuento de 20 % en la tarifa. Se nos olvida a veces que gran parte de las pérdidas son pérdidas parciales y si ocurre un fuego pequeño o un fuego grande va a ser la misma pérdida para nosotros. Es importante mantener la disciplina y hay unos recargos en la tarifa cuando eso pasa y que el cliente sepa que cuando baja esos límites, si tiene una pérdida completa, no va a cobrar más del seguro», sostuvo González Portilla.

Ramón Rodríguez Rosa, principal oficial financiero de la Cooperativa de Seguros Múltiples, y Cesar Álvarez, vicepresidente de reaseguro de Multinational Insurance Company, quienes también integraban el panel, abogaron por la disciplina pero se mantuvieron distantes de la candente controversia levantada por Pérez.

Tendencia continúa

«Cuando comenzamos a ver esta tendencia en diciembre pensamos que podría ser un asunto de fin de año y que algunos de los aseguradores no tienen sus metas de crecimiento anotadas, así que déjame ser un poco liberal y después, comenzando en enero, el mercado se volvería a normalizar pero la realidad es que seguimos viendo lo que vimos en diciembre», agregó Pérez.

Tras los efectos del huracán María y la ocurrencia de otras catástrofes en el escenario internacional, que causaron cuantiosas pérdidas a las reaseguradoras, estas empresas decretaron aumentos en sus tasas, limitaron su capacidad de asumir riesgos como una medida de protección y con el fin de lograr una alza en sus ganancias, exigieron a sus socios comerciales una serie de medidas dirigidas a aplicar disciplina en la suscripción.

Entre esas medidas atribuidas a la disciplina figuran aumentos en las primas, incremento en los deducibles, mayor retención de riesgos de parte de las aseguradoras, estrictas medidas de suscripción y la imposición de severos términos y condiciones a los asegurados.

Los planteamientos de Pérez no fueron las únicas sorpresas que conocieron los ejecutivos de las reaseguradoras en el foro, pues el presidente de Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, también tronó contra la incidencia de bajas en la tarifas.

No es tiempo para bajar tarifas

«Hay aseguradores que están creciendo utilizando una capacidad ( de reaseguro) proporcional que está ablandando el mercado, dando mejores condiciones y mejores precios y entonces, eso luego repercute contra los mismos reaseguradores. Es importante que el mercado reasegurador audite, verifique y que lo que le están diciendo se pueda constatar en la documentación que se provee», indicó el ejecutivo.

Sánchez Géigel también advirtió que los costos de reconstrucción han experimentado aumentos, lo que implicaría que la repetición de una catástrofe como la causada por el huracán María, cuyo costo de reconstrucción ascendió a $8,000 millones, reclamaría en la actualidad hasta $12,000 millones en costos de reconstrucción.

«No estamos en este momento en una posición para bajar tarifas», reiteró.

Alexis Sánchez Géigel, presidente de Mapfre

Sánchez Géigel también reveló la amenaza que significa el reglamento «Normas para Regular el Proceso de Valoración («Appraisal») en Reclamaciones de Seguros», aprobado por la OCS y que entró en vigencia desde 1 de enero de 2024.

Según sostuvo Sánchez Géigel el citado reglamento, también es conocido como la regla 106, impone un proceso forzado de tasación de daños, en el que ajustadores públicos pueden ser parte de los árbitros y tasadores sin experiencia podrían participar en el proceso de cuantificar daños, mientras son excluídos los ingenieros y arquitectos.

Reglamento que se las trae

El señalamiento de parte de Sánche Géigel contra los ajustadores públicos, que representan el interés de los asegurados, acontece en el contexto de que tras el huracán María determinados ajustadores públicos incurrieron en la inflación fraudulenta de daños, lo que provocó la intervención de la OCS. El caso más notorio es el del ajustador público Scott Favre, quien fue imputado de fraude por la OCS.

«Se puede dar inclusive, que sin haber una oferta de una aseguradora, el Comisionado tiene la potestad de nombrar el árbitro, en caso de que las partes no se pongan de acuerdo. Yo creo en un mecanismo para resolver una polémica si es justo para ambas partes, pero con esta regla las aseguradoras quedan en una posición bien débil. Yo no me quiero imaginar una catástrofe donde haya miles y miles de procesos ( de reclamaciones) y que hayan ajustadores públicos como árbitros en estos procesos. Nosotros hemos hecho unos señalamientos que la OCS no ha atendido. Yo creo que la industria tendrá que tomar una decisión para evitar que se impulse esta regla», dijo Sánchez Géigel.

