Por Miguel Díaz Román
Seis años después de que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) imputara a la empresa de ajustadores públicos, Scott M. Favre Public Adjuster (SFPA), haber inflado de manera fraudulenta reclamaciones de daños de sus clientes causadas por el huracán María, la entidad reguladora finalmente cerró el caso con una multa por la cantidad de $15,000 que no conllevó la anulación de su licencia, lo que implica la empresa podrá continuar operando en el mercado local.
La determinación fue informada el pasado 1 de noviembre, cuatro días antes de las elecciones generales, por el oficial examinador de la OCS, Norberto Santana Vélez.
El caso se ventiló durante seis años tanto en el proceso administrativo de la OCS como en los tribunales locales, debido a que la defensa de SFPA impugnó la determinación del ente regulador.
El caso inició el 25 de mayo de 2019, cuando la OCS emitió contra SFPA una orden de cese y desista por cometer fraude en las reclamaciones relacionadas con los municipios de Yabucoa y San Germán y en dos edificios de las empresas Rivera Siaca, específicamente las estructuras ubicadas en el barrio Palmas en Hato Rey que albergan la sede del Departamento de Corrección y Rehabilitación y algunas oficinas del Departamento de Educación.
A pesar de que el fraude en diversas manifestaciones fue la violación principal que la OCS imputó a SFPA en 2019, en la resolución emitida por Santana Vélez en 2024 se registra un evidente cambio de tono.
Aunque los señalamientos de fraude no desaparecen del todo de la decisión final, si toma preeminencia una nueva imputación que figura en los artículos 9.300 del Código de Seguros, que trata sobre aquellas reclamaciones cuyo monto se extiende más allá del límite de la póliza, y el artículo 27.161, que prohíbe hacer falsas representaciones sobre los términos de una póliza.
De hecho, en la determinación Santana Vélez concluye que, tras realizar un «cómputo aritmético», los límites de las pólizas totales ascendían a $64.7 millones y las reclamaciones presentadas por SFPA ascendieron a $78 millones, lo cual implicó una diferencia de $13.2 millones entre lo reclamado y los límites de las pólizas.
«El ajustador faltó en el desempeño de su deber establecido en el artículo 9.300(1)(a) del Código de Seguros de Puerto Rico al ofrecer estimados a las aseguradoras por encima de los límites de la póliza. Además, esta actuación del ajustador violenta la Regla IV del Reglamento del Código de Seguros de Puerto Rico que establece en su Artículo 11 las Normas Éticas del Ajustador brindando una falsa representación al proveer estimados sobrepasando el límite de las pólizas». sostiene la determinación de Santana Vélez.
Además, la decisión hace un breve recuento de las sanciones que enfrentan los ajustadores que violen los citados artículos, incluyendo el quebrantamiento de las normas éticas, las cuales comprenden suspender, revocar o denegar la licencia del ajustador.
Otra sanción es denegar la licencia por cinco años e imponer multas de hasta $5,000 por cada falta hasta un máximo de $50,000.
Finalmente, la determinación de Santana Vélez impuso una multa por la cantidad de $15,000 que se desglosa en una multa de $5,000 por violentar el artículo 27.161 y otra multa de $10,000 por violar el artículo 9.300.
La decisión no conllevó la suspensión, revocación o denegación de la licencia de SFPA , lo que implica que la empresa podrá continuar operando en el mercado local.
Palmadita en la mano
El documento tampoco explica los elementos que fueron considerados para imponer una sanción que no representa la gravedad de los cargos imputados.
Según planteó el licenciado Rafael Vázquez González, representante legal de la desaparecida aseguradora Integrand Assurance, la decisión de Santana Vélez omitió toda referencia al asunto medular que causó la intervención de la OCS, el cual consistió en presentar reclamaciones fraudulentas y optó por destacar una falta que no recoge la gravedad de las acciones cometidas por SFPA.
«No es más que una palmadita en la mano. Lo sancionan por presentar reclamaciones en exceso de los límites de la póliza, cuando el asunto es la presentación de reclamaciones infladas que excedían, no los límites de cubierta, si no los daños realmente sufridos», sostuvo Vázquez González.
Los señalamientos de fraude en reclamaciones contra SFPA fueron presentados en 2019 ante la OCS por las aseguradoras Integrand Assurance, MAPFRE y QBE Seguros.