De hecho, a preguntas de Pérez varios ejecutivos de las empresas de reaseguro que se encontraban entre el público presente, confirmaron que desconocían de la aprobación y del alcance de la regla 106.

Incluso, el presidente de Mapfre exhortó a las reaseguradoras a empaparse de los elementos que conforman la regla 106 para que junto a la industria local de seguros integren una frente común en contra de la aplicación del nuevo reglamento, de la misma manera como lo hicieron en contra del Proyecto de la Cámara 1533, el cual le concedía a la OCS el poder de ajustar reclamaciones y finalmente no fue aprobado.

Una joya en el Caribe

Otras medidas comentadas por Sánchez Géigel para destacar la disciplina lograda fue que determinadas aseguradoras eliminaron la cubierta de interrupción de negocios debido a que amplificaba las pérdidas por la fragilidad del sistema eléctrico y las continuas interrupciones del servicio.

El abandono de la cubierta de seguros para condominios denominada Full Value, la cual fue sustituida por la cubierta Bare Wall, una iniciativa que durante años había tomado la aseguradora Antilles Insurance Company.

Sánchez Géigel también mencionó la necesidad de que las aseguradoras tomen medidas para evitar el fraude a través de determinados endosos que imponen condiciones a los asegurados.

Durante el foro los ejecutivos de las compañías de reaseguro catalogaron el mercado de seguros en Puerto Rico como un «joya», debido, entre otras razones, a la calidad de las construcciones de concreto, las estrictas medidas para evitar incendios, que han reducido de manera dramática la siniestralidad en esa cubierta y por la participación de FEMA con asistencia financiera contra inundaciones, lo que ha convertido al país en un lugar atractivo para el reaseguro de pólizas de propiedad y contingencia.

Uno de los primeros ponentes en el foro fue Harry Bishop, quien es el vicepresidente senior de Guy Carpenter para Latinoamérica y el Caribe. Bishop sostuvo que el 2024 fue favorable para las compañías de reaseguro y sobre los incendios forestales en California señaló que de manera preliminar podrían generar pérdidas sobre los $30,000 millones, lo que, sin duda, tendrá un impacto en «las consideraciones para 2025”.

Por Miguel Díaz Román

En una moción de reconsideración que disecciona y descalifica los argumentos de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) para mantener en confidencialidad el contenido de un acuerdo alcanzado con el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re),  la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) insistió en solicitar al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que libere del manto de secretividad al citado acuerdo.

La AG sostuvo que «resulta irónico» que en su gestión como liquidador de la aseguradora Real Legacy, y como entidad pública, la OCS  pretenda reclamar que sus actuaciones deben estar resguardadas por el marco de la confidencialidad, lo que impedirá que  “los asegurados, reclamantes, acreedores y el público en general”, se enteren de las transacciones millonarias que pudo alcanzar con Swiss Re.

«Es de muy difícil acomodo a nuestro estado de derecho la noción de que un servidor público, en el desempeño de sus facultades estatutarias, pueda incurrir en transacciones millonarias bajo un manto de secretividad.Y es irónico que en el caso de autos el liquidador insista en proyectarse como un síndico puramente privado»,  sostuvo la moción de reconsideración radicada el pasado 11 de febrero por el licenciado Eric Negrón, quien integra el bufete especializado en asuntos de seguros, Rexach & Picó LLC, y quien es el representante legal de la AG.

La moción de reconsideración es la respuesta de la AG a la decisión de  la jueza Katarina Stipec Rubio, quien el pasado lunes 27 de enero de 2025, emitió un escueto “sin lugar” a una petición de la entidad  que se había radicado a principios del presente año para que se permita el acceso al acuerdo entre la OCS y  Swiss Re.  La jueza no presentó argumentos para justificar su proceder.

El 27 de septiembre de 2024 la OCS radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud “urgente ” en la que informó haber logrado un acuerdo con Swiss Re que, alegadamente, beneficiaría a los asegurados de Real Legacy. Además, le solicitó al Tribunal que mantenga en confidencialidad el documento. El 10 de octubre de 2024 el Tribunal avaló la petición de la OCS.

Dos planteamientos

La moción de reconsideración presentada por la AG parte del supuesto de que la decisión de la jueza Stipec Rubio se fundamentó en dos planteamientos esgrimidos por la OCS en otra moción para oponerse a que se retiré el manto de confidencialidad que actualmente cobija al acuerdo. 

El primero de ellos concluye que la AG no tiene derecho a intervenir judicialmente en contra de la OCS con el fin de fiscalizar las transacciones que acuerde como liquidador de un asegurador insolvente, para garantizar que estos sean acertados, según una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 1979 en el caso Comisionado de Seguros v. Builders Insurance Company. 

En el segundo planteamiento, la OCS sostuvo que al fungir como liquidador de un asegurador insolvente, sus actuaciones no pueden considerarse como públicas, pues actúa en representación de una empresa privada. También argumentó que los documentos relacionados con esa liquidación son privados y no públicos.

Incongruencias en argumentos de OCS

Sobre el primer planteamiento la AG sostuvo que es inválido porque se invoca el artículo 40.040(7) del Código de Seguros, el cual se refiere exclusivamente a que están prohibidas las reclamaciones contra el caudal de liquidación de un asegurador insolvente.

La AG también argumentó que artículo 40.040(7) no se refiere a una petición para que  se revele el contenido de una determinada documentación, como es el caso planteado por la AG. 

Además, la AG planteó que la decisión emitida en 1979 por el Tribunal Supremo en el caso Comisionado de Seguros v. Builders Insurance Company no se fundamentó en el citado artículo, porque este fue introducido al Código de Seguros en 1991. 

Según la AG, lo que el Tribunal Supremo determinó es que la ley (el Código de Seguros) «no provee esa intervención por parte de la AG». La AG sostuvo que el caso de Builders Insurance fue decidido cuando todavía estaba en vigor el texto original el capítulo 40 sobre “Rehabilitación y Liquidación», el cual integró el Código de Seguros desde que fue aprobado en 1957. 

La moción aclara que cuando se adoptó 1957 el Código de Seguros la AG no  existía. De hecho, la entidad fue creada por la ley 143 de 1974.  

Otro planteamiento aclaratorio es que en 1991 el Capítulo 40 fue reformulado utilizando una ley modelo de la Asociación de Nacional de Comisionado de Seguros, porque la versión vigente en aquel momento ya resultaba obsoleta.

Incluso, la AG planteó que la versión vigente del artículo 40.210(4) del Código de Seguros permite a la AG intervenir en contra de la OCS a través de una acción judicial. La citada versión establece que «una asociación de garantía o asociación de garantía extranjera tendrá derecho a comparecer en cualquier procedimiento judicial relacionado con la liquidación de un asegurador si la misma viene obligada o podría venir obligada a tomar alguna acción como resultado de la liquidación.”

Actuaciones públicas y no privadas 

«Resulta, pues, improcedente invocar como precedente dispositivo de la presente controversia el caso de Builders Insurance, que fue decidido cuando la ley era distinta y no concedía a la AG un derecho de comparecencia como el que ahora establece el antes referido Artículo 40.210(4)», planteó la moción  de la AG.

El segundo planteamiento de la OCS básicamente sostiene que las actuaciones del Comisionado de Seguros como liquidador de Real Legacy, no pueden considerarse públicas, pues su intervención como liquidador es exclusivamente en representación de una aseguradora privada. 

Por lo tanto, la intervención de la OCS como liquidador no convierte a Real Legacy en una dependencia pública y toda la documentación relacionada con sus operaciones en documentos públicos. 

Otro argumento de la OCS es que el capítulo 40 del Código de Seguros establece que los documentos vinculados a un proceso de liquidación no son documentos públicos, sino documentos privados que no están sujetos a las normas que regulan los documentos públicos.

Real Legacy dejó de existir

Sobre estas afirmaciones la AG argumenta en la moción que, tras la intervención de la OCS con el objetivo de liquidar a Real Legacy, la empresa fue disuelta y dejó de existir con personalidad jurídica propia, lo que implica que la aseguradora no podrá ejercer sus poderes corporativos, según lo dispone el artículo 40.170 del Código de Seguros.