Tras una investigación, la OCS emitió una orden de cese y desista contra SFPA el 25 de mayo de 2019. La orden notificó violaciones a diversas secciones de los capítulos 26, 27 del Código de Seguros e incluyó una sanción de mayor peso contra SFPA, pues la OCS le impuso un castigo económico ascendente a $30,000, una cifra que surgió de la suma de dos multas, una por $20,000 y otra por $10,000.
Además, la OCS le advirtió a SFPA que violar nuevamente el Código de Seguros con actos similares causaría la revocación de su licencia.
Sanción irrisoria
No obstante, para determinados sectores de la industria de seguros la sanción impuesta por la OCS en 2019 resultó un tanto irrisoria debido a la gravedad de las acciones fraudulentas corroboradas por los investigadores de la agencia reguladora.
La OCS le imputó a SFPA en 2019 haber incurrido en varias vertientes de fraude como realizar estimados de pérdidas inflados que no reflejan la realidad de los daños ocurridos a la propiedad; presentar tales estimados inflados para el ajuste de la reclamaciones; presentar a los aseguradores declaraciones de pérdida con falsas representaciones de daños y no mantener al asegurado informado debidamente de las gestiones como se requiere.
En síntesis, los casos contra SFPA contienen los siguientes hechos:
En diciembre de 2017 la aseguradora Integrand estimó los daños padecidos por las estructuras de las Empresas Rivera Siaca en el barrio Palmas por la cantidad de $3.4 millones. No obstante, en enero de 2018, las Empresas Rivera Siaca contrataron a SFPA, tras lo cual el ajustador presentó un estimado de pérdidas por las mismas propiedades ascendente a $55.5 millones.
En febrero de 2018, la aseguradora QBE había entregado al municipio de Yabuco $1.7 millón como adelanto por las pérdidas causadas por María. En ese mes el municipio contrató a SFPA y de inmediato el ajustador presentó 14 estimados de pérdida parciales, que ascendían a la cantidad de $22.4 millones.
En enero de 2018, la aseguradora Mapfre emitió un cheque de adelanto por la cantidad de $218,928.12, a favor del municipio de San Germán por los daños causados por el huracán María. Pero en el mes de marzo del 2018 el municipio contrató a SPFA y seis meses después, el 12 de septiembre de 2018, el ajustador presentó a Mapfre unos estimados de pérdidas del municipio por la cantidad de $22.5 millones.
«En lo que concierne a Rivera Siaca, reclamaron daños inexistentes en el edificio del Departamento de Corrección, tales como reemplazo de todos los elevadores, renovación de todos los baños y hasta reemplazo de los marcos de los cristales del vestíbulo. De memoria no tengo toda la lista, pero era larga, pues los daños se limitaron a los últimos dos pisos -que fueron una adición al edificio original- y fueron el resultado de los trabajos que estuviera realizando un contratista que previo a los huracanes estaba trabajando en el techo», advirtió Vázquez González.
Defensa con pedigrí político
La defensa de SFPA estuvo integrada por el licenciado Ramón Rosario Cortés, quien fue el ex secretario de asuntos públicos y política pública de la Fortaleza durante la incumbencia del ex gobernador Ricardo Rosselló; el licenciado Alfonso Orona Amilivia, quien se desempeñó como principal asesor legal del ex gobernador y el licenciado Andrés Guillemard, quien es el esposo de Caridad Pierluisi, hermana del ex gobernador, Pedro Pierluisi, y quien ocupa la posición de directora de la Oficina del Gobernador.
El licenciado Rosario Cortés fue voz principal en la impugnación de SFPA tanto en la OCS como en los tribunales locales. El abogado argumentó que la OCS carecía de jurisdicción sobre los actos de SFPA debido a la carencia de un alegado reglamento que contemplara los límites de la discreción del ente regulador sobre los procesos de descubrimiento de prueba.
Con este argumento Rosario Cortés acudió al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo, donde finalmente sus reclamos no tuvieron éxito.
Tras el huracán María SFPA fue autorizada hacer negocios en la Isla el 14 de noviembre de 2017, en un proceso expedito en el que la OCS autorizó que 98 ajustadores públicos provenientes de Estados Unidos operaran en la isla para atender la emergencia.
De hecho, muchos de estos ajustadores públicos fueron investigados por la OCS en los pasados años debido a que incurrieron en la inflación de reclamaciones y otras violaciones al Código de Seguros.
En Puerto Rico SFPA logró representar a más de 60 clientes quienes enfrentaron daños causados por el huracán María, entre los que figuran corporaciones públicas, agencias del gobierno, municipios y empresas privadas.