«Así pues, la personalidad legal del asegurador dejó de existir y fue el liquidador quien obtuvo el título sobre sus bienes y derechos, pero esto de ningún modo implica que el Comisionado de Seguros, al ejercer tal función de liquidador, pasó a incurrir en actuaciones que no sean las de un funcionario público. Al contrario, tales actuaciones son intrínsecamente de interés público», planteó la AG.

Luego la moción de la AG cita el artículo 40.010(4) del Código de Seguros, el cual establece que los procedimientos en casos de insolvencia y de cualquier incumplimiento de un asegurador son parte integral del negocio de seguros y como tal están investidos de un interés público.

Además, argumenta que la OCS no deja de ser una entidad pública porque interviene y liquida un asegurador privado y también propone, siguiendo ese orden de reflexión, que los documentos relacionados con la liquidación en manos de la OCS son también documentos públicos sujetos al escrutinio público.

«El Comisionado de Seguros no deja de fungir como funcionario público por el hecho de que actúa como Liquidador de lo que fue un asegurador que era empresa privada, se desprende igualmente que, en virtud de preceptos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, la documentación que refleja las actuaciones de dicho servidor público no puede estar inmune al escrutinio de la ciudadanía», sostiene la moción.

De inmediato el documento hace una exhortación al Tribunal para que reflexione sobre la importancia que significa que la ciudadanía tenga acceso a la información pública en una sociedad democrática: «el acceso a la información pública constituye un pilar fundamental en toda sociedad democrática. Este conocimiento permite a los ciudadanos evaluar y fiscalizar la función pública adecuadamente, a la vez que contribuye a una participación ciudadana efectiva en los procesos gubernamentales que impactan su entorno social. Se abona de este modo a la transparencia en la función gubernamental y se promueve una sana administración pública».

Dífícil acomodo

La moción de la AG reconoce que el artículo 40.440 del Código de Seguros no considera públicos los documentos del asegurador que pasaron a manos de la OCS como resultado del proceso de liquidación. Pero advierte que la justa interpretación de ese capítulo es que aquellos documentos relacionados con las actuaciones del liquidador sí son documentos públicos.

También destaca que el artículo 40.180(1) del Código de Seguros dispone que «las asociaciones de garantía y las asociaciones de garantía extranjeras tendrán acceso razonable a los expedientes del asegurador, según sea necesario, para que puedan ellas desempeñar sus obligaciones estatutarias».

Otro argumento de la AG es que el artículo 40.150(1) del Código de Seguros concede al liquidador facultad para negociar y reducir a efectivo, total o parcialmente, cualquier valor que sea necesario para costear la administración de la liquidación considerando que deberá obtener el máximo rendimiento en dicha negociación”. 

«El Liquidador cumple una función fiduciaria en beneficio de un caudal cuyo principal acreedor viene a ser la AG, y en parte por esa razón resulta comprensible que el Código de Seguros, en su artículo 40.180(1), incluye una disposición concediendo acceso a la AG con respecto a los expedientes del asegurador, aun si se fuese a interpretar que el público en general no tiene un derecho de acceso similar. Pero, reiteramos, es de muy difícil acomodo a nuestro estado de derecho la noción de que un servidor público, en el desempeño de sus facultades estatutarias, pueda incurrir en transacciones millonarias bajo un manto de secretividad. Y es irónico que en el caso de autos el Liquidador insista en proyectarse como un síndico puramente privado”, insistió la AG.

Por Miguel Díaz Román

La empresa Universal Group Inc, que es la matriz de las aseguradoras Universal Insurance y Point Guard, anunció la venta de la aseguradora Universal North America Insurance Company (UNAIC por sus siglas en inglés), la cual fue adquirida por la corporación 5B Alliance, LLC, cuyo principal accionista es Rafael Cedeño, quien también es el presidente de la aseguradora local One Alliance.

UNAIC está ubicada en Texas y sus oficinas centrales están localizadas en la ciudad de Arlington, en ese estado. Cedeño, quien es de origen venezolano, también es el dueño de la agencia general Singular Insurance Agency.

La licenciada Josely Vega Maldonado, principal oficial  ejecutiva y presidenta de Universal Group Inc, informó que el Departamento de Seguros de Texas aprobó la venta de las operaciones de UNAIC a la corporación 5B Alliance LLC el 5 de diciembre de 2024, y la transacción fue efectiva el 31 de diciembre de 2024.

«Esta transacción responde a una estrategia por parte Universal Group Inc. de concentrar sus esfuerzos de crecimiento y expansión en Puerto Rico  y en aquellos mercados sinergéticos a sus líneas de negocio y grupo de interés afines», sostuvo Vega Maldonado por medio de unas declaraciones escritas y enviadas a SN.

«En los últimos años, Universal ha solidificado su liderazgo en el sector de propiedad y contingencia así como en los productos de vida y anualidades. Esta estrategia ha optimizado  la base de capital para aprovechar otras oportunidades de crecimiento y diversificación en el mercado de Puerto Rico”, concluyó la presidenta de Universal Group Inc.

Los detalles de la transacción económica no fueron difundidos públicamente debido a que las partes firmaron un acuerdo de confidencialidad, según informó Universal Group Inc. 

No obstante, la fuente indicó que UNAIC obtuvo el pasado año ingresos por primas que superan los $300 millones.

UNIAC está especializada en seguros de propiedad y contingencia que incluye pólizas para propietarios de viviendas unifamiliares, para apartamentos en condominios, para individuos que alquilan viviendas o apartamentos y para empresarios o propiedades comerciales.

La aseguradora ofrece seguros contra riesgos catastróficos como inundaciones, terremotos, huracanes, incendios y pólizas de protección contra averías de equipos en su modalidad comercial.

La adquisición de UNIAC por parte de 5B Alliance LLC se extendió durante todo el 2024 y uno de los elementos importantes para finiquitar la compra venta fue definir los efectos financieros de las posibles reclamaciones que podía recibir la aseguradora tras el paso del devastador huracán Helene.

Helene causó 130 muertos y cerca de 600 desaparecidos en seis estados de Estados Unidos, mientras que los daños materiales superaron los $85,500 millones. 

En un comunicado de prensa emitido el pasado 29 de agosto de 2024 la entidad acreditadora de aseguradoras AM Best, anunció que había mantenido el estado de revisión con implicaciones negativas para la calificación de fortaleza financiera de B+ (Buena) y la calificación crediticia de emisor de largo plazo de “bbb-” (Buena) de UNAIC.

“Estas calificaciones crediticias reflejan la fortaleza del balance de UNAIC, que AM Best evalúa como adecuada, así como su desempeño operativo marginal, perfil comercial limitado y gestión marginal del riesgo empresarial”, sostuvo AM Best en el comunicado de prensa emitido el pasado 29 de agosto de 2024.

Según AM Best, “las calificaciones de UNAIC se colocaron inicialmente bajo revisión con implicaciones negativas el 11 de octubre de 2023, luego de una disminución significativa en el superávit de los asegurados como resultado de los eventos climáticos en 2023”.

Por Miguel Díaz Román

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese) solicitó una vista administrativa para dilucidar a fondo la determinación de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) de cerrar una querella contra la empresa Redbridge Assist por la alegada venta ilegal de seguros de viaje.

En una solicitud de vista administrativa radicada el pasado lunes 3 de febrero, Acodese rechazó la posición oficial de la OCS, la cual sostiene que no se ha presentado evidencia que demuestre que el producto de seguros de viaje que, alegadamente, promueve la empresa Redbridge Assist, «se haya mercadeado en Puerto Rico».

En septiembre de 2023 la ACODESE presentó una querella contra Redbridge Assit en la OCS, en la que sostuvo que la entidad vendía seguros de viaje a través de un esquema ilegal que utiliza un asegurador de líneas excedentes para proveer la póliza.

El viernes 17 de enero de 2025, en una comunicación enviada a Acodese a través de correo electrónico, la OCS informó oficialmente que determinó cerrar el caso debido a que de los señalamientos contra la empresa Redbridge Assist no se desprenden violaciones al Código de Seguros.

La petición para que se celebre una vista administrativa, que fue presentada por la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE, sostiene que la determinación de la OCS estuvo fundamentada, presumiblemente, por dos argumentos principales.

El primer argumento sostiene que el seguro de viaje mercadeado por Redbridge, era un producto de líneas excedentes, suscrito por un asegurador de líneas excedentes ubicado en Barbados y tramitado como corredor de líneas excedentes.

El segundo argumento señala que la investigación no logró comprobar que el producto de viaje fue mercadeado en Puerto Rico.