Entre las entidades públicas figuran la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Puertos (AP), el Departamento de la Vivienda, la Administración de los Sistemas de Retiro, el Centro de Convenciones de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras, el Departamento de Corrección, el Departamento de Recreación y Deportes, la Autoridad de Edificios Públicos y los municipios de Cabo Rojo, Guayanilla, Barceloneta Yabucoa, San Germán, Humacao, Vieques, Aguadilla, Sabana Grande, Juana Díaz y Caguas, entre otros.
Controversias en Tribunal Federal
La Universidad Católica y la Asociación de Empleados del ELA también fueron clientes de SFPA.
Sobre esta última entidad, que no figura en los casos presentados ante la OCS, el licenciado Vázquez González señaló que también se registraron instancias de reclamaciones fraudulentas por parte de SFPA.
«La situación surgida con el edificio de la AEELA es que los daños sufridos se limitaron a un par de ventanas y estaba operante dos días luego del paso del huracán (María), pero para lo que Favre reclamó sobre $40 millones», dijo Vázquez González.
El abogado Vázquez González había denunciado que SFPA llegó a Puerto Rico en un alegado acuerdo con el licenciado Guillemard.
De hecho, Guillemard se vió involucrado en varias disputas judiciales que SFPA enfrentó con varios de sus socios comerciales en el Tribunal Federal de San Juan. Alegadamente, estas disputas se disiparon luego de que las partes alcanzaron un acuerdo.
En junio del 2022 se radicó contra Guillemard una moción de desacato en el Tribunal Federal de San Juan por negarse a entregar documentos y comparecer a deponer sobre los negocios del SFPA en Puerto Rico.
La moción de desacato fue radicada por los representantes legales del señor Rolando Rodríguez y su empresa The Bridge Consulting Firm LLC (BCF), ubicada en el estado de Florida.
BCF acusó a SFPA de incumplimiento de contrato y le reclamó el pago de más de $8 millones en comisiones. Los reclamos de Rodríguez y BCF se ventilaron en el Tribunal Federal de Mississippi, donde están ubicadas las oficinas principales de SFPA.
En una declaración jurada el abogado Christopher Van Cleave, representante legal del BCF, relató que sostuvo una reunión con Scott Favre en las oficinas de SFPA en Mississippi, en la que el empresario identificó a Guillemard y al licenciado Jan Maduro como las personas a las que pagó $5 millones por su ayuda para garantizar que la AAA contratara a SFPS como su ajustador público.
En Mississippi también se radicó otra demanda contra SFPA por la empresa de asesoría gerencial Zemi Group, radicada en el estado de Texas, en la que reclama el pago de $30.4 millones.
La demanda sostuvo que SFPA contrató a Zemi Group en 2018 para que ofreciera asesoría gerencial para las operaciones del ajustador público en Puerto Rico.
Transferencias de dinero
Zemi Group alegó que tan pronto comenzó a presentar sus facturas SFPS comenzó a efectuar unas transferencias de dinero, alegadamente ilegales, al licenciado Guillemard, las cuales se justificaban por el pago por servicios legales y servicios públicos de ajuste “que en realidad no proporcionó”.
La demanda, radicada por el licenciado Edward Gibson en junio del 2021, sostiene que SFPA pudo “transferir fraudulentamente grandes sumas de dinero a Guillemard bajo el engaño que SFPA estaba dividiendo honorarios con otro ajustador público por el trabajo realizado. Sin embargo, Guillemard no realizó ningún trabajo de ajuste público para SFPA ni para ningún otro cliente. La licencia de tasador público de Guillemard no era más que una tapadera para las grandes sumas de dinero SFPA transfirió a Guillemard de forma regular”.
En la demanda Zemi Group alegó que Guillemard depositó los fondos transferidos bajo su propio nombre en Puerto Rico. “El dinero transferido a Guillemard tuvo el efecto de reducir los ingresos netos declarados de SFPA y también redujo los activos disponibles para satisfacer los reclamos de los acreedores de SFPA”, sostuvo la demanda.
El 9 de mayo de 2023 falleció el presidente de SFPA, Scott M. Favre, tra lo cual sus abogados solicitaron ante la OCS el archivo de la querella radicada por las tres aseguradoras .El 19 de diciembre de 2023, el licenciado Santana Vélez emitió una resoluciónen la que ordenó el archivo de la querella contra el ejecutivo fallecido, pero determinó continuar con el proceso adjudicativo contra SFPA.
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