Acodese discrepa

En la solicitud de vista administrativa, Pernas planteó que Acodese discrepa de ambos argumentos porque «existe evidencia clara y contundente” de que el producto de viaje promovido por Redbridge Assist “era mercadeado en Puerto Rico, y la publicidad utilizada por dicha empresa, particularmente a través de redes sociales, iba específicamente dirigida al mercado de Puerto Rico».

Pernas sostuvo que el seguro de viaje es muy accesible en las aseguradoras locales y que el mecanismo de líneas excedentes esta justificado cuando el mercado no ofrece determinado producto de seguros.

La solicitud de vista administrativa fue acompañada de impresiones de pantalla (screenshots) de la página en internet de Redbridge en las que se ofrece el seguro de viaje y en las que es visible la bandera de Puerto Rico.

Incluso, Acodese sostuvo que en la parte inferior de la página se indica que el país de residencia del adquirente de la póliza es Puerto Rico.

Las impresiones de pantalla fueron obtenidas el 18 de junio de 2024. Ese día también fue adquirida una póliza de viaje a través de la página de Redbridge Assist por una persona que fue identificada en el documento como el licenciado Antonio Ramírez Aponte.

El documento también indica que en esa fecha una copia de la póliza fue entregada al investigador de la OCS, Fortunato Colón Parrilla, y al entonces director de la División Legal de la agencia reguladora, el licenciado David Castro Anaya.

La entrega de la póliza a los dos funcionarios fue realizada en una reunión sostenida en la OCS, en la que también participó Ramírez Aponte el 18 de junio de 2024. En esa reunión el licenciado Ramírez Aponte también le indicó a los dos funcionarios de la OCS que el seguro de viaje estaba siendo mercadeado a través de redes sociales.

Mercadeo en las redes sociales

De acuerdo con Acodese, en otras impresiones de pantalla obtenidas el 10 de julio de 2024 de la página de Redbridge Assist, Puerto Rico figura como una de las alternativas del encasillado “país de residencia”. En otra página que permite al usuario seleccionar la categoría del producto de seguros que desea adquirir aparece una bandera de Puerto Rico.

La solicitud de vista administrativa fue acompañada con copia de pautas publicitarias colocadas por Redbridge en redes sociales como instagram y Facebook y dirigidas al mercado de Puerto Rico .

Las pautas publicitarias incluyen un número telefónico de Puerto Rico (787-991-9191) así como una dirección de Puerto Rico (Parada 26, CWRR85J, Calle San Antonio, 5 CB Rosales, San Juan, Puerto Rico) en las que, alegadamente, se puede solicitar información o adquirir el seguro de viaje.

Pernas también señaló que el seguro de viaje es de fácil accesibilidad para el consumidor local en múltiples aseguradoras admitidas a operar en el país, por lo que no es un producto susceptible a mercadearse en Puerto Rico a través del mecanismo de líneas excedentes.

La directora ejecutiva de ACODESE advirtió que una cubierta de seguro sólo puede obtenerse mediante el mecanismo de líneas excedentes, que son aseguradores no autorizados a operar en Puerto Rico, cuando «el seguro no pueda obtenerse de aseguradores autorizados», según lo indica el artículo 10.070 del Código de Seguros.

Póliza se vendió en Plaza Las Américas

La solicitud de vista administrativa alega, además, que existe prueba de que el producto de viaje de Redbridge se estaba vendiendo en Puerto Rico.

El documento sostiene que el 30 de junio de 2024, el licenciado Alejandro Morales, director de Legal y Cumplimiento de América Central y del Caribe del asegurador CHUBB, sostuvo que Redbridge tenía un exhibidor en Plaza Las Américas que ofrecía el seguro de viaje a residentes de país por parte de una persona identificada como Mayra Ramírez de Palerm.

Alegadamente, esta información fue ofrecida al investigador Colón Parrilla. CHUBB, que entre sus productos ofrece seguros de viaje, es una de las aseguradoras que habría sido afectada por el presunto esquema empleado por Redbridge Assist de utilizar un asegurador de líneas excedentes para proveer la póliza, el cual fue denominado por Acodese como una competencia desleal contra los aseguradores locales autorizados.

Pernas sostuvo en el documento que ante el acopio de la evidencia presentada, Acodese solicita una vista administrativa para dilucidar la determinación de la OCS de cerrar la querella contra Redbridge Assist. La entidad también solicitó copia de expediente del caso.